22 de julio de 2019

Meritocracia con trampa

Claudia Cisneros

La libertad y la meritocracia que defienden quienes –con buenas intenciones– apuestan porque las personas seamos lo más libres posible para elegir con la menor cantidad de cortapisas impuestas por leyes, es en realidad una libertad limitada y una meritocracia con trampa.

Libertad limitada porque las estructuras sociales se han tergiversado durante décadas a favor de hombres por sobre mujeres; y esas estructuras vienen influenciando la psiquis de los electores de manera que su elección está limitada por esa distorsión. Una distorsión silenciosa que se ha sedimentado hasta ser percibida como referente de lo normal, invisibilizando la desventaja para las mujeres y atribuyéndola a una falta de mérito de ellas.

Meritocracia con trampa porque hay un estadio o paso previo al mérito que es, precisamente, esa ventaja psicosocial de lo masculino sobre lo femenino y que durante años le ha dado ventaja al hombre de ser ocupante privilegiado de esos espacios; los hombres con o sin mérito tienen más posibilidad de acceder a esos espacios que las mujeres con igual o mayor mérito (hay data abundante sobre ello).

El punto de partida para acceder a esos espacios para las mujeres ha sido siempre de una desventaja que el hombre no experimenta, y las cuotas o acciones de discriminación afirmativa son una forma de compensar esa distorsión y establecer equilibrio. Por eso son ajustes que se plantean como temporales, mientras y hasta que las sociedades se adecuen a la equidad social y cultural al menos en términos de género binario porque ciertamente se viene la exigencia de otros grupos diferenciados.

Cuando Salazar dice que es ingenuo y hasta peligroso que el Ejecutivo pretenda cambiar las cosas a través de una “ley conminatoria”, elige ignorar por completo el poder blando –adicional al coercitivo– que tiene una ley como moldeadora de un mensaje social, que incide eventualmente en las preferencias y psicología de esa sociedad; por supuesto que tienen que ser leyes articuladas en políticas públicas que despliegan el poder de asentar una idea, la inclinación por un ethos. La ley es una forma potente de socializar esa idea, en este caso, la idea de que las mujeres –u otros grupos– deben tener el mismo tipo de acceso a las esferas de poder público y de gobernanza que los hombres.

Cuando Salazar señala que una ley sobre paridad abriría la puerta a otros grupos, tiene razón, y será lo justo; la libertad no debe excluir a grupos diferenciados con necesidades diferenciadas y específicas, que no se sienten políticamente representados, como los pueblos indígenas o la comunidad afroperuana, u otros géneros no binarios que reclamen justamente una representatividad. Insistir en que no hay diferenciación y necesidades no comunes (además de las comunes), es insistir en discriminarlos asumiendo, sin su concurso, que el término ‘persona’ encarnado en el hombre es suficiente representación. Sin representación política –y el poder que se deriva– esos grupos están en desventaja para la atención de sus derechos y necesidades específicas.


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21 de julio de 2019

La tradición de robar

César Hildebrandt

Lo pudo todo. Superó barreras, prejuicios, desayunos de pan y té, las diversas tentaciones depresivas de la miseria, y un día inverosímil ganado a punta de ruegos y em­peño se fue a Stanford a estudiar.

Conoció a Eliane, una judía pelirroja y brillante, y también pudo con ella.

Podría, muchos años más tarde, con la presidencia.

Pero no podría con la tradición.

La tradición en el Perú, con raras excepciones, es que los mandatarios se aprovechen, calculen como zorros las presas de la obra pública susceptibles de un mordisco, asalten diligencias, exijan diezmos, ocupen residencias inexplicables.

En estas tierras la etapa colonial fue un periodo de aprendizaje. Como nos lo recuerda Alfonso Quiroz, robaban el mercurio de la mina Santa Bárbara, en Huancavelica, contrabandeaba el presidente de la audiencia de Quito, el limeño José de Araujo, se vaciaban los presupuestos destinados ori­ginalmente a la construcción de los puertos del Callao, Valdivia, Concepción. Se robaba a los indios con el tributo racial que se les impuso y que los corregidores escondían en gran parte para su propio beneficio, los juicios de residencia eran inútiles porque se hacían entre hermanitos “del mismo círculo de patronazgo” (Quiroz dixit), el puesto de virrey podía comprarse (el conde Cañete compró el de mandamás del Perú por 250,000 pesos pero se murió en el viaje a Lima), y hasta los indultos se remataban y podían llegar a costar 4,000 pesos (con lo que puede hablarse de la conducta virreinal  y casi hereditaria del doctor García).  

