Perú: Los empresarios deben cambiar

Pedro Francke

"No se oye ninguna voz empresarial reclamando que esta democracia ya no es democracia"

Los grandes grupos económicos, los monopolios y las transnacionales, como conjunto, respaldaron al cogobierno de Dina Boluarte con el Congreso y están muy a gusto con Jerí. Basta seguir sus pronunciamientos y sus silencios para darse cuenta. Como les regalaron miles de millones en exoneraciones tributarias especiales, aunque con ello se haya sacrificado el equilibrio fiscal, fueron claros defensores de este cogobierno congresal que hoy tiene continuidad. No es nueva la poca consideración de esta cúpula oligárquica hacia la democracia, el bien común y los derechos humanos. El Perú necesita que cambien y piensen más en el futuro del país.

Hace unos años se acuñó la idea de “demócratas precarios” para referirse a los débiles compromisos de partidos y líderes políticos peruanos con la democracia. Pero los grandes empresarios no han llegado ni a ese nivel: la democracia no es lo suyo.

Poderosos y destacados empresarios, como Dionisio Romero, del Banco de Crédito y Alicorp, los hermanos Rodríguez Banda, del grupo Gloria, y Roque Benavides, de Minas Buenaventura, mientras Fujimori maniobraba por su tercera reelección aplastando al Tribunal Constitucional de entonces y los estudiantes salían a las calles contra la dictadura, iban a la salita del SIN a pactar con Vladimiro Montesinos que se dieran leyes a su favor.

Montesinos movió sus tentáculos en la Corte Suprema, que en ese entonces la tenía sometida, para que Roque Benavides, junto a su socia Newmont, se quedaran con las acciones de la mina Yanacocha, acciones que pertenecían a su socio francés. José Chlimper, luego de la tercera, fraudulenta e inconstitucional reelección de Fujimori, fue su ministro y aprovechó para obtener la ley que exoneró impuestos a los agroexportadores como él, redujo sus contribuciones a la seguridad social y facilitó los abusos contra sus trabajadores.

A pesar de eso, tras la transición a la democracia en el año 2000, la política económica neoliberal continuó y los siguió favoreciendo. Recompusieron rápidamente buenas relaciones con gobiernos de corrupción recargada.  Toledo hizo un gran negociado de obras públicas con Odebrecht, con Pedro Pablo Kuczynski como su ministro cobrando millones por sus servicios. Jorge del Castillo y Alan García arreglaron con las grandes mineras para no cobrarles impuestos a sus sobreganancias mientras crecía la corrupción con el “club de la construcción”: Odebrecht y Graña y Montero (GyM), entonces la mayor y más destacada constructora nacional. Que una rama de los Miró Quesada fuera al mismo tiempo dueña de GyM y de “El Comercio” le daba una llegada muy especial al poder de turno.

En las elecciones del 2016 los más poderosos empresarios “invirtieron” millones de dólares en aportes para Keiko para asegurarse de que el modelo económico siguiera incólume. Tras ser elegido, Ollanta Humala traicionó sus posiciones y pactó con quienes concentran la riqueza y el poder económico, mantuvo exoneraciones y beneficios tributarios y dejó congeladas las leyes para controlar la elusión de impuestos, las fusiones monopólicas y la comida chatarra. Al mismo tiempo, obtenía coimas de Odebrecht y del “club de la construcción”. Grandes empresarios respiraban aliviados con renovada confianza: siempre podrían comprar el poder a su favor.

Entre 2016 y 2019 varios casos de corrupción salieron a la luz tras el escándalo Odebrecht y eso golpeó la reputación de los grandes empresarios nacionales. Pero en los años anteriores ellos habían logrado una acumulación de riqueza y poder mucho mayor, y siguieron haciendo lobby mientras buscaban cómo recomponer su imagen. Vizcarra prolongó a los agroexportadores sus exoneraciones tributarias y no hizo ninguno de los cambios que se necesitaban frente a la minería y las AFP. Sí sacó adelante la ley de alimentación saludable, el control previo de fusiones monopólicas y las medidas antielusivas, asuntos básicos de defensa del interés público y regulación de los mercados. Por eso cuando hubo un conflicto entre Vizcarra y el Congreso, que terminó con la disolución de este último, la Confiep se puso clara y tajantemente en favor del Congreso fujimorista.

