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15 de octubre de 2024

No llamemos perdón lo que es genocidio

Marcos Roitman Rosenmann

Los pueblos originarios marcan caminos posibles ante la crisis socioambiental y económica. Tienen voces muy claras —aunque no se los suele escuchar— y lo explican desde hace mucho tiempo: el extractivismo no trae nada bueno para las mayorías populares del Continente. Del Quinto Centenario al Malón de la Paz, del genocidio a recuperar territorios, del Pueblo Mapuche al Zapatismo. 532 años después, son pueblos que construyen futuros.

Mientras España preparaba la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento, (1992) desplegó una cantidad ingente de medios y dinero para apuntalar su propuesta de reconquista. Recuperar un rol protagónico en el continente. Primero, se dio a la tarea de exportar la ideología de la transición política como modelo para negociar una salida a las dictaduras del Cono Sur y, en segundo término, busco proyectar y asentar el desembarco de sus multinacionales Repsol, Iberdrola, Endesa, banco Santander, BBVA, Telefónica e Iberia en América latina. Esta vez, hacer ver a sus socios europeos y en Estados Unidos que España era un buen interlocutor para imponer el Consenso de Washington (1989). PSOE, PP, nacionalistas vascos y catalanes tenían claro su objetivo. No hubo fisuras. España debía recuperar su protagonismo. Para ello contó con la complicidad, si exceptuamos a Cuba, con todos los gobiernos de la región. Su resultado ha sido raquítico, sólo quedan las cumbres iberoamericanas y la Secretaría General Iberoamericana. Un cascarón huero, venido a menos.

Las empresas españolas, sean bancos, tecnológicas, patrocinadoras del capitalismo verde, turismo, complejos hoteleros o de seguridad, consideran a América Latina un espacio natural del cual extraer beneficios y aumentar su cartera de inversiones. Exposiciones, foros y conferencias mostrando los beneficios de la presencia española para el desarrollo de la región, constituyen la cara amable. Bajo cuerda, el apoyo a golpes de Estado, lavado de dinero, destrucción del medio ambiente, venta de armas, repatriación de beneficios y descapitalización. El etnocidio no es el pasado de España, es actualidad de sus empresas. Baste recordar los informes de Naciones Unidas redactados por Rodolfo Stavenhagen. Megaproyectos tales como presas hidroeléctricas, autopistas o expansión de la minería extractivistas vienen precedidos de la expulsión de los pueblos originarios de sus territorios. Los empresarios españoles, apoyados por la corona, cuentan también con el aval de las burguesías cipayas. ¿Tiene sentido pedir perdón en este contexto?

¿Leyenda rosa o leyenda negra? Defensores y detractores sostienen una polémica enquistada en justificar o condenar, para exonerar o culpabilizar a sus ejecutores. El pasado es un continuo presente. Se reinterpreta a la luz de nuevos datos y perspectivas. No se trata de juzgar con valores del siglo XXI acontecimientos del siglo XVI, XVIII o XX, sino comprender cómo se articuló el capitalismo colonial y la dependencia industrial financiera tras la independencia política en América Latina. No pidamos peras al olmo. Los conquistadores fueron a conquistar y a colonizar. Poco o nada les interesaban las poblaciones existentes, salvo como mano de obra y proyectar su dominio cultural. Podemos edulcorar los hechos, pero ello no cambia el significado de la conquista. Sostener como argumento que no hay imperio que no haya cometido genocidio, es vulgar. Consuelo de muchos, mal de tontos. Pero vayamos al fondo. En este debate, un invitado de piedra, una voz ausente: los pueblos originarios. Su voz no puede ser suplantada o ninguneada, y hasta hoy lo han sido. Son 500 años de lucha y resistencia. Su visión no está en sintonía con la historia construida por la sociedad blanca-mestiza, anclada en la idea de progreso y la sempiterna concepción de una superioridad étnica racial que habilita a los invasores a cometer genocidio.

