El minero Trump

Pedro Francke

"En relación a los minerales raros es que ni siquiera sabemos cuánto tenemos y cuánto sale al extranjero"

Un elemento crítico en la disputa mundial entre Estados Unidos y China son los minerales raros de valor estratégico. Son escasos y poco conocidos, con nombres como germanio, telurio o vanadio. Se requieren en cantidades muy pequeñas, pero son esenciales para nuevas tecnologías que hoy despegan, como las supercomputadoras para la Inteligencia Artificial y las energías renovables. El Perú tiene estas llamadas “tierras raras” por las cuales las potencias hoy se pelean.

Luego de que Trump pusiera altos aranceles a los productos industriales chinos, el arma fundamental que ha utilizado China en la negociación ha sido su control mayoritario de estos minerales estratégicos. Estados Unidos quiere romper ese dominio chino. Por eso la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Trump la semana pasada pone como una de sus prioridades “ampliar el acceso de Estados Unidos a los minerales y materiales esenciales”, lo que en su visión para el continente americano se señala como un “interés nacional vital y fundamental de los Estados Unidos”.

El problema mayor es cómo planea hacerlo. Trump explícitamente ha reafirmado la Doctrina Monroe señalando que los Estados Unidos “siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio [americano]”, y para que no queden dudas resalta que esa influencia no la tendrán “las naciones extranjeras ni las instituciones globalistas”. Para ello planea “impedir que los competidores posean o controlen activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio” y “ampliar el acceso [de EE.UU.] a lugares de importancia estratégica” (como han calificado al puerto de Chancay). Haciendo explícita su postura intervencionista, lo que hará Trump es “recompensar a los partidos políticos y movimientos de la región que se alineen en gran medida con nuestra estrategia”, como han hecho ya apoyando al golpista Bolsonaro en Brasil, a Milei en Argentina y, más recientemente, tuiteando de modo amenazante en relación a las recientes elecciones hondureñas. Trump no tiene ningún respeto a la soberanía democrática en la región. Otro elemento clave de la estrategia trumpista es aumentar la presencia militar y naval estadounidense en las Américas, como ya lo han hecho trasladando el mayor portaaviones del mundo al Caribe e iniciando ataques a barcos tanto ahí como en el Pacífico, violando el derecho internacional y asesinando gente inocente en total indefensión. Trump pretende justificarse como si se tratara de una lucha contra las drogas, pero esta semana pasada ha quedado ya absolutamente claro que se trata de un pretexto burdo, luego de que indultara a un expresidente hondureño sentenciado por la justicia norteamericana a 45 años de cárcel por favorecer a bandas de narcotraficantes.

Regresemos al interés económico principal de los Estados Unidos en el Perú, que son estos minerales raros y difíciles de encontrar. Estos minerales de valor estratégico suelen salir mezclados, en cantidades pequeñas, cuando se extraen metales como el cobre, oro, zinc u otros. En varias regiones del país nuestra geología y minería es polimetálica; es decir, suelen aparecer los metales base combinados con otros. Por ejemplo, en varios yacimientos el cobre sale junto con cantidades menores de oro, plata o molibdeno. Nuestro primer problema como nación en relación a los minerales raros es que ni siquiera sabemos cuánto tenemos y cuánto sale al extranjero. En el Perú no tenemos ninguna refinería o procesamiento básico que permita separar esos minerales raros, capacidad que a nivel mundial está mayormente establecida en China. Pero aún sin eso, se podrían hacer análisis químicos en los concentrados de cobre u otros metales que exportamos para determinar si están presentes estos minerales raros, cuantificarlos y valorizarlos. Sin embargo, las empresas que exportan nuestros concentrados de cobre y otros minerales no entregan análisis completos a la Sunat, así que no sabemos cuánto sale de estos minerales. Obviamente, a las transnacionales les conviene llevarse ese valor nacional sin siquiera declararlo y ya en su país procesar esos concentrados, extraer, además del cobre, los minerales raros que pueda haber y obtener así una ganancia adicional evadiendo impuestos. Sólo por el telurio, una de estas “tierras raras” que hay en nuestras exportaciones de cobre, un estimado hecho por la ONG CooperAcción es que habría más de 30 millones de soles no declarados por año. Su estudio resalta que “se cuenta con información multielemental de, por lo menos, 34 especies químicas, pese a que la información de producción del Minem solo presenta valores de 12. Es decir, el Estado solo le hace seguimiento a 35% de los minerales que pueden estar presentes en los concentrados”.