Todos estos años la orientación de esta cúpula de gran poder económico fue anteponer sus intereses antes que el bien común. Ni siquiera aceptan algunas reformas tibias, defienden agresivamente su explotación abusiva de los recursos naturales, de los consumidores y de los trabajadores peruanos.

La elección de Pedro Castillo mostró una vez más el talante antidemocrático de la cúpula de poder económico. Muchos de ellos colaboraron con el fujimorismo en negar el resultado electoral y luego se aliaron al Congreso para frenar la reforma tributaria. Cuando Dina subió al poder, el que asesinara a cincuenta compatriotas no les importó. Además del interés de multiplicar sus riquezas, una buena dosis de racismo estaba presente. Hoy están felices con Jerí: saben que les mantendrá las exoneraciones y perdones tributarios que les dieron Dina y el Congreso por miles de millones. Aun cuando los homicidios por sicarios se multiplican, estos se concentran en los barrios populosos mientras los dueños de los grupos monopólicos viven en Estados Unidos o Europa. La democracia ha desaparecido: el Congreso manda y ya no hay separación de poderes, la justicia vía JNJ y TC son instrumentos de la derecha en el poder. Han asesinado a Trvco, dejado varios otros heridos de gravedad incluida una niña de 9 años que acompañaba a su madre en la venta ambulatoria. Ahora nos quitan libertades aprovechando el pretexto del estado de emergencia sin que eso resuelva en nada la inseguridad en las calles. Pero no se oye ninguna voz empresarial reclamando que esta democracia ya no es democracia.

Necesitamos que cambien. Nuestro país requiere una ciudadanía más activa y los jóvenes de hoy nos dan esa esperanza. También es indispensable que quienes concentran el poder económico se den cuenta de que, con ese racismo y clasismo negador de la democracia y el bien común, están empujando el Perú al abismo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 756 año 16, del 31/10/2025

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Perú: La sangre otra vez

Gustavo Espinoza

Cuando la noche del miércoles 15 de octubre cayó abatido en la Plaza Francia de Lima Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, un artista de la música y cantante popular de los colectivos de Hip Hop; se supo que la sangre había vuelto a la capital en el marco de una lucha muy extendida que la población libra contra una Mafia envilecida que  se resiste a abandonar las posiciones de Poder, pese incluso a que ella misma se viera forzada a cortarle la cabeza a Dina Boluarte, por considerarla una extremidad inútil y hasta putrefacta.

Fueron miles los pobladores -jóvenes y viejos- que se dieron cita en las calles de Lima para expresar su repudio al Congreso de la República que aún mantiene un 95% de desaprobación ciudadana. Pero la movilización no sólo estremeció Lima. Ocurrió también en las principales ciudades del país: Arequipa Tr8jillo Cusco, Huancayo, Ayacucho y otras, en las que el grito fue unánime: Que se vayan todos, es decir, el encumbrado Presidente, los congresistas y los nuevos ministros del Gabinete Alvarez que, como muchos han dicho, no conforman un gobierno de transición, sino de transacción,  es decir una estructura en la que se ha verificado una repartija en provecho de la Clase Dominante.

Hay que admitir que el presidente de hoy -no se sabe si en los próximos días también- inició su gestión con un “nuevo estilo”.  Se mostró atento a las cosas y al desarrollo de los acontecimientos, acudió a varios lugares, habló con gente, recibió delegaciones, y aunque en algunos sitios fue bien recibido, en otros le llovieron quejas y hasta insultos. Y es que el piso está cuarteado en este país desde hace varios años por una cúpula envilecida y en derrota.

