Uno de nuestros problemas económicos claves es la extrema debilidad fiscal. El Estado peruano hace demasiado poco por asegurar educación y salud pública para todos, deja a su suerte a los 4 millones de nuevos pobres urbanos, hace agua frente a la terrible inseguridad ciudadana y nuestros caminos e infraestructura son tan malos que constituyen un gran freno a la integración nacional. La desigualdad social es enorme. Bajo esas condiciones no es posible sostener la democracia ni el progreso económico, y aunque en todos estos aspectos resulta indispensable una mejor gestión y reformas, pensar que eso se podría hacer con la miseria de recursos presupuestales de hoy es iluso. La presión tributaria, lo que el Estado recauda para todas sus funciones, no llega al 15 por ciento del PBI, mientras el promedio de los seis países latinoamericanos entre los que nos ubicamos es de 29 por ciento, así que estamos a la mitad de nuestros similares. Mientras el precio del oro bate récords, poco ingresa al Estado de esa riqueza que pertenece a la nación.
Por eso propusimos una Reforma Tributaria, que era y sigue siendo esencial. Una reforma que termine con el privilegio de quienes ganan millones de sus rentas de capitales e inmuebles y que pagan nada o tasas mucho menores a las de un trabajador. Que recupere para el Perú una porción justa de esa riqueza minera, hoy mayormente apropiada por grandes transnacionales, cuidando de mantener su competitividad. Un estudio del FMI indicó claramente que esas reformas eran posibles y recomendables. Pero este Congreso lo impidió, así como imposibilitó que se controlara la evasión de impuestos de los dueños de yates y que se hiciera más eficiente el sistema tributario para las micro y pequeñas empresas. Poderoso caballero es don dinero, sobre todo en este gobierno.
Pensaba seguir dando esta batalla pero tuve que renunciar al ministerio por considerar que Pedro Castillo no mostraba compromiso alguno en la lucha contra la corrupción. Pero en la justicia tributaria y fiscal hemos ido como el cangrejo. Con este gobierno del Congreso y su títere hemos retrocedido enormemente con regalos de miles de millones de soles a grandes deudores tributarios, agroexportadores, hoteles cinco estrellas y otros sectores. Por eso el déficit fiscal está fuera de control, escalando muy por encima del tope legal. De ahí mi respuesta a la última pregunta que me plantearon: Arista lo mejor que puede hacer es renunciar.
REGRESANDO AL 2021
Evaluar lo hecho, sin embargo, exige regresar a la coyuntura en julio 2021: la pandemia del COVID-19 había matado ya a casi 300 mil peruanos, una tasa de mortalidad que era el cuádruple del promedio mundial. La economía se había ido al piso el 2021 y estaba aún medio paralizada. La prioridad era enfrentar la emergencia sanitaria, social y económica que vivíamos. La mejor política económica era vacunar, visión en la que hubo coincidencia con el anterior ministro Waldo Mendoza. En seis meses, entre agosto 2021 y enero 2022, la vacunación pasó de 13% a 75%, a un ritmo récord para Latinoamérica. Con todas las debilidades de nuestro sistema de salud, se logró una vacunación muy rápida que evitó que la tercera ola del coronavirus, que efectivamente llegó en diciembre 2021, fuera letal como las anteriores. Con la vacunación frenamos al covid. En esa tarea el Ministerio de Salud tuvo todo el soporte presupuestal necesario del MEF, por varios miles de millones de soles. También trabajamos por superar las resistencias de los antivacunas y en esas semanas críticas establecimos que para viajar o entrar a un centro comercial se exigiera la constancia de vacunación, lo que fue muy efectivo: ¡hasta congresistas antivacunas fueron por su pinchazo!
