Verónika Mendoza
“El orden y la ley”, “principio de autoridad” han reclamado los voceros del Gobierno y de la clase política tradicional en estos días, reconociendo tácitamente su propia crisis de legitimidad, pero errando totalmente en su solución.
La enorme desconfianza que hay desde la ciudadanía hacia un Estado incapaz de canalizar sus demandas oportuna, eficaz y democráticamente no se va a revertir con estados de emergencia ni presencia policial o militar ni mucho menos con balas.
Para recuperar esa confianza perdida el Estado haría bien en empezar por dar el ejemplo respetando sus propias normas, pero lamentablemente abundan ejemplos de lo contrario. Si hubiera respetado sus normas a cabalidad, por ejemplo, nunca hubiera aprobado el EIA de una empresa tramposa y contaminadora como Southern. Otro ejemplo clamoroso está en la vulneración reiterada del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
Se han llevado a cabo en nuestro país diez procesos de consulta previa desde que se aprobó la ley respectiva por unanimidad en el Congreso y se promulgó en Bagua. Lamentablemente, hasta el día de hoy, ninguno de estos procesos ha sido refrendado formalmente ni está implementándose verdaderamente.
El primer (histórico) proceso de consulta previa fue aquel que se realizó en Loreto para la constitución del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna Kichwa, que buscaba garantizar la protección de los territorios de estos pueblos amenazados por taladores ilegales. El proceso de consulta concluyó el 22 de octubre de 2013, hace más de año y medio, pero hasta el día de hoy no se publica el decreto supremo (DS) que aprueba la creación del área de conservación. Se han cumplido todos los trámites administrativos, solo falta la firma del presidente de la República. Los representantes de los pueblos Maijuna y Kichwa se han trasladado en varias oportunidades hasta Palacio de Gobierno para pedir que se promulgue el DS, pero al parecer Ollanta Humala ha decidido boicotear las reformas que alguna vez él mismo impulsó. Cabe precisar que el establecimiento de un ACR no impide el aprovechamiento de los recursos ni la construcción de infraestructura u otros proyectos de inversión, solamente se exige que estos sean consultados con los pueblos e incluidos en los instrumentos de gestión del área. No hay ninguna razón para que no se promulgue el DS, ninguna.
¿Se trata, entonces, de negligencia? ¿O es porque se considera que los pueblos indígenas son ciudadanos de segunda categoría? ¿Cómo es posible que en un supuesto Estado de derecho el propio Estado se niegue a implementar compromisos asumidos como fruto de procesos de diálogo? ¿Acaso el diálogo no es esencial a la democracia? ¿Cómo extrañarse luego de que los ciudadanos no confíen en las entidades públicas, no confíen en los funcionarios, y empiecen incluso a desconfiar de la propia democracia?
Algo similar está ocurriendo con la política sectorial de salud intercultural que ha sido objeto de un proceso de consulta previa que concluyó en setiembre de 2014. Hoy, más de ocho meses después, aún no se promulga el DS necesario para su implementación. Si este Gobierno aún espera restituir el principio de autoridad, haría bien en asumir sus compromisos y respetar sus propias normas. De lo contrario, la crisis de legitimidad puede agravarse y llevar al Gobierno a optar por salidas cada vez más autoritarias.
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