En Ayacucho, por ejemplo, la demostración fue “pacífica”, pero allí los familiares de las víctimas de la masacre de diciembre del 2022 demandaron justicia y exigieron la investigación de la muerte de sus familiares, al tiempo que exigieron la detención de Dina Boluarte. En contrapartida, el Poder Judicial resolvió autorizar a la ex mandataria a abandonar el país cuando lo quiera, sin restricción alguna, convalidando su posibilidad de “asilo”,  o más bien de fuga..

En Arequipa, donde el Rey de España presidia un Congreso Internacional de Lengua Española, las autoridades buscaron impedir el ingreso de los manifestantes a la Plaza de Armas de la ciudad, y sólo permitieron las marchas populares, cuando su Real Majestad hizo abandono de la ciudad. Sumisión virreinal, ¿verdad?

Las movilizaciones que comenzaron el miércoles pero que continuaron en días sucesivos, se explican en tres niveles: contra el presidente Jerí, contra el Congreso de la República y contra el Gabinete Ministerial. En los tres casos, tienen fundamento de fondo.

José Jeri accedió a la presidencia de la República por un hecho casual: era presidente del Poder Legislativo al momento de ser “vacada” Dina Boluarte por la totalidad de los votos congresales, sin uno solo en contra y sin ninguna abstención. Pudo -y debió- en la circunstancia, procesarse un cambio y elegirse a un presidente que implica una modificación en la política oficial, pero no se quiso eso. Estuvo en la intención de la mayoría parlamentaria jugar una carta que implicara “más de lo mismo”. No tienen, entonces, razón para quejarse hoy de la ira pública.

Se puede objetar que las movilizaciones populares -incluida la del miércoles 15- estuvieran cargadas de violencia. La “Prensa Grande” habló de “bombas Molotov” y piedras, como “armas” de los manifestantes. Si pues.  Quienes participamos antes en esas batallas y pusimos el pecho para enfrentar la represión oficial, sabemos que las “bombas Molotov” no son nada nuevo. Se originaron en los años de la II Guerra Mundial y llegaron a fines de los 50 y a inicios de los 60. Y las usamos porque constituían la única manera de hacer frente a la brutalidad policial. Gracias a ellas, existe hoy el Pasaje Universitario, el Co Gobierno y la Autonomía Universitaria.

Lo mismo que las piedras y los palos, de los que se valen los manifestantes acorralados por robots metálicos vestidos de acero. En circunstancias como esa, los que luchan no tienen más alternativa. Y parafraseando a Mariátegui, podremos decir que, si  generan violencia, no habrá más alternativa que estar con la violencia, sin reservas cobardes.  

El señor Jeri tiene serios cuestionamientos.  Estuvo involucrado en una presunta violación sexual aún no esclarecida, está sindicado por manejos turbios en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, tiene marcados vínculos con redes porno y -sobre todo- dio su voto aprobatorio a todas las leyes que sancionara el actual Congreso para favorecer al crimen organizado y la delincuencia en su apogeo.

En el extremo, el señor Jerí, sin asco, votó blindando a Dina Boluarte en las 6 ocasiones anteriores en las que se demandara el fin de su gestión. Así, se hizo cómplice de sus latrocinios, pero también de los crímenes que cometiera ese régimen entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 y después. Por lo demás, en la noche del pasado 15, se preocupó muchísimo más por la salud de los policías, y le importó una higa la situación de los civiles agredidos por la represión. En otras palabras, el señor Jerí, alto y bien vestido, está muy lejos de ser propiamente una mansa paloma.

El Congreso, por su parte, fue cómplice y beneficiario directo o indirecto de todos los latrocinios consumados por Dina Boluarte. Todo lo que ella hizo, los benefició, o les dio la posibilidad de “cobrarle” algo en provecho propio. Por eso se negaron a vacarla como debieron hacerlo en diciembre del 2022 a raíz del asesinato de 67 peruanos.  Y por eso la blindaron en todos los debates a fin de que no rinda cuentas de nada y no pagara sus culpas. Cómplices, entones son casi todos, con la sola excepción de una decena de parlamentarios que libraron una lucha desigual y valerosa para marcar a fuego la iniquidad imperante.