El perdón es un acto de constricción, más religioso que político. Sin autonomía ni reconocimiento de sus territorios, de sus leyes consuetudinarias, es un brindis al sol. Hoy, los estados-nación siguen el mismo camino que el imperio español. Los pueblos originarios son doblemente explotados como campesinos e indios. Les quitan sus tierras, asesinan a sus dirigentes, envían al ejército para reprimirlos, les niegan sus derechos ancestrales, les roban sus conocimientos, encarcelan a sus líderes, violan a sus mujeres hasta su exterminio. Solo que el genocidio y el etnocidio toman la forma de colonialismo interno. Véase Pablo González Casanova o Frantz Fanon.

Para el imperio español, mucho que celebrar, dice su eslogan este 12 de octubre, y para las repúblicas independientes continuismo, negándose a parar el exterminio. La historia es un campo en disputa. Los hechos brutos deben someterse a un proceso de construcción, dotarlos de sentido. Pedir perdón en pasado y no ver el presente es legitimar una forma de dominación, un sistema político. Desde Alaska hasta la Patagonia se están produciendo los mismos procesos de expoliación de los recursos, expropiación de las tierras a sus legítimos dueños, los pueblos originarios. Esa es la realidad. Más allá de la polémica entre los gobiernos de España y México, lo que subyace es una visión paternalista de la historia. Como dato, mientras participaba en un debate sobre el V centenario, escuché a Leopoldo Zea afirmar que la colonización de España era legítima, en forma y contenido. Su argumento: los territorios de América Latina no tenían dueño. Así se justificó la dominación imperial. Y me pregunto: ¿si los territorios no tenían dueño, qué eran los pueblos originarios? No llamemos perdón lo que sigue siendo genocidio y colonialismo interno.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/10/12/opinion/010a1pol

14 de octubre de 2024

12 de octubre: el futuro es indígena

Darío Aranda

Los pueblos originarios marcan caminos posibles ante la crisis socioambiental y económica. Tienen voces muy claras —aunque no se los suele escuchar— y lo explican desde hace mucho tiempo: el extractivismo no trae nada bueno para las mayorías populares del Continente. Del Quinto Centenario al Malón de la Paz, del genocidio a recuperar territorios, del Pueblo Mapuche al Zapatismo. 532 años después, son pueblos que construyen futuros.

Fueron los primeros en sufrir un genocidio.

Tenían formas de gobierno desde mucho antes de que existiera la democracia griega.

Fueron (y son) los primeros ambientalistas.

Y, en estos lados del mundo, son de los pocos que plantean futuros distintos: construyen autonomías territoriales, sin someterse a burocracias partidarias ni extractivismos que arrasan la naturaleza.

Ante otro 12 de octubre, llamado durante mucho tiempo «Día de la raza» o del «descubrimiento», a 532 años de la llegada de Colón, los pueblos indígenas marcan una agenda cargada de presente y futuro.

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«En Argentina no hay indígenas», enseñaban en los colegios en la década del 90. «El país más europeo de América Latina», una frase aún común del pensar clasemediero. Y, muy de moda en los últimos años: «Los Mapuches son chilenos». Son solo una muestra de esa mezcla de ignorancia y racismo local.

Según el último Censo Nacional, en Argentina se contabilizan 1,3 millones de personas que se identifican como parte de los pueblos indígenas. Todas las organizaciones indígenas afirman que la cifra real es mucho mayor.

En Argentina viven 38 pueblos indígenas. Que son preexistes al Estado argentino. La propia Constitución Nacional lo reconoce: «Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (…) Se debe reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten».

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La foto actual de la situación de los pueblos indígenas es más que preocupante. El Poder Judicial acaba de condenar por «usurpación» a dos comunidades mapuches en Río Negro (Quemquemtrew y Lafken Winkul Mapu). Los gobiernos provinciales avanzan junto a las mineras de litio. Y el gobierno nacional tomó medidas que desconocen los derechos indígenas, al mismo tiempo que desfinancia el cuidado de los bosques nativos.

Wayra Quique González es kolla, vive en Jujuy y es un activo luchador por los derechos indígenas. A modo de muestra, al momento del llamado telefónico se encontraba en una protesta frente a un congreso empresarial de litio. «Estamos ante una verdadera casta ‘económica’ fusionada con la auténtica casta política que veta leyes en contra de nuestros abuelos, abuelas y de la educación pública. Como hace más de 500 años, los ll’unkus (aduladores) de estos tiempos siguen siendo funcionales, serviles a los imperios hoy neo-colonizadores que vienen a perpetuar su voraz dominio y destrucción en nuestros territorios», contextualiza.

