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5 de agosto de 2024

Perú: ¿La apatía es invencible?

Jorge Bruce

“A veces bastan unos pocos gestos de arrojo para perderle el miedo a los ladrones y asesinos”.

Hasta para un país con una historia de derrotas tan frondosa como la nuestra, este aniversario patrio tiene nada de fiesta y mucho de funeral. Vivimos sumidos en un letargo aunado a una progresiva desconexión de la realidad.

Observar el comportamiento de ese espejismo que pretende presidir de la República es un acto de disociación agravada. Si el golpe de Estado de Castillo fue una parodia grotesca, lo que vino a continuación es una pesadilla de la cual parece imposible despertar. Los bandoleros que detentan el poder en el Congreso han renunciado a todo simulacro de integridad.

Acaban de designar al representante de los mineros ilegales para que asuma la presidencia del antro que emite las leyes que rigen nuestras vidas. Como bien ha dicho el presidente de Comex: Esa actividad es peor que el narcotráfico.

Han logrado aherrojar casi todos los organismos encargados de contenerlos, empezando por el así llamado Tribunal Constitucional. No voy a continuar haciendo el listado de las pústulas que infectan nuestra democracia, porque son de todos conocidas y (casi) nadie quiere seguir lacerándose con estas letanías punitivas.

Una de las extrañas ventajas de ser un país surrealista es que los antídotos contra este veneno que nos adormece y paraliza aparece donde y cuando menos se les espera. De pronto se vio, en la puerta del Congreso, un camión con un enorme rollo de papel higiénico Paracas. Breton habría celebrado esta ocurrencia. Porque el camión con el rollo, que también pasó por el Palacio de Justicia, decía: “¡Qué tal papelón!”. Y más abajo: “Por un Perú sin papelones”.

Como bien subrayó el periodista Marco Sifuentes en X (antes Twitter), “una marca de papel higiénico ha hecho más por visibilizar el descontento ciudadano que 30 potenciales candidatos presidenciales”. Es sintomático que el producto en cuestión sea papel higiénico. No solo por la obvia lectura de cuál es su principal uso, sino porque, cuando se desencadenó la pandemia, el mundo entero se lanzó a comprar cantidades inmoderadas de ese papel. Hasta hoy sigue siendo un enigma el porqué de esa avidez.

El punto al que trato de llegar es que esa acción publicitaria y política a un tiempo, sazonada de sarcasmo, nos retrotrae a esa pandemia que desnudó las clamorosas carencias de nuestro sistema de salud. El crecimiento económico previo no fue destinado a paliarlas, pues en el Perú la atención correcta de la salud es un privilegio del cual solo disponemos unos pocos. Como consecuencia de esa ideología clasista y racista, tuvimos la peor tasa de mortalidad del planeta.

Esa tragedia inconmensurable nos ha sumido en un duelo cuyas consecuencias son muy difíciles de abarcar. Lo cierto es que no lo hemos procesado. Lo cual explica en parte la apatía que nos embarga. Una sociedad deprimida y desesperanzada, dominada por bandas de delincuentes oficiales y extraoficiales, es pan comido para quienes emprenden la senda de la sociopatía.

Para los psicoanalistas, la apatía no es tan solo falta de interés o motivación, como pretenden hacernos creer los cultores, cada día más numerosos, de la autoayuda. Tampoco es cuestión de resiliencia, un valioso concepto que ha sido secuestrado como coartada para culpar a la gente de su miseria y exclusión. Es un síntoma de un malestar más profundo o, si se quiere, encubierto. Los duelos no resueltos por incapacidad de procesarlos suelen desembocar en apatía que enmascara la depresión. Ahora bien, en el Perú venimos arrastrando los desastres de proporciones medievales del COVID, así como las muertes causadas por la represión de las manifestaciones del 2022 y el 2023. Este terreno baldío es en el que pululan a sus anchas las organizaciones criminales mencionadas. La impunidad con que el prófugo Vladimir Cerrón se desplaza por el territorio nacional es una demostración clamorosa de nuestro naufragio institucional.

Todo lo cual causa dolor afectivo, desmoralización y miedo a perder lo poco que a tantos peruanos les queda. Pedirles que salgan a defenderse en esas condiciones limita con lo inhumano. No obstante, la única manera de enfrentar este horror es precisamente enfrentándolo. De ahí que una campaña publicitaria audaz y valiente haya tenido semejante impacto. Es una manera contundente de hacer ver a todos que la barbarie no es inmortal. Y que a veces ridiculizarlos con ingenio es comenzar a deshacer el hechizo o la maldición.

Los peruanos no solo sabemos comer, incluso cuando los precios suben y la canasta familiar se vuelve un lujo. Décadas de supervivencia, aunadas a una tradición gastronómica fabulosa, han permitido que se pueda comer bien incluso en condiciones retadoras. Pero hay otra cosa que los peruanos siempre hemos hecho, tal como nos lo ha recordado, cuando más lo necesitábamos, el papel higiénico Paracas: sabemos reírnos de los poderosos, con mayor razón cuando son descaradamente corruptos.

