No queda duda de que siguen gobernando los mismos que antes
Habiendo caído Dina Boluarte, surge la pregunta: ¿un buen gobierno de transición podría modificar algunas políticas, considerando que sólo es cuestión de meses hasta que se realicen las nuevas elecciones?
Pienso que sí. Desde luego deben enmarcarse en la lógica de un gobierno de transición, dejando algunas grandes definiciones para quienes salgan electos el próximo año. Pero no puede dejarse de lado que el derrumbe del gobierno de Dina Boluarte tiene como causa profunda la masiva oposición popular a sus políticas. Su estilo de gobernar también nos ha causado mucha rabia: esas frases ofensivas e idiotas sobre los “ponchos rojos” y las “balas dum dum” cuando mandó asesinar a peruanos, los Rolex de su wayki Oscorima, sus múltiples viajecitos al exterior con el permiso congresal aprobado con los votos de Keiko, López Aliaga y Acuña, el decir que frente a las extorsiones no respondan al wasap y toda su conducta hacia nuestro pueblo, una mezcla explosiva de agresividad e indiferencia, todo eso debe cambiar de inmediato. Pero eso no es lo único. Las políticas son fundamentales.
Empecemos por las referidas a la inseguridad ciudadana, donde resaltan algunos temas urgentes. Uno se refiere a cómo la policía nacional ha sido dirigida por ministros y generales dedicados a encubrir a Dina, los amigos y aliados de ella, y a ellos mismos y sus compinches, y a perseguir a opositores y jóvenes que protestan, sin importarles cómo siguen matando choferes y peruanos en general. Hay que limpiar el Ministerio del Interior y la policía, al menos empezando por las cabezas que tienen harto rabo de paja, y dar el ejemplo de que no habrá impunidad. Santiváñez, por ejemplo, debe ser investigado de inmediato y los asesinatos de Dina no deben quedar tampoco sin castigo. Una nueva política de interior debe respetar el derecho a la protesta y concentrarse en detener sicarios y extorsionadores. Para ello se necesita una segunda medida urgente: revertir todas las leyes procrimen que se han dado en los últimos años. Son una decena de normas aprobadas por el pacto Keiko-Cerrón que, con el objetivo de zafarse ellos mismos de sus acusaciones de corrupción, lavado de activos e interferencia con la justicia, se han traído abajo las posibilidades de enjuiciar a bandas organizadas e impiden avanzar las investigaciones con allanamientos, entre otros favores al crimen organizado.
En el terreno económico, como parte del pacto corrupto se han dado regalos multimillonarios a las grandes agroexportadoras, las transnacionales mineras obtienen ganancias extraordinarias y ha habido múltiples exoneraciones tributarias, mientras han robado del dinero público “como cancha”. Las decisiones en este aspecto tienen un plazo fijo ya que antes de fin de noviembre debe aprobarse el Presupuesto Público 2026 por disposición constitucional. El proyecto presentado por el gobierno de Dina, que ya era hiperoptimista en los ingresos y auguraba un déficit elevado, ha agravado su desfinanciamiento con las exoneraciones aprobadas para los agroexportadores. De inmediato debieran derogarse estas exoneraciones tributarias que no se justifican e iniciar una discusión amplia y plural sobre cómo recuperar los ingresos del Estado con mayor justicia, mejorar el sistema de inversión y tener mayor profesionalismo en la gestión pública. Con nuevos recursos presupuestales, podrían afrontarse algunas urgencias como las del sistema de salud, tal como en otras circunstancias se hizo el 2021. Entonces era el Covid, hoy desde vacunaciones hasta el cáncer de mama, la prevención del embarazo adolescente y el abastecimiento de medicinas básicas andan abandonados a su suerte. También hay la necesidad de una nueva ley de responsabilidad y transparencia fiscal. El tope legal de déficit fiscal lo violaron el 2023 y 2024, lo incumplirán este año y las proyecciones oficiales del BCR son que lo incumplirían el próximo. Esta irresponsabilidad de zurrarse en la ley una y otra y otra vez debe parar. He escrito bastantes artículos los últimos años sobre otros cambios importantes que deben hacerse en la política económica, pero concedamos que un gobierno de transición tiene espacios limitados y que sus medidas podrían concentrarse en deshacer los mayores entuertos y desarreglos dejados por el pacto mafioso de los últimos años. El gobierno de transición también deberá enfrentar una serie de bombas de tiempo dejadas por el actual, como la situación crítica de la minería informal e ilegal, el caos de Machu Picchu, la regulación de Sunedu, entre otros.
También deberá asegurar elecciones limpias, tremendo reto ahora que el pacto mafioso ha capturado todas las instituciones. La autonomía del Jurado Nacional de Elecciones debe ser garantizada, así como el presupuesto necesario dado que no queda otra que ir hacia unas elecciones con pésimas reglas producto del pacto mafioso. Deberá también apoyar a una recuperación sana del Ministerio Público, buscando que así avance la lucha contra la corrupción.
Es obvio que nada de eso hará un gobierno de José Jerí. Él debe su nominación a Keiko, Acuña y Cerrón, que lo apoyaron en su elección y nuevamente en la votación clave del 9 de octubre para mantenerlo en el cargo. No queda duda de que siguen gobernando los mismos que antes. ¿Por qué entonces haría algo distinto, más allá de algunos gestos insustanciales?
Pero podría haber otro gobierno de transición. Hemos tenido dos en este milenio, con Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. Ninguno tenía, al iniciar su gobierno, un amplio apoyo ciudadano ni un respaldo parlamentario sólido. Ambos surgieron luego de que en las calles derrotáramos a las fuerzas antidemocráticas y tuvieron que enfrentar coyunturas difíciles. La actual junta directiva del Congreso debe renunciar y debe conformarse una nueva con congresistas que no hayan votado por las leyes en favor del crimen organizado y de la impunidad, que las hay. Se hizo antes y se puede volver a hacer.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 754 año 16, del 17/10/2025
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