Perú: La sangre otra vez

Gustavo Espinoza

Cuando la noche del miércoles 15 de octubre cayó abatido en la Plaza Francia de Lima Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, un artista de la música y cantante popular de los colectivos de Hip Hop; se supo que la sangre había vuelto a la capital en el marco de una lucha muy extendida que la población libra contra una Mafia envilecida que  se resiste a abandonar las posiciones de Poder, pese incluso a que ella misma se viera forzada a cortarle la cabeza a Dina Boluarte, por considerarla una extremidad inútil y hasta putrefacta.

Fueron miles los pobladores -jóvenes y viejos- que se dieron cita en las calles de Lima para expresar su repudio al Congreso de la República que aún mantiene un 95% de desaprobación ciudadana. Pero la movilización no sólo estremeció Lima. Ocurrió también en las principales ciudades del país: Arequipa Tr8jillo Cusco, Huancayo, Ayacucho y otras, en las que el grito fue unánime: Que se vayan todos, es decir, el encumbrado Presidente, los congresistas y los nuevos ministros del Gabinete Alvarez que, como muchos han dicho, no conforman un gobierno de transición, sino de transacción,  es decir una estructura en la que se ha verificado una repartija en provecho de la Clase Dominante.

Hay que admitir que el presidente de hoy -no se sabe si en los próximos días también- inició su gestión con un “nuevo estilo”.  Se mostró atento a las cosas y al desarrollo de los acontecimientos, acudió a varios lugares, habló con gente, recibió delegaciones, y aunque en algunos sitios fue bien recibido, en otros le llovieron quejas y hasta insultos. Y es que el piso está cuarteado en este país desde hace varios años por una cúpula envilecida y en derrota.

En Ayacucho, por ejemplo, la demostración fue “pacífica”, pero allí los familiares de las víctimas de la masacre de diciembre del 2022 demandaron justicia y exigieron la investigación de la muerte de sus familiares, al tiempo que exigieron la detención de Dina Boluarte. En contrapartida, el Poder Judicial resolvió autorizar a la ex mandataria a abandonar el país cuando lo quiera, sin restricción alguna, convalidando su posibilidad de “asilo”,  o más bien de fuga..

En Arequipa, donde el Rey de España presidia un Congreso Internacional de Lengua Española, las autoridades buscaron impedir el ingreso de los manifestantes a la Plaza de Armas de la ciudad, y sólo permitieron las marchas populares, cuando su Real Majestad hizo abandono de la ciudad. Sumisión virreinal, ¿verdad?

Las movilizaciones que comenzaron el miércoles pero que continuaron en días sucesivos, se explican en tres niveles: contra el presidente Jerí, contra el Congreso de la República y contra el Gabinete Ministerial. En los tres casos, tienen fundamento de fondo.

José Jeri accedió a la presidencia de la República por un hecho casual: era presidente del Poder Legislativo al momento de ser “vacada” Dina Boluarte por la totalidad de los votos congresales, sin uno solo en contra y sin ninguna abstención. Pudo -y debió- en la circunstancia, procesarse un cambio y elegirse a un presidente que implica una modificación en la política oficial, pero no se quiso eso. Estuvo en la intención de la mayoría parlamentaria jugar una carta que implicara “más de lo mismo”. No tienen, entonces, razón para quejarse hoy de la ira pública.

Se puede objetar que las movilizaciones populares -incluida la del miércoles 15- estuvieran cargadas de violencia. La “Prensa Grande” habló de “bombas Molotov” y piedras, como “armas” de los manifestantes. Si pues.  Quienes participamos antes en esas batallas y pusimos el pecho para enfrentar la represión oficial, sabemos que las “bombas Molotov” no son nada nuevo. Se originaron en los años de la II Guerra Mundial y llegaron a fines de los 50 y a inicios de los 60. Y las usamos porque constituían la única manera de hacer frente a la brutalidad policial. Gracias a ellas, existe hoy el Pasaje Universitario, el Co Gobierno y la Autonomía Universitaria.

Lo mismo que las piedras y los palos, de los que se valen los manifestantes acorralados por robots metálicos vestidos de acero. En circunstancias como esa, los que luchan no tienen más alternativa. Y parafraseando a Mariátegui, podremos decir que, si  generan violencia, no habrá más alternativa que estar con la violencia, sin reservas cobardes.  

El señor Jeri tiene serios cuestionamientos.  Estuvo involucrado en una presunta violación sexual aún no esclarecida, está sindicado por manejos turbios en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, tiene marcados vínculos con redes porno y -sobre todo- dio su voto aprobatorio a todas las leyes que sancionara el actual Congreso para favorecer al crimen organizado y la delincuencia en su apogeo.

En el extremo, el señor Jerí, sin asco, votó blindando a Dina Boluarte en las 6 ocasiones anteriores en las que se demandara el fin de su gestión. Así, se hizo cómplice de sus latrocinios, pero también de los crímenes que cometiera ese régimen entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 y después. Por lo demás, en la noche del pasado 15, se preocupó muchísimo más por la salud de los policías, y le importó una higa la situación de los civiles agredidos por la represión. En otras palabras, el señor Jerí, alto y bien vestido, está muy lejos de ser propiamente una mansa paloma.

El Congreso, por su parte, fue cómplice y beneficiario directo o indirecto de todos los latrocinios consumados por Dina Boluarte. Todo lo que ella hizo, los benefició, o les dio la posibilidad de “cobrarle” algo en provecho propio. Por eso se negaron a vacarla como debieron hacerlo en diciembre del 2022 a raíz del asesinato de 67 peruanos.  Y por eso la blindaron en todos los debates a fin de que no rinda cuentas de nada y no pagara sus culpas. Cómplices, entones son casi todos, con la sola excepción de una decena de parlamentarios que libraron una lucha desigual y valerosa para marcar a fuego la iniquidad imperante.

Y el nuevo Gabinete, porque está signado desde su origen, pero también porque su composición deja mucho que desear. El propio presidente del Consejo de Ministros -militante del Partido Popular Cristiano- salió de las cavernas y se tomó la libertad de calificar a los integrantes de la “Generación Z” de “herederos del MRTA”. Y cuando supo que se convocaba a las protestas del 15 de octubre, se apresuró a considerar a quienes la promovían como “sediciosos” y “subversivos”. El viejo lenguaje de la represión salvaje. Los otros miembros del Gabinete no son mejores política ni profesionalmente.  No es cierto que sean “técnicos calificados” como lo sugiere candorosamente cierta “Prensa Grande”, ni que integraran un “equipo” en busca de “soluciones dialogantes”, como lo aseguran otros.

Las “soluciones” que ofrezcan tendrán un claro sello de clase y el diálogo, lo harán con los suyos y con los que puedan neutralizar en el camino. En ningún caso habrá un debate abierto, una confrontación de ideas o una concesión por parte de la “clase dirigente” a la que este gobierno representa por naturaleza propia.

La lucha está planteada, entonces, y el mundo será testigo de la naturaleza de la confrontación que vive la Patria de Túpac Amaru y José Carlos Mariátegui. El que otra vez haya llegado la sangre a nuestras calles, no sólo es una maldición. Es también el sello que usa la clase dominante cuando quiere “dialogar” con el pueblo.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Perú: Policía antidemocrática

Ronald Gamarra

"Trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger"

Conversando con efectivos policiales de buena fe y con años en la institución, que los hay, veo que la mayoría tiene una visión equivocada del rol que le corresponde a la Policía Nacional en una democracia. No se ven como garantes de un orden ciudadano, sino como una fuerza al servicio del poder, a secas. No consideran ni reconocen a los ciudadanos como los depositarios de la soberanía del Estado democrático, sino como inminentes vándalos que hay que controlar, gasear y apalear. Teóricamente admiten la autoridad civil, pero reniegan de todo intento de desmilitarizar su institución. No se asumen como pueblo uniformado. La policía, como muchas otras organizaciones de nuestra frágil democracia, no tiene una mentalidad precisamente democrática.

La policía, en principio, tiene la misión de mantener el orden público en un país civilizado. La democracia supone, por un lado, Estado de derecho, institucionalidad, imperio de la ley. Por otro lado, es el ejercicio pleno de derechos y libertades por parte de los ciudadanos. Ambos aspectos son indispensables. No se concibe una democracia sin libertades ni Estado de derecho. La policía de un Estado democrático es, en consecuencia, un cuerpo que debería garantizar el funcionamiento de la organización pública y el libre ejercicio de las libertades ciudadanas. Por desgracia, entre nosotros hace mucho tiempo que ejerce un rol contrario a la democracia.

Por eso sucede que cuando se anuncia y se convoca a una manifestación ciudadana, sobre todo si es de protesta contra el gobierno, la policía inmediatamente se organiza como si fuera una guardia pretoriana al servicio del mandón de turno, y cual pequeños napoleones, trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger: elaboran planes de operaciones (con cadenas de mando y comando, y tareas generales y específicas para cada uno), se arman hasta los dientes (armas y municiones siempre letales) y movilizan numerosos contingentes (fuerzas especiales y regulares) e infiltran personas (ternas) entre los ciudadanos que marchan, como si estuvieran en vísperas de enfrentar un gran conflicto. Una ofensiva contra los ciudadanos de su propio país, contra los hijos del propio pueblo al cual pertenecen y del cual provienen.

¿Quiénes alientan esta conducta violenta y represiva, esta actitud antidemocrática, de la policía? Muy sencillo. Son los políticos que padecemos. Esos canallas son los principales interesados en tener una policía poco o nada respetuosa de las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas. Y es que sucede que nuestra democracia no es tan democrática y los políticos que la gobiernan son esencialmente autoritarios y corruptos. Ellos necesitan de una policía igualmente arbitraria y venal, una que los defienda y los encubra a cambio de tolerar sus desbordes y compartir los negociados. La policía incompetente, envilecida y antidemocrática de nuestro tiempo es el correlato necesario de la fujiderecha enviciada e inepta.