Como sucedió con los gobiernos anteriores, no es novedad que los funcionarios pretenden los territorios indígenas, como fue en la llamada Campaña del Desierto (que no era un desierto). El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una muestra más. Como hace un siglo atrás, ansían los territorios para introducirlos al mercado capitalista: al extractivismo minero, petrolero, del agronegocio, forestal (entre otros).

La foto es esa. Pero la película también incluye:

Pueblos que renacen, se reorganizan, enfrentan la discriminación y gritan «somos, estamos vivos». Muestra de eso, a fines de la década del ’90 el Estado argentino reconocía a solo 16 pueblos indígenas en el hoy territorial nacional. Producto de la lucha de las comunidades originarias, hoy en día el Estado Nacional reconoce la preexistencia de 38 pueblos indígenas y al menos 1600 comunidades. Un paradigma, aún en proceso de reconocimiento, es el Pueblo Nivaclé de Formosa.
A diferencia de décadas atrás, los pueblos indígenas son activos sujetos políticos, en lucha, visibles, protagonistas. Un punto de quiebre, continental, fue 1994, en el denominado Quinto Centenario y la consigna «nada que festejar».
El Pueblo Mapuche recuperó más de 230.000 hectáreas en las últimas décadas. Cuando el poder político mira para otro lado, y cuando jueces y fiscales no aplican la ley, comunidades indígenas han tomado acciones directas para recuperar territorios que estaban en manos de grandes terratenientes. La comunidad Santa Rosa Leleque, frente a la multinacional Benetton, es un caso emblemático.
De forma similar, el Pueblo Mbya (Misiones), Atacama (Catamarca) y Kolla (Jujuy) son referencias en la defensa del territorio frente a forestales y mineras.
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La historia de los pueblos originarios la escriben los propios indígenas, con su puño o con su testimonio, y siempre poniendo el cuerpo. Sin miradas idílicas, con contradicciones y hasta detractores, un breve (e incompleto) repaso de nombres que han ayudado a entender la lucha indígena en Argentina: Israel Alegre, Chaco Liempe, Argentina Paz Quiroga, Román Guitián, Guillermina Guanco, Noolé Palomo, María Piciñan, Mauro Millán, Jorge Nahuel, Jorgelina Duarte, Angel Cayupil, Verónica Chávez, Marcos Pastrana, Clemente Flores, Juan Chico, Mariela Alancay, Orlando Carriqueo, Enrique González, Pety Piciñam, Santiago Ramos, Daniel Morales y don Patricio Huichulef.

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Los pueblos indígenas y los campesinos son los mayores cuidadores de la biodiversidad del planeta. Hasta Naciones Unidas reconoció que los pueblos originarios son imprescindibles para proteger lo que queda de naturaleza y contrarrestar el cambio climático.

Y, en el mundo del revés, los pueblos indígenas son de los más perseguidos y asesinados por enfrentarse a las actividades extractivas. El último informe de la ONG Global Witness señala que América Latina es una de las zonas más peligrosas para los defensores de los territorios (allí se producen el 85 por ciento de los asesinatos). Y, entre ellos, los pueblos indígenas son las principales víctimas.

Argentina también cuenta con víctimas fatales: Javier Chocobar, Roberto López, Mario López, Miguel Galván, Florentín Díaz, Rafael Nahuel y Elías Garay Cañicol, entre otros nombres de una larga lista.

Cuando asesinaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel (noviembre de 2017), en medio de una avanzada represiva que había incluido la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el mensaje esperanzador provino de otro joven mapuche, Lefxaru Nawel: «Estamos con mucha bronca, con impotencia y dolor, pero vamos a seguir adelante. Nuestro pueblo sobrevivió a dos genocidios, el de Roca y el de la última dictadura militar. Vamos a seguir adelante».