Robaban los veedores, los curas, los oidores, los recaudadores de impuestos, los aduaneros, los gobernadores, los curacas aliados de la administración, los mineros del azogue y hasta por derecho de entierro se cobraba una yapa codiciosa. Robó el conde de Superunda y grande ladrón y encubridor de aves rapaces fue Amat y Junyent, el de la Perricholi, y se robaba inmensas cantidades a la corona española ocultando le plata sin sellar extrayéndola de la contabilidad oficial.   

¿Y la república? Allí se robó desde el primer instante. Gran parte de lo expropiado a los españoles siguiendo la política de Monteagudo, con la anuencia de José de San Martín, fue a parar a manos del militarismo que reclamaba compensación “por sus sacrificios”. ¿Y no fue Thomas Cochrane, el inglés al servicio de Chile, el que se robó las reservas de la plata que San Martín tenía guardadas, tal como nos lo recuerda también Quiroz?

Vamos. No nos hagamos. La república empezó con la traición de Torre Tagle, el pase a filas realistas del presidente Riva Agüero y Sánchez Boquete y la convicción, tanto de San Martín como de Bolívar, de que “el Perú era una especie de lepra en América. José Faustino Sánchez Carrión, el llamado “solitario de Sayán”, convertido en casi santo por la leyenda patriótica, se hizo de varias propiedades otorgadas por el propio Bolívar. Quiroz relata otra escena del gobierno bolivariano: el teniente coronel Juan Pablo Santa Cruz robándose el ganado de varias haciendas bajo la mirada de su protector, el general bolivarista Antonio Gutiérrez de la Fuente, gran rapaz.

Así empezamos.

Ese fue el parto de la república. Parto de heroísmos y avideces miserables. Parto de Junín y Ayacucho y del millón de pesos que el Con­greso le otorgó al libertador. La imagen que se que­da grabada cuando uno lee el libro de Quiroz “Historia de la corrupción en el Perú” es esta: el pobre diablo del general Agustín Gamarra, prefecto del Cusco, entregándole a Bolívar ochenta medallas de oro y quinientas de plata “recién acuñadas en su honor”.

¿Qué podíamos esperar después?

Pues lo que se vino.

Y lo que vino fue el primer militarismo, una especie de guerra civil del hampa condecorada. Quiroz cita a Belford Wilson, cónsul británico en Lima: “Los peruanos pueden verdaderamente ser considerados como los napolitanos y los mexicanos como los rusos de América”. Era una comparación entre sociedades corruptas. Hasta la llamada “presidenta”, Francisca Zubiaga, esposa de Agustín Gamarra, peleó por los intereses del sector harinero que la auspiciaba. Hasta Ramón Castilla tuvo una actitud blanda con el contrabando licorero cuando fue subprefecto de Tarapacá en 1829.

Quiroz cita a Albert Jewett, represen­tante diplomático de los Estados Unidos en Lima, calificando al gobierno de Castilla como “corrupto, desleal e insolente” y cuyo gabinete estaba integrado “por ladrones audaces y sin escrúpulos”. Castilla, como se sabe, terminaría virtualmente eligiendo a su sucesor: José Rufino Echenique, la más alta expresión del descaro depredador.

¡Y el guano fue la mierda que nos terminó de enmierdar! La primera concesión, hecha en el gobierno de Gamarra en 1840, se vendió por apenas 18,500 libras esterlinas para nueve años de explotación sin medida. Después lle­garon las pujas por las coimas, los ancestros de Odebrecht y el club de la construcción. El que más pagó fue el inglés Antony Gibbs. Este millonario isleño negoció con el corrupto Echenique la prórroga de su contrato, el que se firmó y se mantuvo en secreto ante la resignación de la prensa comprada o asustada y el silencio de la fantasmagórica ciudadanía.

