Marina Amaral
Costo/Legado
Ya se gastaron 27.400 millones de reales en la Copa y la previsión actual del costo total es de 33.000 millones, una cantidad que se aproxima al monto del presupuesto federal en educación para este año: 38.000 millones de reales. Una priorización de recursos que la población cuestiona en las calles, así como la concentración de dinero público en la construcción de estadios, que, en muchos casos –como en Manaos y Cuiabá—, son“elefantes blancos” sin utilización futura (NdT: 1 dólar norteamericano equivale a 2,2 reales).
Además de ello, las obras de movilidad urbana –presentadas por el gobierno como el principal legado para las ciudades sede y actualmente presupuestadas en 12.000 millones de reales—privilegian a los accesos viales para automóviles (viaductos, extensión de avenidas) y la ruta aeropuertos-hoteles-estadios que no es necesariamente prioritaria para la movilidad urbana en la vida cotidiana de esas ciudades. Un ejemplo claro es Itaquera, donde las obras reclamadas por la comunidad fueron suspendidas mientras se invierte a todo vapor en las obras de acceso al estadio. Promesas de inversión en transporte público, como la construcción del metro de Salvador y el Monorriel da línea Ouro en San Pablo fueron retiradas de la Matriz de Responsabilidades (el presupuesto federal para la Copa) y el transporte público llegó a ser perjudicado en Río de Janeiro, donde los moradores y el comercio sufren con la falta del tradicional tranvía –que no circula desde 2011, después de un accidente denunciado por los vecinos como resultante de un equivocado proyecto de modernización (que hubo que rehacer y todavía no está listo).
Finalmente, las obras de movilidad urbana son las principales responsables de la remoción de comunidades, amenazas ambientales y pérdida de instalaciones públicas.
Costo/Legado
Ya se gastaron 27.400 millones de reales en la Copa y la previsión actual del costo total es de 33.000 millones, una cantidad que se aproxima al monto del presupuesto federal en educación para este año: 38.000 millones de reales. Una priorización de recursos que la población cuestiona en las calles, así como la concentración de dinero público en la construcción de estadios, que, en muchos casos –como en Manaos y Cuiabá—, son“elefantes blancos” sin utilización futura (NdT: 1 dólar norteamericano equivale a 2,2 reales).
Además de ello, las obras de movilidad urbana –presentadas por el gobierno como el principal legado para las ciudades sede y actualmente presupuestadas en 12.000 millones de reales—privilegian a los accesos viales para automóviles (viaductos, extensión de avenidas) y la ruta aeropuertos-hoteles-estadios que no es necesariamente prioritaria para la movilidad urbana en la vida cotidiana de esas ciudades. Un ejemplo claro es Itaquera, donde las obras reclamadas por la comunidad fueron suspendidas mientras se invierte a todo vapor en las obras de acceso al estadio. Promesas de inversión en transporte público, como la construcción del metro de Salvador y el Monorriel da línea Ouro en San Pablo fueron retiradas de la Matriz de Responsabilidades (el presupuesto federal para la Copa) y el transporte público llegó a ser perjudicado en Río de Janeiro, donde los moradores y el comercio sufren con la falta del tradicional tranvía –que no circula desde 2011, después de un accidente denunciado por los vecinos como resultante de un equivocado proyecto de modernización (que hubo que rehacer y todavía no está listo).
Finalmente, las obras de movilidad urbana son las principales responsables de la remoción de comunidades, amenazas ambientales y pérdida de instalaciones públicas.
Remociones violentas y demoliciones indeseables
Los movimientos sociales han contabilizado 170 mil personas amenazadas o ya removidas y/o recibiendo indemnizaciones de 3 a 10 mil reales, en el caso de aquellos que pueden probar la propiedad del lote y asistencia de renta de menos de un salario mínimo para los demás. No es raro que los desalojos sean realizados en forma violenta, sin transparencia ni diálogo entre poder público y residentes. En el morro de Providencia, en Río de Janeiro, por ejemplo, algunas personas descubrían que iban a ser expulsadas cuando sus casas aparecían marcadas, sin negociación previa alguna.