Las grandes transnacionales sí analizan el tema en detalle. Como ejemplo, CooperAcción cuenta que “se pudo acceder de modo confidencial a información de un proyecto de exploración con análisis de 37 elementos químicos presentes en los sondajes de perforación minera”, información que las empresas mineras guardan en secreto.

En este escenario, ¿Qué viene haciendo el gobierno? Hace un par de semanas por un artículo publicado por el actual embajador del Perú ante Estados Unidos, Alfredo Ferrero, nos enteramos de que sobre el tema de los minerales raros ya hay relaciones con “funcionarios de alto nivel” de ese país, con la orientación de “contribuir a la seguridad de los Estados Unidos”. El gobierno no ha informado al país al respecto ni establecido cuáles son los objetivos nacionales. Ferrero, muy cercano a las transnacionales y la Confiep, fue nombrado por Dina Boluarte y ratificado en el cargo por Jerí, muy indicativo de que su política proyanqui tiene continuidad. A eso se añade que la semana pasada el Congreso ha dado permiso para que fuerzas militares estadounidenses actúen en territorio peruano durante todo el 2026. Lo ha hecho justo cuando barcos y aviones norteamericanos se vienen desplegando en el Caribe y Trump ha anunciado que iniciarán operaciones armadas en suelo sudamericano. Sobran comentarios.

11-12-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 762 año 16, del 12/12/2025

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Perú: Más exoneraciones sinvergüenza

Pedro Francke

"Jerí me respondió un tuit diciendo que el debate es tecnico (así lo escribió él, sin tilde)"

El gobierno pretende darles un nuevo subsidio a los agroexportadores. La propuesta es que el llamado bono Beta que deben pagar a sus trabajadores el Estado se los reembolse luego. ¿Cómo? Dejando de cobrarles por las tierras estatales puestas en venta, tierras que han adquirido valor gracias a irrigaciones públicas que cuestan cientos de millones. Esas tierras hoy son vendidas en subasta a cambio de dinero contante y sonante, aunque hasta la fecha los precios han sido menores al costo y los agroexportadores han recibido millones de subsidios por esa vía.

Con esta nueva medida, lo poco que antes se recuperaba de esa inversión pública ahora se regalará a los agroexportadores. No hay que ser demasiado listo para darse cuenta de que ese regalo afectará negativamente las cuentas fiscales mientras favorece a los grandes terratenientes, chilenos incluidos.

Esta propuesta viene poco después de que mediante una ley de exoneraciones tributarias ya regalaron 20 mil millones de soles del Estado, una suma enorme, a los grandes agroexportadores. Eso lo aprobó el Congreso hace pocos meses, siendo José Jerí su presidente, por insistencia de las bancadas de Keiko y Acuña, con el apoyo de López Aliaga y Cerrón. El lobby agroexportador se había paseado meses por los medios hablando de la “crisis” del sector, argumentando problemas del clima el 2024 y las medidas de Trump, pero lo cierto es que están mejor que nunca: este año el volumen de las exportaciones agropecuarias no tradicionales aumentó en 33 por ciento. El negocio va viento en popa y no necesita más subsidios. Cuando se discutía esa medida, el Consejo Fiscal resaltó que agravaba un déficit fiscal que ya estaba muy por encima del tope legal. Un año antes, la opinión formal del Ministerio de Economía y Finanzas había sido en contra de esta exoneración. Pero el Congreso la aprobó sin importarle nada.

Una parte del regalo es que esas grandes agroexportadoras, algunas de ellas chilenas, van a reducir sus contribuciones a la seguridad social, de tal manera que el déficit de EsSalud se agrava y con eso la falta de médicos, equipos y medicinas que agobian a todos los asegurados. Así, parte de la factura en favor de los grandes agroexportadores la pagamos los asalariados y jubilados.