¿No hemos hablado de la consolidación de la deuda externa? Esa deuda fue de 5 millones de pesos en 1851 y llegó a 24 millones al año siguiente. En ese saco generoso se metieron desde auténticos expropiados de la etapa de las guerras por la independencia hasta inventores de agravios inmobiliarios que sólo debían jurar por Dios para que se les creyera, pasando por prestamistas de muy difícil probanza y militares que habían “dado la vida” por la causa. Fue la gran farra. Fue el “Melody” en tamaño latifundio. Fue la plata del guano convertida en quincha de palacios que jamás debieron edificarse. La mitad de las fortunas de Lima se construyó con ese método. Aquí no hubo la burguesía industriosa acostumbrada a los rigores de la perseverancia y las lentitudes de la acumulación: aquí sobraron los ladro­nes, los putos atajos.

Lo que queda nos es conocido. Robaron durante Balta, Pardo, Piérola (doblemente). Robaron con Leguía (por duplicado), con Benavides (bis), con Manuel Prado (dos veces), con Odría, con Belaunde (hubo réplica), con los militares que dijeron estar haciendo la revolución. Robaron con García a manos llenas y con Humala a pecho descu­bierto y con Toledo pasando el sombrero de paisano. Robaron con Kuczynski en inglés y con Fujimori en castellano maltratado. Y ro­barán como nunca se ha robado si la hija del patriarca Alberto se sienta donde alguna vez su padre hizo aguas sobre la Constitución.

De modo que no nos hagamos las vírgenes del sol, los estupefactos de la república traicionada. Toledo nos representa. Es la decepción que nos refleja. Es el Perú como república fallida. Es el Pachacútec de nuestra Disneylandia.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 454 19/07/2019 p12

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20 de julio de 2019

“No les haces un favor a las mujeres al incluirlas en la fórmula paritaria; somos la mitad de la población”

Irune Aguirrezabal     (Entrevista de Stephanie Demirdjian)

El escrutinio de las elecciones internas todavía no había finalizado cuando el domingo 30 de junio el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, anunció que Beatriz Argimón sería su compañera de fórmula. Quizás sin buscarlo, su anuncio marcó una pauta para los demás candidatos –todos hombres–, que desde ese momento se vieron obligados a pronunciarse sobre una posible fórmula paritaria. Incluso quienes finalmente eligieron a un hombre para completar el binomio presidencial se vieron interpelados y tuvieron que salir a justificar la decisión. La representación política de las mujeres ya no es un tema secundario, está sobre la mesa y deberá estructurar también el camino hacia las elecciones de octubre.

Mientras tanto, hay que mantener vivo el debate. La jurista española, experta en democracia paritaria Irune Aguirrezabal viajó la semana pasada a Montevideo, invitada por ONU Mujeres para participar en el VI Congreso Uruguayo de Ciencia Política, organizado por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Allí habló sobre la importancia de la paridad para garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de toma de decisión. Dispersas entre el público la escucharon mujeres políticas uruguayas como la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Graciela Villar.

Un rato antes, entrevistada por la diaria, Aguirrezabal explicó que el concepto de paridad va más allá de la representación política y debe permear también en el resto de las responsabilidades que tenemos mujeres y hombres: en el acceso a oportunidades, en la economía o en las tareas de cuidados. También se metió en la campaña electoral y dijo que le gustaría que Uruguay tuviera un “gobierno feminista”.

¿Qué es la democracia paritaria?

Muchas veces se confunde la paridad con la democracia paritaria, y tiene que ver con el concepto de ciudadanía, que podemos dividir en dos nociones. Por un lado, el concepto de ciudadanía política, ligada a la participación en la conformación de la voluntad del Estado a través de las normas establecidas, que se puede traducir en la capacidad de participar en la vida pública y política. De ahí se derivan los derechos de las mujeres a la participación política, el sufragio femenino y también el derecho a ser elegidas no sólo en el ámbito electoral sino también para ser juezas, ministras, alcaldesas, intendentas, a estar en los mecanismos de intervención y de participación en la vida pública y política. Esto es lo que significa la paridad, el llegar a una situación en la cual los hombres y las mujeres participan de manera equilibrada en las posiciones de poder y la toma de decisiones en todas las esferas de la vida. La otra concepción de la ciudadanía es la que dio lugar a pensar en el estado social de derecho, que tiene que ver con la forma de participar de cada ciudadano en la conformación de la voluntad del Estado a través de todos los derechos subjetivos. Eso implica derechos sociales, económicos, culturales, tecnológicos y demás. La democracia paritaria hace alusión a esta segunda concepción, a la de todos los derechos subjetivos, por lo que no se limita a la representación política. En una democracia paritaria el Estado se vertebra a través de los principios de igualdad sustantiva, libertad y paridad. La paridad es uno de los ejes, pero por sí sola no hace un Estado con democracia paritaria. Hay seis países en América Latina que tienen leyes que obligan a los partidos a establecer la paridad en el ámbito fundamentalmente legislativo. Pero la democracia paritaria es mucho más. Implica que la igualdad sustantiva esté realmente permeada en todos los mecanismos, políticas públicas y formas de pensar el Estado. Creo que la paridad ya no podía esperar, porque no puedes hablar de democracia sin mujeres. Y tiene sentido que esto suceda en el siglo XXI –al que algunos autores, como el sociólogo francés Alain Touraine, definen como “el siglo de las mujeres”– porque la sociedad tiene dilemas y retos a los que el sistema patriarcal no puede responder. Estamos en un momento en el cual se están produciendo transformaciones con la incorporación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad que necesitan nuevos liderazgos.