Además de las casas, los residentes pierden sus comunidades, en algunos casos centenarias, amigos, vecinos, tradiciones. Por lo general son enviados lejos de sus raíces y su vida cotidiana y pierden la infraestructura urbana de barrios más céntricos, por ejemplo en el caso de la amenazada comunidad de la Paz, en Itaquera, San Pablo. Las indemnizaciones recibidas son muy inferiores a los precios de alquiler e inmuebles en los barrios afectados por las obras de la Copa, forzando la partida también de aquellos que pueden decidir su destino. La especulación inmobiliaria en torno de los estadios y las mejoras realizadas para volver la ciudad más atractiva para los turistas expulsan a los residentes que deberían ser beneficiados por el cambio, de los morros de Río de Janeiro a la zona oriental de San Pablo, agravando el gran problema de falta de viviendas en las grandes ciudades brasileñas.
El patrimonio social y cultural también ha sido perjudicado, como demostró la expulsión de los representantes de las etnias indígenas que ocupaban el antiguo Museo del Indio en Río de Janeiro, reconocido por los antropólogos como marco de relación entre indios y blancos en Brasil; o que el histórico estadio de Maracaná fuera despersonalizado por una reforma que ya costó 1.200 millones del tesoro público y acompañado de la destrucción de instalaciones deportivas públicas, como el gimnasio Célio Barros, para construir estacionamientos y accesos viales en torno del estadio.
Los movimientos sociales han contabilizado 170 mil personas amenazadas o ya removidas y/o recibiendo indemnizaciones de 3 a 10 mil reales, en el caso de aquellos que pueden probar la propiedad del lote y asistencia de renta de menos de un salario mínimo para los demás. No es raro que los desalojos sean realizados en forma violenta, sin transparencia ni diálogo entre poder público y residentes. En el morro de Providencia, en Río de Janeiro, por ejemplo, algunas personas descubrían que iban a ser expulsadas cuando sus casas aparecían marcadas, sin negociación previa alguna.
Además de las casas, los residentes pierden sus comunidades, en algunos casos centenarias, amigos, vecinos, tradiciones. Por lo general son enviados lejos de sus raíces y su vida cotidiana y pierden la infraestructura urbana de barrios más céntricos, por ejemplo en el caso de la amenazada comunidad de la Paz, en Itaquera, San Pablo. Las indemnizaciones recibidas son muy inferiores a los precios de alquiler e inmuebles en los barrios afectados por las obras de la Copa, forzando la partida también de aquellos que pueden decidir su destino. La especulación inmobiliaria en torno de los estadios y las mejoras realizadas para volver la ciudad más atractiva para los turistas expulsan a los residentes que deberían ser beneficiados por el cambio, de los morros de Río de Janeiro a la zona oriental de San Pablo, agravando el gran problema de falta de viviendas en las grandes ciudades brasileñas.
El patrimonio social y cultural también ha sido perjudicado, como demostró la expulsión de los representantes de las etnias indígenas que ocupaban el antiguo Museo del Indio en Río de Janeiro, reconocido por los antropólogos como marco de relación entre indios y blancos en Brasil; o que el histórico estadio de Maracaná fuera despersonalizado por una reforma que ya costó 1.200 millones del tesoro público y acompañado de la destrucción de instalaciones deportivas públicas, como el gimnasio Célio Barros, para construir estacionamientos y accesos viales en torno del estadio.
Legislación de excepción para cumplir las exigencias de la FIFA
Desde que Brasil cerró el acuerdo con la FIFA, el gobierno viene creando leyes por decreto para asegurar los intereses de ésta y de sus socios (Ley General de la Copa), permitir que Estados y municipios se endeuden más allá de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal para invertir en obras de la Copa, acortar los permisos ambientales y prescindir de licitaciones.
