"En buena cuenta, esa delincuencia está actuando como el brazo armado del régimen. Por eso se promulgan leyes que los protegen, así como a los que emiten dichas leyes".
La presidenta Dina Boluarte cumplió el 4 de setiembre 1000 días en el cargo. Cualquier observador desapasionado puede concluir que el Perú está mucho peor ahora que entonces. Y eso que la valla que dejó el entonces mandatario, Pedro Castillo, estaba por el suelo. Pues entonces solo podemos decir, considerando, por ejemplo, que la extorsión en Lima ha aumentado en 2000 % desde el 2018, según un informe de César Romero en La República), que nos encontramos en el subsuelo. A esto se puede añadir el aumento del número de asesinatos por día o la cifra de 97 % de desaprobación de Dina Boluarte, seguida de cerca por el Congreso del Pacto que la mantiene con vida.
Podríamos continuar engranando cifras de deterioro como el aumento de la pobreza, pero sería redundante, pues todos observamos a diario lo que sucede en nuestro país. No solo eso: a diario tenemos que sufrir declaraciones públicas escandalosamente falsas de funcionarios públicos. Por ejemplo, las del canciller Elmer Schialer, afirmando que el sistema interamericano de derechos humanos, regido por la Corte IDH, “ya no responde a la realidad del Perú” y que sus resoluciones y recomendaciones “no se condicen con la realidad” de nuestro país, de acuerdo con Ronald Gamarra en Hildebrandt en sus Trece.
José Ugaz, en el programa Pequeñas Islas, conducido por Marco Sifuentes, comenta al respecto que jamás se ha escuchado a un ministro de Relaciones Exteriores proferir un contrasentido como ese. A menos que el inconsciente del diplomático haya hablado a sus expensas y esté diciendo la verdad: si el Perú ya no es un país democrático donde se respetan los derechos humanos, no tiene sentido pertenecer a un sistema internacional que vela por algo que en nuestro país está desapareciendo.
Esta es una de las cantidades de muestras que vemos a diario de aniquilación de las bases en las que se sustenta un país democrático. Si lo que se pretende es pertenecer al mismo “pabellón” que Nicaragua, Venezuela o Cuba, entonces vamos por el camino correcto. Este proceso de envilecimiento no solo afecta a los dirigentes del Pacto, el Ejecutivo, las FFAA y la Policía, y algunos sectores del Poder Judicial. Incluye a la ciudadanía que se siente impotente y se somete. Los cincuenta muertos y centenares de heridos de las represiones del 2022 y 2023 arrojaron una chapa de plomo, en todos los sentidos del término, sobre el deseo de libertad y justicia de las mayorías.
El miedo es una emoción increíblemente potente. Por eso se usa tanto en política, al igual que la mentira. Son herramientas que todos los gobiernos con proyectos dictatoriales usan y abusan. El único desfogue para los peruanos extorsionados, amedrentados e ignorados son las encuestas. Todas las demás vías están siendo copadas y corrompidas. ¿Quién se siente seguro acudiendo a hacer una denuncia a una comisaría? ¿Quién confía en la Defensoría del Pueblo? ¿Quién —a menos que tenga medios económicos considerables— quiere recurrir al Poder Judicial?
Por eso es que les resulta urgente cerrar la única vía que va quedando libre para los peruanos de a pie: la justicia supranacional. Pronto estaremos al nivel de cualquier venezolano o cubano que pretenda hacer valer sus derechos. Privados de acceso a cualquier organismo que vele por estos, solo nos quedará el dilema sádico de someternos o huir. En eso consiste el proceso de envilecimiento masivo. Muchas personas optarán —o acaso ya lo han hecho— por resignarse a ese estado de cosas, en donde unas organizaciones criminales están encaramadas en el poder. Y se entiende que lo hagan, claro está. La alternativa es tan peligrosa y costosa que a muchos se les hace intolerable.
Ahí es donde entran a tallar mecanismos psicoanalíticos como la negación, la desmentida, la alucinación negativa o la racionalización. Por ejemplo, terminar repitiendo monsergas tan idiotas como que todo es culpa de los caviares. Esta narrativa ramplona es repetida por todos los integrantes del Pacto corrupto, como dogma de fe. Amparados en la impunidad de no poder —casi— ser tocados por el sistema de justicia, se dedican a repetir este adefesio y, con descaro, le agregan nombres de sus supuestos líderes. Gustavo Gorriti en primer lugar (¿se dieron cuenta de que ya nadie menciona a Soros?).
De tanto escuchar estas letanías absurdas, la gente comienza a repetirlas, como esas canciones tontas que se te pegan y no puedes desprenderte de ellas. No hay que tomar a la ligera esos discursos impregnados de cretinismo y falsedad. Cumplen una función de secuestro mental colectivo. Es comparable a lo que ocurría en sectas religiosas como el disuelto Sodalicio. Poco a poco la mente va cediendo y se produce otro mecanismo psicoanalítico: la identificación con el agresor. Porque el Pacto corrupto no solo desprotege y abandona a los peruanos: si hace falta, les mete bala.
Mejor dicho, ya lo está haciendo. Esa explosión de la extorsión y el sicariato, que está llevando a la quiebra a una enorme cantidad de pequeños negocios, es avalada por unas leyes de protección a la criminalidad. En buena cuenta, esa delincuencia está actuando como el brazo armado del régimen. Por eso se promulgan leyes que los protegen, así como a los que emiten dichas leyes. Desde la presidenta para abajo (o para arriba, si se quiere), muchos están amenazados de cárcel si es que el sistema judicial no es aherrojado antes de las nuevas elecciones. Ellos también tienen miedo y, por eso, intentan trasladar esa potente emoción paralizante a la población.
Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/09/09/1000-dias-de-envilecimiento-por-jorge-bruce-hnews-282348
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