En suma: la apatía no es invencible. El cáncer terminal lo padecen nuestras instituciones que están capturadas por las mafias. Pero no nosotros. Estamos vivos y estamos hartos. Muchos jóvenes afirman que quieren irse a vivir a otro país. Pero a poco que vean un camino para poder salir adelante, querrán permanecer en su tierra. Exilarse es durísimo y, por ello, es una decisión extrema. A veces bastan unos pocos gestos de arrojo para perderle el miedo a los ladrones y asesinos.

https://larepublica.pe/opinion/2024/07/30/la-apatia-es-invencible-por-jorge-bruce-c
olumna-el-factor-humano-2773647

25 de mayo de 2024

Perú: Se viene la acusación

Ronald Gamarra

Ha concluido la objetiva, diligente y exhaustiva investigación fiscal de los asesinatos alevosos de Inti y Bryan y las lesiones causadas a decenas de manifestantes en noviembre de 2020, en el contexto de un feroz como excesivo, indiscriminado y desproporcionado uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y de graves violaciones de derechos humanos. Tras años de indagación compleja y recolección de suficientes elementos de convicción, la conclusión es una: se cometieron los delitos y se ha identificado a sus autores. Eso, seguramente, se plasmará en la acusación que en los próximos días debe presentar el Ministerio Público.

Y es que, en verdad, los centenares de tomos de la carpeta fiscal, el cerro de diligencias practicadas, la revisión de una nutrida documentación y el cúmulo de pericias de diverso tipo (realizadas por expertos nacionales y extranjeros) dan cuenta de la delimitación progresiva del contexto en que se produjeron los hechos, las responsabilidades individuales en la comisión de los delitos y la condición de la Policía Nacional como tercero civilmente responsable.

De un lado, se ha acreditado:

- El ejercicio legítimo, constitucional y predominantemente pacífico del derecho a la protesta y a la defensa de la institucionalidad democrática por parte de las víctimas;

- Su no participación en actos que justifiquen el empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional (de haber sido así, tendrían la calidad de imputados y estarían siendo investigados, lo que obviamente no ha acontecido);

- La elevada cantidad de víctimas entre los manifestantes, incluyendo a Inti y Bryan que fueron asesinados (vía historias clínicas y reconocimientos médicos legales). El profuso número de impactos de armas de fuego en el cuerpo de las víctimas, la gravedad y ubicación de las heridas (las dos terceras partes de los agraviados presentan lesiones en el tercio superior de su anatomía) y la calidad de los elementos extraídos de sus cuerpos (perdigones de plomo, canicas de vidrio);

- El no uso de armas de fuego –hechizas, artesanales o regulares– por parte de quienes ganaron las calles en las grandes manifestaciones pacíficas, la no incautación de alguna de ellas, el resultado negativo de los exámenes practicados a las víctimas –entre ellos, a Inti y Bryan–, y el hecho de que no se reportara un solo efectivo de la Policía con impacto de bala.

A su vez, la investigación fiscal ha logrado acreditar:

- La no adecuación de la actuación de la Policía Nacional a los estándares internacionales y nacionales que obligan a dichos funcionarios públicos a ajustar el uso de la fuerza a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. La decisión de dispersar las manifestaciones ciudadanas, en contravención a los estándares internacionales en materia del derecho a la protesta; de hacerlo empleando fuerza innecesaria y de manera general contra los manifestantes; y utilizando armas dirigidas masiva y directamente contra la multitud de ciudadanos. La decisión de no permitir la circulación de los manifestantes en determinadas áreas del Centro Histórico de Lima, particularmente el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay y los alrededores del Congreso de la República, pese a una expresa sentencia del Tribunal Constitucional y los estándares internacionales que permiten el ejercicio de la protesta en todos los espacios públicos. La decisión de poner rejas metálicas bloqueando las calles públicas, en abierta e ilegítima restricción del derecho a la protesta;

- La estructura y cadena de mando policial que, abusando de su alta jerarquía, dio las órdenes y autorizaciones –que luego supervisó y controló– para el uso de la fuerza pública de manera indiscriminada, desproporcionada e ilegal, con el objetivo de impedir que las protestas contra Merino lleguen a Palacio de Gobierno y Congreso (teniente general Lam). Órdenes que fueron ejecutadas por otros oficiales de la Policía, según roles específicos distribuidos (general Cayas, coroneles Tenorio y Villafuerte, comandantes Castañeda, Apaza, Arguedas y Oliva, mayores Chenett y Solari, y capitán García);

- El patrón de comportamiento consistente en la forma de ejecución de los disparos directamente en zonas sensibles del cuerpo, la magnitud y gravedad de las lesiones sufridas por los agraviados, la cantidad de manifestantes lesionados identificados, el tipo de armamentos y municiones prohibidas que utilizaron los agentes policiales contra los manifestantes y el uso arbitrario de la fuerza pública;

- La lógica ofensiva y no disuasiva de la represión continua y el uso desproporcionado de la fuerza durante los días 9 y 12 de noviembre de 2020, e incluso posteriormente con mayor intensidad en el volumen de la fuerza, masividad en el empleo de las escopetas y material lacrimógeno, recurso a munición no autorizada y lesividad contra los manifestantes;