Algunos ejemplos del perjuicio que esa legislación trae para la población:
- las zonas de exclusión: la FIFA ha establecido como territorio propio –zona de exclusión—el área comprendida en un radio de hasta dos kilómetros en torno de los estadios. Allí controla la circulación de las personas, la venta de productos, fiscaliza el uso de marcas que considera propias –el propio nombre del evento, Copa 2014, y la mascota, entre otros–, protege la exclusividad de la venta de productos de sus patrocinadores –de la cerveza a la hamburguesa— y se encarga de la seguridad . Según la ONG Streetnet, en Sudáfrica 100.000 vendedores ambulantes perdieron su fuente de ingresos durante la Copa y se prevé una situación similar –caracterizada como violación del derecho de trabajo y persecución por trabajar en espacio público—en Brasil, donde más de mil vendedores ambulantes ya perdieron sus puestos de trabajo por culpa de las obras de la Copa, principalmente en Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Fortaleza y Porto Alegre.
- exenciones fiscales, excepciones legales: la creación de penas y la tipificación de crímenes para proteger los intereses de la FIFA y de sus socios –que castiga, por ejemplo, a quien utiliza símbolos de la Copa para promover eventos en bares y restaurantes o a quien viola la exclusividad de las marcas de la FIFA— son algunos de los abusos permitidos por la Ley General de la Copa, que también exime de impuestos a una serie de entidades y de individuos indicados por la FIFA, perjudicando los ingresos del país, que hasta carga con toda la responsabilidad jurídica en accidentes/incidentes, daños y procesos, incluyendo el pago de los abogados de la FIFA y sus socios.
- obras estaduales y municipales faraónicas y/o en contra de los intereses de la población: el caso más flagrante es la construcción de un Acuario en Fortaleza , sin arbitrio arqueológico y con diversas fallas en EIA-Rima, a un costo superior a los 280 millones de reales mientras Ceará vive una de sus peores sequías. En San Pablo, en Río de Janeiro, Salvador y otras ciudades-sede, los gobiernos estaduales y municipales también participan en la inversión de dinero público en estadios que serán posteriormente explotados por la iniciativa privada . En Natal, la construcción del estadio pone en riesgo las dunas, y en Reciba un área hasta ahora preservada está siendo alterada completamente para crear instalaciones relacionadas con la Copa, como hoteles y centros de apoyo al estadio.
- sobrefacturación, costos elevados y desvíos de recursos públicos: las siete mayores contratistas de Brasil –que también son las principales dotadoras de recursos electorales de los principales partidos y políticos— fueron beneficiadas con la Ley 12.462/2011 RDC –Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas– para fijar precios, aumentarlos a través de cláusulas y añadidos frecuentemente justificados por el ritmo de las obras y por la reformulación de proyectos equivocados. El TCU ya comprobó irregularidades en la arena Amazonas, en la reforma del Maracaná, en la construcción del estadio en Brasilia, en el aeropuerto de Manaos. El Ministerio Público del Distrito Federal inició una acción contra la sobrefacturación y otras irregularidades en el VLT de Brasilia.
Desde que Brasil cerró el acuerdo con la FIFA, el gobierno viene creando leyes por decreto para asegurar los intereses de ésta y de sus socios (Ley General de la Copa), permitir que Estados y municipios se endeuden más allá de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal para invertir en obras de la Copa, acortar los permisos ambientales y prescindir de licitaciones.
Algunos ejemplos del perjuicio que esa legislación trae para la población:
- las zonas de exclusión: la FIFA ha establecido como territorio propio –zona de exclusión—el área comprendida en un radio de hasta dos kilómetros en torno de los estadios. Allí controla la circulación de las personas, la venta de productos, fiscaliza el uso de marcas que considera propias –el propio nombre del evento, Copa 2014, y la mascota, entre otros–, protege la exclusividad de la venta de productos de sus patrocinadores –de la cerveza a la hamburguesa— y se encarga de la seguridad . Según la ONG Streetnet, en Sudáfrica 100.000 vendedores ambulantes perdieron su fuente de ingresos durante la Copa y se prevé una situación similar –caracterizada como violación del derecho de trabajo y persecución por trabajar en espacio público—en Brasil, donde más de mil vendedores ambulantes ya perdieron sus puestos de trabajo por culpa de las obras de la Copa, principalmente en Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Fortaleza y Porto Alegre.
