“Cuando hicimos el control territorial del lote se apagó el motor de la empresa que dotaba de agua a la zona y tomamos agua de un chorro que antiguamente era de consumo humano. Pero como la Estación 5 no tiene dónde botar los desechos decontaminación, esa agua ya no está limpia. Los hermanos que tomaron agua de ahí se enfermaron. Fueron entre 30 y 40 personas las que tuvieron males estomacales. Ampush también se enfermó, tuvo que volver a la comunidad, pero ya no se recuperó”, cuenta Jhoel Musolini, quien también participa en las protestas indígenas.
Las demandas del último “paro amazónico” son tan extensas como antiguas. Exigen desde la descontaminación de todas las áreas impactadas por los más de 500 derrames de petróleo en los últimos 20 años hasta la instalación de servicios básicos como salud y educación intercultural.
James Pérez, dirigente que representa a la comunidad awajún en la toma del Lote 95, explica que en el 2017 acordaron un “Plan de Vida Postpetróleo”, pero hasta ahora todo ha quedado en un papel sin ningún impacto real.
“Parece que actualmente el petróleo en Loreto no aporta tanto al PBI como antes, por eso no nos hacen caso. Entonces, si el petróleo ya no es de interés nacional, nosotros estamos pidiendo el abandono de los lotes, que las empresas petroleras se retiren y el cierre de las actividades. Ahora apostamos por el diálogo pero no sé por cuánto tiempo más”, dice Pérez.
En el Perú existen más de 4 millones de indígenas de 55 etnias distintas. Cincuenta y uno son pueblos originarios de la Amazonía y cuatro de los Andes. Según el INEI, sólo el 29,3% de esta población tiene acceso a electricidad, el 18,6% tiene red pública de agua y el 7,1% tiene un sistema de alcantarillado. A estas carencias hay que sumarle el 43,8 % de los niños de 3 a 6 años que padecen anemia, cifra de un informe de CEPLAN del 2020.
“Nacer en una comunidad indígena no debería ser una condena”, dice Zoila Merino, de la comunidad bora y dirigente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
El problema, explica Merino, es que los escasos proyectos de infraestructura que se destinan a la zona no están orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y buena parte de ellos termina promoviendo la deforestación de su territorio y abriéndole paso a las organizaciones criminales, especialmente las mafias de la tala ilegal y del narcotráfico.
“(…) Es que no conocen el lugar y creen que basta abrir una gran carretera en nuestro territorio. No solo deforestan sino que comienzan a asentarse colonos que se dedican a la coca, a la tala. Entonces estamos en peligro. Reclamamos que las carreteras no debería ser tan grandes y que le den prioridad al transporte fluvial, pero nos ven como obstruccionistas cuando deberían consultarnos antes de empezar”, dice Merino.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) prevé que el plan de “reactivación económica” originará nuevos conflictos en la Amazonía. Los dirigentes consideran especialmente crítica la ejecución de grandes proyectos viales como la construcción de 102 km de la vía departamental Bolognesi-Breu (Ucayali) y el Corredor Vial Cusco-Madre de Dios de 273 km.
Ambas carreteras atravesarán territorios de comunidades indígenas que se oponen a estas vías. Temen, además, que “la falta de visión amazónica del sector Transportes deje estancados otros proyectos como la elaboración de una red de transporte fluvial sostenible, moderno y seguro”, señala AIDESEP en uno de sus últimos comunicados.
Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, advierte que la ley de consulta previa tiene una trampa. Este mecanismo sólo se pone en práctica en caso de proyectos extractivos. Cuando se trata de construir carreteras o líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, no hay ninguna obligación legal de preguntarles a las comunidades afectadas.
“Cuando dicen proyectos públicos sin consulta piensan en este concepto de ‘desarrollo’ de las ciudades. ¿Qué era desarrollo para Alan García? Hacer corredores para mineras, carreteras para entrar al mercado brasileño, pero ¿por qué no preguntan qué es desarrollo para los pueblos indígenas? Por ejemplo, buscan llevar electricidad de Moyobamba a Iquitos, pero para ello se requiere una línea de 600 kilómetros y deforestar a cada lado de la línea 550 metros. Ambientalmente es complicado”, dice Ruiz.
“La consulta previa tiene un defecto estructural: el león y el ratón no se van a poner de acuerdo. Un diálogo con esa asimetría no va a resolver los conflictos. Por eso los esfuerzos de las organizaciones apuntan ahora a la titulación de sus tierras”, apunta el abogado.
A la fecha, hay 650 comunidades nativas a las que no se les ha reconocido como dueñas de su territorio ancestral. Los procesos de titulación son engorrosos, caros y requieren de asesoría especializada. Sin los títulos de propiedad los indígenas no pueden reclamar sus derechos y muchas comunidades han comenzado a ser invadidas por narcotraficantes y traficantes de madera. Desde que empezó la pandemia, según cifras de la Defensoría del Pueblo, diez líderes indígenas han sido asesinados por desafiar a las mafias que los acechan.