- La represión policial indiscriminada, desproporcionada e ilegal por el uso arbitrario de la fuerza pública, al haber utilizado municiones prohibidas y armas potencialmente letales (bombas lacrimógenas, perdigones de goma, granadas lacrimógenas de mano), que fueron disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes en las partes más sensibles o en zonas de mayor riesgo que originaron lesiones mortales y graves;

- La competencia de las escopetas de la Policía Nacional para efectuar disparos de perdigones de plomo y proyectiles de vidrio endurecido, y su correspondencia con las lesiones en los cuerpos de los manifestantes, así como la no capacidad de las resorteras y los fuegos artificiales para causar tales heridas (vía pericias balísticas forenses);

- La utilización de canicas como proyectiles añadidos implica una intención de causar daño adicional (vía pericia balística forense respecto al uso de la fuerza);

- La existencia de decisiones para impedir el registro del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza, y por ello, el ataque sostenido a periodistas, personal de la defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos;

- La existencia de decisiones para impedir la atención inmediata a los manifestantes heridos, y por ello la agresión a los brigadistas voluntarios.

La forma y el temperamento con que el Ministerio Público ha encarado esta específica investigación es digna de reconocimiento. La fiscalía ha hecho su chamba, y bien, ojalá hiciera lo propio con cuanta investigación llegara a sus manos. Mientras ello sucede en el ámbito de la indagación fiscal de los hechos, el Estado continúa con su absoluta y criminal indiferencia en materia de atención médica de las víctimas, el Congreso mantiene la impunidad de Merino y compañía, un juez se alista para negar a los agraviados su constitución en actores civiles, y el Ejecutivo se lanza con todo contra quienes osen ejercer su derecho a la protesta. Así estamos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 687 año 14, del 24/05/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

16 de enero de 2024

CUENTO CON MORALEJA

Natalia Sobrevilla

Hace poco más de cincuenta años el presidente estadounidense Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas. En 1971, el mismo año de mi nacimiento, hizo realidad su promesa electoral de terminar con lo que creía que era el cáncer que consumía la sociedad. Hoy podemos ver que esa guerra no tiene fin y que tampoco tiene cuartel; una guerra, además, que como está planteada difícilmente puede ganarse.

Así, esta semana hemos visto que la violencia de esta guerra ha terminado de explotar en nuestro vecino Ecuador, en un triste episodio que sirve como “cuento con moraleja”. La fuga del capo de la mafia José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, así como los disturbios y fugas masivas de cárceles de la región de Guayas ha llevado a un pico de violencia impresionante. Las imágenes de hombres armados tomando un canal de televisión en vivo, así como el pánico generalizado en el que vive la población, junto con los enfrentamientos entre el ejército, la policía y las mafias, causan una honda impresión.

Al retroceder unos treinta años llama la atención cómo Ecuador parecía haber escapado de la maldición de la cocaína a pesar de su ubicación entre Colombia y Perú, dos países que se desangraban con lo que George Bush padre bautizó, a finales de los ochenta, como “narcoterrorismo”. En ese tiempo —tan mitificado en la serie de Netflix Narcos—en que las guerrillas en Colombia se financiaban con la coca, los cárteles desarrollaban nuevas rutas, y en el Perú Sendero Luminoso y el MRTA vivían cada vez más de los cupos que cobraban por mover droga —o incluso incursionaban en el negocio—, Ecuador era una isla de tranquilidad. A pesar de su posición geográfica, de sus fronteras porosas con sus vecinos del norte y del sur, y de su cercanía a los centros de producción, el país no se convirtió en ese momento ni en productor ni en comercializador de drogas.

Sin embargo, la excepción ecuatoriana se fue resquebrajando de a pocos. Como saben quienes han estudiado las políticas del control de narcóticos, cada vez que la producción baja en un país, sube en otro, y en realidad nunca se ha logrado erradicar la producción de cocaína porque el mercado que la consume es tan grande que los incentivos para seguir en el negocio son irresistibles, lo que se podría llamar realmente el triunfo del mercado. Pero existe un elemento en este negocio increíblemente capitalista que no se puede perder de vista: que es ilegal y, por lo tanto, está controlado por mafias. Lo que ha ocurrido desde aquella resolución de Nixon es que se ha replicado en el mundo entero el sistema de prohibición de alcohol que intentaron los Estados Unidos, sin éxito, entre 1920 y 1933.

La cocaína como la conocemos ahora fue desarrollada en el último tercio del siglo XIX y quienes quieran conocer más de su historia deben leer los excelentes trabajos de Paul Gootenberg. En esa época, en los valles de Huánuco y el Huallaga se comenzó a industrializar la producción y se desarrolló algo cercano a lo que conocemos ahora como pasta básica de cocaína para venderla a las grandes empresas farmacéuticas alemanas y holandesas. Hasta inicios del siglo XX, la cocaína era considerada una medicina y aún ahora algunas de sus formulaciones se utilizan en los servicios de salud. Los holandeses establecieron grandes plantaciones de coca en la isla de Java que los japoneses utilizaron en la Segunda Guerra Mundial.

