"Vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público"
La reciente crisis desatada por la JNJ contra el Ministerio Público tiene numerosas características y detalles que deben ser presentados en conjunto para apreciar que, en la pretendida restauración de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, finalmente abortada por la decisión de un juez valeroso, se ha actuado no solo irregularmente del todo en el plano administrativo, sino como banda y con verdadero dolo, que no puede ser pasado por alto. Vamos a los detalles.
- Avocarse a causa abierta en otro fuero. En el momento en que la JNJ decidió ocuparse del caso de Patricia Benavides, había causa en trámite sobre el mismo asunto en el Poder Judicial, y de esto fue informada la JNJ tanto por uno de sus integrantes, el doctor Francisco Távara, formalmente por escrito, como por la propia Patricia Benavides en audiencia pública, quien confirmó tener una acción de amparo pendiente. Avocarse a causa abierta en fuero judicial está prohibido expresamente.
- Ignorar y ocultar las observaciones de Francisco Távara. Cuando se pone sobre el tapete en la JNJ reabrir el caso de Patricia Benavides, el doctor Távara, el único de ese organismo con verdadera experiencia en Derecho sustantivo y procesal, advierte por escrito en documento dirigido a sus colegas y entregado al presidente de la JNJ, que tal posibilidad es ilegal. Sin embargo, su aviso es ignorado y ni siquiera diligenciado, pues el presidente de la JNJ no cumple con entregar la carta a la secretaria general de la JNJ para que proceda al trámite correspondiente, a fin de que las observaciones sean contempladas en el pleno de la JNJ.
- No citar al doctor Távara para la sesión del 9 de junio. Evidente consecuencia de lo anterior, este no fue avisado para participar en la sesión de esa fecha (si es que realmente se celebró) en la cual se “rehabilitó” a Patricia Benavides. En la práctica, se estableció en la JNJ una ilegal situación de incomunicación en su perjuicio, pues ella incluso llegó a declararse en sesión permanente sin comunicárselo.
- No citar a la secretaria general de la JNJ para la sesión y proceder sin su presencia y refrendo. La funcionaria no fue avisada de la reunión del pleno y no participó. Esto es ilegal. Es como prescindir del notario público en actos en los que su presencia es indispensable. La secretaria general renunció a su cargo con fecha 16 de junio.
- Filtración temprana de la resolución a Patricia Benavides. El lunes 14 de junio, alias Vane se presentó sorpresivamente en la sede del Ministerio Público, con medalla de Fiscal de la Nación más escolta de personal de seguridad, y con agresividad pretendió tomar posesión física del cargo. La notificación llegó después. Esto indica a las claras que la Benavides supo con gran antelación sobre la resolución de la JNJ, mucho antes que la Fiscalía.
- Notificación irregular mediante la sola firma del presidente de la JNJ. Este tipo de resoluciones exige la firma del total de integrantes de la JNJ porque la unanimidad es uno de sus requisitos, más el refrendo del secretario general. La Junta pretendía descabezar a la Fiscalía de la Nación con un simple papelito firmado por su nefasto presidente.
- Violación del principio de unanimidad. La unanimidad exige el acuerdo de todos, absolutamente todos, los integrantes del organismo, en este caso los siete miembros de la JNJ. No podía expedirse resolución favorable sin la participación y aquiescencia del doctor Francisco Távara.
- Ocultamiento de la resolución y su texto completo. Durante las dos semanas que duró la crisis, y a pesar de los reiterados pedidos de la Junta de Fiscales Supremos, la JNJ se negó a presentar el acta y la resolución debidamente firmada por todos sus miembros. Las resoluciones de los tribunales administrativos son tan públicas como las de las cortes judiciales, no son secreto de Estado.
- Haber pretendido que la legítima Fiscal de la Nación sea desalojada por la fuerza policial, sin contar con autoridad alguna para hacerlo. Los tribunales administrativos no tienen la facultad de disponer la intervención de la fuerza pública, salvo en casos muy acotados y específicos, como una cobranza coactiva municipal, por ejemplo. Esa facultad sólo corresponde a los jueces.
- Dudosa celebración de la sesión del 9 de junio. No haber citado al doctor Távara, no haber citado a la secretaria general ni contar con su refrendo del acta, no haber cumplido con grabar en video la sesión, el debate y la votación, más la escandalosa tardanza en exhibir el acta, nos llevan a una duda poderosa y legítima sobre si en verdad se celebró una reunión del pleno siquiera con los otros seis integrantes para decidir sobre el caso Benavides y si en realidad hubo un debate y exposición de argumentos. Todo adquiere el cariz de una maniobra oscura dirigida desde la presidencia de la JNJ. Muchos indicios apuntan a que el acta recién se elaboró hacia el 16 de junio, cuando le exigieron a la secretaria general que la refrendara y ella se negó, prefiriendo renunciar.
- Lo peor, que la dichosa acta no presenta motivación alguna de verdadero peso jurídico o de hecho para anular las sanciones impuestas con anterioridad a la Benavides por la JNJ, ni para fundamentar su reposición como fiscal suprema. Como tampoco fundamentan por qué restituyen a la hermana de Patricia Benavides como juez superior, anulando su destitución por las denuncias de favorecer judicialmente a narcotraficantes.
Todo lo anterior nos pone en evidencia que estamos ante el accionar de una banda, de un sexteto de malevos, y de un abrumador conjunto de maniobras e irregularidades que configuran inconducta administrativa de seis miembros de la JNJ, especialmente su presidente, el señor Ríos Patio, que ameritan destitución. Pero además vemos claramente la trama de una auténtica conjura que pretendió tomar por asalto el Ministerio Público derribando a su legítima Fiscal de la Nación, que va más allá de lo administrativo y entra de lleno en el terreno penal, lo cual exige investigación para establecer las responsabilidades por los delitos cometidos.
Claro que ahora, tras el fracaso de esta gavilla, el Ministerio Público tendrá que hacer frente a la arremetida de los dueños de la Junta Nació Mal de Justicia. Y esos, los del antro de la plaza Bolívar, bajan a matar.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025
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