Eduardo Dargent
No es cierto que el tipo de poder corrupto en la justicia que estamos conociendo sea normal, lo que siempre ha sucedido en cortes y fiscalías. Sí, hay muchas continuidades. Los arreglos patrimonialistas corruptos siempre han existido, con redes internas dirigidas por vocales y fiscales supremos que establecen vínculos con políticos para lucrar y mantener su poder. Las reglas formales no se cumplen pues más importante para el ascenso y la continuidad en la institución es ser funcional a estos acuerdos informales corruptos. Eso no es nuevo.
Pero esos arreglos corruptos varían en el tiempo; se engarzan con otros fenómenos políticos para mostrar particularidades. Cuando los partidos políticos eran más fuertes en los ochenta, la corrupción era más partidarizada, con individuos conocidos por su fidelidad a ciertos grupos. Cuando se concentra el poder en los noventa, los magistrados que dirigían la justicia respondían a los intereses reeleccionistas del Presidente, su mayoría en el Congreso y el SIN. Estos esbirros judiciales permitieron el avance de la corrupción dentro y fuera de la justicia, así como la mayor concentración del poder.
Lo que observamos ahora es una mafia que gozaba de mayor autonomía de la política, un grupo que avanzó considerablemente en controlar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Queda por conocer su nivel de articulación y el avance logrado, pero alta coordinación y fuerte influencia es ya claro que tuvieron. Una mafia vinculada a una serie de intereses ilegales e informales que apoyaban estos esfuerzos de control. Pero también una mafia dispuesta a emitir resoluciones para empresarios formales, funcional a la corrupción privada, y brindar favores políticos.
Un aspecto clave de esta articulación y mayor autonomía es haber controlado los nombramientos y ascensos de magistrados a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Como se escucha en los audios, los patrocinados sabían que les debían el puesto y ascenso a la mafia y eso aseguraba su fidelidad. Así garantizaban su continuidad y controlaban su reproducción.
Esta mafia se parece al tipo de corrupción judicial de los ochenta en que buscaba y concertaba con actores políticos, los audios apuntan al APRA y al Fujimorismo. Se parece, a su vez, a la mafia de los noventa en su organización jerárquica y vínculos con actores privados e ilegales. Pero se diferencia de ambos periodos por su mayor autonomía del Ejecutivo y por su control de los mecanismos de reproducción. Más socios que subordinados.
Es interesante observar también cómo esta mafia construyó discursos convenientes para avanzar sus intereses corruptos. Por un lado, se presentaban como emergentes, los cholos y provincianos que lograban brillar en espacios de los que antes habían sido excluidos. Es decir, tuvieron la inteligencia canalla de manipular una situación real, como la discriminación y el racismo, para avanzar sus fichas.
Del mismo modo, también aprendieron que un discurso anti-caviar servía para conseguir aliados y eliminar rivales. No soy ingenuo, hay un sector de periodistas y políticos que usan el tema ideológico para esconder su corruptela. Pero hay también idiotas; idiotas que en sus obsesiones y guerras ideológicas han llegado a preferir un personaje como el Juez Hinostroza al “peligro” de un caviar maligno. Y como hoy caviar se ha convertido en un concepto chicle que incluye izquierdistas, liberales y hasta derecha, pues más espacio de los corruptos para vetar a cualquier persona honesta que quiera ocupar cargos en la justicia.
Si los audios no hubiesen salido, seguro en este momento la mafia seguiría avanzando, protegidos por todos aquellos a los que son funcionales. Para enfrentar el fenómeno y garantizar una limpia profunda no hay solo que discutir qué leyes cambiar, pues estas mafias se acomodan a cualquier regla. Es también necesario construir mecanismos de fiscalización y nombrar magistrados honestos que pongan luz donde hay opacidad. Y lograr un acuerdo que, en medio de diferencias ideológicas, reconozca que la honestidad no es negociable.
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