Esta aceptación de la cocaína cambió de a pocos, y ya durante la década de 1940 su consumo había llegado a ser marginal. En los 50 y 60 los países donde se comercializaba más eran Cuba y Chile, y no es sorpresa que cuando ambos países estuvieron bajo fuertes dictaduras, la cocaína dejó de movilizarse por ahí.

Después de la llegada de los exiliados cubanos de Mariel a Miami en 1980, y de la fuga de los chilenos dedicados al tráfico a Colombia, comenzó una nueva etapa muy intensa de consumo de cocaína, que pronto se convirtió en la droga de los ricos y famosos. Uno de los principales atractivos de su consumo es que otorga mucha energía y vigor a quienes la utilizan. El aumento en la demanda, primero en los Estados Unidos y luego en Europa, llevó paulatinamente a la violencia señalada en el inicio, que no estuvo solo enfocada en Colombia y Perú, pues se fue extendiendo por América Central y México, que se convirtieron en países de tránsito.

La lucha contra las drogas se volvió cada vez más brutal y uno de sus principales hitos fue la declaración de la “guerra al narco” que hizo el presidente mexicano Felipe Calderón en 2006, cuando envió a la policía federal a Michoacán. Más de 121.000 personas murieron entre ese año y el 2012, y la violencia se volvió cada vez más generalizada. Desde entonces el enfoque ha virado algo más hacia la prevención y se han desarticulado varios de los cárteles.

Pero la guerra no tiene cuando acabar y simplemente se ha movilizado a otros territorios. Ecuador es uno de ellos y lo que sucede ahora lleva mucho tiempo cocinándose. Un factor clave es que la dolarización implementada por Jamil Mahuad en el año 2000 hizo que lavar dinero fuera cada vez más fácil. Y a pesar de que Rafael Correa logró en los diez años que estuvo en el gobierno —del 2007 al 2017— incrementar la presencia del Estado en territorio ecuatoriano, el narcotráfico fue infiltrándose poco a poco en las esferas del poder: recordemos que las últimas elecciones se desarrollaron en un ambiente enrarecido por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y el aumento de la inseguridad.

El joven presidente Daniel Noboa juramentó hace tan solo dos meses y ofreció mano dura para luchar contra el narco. Cumplió: introdujo al ejército y el resultado que obtuvo es muy parecido al que logró Calderón en México en el 2006. Más muerte e inestabilidad.

Por más seductora que sea la mano dura, el resultado parece ser casi siempre el mismo: más violencia. La solución al problema es mucho más compleja que usar la fuerza y en un país como el Perú, donde las instituciones son cada vez más débiles y el narcotráfico está cada vez más instalado, debemos pensar en un abanico más inteligente de opciones.

https://jugo.pe/cuento-con-moraleja/

23 de febrero de 2023

Perú: “Desde siempre el terruqueo fue un arma para justificar las detenciones arbitrarias, las muertes y las torturas”

Gloria Cano  (Entrevista Ana Tello)

Para la abogada experta en defender los DDHH y directora de Aprodeh, el “terruqueo” está siendo usado para acallar la voces que discrepan del gobierno de Dina Boluarte, a la que acusa de haber elegido la vía del autoritarismo que reprime igual que en los peores años del terrorismo.

¿La presidenta Boluarte ha dado una conferencia donde lamenta mucho lo que ha sucedido y califica de excesos los abusos de las fuerzas del orden?

Hay un doble discurso, en varias oportunidades la hemos escuchado dando garantías de impunidad a las FF.AA., señalando que van a tener fuero militar para las investigaciones y ahora los califica de exceso. Acá no hay excesos, hay cumplimiento de órdenes, y eso se puede probar judicialmente, acá hay graves violaciones a los derechos humanos, donde han habido órdenes estrictas, fue lo de Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, y ahora nuevamente tenemos el accionar de la PNP en Lima, que si bien no ha habido el número de fallecidos que han habido en provincias, hemos podido ver en vivo y en directo el accionar de la Policía disparando al cuerpo, emboscando gente, tirándoles bombas lacrimógenas en lugares sin posibilidades de salida. El gobierno aplaudió, felicitó y premió ese comportamiento.

¿De quién vienen las órdenes?

Tiene que ser de la presidenta y del Primer Ministro. Si es que ellos no dan las órdenes, entonces lo están permitiendo.

¿Qué delitos se están cometiendo?

El delito es homicidio calificado, con penas de hasta 30 y 35 años, con el adicional que ahora se suman las condenas. En Andahuaylas ha habido ejecución extrajudicial, hay 5 personas que estuvieron mirando las marchas y que fueron objetos de disparo por parte de la PNP, y se disparó al cuello y la cabeza, hubo detención arbitraria de personas que pasaron sin estar en la marcha y sin acción violenta. Allí hay abuso de autoridad, también. Luego torturas, hay personas que señalan que luego de ser ingresados a los establecimiento policiales fueron objeto de tortura. En Ayacucho también hay homicidio calificado y ejecución extrajudicial.

