"El cambio tiene que venir de la voluntad popular, decidida por referéndum y estableciendo una representación distinta al Congreso en una Asamblea Constituyente"
Dos problemas principales del Perú actual atraviesan economía y política. Uno es el incumplimiento reiterado de los topes legales del déficit fiscal con perspectivas agravadas por los 20 mil millones de soles regalados a los grandes agroexportadores. Otro es la ingobernabilidad generada por haberse vaciado el poder presidencial y pasado a un régimen parlamentarista. Ambos cambios se deben a una reforma constitucional de facto, es decir, aprobada por fuera del marco que la propia Constitución establece, realizada por este Congreso bajo la batuta fuji-porkista. Sí, los mismos que antes ponían el grito en el cielo en defensa de la Constitución de 1993 y en especial de su capítulo económico. Veamos.
La Constitución de 1993 establece –aún lo dice su letra– que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Eso se respetó hasta el 2022. Pero desde entonces tenemos un Tribunal Constitucional producto del pacto mafioso entre fujimoristas, acuñistas, porkistas y cerronistas. Este nuevo TC regaló miles de millones a los grandes deudores de impuestos, como Telefónica y varias mineras. Luego procedió a aprobar una interpretación absurda haciendo posible que los congresistas puedan dar leyes de aumento del gasto público a su antojo, una de las cuales permite que los miembros del Tribunal Constitucional se incrementen a sí mismos y a su personal sus sueldos y gastos como les dé la gana. El “toma y daca” entre Congreso y TC es obvio y entre ambos entregan miles de millones a la oligarquía nacional y a las transnacionales, lo que para un economista sólo se explica por razones monetarias.
En el terreno fiscal, la Constitución de 1993 indica que el Congreso puede aprobar exoneraciones tributarias previo informe del MEF, sin exigir que este sea favorable. Esta disposición es inconsistente. A las exoneraciones también se les llama gastos tributarios porque son equivalentes a los aumentos presupuestales en su efecto sobre el equilibrio presupuestal. Durante tres décadas, los Congresos no aprobaron exoneraciones tributarias sin el visto bueno del MEF, pero los mafiosos actuales sí lo hacen.
¿Cómo cerrar estas puertas abiertas al desorden y desbalance fiscal? Hay quien plantea que si el TC hizo una interpretación absurda permitiendo que el Congreso apruebe gastos, podría dar otra interpretación que los cierre. Pero esta propuesta tiene dos problemas. La primera es que, aun si se hiciera eso, un nuevo TC podría regresar a la interpretación actual. Así, el precepto de la Constitución de 1993 ya está perforado y esa barrera sólo puede restablecerse con firmeza si se aprueba una nueva redacción más tajante que niegue directamente el “toma y daca” del actual TC. En el caso de las exoneraciones tributarias, debe establecerse constitucionalmente que sólo pueden aprobarse si el MEF está de acuerdo.
Hay, sin embargo, un problema mayor: esas decisiones del TC y del Congreso están amarradas al cambio de régimen de facto que se ha hecho, estableciéndose un modelo parlamentarista. Aunque la Constitución de 1993 no lo permite, se ha establecido que, en cuestión de horas, sin ningún proceso ni justificación, el Congreso puede botar a un presidente de su cargo. Eso incluye que en un par de horas más podría vacar a su vicepresidente si este asume, que es lo que explícitamente dijo el porkysmo cuando Dina aún no había pactado traidoramente con ellos. Así pueden imponer como presidente al nombrado por el Congreso, como ahora y como en diciembre 2020. Es en esencia un régimen parlamentario, que puede operar primero con una presidencia títere, como la de Dina Boluarte. Para terminar de afirmar su poder absoluto, el Congreso y el TC eliminaron de facto el artículo constitucional que permitía al presidente cerrar un Congreso obstruccionista y convocar a nueva elección. La letra de la Constitución de 1993 dice que eso se puede hacer tras dos mociones de confianza del gabinete denegadas. Pero ahora eso es imposible que suceda porque –gracias a una ley de este Congreso avalada por su TC– eso requiere que el mismo Congreso acepte que lo que hizo fue denegar la confianza. Es como establecer que quien se pasa una luz roja debe decidir él mismo ponerse la multa y que la minera que propone un proyecto contaminador se debe denegar a sí misma el permiso. Es obvio que eso nunca va a pasar.
Desde 2026 todo ese poder omnímodo se concentrará en el Senado, órgano impuesto por este Congreso contra la votación de más de 90% de peruanos. En estas condiciones hay quienes proponen que sea el Senado que elegiremos en abril el que apruebe las reformas constitucionales necesarias. ¿Es posible? Imaginemos incluso que extraemos la promesa de todos los candidatos de que así lo harán. Pero una vez elegidos, pudiendo aprobar leyes de gastos y exoneraciones tributarias, ¿decidirían quitarse ese poder? Y cuando elijan a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ¿designarían a quienes les recortarían ese poder? ¿Un nuevo TC se quitaría la potestad de aumentarse sueldos y gastos? Disculparán mi escepticismo, pero no creo que eso vaya a suceder ni tras las promesas más solemnes del mundo.
El análisis de la Constitución arrastra discusiones del pasado entre izquierda y derecha, puede referenciarse a lo sucedido en países vecinos e involucra otros temas que trataré en próximos artículos. Pero nuestra realidad hoy no es la de hace una década ni la de otros países vecinos. Hemos pasado a un régimen parlamentarista que genera un alto riesgo fiscal. Frente al serio problema en que nos ha metido este Congreso mafioso de #PorEstosNo, la única forma de enfrentar la ingobernabilidad y el déficit fiscal es con el poder del pueblo. El cambio tiene que venir de la voluntad popular, decidida por referéndum y estableciendo una representación distinta al Congreso en una Asamblea Constituyente.
20-11-2025
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 759 año 16, del 21/11/2025
https://www.hildebrandtensustrece.com/
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