Entonces, ante las manifestaciones, vienen las campañas previas de desinformación con el propósito de abortarlas. El recurso manido es difundir bulos sobre la inminente violencia que “sectores extremistas” planean para el día de la convocatoria ciudadana. Es el inicio de una operación específica de terruqueo, que se prolongará más allá del día de la marcha, con la finalidad de tener patente de corso para emboscar y reprimir a los manifestantes a su regalado gusto, con la impunidad que siempre reclaman. Como se ha dicho certeramente, el terruqueo es el arma para poder negar la humanidad del opositor y facilitar su liquidación moral o física.

Les importa un comino falsear groseramente la historia y la realidad. El terrorismo fue felizmente derrotado hace más de 25 años, pero la derecha ha decidido incriminar como violencia y sabotaje toda opinión, acción, disidencia o crítica al orden de cosas injusto impuesto por una clase política delincuencial. Han llegado al extremo de descalificar como terrorismo cualquier tendencia de izquierda, de centro izquierda o de derecha liberal. Para ellos, solo cabe en política la ideología ultraconservadora, el extremismo enajenado al estilo de Milei. Quien disienta de ellos, incluso poniéndose en una posición de derecha razonable, merece ser marcado como terruco.

Esto ha calado en la policía más allá de lo que uno puede suponer. Hace unos días, cuando Jerí decidió salir de Palacio a cargar por diez metros las andas del Señor de los Milagros, en uno de los varios disfraces que ha ensayado en tiempo récord para congraciarse con la gente y echar una cortina de humo sobre sus denuncias de violación y corrupción, se vio a un policía decir a un grupo de ciudadanos, a quienes impedían llegar a la procesión, que lo hacían por la seguridad del presidente y porque “estaban por llegar las feministas, que no respetan ni religión ni nada”. Para este pobre policía, las mujeres que reclaman sus derechos son el terror o el demonio encarnado.

Qué se puede esperar, pues, de la policía, si el fujimorista que actualmente preside el antro ubicado al frente de la plaza Bolívar difama públicamente la memoria de Eduardo Ruiz, la víctima mortal de la represión policial del 15 de octubre y lo trata de terruco una y otra vez. El presidente del Congreso se permitió alardear de este acto de público terruqueo al mismo tiempo que presentaba un proyecto de ley para que, literalmente, la policía pueda matar impunemente, sin ser pasible de medida alguna. No hay ejemplo más claro de un político tránsfuga, inepto y prepotente que protege mediante la ley la impunidad de una policía corrupta y autoritaria.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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Perú: Una nueva generación

Ronald Gamarra

"Hay una gran reserva moral que no han avasallado y está despertando"

El sábado y domingo pasados fueron jornadas resonantes en Lima y varias ciudades del país: masivas manifestaciones ciudadanas hicieron sentir su voz públicamente, en calles y plazas, después de un largo, muy largo, período de silencio. La gente nuevamente toma las arterias para ejercer sus derechos democráticos a la reunión, a la libre expresión, a la protesta, y lo hace con decisión e ímpetu que no pocos ya creían desgastados. La gente vuelve a moverse en el sentido de la historia, reiniciando el largo camino que se nos ha impuesto recorrer para enfrentar al pacto mafioso que se ha adueñado del poder.

Las marchas del pasado fin de semana tuvieron un carácter marcadamente juvenil desde el momento mismo de su convocatoria. Los manifestantes eran adolescentes y adultos jóvenes, menores de 30 años; en resumen, una nueva generación ciudadana, que muchos denominan la generación Z, que creció desde siempre en la era digital. Ellos mismos se convocaron a través de las redes sociales de internet y a partir de ciertos reclamos puntuales fueron escalando su reivindicación hasta el nivel de la protesta contra el régimen político encabezado por Boluarte y el pacto mafioso del Congreso.

La protesta juvenil no debe sorprender. Sabemos que el rechazo y desprecio hacia Boluarte y la mayoría parlamentaria es abrumador. Según todas las encuestas, supera largamente el 90% en todos los sectores etarios y sociales desde hace más de un año. Hay que subrayar, sin embargo, según esos mismos sondeos, que la censura hacia el gobierno y el actual Congreso llega casi al 100% entre los más jóvenes. La clase política gobernante solamente les suscita una incontenible náusea de asco y desprecio. Y cómo podría ser de otro modo si cada día se esfuerzan por merecerlo con ministros prontuariados y congresistas mochasueldos.

Los jóvenes de hoy solo han visto el caos y la política delincuencial tiranizar al país desde que Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota ante Kuczynski hace ya nueve años. Ellos no conocieron la dictadura fujimorista, pero saben bien qué mafia desfachatada es el neofujimorismo. De allí el rechazo visceral que Keiko despierta en ellos, mucho mayor que la resistencia que concita en la población en general. En esto, los jóvenes no se equivocan. De ningún modo votarán por Keiko en las próximas elecciones. Eso está quedando muy claro para cualquier observador, hasta para el más miope.

Los chicos y las chicas, sin embargo, todavía no ven clara la perspectiva a seguir. O tal vez sería mejor decir que tienen planos que varían mucho, según la circunstancia que le toca vivir a cada uno, o tienen una gran confusión, reflejo de la atomización de una realidad política disgregada entre 40 partidos inscritos para las próximas elecciones generales, entre los cuales resulta muy difícil distinguir hasta para el más informado. Unidos hoy contra un régimen corrupto, el rechazo juvenil puede a corto plazo diluirse entre una variedad de ofertas políticas más o menos demagógicas, o proyectarse como la avanzada de una protesta ciudadana vigorosa.

Porque los adultos maduros y los adultos mayores no debemos ser indiferentes ante la iniciativa de los jóvenes que han salido a las calles. Al contrario, ella nos compromete más que nunca a hacer lo que nos corresponde como generaciones más experimentadas, que hemos visto victorias y fracasos sucesivos, sin llegar a arañar siquiera en el ciclo de nuestras vidas la promesa de una república auténticamente democrática, basada en instituciones legítimas y eficaces, y una ciudadanía empoderada, consciente y libre. Aspiración que no puede quedar como un espejismo o una ilusión perseguida durante los dos siglos transcurridos desde la independencia.

El régimen corrupto estaba convencido de que la gente había quedado adormecida o escarmentada después de la brutal represión de diciembre 2022 y los primeros meses de 2023. Hace apenas unos días, Dina Boluarte se jactaba públicamente de que la gente ya no marchaba, ni tenía motivo para hacerlo. Quería poner en negro sobre blanco que su régimen tenía muy bien controlada la situación política. Las manifestaciones juveniles que acabamos de ver son una contundente bofetada a su jactancia y sus pretensiones. Definitivamente, el régimen del pacto mafioso no las tiene todas consigo. Hay una gran reserva moral que no han avasallado y está despertando.

A la vez, estas manifestaciones son el anuncio de que jamás habrá olvido para los crímenes cometidos bajo este régimen. La lucha será compleja y plena de vicisitudes, pero al final la reserva moral encarnada en las nuevas generaciones prevalecerá. Quién sabe, puede que eso ocurra mucho más antes de lo que podemos imaginar todos y tengamos rindiendo cuentas por sus pillerías a quienes hoy trafican para copar instituciones y dar ventajas e impunidad a sus favorecidos. Así ocurrió con Alberto Fujimori, que asumió muy orondo su tercer período presidencial y tres meses después fugaba vergonzosamente a Japón.

La gente recuerda el asesinato de 49 compatriotas que manifestaban contra Dina Boluarte y sus aliados, del mismo modo que hasta hoy no se olvidan de los crímenes de lesa humanidad cometidos hace 40 años, crímenes que este Congreso quiere amnistiar en contra de la Constitución y las leyes nacionales, así como de las normas internacionales reconocidas por nuestro país. Los chicos y las chicas que han inundado las calles de Lima y varias ciudades del Perú son el anuncio de que la lucha por la democracia no está agotada, ni perdida. Al contrario, esa lucha se restablece y fortifica con la energía de la nueva generación que acaba de entrar en escena.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 751 año 16, del 26/09/2025

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Perú: La letra con sangre entra

Gustavo Espinoza M.

Cuando un gobernante acumula excesivo Poder y lo usa con fines protervos, recusables o personales, se dice que estamos ante un Dictador.

La historia de nuestro país nos ha brindado numerosos casos de ese tipo de gentes, desde Leguía hasta Fujimori, pasando ciertamente por Sánchez Cerro, Benavides, Odría y algunos más.  Pero el escenario continental ha sido aún más notorio: Batista,  Trujillo, Somoza,  Pérez Jiménez, Rojas Pinilla  y hasta Javier Milei, en  nuestros días.  

Todos ellos tuvieron un rasgo distintivo al margen de su origen como mandatarios. Ejercieron la tarea de manera impositiva, caprichosa, arbitraria y abusaron de su función gubernativa para imponer su voluntad a las grandes mayorías. Adicionalmente, registraron la tendencia a ensañarse particularmente con sus enemigos personales.

Todos ellos, tuvieron otro elemento común:  fueron varones, y actuaron de manera “machista” como un modo de confirmar su arrojo y su capacidad de decisión. En otras palabras, no conocimos en el pasado el caso de mujeres que tuvieran ese perfil.

Aunque Keiko Fujimori diseña esa imagen con alucinante nitidez, Dina Boluarte, lo encarna y lo luce en su condición de Mandataria.  Es dictadora neta. Con ella, ocurre por primera vez.    

Las personas de este signo están marcados con rasgos sicopáticos: no distinguen el bien y el mal, no les importa la opinión del entorno, no muestran la menor empatía, carecen por completo de escrúpulos, pero también de valores, y muestran absoluta indiferencia ante el daño que causan.  Sienten una avidez desmedida por el dinero, y son propensas a ceder ante las tentaciones del lujo y la ostentación. Actúan por capricho, que algunos confunden con tenacidad La riqueza, los obnubila. Pero, además, guardan rencores. Incuban odios profundos con respecto a quienes “obstruyen” sus designios o “les hacen sombra”

Adicionalmente, no les importa lo que ocurra a partir de sus acciones y no se sienten en el deber de justificar su conducta. En el fondo, son indiferentes al juicio que les genere su conducta. Suelen usar el ataque como su “mejor defensa” y prestos pasan a la ofensiva para evitar cuestionamientos ajenos.

