Control de daños de los escandaletes

Nelson Manrique

Tenemos una nueva vuelta de tuerca en el control de daños en que está empeñado el gobierno. El problema comenzó cuando periodistas independientes pusieron en evidencia que la flor y la nata del poder alanista estaba involucrada en el escándalo de los petroaudios, comenzando por el ex premier Jorge del Castillo y sus cinco visitas, así como las de otros destacados políticos, a las suites del dominicano Fortunato Canaán. Luego de hacer despedir a los periodistas incómodos de El Comercio y de Perú 21, vino la pantomima de la persecución a Rómulo León; este se entregó después de manera voluntaria, aparentemente luego de negociar un buen trato, y el tema terminó encauzándose en el PJ, donde el Apra tiene una larga experiencia en control de daños.

Después vino la exculpación de los ministros apristas en el Congreso, gracias a la ineptitud de Daniel Abugattás, quien, como presidente de la comisión investigadora, sostuvo al fujimorista Carlos Raffo, a pesar de que este se había reunido irregularmente con León Alegría en el penal San Jorge. Luego, con el apoyo del fujimorismo y de UN, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca salieron limpios, a pesar de las 48 comunicaciones encontradas en el disco duro de la computadora de León Alegría que involucraban a Del Castillo y de las evidencias de manejos irregulares en el Ministerio de Salud (a propósito, ¿alguien recuerda las 18 toneladas de documentos que se robaron del ministerio hace tres semanas, precisamente cuando el premier Simon presentaba su plan anticorrupción?: un buen escándalo tapa otro escándalo).

Luego vino el descubrimiento de la mafia de marinos que comercializaban servicios de intercepción telefónica, una caja de Pandora de la que podrían salir muchas sorpresas desagradables, que, nuevamente, va a ser necesario controlar.
A todo esto se suma ahora el escándalo del nombramiento de Ingrid Suárez como contralora el miércoles 21, por la alianza –cuando no– del Apra, el fujimorismo y UN. La candidata, nombrada a propuesta de Alan García, ha sido acusada de usar indebidamente el título de ingeniera en varios documentos del Ministerio de la Producción. Suárez afirmó contar con un título español, pero ha sido desmentida por Mercedes Cabanillas, quien se ha dirigido a las autoridades de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón, donde la Srta. Suárez dice haber estudiado.

¿Cuál es la respuesta del gobierno ante estos estropicios? Pues tratar de cambiar el Código Penal para castigar con prisión la publicación de materiales obtenidos a través de interceptaciones ilegales. De haber dispuesto el Apra de semejante ley hace un semestre, Augusto Álvarez Rodrich, Fernando Rospigliosi y otros estarían ya presos, por informar al país sobre los petroaudios. O se callaban, y León Alegría seguiría en libertad haciendo negocios, Del Castillo seguiría de premier y las licitaciones y las interceptaciones seguirían, normal nomás. La cosa tiene lógica: si se impide que los periodistas divulguen los delitos que se cometen desde el poder, todos volveremos a ser felices.

Bueno, quizá no todos, pero sí los que verdaderamente importan.

FUENTE

http://www.larepublica.pe/columna-en-construccion/28/01/2009/control-de-danos-de-los-escandaletes