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28 de marzo de 2025

Perú: Golpes de estado

César Hildebrandt

"La señora que va a Palacio convoca precozmente a elecciones para cambiar la agenda, para pedir chepa, para distraernos"

Pedro Castillo dio un golpe de estado desde la impotencia y terminó en la cárcel.

Keiko Fujimori dio un golpe de estado congresal en 2016 y terminó con el gobierno de PPK. Su padre dio un golpe de estado en 1992 y terminó en olor de multitud.

Benavides, confabulado con el Congreso, dio un golpe de estado en 1914 y terminó de mariscal en jefe.

Sánchez Cerro dio un golpe de estado y fue declarado héroe nacional. Leguía, el presidente depuesto, había dado un golpe de estado en 1919 en contra de José Pardo.

Velasco dio un golpe de estado en 1968 y las masas lo encumbraron.

A Velasco le dieron un golpe de estado en 1975 y las masas no movieron un dedo por él.

Odría dio un golpe de estado en 1948 para que los hacendados se tranquilizaran y gobernó ocho años imponiendo el miedo.

Los militares dieron un golpe de estado en contra de Manuel Prado para evitar que el Apra llegara al poder después de haber ganado las elecciones de 1962.

Nicolás de Piérola, golpista congénito, dio su golpe después de que el traidor Mariano Ignacio Prado huyera del país en plena guerra con Chile. Prado había llegado por primera vez al poder por un golpe de estado por el que se proclamó dictador.

Fue un motín, el de Balconcillo en 1823, el que llevó a la presidencia a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú. Que Riva Agüero terminara en tratos con los españoles y fuera perseguido por Simón Bolívar, eso es otro cantar.

Agustín Gamarra no necesitó vítores ni votos para golpear con éxito al gobierno de José de La Mar. Simplemente procedió.

Y así por el estilo, desde los fracasados y mil veces muertos hermanos Gutiérrez hasta la insurrección de Salaverry, pasando por las luchas de Castilla y Echenique o el golpe de estado de Torrico, nuestra historia es la del caudillismo y el tumulto.

Ahora mismo vivimos en pleno golpe de estado. Porque resulta que quienes perdieron las elecciones –las diversas siglas de la derecha capitaneadas por el fujimorismo– son quienes gobiernan. Y la mujer que hablaba de aquel oriental que nos engañó con sus promesas y su tractor de lata es la que firma como presidenta sin serlo.

Este es un gobierno montado sobre una ruma de cadáveres y el linchamiento de las instituciones que sostenían la división de poderes.

Este es un gobierno golpista que surgió de un golpe fallido imaginado por un idiota.

Y este es el país en el que la fábrica de las leyes ha caído en manos de criminales, investigados y sospechosos. Son ellos los que han tejido una red legislativa que favorece a organizaciones delictivas y dificulta la labor de fiscales y jueces con vocación de justicia. Es como si Luis Pardo, el bandolero, se hubiera puesto la banda presidencial.

La señora que va a Palacio convoca precozmente a elecciones para cambiar la agenda, para pedir chepa, para distraernos.

Lo que nos espera son cuarentaitantas figuritas en una megacédula y unos comicios sometidos a las leyes que el fujimorismo y sus aliados han trazado –y siguen perfeccionando– con el objetivo de evitar alguna sorpresa.

La derecha controla la prensa, el sistema electoral, el Tribunal Constitucional, el Congreso, los residuos del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Ejército y la Policía. Hay un sector de la Fiscalía y un ala del Poder Judicial que se resisten, pero Rospigliosi y Pepe Luna trabajan en ello y están seguros de su éxito.

Y hasta César San Martín se suma al miedo y “absuelve” a Vladimir Cerrón al mismo tiempo que lo condena a pagar 250,000 soles de reparación civil.

Mientras tanto, la extorsión cierra colegios, mata a indefensos, destroza emprendimientos. Y una ola apocalíptica de bandidos indígenas, alentada por la escoria venezolana que Maduro envió sin estampillas, toma ciudades y mina las bases mismas de la convivencia social.

Desde un “cuarto de guerra” que es salón de incompetentes, la señora que simula estar al mando da un recuento de presuntos éxitos de comisaría, hace su número. Militares metidos en compras dudosas, generales de la policía que nos deben muchas explicaciones, asienten y confirman.

Alias Monstruo debe sonreír. Él también ha dado un golpe de estado. El Perú es un golpe de estado permanente.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 726 año 15, del 28/03/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

2 de diciembre de 2023

Murió Henry Kissinger, el criminal de guerra que ganó un premio Nobel

Álvaro Verzi Rangel

La infamia de la política exterior de Richard Nixon se ubica, eternamente, al lado de la de los peores asesinos en masa de la historia. Una vergüenza más profunda pesa sobre el país que lo celebre. Henry Kissinger murió el miércoles en su casa de Connecticut. El célebre criminal de guerra tenía 100 años, señala la revista Rolling Stones.

Con una mera garantía de asesinatos confirmados, el peor asesino en masa jamás ejecutado por Estados Unidos fue el terrorista supremacista blanco Timothy McVeigh. El 19 de abril de 1995, McVeigh detonó una bomba masiva en el edificio federal de Murrah en Oklahoma City, matando a 168 personas, entre ellas 19 niños. El gobierno mató a McVeigh por inyección letal en junio de 2001.

McVeigh, que a la manera de su propia psicótica pensó que estaba salvando a Estados Unidos: nunca mató ni remotamente en la escala de Kissinger, el gran estratega estadounidense más venerado de la segunda mitad del siglo XX.

El historiador de la Universidad de Yale Greg Grandin, autor de la biografía Kissinger-s Shadow, estima que las acciones de Kissinger de 1969 a 1976, un período de ocho años breves en el que Kissinger hizo política exterior de Richard Nixon y luego Gerald Ford como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado, significara el fin de entre tres y cuatro millones de personas.

Eso incluye crímenes de comisión, explicó, como en Camboya y Chile, y omisión, como la luz verde del derramamiento de sangre de Indonesia en Timor Oriental; el derramamiento de sangre de Pakistán en Bangladesh; y la inauguración de una tradición estadounidense de usar y luego abandonar a los kurdos.

Dicen que no hay mal que dure cien años, y Kissinger está corrigiendo ese dicho para probar que están equivocados. No hay duda de que será aclamado como un gran estratega geopolítico, a pesar de que acabó con la mayoría de las crisis, lo que llevó a una escalada. Tendrá crédito por abrir China, pero esa era la idea y la iniciativa originales de De Gaulle.

Será alabado por la distensión, y eso fue un éxito, pero socavó su propio legado al alinearse con los neoconservadores. Y por supuesto, se alejó de la escoria libre de Watergate, aunque su obsesión con Daniel Ellsberg realmente impulsó el crimen.

El que fuera máximo máximo exponente de la política internacional estadounidense deja un legado criminal. A Kissinger se le recordará por su respaldo a dictaduras como las de Argentina entre 1976 y 1983 y los últimos años del régimen de Francisco Franco en España (terminado con la muerte del dictador en 1975), su papel en La Operación Cóndor para reprimir y aniquilar a opositores latinoamericanos de izquierda o su apoyo al golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende en Chile, en 1973.

Al comparecer ante el Comité del Comité de Relaciones Internacionales del Senado el 7 de setiembre sobre su nombramiento para secretario d Estado, Kissinger prometió colaborar estrechamente con el Congreso en la conducción de la política exterior para “una paz duradera”.

Con su áspera e imponente presencia y su manipulación del poder tras bambalinas, Kissinger ejerció una inusual influencia en los asuntos mundiales durante el gobierno de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford, labores por las que fue repudiado y también ganó el premio Nobel de la Paz. Varias décadas más tarde, su nombre seguía siendo objeto de un apasionado debate sobre hitos diplomáticos del pasado.

El poder de Kissinger aumentó durante el escándalo de Watergate, cuando el diplomático asumió un rol similar al de copresidente al lado de un debilitado Nixon. Después de dejar el gobierno, Kissinger se vio asediado por críticos que señalaban que debió ser llamado a rendir cuentas por sus políticas en el sudeste asiático y por el apoyo a regímenes represivos en Latinoamérica.

Un estilo era trabajar fuera de la maquinaria oficial del Departamento de Estado y el servicio exterior, que, según él, había debilitado la diplomacia estadounidense de su vigor y creatividad. Los “canales traseros” con los rusos, los chinos y casi todos los demás se adaptaban al gusto de Nixon por la conspiración. Y se adaptaban a su propio anhelo de estar en el centro de la acción, tirando de las cuerdas.

Los escépticos e intelectuales dijeron que había sacrificado los principios de Estados Unidos y más de un millón de vidas. Había seguido luchando en Vietnam y llevado la guerra a Camboya y Laos en nombre de la “credibilidad” estadounidense. Había bendecido un genocidio paquistaní en lo que se convirtió en Bangladesh, porque Pakistán lo estaba ayudando con China.

Había planeado golpes de estado y asesinatos en Chile y una insurgencia en Angola, porque pensaba que los países caerían como fichas de dominó ante las conspiraciones soviéticas. Cuando ganó el Premio Nobel de la Paz en 1973, Christopher Hitchens, un periodista británico, dijo que debería haber sido juzgado por crímenes de guerra, y la acusación perduró.

Recuerdos macabros

En toda América latina se lo recordará por su respaldo a dictaduras como las del general Jorge Videla en Argentina , Augusto Pinochet en Chile y Juan María Bordaberry (y sus seguidores) en Uruguay. En especial por su destacado papel en la Operación Cóndor para reprimir a opositores latinoamericanos y por su participación en el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973. En España, la atención está centrada en el soporte que le dio a los últimos años al régimen de Francisco Franco.