La mayor parte de ese regalo, sin embargo, es menos dinero para que el Estado pueda construir colegios y hospitales, fortalecer la seguridad ciudadana y atender las decenas de otras necesidades nacionales. La aprobación reciente del presupuesto 2026 muestra cómo es que estos regalazos llevan, como fórmula para mantener algún equilibrio, a que se recorte fondos a actividades esenciales.

Veamos algunos ejemplos. Negaron fondos para Beca 18 y a última hora sólo han prometido 50 millones menos de los 760 necesarios, de tal manera que 20 mil jóvenes no tendrán beca. Para medicamentos contra el cáncer, hay 100 millones de soles menos, como si hubiéramos tenido de sobra y no el déficit continuo que conocemos. El presupuesto para el sector cultura ha sido recortado a la mitad, con lo que la protección de nuestro patrimonio arqueológico y la promoción de nuestra riqueza cultural quedan desfinanciados, afectando el futuro de nuestro turismo. A las ollas comunes se les niega los recursos necesarios para atender a la gente que pasa hambre. Algunos recortes presupuestales no han esperado al 2026 y han empezado ya. Estudiantes de zonas rurales que iban a colegios de internado ya no pueden quedarse porque no hay plata. Por falta de presupuesto, en octubre la inversión del gobierno central cayó 33 por ciento, 760 millones menos que en octubre 2024. Todo eso es consecuencia de los regalazos de este Congreso #PorEstosNo.

En esas condiciones, un gobierno de transición que realmente piense en la ciudadanía debería derogar de inmediato esas exoneraciones sinvergüenzas, en particular tras la nueva alerta del Consejo Fiscal respecto de los serios riesgos fiscales que implican. En vez de eso, como hemos visto, el gobierno de Jerí quiere darles más regalos a las grandes agroexportadoras. La sustentación es absurda. Dicen que es porque una ley estableció ese bono beta a sus trabajadores. Pero resulta que entre 2020 y 2024 el salario real promedio en el sector agroexportador cayó 28%, porcentaje mayor al que representa el bono beta que es de 26% en promedio. ¿Cómo así? Los agroexportadores reemplazaron trabajadores bajo contratos temporales por jóvenes y mujeres a quienes ofrecieron salarios más bajos, de esa manera licuaron todo el bono beta y ahora pagan incluso menos que antes. Por otro lado, siempre queda esa pregunta: ¿Por qué sólo a ellos? ¿Por qué el privilegio?

Critiqué la medida en un tuit la semana pasada, resaltando la inconsistencia del presidente Jerí, quien primero dijo que los ingresos fiscales deben aumentar e inmediatamente después propone estos regalos a grandes corporaciones. Jerí me respondió un tuit diciendo que el debate es tecnico (así lo escribió él, sin tilde). Pero si se trata de una medida propuesta al Congreso, ¿cómo podría no ser un debate político? ¿Acaso cree que el Congreso es una entidad técnica? ¿No es congresista y no fue presidente del Congreso como para ignorar su carácter eminentemente político? Es obvio que usó el pretexto de lo técnico para zafarse de un tema que ignora, tras haber firmado una propuesta sin tener conocimiento de lo que implica. Es lo que sucede cuando se prefiere la peliculina a la gestión.

Estamos frente a una propuesta que aumenta los subsidios a los grandes agroexportadores y les da ventajas para que concentren aún más la propiedad de la tierra, sean peruanos o chilenos. Sería bueno que los candidatos se pronuncien sobre este tema, ya que todo ese dinero afectará las cuentas fiscales durante los próximos años.

04-12-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 761 año 16, del 05/12/2025

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Perú: Cambiar el capítulo económico

Pedro Francke

"Mejor economía requiere más democracia y mejor gestión pública, y esos principios orientadores deben estar en nuestra Constitución"

Aclaremos algo de entrada: el “capítulo económico” de la Constitución NO puede discutirse al margen del resto de la misma, por tres razones. Una, porque las disposiciones económicas tienen que estar en función de las visiones que tenemos del país y nuestros objetivos sociales. Dos, porque el arreglo de poderes impacta directamente en el manejo económico. Tres, porque la economía depende también de lo que suceda con la educación, la salud, el ambiente, la seguridad ciudadana y social, y la equidad y la justicia. Para los expertos constitucionalistas un principio básico es que las constituciones deben analizarse integralmente y no por pedacitos.