Y el nuevo Gabinete, porque está signado desde su origen, pero también porque su composición deja mucho que desear. El propio presidente del Consejo de Ministros -militante del Partido Popular Cristiano- salió de las cavernas y se tomó la libertad de calificar a los integrantes de la “Generación Z” de “herederos del MRTA”. Y cuando supo que se convocaba a las protestas del 15 de octubre, se apresuró a considerar a quienes la promovían como “sediciosos” y “subversivos”. El viejo lenguaje de la represión salvaje. Los otros miembros del Gabinete no son mejores política ni profesionalmente.  No es cierto que sean “técnicos calificados” como lo sugiere candorosamente cierta “Prensa Grande”, ni que integraran un “equipo” en busca de “soluciones dialogantes”, como lo aseguran otros.

Las “soluciones” que ofrezcan tendrán un claro sello de clase y el diálogo, lo harán con los suyos y con los que puedan neutralizar en el camino. En ningún caso habrá un debate abierto, una confrontación de ideas o una concesión por parte de la “clase dirigente” a la que este gobierno representa por naturaleza propia.

La lucha está planteada, entonces, y el mundo será testigo de la naturaleza de la confrontación que vive la Patria de Túpac Amaru y José Carlos Mariátegui. El que otra vez haya llegado la sangre a nuestras calles, no sólo es una maldición. Es también el sello que usa la clase dominante cuando quiere “dialogar” con el pueblo.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Perú: Policía antidemocrática

Ronald Gamarra

"Trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger"

Conversando con efectivos policiales de buena fe y con años en la institución, que los hay, veo que la mayoría tiene una visión equivocada del rol que le corresponde a la Policía Nacional en una democracia. No se ven como garantes de un orden ciudadano, sino como una fuerza al servicio del poder, a secas. No consideran ni reconocen a los ciudadanos como los depositarios de la soberanía del Estado democrático, sino como inminentes vándalos que hay que controlar, gasear y apalear. Teóricamente admiten la autoridad civil, pero reniegan de todo intento de desmilitarizar su institución. No se asumen como pueblo uniformado. La policía, como muchas otras organizaciones de nuestra frágil democracia, no tiene una mentalidad precisamente democrática.

La policía, en principio, tiene la misión de mantener el orden público en un país civilizado. La democracia supone, por un lado, Estado de derecho, institucionalidad, imperio de la ley. Por otro lado, es el ejercicio pleno de derechos y libertades por parte de los ciudadanos. Ambos aspectos son indispensables. No se concibe una democracia sin libertades ni Estado de derecho. La policía de un Estado democrático es, en consecuencia, un cuerpo que debería garantizar el funcionamiento de la organización pública y el libre ejercicio de las libertades ciudadanas. Por desgracia, entre nosotros hace mucho tiempo que ejerce un rol contrario a la democracia.

Por eso sucede que cuando se anuncia y se convoca a una manifestación ciudadana, sobre todo si es de protesta contra el gobierno, la policía inmediatamente se organiza como si fuera una guardia pretoriana al servicio del mandón de turno, y cual pequeños napoleones, trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger: elaboran planes de operaciones (con cadenas de mando y comando, y tareas generales y específicas para cada uno), se arman hasta los dientes (armas y municiones siempre letales) y movilizan numerosos contingentes (fuerzas especiales y regulares) e infiltran personas (ternas) entre los ciudadanos que marchan, como si estuvieran en vísperas de enfrentar un gran conflicto. Una ofensiva contra los ciudadanos de su propio país, contra los hijos del propio pueblo al cual pertenecen y del cual provienen.

¿Quiénes alientan esta conducta violenta y represiva, esta actitud antidemocrática, de la policía? Muy sencillo. Son los políticos que padecemos. Esos canallas son los principales interesados en tener una policía poco o nada respetuosa de las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas. Y es que sucede que nuestra democracia no es tan democrática y los políticos que la gobiernan son esencialmente autoritarios y corruptos. Ellos necesitan de una policía igualmente arbitraria y venal, una que los defienda y los encubra a cambio de tolerar sus desbordes y compartir los negociados. La policía incompetente, envilecida y antidemocrática de nuestro tiempo es el correlato necesario de la fujiderecha enviciada e inepta.