Para los peruanos, el caso de la Boluarte es singular porque es la primera mujer que ejerce tan alta función. Y ella no la admite como producto de una casualidad de la historia, sino como un reconocimiento expreso a sus supuestas calidades personales. Como si ella misma hubiese sido elegida para cumplir una determinada misión que le depara el destino.

En América Latina, y también en otros continentes, hemos tenidos mujeres que han cumplido funciones similares, pero lo han hecho de otro modo. Michelle Bachelet, en Chile, Cristina Kirchner en Argentina, o Dilma Rousseff en Brasil; han desempeñado sus funciones con sencillez y altura, como actualmente lo vienen haciendo la Presidenta de México Claudia Sheinbaum o la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.

Todas hicieron honor   a su condición de mujeres, tal como antes ocurriera con Angela Merkel, la Canciller alemana que tuvo durante 16 años las riendas del Poder en sus manos.

En contrario, en nuestra región se han presentado dos casos que merecen atención. Jeaninne Añez, en Bolivia, constituye el antecedente más inmediato de Dina Boluarte. Ambas fueron el corolario de un confuso Golpe Blando concretado para derribar a gobiernos considerados populares o incluso de Izquierda: Evo Morales y Pedro Castillo.

La Añez ya está tras las rejas, y sin duda la Boluarte seguirá ese mismo camino, pero las dos encarnan el mismo perfil de dictadoras surgido a la luz del modelo Neoliberal que nos oprime.

Que no le importa nada, la confirma la precaria inquilina de Palacio cuando recuerda sin resuello la herencia de la vieja escuela: la letra, con sangre entra.

Es por esa idea que se atrevió a explicar por qué se atenuó la violencia en las movilizaciones de masas ejecutadas recientemente por la población. Los peruanos -dijo. “han aprendido la lección”. Si hacen disturbios, los matamos, pareció añadir.  Y es que, en efecto, y como antes, la letra con sangre entra. Lo´ prueban más de 60  muertos

Esa “enseñanza”, para que nadie la olvide, fue actualizada y recobró vigencia con el asesinato de Alexander Checa Montalvo, caído en Chala con  un balazo en pleno rostro cuando protestaba al lado de los mineros.  

Es claro que ahora las “autoridades” dirán dos cosas: que fue él quien provocó su muerte, y que quien disparo lo hizo “en defensa de su propia vida”. Después de todo, la ley lo ampara. Ella dice que la policía tiene derecho a hacer uso de armas letales cuando considere que está en riesgo su seguridad.

Por lo pronto, lo adelanto ya el ministro del Interior, quien aseguró que el abatido estaba “entre los manifestantes”, y que obraba agresivamente “contra las fuerzas del orden”. Bien muerto está, entonces,.

Por si eso fuera poco, acaba de “renovarse” esta idea cuando se atacó a balazos en Iquitos a los trabajadores que enarbolaban banderas de la CGTP. 19 heridos dejaron estas manifestaciones de repudio efectuada por la población amazónica que se expresó abiertamente con motivo de la presencia en la ciudad, de la espuria mandataria.  

¿Algún pesar por lo ocurrido? ¿Algún lamento, acaso?  No. Nada. Para la señora fue quizá apenas como una tenue lluvia en una región del país donde llueve con frecuencia.  Es claro que ni siquiera preguntó por el estado de salud de los afectados, ni se preocupó por la angustia de sus familiares, ni le importó saber si podrían ser atendidos en alguna posta o centro hospitalario.

Nada de eso. Para ella, lo importante se produjo: estuvo ella donde se habla propuesto.

En los últimos días hemos visto los vejámenes que ha sufrido Betsy Chávez Chino, indebidamente encarcelada desde hace dos años en el Penal de Chorrillos. A ella la odia desde antes, incluso durante el gobierno de Castillo. Hoy, la detesta. Eso explica el trato que recibe.

Y éste se muestra también con el médico Cabani, a quien consideraba algo así como su “wayki”, pero al que ahora aborrece. Y es que es muy temperamental. Incuba odios.        
Coincidiendo con las Fiestas Patrias las organizaciones sociales y políticas representativas de la sociedad peruana, han programado diversas movilizaciones y protestas. Se proyecta un Paro en el Transporte, demandas mineras, acciones regionales orientadas a expresar la voluntad ciudadana, Marchas y Mítines.

El aparato represivo del Estado estará presto a servir los designios de quien manda, Y la dictadora dirá sin rubor: “es que todavía hay quienes no han aprendido la lección”.

En el fondo, lo que ocurre, es que la sangre que se derrama no es la de ella, es la del pueblo. Por eso no le importa.

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Perú: ¿Por qué la gente no se moviliza?

Alfredo Quintanilla

Vuelve la pregunta del millón.

A raíz del primer acto del golpe institucional contra la Junta Nacional de Justicia perpetrado por la Comisión Permanente del Congreso, los peruanos decentes se hacen la pregunta del millón: ¿por qué la gente no se moviliza contra los que están arrasando con la Constitución y la ley?

Si los gobernantes y parlamentarios exhiben -como señalan todas las encuestas- una desaprobación mayúscula y sostenida durante los últimos doce meses, algunos políticos se preguntan y les preguntan a los científicos sociales ¿por qué la gente no se moviliza e impone el adelanto de elecciones, como es su deseo?

Hay tantas razones que se añaden para una masiva protesta: la inseguridad ciudadana, sin que el mayor presupuesto en seguridad ponga fin a la inacción policial; la cotidiana aparición de denuncias contra políticos, funcionarios y empresarios corruptos; la falta de empleo y la carestía de la vida que achica los ingresos cada día; la pésima atención en los establecimientos de la salud pública y del Seguro Social y tantos otros abusos, incluidos los de monopolios privados como Movistar. ¿Hasta cuándo soportará la gente? ¿Cuándo se acabará su paciencia?

Aquí ensayaré la presentación de algunos factores que traban las protestas:

1. La represión disuade: es verdad que las 49 muertes causaron una gran indignación, particularmente en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, pero también provoca la inhibición de la gente. El imaginar una herida de bala o perdigón resulta paralizante.

2. La pobreza disuade: La pobreza no lleva automáticamente a la protesta. Pobreza significa, también, desinformación, más aún cuando la tele y la radio se esmeran en destacar las opiniones favorables a la alianza Gobierno - Congreso, pretendiendo que todo ha vuelto a la normalidad. Por ejemplo, millones no entienden por qué hay un golpe contra la Constitución, la Junta Nacional de Justicia y viene otro contra la Fiscalía, pues los corruptos quieren que destituyan a los fiscales anticorrupción, para que los políticos encausados por las coimas de Odebrecht, los cuellos blancos del Callao, y mochasueldos, queden libres de polvo y paja. Además, un día sin trabajar es un día sin comer.

3. No tenemos las organizaciones políticas y gremiales que canalicen esa indignación, a diferencia de Argentina o Chile, por ejemplo. Pero las masivas movilizaciones del 2020 que trajo abajo el gobierno de Merino se dieron, igualmente, sin organizaciones sociales fuertes. ¿Por qué, la diferencia?

4. Allí donde hay organizaciones no hay liderazgos claros y fuertes. Y si hay algunos dirigentes, “no hacen trabajo de base”, como dicen algunos, no ligan las necesidades inmediatas de la gente con las propuestas de nuevas políticas, con el programa de un nuevo gobierno. Es decir, les faltaría “ligar la lucha económica a la lucha política”, como se decía en el lenguaje de los años 70. Pero, justamente, lo que demostraron las movilizaciones del 2020 que sacaron a Merino y las desarrolladas contra Dina Boluarte, por el adelanto de elecciones, es que la gente sí puede trazarse objetivos políticos sin escalar -necesariamente- por las reivindicaciones inmediatas del agua potable, mejores salarios o medicamentos básicos, como el gobierno quisiera que se limitaran. A propósito, ningún grupo de la izquierda sensata y moderada, está planteando un programa concreto para combatir la inseguridad ciudadana, por ejemplo; y hasta ahora el capítulo económico de la cacareada nueva Constitución no tiene propuesta fundamentada alguna. Pero en Puno hay indignación y hay organización, ¿por qué dejaron de protestar? La Psicología Social diría que es porque la gente no puede estar en permanente estado de exaltación y tiene que trabajar y comer.

5. La publicidad disuade: el bombardeo de avisos que inducen al consumismo y la aspiración a consumir tal o cual producto de belleza o moda, o tal apuesta en los deportes, son el nuevo opio del pueblo y en particular de los jóvenes: los adormece y les hace vivir ilusiones en reemplazo de su vida miserable.

6. Pero el factor más importante es que las personas, los sujetos han cambiado y los políticos de izquierda no se han dado cuenta. Desde que Giovanni Sartori escribió en los años 90 que el mundo ha entrado en una nueva época en la que los medios audiovisuales imponen su dominación (la videocracia), se ha transformado al homo sapiens en homo videns que sólo cree que es real lo que sale en la tele o en youtube. Se nota claramente en los jóvenes, que viven pendientes de su teléfono y las redes sociales y sus contenidos ligeros y distractores. Las redes sociales crean la ilusión de la participación política: tal es el individualismo que se extiende más y más, que millones piensan que participar en la vida nacional se limita a leer blogs o canales de youtube y dar algunos likes o poner emoticones de “me molesta”. Sin que sean conscientes de que son manipulados por fakes news y algoritmos de la inteligencia artificial que los llevan a la fanatización, como ha señalado hace poco Francisco Miró Quesada Wesphalen.

7. La perspectiva electoral dispersa fuerzas: pululan los pequeños colectivos, los grupos que aspiran a juntar firmas, inscribirse y participar en las elecciones. Muchas cabezas de ratón, poca humildad, muchas mezquindades o suspicacias. Eso para el ciudadano de a pie no sólo lo desalienta, sino que lo molesta y lo lleva al campo del escepticismo.