El histórico Malón de la Paz de 2023, donde cientos de hombres y mujeres indígenas viajaron desde Jujuy a la ciudad de Buenos Aires, es una muestra la decisión de las comunidades por exigir el cumplimiento de derechos y el protagonismo en la defensa del territorio. «Tienen que entender estos señores, de gobiernos y empresas, que tenemos derechos, que nosotros vivimos en ese territorio y, entiendan por favor, que el agua vale más que el litio. Por eso, vamos a seguir firmes con nuestra decisión: ¡Fuera las mineras!», explicó Mariela Alancay, de la comunidad indígena de Aguas Blancas (en las Salinas Grandes —espacio codiciado por las empresas mineras—), es su primera vez que pisaba la ciudad de Buenos Aires.

Wayra González, del Pueblo Kolla de Abra Pampa, aporta una mirada de futuro: «Desde lo profundo de nuestra Pacha se va gestando algo nuevo, sosteniendo la luz y el calor de nuestros fueguitos de nuestro abuelo fuego. En estos días por Jujuy se percibe la rebeldía de nuestras ancestras que se materializa en las hermanas, nuestras warmikunas (mujeres) que van tejiendo y haciendo realidad el cambio definitivo de un mundo más humano».

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El 1 de enero se cumplieron treinta años del levantamiento zapatista, una revolución nacida, gestada y llevada a cabo por comunidades indígenas de México.

El último comunicado, de inicios de octubre, le dedica sus palabras a hombres y mujeres puntuales: «En los distintos rincones del mundo hay personas que dicen ‘no’ cuando la mayoría asiente con resignado desinterés, personas que levantan la frente cuando la mayoría la inclina, que caminan para encontrar cuando la mayoría se sienta a esperar, que luchan cuando la mayoría se rinde».

«Esas personas. Tan pequeñas. Tan distintas. Tan diferentes. Tan minoritarias. Tan necesarias. Esas personas ahí están. Aunque no sean nombradas, aunque la mirada del Poder no las tome en cuenta, aunque no las escuchen arriba, aunque no aparezcan en encuestas y estadísticas. Esas personas… Para ellas nuestro corazón, nuestra palabra buscándolas, nuestro abrazo común a pesar de geografías y calendarios. Para ellas, y con ellas, la fiesta de los encuentros».

Muchas de esas personas son —como los zapatistas— indígenas.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/12-de-octubre-el-futuro-es-indigena/

https://www.leerydifundir.com/2024/10/12-octubre-futuro-indigena/

12 de noviembre de 2021

Perú: Selva acosada

Hernán P. Floríndez

El pasado 1 de noviembre murió, tras una larga agonía, el apu Agustín Ampush Tseje, vicepresidente de la Federación Nativa Awajún del Río Apaga. Ampush era uno de los awajún que lideraba la toma de las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Loreto desde hace un mes. En la comunidad están convencidos de que la causa de la muerte fue beber agua contaminada cerca del pozo petrolero.

“Cuando hicimos el control territorial del lote se apagó el motor de la empresa que dotaba de agua a la zona y tomamos agua de un chorro que antiguamente era de consumo humano. Pero como la Estación 5 no tiene dónde botar los desechos decontaminación, esa agua ya no está limpia. Los hermanos que tomaron agua de ahí se enfermaron. Fueron entre 30 y 40 personas las que tuvieron males estomacales. Ampush también se enfermó, tuvo que volver a la comunidad, pero ya no se recuperó”, cuenta Jhoel Musolini, quien también participa en las protestas indígenas.

Las demandas del último “paro amazónico” son tan extensas como antiguas. Exigen desde la descontaminación de todas las áreas impactadas por los más de 500 derrames de petróleo en los últimos 20 años hasta la instalación de servicios básicos como salud y educación intercultural.

James Pérez, dirigente que representa a la comunidad awajún en la toma del Lote 95, explica que en el 2017 acordaron un “Plan de Vida Postpetróleo”, pero hasta ahora todo ha quedado en un papel sin ningún impacto real.

“Parece que actualmente el petróleo en Loreto no aporta tanto al PBI como antes, por eso no nos hacen caso. Entonces, si el petróleo ya no es de interés nacional, nosotros estamos pidiendo el abandono de los lotes, que las empresas petroleras se retiren y el cierre de las actividades. Ahora apostamos por el diálogo pero no sé por cuánto tiempo más”, dice Pérez.