¿Qué casos está viendo APRODEH?

Estamos llevando el caso del adolescente de 15 años, que ayudaba a su mamá a mantener a sus hermanitos menores. Él trabajaba en el cementerio de Huamanga, limpiando tumbas. No participaba en las marchas y simplemente salía del cementerio, estaba tratando de salir de la zona y le dispararon y falleció. Él nunca estuvo participando de la marcha, él estaba trabajando. Hay un video donde se le ve que cruza la alameda del cementerio y se puede ver con claridad que no tenía nada, simplemente corría para protegerse de los disparos y le cae el disparo de atrás hacia adelante.

¿Qué respuesta da el Estado sobre este proceso judicial?

Nosotros hemos tenido el jueves una diligencia en Ayacucho donde se ha hecho la constatación de los lugares donde ha fallecido un buen número de personas, la Fiscalía está actuando bien, aunque el Ejército no ha estado enviando la totalidad de la documentación que se requería, pero desde la Fiscalía provincial se está insistiendo para que el Ejército envíe la documentación que esclarezca cómo se planificó el operativo, quiénes estuvieron en esa planificación, quiénes aprobaron y como ha sido la respuesta del Ejército sobre esto. Pero más allá de eso, hemos podido constatar en este caso y en el caso de los heridos que no están recibiendo ningún tipo de atención.

¿De ningún tipo?

No, por ejemplo hay algunos heridos que han sido trasladados a Lima y muchos han sido objeto de cirugías, de implantes maxilar (porque han sido disparos a la cabeza), el patrón de disparo en Ayacucho ha sido la cabeza y el cuello, por eso son las fracturas en el maxilar. Los han operado pero no les hacen el post operatorio, que es la rehabilitación para que puedan mover el maxilar. Hay otras personas que están siendo catalogadas por el ministerio como lesiones leves y no reciben atención. Hay otras personas que tienen proyectil en el cuerpo y que no los pueden operar en Ayacucho porque no tienen tomógrafo. No es posible que en Ayacucho no haya un tomógrafo y que tenga que ir a Lima. No lo pueden operar mientras no tengan esa tomografía para ver si se le puede retirar el proyectil o hacer que se encapsule para evitar un daño mayor.

Estos procesos deberían terminar con justicia ¿Eso qué significa?

Que debería haber justicia integral, no solo se requiere la sanción punitiva al hecho sino dignificación. Lo que vemos es que a todos los que han participado, heridos o fallecidos, en la marcha se les califica de terroristas, o parte de una organización criminal. O sea, encima de quitarles la vida están mellando su honor y el nombre de las personas. No solo debe haber sanción penal, sino un pedido de disculpas públicas y un reconocimiento de que ellos no eran terroristas. Estamos normalizando ese tipo de discursos que lesionan el buen nombre y el honor de las personas.

¿Qué opina que la presidenta ha dicho que lamenta lo ocurrido y que no queremos -los peruanos- retroceder a esa historia negra del terrorismo?

No es la primera vez que mete el tema del terrorismo. Es más dijeron que la gente de la Confederación Campesina del Perú (CCP) era terrorista y la tuvieron que dejar en libertad. En la vergonzosa incursión en San Marcos también dijeron que todos eran terroristas y los tuvieron que dejar en libertad (…). Es como que estuviéramos volviendo a los años 80 y 90, pero no por el terrorismo, sino por el accionar de las fuerzas del orden, porque estamos viendo en Ayacucho que detienen a personas, la meten a una camioneta, la llevan al cuartel Los Cabitos, no permiten que el juez constitucional los vea a pesar del Habeas Corpus, y los llevan en avioneta hacia Lima sin que nadie sepa su paradero, sin permitir a sus abogados acceder a ellos, sin que el juez constitucional verifique las condiciones de la detención, eso sólo lo veíamos en los 80 y 90. Entonces ¿quién está regresando a un pasado oscuro?

¿Qué opina de la participación de las FFAA en todo esto?

Que no hemos aprendido la lección de la historia. Cuando en el año 83 le dieron la orden a las FFAA para que se haga cargo de la seguridad en las zonas en emergencia, tuvimos como resultados las matanzas de Los Cabitos en Huanta, Huancavelica con la Casa Rosada, Abancay con los hornos de Santa Rosa, Pucallpa con la Marina de Guerra secuestrando gente y tirándola desde el aire. ¡Parece que no se ha aprendido nada! Darle la posibilidad al Ejército que está entrenado para matar a controlar manifestaciones, eso no es posible, eso corresponde a la PNP. No se le puede dar el control de manifestaciones a las FFAA, porque han disparado al cuerpo cuando saben que por las normas nacionales e internacionales no se puede disparar al cuerpo.

¿Usted cree que la presidenta está siendo manipulada? ¿Hay una estrategia que no vemos? ¿Qué persigue esta estrategia?

No creo que haya sido manipulada. Creo que ella ha elegido la vía del autoritarismo.

¿Usted reconoce que hay violencia en las marchas?

