La actitud y postura del Estado y del gobierno de Humala es cada día más laxa y concesiva con la Confiep y el capital multinacional. Hasta podríamos decir sin exagerar que ahora tenemos un Estado y un gobierno que se ponen de rodillas ante los poderes fácticos.
Uno de estos casos que el oficialismo califica como ya le es habitual de “triunfo histórico” ha sido el acuerdo con los pueblos indígenas de Loreto. “Este ha sido un diálogo de apu a apu. Quiero decir la importancia de que el apu Ollanta Humala le da a este hecho histórico después de cuarenta años de lucha por el reconocimiento de los derechos de las comunidades nativas”, dijo muy oronda y exultante la entonces primera ministra Ana Jara cuando se firmó el llamado Acuerdo de Lima en marzo pasado mediante el cual se crea un fondo de 50 millones de soles para remediación ambiental.
El Acuerdo de Lima se firmó después de varios años de enfrentamientos entre Pluspetrol y los pueblos indígenas de las cuencas de los ríos Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón donde, primero la OXY y luego Pluspetrol desde 2001 provocaron una irreparable devastación ambiental arrojando un promedio diario de 1 millón 500 mil barriles de aguas de formación, tóxicas y a 100 grados de temperatura a esos ríos, generando daños irreversibles en los ecosistemas acuíferos, forestales, en la fauna y sobre todo en la salud humana.
Este desastre ambiental se ubica en el ámbito del lote 1AB que ahora es el lote 192 y cuyo contrato se vence en agosto de este año. Se efectuaron diversas estimaciones de los costos de la reposición, compensación, remediación y titulación de las tierras y territorios indígenas. Se habló en algún momento de un monto de 10 millones de dólares. Pero finalmente los apus Alfonso López (Marañón), Carlos Sandi (Corrientes), Aurelio Chino (Pastaza) y Emerson Sandi (Tigre) transaron con el gobierno por un programa de 50 millones de soles.
Los 50 millones que el gobierno de Humala ha acordado invertir en un programa de remediación ambientales realmente insignificante calculando los daños ocasionados. Pero eso no es lo peor. Lo peor que es que esos fondos no los paga Pluspetrol, sino es un subsidio que el Estado peruano está otorgando a la petrolera como premio anticipado a la renovación de su contrato.
Pero hay algo todavía peor. Los 50 millones de soles de subsidio a la Pluspetrol serán pagados con los magros fondos destinados a la electrificación rural.
Como si esta actitud del Estado y del gobierno no fuera suficientemente genuflexa, se ha puesto en ejecución el cuarto “paquetazo” con el proyecto de ley 2941 y otros dispositivos que consolidan la neo-latifundización y la entrega de las riquezas de la Amazonía peruana al gran capital.
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