8. La aparición de la izquierda bruta y corrupta en el 2021 disuadió a los ciudadanos honestos e indignados. La izquierda moderna y sensata -apodada “caviar”- no supo romper a tiempo, cuando aparecieron los veinte mil dólares en la oficina del primer ministro, con el gobierno más incapaz de la historia republicana. La corrupción había penetrado en los alcaldes de la Izquierda Unida - IU desde los tiempos de Alfonso Barrantes. El caso Villarán -de las filas de los caviares- hizo tanto daño a la causa izquierdista como lo hizo la guerra senderista. Millones dejaron de creer en las izquierdas como alternativas viables. Por tanto, muchos dispuestos a movilizarse no lo hacen, si se van a mezclar con los defensores de los corruptos de la izquierda.

9. La izquierda caviar no entiende a la juventud, adicta a las redes sociales cuyo interés por la música, el fútbol, la moda y el vacilón del fin de semana, es infinitamente mayor que por los problemas reales. Tampoco ofrece líderes y lideresas creíbles, pues las ve - y es cierto - comprometidas con la debacle del gobierno de Pedro Castillo.

En resumen, la gente no se moviliza porque ha cambiado con la revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación (hay “nuevas subjetividades”, dirían los académicos) y de eso todavía no se dan cuenta los políticos de la izquierda sensata y moderna, que -se supone- es la más interesada en “mover la calle”. Pero, aunque algunos sólo estuvieran interesados en la batalla electoral del 25-26, también tienen que ponerse en onda, porque no se trata sólo de tener comunity managers y hackers, sino organización (activistas, voluntarios, convencidos) en, al menos, un tercio de las provincias del país, como manda la ley. Tampoco se moviliza porque los pequeños liderazgos están dispersos y no tienen alternativas claras con un programa que responda a los problemas álgidos y una organización que los sustente. Ninguno ha encantado a la gente, con un lenguaje que pegue en las profundidades del alma de los peruanos, porque seguramente no está leyendo a fondo, pues detrás de lo aparente, germinan cambios profundos en la sociedad peruana.

https://redaccion.lamula.pe/2024/03/06/protestas-ciudadanas-peru-pregunta-del-millon-x/redaccionmulera/

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Perú: El pueblo los detesta

Gustavo Espinoza M.

En los últimos días han ocurrido nuevos hechos francamente deplorables. La precaria inquilina de Palacio de Gobierno, ha amenazado con descaro a toda la población, a propósito de la movilización popular programada para julio.

No cabe duda que el régimen actual, comete errores cada día. Ellos, se grafican en las declaraciones cotidianas de Dina Boluarte y sus voceros, en las resoluciones del Congreso de la República, la conducta del Poder Judicial, las decisiones del Tribunal Constitucional, el comportamiento del Ministerio Público y las acciones de la “Prensa Grande”. Todos ellos suman una sola voluntad que despierta la ira de los peruanos.

En los últimos días han ocurrido nuevos hechos francamente deplorables. La precaria inquilina de Palacio de Gobierno, ha amenazado con descaro a toda la población, a propósito de la movilización popular programada para julio. Muy suelta de huesos, ha optado por preguntarle a la gente qué es lo que quiere. ¿Más muertos?

En idéntica línea el titular del interior también se refirió al tema y dijo más o menos textualmente: “si quieren protestar, protesten; nosotros ya sabemos cómo debemos responder”.

En otras palabras, la opinión del Ejecutivo es clara. Si ya hubo 70 muertos en la primera etapa de la protesta; ahora habrá más. Solo les faltó decir a estos personajes de opereta que la voluntad del Ejecutivo es simplemente, sumar muertos.

Estás declaraciones no solo constituyen una advertencia. Son, sobre todo, una amenaza que tiene fundamento. El régimen no solo cuenta con la experiencia acumulada en algo más de 6 meses de gestión; sino también –por si fuera necesario- con la ayuda del ejército de otro país. Los soldados yanquis, llegados recientemente a nuestro suelo, ya estarán “operativos” para la fecha en la que está programada la protesta.

Por otra parte, y en ese mismo marco, el Congreso de la República hace de las suyas. Procediendo de manera anti constitucional, resolvió que la Mandataria de hoy, gobierne a distancia y que se valga de los medios electrónicos para ejecutar sus acciones. Por eso, le ha asegurado a Dina Boluarte el “derecho” a retener los resortes del Poder estando en el extranjero.

Es esta una decisión contraria al texto de Carta Magna, que no por capricho señala cuál es la sede del gobierno, y contraviene también la práctica completa que señala –cada vez que se dicta una disposición de gobierno indica “dado en la casa de gobierno”. Para los detentadores del Poder, la “casa de gobierno” es una herramienta portátil y como tal, se puede trasladar de un confín a otro.

El Congreso, adicionalmente, ha destituido e inhabilitado a una fiscal suprema por la simple razón de que ella no actuó como ambicionan los hoy ocupantes de la sede Congresal.

En realidad la sanción contra Zoraida Ávalos es un ataque abierto al Ministerio Público y tiene el carácter de una venganza. La írrita mayoría parlamentaria no le perdona el haber dispuesto acciones contra gentes de la Mafia, como el fiscal Chavarrí. Adicionalmente, es una advertencia, una manera de decirles a otros fiscales que también podrán ser victimados de igual modo.

En este marco, resulta deplorable que las votaciones recientes “sumen coincidencias”. No solo las bancadas de la ultraderecha aportaron sus votos, si no también –con honrosas excepciones- lo hizo “Perú Libre” y algunos representantes del “Bloque Magisterial”. Sin los votos de ellos, no habría sido posible aprobar las disposiciones señaladas.

En el esfuerzo por construir una precaria “mayoría parlamentaria”, se manipuló también a los congresistas “vulnerables”. Los “niños”, los mocha sueldos y otros acusados por cualquiera de sus acciones, entregaron sus votos, a cambio que no les pase nada. Dicho de otro modo, hicieron un trueque para “salvarse”. Estas decisiones, además de muchas otras, pintan de cuerpo entero a quienes integran hoy el Poder Legislativo. Actúan como si tuvieran un garrote en la mano y lo usan como permanente amenaza.

El Poder judicial, no se queda atrás. No sólo “convalidó” la ilegal detención y destitución de Pedro Castillo; si no que además le “echó el guante a Betsy Chávez. También esa fue una advertencia. Una manera de decir: “acá nadie está a salvo”.

El Ministerio Público juega su propia carrera. Pero lo hace a la sombra de los tres poderes anteriores, sometidos al control de la derecha más reaccionaria. Conducta similar observa el Tribunal Constitucional, que fuera elegido por una suma de votos procedente de las bancadas de la extrema derecha y la adhesión, también de “Perú Libre”.

Todas estas acciones, tras las cuales asoma el perfil de la Keiko, son saludadas por la “Prensa Grande” que se empeña en respaldar no lo que le interesa al país, sino a ella misma y sus aliados. Es por cierto una manera de consolidar un bloque que garantice la capacidad operativa de la Clase Dominante.

La ciudadanía rechaza categóricamente todo esto. Por eso, la aceptación de Dina Boluarte registra un nuevo descenso y el Congreso de la República cae apenas al 6%.

Es claro, entonces que a éste aquelarre reaccionario, el pueblo lo detesta.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2023/07/peru-pueblo-los-detesta/

Protestar en el Perú

Indira Huilca

No podemos pasar por alto esta arremetida en momentos en que la movilización popular es la principal fuerza para enfrentar el autoritarismo.

Un fallo de la Corte Suprema que alude al derecho a la protesta ha generado comprensible preocupación esta semana. Si bien se trata de una sentencia específica en el marco del conflicto minero Las Bambas, está claro que la suspicacia que despertó no es gratuita y debe ser entendida teniendo en cuenta las condiciones reales para el ejercicio del derecho a la protesta en nuestro país.

En primer lugar, es innegable que protestar en el Perú es una actividad de riesgo, desprotegida, estigmatizada y mortalmente reprimida. Los informes de los organismos de derechos humanos lo han corroborado para el reciente ciclo de manifestaciones. La CIDH ha enumerado situaciones de uso excesivo de la fuerza y uso irregular de armamento por parte de las fuerzas de seguridad, con saldos fatales tanto de manifestantes como de personas que no participaban en las protestas. Ha recomendado además que se investiguen incidentes que podrían configurar ejecuciones extrajudiciales y masacres. También el relator especial ONU para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Voule, ha alertado sobre estos aspectos en su reciente visita al país.

Este alto riesgo para la vida y la integridad física que supone protestar en nuestro país no es reciente. A fines de 2020, la movilización contra el Gobierno de Manuel Merino dejó no solo dos víctimas mortales —Inti y Bryan— sino también decenas de personas heridas, sobre todo jóvenes. En ese momento, la represión contra la protesta fue alentada por el mismo sector que hoy sostiene en el poder a Dina Boluarte, sector que además blindó a los responsables desde el Congreso, bloqueando la posibilidad de investigación judicial. El caso de la represión contra el paro agrario, también en 2020, no marcó una diferencia significativa respecto a cómo se responde desde el poder estatal a los reclamos de la ciudadanía.

Como vemos, no se trata solo de la amenaza contra la vida y la integridad física, muchas veces realizada, sino también de la impunidad que le sigue. Realmente nunca se sanciona a quienes atacan este derecho. Si seguimos, podemos encontrar en la historia reciente incontables casos de estigmatización, ninguneo, vulneración o represión directa al derecho a la protesta. Desde las continuas ilegalidades en que incurren empresarios y funcionarios que combaten el derecho a la sindicalización y al reclamo por razones laborales, hasta la respuesta estándar que se ha dado a los conflictos entre comunidades y empresas extractivas, prácticamente no hay protesta que no pase por el ciclo de uso desproporcionado de la fuerza y posterior criminalización y persecución a dirigentes y defensores legales. De hecho, en las últimas décadas se ha configurado, en la normativa y en la práctica, una mayor libertad de acción de las fuerzas policiales, una mayor presión sobre quienes organizan protestas y sobre quienes actúan como sus defensores legales, así como una mayor frecuencia de heridos y fallecidos por impactos de proyectil de arma de fuego entre quienes participan en una protesta.