Si. Hemos podido verla. Pero son un grupo reducido de gente, en algunas ocasiones son por provocación de la PNP. Si la gente está bailando, le tiran gases lacrimógenos, entonces la gente se defiende también. Las personas que marchan tienen que tener la responsabilidad de identificar y neutralizar a esa gente que azuza. Hemos visto que algunos se ponen a tirar piedras y son Policías que tratan de hacer que las marchas sean violentas, que son cosas aisladas es cierto. Hay gente que entra a las marchas para violentar la propiedad pública y esos hay que identificarlos y para eso está la PNP, hay que sancionar. Pero no creo que sean terroristas, no creo que Sendero y MRTA estén presentes en las marchas como organizaciones. Hay gente violenta como en las barras bravas que expresan su rabia y frustración con violencia, y hay que neutralizarlas.

¿Por qué cree que existe aún el terruqueo?

El terruqueo ha sido usado en los primeros años de la violencia política para justificar los delitos, para que la sociedad diga: se lo merecían. Y ahora está siendo usado para acallar voces que discrepan. Si tú te opones o presentas una postura contraria al gobierno o a la derecha es porque eres terrorista. Hemos llegado al punto donde ves que el argumento de la PNP es decir que porque tenían un libro de Marx o de Lenin eres terrorista, para la PNP es muy simple argumentar eso. Lo que vivimos en los 80 y 90 ha calado fuerte en la sociedad. Desde siempre el terruqueo fue un arma para justificar las detenciones arbitrarias, las muertes y las torturas.

¿A qué corresponde este eco mediático del terruqueo?

Ha existido siempre para quitarle voz al otro, para rebajar a otra persona y lamentablemente mucha de la prensa concentrada se ha adscrito a eso, y las voces que tratan de mantener su independencia son retiradas de los medios.

Usted tiene mucha experiencia con casos de violaciones de DDHH, y sabe las fracturas que el terruqueo crea en la gente. Violencia y terrorismo son malos, pero violencia no es necesariamente terrorismo ¿no?

Hay lugares que han sufrido mucho el terrorismo. Por ejemplo lo ocurrido en Abancay, en Aymaraes, en Siete Vueltas. Que se haya quemado ese ómnibus, que se hayan violentado los camiones varados allí es un acto de violencia repudiable, que debe ser investigado porque es un daño a los bienes privados. Pero de allí a decir que todos los que allí viven son terroristas, no. A mi me causó mucha impresión porque las zonas aledañas, como Iscahuaca es una comunidad que sufrió la violencia terrorista de SL, y después llegó el Ejército y quemaron la comunidad, la gente tuvo que salir de su pueblo y crear uno nuevo al lado de la carretera. Esa población, incluso, se culpaban y culpaban al alcohol, porque tomaban mucho en las fiestas y pensaron que por eso Dios los había castigado y por eso se convirtieron todos en evangélicos. Ahora, nuevamente a la gente que vive en esa zona la están terruqueando, y diciendo que las cosas que han pasado en la zona de Siete Vueltas son acciones de terrorismo. Eso no puede ser. No puedes comenzar a revivir la misma historia y siempre en los pueblos más sufridos, más necesitados y más olvidados.

¿Qué tipo de organización es la que se infiltra para generar violencia en las marchas?

Yo se que son personas que no pertenecen a ninguna organización, no están vinculadas con nadie pero buscan la ocasión de mostrar toda su rabia contra una sociedad y un Estado que lo margina y solo le da más pobreza. Ves por ejemplo lo que ocurre en algunas ciudades donde los barrios más empobrecidos, donde no está el Estado, es donde se va generando más violencia. Pero cualquier situación de violencia que ocasione daño a los bienes públicos o privados tiene que ser sancionado de acuerdo a la gravedad y a la cuantificación de los daños: desde un camión, casas, hasta por ejemplo la Corte Superior de Ayacucho que ya hay una investigación porque no se sabe quién ordenó dejar sin resguardo para que entren a quemar.

Pero la PNP está desfilando frente a Palacio de Justicia y deteniendo a dos señores por 4,200 soles…. ¿Qué está pasando?

Si ves que no hay sanción a la Policía, ningún llamado de atención, ningún retiro, ninguna baja, es porque tienen anuencia para hacer eso, tienen la línea bien trazada. A mi no me queda duda que esa es la estrategia: terruquear, golpear mortalmente en alguna zona, cortar todo lazo con organizaciones sociales, tratar de evitar que tengan cobijo en Lima como en la CCP y la San Marcos, evitar acciones humanitarias para estas personas, porque si las ayudas, eres parte de una organización criminal y las procesas. Hay una estrategia muy bien trazada y eso de sacar a la Policía, ocupando las grandes vías, cantando y haciendo acciones como si estuvieras en Corea del Norte…las tropas policiales no salen porque quieren, sino porque hay una orden.

En los 90 con Fujimori hubo esperanza, creyeron que él iba a traer el desarrollo. Han pasado 30 años, y todo sigue igual o peor. ¿La gente ha perdido la esperanza?