- exenciones fiscales, excepciones legales: la creación de penas y la tipificación de crímenes para proteger los intereses de la FIFA y de sus socios –que castiga, por ejemplo, a quien utiliza símbolos de la Copa para promover eventos en bares y restaurantes o a quien viola la exclusividad de las marcas de la FIFA— son algunos de los abusos permitidos por la Ley General de la Copa, que también exime de impuestos a una serie de entidades y de individuos indicados por la FIFA, perjudicando los ingresos del país, que hasta carga con toda la responsabilidad jurídica en accidentes/incidentes, daños y procesos, incluyendo el pago de los abogados de la FIFA y sus socios.
- obras estaduales y municipales faraónicas y/o en contra de los intereses de la población: el caso más flagrante es la construcción de un Acuario en Fortaleza , sin arbitrio arqueológico y con diversas fallas en EIA-Rima, a un costo superior a los 280 millones de reales mientras Ceará vive una de sus peores sequías. En San Pablo, en Río de Janeiro, Salvador y otras ciudades-sede, los gobiernos estaduales y municipales también participan en la inversión de dinero público en estadios que serán posteriormente explotados por la iniciativa privada . En Natal, la construcción del estadio pone en riesgo las dunas, y en Reciba un área hasta ahora preservada está siendo alterada completamente para crear instalaciones relacionadas con la Copa, como hoteles y centros de apoyo al estadio.
- sobrefacturación, costos elevados y desvíos de recursos públicos: las siete mayores contratistas de Brasil –que también son las principales dotadoras de recursos electorales de los principales partidos y políticos— fueron beneficiadas con la Ley 12.462/2011 RDC –Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas– para fijar precios, aumentarlos a través de cláusulas y añadidos frecuentemente justificados por el ritmo de las obras y por la reformulación de proyectos equivocados. El TCU ya comprobó irregularidades en la arena Amazonas, en la reforma del Maracaná, en la construcción del estadio en Brasilia, en el aeropuerto de Manaos. El Ministerio Público del Distrito Federal inició una acción contra la sobrefacturación y otras irregularidades en el VLT de Brasilia.
Violación al derecho a la información y la participación política
Los movimientos sociales denunciaron en el Dossier de Violaciones a los Derechos Humanos que también el derecho a la información y a la participación en los procesos de decisión son “atropellados por las autoridades de la FIFA, el COI y los comités locales”, porque los “proyectos asociados a la Copa y a las Olimpíadas no son objeto de debate público”. La falta de información y de debate sobre los proyectos, que usualmente incumplen los planes rectores aprobados por las legislaturas municipales, que afectan a comunidades y barrios, es denunciada por movimientos sociales en todas las ciudades-sedes. Asociaciones de vecinos también se quejan de audiencias públicas meramente formales y de la inexistencia de mecanismos más eficaces para la participación de la sociedad en los proyectos que afectan sus casas, barrios y ciudades.
Los movimientos sociales denunciaron en el Dossier de Violaciones a los Derechos Humanos que también el derecho a la información y a la participación en los procesos de decisión son “atropellados por las autoridades de la FIFA, el COI y los comités locales”, porque los “proyectos asociados a la Copa y a las Olimpíadas no son objeto de debate público”. La falta de información y de debate sobre los proyectos, que usualmente incumplen los planes rectores aprobados por las legislaturas municipales, que afectan a comunidades y barrios, es denunciada por movimientos sociales en todas las ciudades-sedes. Asociaciones de vecinos también se quejan de audiencias públicas meramente formales y de la inexistencia de mecanismos más eficaces para la participación de la sociedad en los proyectos que afectan sus casas, barrios y ciudades.
