Si es así, y son auténticas sus intenciones de cuidar que el dinero del Estado se gaste bien, deberían comenzar por casa, es decir, por el mismo Congreso al cual pertenecen y del cual son conspicuos voceros. Pues resulta que, en apenas dos años, precisamente en la legislatura de la cual ellos forman parte desde 2021, el presupuesto del parlamento se elevó en casi un 50%, pasando de más de 600 millones de soles a una suma que se acerca como un caballo desbocado a los mil millones. Hace solo unos años, el presupuesto del Congreso estaba en menos de 300 millones. Del mismo modo, la burocracia dorada se ha triplicado con personal inútil, reclutado de la clientela de pedigüeños de cada tunante, a quienes se puede mochar el sueldo fácilmente con la protección cómplice de la Comisión de Ética.
El enorme presupuesto del Congreso, en crecimiento incesante, supera de largo la partida de todo el sector Cultura, por más de 200 millones, así como el presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y hasta el de algunos ministerios relacionados con la producción. Y vaya que sí podemos decir, con la experiencia de cada día, que es plata tirada a la basura, pues entre los decadentes congresos que hemos tenido desde el 2016 este debe ser el peor, el más descarado, el que cuenta con más delincuentes sentados en las curules con impunidad, supurante de improvisados y oportunistas, el que ha convertido su antigua burocracia en actual y palpitante burro-cracia. Solo este fin de semana hemos visto a congresistas fraternizar con hampones en un juergón que terminó a balazos y una víctima asesinada alevosamente. Empecemos por este parlamento y le ahorramos al país cientos de millones tan lamentablemente gastados.
En cambio, la suma total del apoyo oficial al cine nacional suma apenas 25 millones de soles, que se otorgan por concurso, mediante decisión de jurado. Es una ayuda precaria, pues no cubre sino parte de la producción, lo que obliga a los realizadores a seguir buscando fondos hasta completar el proyecto. Felizmente, ganar el concurso para el soporte estatal abre puertas al acceso de otros fondos que en su mayor parte proceden de otros países o de organizaciones internacionales. O sea, pues, que la contribución pública permite que vengan a nuestro país fondos extranjeros para apoyar la incipiente industria local del cine; es un gasto que atrae inversión para la producción audiovisual. Y es una inversión necesaria, pues aquí el sector privado solo invierte en cine de vez en cuando para producir bodrios que aseguren ganancia fácil.
Con estos fondos modestos, buscados y obtenidos esforzadamente por los realizadores, se han hecho decenas de películas, no pocas de las cuales han obtenido merecido reconocimiento en los circuitos internacionales del cine, como ya muchos se han encargado de instruir e ilustrar a los congresistas Cavero y Tudela, que parten del prejuicio ignorante de que ninguna película nacional vale la pena ni ha obtenido ningún reconocimiento ni premio en ninguna parte. Al extremo de que en la elaboración de su proyecto de ley no se dignaron dialogar ni tomar contacto con ninguna entidad pública o privada del cine nacional. Se trata, en suma, de un proyecto de ley elaborado desde la ignorancia y el prejuicio, desde una posición de antelada hostilidad.
Porque su proyecto de ley no es nada cándido ni ingenuo. Todo lo contrario. Revela una hostilidad preconcebida ante un cine que, en general, ha abordado temas que les resultan antipáticos, ajenos, inquietantes, como el racismo, el clasismo, el centralismo, la corrupción, la dictadura fujimontesinista, las violaciones de derechos humanos, la violencia política, la injusticia, la desigualdad de derechos de las mujeres, la violencia machista, la violencia contra la comunidad LGTBIQ+, la discriminación en todas sus formas y variedades, especialmente de las comunidades nativas, y hasta se ha atrevido a producir películas en lenguas originarias como el quechua, el aimara y lenguas de las etnias de la Amazonía.
Todo esto repugna a las almas santurronas de los ultraconservas, que preferirían pasar estos temas por alto o por agua tibia, para sustituirlos con un rollo apologético del orden social establecido. Como no pueden manipular la libertad de expresión de los realizadores cinematográficos, prefieren abolir su existencia, cortándoles los limitados medios que el Estado concede y que han permitido incrementar sensiblemente la producción de películas en los últimos años. El proyecto de ley de Tudela y Cavero es una manifestación, en el importante terreno cultural de lo audiovisual, de lo que ya se está haciendo con la toma de las instituciones constitucionales autónomas. Ambos saben muy bien que no solo se trata de poner funcionarios sometidos y serviles en las instituciones, sino de someter y controlar los campos clave de la cultura en la sociedad actual, particularmente los de la imagen. Esta intentona no puede ni debe pasar.
Lo que corresponde es asegurar el apoyo estatal y ampliarlo. Para ello vienen trabajando en conjunto la agremiación de cineastas y la dirección de audiovisual del Ministerio de Cultura, sobre la base de datos reales, extraídos de la experiencia, dialogando con todos los sectores concernidos, examinando la experiencia de otros países de la región latinoamericana. Por cierto, que este trabajo, que hasta donde sabemos avanzaba de manera lenta pero positiva, también podría ser saboteado y quedar en nada, hoy que las fuerzas reaccionarias se enseñorean en todos los sectores. Defender el cine nacional, la creciente producción de las regiones, la producción en lenguas originarias y sobre todo la libertad de expresión de los artistas cinematográficos es una obligación y no pueden venir a desmantelar el escueto apoyo existente con sesgados argumentos peseteros.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 656 año 14, del 06/10/2023
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