Se ha esfumado toda credibilidad. La gente no cree, por eso ves que te gritan terruca, caviar, vendida, mermelera, la gente desconfía de todo porque hay una polarización y total decepción de todo, por eso la gente quiere una refundación de la nación porque no se siente conforme. El terrorismo ya pasó, hay un remanente, pero ellos siguen recordándolo imponiendo como justificación, pero señores, lo que hay es pobreza, olvido de parte del Estado, corrupción generalizada e impunidad. Por ejemplo ves gente corrupta, que roba y sin embargo han sido protegidas y siguen paseándose por las calles. Y ves que hay persecución por dos mil y cinco mil soles, para ellos todo el peso de la ley, pero los que han robado millones, los que se han movilizado tratando de imponer a Keiko Fujimori como presidenta, a ellos nunca se les ha abierto un proceso, nunca se les ha dicho: a ver de dónde viene esa plata para tus manifestaciones. Jamás nadie ha investigado de dónde viene ese dinero. Pero claro, encuentras a una señora con 1900 soles y pides 36 meses de prisión preventiva. Eso es un abuso.

¿Qué opina del comunicado del Mininter para denunciar a la gente por apología al terrorismo?

Es terrible. Hemos presentado la información a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de DDHH como un hecho que provoca situaciones de total injusticia. Cuando en los 90 hubo la Ley de Arrepentimiento, mucha gente, habiendo estado o no comprometida, le pedían nombres para bajarles sus penas y la gente dio infinidad de nombres, nombres de gente con quienes tenían problemas personales, y eso ocasionó miles de personas inocentes en prisión. Ahora la PNP quiere que la gente comience a delatar por cualquier cosa. Hace dos semanas una persona nos contaba que la policía había ido a su casa porque una persona anónima que se identificó como su vecino decía que él era terrorista porque tenía una bandera roja. Eso es fascismo.

Tenemos al Mininter en una cacería de brujas...

Se ha elegido el camino de la oscuridad. Hay una ley de apología al terrorismo y durante mucho tiempo los jueces se negaron a aplicarlo porque consideraron que es una situación que llega a castigar la libertad de opinión. Una de las primeras personas que ha sido sancionada por la Ley de Apología es un fujimorista. Para que veas lo absurdo de esta situación. Ahora va a quedar a la discreción de la Dircote, si te pones un traje rojo estás haciendo apología. Esto tiene que cortarse. Los órganos judiciales tienen que dar una muestra de racionalidad. Hay asociaciones de jueces por la democracia, de fiscales, de facultades de derecho que tienen que salir a hacer frente a esta situación.

¿Por qué la presidenta no es capaz de decir tales y tales PNP son los responsables y se les juzgará?

Si agarras al soldado o PNP que disparó va a decir quién dio la orden. Mi teniente me dio la orden de disparar a los brigadistas, era necesario meterles miedo para que no ayuden a los heridos. Este teniente va a decir: si yo recibí la orden de mi coronel que dijo los objetivos son estos, tales y cuales. Ese coronel dice que se reunió con el director o Ministro de Interior y esa era la estrategia. ¿Por qué no identifican a las personas? porque hay cadena de mando. Me parecería muy simple, decir vamos a buscar… encontraron el proyectil en el cuerpo del mecánico que salió a ayuda en Ayacucho. En su cuerpo se halló el proyectil del Ejército. ¿Vas a ubicar al dueño del arma, al soldado de 30 años y al que le dio la orden que? Se debe entender que lo ideal es tener toda la cadena de mando.

¿Qué nos espera?

La gente sigue en Lima, sigue marchando y protestando, la gente en provincia está cansada. Lo que sienten es que aquí ha habido juzgamiento a sus propias demandas, piden cambios estructurales, que haya desarrollo en sus pueblos. Escuchas en la tele: Cuzco se está quedando sin gas, pero acá en Lima hay gas. Ellos mismos se preguntan: cómo puede ser que nuestras riquezas como el gas todo tenga que pasar a Lima y ellos quedarse sin gas. Si no hay salida política las movilizaciones van a continuar en las regiones, y si merman, resurgirán después y tendremos años y años en lo mismo. Es necesario un cambio de elecciones, y escuchar la voz del pueblo.

https://redaccion.lamula.pe/2023/02/15/gloria-cano-desde-siempre-el-terruqueo-fue-un-arma-para-justificar-las-detenciones-arbitrarias-las-muertes-y-las-torturas/redaccionmulera/

28 de enero de 2023

Perú: Que vivan los estudiantes

Maritza Espinoza

Lo que no saben quiénes reprimen a los chicos de San Marcos —creyendo que así les doblan el espinazo— es que, sin quererlo, están formando una generación de ciudadanos con gran conciencia de sus derechos, con mucha rebeldía y, sobre todo, con una mirada profundamente política de la realidad.

Lo sé, porque yo fui sanmarquina en los tiempos en que los militares (era el último año de la dictadura de Morales Bermúdez) entraban al campus cada dos por tres y todos sabíamos en qué hueco de Letras escondernos para que no nos cargaran, tragábamos gas lacrimógeno en cada marcha, convivíamos con miembros infiltrados de Seguridad del Estado y el debate estudiantil incluía a los grupos más radicales, Sendero Luminoso, entre ellos. Claro, nadie se arañaba por eso: se les discutía de igual a igual y se deslindaba de la violencia de su discurso.