Hay otro asunto a aclarar: ¿de qué Constitución estamos hablando? Tuvimos la Constitución de 1993, hecha en dictadura y aprobada con fraude. Pero hubo un cambio SUSTANCIAL entre 2021 y 2023 por parte del Congreso y el Tribunal Constitucional (TC), que rompieron el equilibrio de poderes con la vacancia presidencial express e impidiendo de facto que un presidente llame a nuevas elecciones tras disolver un Congreso obstruccionista. Lo hicieron violando la misma Constitución que tanto dijeron defender. Además, en contra de la voluntad manifiesta del pueblo votada en referéndum, establecieron un Senado oligárquico e hiperpotente. Esta nueva estructura de poder tiene un profundo efecto económico. El que se haya impuesto un Congreso sin control convertido en el centro único del poder, le ha permitido nombrar un TC servil que le ha otorgado iniciativa de gasto en contra de la letra expresa de la Constitución. El déficit fiscal sin control es hijo del parlamentarismo mafioso sin control. Frente a eso, la ley del Congreso y las decisiones del TC que rompieron el equilibrio de poderes deben ser revertidas mediante disposiciones constitucionales más precisas y el Senado debe ser eliminado.

Vayamos ahora a la orientación principal de la Constitución. “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, dice el artículo primero. Eso está bien, pero ¿se debe dejar totalmente de lado el cuidado de la naturaleza y los demás seres vivos, la justicia y equidad, la cultura, la vida en comunidad y los bienes comunes? Esto atañe al orden fundamental que nos damos con la Constitución y que orienta a su vez la cuestión económica. La persona humana no está aislada de la sociedad ni del ambiente en que vivimos. El objetivo general de la economía debe establecerse como orientado al Buen Vivir con equidad, procurando pleno empleo y que las regiones postergadas y con menor bienestar del país sean priorizadas en su desarrollo.

Veamos ahora temas específicos. Hoy que enfrentamos una crisis de inseguridad, hay en el primer artículo de la Constitución otra cuestión a cambiar: el secreto bancario y la reserva tributaria. Lamentablemente, tras estos preceptos se han escudado los corruptos y las bandas criminales para mantener escondidos el dinero producto de sus robos y extorsiones. Eso frena considerablemente la lucha contra la inseguridad ciudadana. El respeto a la privacidad de los datos personales no puede ser pretexto para refugio de criminales y los fiscales deben poder tener acceso cuando las investigaciones lo requieren. Sigrid Bazán ya ha presentado un proyecto de reforma constitucional al respecto y eso está muy bien. Por otro lado, ¿no tenemos los ciudadanos el derecho a saber cuánto dinero tenían y cuánto han acumulado Dina Boluarte y Rafael López Aliaga mientras estuvieron en el poder? A menudo hemos visto reportajes que indican que candidatos, ministros y congresistas han mentido, ocultando sus riquezas, sin mayores consecuencias. Que la Constitución permita acceder a la información económica de delincuentes para luchar contra el crimen y la corrupción no es un detalle menor.

Sobre los aspectos referidos al manejo económico, pienso en algunos cambios importantes. Debe eliminarse el artículo que dice que un inversionista extranjero tiene los mismos derechos que uno peruano, disposición que no existe en ninguna Constitución de otro país americano y que hoy en el mundo las políticas de Estados Unidos, China, Europa y muchos otros países contravienen directa y explícitamente. Hay, además, varias definiciones que debieran ser parte de la Constitución por su importancia. El crecimiento económico debe ser sostenible ambientalmente. No puede hacerse a costa de deterioros ambientales que los pagarán futuras generaciones. Se debe mitigar y enfrentar el cambio climático. La enorme desigualdad e inequidad persistente y el racismo y el machismo no pueden seguir siendo ignorados. La corrupción y el lobismo mañoso deben ser señalados como males nacionales a ser combatidos con fuerza. Debemos tener una política de diversificación económica, industrialización y desarrollo tecnológico como parte de un plan nacional de desarrollo. Las cooperativas, comunidades y pequeñas empresas deben merecer un reconocimiento especial, así como el rol de la pequeña agricultura familiar en la seguridad alimentaria.