Entonces, ante las manifestaciones, vienen las campañas previas de desinformación con el propósito de abortarlas. El recurso manido es difundir bulos sobre la inminente violencia que “sectores extremistas” planean para el día de la convocatoria ciudadana. Es el inicio de una operación específica de terruqueo, que se prolongará más allá del día de la marcha, con la finalidad de tener patente de corso para emboscar y reprimir a los manifestantes a su regalado gusto, con la impunidad que siempre reclaman. Como se ha dicho certeramente, el terruqueo es el arma para poder negar la humanidad del opositor y facilitar su liquidación moral o física.

Les importa un comino falsear groseramente la historia y la realidad. El terrorismo fue felizmente derrotado hace más de 25 años, pero la derecha ha decidido incriminar como violencia y sabotaje toda opinión, acción, disidencia o crítica al orden de cosas injusto impuesto por una clase política delincuencial. Han llegado al extremo de descalificar como terrorismo cualquier tendencia de izquierda, de centro izquierda o de derecha liberal. Para ellos, solo cabe en política la ideología ultraconservadora, el extremismo enajenado al estilo de Milei. Quien disienta de ellos, incluso poniéndose en una posición de derecha razonable, merece ser marcado como terruco.

Esto ha calado en la policía más allá de lo que uno puede suponer. Hace unos días, cuando Jerí decidió salir de Palacio a cargar por diez metros las andas del Señor de los Milagros, en uno de los varios disfraces que ha ensayado en tiempo récord para congraciarse con la gente y echar una cortina de humo sobre sus denuncias de violación y corrupción, se vio a un policía decir a un grupo de ciudadanos, a quienes impedían llegar a la procesión, que lo hacían por la seguridad del presidente y porque “estaban por llegar las feministas, que no respetan ni religión ni nada”. Para este pobre policía, las mujeres que reclaman sus derechos son el terror o el demonio encarnado.

Qué se puede esperar, pues, de la policía, si el fujimorista que actualmente preside el antro ubicado al frente de la plaza Bolívar difama públicamente la memoria de Eduardo Ruiz, la víctima mortal de la represión policial del 15 de octubre y lo trata de terruco una y otra vez. El presidente del Congreso se permitió alardear de este acto de público terruqueo al mismo tiempo que presentaba un proyecto de ley para que, literalmente, la policía pueda matar impunemente, sin ser pasible de medida alguna. No hay ejemplo más claro de un político tránsfuga, inepto y prepotente que protege mediante la ley la impunidad de una policía corrupta y autoritaria.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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Perú: El plan C de la mafia congresal

César Zelada

La alianza de trabajadores transportistas y jóvenes de la Generación Z es una amenaza para el sistema político neoliberal de corrupción, crimen y saqueo proimperialista impuesto a sangre y fuego en el 1993, que fue “debilitado” el 2000 (por la Marcha de los 4 Suyos), que volvió a relanzarse el 2022 con el golpe de Estado congresal (y de las FF.AA., la PNP y la embajada yanqui), y que acaba de sufrir un duro golpe con el paro de los trabajadores del transporte (que operativizó el Cerco de Lima), y la resistencia popular logrando el derrumbe de Dina “asesina”.

El ascenso de Jerí al poder es una maniobra de recambio preventivo con el fin de contener al movimiento obrero y popular y que responde al Plan B de la clique congresal. Sin embargo, el gobierno de Jerí nace débil. Tiene cuestionamientos morales de violación sexual, corrupción, etc. Su partido, Somos Perú, tiene décadas en la política nacional y fue, todo este tiempo, parte de la mafia congresal que aprobó las leyes del crimen y otras a favor del poder económico.