En fin, eran los tiempos en que ser estudiante sanmarquino era ser un antisistema deseoso de cambiar la sociedad, un joven crítico y muy politizado. Politizado, sí, como debe serlo cada ciudadano de este país en el que tan fácil cualquiera mete una yuca tamaño Fujimori.

Por eso, a pesar de la pena de ver la represión que han sufrido ellos y los activistas que invitaron a la vieja vivienda universitaria, me alegro en parte de lo que está sucediendo en mi vieja casa de estudios. Últimamente, veía a los sanmarquinos muy formalitos, muy tranquilitos y muy enfocados en el mito de que la universidad está para sacar un cartoncito que, luego, te permita entrar al sistema y dejar que el Perú siga siendo el desastre que nuestros políticos crearon.

Médico que ayudaba durante las protestas en Lima resultó herido y fue socorrido de emergencia

Tal vez necesitaban un buen chaparrón de realidad para despertar y ser los sanmarquinos de siempre: los que pechan al sistema desde todas las trincheras. Esos que cambiarán este país, para bien o para mal, pero que trascenderán mucho más que los fantoches y carcamales prosistema que se atreven a cuestionarlos.

¡Sigan peleando, chicos, llénenme de orgullo!

https://larepublica.pe/opinion/2023/01/25/vivan-estudiantes-maritza-espinoza-173760

14 de noviembre de 2021

Perú: A un año de Merino

Pedro Casusol

Esta semana se cumple un año desde las marchas contra Manuel Merino, el presidente del Congreso que quiso atrincherarse en Palacio de Gobierno y que tras una semana de protestas, abuso policial y mal manejo de la crisis no tuvo más remedio que renunciar. Son fechas en las que debemos recordar a Brian Pintado y a Inti Sotelo, los jóvenes muertos por impactos de perdigones de plomo durante las jornadas, así como a los heridos por balas de goma, canicas o perdigones que sufren las secuelas, algunos sin poder caminar, y que, incluso hoy mismo, continúan reclamando una justicia que no llega. Doce meses han pasado. Nadie ha respondido por las víctimas.

El repudio al gobierno ilegítimo de Merino fue unánime en todo el territorio nacional. Se calcula que a la gran marcha del 14 noviembre salieron a protestar unos tres millones de personas en distintas partes del Perú, lo que hizo de esta la manifestación más grande de nuestra historia moderna, dejando en segundo lugar a la Marcha de los Cuatro Suyos, ocurrida veinte años atrás, focalizada únicamente en el centro de Lima. A pesar de esto, el Tribunal Constitucional se lavó las manos y no quiso pronunciarse en contra de la llamada “vacancia exprés”, dejando las puertas abiertas para que el Congreso vuelva a destituir a cualquier presidente por cualquier excusa que pueda calzar bajo la etiqueta de “incapacidad moral permanente”.  

Las movilizaciones de noviembre, entonces, demostraron que nuestra sociedad civil no es todo lo débil y desorganizada que se creía. Al menos tenemos una primera línea que aprendió a desactivar bombas lacrimógenas y a una juventud consciente, democrática, dispuesta a salir a la calle y traerse abajo a un gobierno de aspiraciones autoritarias que ha usurpado el poder. Lo ocurrido el año pasado debió haber sido un punto de inflexión en la crisis generalizada por la que atraviesa el Perú, pero terminó siendo el triste prólogo de una campaña electoral que polarizó al país, en medio de una ola de contagios más mortífera que la anterior.

A pesar de todo quisiera pensar que algo hemos aprendido de la semana del 9 al 15 de noviembre de 2020. Que no somos, como tantas veces se ha dicho, un país sumido en el letargo. Que si algún caudillo intenta tomar el poder por asalto, habrá de enfrentarse a una gran movilización popular. Es una lección que debería digerir el actual Congreso, cuyas ansias de vacar al presidente Pedro Castillo son evidentes desde el momento en que asumió funciones. Y que si la vacancia se vuelve a dar y los jóvenes regresan a las calles, no será para defender a este gobierno. Las protestas de noviembre, recordemos, no se dieron para apoyar al expresidente Vizcarra, cuyo mal manejo de la pandemia nos llevó al abismo y, antes de ser vacado, se hundía en los médanos de la corrupción.

Las marchas de hace un año, las muertes de Inti y Brian y los cientos de heridos que dejó la brutal represión policial constituyen uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente. Ahora más que nunca hay que tenerlo presente, porque el año que se viene, con una bancada oficialista dividida, un presidente errático, contrarreformas en sectores como educación o transporte, una tercera ola de contagios que eventualmente llegará y unas elecciones municipales y regionales a desarrollarse en medio de la actual crisis económica y política, todo eso va a generar el desplome de la popularidad de Pedro Castillo. Y el Congreso olerá sangre. Nadie en su sano juicio puede desear que lo ocurrido hace un año se repita, pero en el Perú la historia es circular.


Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°565, del 12/11/2021   p19

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