24 de septiembre de 2018

Si el Diablo no Mete la Cola

Gustavo Gorriti

Si bien, como está claro, la oratoria no es el punto fuerte del presidente Vizcarra, su discurso bastó para cambiar de un momento a otro el escenario político. Es que hay casos en los que la actitud logra su propia elocuencia más allá del alcance de las palabras.

No es lo ideal, pero bastó. Fue suficiente para galvanizar al Congreso a aprobar en menos de 48 horas la reforma del CNM (que pasará a llamarse la Junta Nacional de Justicia, por la típica tendencia latinoamericana de suponer que el cambio de nombre cambia la realidad), mientras un nuevo factor, el fantasma del desempleo, se hace súbitamente prioritario en la toma de decisiones de un gran número de congresistas.

En los días siguientes, bajo la sombra de la cuestión de confianza, se continuará debatiendo las reformas legales planteadas por el Ejecutivo, mientras continúa lo realmente importante: el cambio del balance de fuerzas en la política nacional, con un presidente antes débil, que se fortalece al hacer suya la indignación ciudadana frente a instituciones carcomidas por la corrupción y gobierna desde su minoría formal con una clarísima mayoría popular, dentro de los mecanismos de la legalidad democrática.

¿Cómo se llegó a este punto? Digamos que en forma accidentada.

En 2016 el destino colocó a Vizcarra como vicepresidente de un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que invirtió su considerable inteligencia, educación y experiencia (sin contar la oportunidad histórica que supuso su victoria electoral) en un ejercicio continuo del error, engaño, autoengaño, disparate y autosabotaje. Cuando el fujimorismo planteó su primer acto de calculada arbitrariedad: la censura del mejor ministro de su gabinete: Jaime Saavedra, de Educación; Kuczynski pudo haber hecho lo que acaba de hacer Vizcarra: plantear una cuestión de confianza y tener lista la siguiente. Pero, como sabemos, reculó, capituló y entregó la cabeza de Saavedra en la misma bandeja en la que poco más de un año después iba a depositar la suya.

Como presidente, PPK se ganó sin disputa el apodo de Tribilín, con el añadido de duplicidades propias.

Cuando, después de sucesivos contrastes y humillaciones los fujimoristas decidieron destituirlo, PPK apeló a una desesperada táctica de supervivencia que supuso engañar a todo el mundo y pactar con una parte del fujimorismo (con el indulto a Alberto Fujimori), ganándose con ello una todavía mayor animosidad de Keiko Fujimori, que se recuperó del revés táctico que le infligió su hermano Kenji y lo descalabró luego con la emboscada Mamani.

Simultáneamente se preparó la segunda y definitiva operación de vacancia de PPK, mediante una extraña coalición en la que, junto con el keikismo, participó la izquierda y por lo menos el actual primer ministro César Villanueva. Es virtualmente seguro que ello ocurrió con conocimiento de Martín Vizcarra.

Así que cuando PPK renunció y Vizcarra juró la presidencia, Keiko Fujimori y su mototaxi tenían razones para pensar de que iban a contar con un presidente dócil y sometido. Se remplazaba en Palacio a Tribilín por Torombolo, con la diferencia de que este sabía quién lo había puesto, quién mandaba y quién lo podía sacar con igual o mayor facilidad que a su predecesor.

En los primeros días y semanas el nuevo gobierno dio, en efecto, la impresión de actuar con sumisa cautela frente al fujimorismo. Pero Vizcarra empezó a desarrollar un estilo de gobierno activo, directo, práctico, con viajes múltiples y la presencia en obras que por lo menos sugería un creciente vigor en la acción independiente.

Entonces estalló el caso Lava Juez. En pocos días la evidencia de corrupción sistémica en los niveles más altos del sistema de justicia peruano se hizo irrefutable. También fue irrefutable la relación de esos círculos de corrupción con el fujimorismo. No solamente con este, pero sí lo suficiente como para que una ciudadanía enormemente indignada –como no sucedía desde el año dos mil– lo percibiera. El descrédito del fujimorismo acompañó al del Congreso y todo el sistema de justicia.

La tradicional estrategia de encubrimiento e impunidad por parte de las fuerzas corruptas es –cuando se tiene el control de las instituciones– hacer la cosmética de seudo investigaciones mientras se fatiga la indignación de la gente, para luego ahogar el escándalo con adulteraciones de hechos, acusaciones falsas a sus investigadores, anulación de pruebas, reemplazo de unos impresentables por otros.