Por esta cuestión, Jerí, está obligado a convocar al Acuerdo Nacional y las Mesas Técnicas para aparecer como más concertador, confundir, dividir y tratar de cooptar dirigentes, con el fin de ganar tiempo y descomprimir o en su defecto reprimir al movimiento social. La Marcha del alcalde de Pataz, Carlos Mariño, era un armado político con el fin de lavarle la cara a Jerí, quien sería del mismo partido del alcalde.

Pero el tiro les salió por la culata. A pesar que la patronal del transporte plantea tregua para el gobierno provisional, la juventud Z y varios gremios sociales, han convocado correctamente a la Marcha del 15 O. Lo que se viene es un ascenso de la lucha popular (alimentada por la caída de Dina), que podría desembocar en una rebelión popular de enormes dimensiones.

Por este motivo, un sector de la mafia congresal, liderado por el fujiacuñismo (con Santivañez como operador político), estaría pensando en un Plan C que implicaría generar estragos (muertos), en la marcha del 15 O con el fin de imponer un gobierno al mando de un congresista filo militar que podría dirigir algún fascista como Willians, Chiabra, Montoya o Cueto con el fin de imponer una dictadura de corte fascista (con Rospigliosi como cara civil), a sangre y fuego (hay que recordar que en esta lucha se juegan también los interese de Trump contra los de Xi Jinping).

Por estas razones, la estrategia de la Gen Z de desenvolver Asambleas Populares en los conos de Lima es clave. Estas asambleas deberían ser organizadas con las bases aliadas de trabajadores del transporte y de los gremios sociales activos. Además, habría que hacer un llamado político emotivo a los trabajadores mineros, pesqueros, agroindustriales y de servicios, quienes también son explotados y víctimas del crimen organizado y las políticas de saqueo de nuestro país. Por otro lado, habría que aplicar medidas operativas que fragmenten al poder represor y los saques de su zona de confort.

Esta es la lucha por la vida y contra la NarcoRepúlica que nos gobierna.

César Zelada. Director de la revista La Abeja obrera. Escritor y colaborador de varios medios de prensa popular.

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Perú: Hora de terminar la farsa

César Hildebrandt

"No es posible que creamos que esta anarquía piojosa es vida, es democracia, es civilización"

“Todos vamos a morir en algún momento”, dijo el lunes pasado el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola.

Y tiene razón. Lo que pasa es que hay quienes se mueren porque el tiempo les faena el cuerpo y hay otros que mueren precozmente a manos de sicarios.

La Policía debería evitar, en la medida de lo posible, que el crimen mate anticipadamente a quienes ha elegido como víctimas. Pero el jefe Arriola, terruqueador profesional y filósofo en sus ratos libres, nos dice que la muerte siempre viene y a qué tanta alharaca. ¡Arriola es el Heidegger de Gamarra!  

Hace algunas horas, en pleno Círculo Militar Tarapacá, dos operadores de una banda extorsiva dispararon 27 veces, desde la parte de atrás, contra un espectáculo montado por el grupo de cumbia Agua Marina. Hubo seis heridos y un grado más de horror en esta sociedad sumergida en violencia, impunidad y extorsión.

Pero no olvidemos que los peces se pudren empezando por la cabeza. Y el Perú es un pez en trance de putrefacción. El gobierno de Boluarte nació en descomposición, fue fundado en la muerte y persistió porque firmó un pacto con el Congreso que el hampa ha dominado. Esa es la verdad ruda y canalla.

Un régimen de esa naturaleza, encabezado por una débil mental y colonizado por la derecha lumpen del nuevo fujimorismo y sus vicarías, sólo puede producir caos. Y el caos en una trama social impregnada por las economías ilegales, el crimen organizado y la adenda del salvajismo importado, se convierte en sangre en las calles.

Juan Carbajal acaba de revelarnos que entre enero y septiembre de este año se han reportado más de 20,000 denuncias por extorsión. Eso quiere decir que cada 24 horas 74 personas han ido donde alguna autoridad a decir que están siendo amenazadas: 3 cada hora. Estamos hablando de las cifras públicas. Las reales son de mayor cuantía porque se supone que un tercio de las víctimas sencillamente no acude a registrar una denuncia.