¿Un mayor liderazgo de las mujeres puede cambiar la forma de hacer política?

Desde luego. Primero nos decían: “No hay mujeres, no están interesadas, ellas no saben, necesitan formación, tienen más cosas que hacer”. Todo esto ya lo vamos superando con argumentos. Ahora la pregunta es: ¿qué de nuevo van a traer las mujeres? Voy a dar dos argumentos principales. Primero hay un argumento moral, y es que es inmoral que ya en las democracias del siglo XXI tengamos que estar diciendo que las mujeres tenemos que estar en política. Es un argumento moral y también de justicia social: las mujeres constituimos la mitad de la población y tenemos que estar representadas. Vayamos al otro argumento, que es el de la eficacia. ¿Cómo va a beneficiar esto a las prestaciones que tiene que hacer un gobierno? La respuesta es sencilla: si contamos con las mujeres vamos a tener el doble de inteligencias y capacidades, porque las mujeres en Uruguay y en América Latina se están graduando de la universidad más que los hombres y están demostrando que tienen las mismas capacidades e inteligencia que los hombres. Entonces, si usted tiene una pluralidad de ciudadanos y hay tanta complejidad de retos que resolver, con el doble de capacidades e inteligencias lo va a poder resolver mejor. El argumento de la eficacia está ahí. No significa que las mujeres vayan a traer sus intereses de mujeres y una forma específica de resolver las cosas. Hay un feminismo, el feminismo de la diferencia, que ha venido argumentando en distintas corrientes que hay una esencia femenina de resolver las cosas. El feminismo de la igualdad sostiene que no necesariamente hay una esencia femenina de resolver las cosas, y las defensoras de la noción de la paridad precisamente en Francia, primer país en instaurar la paridad por ley, en los años 90, resolvieron que realmente esa disputa no es necesaria para argumentar la paridad. Por otro lado, está demostrado que el hecho de que haya mujeres en los mecanismos de decisión política va a generar procesos que van a ir cambiando la cultura patriarcal, una cultura que todavía genera múltiples desigualdades y discriminaciones. Que haya mujeres no cambia automáticamente las cosas, pero sí genera procesos que van a ir cambiando las cosas.

¿Cuál es el aporte de las cuotas a la paridad?

Las cuotas han funcionado en toda América Latina desde que se instaló la primera en el mundo, que fue la Ley de Cupos argentina, en 1991. Casi todos los países de América Latina tienen algún porcentaje de cuota, excepto Cuba y Venezuela, que sin embargo tienen un porcentaje alto de políticas en los parlamentos. En 1997 el porcentaje de mujeres legisladoras en América Latina era de 10%. En 2017 era casi de 30%, entonces sí sirven, pero ¿cuánto tiempo vamos a necesitar de cuotas para que haya realmente una representación paritaria sin necesidad de una ley de cuotas? Está demostrado que vamos a necesitar muchísimos más años de los que queremos, sobre todo de lo que quieren las mujeres políticas uruguayas que quieren trabajar hoy en política, pero no hacerlo designadas por hombres, sino en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades. Entonces, de ahí que se abogue por legislación paritaria. La realidad es que no se trata de articular leyes de cuotas, sino que se necesita una representación paritaria para mejorar la calidad de la democracia sin porcentajes, sin que se haga para remediar una situación de discriminación. Lo pueden hacer por ley o de forma natural, pero la representación tiene que ser paritaria.

