Patricia del Río
Esta semana, el presidente electo Ollanta Humala reveló algunos nombres de los que integrarán su primer gabinete. Las primeras reacciones han sido buenas porque, en términos generales, parece que Humala ha logrado reunir un equipo que puede generar consenso: Castilla en el MEF, Burneo en Producción y Silva Martinott en Comercio Exterior son figuras que transmiten calma a quienes exigían un manejo responsable de la economía. Por otro lado, Aída García Naranjo en el Ministerio de la Mujer y Rafael Roncagliolo en Cancillería satisfacen las expectativas de los que querían personajes de izquierda que aseguraran una gestión inclusiva. Para los que votaron por la O, seguros de que Perú Posible sería el garante de la continuidad económica y democrática, están algunos hombres de Toledo como Daniel Mora o Alberto Borea. Por supuesto que la PCM ha sido reservada para quien hasta ahora se perfila como el brazo derecho del presidente: el empresario Salomón Lerner Ghittis. El izquierdo está claro que es Nadine.
En síntesis, estamos ante un grupo variopinto que reúne a gente de distintas ideologías y con distintos perfiles tanto técnicos como políticos. Todo parece indicar que las carteras que están por definirse serán completadas con la misma lógica. La pregunta, sin embargo, es: ¿Será un gabinete que satisfaga las expectativas de la población? ¿Logrará salvar la difícil ecuación de mantener el crecimiento económico con mayor inclusión social? Ahí está el gran reto, y este gobierno que arranca no la tiene fácil. Si algo deja en claro el final de la gestión de Alan García es la enorme desigualdad que caracteriza nuestro modelo de desarrollo y ha creado grupos de peruanos que viven realidades totalmente distintas y hasta opuestas. Por ejemplo, según un estudio de Viceversa Consulting, de las 10 regiones con mayor pobreza extrema, siete concentran la mayor producción minera. Cinco de estas, además, presentan los índices más altos de conflictividad social. No se trata de un enfrentamiento entre pobladores ignorantes e inversionistas desalmados, sino de una permanente tensión entre grupos con intereses absolutamente opuestos.
¿Acaso nos hemos puesto a pensar qué le importa al campesino aymara que la minera pague impuestos al Estado si, en todos estos años, él no ha salido de pobre? ¿O por qué tendría que interesarse un poblador de las comunidades más alejadas del Cusco en que se extraiga o no el gas de Camisea, o que lleguen turistas a Machu Picchu, si su vida sigue siendo igual de miserable como cuando había crisis y terrorismo?
Los que sí nos hemos beneficiado con el crecimiento económico tenemos muy bien aprendida la lección de que sin este no hay desarrollo. Pero, si algún daño grande nos ha hecho este crecimiento desigual y desproporcionado, propiciado por la incapacidad del Estado para distribuir recursos y por la frivolidad de los gobiernos que se contentaron con el aplauso del palco sin importarle el bienestar de la tribuna popular, es que estamos convirtiéndonos en una sociedad sin miradas y objetivos comunes. En un conjunto de ciudadanos que, a falta de partidos políticos o instituciones representativas, somos incapaces de pensar en el tipo de sociedad que queremos para nuestros hijos.
El campesino que bloquea la carretera, el empresario que pasa una ley en el Congreso que solo lo beneficia a él, los mineros que quieren convencernos en medio de un partido de fútbol por qué no deben pagar impuestos: todos están cuidando su parcela de poder, defendiendo su chacra. Ningún peruano está pensando hoy en el tipo de país en el que quiere vivir, sino solo en el tipo de vida que quiere tener.
El reto de este gobierno que recién comienza es grande porque está prometiendo satisfacer a todos, y si bien no es una tarea imposible, reconozcamos que cuando las demandas y las expectativas pasan por intereses tan privados y particulares, el consenso no se logra simplemente con un gabinete exótico ni variopinto. Suerte.
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