El Perú es una crónica roja, un parte de batalla: los cadáveres aparecen en las carreteras, en los basurales, en los extramuros, a veces en una esquina o en un parque. Y suelen ser cuerpos de gente que se resistió a una extorsión, que no pagó lo exigido, que no cumplió con el crimen. O gente que no quiso entregar un celular o se resistió al robo del carro en el que hacía taxi. O gente que no pagó su cuota del gota a gota. La muerte armada visita restaurantes, barberías, mercados, losas deportivas. La muerte camina como si de un visitador médico se tratara. La muerte arrastra los pies, como aquellos carteros anacrónicos, pero siempre llega a su destino.  

El problema está en la cabeza. No hay policía ni planes contra la guerra que se nos ha declarado porque no hay ministro del Interior y tampoco hay policía efectiva. Y no hay ministro del Interior ni policía porque no hay gobierno. Y no hay gobierno porque así lo han querido Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú y la ruina de Acción Popular. Estas siglas infectas han servido de respaldo notarial al régimen que jamás debió existir. Esta gente ha gobernado por lo bajo y para el crimen o el privilegio mientras la señora que va a Palacio lee a duras penas discursos que no entiende y levanta la voz para decir que la patria está en orden. Dice la leyenda negra que Sánchez Cerro era tan bruto que alguna vez habló de “los miembros viriles del Ejército”. Lo cierto es que Sánchez Cerro es un genio si lo comparamos con esta calabaza que tintinea de pulseras.

Es hora de terminar con esta farsa. Nos estamos ahogando en sangre. La inseguridad empieza a afectar la economía. No es posible que creamos que esta anarquía piojosa es vida, es democracia, es civilización.

Que venga un gobierno transitorio que se ocupe de sacar al país de este sometimiento a la abyección. Lo que estamos viviendo distorsiona todo el panorama: en un escenario del crimen –eso es el Perú en estos momentos– pueden surgir los caudillos bukelianos de la mano dura, los que prometan sencillamente “poner orden a cualquier costo”, los apocalípticos que sugieran el estado de sitio permanente. O los que digan que todo esto es resultado de la economía de mercado y de la fallida redistribución. Digámoslo claro: no son posibles elecciones relativamente normales con Dina Boluarte en el gobierno. Que la derecha, beneficiaria y sostenedora de este régimen, empiece a pensar en ello.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 753 año 16, del 10/10/2025

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Perú: Una nueva generación

Ronald Gamarra

"Hay una gran reserva moral que no han avasallado y está despertando"

El sábado y domingo pasados fueron jornadas resonantes en Lima y varias ciudades del país: masivas manifestaciones ciudadanas hicieron sentir su voz públicamente, en calles y plazas, después de un largo, muy largo, período de silencio. La gente nuevamente toma las arterias para ejercer sus derechos democráticos a la reunión, a la libre expresión, a la protesta, y lo hace con decisión e ímpetu que no pocos ya creían desgastados. La gente vuelve a moverse en el sentido de la historia, reiniciando el largo camino que se nos ha impuesto recorrer para enfrentar al pacto mafioso que se ha adueñado del poder.

Las marchas del pasado fin de semana tuvieron un carácter marcadamente juvenil desde el momento mismo de su convocatoria. Los manifestantes eran adolescentes y adultos jóvenes, menores de 30 años; en resumen, una nueva generación ciudadana, que muchos denominan la generación Z, que creció desde siempre en la era digital. Ellos mismos se convocaron a través de las redes sociales de internet y a partir de ciertos reclamos puntuales fueron escalando su reivindicación hasta el nivel de la protesta contra el régimen político encabezado por Boluarte y el pacto mafioso del Congreso.

La protesta juvenil no debe sorprender. Sabemos que el rechazo y desprecio hacia Boluarte y la mayoría parlamentaria es abrumador. Según todas las encuestas, supera largamente el 90% en todos los sectores etarios y sociales desde hace más de un año. Hay que subrayar, sin embargo, según esos mismos sondeos, que la censura hacia el gobierno y el actual Congreso llega casi al 100% entre los más jóvenes. La clase política gobernante solamente les suscita una incontenible náusea de asco y desprecio. Y cómo podría ser de otro modo si cada día se esfuerzan por merecerlo con ministros prontuariados y congresistas mochasueldos.