Después de todo, ya dominaban tantas instituciones vitales (todo el sistema de justicia, buena parte del electoral, gran parte del legislativo) que no se podían permitir perderlas.

Pero algo estaba pasando. En los días más intensos del escándalo del caso Lava Juez, el presidente Vizcarra invitó a dos conocidos y productivos periodistas, de amplia presencia, un hombre y una mujer, a visitarlo en Palacio.

En Palacio, Vizcarra les enseñó su más bien espartano alojamiento, el comedor diario, la rutina de su trabajo, antes de hablarles sobre los audios de Lava Juez. Estaba muy bien informado a esas alturas sobre el caso y les expresó estar profundamente indignado por la tormenta de corrupción. Iba a actuar, les dijo, con energía y pronto. Dijo también, palabras más o menos, que “puedo tener la cara, pero no lo soy … no busco la pelea, pero si tengo que enfrentarme lo hago resueltamente”.

Poco después, Vizcarra puso a Vicente Zeballos al frente del crucial ministerio de Justicia y pronunció el mensaje a la Nación del 28 de julio en el que hizo suya en forma inequívoca la lucha contra la corrupción. Ahí quedó también claro que de dócil o sumiso no tenía nada.

El paso siguiente ha sido el mensaje a la nación del domingo pasado. Vizcarra lleva ahora la iniciativa, con un respaldo popular que sin duda aumentará. El balance de fuerzas ha cambiado, es evidente, aunque el escenario se mantiene fluido.

¿Qué hechos y actores influirán en ese escenario? Pienso en dos, que apretarán los nudos y electrificarán los desenlaces. El caso Lava Juez seguirá avanzando, con un número creciente de colaboradores eficaces y demandas cada vez más intensas para cambios profundos y extraordinarios en el sistema de justicia. Y a la vez, el caso Lava Jato exportará desde Brasil confesiones y evidencias que irán cerrando, con relativa rapidez, caso tras caso. Hasta los más voluminosos.

En ese momento, la realidad responderá preguntas vitales: ¿Habrá avanzado lo necesario la reforma del sistema de justicia (mediante Lava Juez) como para que haya un sistema judicial lo suficientemente sólido para juzgar a los pesos pesados sin encubrimientos ni adulteraciones?

Si el diablo no mete la cola, podemos lograr un país mejor. Pero sugiero que se pongan los cinturones.

Es probable que haya turbulencia en la ruta, aunque las posibilidades de llegar a buen destino en el bicentenario son hoy mayores. 

*  Gustavo Gorriti. Director de IDL-Reporteros

23 de septiembre de 2018

Que se cuide Vizcarra

César Hildebrandt

E1 Ejecutivo ha ganado la batalla formal.

El fujimorismo, temblando ante la idea de perder la chamba y no recupe­rar la mayoría matonesca que detenta en el Congreso si se produjesen nuevas elecciones, cedió en apariencia.

Pero ahora vienen las trampas, las dilaciones, los quorums perforados, el cronograma burlado. El fujimorismo no es un partido político: es una organización mañosa y ninguna mafia admite ser derrotada.

Hace mal Vizcarra en decir que hay que confiar en el Congreso por­que “se comprometió con las reformas”. Hizo peor el señor Gilbert Violeta al no incluir una fecha en la moción de confianza presentada.

Tal como se describe en una amplia nota de esta edición, el fujimorismo de Keiko Fujimori pretende patear el tablero otra vez y hacerle la vida imposible a Vizcarra. Para eso están las Bartra y las Letona. Para eso estarán los expedientes X sobre Chinchero, la gobernación de Moquegua, los informes incriminatorios que puedan armarse en el Congreso.

El fujimorismo de Keiko quiere, en el mejor de los casos, apropiarse del referéndum: redactar las preguntas, incluir nuevos temas, imponer sus cadencias y sus fechas.

La orden que ha recibido la mesa fujimorista del Congreso es embarrarlo todo, sabotear lo que se pueda, burlarse de lo asumi­do como supuesto compromiso. ¿Acatará el señor Salaverry esta histeria? ¿La disciplina automática pesará más que los escrúpulos? ¿El miedo a la fiereza de la empe­ratriz valdrá más que la dignidad?