Así, cuando hablamos de protesta, hablamos de un derecho constantemente vulnerado, perseguido, amenazado con muerte. Si bien este diagnóstico viene de años atrás, dada la naturaleza ilegítima de este Gobierno y su entraña autoritaria, la tendencia se ha acelerado y radicalizado. En esa medida, y como ha señalado el IDL, la sentencia puede verse como un intento de validación de discursos y prácticas autoritarias vigentes. Podemos agregar que se trata también de una sentencia con argumentos problemáticos que empujan a la ilegalidad los aspectos más confrontacionales de la protesta. No podemos pasar por alto esta arremetida en momentos en que la movilización popular es la principal fuerza para enfrentar el autoritarismo.

https://larepublica.pe/opinion/2023/05/21/protestar-en-el-peru-por-indira-huilca-463932

https://www.leerydifundir.com/2023/05/protestar-en-el-peru/

Perú: Y las víctimas de Boluarte, ¿cuándo?

César Hildebrandt

Al colega Hugo Bustíos lo mató la doctrina antisubversiva del Ejército. A ella se refirió alguna vez, como profeta carnicero, un general argentinoide que después insistió en sostener que no había dicho que en una guerra la matanza de inocentes resulta poco menos que inexorable.

Pero no era el único. Los altos jefes de las fuerzas armadas habían sido educados en la Escuela de las Américas, financiada por los Estados Unidos, y todos compartían el punto de vista de que la tierra arrasada era el mejor método para segar cualquier brote insurreccional.

De esas enseñanzas salieron los milicos salvadoreños que enfrentaron al Frente Farabundo Martí, con la ayuda del ejército mercenario de las familias del café. Salieron de allí también los almirantes argentinos que en la Escuela Mecánica de la Armada mataban a fuego lento a quienes no delataban a sus cómplices y a maretazo limpio, lanzados desde helicópteros y atados a rieles ferrocarrileros, a los que ya habían hablado. Mi coronel Manuel Contreras, segundo de mi general Pinochet en la escala del terror, tenía cara de pentágono cuando le encargó a Michael Townley, el agente de la CIA que trabajó para la dictadura chilena, que matara a Orlando Letelier en pleno Washington D.C. Y de la Escuela de las Américas, que en el 2001 y de pura vergüenza se puso el nombre de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, habían salido las manadas de gorilas que en Brasil torturaron y mataron a quienes resultaban ser enemigos o iban camino de serlo.

Estuve en Uchuraccay y hablé con los campesinos que habían matado a los periodistas y al guía. Percibí que estaban sorprendidos de que se les interrogara y juzgara. Era evidente que habían recibido instrucciones asesinas del comando político-militar que manejaba el general Clemente Noel Moral, con quien, poco más tarde, tuve un tenso intercambio de opiniones.

Daniel Urresti ha sido condenado a doce años de prisión porque se le ha encontrado, con toda razón, responsable de la muerte de Hugo Bustíos, el corresponsal de “Caretas” en Huamanga. Él era “el capitán Arturo”, el jefe de inteligencia, el trazador de campañas y el más que probable designador de blancos.

Sendero mataba como mandaba alias Presidente Gonzalo, pero el Ejército, llamado por Fernando Belaunde, creía estar combatiendo al vietcong. Lo que pasó en la aldea de My Lai se multiplicaba en los Andes. No había culpables individualizados. Las comunidades, los pueblos, pagaban en masa el costo de la sospecha, la cooperación forzada con el enemigo. En cuanto a monto de cadáveres y ríos de sangre, los militares y el senderismo empezaron a parecerse. Era más que una guerra: era una orgía planeada por la parca.

Si eso hubiese continuado de esa manera, el Perú habría caído en manos de ese ejército senderista, nacido en Yenán pero perfeccionado en Camboya, y una intervención armada de la OEA se habría hecho imprescindible. Habríamos sido una súplica internacional, no un país.

Todo empezó a revertirse cuando se armó al paisanaje herido por las prácticas de la guerrilla y cuando se entendió que la penetración, la inteligencia y la captura de líderes y personajes claves eran el camino.

No fue el ejército, como dice la derecha, quien derrotó a Sendero. En sus cuarteles ni se enteraron, felizmente, del operativo que dio con la casa de la Garrido Lecca. En esa guarida, donde en las tardes brillaban los tutúes, cayó cobardemente el gran capo.

Urresti está en la cárcel por un crimen cometido hace 34 años. Qué bien. ¿Pero dónde están los militares responsables de las muertes perpetradas por el gobierno de Dina Boluarte en Huamanga? La Fiscalía parece interesada en encubrirlos. Por eso desarma lo hecho, rehace los despachos, desnombra a quienes ya estaban en la investigación. ¿Por qué? Porque este es un gobierno donde los milicos tienen una gran presencia, un peso determinante. Y es importante protegerlos, como lo hizo Fujimori. En Huamanga, hace poco, la consigna fue disparar sin medir las consecuencias ni guardar las proporciones. En Juliaca, la policía plagió el método y disuadió con plomo. El Perú de siempre, el viejo zombi de las encomiendas y los latifundios, había apretado el gatillo. Un régimen que intenta encarnar todos los anacronismos que supuran y lastran al Perú, alzó su voz para imponerse. La pólvora había hablado otra vez.

Urresti está entre rejas. Los muertos de Boluarte exigen una justicia semejante.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 631 año 13, del 14/04/2023, p16

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/04/peru-las-victimas-boluarte-cuando/

"Perú está viviendo, a nivel de represión estatal, su momento más feroz desde el 2000"

Jo-Marie Burt  (Entrevista Sebastian Meza)

Jo-Marie Burt no quiere ver la muerte de personas inocentes, pero lo sigue haciendo por su trabajo. El último reportaje de IDL-Reporteros sobre la masacre en Ayacucho perpetrada por las fuerzas del orden la sobrecogió porque trabajó en la zona. Ella es académica y estudiosa de los años del conflicto armado interno (1980-2000). Fue investigadora en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y actualmente indaga juicios por delitos de lesa humanidad. Empezó en el Perú con Alberto Fujimori y ahora sigue con Guatemala. Nunca fue víctima directa o remota de la represión estatal o de algún grupo guerrillero, así que solo “acompaña" a los deudos como académica y defensora de los derechos humanos. Situada a más de 5.000 kilómetros, desde Washington DC, conversó con La República.

— En el Perú se ha quebrado la independencia de poderes y ese es un marco legal que sostiene los derechos humanos. La presidencia puede sindicar que las protestas están siendo financiadas por dinero ilegal, pero, en cambio, cuando se trata de responsabilidades de las fuerzas del orden, dice que hay que esperar las investigaciones.

Hay que recordar que la semana que la canciller estuvo en Washington, se reunió con el New York Times y le preguntaron qué evidencia tenía de que las manifestaciones estaban siendo financiadas por el crimen organizado. Ella decía ‘pues no tenemos evidencia, pero estamos seguros’. Es un sin sentido. Una autoridad pública no puede decir eso.

— ¿Qué supone el quiebre de balance de poderes para las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos en un país como este, donde todo parece estar coludido para el terruqueo?

Muchas veces, en el imaginario popular, pensamos en democracia y pensamos en elecciones, pero hay otros elementos también. Un elemento fundamental es el balance de poderes. Tiene que haber autonomía entre los tres poderes del Estado, y cuando ese balance quiebra, como quebró durante el fujimorismo, cuando Alberto Fujimori hizo su autogolpe, cerró el Congreso y tomó control del Poder Judicial, ya existía mensualmente un Poder Ejecutivo que tomaba todas las decisiones. No es un modelo igual aquí, pero hay un problema de equilibrio de poderes muy fuerte que hace cuestionar hasta qué punto podemos llamar al Perú una democracia.

Otro elemento de la democracia es obviamente los derechos civiles, políticos y derechos humanos. Si se viola sistemáticamente los derechos humanos también es un elemento con el que uno puede empezar a cuestionar su nivel de democracia.

— En la situación actual hasta se ha terruqueado el apoyo no solo de los activistas, sino por ejemplo de estos dos investigados, señores dirigentes, que como todo dirigente tuvieron que sacar cuentas, tuvieron que apuntar gastos. Yo no sé si rosa el totalitarismo.

Creo que el terruqueo ha llegado a un nivel de histeria en el Perú, un poco como el macartismo en mi país (Estados Unidos) durante los años 50, donde claro, siempre hubo un cierto nivel de lo que en Perú se llama terruqueo, pero en los años 50 se convirtió en una campaña histérica liderada por un congresista, desde un poder del Estado, para limpiar personas que se consideraba agentes del comunismo. Muchos de ellos no tenían nada que ver. Creo que lo mismo está pasando en el Perú.

El terruqueo es una herramienta de larga data que se afinó durante el fujimorismo. Fue una forma de identificar cualquier opositor, cualquiera que cuestionaba al régimen, como terrorista; y si usted terrorista, entonces yo te puedo tratar como uno: te puedo detener, torturar, matar, desaparecer, violar. Eso es lo que pasó.

En democracia, uno podría suponer que esas prácticas ya no serían tan comunes, pero desde el gobierno de Toledo se practica el terruqueo. Escribí un artículo en 2005 hablando sobre cómo —no necesariamente el gobierno de Toledo, pero gente de la derecha— se utilizó ese recurso fácil de acusar a cualquier persona de terrorista para básicamente eliminarla en términos de capital social y político. Estigmatizar y aniquilar no físicamente, sino cultural, política y simbólicamente. Ahora que tenemos un Gobierno ya no democrático, híbrido si quieres, seudoautoritario si quieres, el terruqueo es su principal mecanismo de control social porque no tiene otro. Este es un gobierno que carece casi totalmente de legitimidad.