Hay, desde luego, temas importantes a mantener y profundizar en la Constitución, en especial las referidas a la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Hay que defender la autonomía del Banco Central de Reserva y fortalecer la sostenibilidad fiscal, impidiendo que el Congreso apruebe exoneraciones tributarias contra la opinión del Ministerio de Economía.

Finalmente, hay definiciones claves sobre la democracia. No podremos romper con el dominio de los monopolios y grandes grupos de poder económico si no es dando poder al pueblo, y por eso la Constitución debe facilitar que se hagan referéndums sobre decisiones fundamentales tras un proceso amplio de deliberación. Junto a una meritocracia consolidada, eso fortalecerá la democracia y promoverá políticas económicas orientadas al bienestar de las mayorías y no reproductoras de desigualdad y exclusión. Mejor economía requiere más democracia y mejor gestión pública, y esos principios orientadores deben estar en nuestra Constitución.

27-11-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 760 año 16, del 28/11/2025

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Perú: Somos, de facto, una república parlamentaria

Pedro Francke

"El cambio tiene que venir de la voluntad popular, decidida por referéndum y estableciendo una representación distinta al Congreso en una Asamblea Constituyente"

Dos problemas principales del Perú actual atraviesan economía y política. Uno es el incumplimiento reiterado de los topes legales del déficit fiscal con perspectivas agravadas por los 20 mil millones de soles regalados a los grandes agroexportadores. Otro es la ingobernabilidad generada por haberse vaciado el poder presidencial y pasado a un régimen parlamentarista. Ambos cambios se deben a una reforma constitucional de facto, es decir, aprobada por fuera del marco que la propia Constitución establece, realizada por este Congreso bajo la batuta fuji-porkista. Sí, los mismos que antes ponían el grito en el cielo en defensa de la Constitución de 1993 y en especial de su capítulo económico. Veamos.

La Constitución de 1993 establece –aún lo dice su letra– que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Eso se respetó hasta el 2022. Pero desde entonces tenemos un Tribunal Constitucional producto del pacto mafioso entre fujimoristas, acuñistas, porkistas y cerronistas. Este nuevo TC regaló miles de millones a los grandes deudores de impuestos, como Telefónica y varias mineras. Luego procedió a aprobar una interpretación absurda haciendo posible que los congresistas puedan dar leyes de aumento del gasto público a su antojo, una de las cuales permite que los miembros del Tribunal Constitucional se incrementen a sí mismos y a su personal sus sueldos y gastos como les dé la gana. El “toma y daca” entre Congreso y TC es obvio y entre ambos entregan miles de millones a la oligarquía nacional y a las transnacionales, lo que para un economista sólo se explica por razones monetarias.

En el terreno fiscal, la Constitución de 1993 indica que el Congreso puede aprobar exoneraciones tributarias previo informe del MEF, sin exigir que este sea favorable. Esta disposición es inconsistente. A las exoneraciones también se les llama gastos tributarios porque son equivalentes a los aumentos presupuestales en su efecto sobre el equilibrio presupuestal. Durante tres décadas, los Congresos no aprobaron exoneraciones tributarias sin el visto bueno del MEF, pero los mafiosos actuales sí lo hacen.

¿Cómo cerrar estas puertas abiertas al desorden y desbalance fiscal? Hay quien plantea que si el TC hizo una interpretación absurda permitiendo que el Congreso apruebe gastos, podría dar otra interpretación que los cierre. Pero esta propuesta tiene dos problemas. La primera es que, aun si se hiciera eso, un nuevo TC podría regresar a la interpretación actual. Así, el precepto de la Constitución de 1993 ya está perforado y esa barrera sólo puede restablecerse con firmeza si se aprueba una nueva redacción más tajante que niegue directamente el “toma y daca” del actual TC. En el caso de las exoneraciones tributarias, debe establecerse constitucionalmente que sólo pueden aprobarse si el MEF está de acuerdo.