En el Perú existen más de 4 millones de indígenas de 55 etnias distintas. Cincuenta y uno son pueblos originarios de la Amazonía y cuatro de los Andes. Según el INEI, sólo el 29,3% de esta población tiene acceso a electricidad, el 18,6% tiene red pública de agua y el 7,1% tiene un sistema de alcantarillado. A estas carencias hay que sumarle el 43,8 % de los niños de 3 a 6 años que padecen anemia, cifra de un informe de CEPLAN del 2020.

“Nacer en una comunidad indígena no debería ser una condena”, dice Zoila Merino, de la comunidad bora y dirigente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

El problema, explica Merino, es que los escasos proyectos de infraestructura que se destinan a la zona no están orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y buena parte de ellos termina promoviendo la deforestación de su territorio y abriéndole paso a las organizaciones criminales, especialmente las mafias de la tala ilegal y del narcotráfico.

“(…) Es que no conocen el lugar y creen que basta abrir una gran carretera en nuestro territorio. No solo deforestan sino que comienzan a asentarse colonos que se dedican a la coca, a la tala. Entonces estamos en peligro. Reclamamos que las carreteras no debería ser tan grandes y que le den prioridad al transporte fluvial, pero nos ven como obstruccionistas cuando deberían consultarnos antes de empezar”, dice Merino.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) prevé que el plan de “reactivación económica” originará nuevos conflictos en la Amazonía. Los dirigentes consideran especialmente crítica la ejecución de grandes proyectos viales como la construcción de 102 km de la vía departamental Bolognesi-Breu (Ucayali) y el Corredor Vial Cusco-Madre de Dios de 273 km.

Ambas carreteras atravesarán territorios de comunidades indígenas que se oponen a estas vías. Temen, además, que “la falta de visión amazónica del sector Transportes deje estancados otros proyectos como la elaboración de una red de transporte fluvial sostenible, moderno y seguro”, señala AIDESEP en uno de sus últimos comunicados.

Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, advierte que la ley de consulta previa tiene una trampa. Este mecanismo sólo se pone en práctica en caso de proyectos extractivos. Cuando se trata de construir carreteras o líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, no hay ninguna obligación legal de preguntarles a las comunidades afectadas.

“Cuando dicen proyectos públicos sin consulta piensan en este concepto de ‘desarrollo’ de las ciudades. ¿Qué era desarrollo para Alan García? Hacer corredores para mineras, carreteras para entrar al mercado brasileño, pero ¿por qué no preguntan qué es desarrollo para los pueblos indígenas? Por ejemplo, buscan llevar electricidad de Moyobamba a Iquitos, pero para ello se requiere una línea de 600 kilómetros y deforestar a cada lado de la línea 550 metros. Ambientalmente es complicado”, dice Ruiz.

“La consulta previa tiene un defecto estructural: el león y el ratón no se van a poner de acuerdo. Un diálogo con esa asimetría no va a resolver los conflictos. Por eso los esfuerzos de las organizaciones apuntan ahora a la titulación de sus tierras”, apunta el abogado.

A la fecha, hay 650 comunidades nativas a las que no se les ha reconocido como dueñas de su territorio ancestral. Los procesos de titulación son engorrosos, caros y requieren de asesoría especializada. Sin los títulos de propiedad los indígenas no pueden reclamar sus derechos y muchas comunidades han comenzado a ser invadidas por narcotraficantes y traficantes de madera. Desde que empezó la pandemia, según cifras de la Defensoría del Pueblo, diez líderes indígenas han sido asesinados por desafiar a las mafias que los acechan.

Los gobiernos regionales también se han sumado al festín. Aprovechando los vacíos legales, se han lanzado al negocio de las concesiones forestales.

“Hay comunidades que están con 15 o 20 años de espera para ser reconocidas con su título de propiedad, pero el gobierno regional termina dándoselo a colonos que luego lo venden a empresas extranjeras. El título es el primer paso para mejorar las condiciones de vida, para firmar convenios, expulsar invasores, hacer proyectos con los gobiernos locales. Somos miles de miles de hermanos que estamos agotados con esta espera, pero también queremos evitar una lucha más radical, queremos evitar derramamiento de sangre”, indica Richard Rubio, líder kichwa y exvicepresidente de AIDESEP.