Siento que también perdió legitimidad para dialogar. El Gobierno constantemente llama al diálogo, ¿pero qué ha hecho ella (Dina Boluarte) para generar esos espacios? ¿Cómo pretendes generar confianza para tener diálogo cuando tú estás disparando y matando a la gente? ¿Con quién pretendes dialogar? No hay condiciones.

— Te pregunto por el rol que tiene en esta crisis el fujimorismo, uno de los pocos ‘partidos’ que restan.

Creo que el papel del fujimorismo no ha sido adecuadamente tomado en cuenta en esta crisis. Todos estamos enfocados en que todo "comenzó" el 7 de diciembre con un desenlace violento y preocupante de desgobierno, de manifestación social masiva, de violencia policial inaceptable, de muertes inexplicables. Nos hemos olvidado un poco de cómo hemos llegado hasta aquí.

El problema comienza en el 2016 cuando Keiko Fujimori por segunda vez pierde las elecciones ante PPK y no reconoce su derrota. Entonces, ella decide (…) gobernar desde el Congreso. Sabemos que PPK renuncia, en parte por las acusaciones de corrupción que se destapan, pero principalmente porque sabe que lo van a vacar.

Entra Vizcarra y pasa lo mismo: choque entre el Ejecutivo y Congreso. Con las elecciones en 2021 llega a otro nivel. Por tercera vez Keiko postula y cree que ya no puede perder. Llega a la segunda vuelta ante Pedro Castillo, un total desconocido, un profesor de Chota. Estoy segura de que ella y sus asesores estaban confiados de su victoria, y no ganó. Entonces, es como la misma película que volvemos a ver.

Esta vez decide no solamente no reconocer su derrota, sino retar la victoria de su contrincante con el discurso falso del fraude. Recordemos que en ese momento, en 2021, como parte de su intento de ‘comprobar’ que hubo fraude, envían abogados de las firmas más pudientes de Lima a la sierra a revisar los balotajes ¿De quiénes? De la gente más pobre, indígena, quechuahablante, de los "nadies". El cargo de racismo en ese hecho es muy fuerte.

Ver hoy a esos "nadies" levantarse y decir: 'Basta de no tomarnos en cuenta, de discriminar contra nosotros, de tomar decisiones sin nosotros, por sobre nosotros', es algo muy poderoso. No sabemos qué desenlace va a tener.

— ¿Es el momento más crítico del país desde Alberto Fujimori?

Yo creo que sí, sin duda. Solamente mirando la cantidad de muertos que tenemos, en democracia y desde el 2000, eso es inédito. El referente más similar que puedo recordar es el Baguazo donde murieron 10 indígenas y fueron heridos varios más. Ese fue un momento traumático para el país. Hasta ahora no hay ningún responsable político de esa masacre.

Pero desde el 2000, el momento que se está viviendo en Perú, con respecto a represión estatal, es el más feroz, con más muertos, en estos 22 años que se han vivido desde el retorno a la democracia. En solo ese sentido es un problema crítico, pero también tenemos un problema grave de desgobierno. Hay momentos en que la presidenta no aparece por días enteros y todo el mundo se pregunta dónde está. Un señor manifestándose en las calles de Lima es disparado en la cabeza con un cartucho de gas lacrimógeno por un policía y ella no sale a decir absolutamente nada al respecto. ¿Acaso no es peruano, acaso no es ciudadano?

Como hemos venido diciendo, está en grave peligro la institucionalidad democrática por la cual se peleó duramente a fines de los años 90. Creo que nunca, en los 22 años de democracia en Perú, se ha caído a un nivel en que se podría decir que ya no estamos en democracia. Ha habido un montón de problemas que te los puedo ir enumerando, pero el peligro a un giro autoritario es muy grave.

No hay que confundirnos que con elecciones salimos de esta. Pienso que las elecciones tempranas son necesarias para tratar de resolver el momento, pero para los problemas estructurales del sistema político, de la Constitución, del sistema electoral; ni hablar en los problemas sociales, de la exclusión, de la pobreza, de la informalidad, del racismo, los problemas históricos más grandes, se requiere un pacto social nuevo para tratar de lidiar y encontrar formas de resolver esto.

— Pienso que la asamblea constituyente es la única forma de integrar a esos "nadies" en la composición de un pacto. Eso es lo que están pidiendo, porque no hay representación.

Es lo que están pidiendo. Si pensamos en los otros procesos constituyentes que ha tenido Perú, creo que el único en el que pudo votar la gente mayoritariamente indígena ha sido el de 1979. En 1993 ocurren elecciones bajo un momento dictatorial, en donde existía cierta libertad de prensa, pero también mucha represión, censura y mucha violencia estatal. Vivía en Perú en esa época y no creo que fueran elecciones libres.

¿Por qué no un proceso en el que esos sectores tengan su representación? Siempre la cuestión estará en los detalles, en cómo garantizamos que, teniendo la posibilidad de una asamblea constituyente, no estará apoderada por los sectores antiderechos que existen en la derecha e izquierda. Ese creo que es el gran reto.

— ¿Cuáles son los escenarios que se le vienen a Dina Boluarte desde una visión de derechos humanos? Ella ha sido denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, es un camino muy largo. Típicamente, se demora una década para que un caso llegue en particular, y siempre es necesario que se agoten los recursos internos.

Sabemos también que la fiscal (Patricia Benavides) ha abierto una investigación a la presidenta, Otárola y otros ministros, pero entiendo también que hay dudas sobre su actuación. Hay muchas cosas que me hacen recordar de la época del fujimorismo. Había una fiscal que fue fiel sirvienta de la dictadura de Fujimori, Blanca Nélida Colán. Yo no siento mucha confianza en la investigación de la fiscal, además, la figura de genocidio es muy difícil de comprobar. Muy fácilmente la podría haber acusado por homicidio culposo, homicidio agravado u otras figuras.

Si esa investigación no llega a ninguna parte, ahí se abriría tal vez la posibilidad de una investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay que recordar también que la CIDH no juzga a personas, juzga a los Estados. Determinan la responsabilidad del Estado y recomienda acciones concretas para remediar la violación ocurrida. Entonces, podría nombrar a Dina Boluarte como última responsable, pero no la va a juzgar porque no es su competencia.

Ahora, podrían denunciarla ante la Corte Penal Internacional (CPI), pero eso lo veo más remoto todavía. Está allí como posibilidad. Es muy probable que por el resto de su vida ella enfrente acusaciones por los hechos ocurridos en este tiempo.

— Hablemos sobre repercusión internacional. Desde Cancillería se alega que desde el extranjero están desinformando lo que pasa "realmente" en el Perú.

Cuando salió el hilo en Twitter de la Embajada de Perú en Estados Unidos de las ocho verdades —que viene desde la Cancillería— obedeció al mandato de tratar de imponer ese relato. Eso es lo que está pasando: hay una lucha por imponer un relato. La función del terruqueo en el Perú es imponer un relato de que los que están manifestando son violentistas, criminales y terroristas; por lo tanto, carecen de legitimidad y los puedo reprimir como quiero. A nivel internacional quieren también imponer una narrativa, quieren desconocer el derecho de la prensa de informar a su manera y quieren poner la narrativa de que el Gobierno es democrático y que se está defendiendo de manifestaciones violentas.

Una democracia que está matando a gente desarmada, que no representa un peligro a nadie, gente que solo está pidiendo una asamblea constituyente o elecciones tempranas, eso llama la atención a nivel internacional.

Lo que ellos quisieran es que el periodismo internacional voltee la mirada y se vayan a Ucrania y no miren lo que está pasando en Perú. ¿Por qué? La prensa en Perú —y todos lo sabemos— está concentrada en un gran sector como lo es El Grupo El Comercio. Ellos están dirigiendo un discurso muy afín al Gobierno.

https://larepublica.pe/politica/2023/02/14/dina-boluarte-paro-nacional-joemarie-burt-peru-esta-viviendo-a-nivel-de-represion-estatal-su-momento-mas-feroz-desde-el-2000-772492

https://www.leerydifundir.com/2023/02/peru-esta-viviendo-nivel-represion-estatal-momento-mas-feroz-desde-2000/

Perú: La coyuntura y la memoria histórica

Jorge Lora Cam

Queda claro que Perú vive una rebelión desde abajo, de la izquierda popular politizada pero no institucionalizada, que es originaria, anticolonial y democrática, comunitaria y solidaria.

Desde el 7 de diciembre se inician las movilizaciones, luego de una tregua por las fiestas de fin de año, el 4 de enero se reinicia el paro nacional y hay 17 regiones movilizadas, 7 en estado de emergencia (donde la vida no vale nada), más de 120 bloqueos a lo largo del país, que sin embargo, al carecer de una dirección nacional centralizada nada es exacto, no hay plan estratégico, es un desenvolvimiento irregular con direcciones locales y hasta macro regionales que tienen como parece obvio un lado positivo -evitar la manipulación política- y un lado negativo -la descoordinación y la infiltración de “ternas” (soplones mercenarios que buscan deslegitimar las luchas con la destrucción de bienes públicos). En el otro lado están las organizadas y oscuras fuerzas que dirigen el complot de la derecha dirigida por escarmentados y prontuariados militares (Comando Conjunto de las FFAA, Williams asesino de Accomarca y presidente del Congreso, los marinos congresistas -Cueto y Montoya- los narco Generales del VRAEM, asesinos en Andahuaylas y Ayacucho) y civiles con Montesinos y Keiko, el primero en condena carcelaria y la segunda que busca la impunidad y el exilio, Otárola -responsable de muertes en Tía María, VRAEM y Bagua) la fiscal Benavides que también evade la justicia, lideres de los gánsteres de Acción Popular llamados “los niños” (todos ellos deben ser acusados de genocidio o crímenes de lesa humanidad e ir presos) y el bufón alcalde de Lima Rafael López Aliaga). Una guerra desigual pues los segundos tienen las armas y son genocidas por antonomasia. El pueblo se enfrenta a un poder concentrado de quienes se consideran en toda la falsa vida republicana los dueños del país, los que monopoliza las armas y ocupa todos los territorios y poderes administrativos concentrados del Estado, la oligarquía y un sector de la clase media civil y militar que provienen -muchos de ellos- de familias limeñas la migración andina pero que han renegado de su identidad étnico-clasista al replantear su lugar en el estatus social con el neoliberalismo.