Los jóvenes de hoy solo han visto el caos y la política delincuencial tiranizar al país desde que Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota ante Kuczynski hace ya nueve años. Ellos no conocieron la dictadura fujimorista, pero saben bien qué mafia desfachatada es el neofujimorismo. De allí el rechazo visceral que Keiko despierta en ellos, mucho mayor que la resistencia que concita en la población en general. En esto, los jóvenes no se equivocan. De ningún modo votarán por Keiko en las próximas elecciones. Eso está quedando muy claro para cualquier observador, hasta para el más miope.

Los chicos y las chicas, sin embargo, todavía no ven clara la perspectiva a seguir. O tal vez sería mejor decir que tienen planos que varían mucho, según la circunstancia que le toca vivir a cada uno, o tienen una gran confusión, reflejo de la atomización de una realidad política disgregada entre 40 partidos inscritos para las próximas elecciones generales, entre los cuales resulta muy difícil distinguir hasta para el más informado. Unidos hoy contra un régimen corrupto, el rechazo juvenil puede a corto plazo diluirse entre una variedad de ofertas políticas más o menos demagógicas, o proyectarse como la avanzada de una protesta ciudadana vigorosa.

Porque los adultos maduros y los adultos mayores no debemos ser indiferentes ante la iniciativa de los jóvenes que han salido a las calles. Al contrario, ella nos compromete más que nunca a hacer lo que nos corresponde como generaciones más experimentadas, que hemos visto victorias y fracasos sucesivos, sin llegar a arañar siquiera en el ciclo de nuestras vidas la promesa de una república auténticamente democrática, basada en instituciones legítimas y eficaces, y una ciudadanía empoderada, consciente y libre. Aspiración que no puede quedar como un espejismo o una ilusión perseguida durante los dos siglos transcurridos desde la independencia.

El régimen corrupto estaba convencido de que la gente había quedado adormecida o escarmentada después de la brutal represión de diciembre 2022 y los primeros meses de 2023. Hace apenas unos días, Dina Boluarte se jactaba públicamente de que la gente ya no marchaba, ni tenía motivo para hacerlo. Quería poner en negro sobre blanco que su régimen tenía muy bien controlada la situación política. Las manifestaciones juveniles que acabamos de ver son una contundente bofetada a su jactancia y sus pretensiones. Definitivamente, el régimen del pacto mafioso no las tiene todas consigo. Hay una gran reserva moral que no han avasallado y está despertando.

A la vez, estas manifestaciones son el anuncio de que jamás habrá olvido para los crímenes cometidos bajo este régimen. La lucha será compleja y plena de vicisitudes, pero al final la reserva moral encarnada en las nuevas generaciones prevalecerá. Quién sabe, puede que eso ocurra mucho más antes de lo que podemos imaginar todos y tengamos rindiendo cuentas por sus pillerías a quienes hoy trafican para copar instituciones y dar ventajas e impunidad a sus favorecidos. Así ocurrió con Alberto Fujimori, que asumió muy orondo su tercer período presidencial y tres meses después fugaba vergonzosamente a Japón.

La gente recuerda el asesinato de 49 compatriotas que manifestaban contra Dina Boluarte y sus aliados, del mismo modo que hasta hoy no se olvidan de los crímenes de lesa humanidad cometidos hace 40 años, crímenes que este Congreso quiere amnistiar en contra de la Constitución y las leyes nacionales, así como de las normas internacionales reconocidas por nuestro país. Los chicos y las chicas que han inundado las calles de Lima y varias ciudades del Perú son el anuncio de que la lucha por la democracia no está agotada, ni perdida. Al contrario, esa lucha se restablece y fortifica con la energía de la nueva generación que acaba de entrar en escena.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 751 año 16, del 26/09/2025

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