Uruguay está en pleno año electoral. De 28 precandidatos a la presidencia sólo había una mujer, y en las elecciones internas se quedó a mitad de camino. Después de ese proceso, el Partido Nacional anunció una fórmula paritaria y el candidato del Frente Amplio también, aunque el partido todavía tiene que avalarla. En cambio, el candidato del Partido Colorado anunció que en su fórmula incorporará a un hombre y que para él la paridad no tiene que ver exclusivamente con una fórmula paritaria. Puso como ejemplo que su equipo de trabajo está integrado por 11 mujeres y cinco hombres. ¿Puede cada partido político redefinir y ajustar la paridad a su manera? ¿Qué tan maleable es el concepto?

Muchas veces se dice que es forzado tener que hacer una fórmula paritaria si de pronto hay una persona que puede ser vicepresidenta que sea hombre y que va mejor en el partido por su historia y su trayectoria. Uno puede entender que digan que se están forzando las cosas. Lo que pasa es que llevamos así toda la historia de la humanidad, entonces repito lo que dije al principio: las cuotas con un porcentaje y lo que luego ha avanzado en ser paridad con una cuota más elevada que 50% se hacen por ley porque si no los partidos no lo respetan. Y está demostrado empíricamente que estaríamos tardando alrededor de 80 años en empezar a acercarnos a esa cifra si dejamos que los partidos se vayan acercando poco a poco. Entonces, no es bueno forzar las cosas, claro, pero no se ve otra solución, porque si no se hace por ley los partidos políticos no lo hacen. Han tenido la oportunidad de tener a hombres y mujeres de forma paritaria y no lo han hecho. Me alegro de que un partido en concreto tenga tantas mujeres en el equipo, 11 de 16. La pregunta que yo le haría al candidato, desde el respeto absoluto, sería: ¿eso significa que si usted fuera presidente finalmente va a tener 70% de mujeres en el gobierno como ministras? Si es así fenomenal, adelante. Pero, claro, esto no está pasando. Necesitamos que se recoja por ley. Una vez que la situación está regulada, no hay por qué seguir forzándola. En Europa, cuando se discutió la paridad, lo que se hizo fue que la mayoría de las legislaciones y la de la Comisión Europea definieron la paridad como la representación equilibrada entre los dos sexos con un rango de 40-60, no han ido al 50-50. Yo soy favorable a esa postura porque no solamente ha regulado la paridad o la representación equilibrada 40-60, que la cumplen, sino que a la vez tiene un compromiso con el principio de la igualdad sustantiva, que es el valor con carácter transversal e integral de todo lo que hace la Unión Europea. Es la democracia paritaria. La democracia paritaria no es sólo la representación política paritaria, sino realmente que nos creamos que la igualdad sustantiva es necesaria para que haya una democracia de calidad. Porque los derechos subjetivos sociales, económicos, culturales no están solamente en la representación política sino en cómo accedemos a las mismas oportunidades, en cómo nos repartimos el cuidado, las tareas domésticas, todas las cuestiones. Es esta expresión del movimiento emancipador de Estados Unidos de que “lo personal es político” y que en América Latina se trasladó con la chilena Julieta Kirkwood en aquello de “democracia en el país, en la casa y en la cama”. Realmente todo importa. Tenemos que acabar con los roles que nos llevan a las mujeres a estar en el espacio privado y a los hombres en la vida pública, y eso significa también masculinizar la esfera privada. Pero todavía tenemos que trabajar en todo eso. La paridad va de la mano de la igualdad sustantiva, entonces yo entiendo que algunos piensen que se están forzando las cosas, que ahora que tengo un candidato por qué no voy a defender a un hombre en este puesto. Yo pienso que con la paridad y con la igualdad sustantiva no vamos a estar forzando esto, porque pueden existir otras situaciones, como por ejemplo que haya presidente y vicepresidente pero que al mismo tiempo haya mujeres liderando el Tribunal Supremo, el Tribunal Electoral o el Senado. Pero esto no pasa. De repente nombran presidenta por primera vez a una mujer en la Cámara de Representantes. De repente hay una intendenta de 19. Eso no es paritario.

Uno de los argumentos que esgrimen quienes se oponen a las cuotas, generalmente varones, es que se corre el riesgo de que los cargos sean asumidos por mujeres que quizás no están capacitadas para el trabajo.