No hay mal que dure cien años, decían los paraguayos que soportaron la dictadura del general Alfredo Stroessner por 35 años (1954-1989), que tuvo el apoyo incondicional de Kissinger, también.

La historia de Doctor K comenzó en Fürth, Baviera, Alemania, el 27 de mayo de 1923, en el seno de una familia judía. Baviera fue escenario del tubo de probeta de un proyecto mesiánico: el putsch de la cervecería, por el cual Adolf Hitler fue preso. Quince años más tarde, cuando se aprestaba a desencadenar la Segunda Guerra, la familia Kissinger huyó de Alemania hacia Estados Unidos.

Heinz, ya convertido en Henry, se sumó al Ejército estadounidense y, como soldado enemigo, regresó a Alemania, en su condición de bilingüe y como parte de la inteligencia militar en la batalla de las Ardenas.

Tras la guerra se graduó con honores en Ciencias Políticas en Harvard. A fines de los 50, Kissinger ya contaba con un padrinazgo político, el de Nelson Rockefeller, miembro de una de las familias más ricas del país, que tenía ambiciones políticas y sumó a Kissinger como asesor.

En 1959, Rockefeller se convirtió en gobernador de Nueva York. Desde esa posición buscó un año más tarde ser candidato presidencial republicano. Perdió la nominación ante el hombre que pondría a Kissinger en primerísimo plano una década más tarde: el entonces vicepresidente, Richard Nixon.

Cuatro años más tarde, Barry Goldwater, un senador de extrema derecha, postergó las ambiciones de Rockefeller quien volvió a fallar en 1968. Ese año marcó el renacimiento político de Nixon, que ganó las primarias y derrotó al demócrata Hubert Humphrey. Kissinger, el colaborador de Rockefeller fue nombrado al frente del Consejo de Seguridad Nacional.

Militarizar del sudeste asiático, a los bombazos

Nixon había llegado a la Casa Blanca con la promesa de repatriar a las tropas de Vietnam. La guerra era impopular, tanto como notable era el estancamiento ante un enemigo inferior. Nixon redujo la presencia militar, pero incrementó los bombardeos, con el fin buscado por Kissinger: extender la militarización del sudeste asiático.

En acción diseñada por el Doctor K, los militares estadounidenses comenzaron a incursionar en la vecina Camboya para atacar desde allí al Vietcong. Como respuesta, Vietnam del Norte derivó esfuerzos en apoyo del enemigo del dictador Lon Noi en la guerra civil que sufría Camboya desde 1967: los Jemeres Rojos. Los mismo pasó en Laos, otro país vecino de Vietnam, también sumergido en un conflicto interno, y que, como Camboya, sufrió la incursión militar ordenada por Nixon. Los bombardeos no dejaron un solo edificio en pie.

Mientras, Kissinger sumaba puntos en una delicada misión: el inicio de las relaciones de Estados Unidos con la China de Mao. A mediados de 1971 viajó en secreto a Pekín, se reunió con el primer ministro Zhou Enlai y sentó las bases para la visita de Nixon, en febrero del año siguiente.

A su vuelta de China, míster K armó la estrategia de apoyo a Pakistán en su guerra con India, un conflicto que derivó de la guerra de independencia de Bangladesh, hasta entonces una provincia paquistaní. India se impuso después de tres semanas. Kissinger evaluó la posibilidad de que la Unión Soviética se expandiera allí a partir de un tratado de amistad con India. Usó el viaje a China para convencer a Zhou de la conveniencia de aliarse con Washington: los chinos eran aliados de Pakistán.

A comienzos de 1973 logró ubicarse en el centro de las luces. París fue el lugar elegido para las negociaciones de paz con Vietnam del Norte. El interlocutor era Le Duc Tho, quien planteó la imposibilidad de un acuerdo si primero no terminaban los bombardeos. Finalmente, el consejero firmó la retirada de las tropas estadounidenses y la desmilitarización de Vietnam del Sur. La guerra continuó dos años y medio más, hasta la victoria norvietnamita sobre el sur.

La controversia sobre el Nobel a Kissinger aún se mantiene. Ha habido campañas para que se le retire el premio, a la luz de sus antecedentes. Las críticas se incrementan si se tienen en cuenta las fechas. El Nobel fue otorgado un mes después de uno de los hechos más dramáticos de América Latina en el último medio siglo, y que significó la expansión del anticomunismo kissingeriano al Cono Sur: el golpe militar en Chile.

Chile

El ascenso de la Unidad Popular de Salvador Allende había sido un mazazo para Nixon en 1970. Estados Unidos empezó a desestabilizar al primer presidente marxista elegido en elecciones libres. El propio Nixon sostenía que los chilenos se habían equivocado con  Allende y que la Casa Blanca debía enmendar el error.

Kissinger sostuvo la postura de Nixon con estas palabras: “No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Quedó al frente del Comité 40, una mesa chica integrada por la CIA, el Departamento de Estado y el de Defensa, que motorizó la acción contra Allende. El 11 de septiembre de 1973, la amenaza de la vía chilena al socialismo fue reemplazada por una dictadura brutal, la del general Augusto Pinochet.

A las dos semanas de iniciado el régimen de Pinochet, Kissinger fue ascendido al frente del Departamento de Estado, desde donde lidió con la diplomacia estadounidense, con la cuestión de Oriente Medio. Apenas asumido, Egipto atacó a Israel, en lo que marcó el inicio de la guerra de Yom Kippur.

El apoyo de Washington a Israel provocó el embargo petrolero de la OPEP, punto de arranque de la crisis del petróleo. Kissinger monitoreó las negociaciones de paz, que culminaron en mayo de 1974 y serían un precedente para los posteriores acuerdos de Camp David, que significaron una victoria diplomática final para Nixon, jaqueado ya por el escándalo Watergate.

En algunos círculos de Washington, entre los intrigados por la verdadera identidad de Garganta Profunda (la principal fuente de The Washington Post) se barajaba el nombre de Kissinger. La sospecha recién terminó en 2005, cuando Mark Felt, número 2 del FBI durante el escándalo, admitió haber sido la fuente. Caído Nixon en agosto del 74, asumió Gerald Ford, que confirmó a Kissinger como canciller y propuso el como vicepresidente al gran soporte de Kissinger en su ascenso: Nelson Rockefeller.

Anticomunismo ante todo

1975 fue el año en el que el doctor K ramificó su influencia a otros lugares del mundo. En África, impidió que el Sahara Occidental tuviera su autodeterminación. El territorio era un protectorado español y estaba la promesa de que el pueblo saharaui tendría su gobierno. Sin embargo, Estados Unidos impulsó a Marruecos, en plena agonía de Francisco Franco.

El rey Hassan II movilizó a miles de súbditos en la Marcha Verde y España cedió. El Sahara Occidental quedó ocupado desde entonces por Marruecos. Kissinger pensaba que el autogobierno saharaui podría convertir al territorio en un enclave soviético. Esa tesis estaba apoyada por lo que pasaba en Angola, la antigua colonia portuguesa que consiguió su independencia en 1975 y donde se desató una guerra civil en la que el Movimiento Popular de Liberación de Angola contó con el apoyo de Cuba para salvaguardar su independencia.

Marruecos lleva más de 30 años alargando plazos y torpedeando la celebración de un referéndum de autodeterminación, mientras que EEUU toma posiciones cada vez más favorables a su causa. El Sáhara, moneda de cambio para la restauración borbónica en España.

En ese 1975 Kissinger volvió a estremecer el sudeste asiático. Otra antigua colonia portuguesa, Timor Oriental, iba camino de independizarse. Ford y Kissinger vieron con preocupación que llegara a tener un gobierno de izquierda. Entonces dieron luz verde a la invasión de Indonesia. El dictador Suharto, un aliado de la Casa Blanca, ocupó la isla y provocó una sangrienta represión.

Indonesia era un bastión anticomunista y el espejo para diseñar lo que sería la Operación Cóndor en el Cono Sur, la red de coordinación entre dictaduras latinoamericanas para reprimir a la población civil.

El sostén de Videla y Pinochet

En 1976 Kissinger afrontó el que sería su último año en la cúspide, y América Latina se convirtió en el principal tema de su agenda. Estados Unidos vio con buenos ojos la llegada al poder en la Argentina de la dictadura genocida. Tras lo sucedido en Chile, aconsejó a lo militares argentinos: instó a la Junta Militar a actuar en la clandestinidad, evitando imágenes como las que el pinochetismo ofrecía en el Estadio Nacional.

El canciller de la dictadura argentina, el vicealmirante César Guzzetti, le recomendó que la metodología de los centros clandestinos fuera rápida para evitar cualquier cuestionamiento. Así se habría plantado la semilla del acuerdo de la dictadura con Burson Masteller, la agencia de publicidad contratada por el régimen de Videla para contrarrestar la «campaña antiargentina». El 21 de junio de 1978, junto con Videla, Kissinger presenció el 6 a 0 de la Argentina a Perú por la Copa del Mundo.

En esos meses del 76, el Secretario quedó en el ojo de la tormenta por el atentado que le costó la vida a Orlando Letelier, excanciller de Salvador Allende. Una bomba en su coche lo mató a él y a su secretaria estadounidense el 21 de septiembre de 1976, a pocas cuadras de la Casa Blanca. La cercanía de los republicanos con Pinochet generó críticas, en plena campaña electoral.

