El señor Santiváñez fue censurado hace poco por sus nulos resultados en políticas de seguridad interior. ¿Ese es el vacío que va a ser llenado ahora construyendo sobre ruinas?
El gobierno ha anunciado que incluye la reconstrucción del penal El Frontón, presentado como una alternativa al penal de Challapalca, el más rígido del país. Su uso anunciado: retener reos peligrosos.
El Frontón, construido originalmente en 1917 y usado desde entonces como centro de máxima seguridad y reclusión de reos políticos, quedó en ruinas en junio de 1986, cuando se develó el motín senderista más grave de los años 80. El uso de explosivos para demoler el llamado “pabellón azul” durante el operativo y el tratamiento posterior de los restos de los terroristas abatidos han dado origen a un proceso interminable, que involucra a más de treinta exefectivos de la Marina. El caso se sostiene desde principios de este siglo por dos sentencias: una emitida por la Corte IDH en agosto del año 2000 y otra por el Tribunal Constitucional en junio de 2013. La acusación, originalmente presentada en septiembre de 2017, fue corregida y notificada en agosto de 2019. A ella ha seguido un largo juicio que se interrumpió en diciembre de 2024, cuando uno de los jueces a cargo de los debates fue suspendido.
Este caso es el único de la lista de casos pendientes sobre derechos humanos en que está probado indiscutiblemente que los hechos ocurrieron ejecutando órdenes directas emitidas por las autoridades con ocasión de un evento terrorista. Este caso, además, de una manera u otra, está en la base de todas las discusiones que hemos tenido desde el año 2003 sobre leyes de prescripción, y está en la base del debate actual sobre la última ley de amnistía.
Construir sobre estas ruinas en particular moviliza inevitablemente una serie de cosas que no están cerradas. Desde cierto punto de vista, construir un penal encima de las ruinas de El Frontón cerraría una parte del capítulo pendiente que rodea la historia de los sucesos de junio de 1986. Ya no hay más inspecciones oficiales que hacer en la zona. Las evidencias que dejaron la demolición y los escombros ya son parte de los vestigios por debatir en un juicio que parece haberse trabado tanto como el destino final de esas ruinas. La idea de hacer algo útil con ese lugar no deja de ser atractiva. Pero una oportunidad no vale por el solo hecho de serlo.
Lo que se haga tiene que tener un sentido más fuerte que el solo hecho de tener un anuncio.
En la zona en que estuvo el penal no se ha hecho nada en casi cuarenta años. Ha habido un proyecto de inversión privada para integrar el área a un proyecto turístico desde 2011, sin resultados. Ha habido por lo menos cinco propuestas para reconstruir el penal, todas lanzadas en los últimos dos años, ninguna respaldada en un plan general. De hecho, el gobierno enfrenta las consecuencias de una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2020 que le ordenó paliar el inaceptable estado de cosas de los penales, que debería ofrecer un marco que dé sentido a esta iniciativa, si esta está seriamente construida. En mayo de 2025, el Tribunal le concedió cinco años de prórroga para presentar un plan consistente para la reorganización de las cárceles. De hecho, en la agenda de construcciones pendientes, parte de la cual fue presentada al Tribunal con ocasión de este caso, están Ica, Ancón III, Arequipa, Cuzco y Pucallpa, a los que se ha agregado hace poco un penal adicional en Trujillo, pero no El Frontón.
La idea entonces parece originada en un impulso y no en un estudio validado. Se presenta al mismo tiempo en que José Luis Pérez Guadalupe, uno de los principales expertos en cárceles de nuestro medio, denuncia que el gobierno ha impulsado más de 60 reemplazos antitécnicos en el INPE, comenzando por su presidente y por la remoción de 8 directores regionales; casi todos los directores de la región Lima y los integrantes del equipo técnico de esta entidad.
Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia, ha hecho público haber sostenido una reunión con un grupo de empresas privadas a las que no ha identificado. Sostiene que ellas “están donando” US$ 174 millones para la construcción de penales. Considerando la importancia del tema, resulta imprescindible que se haga pública la identidad de esos empresarios y la forma en que se planea administrar esos fondos. De hecho, estamos hablando de cárceles, un medio en el que no es posible tolerar ningún riesgo de influencias particulares, directas ni indirectas.
El señor Santiváñez sostiene que el nuevo penal costará S/ 500 millones. Esa es una estimación que requiere ser confirmada, porque no se ha hecho público ningún estudio que sustente la viabilidad de la obra. Y por sus especiales condiciones, también lo ha dicho ya el señor Pérez Guadalupe, un penal en una isla representa costos de operación particularmente importantes. El movimiento de tierras, ha dicho el señor Santiváñez, va a ser encargado al Ejército. Pero ahí hay otro presupuesto operativo nada despreciable: mover personal, materiales y equipo hasta y desde la isla.
De hecho, el INPE debe confirmar si es cierto o no que en junio de 2023 Delire Saúl Gonzales Mercado, coordinador del Área de Estudios y Proyectos del INPE, rechazó por escrito que se declare “de necesidad pública e interés nacional” la reconstrucción del penal de El Frontón ante una de las iniciativas impulsadas desde el Congreso. Si esto es cierto, convendría establecer sobre qué bases el INPE ha cambiado de opinión.
Tener un penal de máxima seguridad moderno disponible no puede ser jamás una mala idea. Pero resulta poco serio lanzar una idea como esta sin darle sentido en el marco de una nueva política sobre cárceles que no ha podido ensamblarse en los cinco años que median entre la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2020 y el presente.
El señor Santiváñez fue censurado hace poco por sus nulos resultados en políticas de seguridad interior. ¿Ese es el vacío que va a ser llenado ahora construyendo sobre ruinas?
https://larepublica.pe/opinion/2025/09/03/construir-sobre-ruinas-por-cesar-azabache-caracciolo-hnews-38086
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