Eso lo escuchamos en todas partes, pero en Uruguay es particularmente grave porque si uno ve los datos hay más mujeres graduadas de la universidad que hombres, entonces ¿dónde está la falta de capacitación? Aparte, hay tal necesidad de las mujeres que están en política de rebatir estos argumentos y estar más preparadas que cualquiera que las mujeres en los ámbitos más recónditos de Uruguay están recibiendo formación no para capacitarse, porque ya están capacitadas, sino para aprender otras cuestiones, como liderazgo, marketing político o cómo hablar en público. Los hombres en esos mismos territorios no lo hacen, porque se espera que ya lo sepan. El tiempo nos va a decir que esas mujeres cuando lleguen van a estar mucho más preparadas que ellos. No es verdad ese argumento y lo demuestran los hechos. Durante los días que he estado aquí escuché en la televisión y en la radio a mujeres políticas con carácter, con criterio, capacitadas. Yo espero que en las siguientes elecciones la fórmula paritaria ya no se discuta y que haya incluso más candidatas a la presidencia que designen a sus candidatos vicepresidentes en su fórmula paritaria. Y cuando salgan a defenderlo no tendrán que decir “bueno, elegí a un hombre por la cosa de género, pero además es muy válido, se los juro”, como hemos leído todos en la prensa. La “cosa de género” no es una cosa de mujeres, el género no es de mujeres, el género es masculino y femenino. No les haces un favor a las mujeres al incluirlas en la fórmula paritaria, somos la mitad de la población y estas mujeres que están ahí son mujeres preparadas. Si el partido equis decide poner a una mujer en la fórmula paritaria que no es buena se está pegando un tiro, porque no va a salir elegido. Nadie pone en duda que los partidos, cuando están decidiendo en sus internas quién es el candidato a presidente, están votando por el más válido. Pero además porque les parece el más decente, más ético, más simpático. Hay muchas cosas por las cuales se define a alguien. Con las mujeres es igual. ¿Por qué tenemos que poner en duda cuando hay una fórmula paritaria que se impone? Y, por cierto, en Uruguay se impone porque la opinión pública lo está demandando. Según una encuesta de ONU Mujeres, 72% de la población piensa que tendría que haber una fórmula paritaria. Entonces, es muy interesante cómo se ha impuesto. Un partido lo lanzó y ya casi todos fueron atrás. Incluso el que no lo sigue se justifica. Esto es fantástico. En cinco años será al revés, habrá candidatas, y espero de verdad que alguna irónicamente diga: “Yo elegí a este tipo por el género, pero el tipo también vale, claro”.

¿Cuáles son las barreras que hay que atravesar para llegar a la paridad?

Me parece que lo más importante es creer el argumento moral, el de la justicia social y el de la transformación de los roles de género. Esto último es porque sólo desde el aprovechamiento de todas las capacidades e inteligencias podemos resolver mejor los problemas. A partir de ahí, si nos lo creemos y hay voluntad política, hace falta un pacto de todos los partidos políticos y los agentes sociales para apostar por la representación paritaria en todos los mecanismos: en la judicatura, en la legislación, en las fórmulas presidenciales, en el próximo gobierno. Así, no estaríamos discutiendo si la suplencia debería ser también regulada por la paridad, por ejemplo. Si nos creemos que tiene que haber representación paritaria, no haría falta ni una ley de paridad. Lo harían los partidos políticos y lo harían las instituciones políticas. Como esto no pasa así, hace falta una legislación. Entonces, hagamos una ley de paridad que realmente regule cómo tiene que estar establecida la legislación para que los resultados dentro de cinco años en Uruguay sean de representación paritaria en los distintos poderes del Estado. Eso implica empezar a trabajar ya. Esto no es muy difícil en América Latina porque afortunadamente el Parlamento Latinoamericano y Caribeño aprobó en el año 2016 una norma marco para consolidar la democracia paritaria que está aprobada por consenso y que establece cómo es, qué significa, cuáles son sus principios y cuáles son sus ejes vertebradores. Aquí aparecen los grandes ejes que, como ya dije, son la igualdad sustantiva –permeada en todos los mecanismos, políticas públicas, etcétera– y la paridad tanto vertical –en listas plurinominales– como horizontal –en los encabezamientos de las listas a alcaldías, intendencias, comisiones legislativas–. De hecho, hablemos de la legislación de cuotas acá, que solamente regula cómo entran en una lista pero no regula el resultado, y tampoco está regulando –y por eso la falla– las suplencias. También hay que ver, una vez que están en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuántas mujeres y cuántos hombres van a presidir las comisiones legislativas, quiénes van a presidir las instituciones, etcétera. Todo esto es lo que necesita hacerse, y la norma marco está aprobada y tiene unas directrices claras para ver cómo se implementa. El tercer eje de la norma marco tiene que ver con la democracia paritaria en los partidos políticos. Esto es lo más difícil. Significa incluirla tanto en las dirigencias como en la forma de elaborar las listas electorales o nombrar a candidatos a las distintas instituciones del Estado, pero también en los programas electorales. Si analizamos los programas electorales de los partidos políticos uruguayos en las anteriores elecciones, vemos que ningún partido defendía la representación paritaria de las mujeres. De hecho, la participación política de las mujeres no era un tema en los programas, y además las menciones a los temas de género son como apuntes, no hay una idea de un Estado que quiera realmente ser atravesado por el principio de la igualdad sustantiva. Esto es lo que llama la atención en Uruguay porque, a diferencia de otros países latinoamericanos, el principio de la igualdad y de la libertad son principios que atraviesan y vertebran el Estado uruguayo. Es un Estado que además proyecta la imagen hacia el exterior de un país que ha llegado a cuotas de bienestar muy altas, comparándolo sobre todo con los países vecinos, y por lo tanto llama la atención esa disonancia con la representación política paritaria.