Hay, sin embargo, un problema mayor: esas decisiones del TC y del Congreso están amarradas al cambio de régimen de facto que se ha hecho, estableciéndose un modelo parlamentarista. Aunque la Constitución de 1993 no lo permite, se ha establecido que, en cuestión de horas, sin ningún proceso ni justificación, el Congreso puede botar a un presidente de su cargo. Eso incluye que en un par de horas más podría vacar a su vicepresidente si este asume, que es lo que explícitamente dijo el porkysmo cuando Dina aún no había pactado traidoramente con ellos. Así pueden imponer como presidente al nombrado por el Congreso, como ahora y como en diciembre 2020. Es en esencia un régimen parlamentario, que puede operar primero con una presidencia títere, como la de Dina Boluarte. Para terminar de afirmar su poder absoluto, el Congreso y el TC eliminaron de facto el artículo constitucional que permitía al presidente cerrar un Congreso obstruccionista y convocar a nueva elección. La letra de la Constitución de 1993 dice que eso se puede hacer tras dos mociones de confianza del gabinete denegadas. Pero ahora eso es imposible que suceda porque –gracias a una ley de este Congreso avalada por su TC– eso requiere que el mismo Congreso acepte que lo que hizo fue denegar la confianza. Es como establecer que quien se pasa una luz roja debe decidir él mismo ponerse la multa y que la minera que propone un proyecto contaminador se debe denegar a sí misma el permiso. Es obvio que eso nunca va a pasar.

Desde 2026 todo ese poder omnímodo se concentrará en el Senado, órgano impuesto por este Congreso contra la votación de más de 90% de peruanos. En estas condiciones hay quienes proponen que sea el Senado que elegiremos en abril el que apruebe las reformas constitucionales necesarias. ¿Es posible? Imaginemos incluso que extraemos la promesa de todos los candidatos de que así lo harán. Pero una vez elegidos, pudiendo aprobar leyes de gastos y exoneraciones tributarias, ¿decidirían quitarse ese poder? Y cuando elijan a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ¿designarían a quienes les recortarían ese poder? ¿Un nuevo TC se quitaría la potestad de aumentarse sueldos y gastos? Disculparán mi escepticismo, pero no creo que eso vaya a suceder ni tras las promesas más solemnes del mundo.

El análisis de la Constitución arrastra discusiones del pasado entre izquierda y derecha, puede referenciarse a lo sucedido en países vecinos e involucra otros temas que trataré en próximos artículos. Pero nuestra realidad hoy no es la de hace una década ni la de otros países vecinos. Hemos pasado a un régimen parlamentarista que genera un alto riesgo fiscal. Frente al serio problema en que nos ha metido este Congreso mafioso de #PorEstosNo, la única forma de enfrentar la ingobernabilidad y el déficit fiscal es con el poder del pueblo. El cambio tiene que venir de la voluntad popular, decidida por referéndum y estableciendo una representación distinta al Congreso en una Asamblea Constituyente.

20-11-2025

Fuente​: Hildebrandt en sus trece, Ed 759 año 16, del 21/11/2025

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Perú: El crédito merece una revolución

Pedro Francke

"Hay varios actores que pueden meterle presión competitiva al oligopolio bancario"

Las pequeñas empresas en el Perú, cuando consiguen un crédito, pagan 20 por ciento al año más que una gran empresa. En los países de la OCDE esa diferencia es en promedio de sólo 2 por ciento, en Chile y México es de 4 por ciento. En las condiciones peruanas las pequeñas empresas jamás podrán competir con los grandes monopolios. Imagínense que una pequeña empresa quiera producir aceite o leche evaporada, donde hoy una o dos grandes empresas tienen el control del mercado. Si consiguen financiamiento, cada año deberán pagar 20 por ciento más, lo que significa un costo adicional enorme. Varios monopolios en el Perú tienen ventajas adicionales. Por ejemplo, Alicorp, que domina el mercado de aceite de cocina, es parte del grupo Romero, que también posee la AFP Prima y el Banco de Crédito, lo que le permite tener fondos con mucha facilidad a muy bajo costo.

