Francesca Emanuele
Además de negar a las comunidades indígenas la consulta sobre el manejo de sus tierras, se les niega el conocimiento y la información –tanto a ellas como a toda la población peruana– de los hechos trágicos acontecidos en sus comunidades. Ya han pasado más de 4 años desde los terribles sucesos en Bagua que dejaron sin vida a 33 peruanos y a un desaparecido, y aún no podemos asignar responsabilidades y conocer los verdaderos acontecimientos. Actualmente, la Justicia tiene prisioneros, desde 2009, a tres padres de familia indígenas, arrebatándoles el derecho a juicio y privándolos de su libertad por casi 4 años; utilizándolos como “cabeza de turco” ante la incompetencia o “inconveniencia” de realizar una investigación en profundidad de lo sucedido aquel 5 de junio de 2009.
Según la Defensoría del Pueblo, solo el año pasado se registraron 24 muertos por conflictos sociales, todos ellos civiles, y más de 600 heridos entre civiles y fuerzas de seguridad. La mayoría de las muertes pertenecen a pobladores de comunidades campesinas e indígenas, quienes luchaban por hacer valer sus derechos como habitantes de tierras que únicamente han sido alcanzadas por el Estado cuando fueron concebidas como mercantilizables.
Los escalofriantes sucesos en Bagua introdujeron (por fin) en la agenda pública limeña la necesidad de una Ley de Consulta Previa coherente con la ratificación de 1995 del Convenio 169 de la OIT, el cual era una suerte de papel mojado (y hasta hoy parece que lo seguirá siendo).
En 2011, la Ley de Consulta Previa fue aprobada por el Congreso bajo un nuevo presidente. Este nuevísimo Gobierno –presuntamente nacionalista– continuó con proyectos tan esquizofrénicos como el otorgado a la minera Yanacocha en Conga, durante la legislatura de Alan García. Para defender los derechos de la empresa transnacional, el gobierno de Humala declaró estados de emergencia y lanzó a sus fuerzas de seguridad a utilizar balas contra la población, que pugnaba por mantener vivas sus 4 lagunas. Una situación similar se vivió en Espinar–Cuzco.
Hoy sabemos que se quiere sustraer el derecho a la consulta a diversos pueblos indígenas de la costa y de la sierra, alegando su carácter “no indígena”. Asimismo, el Gobierno niega que sea de conocimiento público la base de datos de pueblos indígenas. Y para terminar de establecer que el Convenio 169 sea un papel mojado y también arrugado, se ha establecido que los estudios de impacto ambiental deberán ser aprobados en un plazo máximo de 100 días, como si estos fueran rápidos y fáciles de elaborar, y como si hubiese a disposición del Ministerio del Ambiente los mismos funcionarios que hay en el Estado de bienestar sueco. Además, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos (que serían una prueba positiva para la viabilidad del proyecto) deberán ser emitidos en un máximo de 20 días, aplicándose luego el silencio administrativo positivo.
En Perú, donde solo el 10 por ciento del territorio está inventariado, donde nos tenemos que enterar por medios alternativos lo que sucede en el interior del país, donde las negociaciones mercantiles, de explotación y comerciales están en aumento, y donde persiste una clase muy pequeña dominante que subyuga al resto; quienes pierden son siempre los mismos. Y el Estado, que debería velar por el bien de la mayoría, ha decidido alinearse con los que siempre ganan.
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