En el llano

Desde el 20 de enero de 1977, cuando Jimmy Carter asumió como presidente,  terminó la era Kissinger. Carter rompió con la lógica del Secretario y criticó a las dictaduras latinoamericanas. El doctor K, con 53 años, pasó a la actividad privada  a través del lobby. Se integró a la Corporación RAND (Research and Development, en castellano, Investigación y Desarrollo), una organización que financia el gobierno de Estados Unidos y ofrece servicios de asesoría al Pentágono. En rigor, el vínculo venía desde los años 50 y se habría mantenido mientras fue funcionario de Nixon y Ford.

A esto se suma su presencia en el Grupo Bilderberg, en donde coincidió con el hermano menor de Rockefeller, David. Es un grupo cerrado, que reúne a políticos y grandes empresarios. Es tan hermético que ha dado pie a teorías conspirativas. La presencia de Kissinger como miembro no ayudó a darle prestigio: todo lo contrario.

En 1979 trató de blanquear su imagen con Los años en la Casa Blanca, su libro de memorias. Ya nonagenario, se lo ha visto en el Foro de Davos e incluso se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump.

Fue a partir de 1998 cuando la posibilidad de juzgar a Kissinger comenzó a tomar forma. Ese año Pinochet fue detenido en Londres y el rol de Estados Unidos en la dictadura chilena volvió a ser discutido. La apertura de documentos clasificados contribuyó a los cuestionamientos contra el antiguo secretario. El periodista y escritor inglés Christopher Hitchens le dedicó un volumen, Juicio a Kissinger,  compendio de su historial.

Hitchens, fallecido en 2011, estimó que el arresto de Pinochet abría una nueva era en la cual Kissinger podía y debía dar cuentas ante la Justicia.  “Desde el principio de la administración Nixon hasta el fin de la administración Ford las huellas que dejó Kissinger son visibles y van de Vietnam hasta Camboya, pasando por Chile, Bangladesh, Grecia y Timor Oriental. Lo que pasó con él es que continuó siendo un personaje ambiguo, protegido gracias a su gran poder”… y con enorme poder de destrucción de pueblos, en el sacrosanto nombre de la democracia y el anticomunismo.

El genocidio del Jmer Rojo

El nombre de Pol Pot se relaciona con genocidio y masacres de entre 1,7 a cuatro millones de cambodianos (la mitad de la población) desde 1975 hasta principios de 1979.La era de permanente violencia había comenzado en 1970 con la intervención militar y ayuda estadounidense a regímenes corruptos, y se extendió a 1989.Con el comienzo del juicio en Phnom Penh, la capital de Cambodia, a los más connotados asesinos, el asunto volvió a la palestra 30 años después de la caída del régimen de Pol Pot.

Analistas, entre ellos el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, consideran que no solo los dirigentes aún vivos del Jmer Rojo deben ser juzgados por el Tribunal Internacional, sino también el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, y otros autores de los bombardeos estadounidenses a Cambodia, causantes de la muerte de más de 600 mil civiles, así como por su respaldo a los criminales, luego de que Vietnam y patriotas cambodianos lograron expulsarlos del poder en enero de 1979.

El primer ministro del hoy Reino de Cambodia, Hun Sen, planteó que «Nadie debe escapar de la justicia. Los Jmer Rojos tienen que ser traídos al Tribunal… pero también aquellos que los apoyaron, deben aparecer allí», como Kissinger

El nombre de Pol Pot se relaciona con genocidio y masacres de entre 1,7 a cuatro millones de cambodianos (la mitad de la población) desde 1975 hasta principios de 1979.La era de permanente violencia había comenzado en 1970 con la intervención militar y ayuda estadounidense a regímenes corruptos, y se extendió a 1989.Con el comienzo del juicio en Phnom Penh, la capital de Cambodia, a los más connotados asesinos, el asunto volvió a la palestra 30 años después de la caída del régimen de Pol Pot.

Analistas, entre ellos el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, consideran que no solo los dirigentes aún vivos del Jmer Rojo deben ser juzgados por el Tribunal Internacional, sino también el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, y otros autores de los bombardeos estadounidenses a Cambodia, causantes de la muerte de más de 600 mil civiles, así como por su respaldo a los criminales, luego de que Vietnam y patriotas cambodianos lograron expulsarlos del poder en enero de 1979.

El primer ministro del hoy Reino de Cambodia, Hun Sen, planteó que «Nadie debe escapar de la justicia. Los Jmer Rojos tienen que ser traídos al Tribunal… pero también aquellos que los apoyaron, deben aparecer allí», como Kissinger.

Álvaro Verzi Rangel. Sociólogo  y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2023/11/30/murio-henry-kissinger-el-criminal-de-guerra-que-gano-un-premio-nobel/


20 de julio de 2022

Acerca de Trump, la verdad, los golpes de Estado y el diente de oro de Patrice Lumumba

Amy Goodman y Denis Moynihan


“Todo es posible”, dijo este martes Jason Van Tatenhove ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. “Si un presidente está dispuesto a incitar a sus seguidores a una guerra civil mediante mentiras y engaños, sin importarle el costo humano que eso conlleva, ¿qué más podría llegar a hacer si es elegido nuevamente [presidente]?”. Van Tatenhove, ex miembro y portavoz de The Oath Keepers, un grupo supremacista blanco de extrema derecha integrado por civiles armados, hablaba así de una posible victoria electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

El comité selecto de la Cámara de Representantes ha realizado siete audiencias públicas desde junio, y hará al menos una más, sobre el mortal asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que pretendía obstruir la sesión conjunta en la que el Congreso debía certificar formalmente los resultados del Colegio Electoral y declarar a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, como lo ha documentado minuciosamente el comité, había estado trabajando de manera frenética para impugnar y revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Para lograr ese fin, diseminó teorías conspirativas, presentó decenas de demandas poco serias, amenazó a funcionarios electorales y montó una incesante campaña de propaganda en la que aseguraba que las elecciones que él perdió de manera aplastante habían sido manipuladas y que le habían robado la victoria. Cuando todo falló, Trump convocó a una muchedumbre violenta a la ciudad de Washington D.C. bajo el eslogan “Detengan el robo”.

Miles de personas respondieron a la invitación de Trump y escucharon con atención el discurso que el expresidente pronunció ese 6 de enero, en el que los instaba a marchar hacia el Capitolio. Trump sabía que muchos de los asistentes al mitin estaban armados. Entre la muchedumbre que asaltó el edificio del Congreso se encontraban miembros de los grupos armados de extrema derecha The Oath Keepers, Proud Boys y Three Percenter, que habían planeado y coordinado previamente el ataque.

“Parecía una batalla medieval”, declaró al testificar ante el comité selecto de la Cámara de Representantes el sargento Aquilino Gonell, miembro de la policía del Capitolio y veterano de la guerra de Irak. Cuatro manifestantes murieron durante los violentos episodios de la insurrección: una veterana de la Fuerza Aérea que fue abatida por la policía y otras tres personas que fallecieron por causas naturales, exacerbadas a raíz de los incidentes. Asimismo, al menos 150 policías resultaron heridos, entre ellos Gonell, a quien los médicos le dijeron que tenía que pasar a retiro por la gravedad de sus heridas. El oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick murió al día siguiente de la insurrección tras sufrir varios infartos cerebrales provocados por las heridas que recibió durante el ataque. Cuatro oficiales más murieron posteriormente por suicidios que, según se cree, estuvieron directamente relacionados con los hechos del 6 de enero. Se trata del oficial Howard Liebengood, de la policía del Capitolio, y de los oficiales Jeffrey Smith, Gunther Hashida y Kyle DeFreytag, del Departamento de Policía Metropolitana.

Muchas de las personas que atacaron violentamente el Capitolio ese día, sin aparente ironía, lucían banderas y prendas con el símbolo de la “delgada línea azul”, una insignia que hace referencia al particular modo en que nombran a las fuerzas policiales en Estados Unidos quienes las apoyan.

El comité selecto de la Cámara de Representantes está finalizando su tarea y ha comenzado a compartir con el Departamento de Justicia de Estados Unidos la extensa serie de documentos, declaraciones, testimonios y pruebas recabados durante la investigación. Queda por ver si Donald Trump enfrentará cargos penales por incitar a la insurrección e intentar perpetrar un golpe de Estado violento. El expresidente también podría enfrentar cargos en el estado de Georgia, por presionar al secretario de Estado e instarlo a “encontrar 11.780 votos”, el número exacto de votos que necesitaba para dar vuelta la victoria de Biden en Georgia.

Nunca antes en la historia de Estados Unidos un presidente había intentado de manera tan descarada alterar los resultados de las elecciones y obstaculizar el traspaso pacífico del poder.

Lamentablemente, no se puede afirmar lo mismo respecto a la injerencia de Estados Unidos en otros países del mundo. Estados Unidos tiene un largo historial en organizar, financiar, brindar apoyo militar y perpetrar activamente golpes de Estado contra Gobiernos elegidos democráticamente. Algunos ejemplos de la era moderna incluyen el de Irán, con el derrocamiento del popular primer ministro Mohammad Mosaddegh en 1953; y el de Guatemala, con la destitución del presidente progresista Jacobo Arbenz en 1954.

En 1961, Estados Unidos conspiró junto con Bélgica para arrestar y ejecutar a Patrice Lumumba, el primer líder independentista elegido democráticamente como primer ministro en la recién independizada República del Congo. Antes de que el cadáver de Lumumba fuera desmembrado y disuelto en ácido, el entonces comisario de policía belga que supervisó la destrucción de los restos tomó un diente de oro del cuerpo del líder congolés a modo de trofeo. El mes pasado, Bélgica devolvió el diente a la familia de Lumumba, que lo retornará a la República Democrática del Congo.