En todo caso, el país está advertido: el fujimorismo está decidido a someter a Vizcarra al mismo acoso que mereció Kuczynski, con tal de no aceptar que hoy, en la calle, es una minoría crecientemente repudiada.

Todas las armas valen para lograr esta meta. Los Vásquez Kunze y sus legiones harán lo suyo desde la caverna “académica” auspiciada por sectores mineros. La vulgaridad la pondrán las Alcorta de toda la vida. Las trampas congresales las concebirá el 

entorno íntimo de Keiko. Pero todo este concierto de rabia y lodo tiene un solo fin: mandar oscuramente, gobernar sin haber ganado las elecciones, terminar de erigir un auténtico régimen paralelo que opera en la sombra. Te­nemos de día un gobierno constitucional. De noche, se instala un gobierno clandestino que se niega a aceptar la derrota electoral de hace más de dos años

¿Reaccionará Vizcarra a lo que puede venirse?

No lo sé. Lo que sí sé -y con certeza- es que la gente sí reaccionará y contestará la ofensa como suele suceder cuando las cúpulas mañosas pretenden reírse del cla­mor popular.

Me preguntan a veces cuándo fue que el Perú se convirtió en este páramo sin partidos ni destino común ni intuición de futuro colectivo.

Tuvimos diez años de terrorismo. Y tuvimos diez años de fujimorismo.

Las hordas de Guzmán nos hirieron profundamente y sacaron lo peor de nosotros. Nunca entendimos que Sendero Luminoso sólo pudo prosperar, como lo hizo, en una sociedad abismalmente desigual. Nuestra respuesta fue darle a un forastero el gobierno. Pero este extraño no se apellidaba San Mar­tín ni era Bolívar. Era un hombre que había eludido impuestos en 34 operaciones inmobiliarias conse­cutivas y que no había explicado el destino de siete millones de dóla­res de los fondos de la Universidad Agraria, donde él había sido rector. Su nombre era Alberto Fujimori.

No importaba lo que había hecho ni im­portaría lo que hiciera: le dimos un cheque en blanco. Y una vez cumplida la tarea de normalizar la economía y descabezar a la cúpula del terror, Fujimori secuestró el país y montó el gobierno más corrupto de nuestra historia. Su política de tierra arrasada, instituciones abolidas, contrapesos comprados o borrados, pudrición de la justi­cia, burdelización del Congreso, lo convirtió en el caudillo que el 

lumpen-electorado deseaba hace tiempo. Los hermanos Gutiérrez se habían encamado en un solo hombre. Había un dejo del altiplánico Melgarejo en ese hombre que com­praba congresistas cuando lo creía necesario y que tenía como socio mayor a un exagente de la CIA, traficante de armas, protector de narcotraficantes y ladrón contumaz en cifras de seis ceros. Es a Fujimo­ri a quien recuerdan con nostalgia los mismos que no pagan impuesto predial y viven en distritos que la sanidad pública debería declarar en emergencia. Es a su sucesora, here­dera

 de todas las taras de su padre, a quien adoran los taxistas sin ley y sin taxímetros, los empresarios de las licitaciones dudosas, los jueces cotizados en bolsa, los fiscales que recuerdan cariñosamente a Colán y Aljovín.

Diez años de Sendero. Diez años de fujimorismo. Una veintena de años de barbarie. ¿Puede un país salir ileso de semejante experiencia?

Acabamos con Sendero, felizmente. Pero seguimos con la agenda nacional contaminada por el fujimorismo. ¿Hasta cuándo? 

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE” N° 413, 21/09/2018  p12



22 de septiembre de 2018

La encrucijada política y la economía

Humberto Campodónico

El desenlace de la actual cuestión de confianza pedida por el presidente Vizcarra al Congreso tendrá un impacto determinante en el futuro inmediato. Por ello, es de vital importancia analizar el entorno económico internacional y nacional.

La guerra comercial de Trump contra China se ha agravado: hace dos días le han subido los aranceles por US$ 300,000 millones, que se añaden a los US$ 50,000 de hace dos meses. Si se produce una desaceleración china, caerán los precios de los principales minerales que exportamos, lo que ya está sucediendo. Esto porque China representa entre el 40% y 50% de la demanda mundial de cobre, zinc, plomo y estaño. Dice el Banco Mundial que por cada 1% de menor crecimiento de China, el PBI del Perú disminuye en la misma proporción.

