La mitad de los encuestados así lo creen pero…
Una reciente encuesta de CPI encontró que 50.7% de los consultados pronostican que la actual presidenta irá a prisión tarde o temprano. Aparte de la sorprendente confianza en la justicia peruana que está en la base de tal vaticinio, diversas contingencias intervinientes lo hacen, cuando menos, prematuro.
No vale la pena discutir ahora si es justo o no que se le procese por diversos asuntos, chicos o grandes: desde los relojes recibidos a cambio de incluir determinadas asignaciones presupuestales hasta la responsabilidad por las muertes en el Sur, pasando por el abandono del cargo para someterse a intervenciones estéticas. En fin, motivos para procesarla no faltan. La pregunta es si resulta factible hacerlo.
Hacerlo durante su mandato —al que le restan menos de doce meses— parece casi imposible. No solo por razones de tiempo en un sistema judicial irremediablemente lento sino debido a que su alianza con varios grupos parlamentarios —a quienes ha facilitado todo cuanto han querido aprobar y aprueban— probablemente la blinde durante el tiempo que le queda. A ningún grupo político que tiene expectativas de controlar parte del poder como resultado de las elecciones de 2016 le conviene introducir, a estas alturas, un factor disruptivo como sería la batalla entre ellos para poner en el cargo a un presidente transitorio o, más realistamente, para impedir que un grupo adversario lo ponga.
De modo que la cuestión es si Dina podrá ser sometida a proceso y encarcelada después del 28 de julio de 2026. Descartada por impensable la evasión que Alan García logró de manera expeditiva mediante un balazo, ¿qué alternativas le quedan?
Podría pensar en fugar. Más aún, lo debe haber pensado: en alguno de esos viajes inútiles —que parecen ser uno de sus placeres en el cargo— que el Congreso autorice en estos meses, tomar las de Villadiego y, simplemente, no volver. Lo ha hecho exitosamente ese exjuez supremo que avergüenza a nuestro sistema de justicia, se llama César Hinostroza y vive en Bélgica, país con el cual el Perú no tiene convenio de extradición. ¿Dina se instalará en ese país, acaso cerca de ese otro sujeto reprobable?
De cualquier otro país se le podría extraditar, como bien ha tenido que aprender “el cholo sano y sagrado” quien, a diferencia de su mujer, Eliane Karp, no se benefició de la protección del Estado de Israel para evitar la acción de la justicia. Dina tampoco tiene aliados políticos en el plano internacional, a diferencia de Nadine Heredia, quien se ha refugiado en Brasil con las seguridades que puede darle el presidente Lula… mientras esté en el cargo.
Vistas las dificultades que plantea una fuga del país, a Dina Boluarte le quedan sus vínculos internos, que no son precisamente sólidos. En esas condiciones enfrenta a un aparato judicial que, en sentido contrario a una larga tradición de sumisión al poder, ha dado algunas señales que indican que esta vez está dispuesto a ejercer su responsabilidad de oficiar como contralor del ejercicio del poder.
En particular, la Fiscalía de la Nación —una vez que se libró de Patricia Benavides— ha dado pasos en la dirección que le corresponde. Y, aunque hasta ahora solo ha hecho algunos gestos significativos de actuación independiente del poder político, han sido suficientes como para que el Congreso y ese organismo degradado en el que se ha convertido la Junta Nacional de Justicia estén amenazando con descabalgar a los fiscales supremos a quienes consideran un riesgo para la forma en la que los políticos actuales hacen uso del poder.
Por supuesto que entre las razones de tal intervención la suerte judicial de Dina Boluarte no ocupa un lugar de importancia. Suficientes congresistas tienen problemas con la justicia como para apetecer desesperadamente controlarla y salvar el pellejo. Pero, si la operación política se culminara exitosamente, ella podría ser una beneficiaria; menor, pero beneficiaria, siempre y cuando pueda ofrecer, en estos meses, algo a cambio de que un Ministerio Público con gentes de confianza de sus aliados pueda limpiarla de polvo y paja.
Esa partida se juega ahora y tendrá que definirse antes del 28 de julio. Si la jugada contra el Ministerio Público no fuera exitosa o si lo fuese pero Boluarte se hubiera convertido en una pieza sin interés ni valor para sus actuales aliados políticos, ella tendría que vérselas con la justicia.
Empezaría entonces otro capítulo, el del enjuiciamiento en el Poder Judicial. Allí, como sabemos, unas son de cal y otras de arena. Pero todavía estamos lejos de eso. Antes hay mucho por definir. Lo suficiente para que entretanto Boluarte, con la fachada remodelada y la agotadora disyuntiva de qué reloj ponerse hoy, no pueda dormir bien.
https://luispasara.lamula.pe/2025/07/31/dina-ira-presa/luispasarapazos/
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