En 1973, Estados Unidos respaldó un golpe de Estado militar contra el presidente de Chile elegido democráticamente Salvador Allende. Según trascendió, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense de ese entonces, Henry Kissinger, le dijo al presidente Nixon en ese momento: “No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados y contemplar tranquilamente cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Lo que está en juego es demasiado importante para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos”.

En una entrevista con la cadena de noticias CNN, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional durante el gobierno de Donald Trump, se jactó esta semana: “Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino, ya sabes, en otros lugares, [le aseguro que un golpe de Estado] requiere mucho trabajo”. John Bolton apoyó el golpe de Estado orquestado por Estados Unidos en Haití en 2004, que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide y, más recientemente, abogó a favor de destituir a los Gobiernos de Irán y Venezuela.

Un país que organiza golpes de Estado no debería sorprenderse tanto cuando alguien intenta cometer uno en casa. Necesitamos un estándar universal de justicia y un mundo libre de golpes de Estado.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman- Conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

16 de septiembre de 2020

La cabeza política del complot contra Vizcarra

 Carlos Bedoya


¿Quiénes estarían detrás de la conspiración y qué escenario se abre tras su fracaso?

Tras el cierre del Congreso, con Keiko Fujimori presa, Alan García muerto, Fuerza Popular y el APRA en crisis y sin dirección, todo indicaba que le costaría mucho recomponerse al ala más a la derecha del espectro nacional. Para el 2021, el escenario electoral ofrecía pocas opciones a este sector debido a su gran dispersión, el poco margen para hacer alianzas hacia el centro y la ausencia de una figura presidenciable con posibilidades de atraer al electorado. Además de haber perdido la mayoría parlamentaria, el desprestigio de Fuerza Popular le cortó la conexión con gran parte de “su pueblo”.

La llegada de la pandemia acentuó la tendencia. Vizcarra daba mensajes diarios y parecía controlar la situación. Luego vino el agotamiento por lo largo del virus y sus efectos en la economía. Vizcarra empezó a perder iniciativa en el manejo de la pandemia, y cedió luego el gobierno a la derecha económica, al nombrar a Pedro Cateriano (el breve) como primer ministro. Vizcarra dejó de ser el actor político al que estábamos acostumbrados y comenzó a debilitarse.

Cuando el Congreso negó la confianza a Cateriano, el liberalismo vargasllosista, enemigo del fujimorismo político, pero tan fan del fujimorismo económico y su Constitución del 93, sufrió un golpe que ponía en cuestión además la eficacia del modelo económico. Se dibujaba así, un escenario de disputa entre dos orientaciones más ubicadas al centro; una de derecha y otra de izquierda. La primera empeñada en mantener las mismas reglas económicas del piloto automático pasada la pandemia; y la segunda, con miras a abrir una tendencia de reforma especialmente en el rol del Estado y la regulación de las inversiones.

En ese contexto, el Congreso elegido el 26 de enero expresaba - a pesar de errores, intereses y aciertos - un cambio de correlación de fuerzas. Se le percibía alejado del control de los gremios empresariales (lo cual era una novedad). Asimismo, parecía construir una conexión con la población vía leyes “populistas”, y se le notaba un ánimo no explícito de reforma constitucional.

No por gusto negaron la confianza a la propuesta liberal y prominera de Cateriano; ni tampoco que hayan aprobado varias leyes por insistencia (sin el visto bueno del gobierno y su ministerio de Economía), y que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la Ley de los peajes, y se aliste para hacer algo parecido con otras leyes como la que libera recursos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El Congreso estuvo dando leyes abiertamente contrarias al régimen económico de la Constitución de 1993.

Esta conducta fue un nuevo factor de conflicto con el presidente, que otra vez empezó a hacer política alrededor de sus pleitos con el Legislativo. Sin embargo, el gobierno no parecía en absoluto debilitado al punto de enfrentar el escenario de desestabilización que empezó la semana pasada. Especialmente porque las elecciones del 2021 habían sido tempranamente convocadas por un Vizcarra que anunciaba - cada vez que podía - que en julio del próximo año entregaría el gobierno sí o sí.

Lo que nadie veía, sin embargo, era una conspiración que se cocinaba al interior de la articulación de todos los sectores que perdieron influencia y poder político con el referéndum del 2018, las reformas política y judicial, el cierre del Congreso en 2019, y todo lo que ha significado el desenlace de los casos Lava Jato y Lava Juez. Esta conspiración sobre pasa el escenario parlamentario, que ha sido instrumentalizado a partir del apetito por la ultra derecha peruana de cambiar drásticamente la correlación de fuerzas construida durante los dos últimos años.

¿De quiénes estamos hablando?

Creer que esta operación ha sido gestada solo por el congresista Edgar Alarcón con apoyo de las bancadas parlamentarias que se la tienen jurada a Vizcarra como Podemos y APP (en defensa de las universidades bamba), UPP (azuzada por Antauro Humala desde prisión), algunos sectores de Acción Popular (la fracción controlada por Víctor Andrés García Belaunde predominante en la bancada) y un pedazo de Fuerza Popular, es ver parcialmente lo ocurrido.

Efectivamente, hay varios sectores en el Congreso que desearían ver caer en desgracia a Vizcarra, pero no necesariamente es de ahí desde donde se habría gestado la conspiración que fue develada el sábado 12 de septiembre por IDL Reporteros con la nota Tocando la puerta de los cuarteles, y luego con la denuncia pública hecha, en la tarde ese mismo día, por el premier Martos acompañado a sus lados por los ministros de Defensa y Justicia, y atrás por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y el presidente del Comando Conjunto. Asimismo, por las declaraciones en medios del Ministro de Defensa, general (r) Jorge Chávez Cresta que ha señalado la posibilidad de tomar acciones legales contra el presidente del Congreso, Manuel Merino y contra el congresista Otto Guibovich, ambos de Acción Popular. Sobre esto volveremos más adelante.

El intento de vacar a Vizcarra no ha sido una acción individual de Alarcón. Ha sido una operación mayor con la finalidad de cambiar drásticamente el escenario político de cara a las elecciones del 2021: lo que incluye traerse abajo la reforma política y judicial hasta donde hayan avanzado, postergar las elecciones (como lo ha denunciado Vizcarra al afirmar que así se lo hicieron saber dos congresistas cuyos nombres ha mantenido en reserva) y revertir los procesos fiscales en los casos Lava Jato y Lava Juez que afectaban directamente a lo que en el Perú se ha denominado la mafia. Todo ello capturando el poder político.

La Coordinadora Republicana bajo sospecha

Es en este punto que debemos dar una vista a la organización denominada Coordinadora Republicana, que aglutina a una serie de operadores de ultra derecha ligados al fujimorismo y al cogollo alanista. Todos ellos golpeados por la ofensiva anticorrupción de la Fiscalía que contó con el aval político del gobierno de Vizcarra. Esta coordinadora fue fundada en 2019, cuenta con muchos adherentes y un núcleo de dirección (denominado comité promotor, grupo impulsor, comisión permanente, etc.) que actúa políticamente. La coordinadora de marras cuenta con recursos y acceso a medios de comunicación.

¿Este núcleo ha sido la real cabeza política del complot contra Vizcarra que hemos visto desplegarse desde la presidencia del Congreso Nacional?

Lo cierto es que la Coordinadora en sus redes sociales empezó a mover los hashtags #VacanciaYa y #VacanciaPresidencialYa, y a retuitear mensajes a favor de la vacancia de algunos de sus miembros como Enrique Valderrama, quien modera varios de sus eventos virtuales y que en un tuit del 10 de septiembre clama por la vacancia.

La Coordinadora Republicana concentra lo más rancio de la derecha anticomunista. Su bandera central es que el mayor riesgo que enfrenta el Perú es el comunismo, ubicando a Vizcarra como parte de la captura del Estado por parte de esa ideología. Llaman chavista a Vizcarra. Y dentro del gobierno ubican al ministerio de Cultura como el centro de esta captura comunista. Uno de sus comunicados tiene que ver con la película sobre la vida de Hugo Blanco, el octogenario político de izquierda que participó de las tomas de tierras en Cusco (La Convención) en la década de los sesenta, y que es ahora un referente de las luchas sociales.

Para la Coordinadora esta sería una de las pruebas de la alianza entre el gobierno y el comunismo. Para ellos el documental histórico sobre Hugo Blanco es un premio a un “terrorista”.

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Asimismo, tienen banderas pro familia, pro vida y se oponen a muerte contra el convenio de Escazú. Para cada una de estas demandas convocan a diferentes personas entre sus miembros, sus contactos o afines. Es el caso del almirante (r) Jorge Montoya, invitado frecuente para oponerse a Escazú. Montoya planteó hace algunos meses la necesidad de que las Fuerzas Armadas dirijan la estrategia contra la pandemia, y que el poder cívico debía hacerse a un lado. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y es cercano a Fuerza Popular. Asimismo, Montoya dirige en la actualidad el programa televisivo “En tu Defensa”, en el canal UCI, fundado por Miguel Del Castillo, hijo del expremier aprista Jorge Del Castillo.

