14 de septiembre de 2020

Perú, Crisis política frente a la pandemia

 Sigrid Bazán


Las jugadas para vacar a Vizcarra son, en el fondo, movidas para escalar hasta la presidencia, para satisfacer el ego de algunos y pagar favores a otros. Estos días de tensión política vienen demostrando que lo único que buscaría el presidente del Congreso, Manuel Merino, es que se aplacen las elecciones convocadas para abril del próximo año y así poder ser presidente en ese interregno. Es la consecuencia lógica de lo que están haciendo al confabular la vacancia del presidente, entre varios, intentando incluso dividir a las Fuerzas Armadas que hoy por hoy se juegan la vida enfrentando a un virus letal.

¿Quiénes son estos personajes que, en medio de los enfermos y fallecidos por la pandemia, intentan hacerse del sillón presidencial? Nada más y nada menos que el congresista Edgar Alarcón, del partido que postulara a Antauro Humala pese a estar preso. Alarcón es investigado por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito cuando trabajaba en la Contraloría General de la República, aunque actualmente se escuda en la inmunidad parlamentaria que lo protege hasta julio del próximo año.

Merino de Lama de Acción Popular, por su parte, permitió el show que armó Alarcón al presentar los audios fuera de su comisión, en el pleno, delante de todos y en transmisión por señal abierta. Resulta penoso para un partido con tanta historia ver que los egos pesen más que los principios entre sus representantes políticos y que ahora incluso el presidente del Congreso tenga que, eventualmente, enfrentar una denuncia por el delito de sedición, por intentar romper con el orden constitucional.

Está claro que la pugna por el poder no acaba aquí: los intereses son varios y el plan de la vacancia viene orquestándose meses atrás. El propio Martín Vizcarra afirmaba que sabían de grabaciones suyas desde julio. ¿Por qué soltarlas recién? Es una pregunta más que pertinente cuando se dice que existen muchas más grabaciones que aún no habrían sido reveladas.

Vizcarra tendrá que responder ante la justicia por todo, como debe ser. Su gobierno ha cometido y sigue cometiendo muchos desaciertos en la lucha contra el coronavirus. Políticamente hay mucho que criticar, judicialmente habrá que investigar, pero de ninguna manera se puede permitir un golpe de Estado para favorecer los intereses de terceros, mientras la población es juzgada y culpada por una enfermedad que no eligió padecer.

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