Pedro Francke
Este martes 15 de enero se realizó una jornada de protesta contra la política económica convocada por organizaciones populares, gremios sindicales y campesinos, grupos feministas y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La protesta está plenamente justificada.
El año pasado en Lima metropolitana se perdieron 20 mil empleos (datos INEI hasta noviembre). Uno de cada seis limeños, desempleado o subempleado, está buscando trabajo sin conseguirlo. La gente lo siente: el “índice de confianza del consumidor” en relación al empleo es el más negativo en ocho años.
Los ingresos de los trabajadores limeños se han reducido el 2018, algo que no sucedía desde hace décadas atrás. No solamente han caído los ingresos reales, incluso el sueldo bruto se ha reducido.
Las causas de este deterioro son la masiva inmigración venezolana y la política económica del gobierno, continuista del neoliberalismo con agravantes de PPK. La responsabilidad de esta política recae sobre los hombros del ministro de finanzas Carlos Oliva y en el BCR dirigido por Velarde, Rey y Chlimper.
Para empeorar las cosas, Carlos Oliva del MEF, apoyado por la Confiep y la derecha, quiere recortar beneficios y derechos laborales. En diciembre Oliva dijo que las vacaciones debían ser ya no de 30 días sino solo de 22 días. Antes Vizcarra dijo en CADE que “Uno de los factores que eleva la informalidad es el alto costo laboral no salarial, que triplica el de los pares de la Alianza del Pacífico”, algo que es totalmente falso: un trabajador peruano gana menos de 7 mil dólares por año (equivalente a 1,800 soles mensuales), un chileno 15 mil y un colombiano 9 mil dólares (https://bit.ly/2KUetuw). El engaño del “alto costo salarial” tiene el claro propósito de recortar aún más los magros ingresos de los trabajadores.
Su otra propuesta es quitar posibilidades de reclamo a los trabajadores. En noviembre Carlos Oliva dijo que “tenemos que hacer una norma que nos permita darle más flexibilidad al mercado laboral, que los jueces tengan base legal para no reponer a los trabajadores que fueron despedidos”, buscando de esa manera que los empresarios tengan aún más poder para despedir trabajadores y trabajadores que reclaman, aunque sea por defenderse de acoso sexual o queriendo organizar un sindicato y negociar mejores condiciones de trabajo.
Por el contrario, la falta de empleos se debe a que la inversión pública y social está frenada mientras mantienen exoneraciones y beneficios tributarios a los más ricos, a que el BCR no facilita el crédito ni reduce las tasas de interés y a que no hay ninguna política en favor del agro, las pequeñas empresas o la industria.
El continuismo zonzo de la política neoliberal nos está condenando al atraso, y encima quieren profundizarlo con medidas antilaborales. Hacemos bien en protestar contra eso.
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