César ZeladaRepresión criminal contra pueblo indígena, detenciones y despidos de dirigentes sindicales mineros y amenazas contra referente sindical de la limpieza pública.
Al mismo tiempo que la “crisis del régimen político y social” avanza (con sus contradicciones), la tendencia a la reacción también se afianza. Después de haber sido volteado -por el voto en contra del Parlamento– el gabinete Cateriano a favor de las mineras y el capital financiero, el presidente Martín Vizcarra quiere imponer su política de entrega y hambreamiento popular a través de la represión.
Cansados de tanto abuso y mesas de diálogo sin resultados eficientes, las comunidades de la etnia Kukama, en Loreto, decidieron realizar un paro y la respectiva toma de la estación petrolera en el lote 95 de la empresa Petrotal. Las fuerzas policiales intervinieron y reprimieron brutalmente, con el saldo de 3 muertos y más de una decena de heridos. Los policías tendrían también 6 heridos.
Los comuneros están demandando que la empresa les dé un fondo económico que proceda del 10% de la producción fiscalizada de petróleo para ejecutar proyectos de seguridad alimentaria, agua, saneamiento y energía eléctrica, así como medicamentos para enfrentar el Covid-19.
La lucha tiene larga data. En marzo del 2019 también protestaron logrando que la empresa se comprometa a mejorar el nivel de atención sanitario en sus comunidades. No obstante, en la actualidad, según el Ministerio de Salud, hay cuatro centros de salud rurales de primer nivel y todos tienen una capacidad instalada inadecuada. Además, según el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), “en Loreto solo el 45% de la población consume agua potable de la red pública. Y de ese porcentaje, solo la mitad tiene acceso a este recurso todos los días; y apenas el 8% tiene agua las 24 horas del día. El documento también señala que solo el 42% de la población tiene acceso a la red pública de alcantarillado” (Ojo público, 9/8).
El gobierno ha enviado una Comisión de Alto Nivel encabezada por el ministro de Cultura. A la vez, el ministro del Interior está enviando más policías, pero no para preservar el orden sino para seguir reforzando el apoyo a la petrolera.
“El gerente general de Petrotal, Ronald Egúsquiza reconoció que existen deficiencias en el sector salud en Loreto, y dijo que ‘por ello PetroTal trabaja de manera conjunta para avanzar en el Plan de Cierre de Brechas del gobierno central’” (ídem). Actualmente se producen 12 mil barriles diarios de petróleo.
Anteriormente, una explosión social en Espinar (Cusco), contra la empresa minera Glencore (de capitales suizos), reclamando bonos (subsidios) de 1,000 soles (para reactivar el derrumbe de su economía), del Convenio Marco que ésta firmo producto de grandes jornadas de lucha, terminó siendo fuertemente reprimida con el saldo de 5 heridos de bala, decenas de detenidos y desaparecidos.
Por otro lado, la dirigente sindical de limpieza pública, Elizabeth Cortez, acaba de ser agredida brutalmente con el cacho de una pistola con el epíteto de “esto te pasa por estar publicando huevadas”. Las “únicas huevadas” que publica la compañera son denuncias por los derechos de los trabajadores (as) explotados (as) del servicio de limpieza pública que beneficia a toda la población limeña en la lucha contra la pandemia evitando que se desarrollen focos de infección.
La misma política represiva se observa contra los dirigentes de los sindicatos mineros como sucede en el caso de Marsa, Chinalco y Shougang, detenido y despedidos, respectivamente, por denunciar las prácticas antisindicales y ausencia de protocolos sanitarios por parte de las Empresas Mineras. A la vez, en los campamentos mineros de Atacocha, Pataz, etc. centenas de trabajadores son despedidos producto de las “suspensiones perfectas” y ceses colectivos.
En conflictos anteriores como el de Tía María, el presidente Vizcarra se había movido con pies de plomo (incluso había los que reclamándose mariateguistas lo apoyaban por este tema). Pero ahora frente a la bancarrota de su política para enfrentar el Covid y reactivar la economía, pues ha dado un giro más represivo reforzando sus rasgos bonapartistas. El mismo que se acentúa con un nuevo premier como Walter Martos que es un general en retiro y que tiene la orden de la Confiep (cámara patronal) de reactivar todos los proyectos mineros que se han teñido de sangre o que están cuestionados por no cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o no tienen licencia social, así como de avanzar en el despido de miles de trabajadores y recortes de derechos laborales para recuperar la tasa de ganancia.
Por estas razones, se va desarrollando la Coordinadora Unitaria Sindical y Combativa (CUS-C), con una declaración que articula la lucha contra la represión gubernamental con la de las reivindicaciones sociales como la de triplicación del presupuesto a la salud a nivel del PBI a la vez que su centralización (incluida las clínicas privadas), aumento de salarios, por protocolos sanitarios y comisiones de higiene en las empresas, bonos personales de S/. 1,000 (subsidios) mensuales por todo el tiempo de la crisis, reincorporación de los despedidos, impuestos a las grandes fortunas, auditoría de Reactiva Perú y el endeudamiento con el FMI, freno de las tasas usureras bancarias, etc.
Una Coordinadora que sostiene la Unidad, Solidaridad y la independencia política de clase. Que rechaza el voto de confianza del Congreso al gabinete Martos y cuestiona la expectativa que le dan algunas centrales sindicales al mismo pidiendo “más participación en el gobierno” (a pesar de los tres paquetazos impuestos contra el pueblo); y que tiene agendada un Plan de Combate con una serie de luchas de bases como las de SITOBUR, Salud, etc. como acciones de acumulación de fuerzas en perspectiva de una Jornada Nacional de Lucha.
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