Gustavo Faverón
Cuando, la semana pasada, el congresista Juan Carlos Eguren dijo que el porcentaje de violaciones que acaban en embarazo es mínimo y que las violaciones callejeras casi nunca lo producen, había pasado sólo un mes desde que el director del Fondo de Población de la ONU informara que, de las 900 mujeres rescatadas de manos del grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, 214 están embara-zadas o han dado a luz a un hijo producto de una violación. En el caso de esas mujeres, en su mayoría niñas y adolescentes, la proporción insignificante a la que alude Eguren es cerca de una de cada cuatro.
Eguren explicó la base de su argumento: en una violación la mujer no lubrica, dijo, y eso minimiza las posibilidades de la concepción. Como ha mostrado el doctor Elmer Huerta, esa idea carece de fundamento científico. Además, implica un razonamiento perverso que se puede convertir en arma de defensa para los violadores: si hay embarazo, seguramente hubo lubricación y, por lo tanto, consentimiento. En la práctica, el argumento de Eguren sería el modo más eficiente de eximir de responsabilidad a todo violador cuyo crimen produzca un embarazo.
Según cifras oficiales, en el Perú se denuncian anualmente 17 mil casos de violación. Menos de mil llegan a ser atendidos por abogados públicos, lo que significa que el Estado desoye a 16 de cada 17 mujeres que denuncian el abuso. 13 de esas 17 son menores de edad. Por otro lado, los estudios indican que las violaciones denunciadas son menos de la mitad de las que ocurren: estaríamos hablando de 34 mil casos anuales, 33 mil de los cuales no llegan al Poder Judicial y 24 mil de los cuales tienen a una niña como víctima. Ésas son las cifras que Egu-ren y Raúl Castro, el presidente de su partido, el PPC, juzgan indignas de atención. Hoy, la derecha tiene que decidir de una vez si va a ponerse del lado de las víctimas o si va a elegir el fanatismo misógino y va a seguir trabajando por la impunidad de los violadores.
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