Los miembros más visibles de la Coordinadora Republicana son el excanciller de Fujimori, Francisco Tudela; el periodista Víctor Andrés Ponce que dirige el portal de internet www.elmontonero.pe; el actual director del Banco Central cercano a Fuerza Popular y miembro del Opus Dei, Rafael Rey; el empresario minero y ex presidente de la Confiep, Roque Benavides; el analista político Ángel Delgado; el periodista Hugo Guerra; el expremier de Alan García, el abogado Antero Flores Araoz; los fundadores de la campaña cristiana fundamentalista #ConMisHijosNoTeMetas, Christian Rosas, José Linares, etc.; los abogados “constitucionalistas” Aníbal Quiroga, Enrique Ghersi y Domingo García (este último hermano de Víctor Andrés García Belaunde); además de varios abogados docentes de la Universidad San Martín de Porres, donde Alan García dirigía la Escuela de Gobierno; y una serie de adherentes vinculados al fujimorismo y los sectores más a la derecha en las Fuerzas Armadas, en especial oficiales en retiro como Luis Giampetri que a su vez fue vicepresidente de Alan García. Es de destacar que Omar Chehade, congresista de APP y abanderado en la vacancia de Vizcarra, ha adherido algunos pronunciamientos de la Coordinadora, como la declaración ciudadana por el Perú del 27 de septiembre de 2019, tres días antes del cierre del Congreso.

Asimismo, los diarios Expreso y La Razón, especialmente el primero, parecen voceros de la Coordinadora Republicana. Les publican sus pronunciamientos, varios de los miembros de esta organización son sus columnistas e incluso publican notas donde dan cuenta de sus actividades y posturas. Toda una articulación mediática de ultra derecha.

El nexo con el Congreso

En estos últimos días hemos encontrado un nexo muy claro entre la Coordinadora Republicana y el lío de la vacancia. ¿Quiénes creen que asumirán la defensa del Congreso de la República ante la demanda competencial planteada por el Ejecutivo para dirimir el tema de la reciente moción de vacancia?

Nada menos que el núcleo duro “constitucionalista” de los miembros de la Coordinadora Republicana. Es decir, Aníbal Quiroga, Domingo García Belaunde y Enrique Ghersi. En una nota de Expreso, el vocero de la Coordinadora da cuenta de ello.

Manuel Merino, presidente del Congreso, será defendido en el Tribunal Constitucional por el ala legal de la Coordinadora Republicana. Y en este punto debemos tomar en cuenta las palabras del ministro de Defensa, general (r) Jorge Chávez Cresta que en entrevista concedida a la periodista Pamela Vértiz del programa Dia D el domingo 13 de septiembre alude además de a Merino, al congresista Otto Guibovich como presuntas cabezas de la conspiración contra Vizcarra.

• Pamela Vértiz: ¿las acciones legales que usted ha anunciado también van a comprender al congresista Guibovich?

• Jorge Chávez: claro, de los que estén involucrados en cada una de estas actividades…

Otto, ¿el conspirador?

Según fuentes de Acción Popular, el general (r) Otto Guibovich, actual congresista por Áncash y vocero de la bancada de Acción Popular, fue invitado al partido por el excongresista Víctor Andrés García Belaunde (Vitocho) en el contexto de las elecciones del 26 de enero último.

Otto Guibovich fue comandante general del Ejército. Para quienes lo conocen se trata de una persona razonable, reflexiva y calmada, que piensa mucho antes de actuar y que tiene dotes de oratoria. Tras pasar al retiro y dejar su vida militar activa, fue asesor de varias grandes empresas en el área de planeamiento estratégico. Por su experiencia y cargos, se vinculó con la alta dirección corporativa. Eso lo acercó a las planas directivas de la Confiep, y a empresarios como Roque Benavides. De allí que ha sido expositor en varias Conferencias Anuales de Ejecutivos (CADE), el evento más importante del empresariado peruano.

En Acción Popular lo consideran cercano a Vitocho y al excandidato presidencial de Acción Popular (2016) y ex militante aprista, Alfredo Barnechea. Según las mismas fuentes, tanto García Belaunde como Barnechea admiran las cualidades de Guibovich y por eso lo invitaron a integrar la lista parlamentaria para las elecciones el 26 de enero del 2020. Una vez en el parlamento, fue elegido vocero de la bancada de Acción Popular, algo que cayó muy mal entre dirigentes acciopopulistas del ala orgánica como Yonhy Lescano y Mesías Guevara.

El sábado 13 de septiembre hubo una pelea de proporciones en la dirección política del partido de la lampa. El ala orgánica apuesta por la expulsión de Manuel Merino y de Otto Guibovich, para deslindar de cualquier intención de conspiración desde el partido que fundó Fernando Belaunde Terry. No es poca cosa que el propio ministro de Defensa insinúe que ambos serían parte de un complot golpista contra el gobierno.

Expulsarlos no es tarea fácil, pues se enfrentarían a una estructura capturada por Vitocho, Barnechea y Raúl Diez Canseco, según el ala orgánica, la que controla a la mayor parte de la actual bancada parlamentaria.

¿En qué medida Otto Guibovich habría operado en la conspiración? ¿Ha sido uno de los principales capitostes de la operación fallida de vacar a Vizcarra que incluía comprometer a las Fuerzas Armadas junto a Manuel Merino? ¿Han participado otros exmilitares en esta organización? ¿Tuvo que ver en la cooptación de Karem Roca? ¿Guibovich está articulado a la Coordinadora Republicana? ¿Ha sido el nexo entre la Coordinadora y Manuel Merino? Lo cierto es que afrontará una investigación fiscal que pondrá luz sobre este caso.

Guibovich siendo vocero de la bancada de Acción Popular (AP), es muy próximo al presidente del parlamento, Manuel Merino, a quien habría estudiado en detalle según algunos miembros de la dirección de AP.

Tiene vínculos con empresarios, políticos y exmilitares del ala más derecha del espectro. Por ejemplo, con el almirante (r) Jorge Montoya. Por su parte, Manuel Merino, según las mismas fuentes partidarias, pertenece a una corriente pro aprista que existe al interior de AP. Y es muy dependiente de Vitocho y de Alfredo Barnechea. De hecho, del interior del partido se afirma que Vitocho hizo que Merino llegue al Congreso por segunda vez como parte de la cuota de Acción Popular en la alianza con Perú Posible de Alejandro Toledo (2011).

Uno de los hermanos de Vitocho es marcadamente cercano a Fuerza Popular. Domingo García Belaunde es asesor legal de Keiko Fujimori, columnista en El Montonero e integrante de la Coordinadora Republicana. Como vimos arriba, será el abogado de Merino en la demanda competencial.

Los vínculos con la Coordinadora Republicana, llena de apristas y fujimoristas, con el actual presidente del Congreso son evidentes.

Si la sospecha del ministro Chávez sobre Merino y Guibovich es certera, entonces es válido también incluir en las investigaciones a otros operadores, entre ellos los vinculados al comité permanente de la Coordinadora Republicana.

La cooptación de Karem

¿Estas sospechas incluyen la operación de cooptación de la asistente del presidente, Karem Roca? Esta podría ser una especulación que puede servir de pista para las investigaciones fiscales. Karem Roca viene del círculo más cercano del mandatario desde su paso por la gobernación de Moquegua. ¿Qué ha tenido que pasar para que una persona tan de confianza termine traicionándolo? ¿Quién grabo al presidente y quien entregó los audios al congresista Edgard Alarcón? ¿Fue Alarcón o solo de trata de una cabeza de turco a lo Moisés Mamani en la línea de usar a personajes con la soga de la Justicia en el cuello para que hagan el trabajo sucio a cambio de impunidad?

Además, Edgard Alarcón ya había grabado al ministro de Economía, Alfredo Thorne, al premier Del Solar y al propio Vizcarra cuando era ministro de Transporte. Desde la Contraloría, Alarcón tuvo que ver el tema del Aeropuerto de Chinchero y allí se dieron los incidentes que terminaron con Thorne en su casa y con Vizcarra en Canadá como embajador. Así, la participación de Alarcón en la actual operación podría pasar como un modus operandi individual. Total, era fácil encontrar un móvil, ya que Alarcón también había sido sacado de su cargo y empapelado a pesar del blindaje que le dio la mayoría Fujiaprista del anterior Congreso. Fue de los primeros en sucumbir a la ola anticorrupción que se generaba en la sociedad. No había mejor candidato para ser kamikaze en el complot contra Vizcarra que él, además porque se había ubicado como titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Un detalle importante es que la tarea de defensa legal de Edgard Alarcón en su proceso de destitución como Contralor en 2017, fue asumida por Humberto Abanto, abogado aprista del cogollo de Alan García, que también ha defendido a varios implicados en el caso Lava Jato.

Sin embargo, es difícil creer que los chuponeos al presidente hayan sido hechos por Alarcón en esta oportunidad. Hace tiempo que desde la prensa ligada a la ultra derecha peruana se venían buscando datos que comprometan al presidente en algún acto ilícito que derive en vacancia. Basta con revisar los titulares de Expreso o La Razón. Que Vizcarra haya deshecho a la mayoría Fujiaprista del Congreso electo en 2016 lo puso en la mira de estos sectores de modo permanente. Lo que no imaginábamos era hasta dónde llegarían.

El tema del Hospital de Moquegua fue levantado varias veces por estos medios, al igual que el caso de los contratos de su cuñado y otros temas que o eran archivados o no comprometían tanto al presidente. Al final solo quedó como algo con filo, el caso del cantante Richard Cisneros, alias “Richard Swing” favorecido con contratos en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, esto ya estaba muriendo, pues Swing no aportó información comprometedora cuando fue llamado a declarar al Congreso. La coartada “narcisista” de Cisneros lo hacía ver como un personaje díscolo, un loquito que en todo momento señalaba que era gracias a su gran inteligencia su vínculo con el Ministerio de Cultura.

