Jorge Bruce
En la jerga futbolera le llaman “localista” al árbitro cuyos fallos se dejan influir por la cancha del equipo en la que se juega. Pero lo que esto no dice es que dicho arbitraje se inclina, con mayor razón, cuando se trata de un equipo, o selección, poderoso o adinerado. Así, en España los árbitros temen ir en contra del Barcelona en el Camp Nou o del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Algo de esto se ha visto en el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, en donde el Ministerio de Energía y Minas se precipitó a aprobarlo, llegando a afirmar que contaba con el visto bueno del portafolio del Ambiente.
IDL Reporteros acaba de revelar que esto último no solo era falso: el ministro Giesecke ha formulado serísimas objeciones al EIA de marras, las que deberían llevar a una nueva evaluación del mismo, realizada por un o unos expertos independientes. El ministro Herrera Descalzi queda no solo en off side después de esta noticia: en mi no solicitada opinión debería ser expulsado. No como castigo sino por una razón mucho más relevante: es indispensable recuperar la confianza, en primer lugar de los habitantes de las regiones directamente afectadas, pero también de todos los peruanos, en la capacidad de sus autoridades de cumplir su papel sin subirse al avión, por así decirlo, del que más riqueza e influencia tiene.
Porque, después de esto, ¿qué credibilidad tiene el MINEM? Nula, por supuesto. Y esto es grave para el Gobierno y para la gobernabilidad del país. En cambio, el informe citado por Gustavo Gorriti, redactado por Giesecke, es una excelente oportunidad de demostrarnos a todos que el presidente Humala y su régimen no van a seguir la política desastrosa de su predecesor, en donde los EIA eran una formalidad cuyo resultado era más predecible que un partido entre la selección alemana y la de Andorra.
La principal tarea en estos momentos de tensión es recuperar la confianza de la ciudadanía. Si para ello el oro tiene que esperar un poco, a fin de encontrar una manera de extraerlo sin destruir lagunas ni bofedales, que así sea. Total, no se va a ir a ninguna parte. En cambio sacarlo convirtiendo lagunas en depósitos de desmonte podría tener consecuencias atroces en varios ámbitos: en el delicado equilibrio del ecosistema y en el no menos delicado vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía. Que la avidez no se imponga sobre la voluntad de la mayoría debería ser un principio elemental en la relación asimétrica entre grandes empresas y habitantes, gracias a la mediación arbitral del régimen, cuya principal obligación es con quienes lo eligieron.
Ojalá esta crisis marque un derrotero diametralmente opuesto al que vimos en el lustro pasado. Si el Gobierno logra persuadirnos que el proyecto se puede realizar sin dañar el medio ambiente, pese a la actitud beligerante de algunos dirigentes, será un paso gigantesco en la construcción de un vínculo más sano entre representantes y representados. Si no es posible, ni por todo el oro del mundo debería imponer un proyecto que no es aprobado por quienes viven en la región. Si el oro te deslumbra, como lo comprobó Midas, es el fin de la vida.
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