La izquierda después de haber probado todos los caminos para el cambio, desde una vía pacífica hasta la armada, cambiar el país con su voto o el fusil, bajo la dirección de partidos, hoy tiene sus propias organizaciones y líderes, al ser traicionadas o reiteradamente víctimas del despojo y corrupción por organizaciones de derecha, centro e izquierda. Deciden rebelarse retomando la lucha anticolonial de Tupac Amaru y cientos de luchadores anticoloniales. Debemos resaltar que han surgido nuevos elementos que aportan al futuro de las luchas, desde la reidentificación indígena, Es la resistencia rebelde de campesinos, mestizos y comunidades de pueblos indígenas, trabajadores y sectores ecologistas y defensores de derechos a nivel urbano y rural siguiendo el ejemplo democratizador de los pueblos andinos de Bolivia y Ecuador, retomando la solidaridad comunitaria entre los de abajo. Es de relievar lo que ocurre en las universidades que salen del enclaustramiento (UNMSM, UNI, Cantuta, PUC) alarmando a la derecha en el poder que se considera dueña de todo el territorio público del país). En sus claustros tradicionalmente se albergaba hasta hace 30 años a los pobladores, sindicatos y otras organizaciones en lucha. Hace unos días volvieron a hacerlo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería y cobijaron a los marchistas; en la primera la policía el 21 de enero, violando la autonomía y con la venia de la rectora Jerí Ramón esperaron que sea un sábado, inventaron un estúpido pretexto y con tanquetas, armas de guerra incursionaron maltratando a los marchistas y a todo ser vivo que encontraban a su paso, entre ellos los estudiantes que hacen uso de la vivienda universitaria, humillándolos, golpeándolos, deteniéndolos y desapareciendo a algunos considerados peligrosos; las fuerzas policiales ingresaron con tanquetas violando todas las leyes .

El incendio de una antigua casona en el centro de Lima mostró que hasta los bomberos tienen precio, al poner en duda que fue la policía quien ocasionó el desastre que la dejo en cenizas, producto del disparo de cientos de lacrimógenas con mecha que dispararon a todos los miles de marchantes. En efecto, el tipo usado de bombas lacrimógenas tienen una mecha que se enciende para provocar la explosión y eso fue visto por varios testigos, entre ellos los propietarios y no quedan dudas. Pero la Fiscal solo usa políticamente los hechos como lo hizo con sus hermanas al cambiarles los fiscales que las investigaban por liberar grandes narcos a cambio de enormes sumas de dólares y a la inversa con Castillo al que violando muchas leyes lo apresaron sin un justo proceso y ahora tiene amenazada a Dina «Balearte» con una investigación preliminar para acusarla de genocidio sino sigue aprobando las matanzas dirigidas por Otárola, los marinos y el Comando Conjunto.

La quema de fiscalías, puestos policiales, ayuntamientos, ocupación de minas y destrucción de campamentos son manifestaciones del odio popular a instituciones corruptas, criminales (57 fallecidos y cientos de heridos) responden -aunque en muchos casos fueron acciones de los infiltrados- al odio a policías y soldados que no respetan ningún derecho humano y menos social, y que, seguramente ignoran que el objetivo central del gobierno de proteger el saqueo de las corporaciones mineras.

Mientras la izquierda popular protagoniza estas acciones de rebeldía anticolonial, la otra izquierda, la institucional, cree que existe democracia y lleva a las urnas a la primera. Es curioso que como señala Héctor Béjar el voto obligatorio de la otra izquierda -la política, la oficial- haya definido procesos electorales consiguiendo solo decepciones y cuando elige a un campesino andino de sangre indígena (aunque él nunca lo haya reconocido) la oligarquía y esos sectores de clase media lo destituyan y apresen con la complicidad de este sector de la izquierda. Dirá Béjar “Por ejemplo, en los 90, el voto de la izquierda fue decisivo para el triunfo de Fujimori, y la izquierda participó en sus primeros gabinetes; la caída de Fujimori es inexplicable sin la participación de la izquierda; Toledo es inexplicable sin el apoyo de la izquierda…”[1]

Historizando, la relación del pensamiento oligárquico con el de la izquierda política, entenderemos cómo se transfiere una ideología de la sumisión de una a otra, del caciquismo gamonal al neoliberal de derecha e izquierda, de un caudillismo a otro hasta el neoliberalismo que contaminó todo el espectro intelectual y cultural. Y cómo se llega a esta lucha autoorganizada, sin caudillos ni falsas vanguardias, una verdadera revolución de las conciencias y prácticas políticas. Veamos la historia.

Sostiene Mazzeo que el Estado colonial es: “… estado con monarquía en la medida en que de ella partían las reglamentaciones, leyes y decretos que regulaban el mundo colonial”. Cuando decimos que el estado colonial permanece hasta hoy, es porque la regulación de esta parte del mundo sigue en manos de las potencias coloniales expresada en los cambios en la legalidad y la creación de alguna nueva institución. Es obvio que no nos referimos a la colonización clásica sino a la moderna, al modo específico de naturalización de las viejas relaciones fundamentales y en renovación de lo accesorio que incluyen las relaciones de poder, dominación y explotación; de la permanencia de castas y estamentos etnico-clasistas; de la continuidad renovada del gamonalismo y el extractivismo; de una sociedad y cultura colonial excluyente de la mayoría afro indígena, del sometimiento financiero de grandes potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos, configurando el carácter de un estado cuyos rasgos duran hasta hoy bajo nuevas máscaras modernizadas aunque el latifundismo se haya modernizado y se hayan instalado industria de bienes de consumo.

En este aniversario de José María Arguedas hay que resaltar lo que nos decía hace 55 años y que hoy continúa poniéndose de manifiesto.

Creemos que la integración de las culturas criolla e india, que evolucionaron paralelamente, dominando la una a la otra, se ha iniciado por la insurgencia y desarrollo de las virtualidades antes constreñidas de la triunfante perviviente cultura tradicional indígena mantenida por una muy vasta mayoría de la población del país. Tal integración no podrá ser condicionada ni orientada en la dirección que la minoría, todavía, política y económicamente dominante, pretende darle.[2]

Debemos construir categorías que puedan mostrar la falsa emancipación y como se suceden las formas de dominación objetivas y subjetivas y la condición tributaria de las colonias que definen una independencia política de carácter formal y una economía que ofrece principalmente materias primas o recursos energéticos a las potencias capitalistas. Esta condición define la corrupción y la crisis múltiple del estado como siempre potencial, compleja y profunda, histórica, cultural y política; no es de hoy, data desde la conquista y la colonia, perdura en la semicolonia reformada y en constante metamorfosis que llega casi incólume a nuestros días, toca las raíces de la cultura dominante enraizada en las genealogías del poder.

La historia del Perú es una historia colonial de exterminio, que tampoco comienza en el siglo XX. En el primer siglo se calcula que exterminaron al 90% de los pueblos indígenas. Luego, fueron otros 400 años de un conflicto colonial-anticolonial basado en el despojo, que terminó en todos los casos con el exterminio de la oposición al dominio colonial expresado en rebeliones, guerrillas y hasta en un intento de guerra popular.

El actual conflicto que vive Perú tiene ese fondo, los herederos de la oligarquía, ahora aliados de las grandes corporaciones vuelven -otorgándole continuidad- al despojo y exterminio de los opositores. Con la atingencia de que quienes llegaron al ejecutivo lo hicieron contaminados de la cultura neoliberal. Hereditario desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy, los rasgos fundamentales de este Estado construido desde arriba, desde fuera y a partir de una guerra de exterminio y sometimiento brutal de los pueblos originarios El Estado nación es una fantasía mítica, sin asidero estructural, basada en una pseudo historia hecha por los poderosos.

El capitalismo colonial es visto por Machado Aráoz así:

En un sentido que acá se quiere destacar de modo especial, la expropiación eco biopolítica alude a los efectos de larga duración de la violencia colonial extractivista sobre el sustrato afectivo y motivacional de la subjetividad. Las vivencias y experiencias del extrañamiento y la explotación de los territorios se hacen cuerpos. El recurso sistemático a mecanismos de superexplotación opera, así, destruyendo los capilares de la afectividad-sensibilidad y va produciendo un progresivo proceso de acostumbramiento a la violencia endémica de los entornos coloniales. En el umbral último del orden colonial, el extractivismo opera produciendo una abismal expropiación de la sensibilidad corporal. Expropiación, más que con arrebato, tiene que ver acá con eficacia performativa; da cuenta de la capacidad biopolítica de producir sujetos radicalmente insensibles a la explotación. En parte por acostumbramiento-internalización del dolor social; en parte por la colonización-mercantilización del deseo. [3]

Lo que le faltó decir a Machado es que esta forma colonial tiene su correlato no sólo en la violencia y la internalización fetichista de los recursos naturales especialmente en las clases medias y altas beneficiadas, difundida por los medios, sino también incuban la potencialidad de la corrupción, la ingobernabilidad y las crisis al eliminar la soberanía, los derechos de los trabajadores y los escasos residuos democráticos, imponiendo en su lugar constituciones y estados de derecho fraudulentos, que protegen la corrupción e impunidad de una administración estatal y empresas saqueadoras. Se establece una estructura que condiciona a los gobiernos de cualquier color a preservar ese orden bajo el riesgo de terminar su mandato.