Por eso fue necesaria la cooptación de Karem Roca, integrante del círculo de “los moqueguanos”, el primer círculo de confianza del presidente Vizcarra, para revivir el caso Swing. No es descabellado pensar que corrió mucho dinero allí y la promesa para Roca de salir bien librada del asunto, pero eso lo verá la Fiscalía.

Lo cierto es que se le cooptó aprovechando los conflictos internos ya existentes entre ella y otros miembros de aquel círculo. La inflexión se produjo cuando el caso Swing salió a los medios. Una pista es la última declaración de Roca en el Congreso el viernes 10 de septiembre. Luego de que Richard Cisneros la acusara directamente de ser la responsable de las grabaciones y su filtración, ella lo negó ante Alarcón y deslizó que la Marina de Guerra del Perú sería la responsable del chuponeo y de la grabación de sus conversaciones con el presidente Vizcarra. La reacción de la Marina fue inmediata a través de un comunicado público en el que anuncian acciones legales contra Roca.

Respecto de esta grave acusación hay dos hipótesis. La primera es que se trata de un ajuste de cuentas de parte de los militares en retiro que participaron en este complot contra Vizcarra. Un mensaje vía Karem Roca al Comandante General de la Marina, Fernando Cerdán, quien habría decidido no apoyar la asonada golpista. De hecho, fue el propio Cerdán el que avisó al ministro de Defensa, general (r) Jorge Chávez, sobre la llamada que le había hecho el presidente del Congreso. Esto se puede ver con detalle en la nota antes citada de IDL Reporteros. De ahí que Roca dejó entre ver algo absurdo como que un centro del chuponeo de la Marina funcionaría en la propia oficina presidencial.

La segunda hipótesis, que es la más alejada de la realidad, pero que se ha querido vender como verdad se centra en que La Marina estuvo comprometida y ayudó con las grabaciones. Pero luego al ver que no había futuro en la ofensiva de Montoya y Guibovich se desembarcó. Es decir, la Marina habría estado en este contubernio, pero se habría desmarcado a tiempo. Y por eso lo dejaron solo a Merino. Él tenía la plena confianza en la Marina, pero al fallar la operación se generó el rompan filas.

El presidente Vizcarra ha salido a aclarar sobre este punto que las declaraciones de su ya exasistente son falsas, en especial la alusión hecha contra la Marina. En todo caso, el eslabón más débil de esta cadena, Karem Roca aspiraría a ser colaboradora eficaz. Por eso los conspiradores pueden estar más cerca de la cárcel que de vacar a Vizcarra.

A pesar de la vacancia fallida, la mafia se ha rearticulado

Lo más importante es que a pesar de que se ha develado el complot y la vacancia ha devenido casi en imposible, el mando duro de la llamada mafia se ha rearticulado. Se trata de una nueva dirección de la ultra derecha que se consolida incluso tras la derrota en la vacancia.

La torpeza de Merino fue comunicarse prematuramente con las Fuerzas Armadas, buscando la foto con ellas. El tiro salió por atrás y ha significado una vergüenza absoluta que las Fuerzas Armadas tengan un manejo más apegado a las leyes que el propio presidente del Congreso. Las comandancias generales han reconocido y respetado la jefatura suprema en el Presidente de la República.

La comunicación de Guibovich al ministro de Defensa para negar la posibilidad de una conspiración, algo que el mismo ministro ha dado a conocer, fue un acto tardío. La operación, sea cualquiera que quería desmentir el congresista, devino en errática. El globo se pinchó y la vacancia parece muerta mucho antes de empezar. Lo más probable es que no se produzca la sesión del viernes 18. Es decir, Vizcarra no asistiría al Congreso y eso ha generado la protesta de Aníbal Quiroga, miembro de la Coordinadora Republicana, que en su artículo “Quien a hierro mata, la vacancia” del 12 de septiembre escribió:

"…Quizás confiado en eso, el Presidente Vizcarra desista de ir al Congreso a hacer su defensa y, quizás, ni siquiera acredite abogado alguno para que lo haga en su representación. Total, está lleno de frases huecas, falsas muestras de valor y promesas no cumplidas. Así que eso de que “aquí estoy” si vienen por mí, “yo no me corro”, “No me van a doblegar” y “pondré el pecho” para afrontar las responsabilidades políticas del caso, está aún por verse. Dime de qué te jactas, y te diré qué te falta, reza el dicho popular. Suelen ser bravatas para la tribuna. Por su propia personalidad y temores, no parece que tenga mucho interés de enfrentar al pleno del Congreso con su defensa. En todo caso, pago por ver."

Más parece un lamento por el pan que se quema antes de entrar al horno que la opinión de uno de los abogados “constitucionalistas” caserito de los medios de comunicación cada vez que se agudiza la crisis de régimen que vivimos desde hace años. Ni qué decir sobre que Quiroga es uno de los abogados que va a representar al Congreso en la demanda competencial que hoy ha interpuesto el Ejecutivo.

No podemos dejar de mencionar a personajes como Antauro Humala, que según fuentes de UPP, sostuvo reuniones con varios protagonistas de la vacancia como el congresista Jim Mamani quien redactó la moción que fue aprobada el viernes último. Asimismo, con el congresista José Vega Antonio y con el propio Edgar Alarcón, comprometiendo a la bancada de UPP por entero. Esta es la bancada que más dificultades tendrá para desmarcarse de la vacancia como ya lo ha hecho APP con el comunicado de su líder César Acuña, o el intento de Podemos con el comunicado de Daniel Urresti. Los medios de comunicación también empezaron a desembarcarse de una posible vacancia luego de la nota de IDL y de la conferencia de prensa del premier.

La vacancia ya venía herida de muerte con la declaración a la prensa de Richard Cisneros el viernes 11 de septiembre. La moción que la sustentaba no pudo ser votada de inmediato como se había planificado y tuvo que esperar hasta la tarde de ese día alcanzando 65 votos a favor, 37 en contra, 24 abstenciones y 5 no presentes. El problema era que sus promotores esperaban más de 90 votos hasta que Richard Cisneros con sus declaraciones desinfló la ofensiva al declarar que todo lo afirmado en el tercer audio era falso y que los asesores de Alarcón y Merino lo habían visitado en varias ocasiones para generar la ofensiva contra Vizcarra.

El resultado de la votación alejaba a Vizcarra del peligro de ser vacado, pues bastaba sumar solo 7 votos más a los votos en contra de la moción para que fuera imposible completar los 87 requeridos y vacar al presidente. Esos 7 votos podrían haber venido del FREPAP, que se abstuvo en la moción, pero por la declaración de sus voceros, se sabía que votarían en contra después.

Más allá de los números ¿cuál es el sentido político de lo que ha pasado?

En primer lugar, será el congreso el que más costos pagará. Todas sus medidas progresistas se han embarrado, y ha roto la conexión que había construido con algún sector de la población. Las bancadas van a entrar en una crisis profunda, en especial Acción Popular. Las excepciones son el Frepap, el Frente Amplio y el Partido Morado.

Pero no solo eso. Se han abierto mejores condiciones para la lucha democrática. Nuevamente se ha puesto en agenda la amenaza de la mafia y este eje podrá devenir en fundamental nuevamente.

Se ha producido un parteaguas. Un hito de un antes y un después con lo que el 12 de septiembre reveló Gustavo Gorriti en IDL Reporteros: un golpe cívico militar en marcha bajo el manto del tema de Richard Swing, con la cabeza de turco de Alarcón.

Este parteaguas nos lleva a otra situación. Las fuerzas unidas para la vacancia ya no existen. Se está produciendo en este momento una total dispersión. Se van a producir retiros de firmas, más pronunciamiento de partidos desmarcándose del asunto. Mociones como las que planteó el Partido Morado de reconsiderar la moción de vacancia. Es imposible que Merino y Guibovich mantenga el proceso de vacancia.

En lo político, la declaración hecha por la líder de la izquierda, Verónika Mendoza, desmarcándose de la clase política, rechazando la vacancia y poniendo agenda, ha sembrado una semilla que puede ser potente porque lo que viene ahora es el desprestigio de los partidos del Congreso que se entroncaron con el golpe disfrazado de vacancia y van pagar un alto costo. Se ha regalado un escenario hacia el centro izquierda que podría ser construido por Verónika Mendoza, el Frente Amplio, el Partido Morado y el Frepap. Veremos.

Carlos Bedoya. Periodista y abogado. Interesado en política, economía y sociedad. @cbedoyam

12 de septiembre de 2020

Voces de la “vía chilena al socialismo” A 50 años del triunfo popular y a 47 años del golpe

 Franck Gaudichaud 01.jpgFranck Gaudichaud  

A cincuenta años de la elección de Salvador Allende, el historiador Franck Gaudichaud recupera algunos testimonios del Chile de la Unidad Popular. Mil días que conmovieron al mundo y que aún lo siguen conmoviendo.

«Suena casi raro hablar hoy de todo esto, a veces me parece como si se tratara de un sueño…» En 1972-1973, Mario Olivares era un joven obrero metalúrgico, militante en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y delegado del cordón industrial Vicuña Mackenna (1). Efectivamente, vivió un sueño despierto, una fiesta popular, una esperanza colectiva en movimiento, compartidos por millones de mujeres y hombres, trabajadores y trabajadoras, jóvenes, campesinos, sindicalistas, intelectuales, activistas de la izquierda chilena. En esa época, Hernán Ortega, presidente de la Coordinadora de los cordones industriales de Santiago – coordinaciones territoriales obreras y organizaciones de base clasistas surgidas en reacción a la gran “huelga patronal” de octubre de 1972 (2)-, ya militaba en el Partido Socialista. «Para mí, así como para todos los chilenos, la Unidad Popular significaba la aspiración a una sociedad distinta, más democrática, más igualitaria, que permitiera a los trabajadores alcanzar un crecimiento pleno y cabal, no sólo desde el punto de vista económico sino también del desarrollo integral del ser humano».