Recrudecimiento de la violencia policial y de la seguridad de la FIFA
El presupuesto del área de seguridad de la Copa prevé inversiones de 1.800 millones de reales del gobierno federal. El Ministerio de Justicia declara haber invertido hasta ahora 562 millones de reales y el Ministerio de Defensa, 630 millones en gastos relativos a los eventos. Por un total de 49,5 millones, el gobierno federal arregló la compra de millares de armamentos no letales de la empresa Condor –la misma que proveyó los gases utilizados contra los manifestantes en Turquía y en las ciudades brasileñas—para la Copa de las Confederaciones, que se juega actualmente, y la Copa del Mundo de 2014.
El contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, prevé la provisión de 2.200 kits no letales de corta distancia (sprays de pimienta, granadas lacrimógenas con chips para ser rastreadas, granadas de efecto moral para uso externo y en interiores, y granadas explosivas de luz y sonido); 449 kits no-letales de corta distancia con cartuchos de balas de goma y cartuchos de expansión en el impacto (balas que se expanden en contacto con la piel, evitando la perforación); 1.800 armas eléctricas para lanzar dardos energizados (las pistolas “taser”) y otras 8.300 granadas de efecto moral, 8.300 granadas de luz y sonido, 8.300 granadas de gas lacrimógeno fumígenas triples y 50 mil sprays de pimienta. Dentro de los estadios y en la zona de exclusión, la seguridad privada es escogida y dirigida por la FIFA pero pagada por el gobierno federal. En las recientes manifestaciones en Río de Janeiro y en Belo Horizonte, la cantidad de equipos y municiones llamó la atención, exactamente porque ya se estaba utilizando el material de seguridad de la Copa de las Confederaciones.
Además de la legislación de excepción referida en el ítem anterior –que incluye la tipificación de nuevos crímenes para proteger marcas y la exclusividad de los socios de la FIFA y la zona de exclusión–, el PL 728/2011, a fin de su trámite, incluyó la tipificación del crimen de “terrorismo”, algo que no existe en la legislación brasileña desde la última dictadura militar, y prevé duras penas para quien promueva “el pánico generalizado”. Para los movimientos sociales, el texto del proyecto, bastante vago, puede criminalizar las manifestaciones, en tanto sean encuadradas como causantes del pánico generalizado.
El presupuesto del área de seguridad de la Copa prevé inversiones de 1.800 millones de reales del gobierno federal. El Ministerio de Justicia declara haber invertido hasta ahora 562 millones de reales y el Ministerio de Defensa, 630 millones en gastos relativos a los eventos. Por un total de 49,5 millones, el gobierno federal arregló la compra de millares de armamentos no letales de la empresa Condor –la misma que proveyó los gases utilizados contra los manifestantes en Turquía y en las ciudades brasileñas—para la Copa de las Confederaciones, que se juega actualmente, y la Copa del Mundo de 2014.
El contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, prevé la provisión de 2.200 kits no letales de corta distancia (sprays de pimienta, granadas lacrimógenas con chips para ser rastreadas, granadas de efecto moral para uso externo y en interiores, y granadas explosivas de luz y sonido); 449 kits no-letales de corta distancia con cartuchos de balas de goma y cartuchos de expansión en el impacto (balas que se expanden en contacto con la piel, evitando la perforación); 1.800 armas eléctricas para lanzar dardos energizados (las pistolas “taser”) y otras 8.300 granadas de efecto moral, 8.300 granadas de luz y sonido, 8.300 granadas de gas lacrimógeno fumígenas triples y 50 mil sprays de pimienta. Dentro de los estadios y en la zona de exclusión, la seguridad privada es escogida y dirigida por la FIFA pero pagada por el gobierno federal. En las recientes manifestaciones en Río de Janeiro y en Belo Horizonte, la cantidad de equipos y municiones llamó la atención, exactamente porque ya se estaba utilizando el material de seguridad de la Copa de las Confederaciones.