Otro elemento negativo es la apreciación del dólar, pues tiene una relación inversa con el precio de los commodities. ¿Por qué? Porque éstos se cotizan en dólares y cuando éste se revalúa, los commodities son más caros para quienes tienen que comprar dólares para adquirirlos.

También está la crisis de los “mercados emergentes” (ME), como Turquía y Argentina, que se endeudaron en dólares, cuando la tasa de interés estaba casi en cero (0) debido a la política de los bancos centrales de EEUU y Europa después del 2008. Ahora que la tasa ha comenzado a subir (y los commodities a bajar) se les hace difícil pagar sus deudas.

Cuando los capitales se asustan se van de esos ME. Si el susto se convierte en pánico, comienza el “efecto contagio” a otros ME. Esto no está sucediendo aún pero podría llegar. En el Perú la deuda privada externa (15.9% del PBI) supera a la deuda pública externa (14.1%).

Aquí se decía hasta hace poco: “eso no nos afecta”. Confiando en que el alza de los precios de los metales durante el I Semestre del 2018 se mantendría sin cambios, por lo que habría mayores ingresos fiscales, el ministro de Economía, Carlos Oliva, dijo que la reducción del déficit fiscal ya no comenzaría en el 2019, sino ahora: ya no sería 3.5% del PBI en el 2018 sino solo 2.9%.  

Decía Oliva que eso no afectaría las metas de inversión pública porque los mayores ingresos del I Semestre mantendrían los niveles de inversión pública sin que se tenga que recurrir al déficit fiscal de 3.5% para cumplirlos.

Pero eso ya fue. Los commodities han bajado y Oliva, aunque tarde, ha dicho: si se cae el precio del cobre en US$ 0.15 por libra, el PBI se reduce en 0.15% y los ingresos fiscales caen en S/ 750 millones (el 0.1% del PBI). Como el cobre ha caído de 3.10 a 2.70 la libra en los últimos 6 meses, eso conlleva una reducción del PBI de casi 0.5% y menores ingresos de S/ 2,500 millones. El ministro no habló del oro, zinc, plomo, plata y estaño, todos con precios a la baja.

Por tanto, se debió dar un nuevo golpe de timón: volver al déficit fiscal de 3.5% del PBI para impulsar el crecimiento y la reconstrucción del norte). Pero no se hizo. Corolario: el crecimiento de la inversión pública ya comenzó a caer: de 16.9% mensual en junio y julio a 11% en agosto. Y eso va a seguir.

No solo eso. El pregonado crecimiento de 4% del PBI no ha tenido ningún impacto (repetimos, ninguno) en la creación de empleos. Según el Ministerio de Trabajo, en el Perú Urbano, desde julio del 2017 el empleo en las empresas de 10 y más trabajadores ha caído sistemáticamente: en julio del 2018 su caída fue de -0.3%. Algo de esa caída lo explica la inmigración venezolana.

Atravesamos, por tanto, un entorno económico internacional y nacional frágil y con signos de empeoramiento. En medio de esa situación, el actual gobierno prosigue la misma política económica. Por ejemplo, no se discute la ley para el control previo de fusiones y adquisiciones para combatir los oligopolios en casi todos los mercados ni hay una política de masificación del gas.

Está en discusión en el Pleno del Congreso un proyecto de nueva ley de hidrocarburos, ampliamente cuestionado pues favorece “a dedo” a pocas empresas y retrocede la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas. También se acaba de aprobar el DL 1242, que elimina la negociación colectiva en el sector público. Y así.

Volviendo a la cuestión de confianza: está bien que el gobierno acuda a la decisión ciudadana en la lucha contra la corrupción, bloqueada por la mayoría fujimorista, y deben aprobarse los proyectos del ejecutivo para ir al referéndum. Esa lucha, que incluye ir hasta el final en la investigación de Lava Jato, también implica cambios en la Constitución para modificar la política económica de los últimos 25 años, que también ha perforado las principales instituciones.

No hay compartimentos estancos entre la política, la lucha contra la corrupción, la reforma de las instituciones y la situación económica. Más temprano que tarde el gobierno chocará contra esa realidad.