Hace 50 años, un 4 de septiembre 1970, la Unidad Popular, coalición de partidos de izquierda, llevaba al poder al médico, parlamentario marxista, masón y dirigente socialista Salvador Allende Gossens. Esta misma noche, el nuevo presidente del país andino pronunció un emocionante discurso desde los balcones de la Federación de los estudiantes de Chile (FECH): «Yo sé que ustedes, que hicieron posible que el pueblo sea mañana gobierno, tendrán la responsabilidad histórica de realizar lo que Chile anhela para convertir a nuestra patria en un país señero en el progreso, en la justicia social, en los derechos de cada hombre, de cada mujer, de cada joven de nuestra tierra. Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo”. Comenzaban mil días de movilización, organización y construcción de la «vía chilena hacia el socialismo», en plena guerra fría, desafiando la hegemonía estadunidense y haciendo temblar a la vieja oligarquía chilena: un tránsito al socialismo que la izquierda parlamentaria prometía como “pacifica” y no armada (a la diferencia de la revolución cubana), democrática y legalista, antimperialista y popular (3).

En la memoria de muchos actores de la época, y a pesar de la violencia de 16 años de dictadura cívico-militar y de más de tres décadas de democracia neoliberal, permanecen aún hoy los recuerdos difusos de la fuerza telúrica de estos 3 años de creatividad social, cultural y política. En muchos planos, el gobierno Allende, la Unidad Popular y el movimiento obrero innovaron, experimentaron, mostraron que – efectivamente – otro mundo era posible en un pequeño país del “tercer mundo” como Chile, detentor de la más grande reserva de cobre del mundo pero que veía su pueblo vivir en condiciones de pobreza y precariedad indignantes.

El programa de las “40 medidas”, el aumento generalizado de los sueldos obreros, la profundización de la reforma agraria, la nacionalización del cobre sin indemnización del capital “yankee” y de casi el 100% del sector bancario, la creación de una economía donde los asalariados podían participar a la cogestión de la producción, la nueva relación entre arte y política, la política internacional solidaria y “no alienada”, la reflexión sobre los derechos de los niños y el papel protagónico de las mujeres en la construcción del socialismo, etc.: se trataba de pensar la revolución en muchos planos a la vez y atreverse a transformar el papel del Estado, del mercado, de la democracia, aunque siguiendo la apuesta estratégica allendista de una transición respetuosa de la constitución de 1925, de las instituciones liberales y de… las Fuerzas Armadas.  Muchos y muchas fueron las dirigencias comunistas, socialistas o cristianas de izquierda de la coalición gubernamental que creían, con fervor, en la “excepcionalidad” de la tradición democrática de Chile, en el “profesionalismo” de su ejército, en el “constitucionalismo” de la mayoría de sus generales o en la “flexibilidad del Estado burgués”. Para el MIR, pequeña organización revolucionaria político-militar (fundada en 1964) muy activa en ese entonces, si bien había que apoyar la experiencia de la Unidad Popular y tratar de defenderla, también era urgente denunciar las ilusiones reformistas del nuevo ejecutivo: para el movimiento de Miguel Enríquez, Allende encabezada un gobierno de carácter democrático e antimperialista, pero dominado por “el reformismo obrero y pequeño-burgués”.

Desde los primeros momentos, y aunque fortalecida por la dinámica ascendente de las luchas obreras, campesinas y de los «pobladores» (4), la Unidad Popular (UP) estuvo atrapada en múltiples contradicciones y frente a enormes obstáculos. En el plano institucional, y no fue un hecho menor, cabe recordar que el allendismo era minoritario en el parlamento después de haber obtenido solo la “primera minoría” de los votos en la elección presidencial (36,6%), frente a la derecha (35.3%) y a la democracia-cristiana (28,1%). Aunque en las elecciones municipales de abril 1971, la izquierda supo capitalizar un poco más de 49% del apoyo de los electores, esa situación de minoría institucional se mantuvo durante todo el periodo y frente a una Democracia Cristiana poco a poco dirigida por sus sectores más conservadores y a un Partido Nacional llamando abiertamente a la intervención militar frente al “peligro marxista”. La UP tampoco controlaba el aparato judicial, ni el sistema mediático, y amplios sectores de la economía estaban en manos de un empresariado paternalista, muy hostil frente a ese gobierno que reivindicaba como bandera el socialismo.

En el seno del campo popular también las tensiones y turbulencias fueron crecientes, a medida que los conflictos de clases se agudizaron, que la crisis económica emergía, que las capas medias se alejaban y que la apuesta institucional transformadora del “compañero-presidente” mostraba sus flaquezas. Sectores movilizados de la clase obrera comenzaron a criticar la debilidad de la UP frente a la ofensiva de la oposición, de la burguesía industrial y de la extrema-derecha. También presionaban a la dirigencia de la Central Única de los Trabajadores (CUT) (5), dominada por el Partido Comunista, primer partido obrero del país y fuerza que representa el ala moderada dentro del gobierno. La central se afianza como la correa de trasmisión del ejecutivo, en especial apoyando el «sistema de participación de los trabajadores» dentro de las empresas nacionalizadas, también dos de sus máximos dirigentes nacionales integraron ministerios en 1972, pero carecía de estructuras a nivel comunal y territorial.

Globalmente, la mayoría de los trabajadores se encontraba fuera de la influencia directa de la CUT, por no tener derecho – o posibilidad real – de sindicalizarse, ni perspectiva de integración al sistema de cogestión (inicialmente restringido a 90 grandes empresas nacionalizadas o “intervenidas” por el Estado). La fracción más radicalizada del movimiento obrero, opuesta a la pasividad de la “revolución por etapas” y amenazada por el desarrollo del mercado negro y de los lock-out patronales, comenzó a desbordar los cauces legales como también las directivas nacionales (partidarias, sindicales, gubernamentales). Esta dinámica de “desborde” se tradujo en un número creciente de empresas ocupadas, en un aumento notable de las huelgas ilegales, en diversas formas de autoorganización y, en el campo, en la extensión de las tierras tomadas y expropiadas (con “corrida de cercos”), eso mucho más allá de las reformas anunciadas por Salvador Allende. En las empresas, los militantes de la izquierda del Partido Socialista, del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) y de la Izquierda Cristiana propagaban la idea que era necesario de «avanzar sin transar» para no retroceder. Además de esos partidos (miembros de la coalición oficialista), el MIR se volvió el paladín de la consigna «¡crear, crear poder popular!», llamando a una ruptura del Estado liberal-oligárquico. Unas posiciones fuertemente criticadas por el PC como “ultraizquierdistas” e incluso “contrarrevolucionarias”: el partido fundado por Luis Emilio Recabaren consideraba que era urgente “consolidar para avanzar”. En 1972, el plan Prats-Millas llamaría incluso a devolver decenas de empresas ocupadas a sus dueños, provocando un claro descontento en las bases obreras de la izquierda. «Era un período muy rico, durante el cual muchos simpatizantes de la Unidad Popular se rebelaron contra ella y se incorporaron a la coalición de los cordones industriales», recuerda José Moya, que era miembro del MIR y obrero de una industria electrónica de casi mil asalariados. «Recuerdo haber estado en asambleas donde representantes de la CUT venían a discutir con los cordones ¡y se iban ‘con la cola entre las piernas’!».

A pesar de estos múltiples roces, el impulso del poder popular y obrero no surgió fundamentalmente en contra del gobierno, considerado como el «gobierno del pueblo» por la mayor parte del movimiento popular. Pero, el pueblo de izquierda reclamaba más “mano dura” y decisiones radicales en contra de los patrones que propugnaban el boicot económico, en contra del periodo El Mercurio que alentaba el golpe de Estado creando un clima de miedo, en contra de las “hordas” fascistas de Patria y Libertad que atacaban con armas cortas la sedes sindicales y las fábricas ocupadas… Luis Ahumada, estudiante socialista en ese entonces, militaba activamente en el seno de las industrias de Santiago: «Lo más importante de lo que impulsamos a través de los cordones industriales fue la solidaridad, de pared a pared, entre las fábricas. Nosotros contribuimos a que esa solidaridad, ‘innata’ en los obreros, se manifestara en términos concretos: una fábrica se solidarizaba con las luchas de otra fábrica vecina. Y como los Cordones lograron conseguir una respuesta popular bastante amplia, se convirtieron a continuación en una referencia para la población del sector, de modo que cuando había una empresa en conflicto, recibía también la solidaridad de las organizaciones sociales de los alrededores». En octubre 1972, pese al bloqueos de los sindicatos de camioneros y del transporte público dirigidos por la oposición, pese a la huelga patronal y de comerciantes, esos trabajadores consiguieron hacer funcionar varias fábricas, a abrir centro de distribución bajo su control. «Salíamos a expropiar los ómnibus con armas de mano, con pistolas, recuerda Mario Olivares, y los llevábamos adentro de las fábricas en manos de los trabajadores. Así, garantizábamos que la producción no se detuviera. También íbamos a buscar a los trabajadores y los transportábamos». Y con el mismo fervor que mostraba en otro tiempo, en las asambleas sindicales, agrega: «Empezábamos a hablar de un poder real de los trabajadores (…). ¡Tal vez no tuvimos toda la claridad desde un punto de vista ideológico, pero exigíamos una mayor participación en todas las áreas, no sólo en la producción!». Cordones industriales como los de Cerrillos-Maipú o de Vicuña Mackenna, en Santiago, se volvieron así ejemplos para todo el país de la capacidad de organización obrera “desde abajo”. Este tipo de iniciativas de control social y de democracia directa también surgieron en el campo, en las poblaciones o a través de experiencias de abastecimiento directo. A menudo con el apoyo de estudiantes y de la juventud militante.

