Todo lo anterior lo sabíamos o lo intuíamos; había indicios suficientes. Pero lo que han intentado esta semana, “la resistencia” y sus protectores, a través del Ministerio de Cultura, es de una audacia sin precedentes contra la democracia y los derechos humanos. La intentona tenía dos objetivos evidentes. Por un lado, “normalizar” al grupete, convirtiéndolo en un interlocutor válido de la vida política nacional, de manera que sus agresiones queden “legalizadas” o “consentidas” como parte de la libertad de expresión. En segundo lugar, hacerlos pasar de agresores, que es lo que son, a “víctimas”, específicamente agraviados de una supuesta discriminación y racismo que sufrirían por parte de la “caviarada”.
El gobierno no puede negar su responsabilidad en esta maniobra burda y peligrosa. Ha quedado claro, con la carta de renuncia de la directora del programa contra el racismo, que la orden para la reunión de los funcionarios del Ministerio de Cultura con el grupo violentista provino de la propia ministra Leslie Urteaga. Es obvio que la ministra no actuó por cuenta propia. Ella es muy obediente, tanto que aceptó servilmente la imposición como jefe de la radio y la televisión pública de una secretaria de la presidenta Dina Boluarte, que ha procedido a despidos arbitrarios de periodistas que hicieron preguntas “incómodas” a doña Dina, y ha realizado cambios que convierten a dicha entidad de comunicación social en un instrumento al servicio estricto del gobierno.
Los cómplices y protectores de “la resistencia”, dentro y fuera del gobierno y el Congreso, recurren a dos argumentos falaces para justificar la vía libre que le dan a ese grupúsculo. El primero es que se debe respetar la libertad de expresión, término dentro del cual quedarían incluidas las acciones de alias Maelo y sus compinches. Pero, un momento. ¿Es parte de la libertad de expresión lo que ellos hacen? Eso es lo que sostiene el general PNP Óscar Arriola, que suele tomarse fotos con los cabecillas de “la resistencia”; es lo que afirmó la fiscal que se hizo presente en el acoso en que el presidente del JNE fue amenazado de muerte; es lo que se alega en el Ministerio de Cultura.
Sin embargo, a cualquiera le caerían a palos y lo meterían preso por lo que Maelo y su gente vienen haciendo impunemente en los últimos años, como practicar reglajes y acosar en sus propias casas a quienes consideran enemigos políticos; asediar repetidamente a los titulares del sistema electoral del país también en sus domicilios, insultándolos a todos con megáfonos de la manera más soez, mortificando a sus familias y vecinos, incluyendo niños y personas con discapacidad; irrumpir violentamente en eventos culturales o políticos que no son de su agrado, poniendo en peligro al público pacífico; arrojar basura y hasta excrementos contra viviendas y locales de personas y entidades que odian. El colmo ha sido la pública amenaza de muerte contra el presidente del JNE.
El discurso de odio y las acciones que se realizan en consecuencia no son parte de la libertad de expresión, de ninguna manera, sino su negación. Representan en realidad un conjunto de violaciones de derechos fundamentales que configuran delitos que deben ser sancionados. Violan el derecho a la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio, el derecho al honor, y ponen en peligro la integridad de sus víctimas, incitando a otros a cometer contra ellas actos de violencia o amenazando con perpetrarlos ellos mismos en algún momento. Maelo y sus cómplices son el germen de la metodología nazifascista en nuestro país; incluso hacen el saludo nazi y promueven activamente el odio antisemita, personalizándolo en el periodista Gustavo Gorriti.
El segundo argumento es que el gobierno debe dialogar con todos, que el gobierno está abierto a todos. ¿Así? Los 49 muertos de diciembre, enero y febrero son el testimonio de la voluntad de diálogo del régimen de Dina Boluarte. La democracia debe estar abierta para todos, efectivamente, pero no para los que promueven y practican el odio y la intolerancia; para ellos están el código penal y la cárcel. Lo peor es que el Ministerio de Cultura recibe al más alto nivel a los capitostes de “la resistencia”, mientras es absolutamente indolente ante el asesinato, uno tras otro, de dirigentes de comunidades nativas, para quienes es incapaz de reclamar un plan de protección y exigir la ratificación por el Congreso del Acuerdo de Escazú.
El gobierno viola flagrantemente normas internacionales de protección de los derechos humanos con su actitud abiertamente cómplice de un grupete violentista que promueve un discurso de odio de claro corte nazifascista. Este tipo de bellacos no son tolerados ni permitidos en ninguna democracia que sea digna de llamarse así. Pero en nuestro país, crecientemente sometido a la arbitrariedad de una presidenta y un Congreso repudiados por la inmensa mayoría de la población, se están dando pasos temerarios hacia una polarización sin retorno que está liquidando la democracia.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 644 año 14, del 14/07/2023, p18
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