Un pedido que realizaron los colectivos feministas de Argentina a los partidos de cara a las elecciones de este año fue que incluyeran en las listas no más mujeres sino más mujeres feministas. ¿La paridad no va también por ahí?

Personalmente pienso que el siglo XXI está en una revolución feminista. ¿Por qué? Porque en el siglo XX ya se luchó por el sufragio femenino y por romper los tabús por los cuales el cuerpo de la mujer llevaba asociado unos condicionantes sociales que le hacían estar subordinada. Todavía queda mucho por hacer, y vamos a hacerlo apostando por la representación paritaria y por la igualdad de verdad, la de resultados. Creo que hay una pluralidad de mujeres, al igual que hay una pluralidad de hombres, y entonces no hay una esencia de lo que quieren las mujeres. Las que quieren estar en política quieren lo mejor para la sociedad. El que haya mujeres implica que haya transformaciones de roles, porque las mujeres al estar en puestos de responsabilidad modifican los patrones de conducta. Entonces, mi respuesta es que para mí es muy difícil ser mujer y no ser feminista, porque el feminismo es creer en la igualdad de género. A mí me gustaría que Uruguay tuviera un gobierno feminista, que no significa que haya 90 mujeres, sino que va a trabajar por la igualdad.

El siglo XXI empezó con un hecho inédito en América Latina, porque había cinco mujeres ocupando presidencias. Ya para 2018, Michelle Bachelet dejó el cargo en Chile y el continente se quedó sin presidentas. ¿Qué lectura hace de este cambio de escenario y cómo ve el panorama a futuro?

Mi primera percepción es que había bastante autocomplacencia de muchas mujeres políticas y feministas precisamente por el buen lugar que ocupaba América Latina en el ranking gracias al gran porcentaje de mujeres parlamentarias que había por las cuotas, porque ya había leyes de paridad y el discurso paritario estaba por todas partes, y porque había cinco mujeres presidentas. Era un hecho inédito y lo sigue siendo, porque en estos momentos hay sólo diez mujeres jefas de gobierno en un mundo en el que hay 193 estados. Es poquísimo. En América Latina no hay ninguna mujer gobernando hoy en día. Creo que la lectura en ese entonces no fue lo suficientemente crítica. La lectura que hay que hacer es que ciertamente la política es muy compleja, entonces hay biografías de mujeres que han conseguido llegar a esos puestos en momentos concretos y en contextos particulares. De ahí no se puede concluir que un Estado en el que ya ha gobernado una mujer ya es un Estado que concibe la igualdad y es este Estado feminista que hemos dicho antes. No, ha habido una concurrencia de circunstancias que han posibilitado el liderazgo en un momento particular. La cuestión es cuántos años más van a hacer falta para que haya otra mujer que se candidatee a presidenta, que sea presidenta del Parlamento, que sea presidenta del Tribunal Supremo, etcétera. Y no sólo presidenta sino alcaldesa, intendenta, gobernadora. La realidad es que estamos lejos y que la paridad incluso en los países en los que existe no está siendo efectiva para romper con todos esos estereotipos y esas resistencias.


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