Esto se hizo aunque el 2021 no fue un año fácil en términos fiscales. El déficit había sido 8,9% del PBI el 2020, plusmarca en más de treinta años, y se proyectaba que fuera 5,4% ese año. Logramos que el déficit cerrara en 2,5% del PBI, una caída de más de 6 puntos, la mayor reducción del déficit público en más de tres décadas y también en el top latinoamericano. Al mismo tiempo aceleramos la inversión pública y destinamos 5 mil millones de soles a apoyar a las familias empobrecidas por la pandemia. ¿Cómo entonces logramos reducir el déficit mientras se gastaba más para los peruanos? La política fue cobrar más de 6,500 millones de las enormes deudas tributarias que tenían varias grandes empresas con el fisco, sin ninguna “amnistía” o regalo como el que se acaba de otorgar a los grandazos que siguen manteniendo deudas enormes con la SUNAT.
Para reactivar la economía, favoreciendo la inversión pública y privada, se fortaleció la política de diversificación productiva. Las llamadas “mesas ejecutivas” se ampliaron a rubros como el de los proveedores mineros, buscando eslabonamientos para que la industria nacional abasteciera a las empresas mineras. Gracias a eso y la política fiscal reactivadora, el crecimiento del PBI, que se había proyectado en 10,0% para el 2021 (en el “Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas” oficial del anterior MEF), terminó muy por encima en 13,3%, cifra nunca antes vista. Cierto que el año anterior la caída fue enorme, pero el Perú ha tenido caídas fuertes del PBI antes y nunca se recuperó tan rápido –lamentablemente, después el empuje reactivador no se mantuvo–. Para ese año se estimaba que la inversión privada crecería 17,0% y creció 36,9%, muchísimo más. Para la inversión pública se estimaba un crecimiento del 20,2% y se logró que aumentara 24,8%. Con esta reactivación se pudo recuperar 300 mil empleos formales, un crecimiento del 8%, a pesar de que aun el turismo externo estaba recontrabajo y los servicios en general deprimidos en sus ventas. Designar para el directorio del BCR a profesionales destacados y sin cuestionamiento alguno, con Julio Velarde nuevamente como presidente, fue una medida clave para asegurar que la inflación no se saliera de control.
Una política fundamental para lograr estos resultados fue la lucha contra la pobreza apoyando los ingresos de las mayorías: con las transferencias a los ciudadanos (el “bono yanapay”), de enfoque universalista, se llegó al 74% de los pobres, bastante superior a la cobertura de 38% del bono del 2021 llamado “yo me quedo en casa” y del 41% que alcanzó el “bono 600” del gobierno de Sagasti otorgado a inicios de ese año. También se amplió la cobertura a los grupos vulnerables no pobres: de 39% con el Bono 600, a 69%. La pobreza el 2021 cayó 4 puntos, a pesar de que el primer trimestre de ese año había repuntado por la segunda ola del covid que nos golpeó durísimo.
Aunque era un momento en que la respuesta a la emergencia social y la necesidad de recuperar la producción nacional era lo principal, sembramos algunas reformas, luego abandonadas. Afiliamos al MEF a la Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, que ahora ya suma 92 países, con el compromiso de aplicar los llamados “principios de Helsinki” para enfrentar el calentamiento global con cambios en las políticas económicas y las finanzas mundiales. Otra decisión fue que por primera vez el Ministerio de Economía tuviera comunicaciones en quechua, tanto en redes como en sus oficinas regionales (los “conectaMEF”). Quizás lo más importante haya sido que restablecimos la negociación colectiva para los trabajadores públicos, un derecho laboral y humano fundamental que se había negado por varios años, y que el MEF actual nuevamente ha recortado inconstitucionalmente.
Dos años y medio después, una política económica recesiva mató el crecimiento pro-empleo, la pobreza urbana ha vuelto a ser desatendida y la justicia social sigue siendo una gran tarea pendiente. Se ha regresado al viejo neoliberalismo. Una reforma tributaria que permita dar educación, salud e infraestructura de calidad para todos y la promoción de un crecimiento diversificado que genere empleo y cuide el ambiente siguen siendo las claves para una política económica que promueva la inclusión en vez de ser soporte de la desigualdad.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 700 año 14, del 13/09/2024
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