La gran crisis minera de hoy tiene un paralelo con la crisis agraria del pasado
En 1969 la Reforma Agraria transformó en el Perú la relación entre el Estado, la propiedad de la tierra y el mundo rural. No fue un evento súbito: desde el siglo XIX el latifundismo y las haciendas dominaron el campo peruano. El discurso indigenista y las luchas campesinas, consolidadas tras la Segunda Guerra Mundial, culminaron en tomas de tierras y en el golpe de estado de Velasco.
La Reforma Agraria fue la resolución estatal a un conflicto territorial arrastrado por generaciones. En los últimos veinte años he recorrido e investigado en las zonas mineras del Perú: desde los campamentos de la minería aluvial en la selva a socavones a más de cinco mil metros de altura y, de allí, a mítines de federaciones mineras y a extensas charlas con sus líderes.
A partir de esta experiencia y de los datos acumulados durante estos años, sostengo una hipótesis: estamos ante el inicio de una reforma minera agazapada, comparable en escala y profundidad a la reforma agraria de fines de los años sesenta.
El paralelo entre la Reforma Agraria y la expansión de la pequeña minería actual se sostiene, a mi juicio, en cinco razones principales:
I. Las invasiones.
En los años 60, el campesinado se organizó para ocupar tierras bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”. Las tomas de Quillabamba, lideradas por Hugo Blanco, simbolizaron un movimiento que desbordó al Estado y forzó la Reforma Agraria.
Hoy, un fenómeno paralelo ocurre en el subsuelo con el oro y el cobre: miles de pequeños mineros artesanales y organizaciones de mineros informales, y otros tanto de ilegales, explotan concesiones que, legalmente, pertenecen a terceros pero que han ocupado de facto, y reclaman un derecho territorial legitimado en su trabajo.
Esta no es solo una expansión económica: es un movimiento social que opera como un vector de reconfiguración territorial en varias regiones del sur y el norte del país. A este movimiento se suman antiguas comunidades campesinas que hoy explotan las concesiones bajo sus terrenos comunales, directamente. Sin permiso, ni del titular de la concesión ni del Estado.
Hoy, la pequeña minería ocupa el mismo lugar de ruptura estructural que las tomas campesinas. Así, el país presencia una reforma minera silenciosa, aún no reconocida. El subsuelo es ahora la nueva frontera económica.
II. El discurso telúrico: la mina como derecho ancestral.
Aquella consigna del campesinado peruano en los años 60 —“la tierra para quien la trabaja”— hoy tiene una versión casi idéntica, con una sola palabra cambiada: “La mina es para quien la trabaja”. Más que un eslogan, es un discurso de legitimidad telúrica que reclama una identidad, no solo un derecho económico. Se presentan como los verdaderos peruanos, los dueños ancestrales del subsuelo, herederos directos de los mineros del Tahuantinsuyo. No es solo subsistencia. Es pertenencia. En sus propias palabras:
“Incas, espartanos, guerreros y guerreras que dinamizan la economía del país en todos los rincones de la patria”.
“No podemos permitir que nos sigan diciendo ilegales. Nosotros somos la realidad de la economía”.
Tal como los campesinos reclamaban el derecho a la tierra en los 60, hoy decenas de miles de trabajadores mineros reclaman el derecho a la mina propia no desde la ilegalidad, sino desde una legitimidad que construyen sobre su trabajo y su propia lectura de la historia.
Este discurso telúrico, emocional y profundamente político, choca frontalmente con el lenguaje técnico del Estado: trazabilidad, REINFO, normas. El proceso de formalización, concebido como solución burocrática, es leído desde la pequeña minería como un dispositivo hostil, orientado a debilitarlos y desarticularlos políticamente.
III. Liderazgo sindical transformado en liderazgo minero.
Buena parte de los líderes actuales de las federaciones de pequeños mineros provienen de la cultura sindical forjada en torno a las grandes empresas estatales como Centromin. Formados en partidos de izquierda y movimientos obreros, estos dirigentes trasladaron su marco ideológico a su nueva condición de pequeños productores mineros. La gran minería formal sigue siendo su adversario simbólico, aunque ellos mismos incumplan normas laborales y ambientales.
Este liderazgo, nutrido de nuevos cuadros, es el que estructura y reproduce el discurso telúrico: la mina como derecho legítimo y el Estado como adversario. En términos políticos, es el mismo liderazgo que impulsó la Reforma Agraria, reconfigurado ahora en torno al subsuelo y la economía minera informal.
IV. De la organización al poder económico: una novedad histórica.
A diferencia de los campesinos en los años 60, los pequeños mineros cuentan hoy con algo que aquellos nunca tuvieron: poder económico real. Nuevas empresas exportadoras vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escalase han ubicado entre los principales exportadores de oro del país.
La economía generada por la pequeña minería es tal que ya financia campañas políticas y disputa poder real en el sistema. No es solo un actor social, sino económico y político.
Este poder económico constituye un factor diferencial frente a la Reforma Agraria. La pequeña minería no depende exclusivamente de la movilización social: dispone de recursos financieros para disputar poder dentro del sistema. De facto, el sector ha ganado presencia política y avanza hacia un objetivo claro: reformar el marco normativo minero, empezando por la estructura del régimen concesional y el capítulo minero de la Constitución.
Lo que sucede hoy en Pataz no es un simple caso de minería ilegal, como suele presentarse en los medios. Es el escenario más visible del conflicto estratégico entre la pequeña y la gran minería por el control del sector minero nacional. Con un agravante inquietante: la infiltración y presencia del crimen organizado, que capitaliza esta disputa y debilita aún más la autoridad estatal.
V. El crimen organizado es la nueva guerrilla.
En los años 60, la guerrilla era el enemigo interno que desafiaba la capacidad del Estado peruano para controlar su territorio y su población. Hoy, esa función desestabilizadora ha sido ocupada por el crimen organizado. En extensas zonas del Perú amazónico y andino, grupos armados hasta los dientes extorsionan a mineros informales y también a los mismos ilegales, y consiguen algo que las guerrillas apenas soñaron: administran un territorio, establecen economías paralelas y desplazan la presencia del Estado, que termina compitiendo contra ellas como un grupo armado más.
En este contexto, la pequeña minería no puede analizarse solo como informalidad o como subsistencia. Se ha convertido en un espacio gris, situado entre la legalidad regulada y el crimen organizado, donde coexisten economías de supervivencia, redes familiares, y dinámicas extractivas vinculadas —a veces directamente— al control criminal. Mientras el Estado intenta combatir el crimen organizado y formalizar la minería artesanal mediante mecanismos burocráticos, la realidad territorial es otra: el subsuelo peruano está fragmentado entre actores que el Estado ni regula ni comprende del todo.
No estamos ante un problema técnico ni administrativo. Sociológicamente hablando, estamos ante una reforma minera no declarada, que está redefiniendo la economía rural y la propiedad efectiva del subsuelo peruano.
¿Tendrá el Estado la capacidad política de negociar una salida?
https://jugo.pe/la-reforma-minera-que-no-estamos-viendo/
