La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes.
La protesta de los transportistas, este jueves 6 de febrero, puso de nuevo en agenda el tema de la seguridad ciudadana en el país. ¿Mientras tanto, qué hace el ciudadano frente a esta situación de inseguridad? La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada en enero de este año, pregunta sobre las cosas que las personas están haciendo en sus hogares para enfrentar la creciente ola de delincuencia.
Un primer dato que tiene que destacarse es cómo se ha incrementado la proporción de personas que se han visto en la necesidad de tomar medidas particulares para sentirse protegidos, al menos en su vivienda. Cuando se pregunta si “durante los últimos doce meses ¿ha tomado alguna medida para prevenir o protegerse de la delincuencia en su hogar?, se pasa de un 33% que hacía algo en el 2019 a un 54% que ha llevado a cabo alguna medida en estos momentos.
Más de la mitad de los hogares en el país ha tomado algún tipo de acción y los resultados indican que este tipo de comportamiento se ha dado no solo en Lima, sino que, está presente en las diferentes zonas del país. Por ejemplo, en el norte del Perú, un 52% menciona haber tomado algún tipo de medida para protegerse, un semejante 55% dice esto en el sur del territorio y el 58% menciona lo mismo en la zona oriente. Ocurre en todo el país. La noticias y acciones de la delincuencia pueden ser extremas en la capital y en las ciudades del norte, pero en todo el Perú la preocupación de la población, y la ineficacia de las autoridades, lleva a que en todos lados se opte por hacer algo en su entorno más inmediato, no es solo Lima.
¿Y qué está haciendo la gente para cuidarse en sus hogares? Cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene más a su alcance. En algunos casos es una inversión de dinero y en otros se recurre al capital social existente. En general, lo que más se menciona es la instalación de algún sistema de seguridad como son las alarmas o cámaras (un 27%). Es una acción que compete directamente a la vivienda. Esto es más frecuente en los niveles altos (nivel socioeconómico A/B) y medios (nivel socioeconómico C); en segundo lugar, está algún tipo de refuerzo de la seguridad que incluye ya no solo a la vivienda sino también el barrio (21%). Es un tipo de acción que supone algún nivel de coordinación con vecinos y viviendas cercanas.
En estos casos se puede usar sistemas de mensajería, como el WhatsApp, para comunicarse entre sí. Un sistema que algunos municipios también han implementado para recibir denuncias y alertas de seguridad. En tercer y cuarto lugar se mencionan otras medidas que son más frecuentes entre personas mayores, de niveles bajos (nivel socioeconómico D/E) y en zonas rurales, esto son: la coordinación familiar (14%) y la organización de juntas vecinales en zonas urbanas o rondas campesinas en zonas rurales (10%).
Como se puede apreciar, una parte de las soluciones pasa por tomar medidas a nivel familiar, más concentradas en el propio hogar, y otras suponen cierta coordinación en el barrio o comunidad (eventualmente el municipio local), que implican un mayor esfuerzo de coordinación y organización. En el primer caso, en particular el de las alarmas y cámaras, la seguridad del hogar se delega a la tecnología (cada vez más barata y sofisticada) y, eventualmente, al servicio de alguna empresa especializada en el tema. En el segundo caso, se apuesta al capital social de un colectivo que puede estar más o menos organizado.
Diversos estudios indican que el nivel de participación ciudadana en este tipo de organización dependerá, en parte, del sentido de comunidad que tengan los miembros del vecindario. Un indicador interesante, según la encuesta del IEP, es que en el 2019 solo un 24%, a nivel nacional, decía que en los últimos doce meses se había reunido con los vecinos del barrio para organizarse afín de prevenir o protegerse de la delincuencia. En el 2025 esto lo ha hecho un 41% de la población. Algunas iniciativas habrán sido más esporádicas y otras habrán terminado en algo más organizado pero la gente, poco a poco, se ha ido juntando para ver qué hacer. Esto es más frecuente en las ciudades del interior y en el ámbito rural.
¿Y qué impacto tiene esta percepción de incremento de inseguridad en las actitudes sociales, políticas y electorales? En general, promueve actitudes favorables a la violencia. Algo más de la mitad de encuestados dice que, si pudiera, tendría un arma de fuego para su protección. La misma encuesta del IEP muestra que un 55% menciona que estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas.
La percepción de un Estado ineficaz y la falta de acción de las instituciones responsables lleva a que las personas idealicen una respuesta autoritaria que prescinda de aspectos normativos relevantes. Esta respuesta revela una actitud semejante a la que subyace a los conocidos linchamientos que reciben algunos delincuentes que son capturados en flagrancia. Los vecinos, cansados de la inacción policial en su zona, capturan al malhechor y lo someten a la “justicia popular”.
La misma encuesta del IEP señala que esta actitud violenta, que favorece un determinado tipo de “mano dura” contra la delincuencia (que puede terminar en ajusticiamientos) está presente tanto en personas que se auto perciben de izquierda, centro o derecha. Los autoritarismos desesperados están presentes en todos los conglomerados ideológicos. En un país donde la opinión puede estar muy dividida, hay temas que generan lamentables consensos. Este es el clima de opinión en el cual se irá desarrollando la campaña electoral de cara al 2026.
https://larepublica.pe/opinion/2025/02/06/como-reaccionamos-ante-la-inseguridad-por-hernan-chaparro-593802
No hay comentarios:
Publicar un comentario