David Lovatón
El pasado lunes 18 de julio la Comisión de Transferencia de Gobierno del presidente electo Ollanta Humala, que preside la congresista y primera vicepresidenta Marisol Espinoza, presentó en conferencia de prensa su informe sobre cómo encuentra el Ministerio de Justicia (MINJUS). La acompañó el ex fiscal Avelino Guillén, quien presidió la sub-comisión de transferencia del sector justicia.
La principal conclusión de esta Comisión de Transferencia ratifica algo que desde Justicia Viva hemos venido denunciando desde hace buen tiempo: el gobierno de Alan García que está culminando no tuvo voluntad real alguna de luchar contra la corrupción y meció al país con anuncios demagógicos que no tuvieron resultado alguno: la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), el Plan Nacional contra la Corrupción, entre otros.
Con otras palabras, esta Comisión de Transferencia llegó a idéntica conclusión: “Fallida política anticorrupción”, que se reflejó, entre otros aspectos, en el desmantelamiento de las procuradurías anticorrupción (que pasaron de 54 a 13 abogados); en el abuso de los decretos de urgencia (357 DU en este Gobierno); en una mínima recuperación de los fondos públicos que se robaron durante la década de los noventa (poco más de 2 millones de dólares desde el 2007 a la fecha, frente a un total de 185 millones recuperados); en la concesión de indultos, derecho de gracia y conmutación, fundamentalmente a acusados de tráfico ilícito de drogas y robo agravado; etc.
Por otro lado, llama la atención que el presupuesto del Ministerio de Justicia represente tan sólo el 0.13% del presupuesto del sector público. Esto genera, entre otros graves problemas, que el Estado se defienda judicialmente muy mal y que pierda la mayoría de los procesos judiciales y que también pierda casi la totalidad de los arbitrajes obligatorios a los que se somete cuando surgen controversias con los proveedores del Estado y, además, tenga que pagar grandes sumas de dinero a estos árbitros privados.
Cabe hacer una mención especial a la aguda crisis penitenciaria que recibe el nuevo gobierno y que va a tener que enfrentar y tratar de solucionar, que se traduce en un incremento de la población penitenciaria que excede el 100% de la capacidad de albergue de la totalidad de los centros penitenciarios en aproximadamente 20,000 internos. Mientras que en el 2006 habían en el país 35,935 internos, el 2011 esa cifra se ha elevado a 47,726 internos. En cambio, en ese mismo período la capacidad de albergue se incrementó de 22,548 internos a tan sólo 27,551. En cambio, en ese mismo período (2006-2011) resulta increíble que el número de centros penitenciarios, en vez de aumentar, haya decrecido, pasando de 84 a 66 centros penitenciarios en todo el país.
Si bien son tan sólo unas pinceladas de información y diagnóstico de cómo el nuevo gobierno encuentra el sector justicia, lo revelado es tan grave que la pregunta inevitable es la siguiente: ¿Qué otras bombas de tiempo encontrará el nuevo Ministro de Justicia? Por ejemplo, ¿cuánto se habrá “apristizado” el sector justicia? La nueva administración tiene grandes retos por delante, sobre todo porque la lucha contra la corrupción fue una de las banderas que llevó a la presidencia a Ollanta Humala.
Nota del editor: Al término de la redacción de este artículo se dieron a conocer las declaraciones de la saliente Ministra de Justicia, Rosario Fernández. El análisis de lo dicho por ésta se dará a conocer con posterioridad.
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