Los gobiernos regionales también se han sumado al festín. Aprovechando los vacíos legales, se han lanzado al negocio de las concesiones forestales.
“Hay comunidades que están con 15 o 20 años de espera para ser reconocidas con su título de propiedad, pero el gobierno regional termina dándoselo a colonos que luego lo venden a empresas extranjeras. El título es el primer paso para mejorar las condiciones de vida, para firmar convenios, expulsar invasores, hacer proyectos con los gobiernos locales. Somos miles de miles de hermanos que estamos agotados con esta espera, pero también queremos evitar una lucha más radical, queremos evitar derramamiento de sangre”, indica Richard Rubio, líder kichwa y exvicepresidente de AIDESEP.
La abogada Siu Lang, de la ONG CooperAcción, cuenta que ha registrado cómo la minería ilegal se ha multiplicado en la cuenca del río Cenepa desde que empezó la pandemia. “Antes documentábamos dragas pequeñas en los ríos, ahora hay grandes campamentos que están vertiendo los desechos directamente y muy cerca están las bases militares. A pesar de las denuncias, no hay control. Ya no solo hay deforestación en las comunidades indígenas que conocemos sino también cerca de las comunidades en aislamiento”, explica.
En 2020, según la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú perdió 203,272 hectáreas de bosques amazónicos. La peor cifra en 20 años.
“Luchamos y cuidamos 14 millones de hectáreas en el Perú. Está en nuestro ADN defender el territorio indígena”, dijo Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, el pasado 3 de noviembre en la COP26. Sin embargo, uno de sus pedidos más antiguos es el más olvidado: declarar la intangibilidad de los territorios vírgenes donde habitan, según las estimaciones oficiales, 8,000 indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI).
Actualmente existen siete reservas de conservación, pero la ley permite que sean explotadas si se trata de hidrocarburos o alguna otra actividad a la que se le pueda estampar el sello “de interés público”.
La consecuencia de esta contradicción acarrea, por ejemplo, que la reserva para pueblos aislados Yavarí-Tapiche (Loreto) tenga 10 concesiones forestales superpuestas. Y que en el territorio de Yaraví-Mirim haya otras 66 concesiones. En conjunto suman cerca de 600 mil las hectáreas de bosque concesionado a empresas madereras en bosques vírgenes en los que habitan tribus no contactadas.
Para Beatriz Huertas, antropóloga de ORPIO, este es uno de los mayores atentados contra la conservación de bosques e indígenas en aislamiento. Según sus últimos estudios –argumenta Huertas– no existe otra zona que presente mayor concentración de etnias no contactadas como la del Corredor Territorial y de Bosques Continuos Yavarí-Tapiche.
“Hacer pactos de no deforestación y concesionar así el bosque convierte en una ilusión frenar el cambio climático. Pasan los años y no solo se agravan los problemas ambientales sino también el descontento. El paro amazónico va a radicalizarse a medida de que los problemas y la falta de respuesta continúen”, indica la especialista. No es una amenaza. Es la conclusión que cualquiera podría sacar echando un vistazo al vecindario.
Chile y Ecuador, con una población indígena mucho más pequeña que el Perú, están padeciendo la furia de las comunidades indígenas.
A inicios de octubre, cerca de un millar de mapuches y simpatizantes tomó el centro de la capital chilena exigiendo la restitución histórica de tierras de las que fueron despojados en el siglo XIX. Hoy ese territorio está en manos de empresas forestales.
El movimiento mapuche ha sido tan consistente y organizado en los últimos años que una de sus representantes preside la Convención Constituyente encargada de elaborar la nueva carta magna.
El pasado martes un tren de carga se descarriló en la región de La Araucanía. Las autoridades sospechan que no fue un accidente. Tras el siniestro, los vagones fueron incendiados. A mediados de octubre Sebastián Piñera había decretado la militarización de la zona sur de Chile.
El gobierno del conservador Guillermo Lasso quedó en jaque el pasado 27 de octubre. Luego de una semana de movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina, los movimientos indígenas tomaron las principales carreteras de nueve provincias y de la capital. “La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador está cohesionada por el nivel de desigualdad que viven. Donde más se sacrifica la naturaleza, donde más se contamina y donde más se quitan los derechos a tierras colectivas, ahí encuentras las mayores necesidades desde hace 50 años. ¿Quién va a resistir eso?”, dice Gabriela Ruiz, reportera ecuatoriana.
Ramiro Escobar, periodista especializado en medio ambiente y política internacional, explica que en el Perú la olla lleva tiempo calentándose y podría comenzar a hervir en cualquier momento. Si bien hay diferencias respecto a Ecuador y Chile, los indígenas están “en medio de un creciente proceso de politización” y organización local. “Ya tenemos convulsiones internas protagonizadas por indígenas (...) en algún momento podría ocurrir una convulsión de mayor envergadura, tal vez de alcance nacional y más si se logran organizar los indígenas de la selva con los reclamos del ande. Los vínculos existen, pero aún falta una organicidad como la de Ecuador”, dice Escobar.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°564, del 05/11/2021 p30
