Quien falta a la verdad sin esfuerzo sobre los lujosos signos de riqueza que exhibe, con mayor razón mentirá sobre hechos que implican haber dispuesto sobre la vida de decenas de personas y negará con vehemencia toda responsabilidad al respecto. La actitud y la línea de conducta demostrada públicamente en estas tres semanas por la presidenta, desde que una investigación periodística de La Encerrona dio a conocer que ella estaba en posesión de una colección de relojes de lujo, desbarata toda posibilidad de dar el menor crédito a sus palabras. La veracidad, la transparencia, no son virtudes que profese Dina Boluarte.
Quienquiera que haya abrigado dudas sinceras sobre la responsabilidad de la presidenta de la república en las masacres del inicio de su gobierno, tendrá que revisar el apresurado beneficio que le concedió. Ella, como jefe de estado y comandante suprema de las fuerzas armadas y policiales, no podía estar literalmente en la luna cuando se disparaba a matar contra la gente que protestaba a lo largo de más de dos meses. Necesariamente tenía que saber. En qué grado y con cuánto compromiso, es asunto que corresponde determinar a la Corte Suprema. Pero Dina Boluarte debe ir a juicio, sí o sí.
Sin embargo, en el tema de las masacres del sur, la presidenta de la república ha pasado indemne hasta el momento. La denuncia constitucional que presentó contra ella Patricia Benavides, como recurso desesperado para politizar su propio caso y eludir la suspensión de su cargo de Fiscal de la Nación, está archivada. El Ministerio Público les debe al país y a las víctimas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023 una investigación real, que vaya a fondo en la averiguación de los hechos y las responsabilidades a todo nivel y que no se dilate más allá de un plazo razonable. Nada de esto está ocurriendo. El caso parece abandonado, olvidado.
Es una ironía, casi un sarcasmo, como ya lo han subrayado varios, que un caso por presumible enriquecimiento ilícito levante más indignación que la matanza impune de medio centenar de peruanos. Compartiendo ese punto de vista, creo a la vez que el gran interés suscitado por los relojes de nuevo rico de la presidenta puede representar un punto de quiebre para retomar como es debido la indagación del postergado caso de las masacres del sur. El Ministerio Público debe reivindicarse de la debacle moral infligida por la exfiscal Patricia Benavides y parte de ello es, sin duda, llevar a cabo como se espera esa investigación que le debe al país.
Ya sabemos bien que en esa, como en muchas otras investigaciones, el Ministerio Público tiene en el congreso a su mayor adversario. Específicamente, la mayoría congresal formada por el fujimorismo, el porkismo y sus mayordomos cerronistas. Banda que ha hecho de la protección a decenas de parlamentarios involucrados en diversos delitos su punto indisoluble de unidad. Bloque que avasalla y atropella instituciones y organismos autónomos del estado con la finalidad de favorecer sus negocios ilegales y asegurar su continuidad en el poder manipulando las próximas elecciones generales. Esa coalición de congresistas hampones son el principal obstáculo.
La única alternativa, frente al embate de los mafiosos, es enfrentarlos con decisión y con las armas de la ley, con la seguridad de que eso es lo que se corresponde con la naturaleza de la democracia y con los deseos de la abrumadora mayoría de la población que quiere la aplicación real e igualitaria de la justicia. Titubear o retroceder ante las amenazas de los clanes canallas es, a fin de cuentas, trabajar en beneficio de sus intereses espurios. La gavilla que promueve, por ejemplo, la destrucción de la Junta Nacional de Justicia es la misma que desde hace años protege al exjuez Hinostroza, el capo de los “jueces hermanitos”.
Por último, dos precisiones necesarias con respecto al reciente caso de los Rolex. La presidenta y su entorno político tratan de minimizar su importancia calificándolo como un mero “asunto personal” que sería ridículo hurgar. No es así. Los signos de riqueza de un funcionario público, sobre todo aquellos indicios de esplendor repentino, son de obligado interés público. El funcionario, trátese de la presidenta de la república o del más subalterno servidor, están obligados a declarar su incremento patrimonial y a justificarlo incluso bajo la obligación de prestar declaración jurada. No hacerlo es delito. No olvidemos que la coima es la enfermedad crónica de los políticos locales.
Por otro lado, la presidenta de la república no ha dado hasta ahora ninguna explicación al país, escudándose en el pretexto de que no puede hacerlo porque, primero, debe declarar ante el Ministerio Público y, segundo, porque está sujeta a la reserva de la investigación fiscal. Esto es, lo repetimos, un pretexto burdo. Reserva no significa secreto. La cautela y salvedades de la indagación implica que solo las partes concernidas directamente pueden tener acceso a las diligencias y a la propia carpeta fiscal. Punto. Eso no entraña que la persona sometida a averiguación se vea privada de su derecho a declarar públicamente su versión de los hechos que son materia de imputación. Al contrario, la libertad de expresión es el primer derecho de un investigado.
Dina Boluarte ha incumplido la más elemental de sus obligaciones como presidenta de la república, que es informar al país debidamente sobre los hechos que se le atribuyen. Por el contrario, mantiene un silencio culpable que ya va camino a durar un mes desde que se dio a conocer la denuncia periodística. Peor aún, ha enfrentado sus deberes en la investigación fiscal no como lo dispone la ley sino oponiendo su poder político a la acción del Ministerio Público, llegando al extremo de exhibirse de manera desafiante rodeada de los comandantes generales de las fuerzas armadas en el cambio de guardia de Palacio, actividad en la que esos generalotes normalmente no participan.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 680 año 14, del 05/04/2024
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