El Índice de Riesgo Político en América Latina 2024 del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile indica que, entre diez, el primero de los riesgos es la inseguridad, el crimen organizado y narcotráfico, seguido de la corrupción e impunidad y la desafección democrática.
Nuestra región, lejana a las guerras, se apresta a librar guerras internas. La disgregación del poder capaz de garantizar el pacto social se ha coronado en Haití. El fantasma vaga en la región hace varios años con distintos símbolos como las pandillas en A. Central, la rebelión de las cárceles (Ecuador y Venezuela), el atrincheramiento de las favelas (Brasil) y la pérdida de territorios (Ecuador, Chile y Perú).
La agenda anticrimen dominante es conservadora y populista. Su mensaje separa el delito de sus causas, como la corrupción o la captura de la política por el crimen. Lamentablemente, esta agenda se alimenta del miedo, en algunos países profusamente estimulada desde los medios.
Miedo y delito
El miedo es, en la mayoría de países de la región, el principal dinamizador de la política y ha empezado a medirse. El Índice Paz Ciudadana de Chile reportó en 2023 que el 30% de personas tiene temor alto al delito, la cifra más alta desde que se inició el registro hace 23 años. La encuesta de IEP de enero reveló que al 24% de residentes de Lima, la ciudad le genera miedo y al 31%, incertidumbre.
Varios estudios enfatizan en que la progresión del miedo hace que este se autonomice de la victimización. El auge del miedo corre más aprisa que el delito mismo y, en esa rapidez, se sustentan nuevos deterioros del pacto social como la xenofobia, el racismo, el matonismo político contra los demócratas y el desprecio a los DDHH, entre otros.
La lucha por la seguridad se ha convertido en un llamado extremista que no tiene pierde. Carece de un programa serio y de políticas sostenibles, pero es por ahora un discurso que vuela en las alas de los medios de comunicación que publicitan el delito y subestiman sus causas. El principal negocio de los grandes medios de la región es la noticia criminal, con gran despliegue, profuso en videos, consumo de notas de prensa oficial y somnolienta en el ocultamiento de las poderosas economías ilegales que mueven el delito.
Acoplamiento mayor
En Argentina hay consenso en que Milei fue gestado en parte por los medios (él mismo lo ha reconocido), aunque la explicación más objetiva parece ser que el tipo de personajes como Milei, Trump, Bolsonaro o Bukele, son el resultado de un acoplamiento mayor donde los medios juegan el papel de válvula de escape del hartazgo de la población y crisol de una elaboración autoritaria, y en los que los fracasos de la derecha y la izquierda (El Salvador, Argentina y Perú) opera como un fin de fiesta de la democracia.
La mesa está servida. Latinoamérica es, en este momento, el laboratorio extremista cuya promesa es acabar el delito sin importar los procedimientos. La región se puebla de centenares de políticos jugando a ser Milei y/o Bukele, o una síntesis de ambos, Bukelei, un producto emergente y marketero en el que destaca la irreverencia antisistema y la oferta de fuerza. Las redes sociales son inundadas por alcaldes y gobernadores que abren puertas a patadas, desalojan calles y parques con violencia y cierran locales comerciales con demostraciones espectaculares y agresivas.
Los pequeños Bukelei son aplaudidos por sus vecinos y votantes y los parlamentos aprueban leyes no para mejorar la seguridad y la justicia, sino para degradar a sus actores básicos –como la Ley Naín-Retamal en Chile– o para colocar estacas simbólicas en territorios en llamas.
La lucha contra el delito sin democracia no parece sostenible, pero la marea crece y alcanza a los políticos que lanzan llamados a que se adopte en sus países el modelo “anticasta” y anti DDHH de Milei y Bukele, y crece el peregrinaje a El Salvador de funcionarios ávidos de una foto con el presidente de ese país. En el Perú, el fracasado plan de seguridad fue bautizado como Plan Boluarte y en varios países de la región –Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay– sus Congresos interpelaron en los últimos meses a los ministros del Interior o de Gobierno por falta de resultados inmediatos y reclamaron más fuerza que resultados.
Crimen y corrupción
En la fusión acelerada de los discursos de Bukele, Milei, Bolsonaro y Trump, emerge en un relato aparentemente audaz frente a las policrisis de la región, una tendencia con matices en cada país. Esta tendencia consiste en aislar el delito y el miedo de los problemas que los condicionan. La separación entre crimen y corrupción –el crimen por excelencia– es una trágica e increíble realidad. Políticos criminales, tolerantes con el crimen o cercanos al crimen, financiados por las economías ilegales, o procesados en las tramas corruptas de los últimos años, juran que acabarán con el crimen.
No lo harán, y esa será otra de las puertas al fracaso. En el Perú, por ejemplo, el Congreso que exige mano dura contra el delito, aprobó recientemente dos leyes a favor del crimen, reduciendo la colaboración eficaz a solo 8 meses y otra que impide a la policía decomisar los explosivos y la mercadería de los mineros ilegales.
En otra frecuencia de la misma realidad, también se aprestan a combatir el delito los defensores de los programas neoliberales que desfinancian las fuerzas de seguridad, reducen el Estado por razones dogmáticas, desmontan instituciones (Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina), ahorran en prevención y se resisten a las reformas fiscales (Perú, Brasil y Chile) que podrían colocar más recursos para la seguridad ciudadana.
El primer revés
No es posible combatir el delito sin Estado o con poco Estado. Tampoco será posible hacerlo con instituciones desmontadas. Lo sufre Ecuador luego de los éxitos iniciales, el país que, junto a Perú, Argentina, Guatemala y Honduras, tuvo una década de retrocesos de las instituciones de la seguridad y justicia.
Luego de un nuevo motín carcelario sangriento en Guayaquil y de asonadas criminales en varias ciudades, el Gobierno de Noboa expidió hace poco, en vía de corrección, dos órdenes ejecutivas. La primera crea un Comité de Manejo de Crisis, de carácter ejecutivo e interinstitucional, de mayor cobertura que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE), con participación de la inteligencia. La segunda reorganiza el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 –el servicio de respuesta inmediata ante emergencias– para que más órganos civiles y policiales participen en la seguridad ciudadana, conscientes de los límites de la militarización y los estados de emergencia. Ecuador es el primer país en el que se frustra el intento de traslado automático del modelo Bukele y en el que se exploran vías más racionales.
https://larepublica.pe/opinion/2024/03/31/el-brote-de-los-pequenos-bukelei-por-juan-de-la-puente-877110
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