Además de la legislación de excepción referida en el ítem anterior –que incluye la tipificación de nuevos crímenes para proteger marcas y la exclusividad de los socios de la FIFA y la zona de exclusión–, el PL 728/2011, a fin de su trámite, incluyó la tipificación del crimen de “terrorismo”, algo que no existe en la legislación brasileña desde la última dictadura militar, y prevé duras penas para quien promueva “el pánico generalizado”. Para los movimientos sociales, el texto del proyecto, bastante vago, puede criminalizar las manifestaciones, en tanto sean encuadradas como causantes del pánico generalizado.
Elitización de los estadios y de las entradas a los juegos de la Copa
Las reformas de los estadios brasileños, a fin de seguir las recomendaciones de la FIFA, reducirán o extinguirán los sectores populares en los estadios, ampliando el área de palcos y los lugares marcados, principalmente en el Maracaná y el Mineirão, que perdieron casi el 50 por ciento de su capacidad. Como resultado, el precio de las entradas subió incluso en los juegos regulares –pasando, por ejemplo en el Maracaná, de los 40 a 60 reales que se cobraban por las entradas populares a un mínimo de 160 reales.
En cuanto a las entradas para la Copa 2014, mientras que 200.000 personas asistieron al partido final contra Uruguay en 1950 en el Maracaná, habrá apenas 74.000 puestos a la venta en el mismo estadio para la final del año próximo. En 1950, 80% de las entradas eran populares (tribunas y general), eliminadas para hacer lugar a los asientos acochados de las zonas VIP.
La FIFA también impone normas de conducta a los fanáticos completamente contrarias a la cultura de alegría y de participación de la hinchada brasileña de fútbol, con una platea sentada, sin las coreografías, los bombos y el baile de banderas a que estamos acostumbrados.
Incremento en el tráfico y la violencia contra las mujeres, los adolescentes y los niñosLas reformas de los estadios brasileños, a fin de seguir las recomendaciones de la FIFA, reducirán o extinguirán los sectores populares en los estadios, ampliando el área de palcos y los lugares marcados, principalmente en el Maracaná y el Mineirão, que perdieron casi el 50 por ciento de su capacidad. Como resultado, el precio de las entradas subió incluso en los juegos regulares –pasando, por ejemplo en el Maracaná, de los 40 a 60 reales que se cobraban por las entradas populares a un mínimo de 160 reales.
En cuanto a las entradas para la Copa 2014, mientras que 200.000 personas asistieron al partido final contra Uruguay en 1950 en el Maracaná, habrá apenas 74.000 puestos a la venta en el mismo estadio para la final del año próximo. En 1950, 80% de las entradas eran populares (tribunas y general), eliminadas para hacer lugar a los asientos acochados de las zonas VIP.
La FIFA también impone normas de conducta a los fanáticos completamente contrarias a la cultura de alegría y de participación de la hinchada brasileña de fútbol, con una platea sentada, sin las coreografías, los bombos y el baile de banderas a que estamos acostumbrados.
Fortaleza, Natal y Salvador están entre los principales destinos del turismo sexual, que trae hombres en busca de mujeres, travestis, adolescentes y niños, lo que se agravará con la Copa. El Esplar, ONG que trabaja con mujeres de Ceará y participa en la Articulación de los Comités Populares de la Copa, lanzó, en sociedad con la Fundación Heinrich Boll, un folleto informativo en un DVD para llamar la atención sobre el esperado aumento del turismo sexual durante la Copa. Según la abogada Magnolia Said, que coordinó la producción de ese material, ya se detectó un aumento del tráfico interno (del interior a las capitales del Nordeste) de mujeres y adolescentes por causa de los preparativos de la Copa del Mundo. Una investigación de la agencia Pública también detectó el tránsito de travestis de Fortaleza hacia San Pablo para colocarse prótesis de siliconas a cambio de trabajo gratuito para las proxenetas que financian las cirugías.
http://www.elpuercoespin.com.
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