Para Neftalí Zuñiga, viejo obrero textil, ex-dirigente sindical de la gigante Pollack y militante comunista, el recuerdo más intenso del periodo fue ante todo el del desafío de la «batalla de la producción». El objetivo era defender al país contra el boicot, el racionamiento, contrarrestar la inflación y volver realidad las promesas de Allende de crecimiento económico y redistribución de las riquezas. Don Zuñiga evoca también, con altivez y orgullo, los trabajos voluntarios que movilizaban a miles de personas: «¿Qué hacíamos nosotros, los trabajadores concientizados? Todos los domingos, íbamos (…) a las grandes plantaciones a cortar maíz para poder alimentar a mayor cantidad de aves. Y esa es la conciencia política que tendríamos que haber generado en el seno de la gran masa de trabajadores de este país». Después del “paro de la burguesía” de 1972, Allende consiguió retomar el control de la situación mediante la creación de un gabinete cívico-militar: los militares entraron de lleno en el juego político, ocupado ministerios claves. En paralelo, en los meses siguientes, la creatividad popular experimentó un rebrote de actividad. Con el primer ensayo de golpe, en junio 1973, la función de resistencia de los cordones industriales apareció de nuevo como fundamental. El proyecto de unificar a los sectores populares organizados en el seno de los «comandos comunales» parecía ser el camino para un sector de los revolucionarios. Pero los comandos no tuvieron tiempo de desarrollarse ampliamente y los partidos de izquierda estaban muy divididos sobre la estrategia que seguir. Eso aun cuando nacieron efectivamente algunas coordinaciones con un fuerte potencial transformador, como por ejemplo, entre el cordón industrial Vicuña Mackenna y el comando comunal de La Florida, formado en torno al campamento Nueva La Habana, dirigido por el MIR. Abraham Pérez, por entonces obrero de la construcción, fue uno de los dirigentes de ese campamento, auténtico territorio autogestionado, en Santiago (6). «Cada manzana elegía libre y democráticamente a un delegado», y estos decidían desde la administración del abastecimiento del campamento hasta la seguridad del barrio, a través de “milicias populares”, como también el apoyo a las fábricas ocupadas del cordón vecino. Después del golpe, Abraham siguió viviendo en un barrio pobre, surgido de una ocupación de terreno. Sin embargo, la situación cambió mucho desde entonces y él rememora con nostalgia aquellos tiempos benditos: «Había mucha participación y todo eso de común acuerdo con los habitantes del barrio. En esa época, no conocíamos la delincuencia. Nos protegíamos entre nosotros dentro del campamento; si un vecino salía, dejaba la puerta abierta…».

Cuando conversamos sobre este período con Edmundo Jiles, sindicalista del cordón Cerrillos, lo invade una fuerte emoción y respira hondo: «La mayoría de nosotros era joven, pero los más viejos sabían transmitir su experiencia, su sabiduría, para de tanto en tanto hacer bajar el nivel de adrenalina y moderar un poco las acciones. Pero nos apoyaban con mucho entusiasmo. Por eso pudimos hacer todo aquello».

Pero, en las sombras, otros actores hicieron todo para ahogar y destruir este entusiasmo revolucionario que amenazaba sus intereses. Sabemos hoy, con muchos detalles y gracias a numerosos archivos desclasificados (7), de qué manera el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, dio orden a la CIA de «hacer chillar» la economía chilena y como se constituyó entre Santiago y Washington un eje de la intervención y de la sedición, donde se codeaban Henry Kissinger, representantes de empresas multinacionales como la ITT, Agustín Edwards dueño de El Mercurio o Richard Helms, entonces director de la CIA. Los contactos tomados con la derecha, las conversaciones con generales hostiles a Allende, los millones de dólares generosamente ofrecidos para alimentar una campana de desprestigio en contra de la izquierda, el bloqueo financiero internacional, el apoyo al caos económico interno, pavimentaron el camino que conducía al golpe de Estado. El adelanto al día 11 de septiembre del bombardeo de La Moneda (el palacio donde muere el presidente armas en manos), respondió a la voluntad de los militares felones de no dejar Allende anunciar su proyecto de referéndum y de asamblea constituyente, última tentativa para salir de la trampa en la cual estaba empantanada la Unidad Popular.

«Los obreros me reclamaban armas», recuerda la ex-ministra de trabajo comunista Mireya Baltra, que el día del golpe de Estado se dirige al cordón Vicuña Mackenna. Haciéndose eco, José Moya cuenta cómo esperaba ansioso con sus compañeros, en su fábrica: «Habíamos pasado toda la noche del 11 de septiembre de 1973 esperando armas que nunca llegaron. Oíamos disparos del lado del cordón San Joaquín; allá tenían armas -al menos los de la empresa textil Sumar. Nuestro sueño era que en cualquier momento podían llegar armas y que íbamos a hacer lo mismo que ellos. Pero no pasó nada». Contrariamente a la propaganda del general Augusto Pinochet (nombrado Jefe de las FF. AA. en agosto 73), nunca existió un ejército de los «cordones de la muerte» o un “plan Z” destinado a destruir el ejército. De hecho, si bien hubieron actos de resistencia heroica y algunos enfrentamientos armados, el poder popular y la izquierda – sin plan de respuesta político-militar preparado – tuvieron que pasar a la clandestinidad o someterse rápidamente bajo las implacables botas de la represión.

«El día del golpe había muertos en la calle, los traían incluso de otros sitios y los tiraban aquí, cuenta Carlos Mujica, trabajador de la planta metalúrgica Alusa. ¡Y no podíamos hacer nada! Creo que lo más duro fue el período 1973-1974. Después, en 1975, los servicios secretos vinieron a buscarme a Alusa. Me detuvieron y me llevaron a la famosa Villa Grimaldi: ahí, pasaban a la gente por la ‘parrilla’, es decir, sobre una cama de hierro donde aplicaban corriente eléctrica en las piernas, etc. Sabían que yo era delegado del sector…». Se iniciaba la larga y triste noche de la tiranía pinochetista y la brutal transformación del país en “paraíso del neoliberalismo”.

Producto del terrorismo de Estado y de la “amnesia forzada” a la que el pueblo chileno fue sometido por la junta militar (1973-1990), la historia de la Unidad Popular se mantuvo durante mucho tiempo ignorada por amplias mayorías. Una memoria colectiva destrozada que no pudo recomponerse bajo los gobiernos social-liberales de la “Concertación” (1990-2010), cuya política económica e institucional estuvo, en muchos aspectos, una continuación del régimen anterior. En esas condiciones, los recuerdos siguieron vivos en los espacios militantes o familiares, pero en forma atomizada. No obstante, en los últimos años, Chile estuvo cambiando en forma acelerada: desde el 2011, una nueva generación que no ha conocido la dictadura está encabezando movilizaciones masivas en contra del modelo neoliberal autoritario. Y la impresionante rebelión popular que ha comenzado en octubre 2019 todavía está activa, tal un volcán, bajo la pandemia y la represión del gobierno actual. Con este gran levantamiento social son también figuras como las de Salvador Allende y de Miguel Enríquez, el ejemplo de los obreros de los cordones industriales, el sacrificio de los que lucharon en contra del régimen de Pinochet o la histórica resistencia del pueblo Mapuche que volvieron a irrumpir en la escena política, en las pancartas de las manifestaciones, en los debates de las asambleas territoriales o en las discusiones en torno a las ollas comunes.

«El pasado siempre es importante», recalca Luis Pelliza, obrero que mantuvo su actividad dentro del movimiento sindical, contras vientos y mareas, desde los 70 hasta años recientes. “Forma parte de una historia que vivimos. Conocer la experiencia de nuestra derrota es necesario para comprender cómo podremos afrontar el futuro».

Notas

1.  Una versión corta de este articulo ha sido publicado por Le Monde Diplomatique en 2003. El presente texto ha sido actualizado para el lanzamiento este mes de la revista Jacobin América Latina. Se basa en los testimonios reunidos entre 2001 y 2004, y publicados en: F. Gaudichaud, Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano durante el gobierno de Salvador Allende, Santiago, LOM, 2004.

2.  Desde antes de octubre de 1972, existían formas semejantes de solidaridad obrera, cuyo precedente más importante ha sido la creación del Cordón Cerrillos, en junio de 1972, en una comuna industrial de Santiago. En los años que siguieron, esas coordinaciones de carácter horizontal florecieron en muchas zonas del país.

3.  Ver: Franck Gaudichaud, Chile 1970-1973, Mil días que estremecieron al mundo: poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno Allende, Santiago, LOM, 2016 y Peter Winn, La revolución chilena, Santiago, LOM, 2013.

4.  Habitantes de los barrios pobres y de las “villas miseria” o «poblaciones».

5.  Fundada en febrero de 1953, entre otros por el gran líder cristiano y libertario Clotario Blest, era la única confederación sindical de Chile.

6.  Boris Cofré, Campamento Nueva La Habana: el MIR y el movimiento de pobladores, 1970-1973, Concepción, Escaparate, 2007.

7.  Peter Kornbluh, The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, ‎New York City, The New Press, 2003.

(foto: imagen tomada por el autor en las calles de Santiago en enero 2020)