Sobre el neocolonialismo o recolonización neoliberal, en el que los Estados Unidos diseñan políticas y aprueban o consienten a gobiernos y a los principales funcionarios, se articula el colonialismo interno. Los descendientes oligárquicos españoles y criollos, grupos familiares herederos de la monarquía colonialista, al que se fueron agregando extranjeros que iban migrando, mantuvieron el control del Estado hasta hoy. Solo cambian algunas dinastías. Los pueblos originarios, los afrodescendientes, los mestizo indígenas y negros siempre fueron excluidos del Estado. Lo que hay es un capitalismo global que impone acabar con la soberanía estatal (Constitución 1993), fundamento de los estados nacionales, con los fragmentos de la soberanía popular, sustento de la democracia y optar por una mercantilización generalizada de la vida social, que tensiona enormemente las agendas de los Estados hacia la creciente desregulación económica, la flexibilización de los mercados laborales y la privatización de bienes públicos. La política migratoria también fue utilizada para bajar aún más el precio de la fuerza de trabajo (PPK). El despojo campesino -y urbano- y la sobre explotación, generan enormes tensiones políticas, dado el aumento de la miseria, desigualdad y segmentación social; originando mecanismos deformados de preferencias políticas, sesgos ideológicos varios, pensamiento grupal reaccionario y esquizofrénico en la que puede aparecer una polarización política como peligroso epifenómeno de dichas tensiones.

Históricamente, tenemos la posibilidad de ver cómo se redefine el estado colonial. Fujimori al principio adoptó fines y tácticas desarrollados por la Central Intelligence Agency en cooperación con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y usó las fuerzas armadas. Los militares necesitaban más apoyo ante las peleas antisubversivas y las denuncias de abusos a los derechos humanos y colusión en el tráfico ilegal de drogas.

Montesinos, conocedor del funcionamiento del Estado colonial -como ya lo dijimos- primero se apoderó de los servicios de inteligencia, luego del Congreso y el poder judicial respaldado en una nueva Constitución que garantice su continuidad. Luego de asumir Fujimori el gobierno, Montesinos -trabajando para la CIA y probado traidor a la patria, abogado de narcotraficantes- fue elevado a la condición de Asesor del jefe del Servicio de Inteligencia. El 5 de abril de 1992, Fujimori suspende la Constitución de 1979, disuelve el Congreso y ordena la reorganización del Poder Judicial. El dominio de Fujimori sobre la Corte Suprema lo hizo destituyendo jueces y fiscales desobedientes utilizando el descontento arraigado en la población respecto al Congreso y al Poder Judicial, relacionándolo con la corrupción y los instrumentos políticos que utilizaban, con el fin de justificar un nuevo Congreso y legislaciones que redujeran su independencia. Paralelamente, tomaron medidas coercitivas y de censura contra toda la prensa y hablada, desde la misma noche del golpe. Posteriormente logró que los militares firmen un acta de sumisión. En poco tiempo tenían las instituciones controladas y bajo su mando. El mejor ejemplo fue y es Blanca Nélida Colán Maguiño, ex fiscal de la nación con Fujimori, líder y encubridora de todo el poder ante el aparato judicial. Presa entre 2001-2008.

No descuidaron la intervención social autoritaria y en noviembre de 1992, con la elección de un llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), en la que los movimientos políticos que lo apoyaron obtuvieron la mayoría de escaños. El CCD preparó una constitución neoliberal y a medida del gobernante, en la cual destacan la reelección presidencial y la unicameralidad del Parlamento. Esta Constitución fue aprobada por un pseudoreferéndum en 1993.

La descolonización debe eliminar la Constitución del 93, el Tribunal Constitucional creado para que la Constitución sea intocable, recuperar la autodeterminación popular y las autonomías indígenas, regionales y populares; y construir el poder constituyente y la democracia desde abajo, terminando con el vigente régimen político mercantilizado y privatizado.

Notas:

[1] Héctor Béjar, entrevista Entrevista por Pablo Toro y Jorge Ayala, Jacobin Argentina, 18/01/2023.

[2] https://www.servindi.org/18/01/2023/el-indigenismo-y-el-problema-de-la-integracion-por-jose-maria-arguedas

[3] Horacio Machado Aráoz, Extractivismo y “Consenso Social”: Expropiación – consumo y fabricación de subjetividades (capitalistas) en contextos neocoloniales. Revista Cuestiones de Población y Sociedad | 2013. ISSN 2314-1492, [ 41] Vol. 3, N°3, Año II. https://horizontescomunitarios.files.wordpress.com/2016/10/machado-araoz-extractivismo-y-consenso-social.pdf.

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https://www.leerydifundir.com/2023/01/peru-la-coyuntura-la-memoria-historica/

Perú: Vizcarra se orienta a la vía represiva

César Zelada

Represión criminal contra pueblo indígena, detenciones y despidos de dirigentes sindicales mineros y amenazas contra referente sindical de la limpieza pública.

Al mismo tiempo que la “crisis del régimen político y social” avanza (con sus contradicciones), la tendencia a la reacción también se afianza. Después de haber sido volteado -por el voto en contra del Parlamento– el gabinete Cateriano a favor de las mineras y el capital financiero, el presidente Martín Vizcarra quiere imponer su política de entrega y hambreamiento popular a través de la represión.

Cansados de tanto abuso y mesas de diálogo sin resultados eficientes, las comunidades de la etnia Kukama, en Loreto, decidieron realizar un paro y la respectiva toma de la estación petrolera en el lote 95 de la empresa Petrotal. Las fuerzas policiales intervinieron y reprimieron brutalmente, con el saldo de 3 muertos y más de una decena de heridos. Los policías tendrían también 6 heridos.

Los comuneros están demandando que la empresa les dé un fondo económico que proceda del 10% de la producción fiscalizada de petróleo para ejecutar proyectos de seguridad alimentaria, agua, saneamiento y energía eléctrica, así como medicamentos para enfrentar el Covid-19.

La lucha tiene larga data. En marzo del 2019 también protestaron logrando que la empresa se comprometa a mejorar el nivel de atención sanitario en sus comunidades. No obstante, en la actualidad, según el Ministerio de Salud, hay cuatro centros de salud rurales de primer nivel y todos tienen una capacidad instalada inadecuada. Además, según el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), “en Loreto solo el 45% de la población consume agua potable de la red pública. Y de ese porcentaje, solo la mitad tiene acceso a este recurso todos los días; y apenas el 8% tiene agua las 24 horas del día. El documento también señala que solo el 42% de la población tiene acceso a la red pública de alcantarillado” (Ojo público, 9/8).

El gobierno ha enviado una Comisión de Alto Nivel encabezada por el ministro de Cultura. A la vez, el ministro del Interior está enviando más policías, pero no para preservar el orden sino para seguir reforzando el apoyo a la petrolera.

“El gerente general de Petrotal, Ronald Egúsquiza reconoció que existen deficiencias en el sector salud en Loreto, y dijo que ‘por ello PetroTal trabaja de manera conjunta para avanzar en el Plan de Cierre de Brechas del gobierno central’” (ídem). Actualmente se producen 12 mil barriles diarios de petróleo.

Anteriormente, una explosión social en Espinar (Cusco), contra la empresa minera Glencore (de capitales suizos), reclamando bonos (subsidios) de 1,000 soles (para reactivar el derrumbe de su economía), del Convenio Marco que ésta firmo producto de grandes jornadas de lucha, terminó siendo fuertemente reprimida con el saldo de 5 heridos de bala, decenas de detenidos y desaparecidos.

Por otro lado, la dirigente sindical de limpieza pública, Elizabeth Cortez, acaba de ser agredida brutalmente con el cacho de una pistola con el epíteto de “esto te pasa por estar publicando huevadas”. Las “únicas huevadas” que publica la compañera son denuncias por los derechos de los trabajadores (as) explotados (as) del servicio de limpieza pública que beneficia a toda la población limeña en la lucha contra la pandemia evitando que se desarrollen focos de infección.

La misma política represiva se observa contra los dirigentes de los sindicatos mineros como sucede en el caso de Marsa, Chinalco y Shougang, detenido y despedidos, respectivamente, por denunciar las prácticas antisindicales y ausencia de protocolos sanitarios por parte de las Empresas Mineras. A la vez, en los campamentos mineros de Atacocha, Pataz, etc. centenas de trabajadores son despedidos producto de las “suspensiones perfectas” y ceses colectivos.

En conflictos anteriores como el de Tía María, el presidente Vizcarra se había movido con pies de plomo (incluso había los que reclamándose mariateguistas lo apoyaban por este tema). Pero ahora frente a la bancarrota de su política para enfrentar el Covid y reactivar la economía, pues ha dado un giro más represivo reforzando sus rasgos bonapartistas. El mismo que se acentúa con un nuevo premier como Walter Martos que es un general en retiro y que tiene la orden de la Confiep (cámara patronal) de reactivar todos los proyectos mineros que se han teñido de sangre o que están cuestionados por no cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o no tienen licencia social, así como de avanzar en el despido de miles de trabajadores y recortes de derechos laborales para recuperar la tasa de ganancia.

Por estas razones, se va desarrollando la Coordinadora Unitaria Sindical y Combativa (CUS-C), con una declaración que articula la lucha contra la represión gubernamental con la de las reivindicaciones sociales como la de triplicación del presupuesto a la salud a nivel del PBI a la vez que su centralización (incluida las clínicas privadas), aumento de salarios, por protocolos sanitarios y comisiones de higiene en las empresas, bonos personales de S/. 1,000 (subsidios) mensuales por todo el tiempo de la crisis, reincorporación de los despedidos, impuestos a las grandes fortunas, auditoría de Reactiva Perú y el endeudamiento con el FMI, freno de las tasas usureras bancarias, etc.

Una Coordinadora que sostiene la Unidad, Solidaridad y la independencia política de clase. Que rechaza el voto de confianza del Congreso al gabinete Martos y cuestiona la expectativa que le dan algunas centrales sindicales al mismo pidiendo “más participación en el gobierno” (a pesar de los tres paquetazos impuestos contra el pueblo); y que tiene agendada un Plan de Combate con una serie de luchas de bases como las de SITOBUR, Salud, etc. como acciones de acumulación de fuerzas en perspectiva de una Jornada Nacional de Lucha.

https://www.leerydifundir.com/2020/08/peru-vizcarra-se-orienta-la-via-represiva/