La abogada Siu Lang, de la ONG CooperAcción, cuenta que ha registrado cómo la minería ilegal se ha multiplicado en la cuenca del río Cenepa desde que empezó la pandemia. “Antes documentábamos dragas pequeñas en los ríos, ahora hay grandes campamentos que están vertiendo los desechos directamente y muy cerca están las bases militares. A pesar de las denuncias, no hay control. Ya no solo hay deforestación en las comunidades indígenas que conocemos sino también cerca de las comunidades en aislamiento”, explica.

En 2020, según la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú perdió 203,272 hectáreas de bosques amazónicos. La peor cifra en 20 años.

“Luchamos y cuidamos 14 millones de hectáreas en el Perú. Está en nuestro ADN defender el territorio indígena”, dijo Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, el pasado 3 de noviembre en la COP26. Sin embargo, uno de sus pedidos más antiguos es el más olvidado: declarar la intangibilidad de los territorios vírgenes donde habitan, según las estimaciones oficiales, 8,000 indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI).

Actualmente existen siete reservas de conservación, pero la ley permite que sean explotadas si se trata de hidrocarburos o alguna otra actividad a la que se le pueda estampar el sello  “de interés público”.

La consecuencia de esta contradicción acarrea, por ejemplo, que la reserva para pueblos aislados Yavarí-Tapiche (Loreto) tenga 10 concesiones forestales superpuestas. Y que en el territorio de Yaraví-Mirim haya otras 66 concesiones. En conjunto suman cerca de 600 mil las hectáreas de bosque concesionado a empresas madereras en bosques vírgenes en los que habitan tribus no contactadas.

Para Beatriz Huertas, antropóloga de ORPIO, este es uno de los mayores atentados contra la conservación de bosques e indígenas en aislamiento. Según sus últimos estudios –argumenta Huertas– no existe otra zona que presente mayor concentración de etnias no contactadas como la del Corredor Territorial y de Bosques Continuos Yavarí-Tapiche.

“Hacer pactos de no deforestación y concesionar así el bosque convierte en una ilusión frenar el cambio climático. Pasan los años y no solo se agravan los problemas ambientales sino también el descontento. El paro amazónico va a radicalizarse a medida de que los problemas y la falta de respuesta continúen”, indica la especialista. No es una amenaza. Es la conclusión que cualquiera podría sacar echando un vistazo al vecindario.

Chile y Ecuador, con una población indígena mucho más pequeña que el Perú, están padeciendo la furia de las  comunidades indígenas.

A inicios de octubre, cerca de un millar de mapuches y simpatizantes tomó el centro de la capital chilena exigiendo la restitución histórica de tierras de las que fueron despojados en el siglo XIX. Hoy ese territorio está en manos de empresas forestales.

El movimiento mapuche ha sido tan consistente y organizado en los últimos años que una de sus representantes preside la Convención Constituyente encargada de elaborar la nueva carta magna.

El pasado martes un tren de carga se descarriló en la región de La Araucanía. Las autoridades sospechan que no fue un accidente. Tras el siniestro, los vagones fueron incendiados. A mediados de octubre Sebastián Piñera había decretado la militarización de la zona sur de Chile.

El gobierno del conservador Guillermo Lasso quedó en jaque el pasado 27 de octubre. Luego de una semana de movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina, los movimientos indígenas tomaron las principales carreteras de nueve provincias y de la capital. “La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador está cohesionada por el nivel de desigualdad que viven. Donde más se sacrifica la naturaleza, donde más se contamina y donde más se quitan los derechos a tierras colectivas, ahí encuentras las mayores necesidades desde hace 50 años. ¿Quién va a resistir eso?”, dice Gabriela Ruiz, reportera ecuatoriana.  

Ramiro Escobar, periodista especializado en medio ambiente y política internacional, explica que en el Perú la olla lleva tiempo calentándose y podría comenzar a hervir en cualquier momento. Si bien hay diferencias respecto a Ecuador y Chile, los indígenas están “en medio de un creciente proceso de politización” y organización local. “Ya tenemos convulsiones internas protagonizadas por indígenas (...) en algún momento podría ocurrir una convulsión de mayor envergadura, tal vez de alcance nacional y más si se logran organizar los indígenas de la selva con los reclamos del ande. Los vínculos existen, pero aún falta una organicidad como la de Ecuador”, dice Escobar.


Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°564, del 05/11/2021   p30