Mientras en la OCDE la mitad de todo el crédito va a las pequeñas empresas, en nuestro país, aunque generan el 85 por ciento del empleo, las pequeñas empresas solo reciben el 30 por ciento del crédito. Ojo que para las pymes que pueden tener crédito, este no procede generalmente de los bancos: las tres cuartas partes de esos préstamos son de las cajas y las cooperativas. El último informe sobre la economía peruana de la OCDE resalta que casi la mitad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) carecen de acceso al crédito formal. Las MIPYME dirigidas por mujeres tienen menos posibilidades aún y el acceso al financiamiento fuera de Lima es particularmente escaso. Un estudio reciente del Banco Mundial encuentra que la calidad de los mercados financieros en América Latina es de los más bajos entre todas las regiones del mundo.

¿Qué se puede hacer para que las pequeñas empresas accedan a préstamos baratos y de esa manera crezcan y sean más competitivas? Muchos países tienen grandes programas públicos con esa finalidad, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Brasil y Chile. Hace una década, con el equipo económico de Verónika Mendoza, propusimos otorgar 10 mil millones de soles de créditos a las pymes. PPK no quiso hacerlo. Luego vino la pandemia y se lanzó el programa llamado Reactiva para dar apoyo financiero a las empresas. Los primeros meses estos fondos llegaron poco a las pymes, pero luego de que se reajustaron las condiciones para una segunda etapa, se les llegó a dar 25 mil millones de soles de préstamos. Para las micro y pequeñas empresas eso significó un crecimiento del crédito del 28 por ciento. Se llegó a apoyar a 480 mil pymes, de las cuales 390 mil accedieron solo con DNI y sin RUC, es decir siendo informales, y eso que no se permitió que las cooperativas de ahorro y crédito y el Banco de la Nación también operaran ese programa. Las tasas de interés bajaron hasta 4 por ciento anual para las pymes, cuando poco antes las microempresas pagaban 33 por ciento y las pequeñas 18 por ciento en promedio. Lamentablemente, luego de la pandemia no se dio continuidad a un programa amplio de crédito a las pymes y ahora sólo hay fondos de mucho menor tamaño con ese fin.

La propuesta que tenemos ahora desde la izquierda es la de un programa de 20 mil millones de soles de créditos baratos a las pymes. Una cuestión importante, que no se hizo con Reactiva, es que ese financiamiento ayude a que el sistema financiero tenga más competencia y presione a bajar las tasas de interés a las que prestan los bancos. Hay varios actores que pueden meterle presión competitiva al oligopolio bancario. Las cajas municipales han mostrado un buen manejo técnico y han ampliado mucho su alcance en las últimas dos décadas, pero podrían avanzar mucho más si se las respalda financieramente. Están también las cooperativas de ahorro y crédito, que se han desarrollado bastante. En el pasado estuvieron poco supervisadas, lo que permitió que algunas de ellas terminaran siendo fachadas de grandes estafas, pero ahora la Superintendencia de Banca (SBS) las regula y vigila de cerca. Aun sin ningún apoyo estatal las cooperativas dan una cuarta parte de todo el crédito para las microempresas, y pueden ser un puntal de apoyo a una nueva economía solidaria e inclusiva, que aliente la generación de empleo de forma masiva.

He dejado para el final la necesidad de una banca de desarrollo. En nuestra gestión ministerial, junto con Gustavo Guerra-García, que fue miembro del directorio del Banco de la Nación, se hicieron planes para su modernización digital y se planteó una iniciativa legislativa para que nuestro banco estatal pudiera servir mejor y con más alcance a las pymes. El Congreso mafioso la bloqueó, lo que puede relacionarse a que el presidente del Banco de Crédito era Dionisio Romero, que le había regalado 3 millones 700 mil dólares a Keiko Fujimori. A Romero y los suyos un mercado más competitivo les puede hacer perder miles de millones. Tampoco querían que saliera adelante el factoring, que es una forma de financiamiento usando las facturas de venta, pero como eso podíamos hacerlo sin el Congreso, lo sacamos adelante.

Es tiempo de insistir en una banca de desarrollo moderna, vinculando a Agrobanco, COFIDE y al Banco de la Nación. Se podría así dar crédito barato, articulado con asistencia técnica y de gestión, a millones de pequeños empresarios en todas las provincias. Con eso impulsaríamos el emprendedurismo en sectores como turismo, industria, agricultura, gastronomía y transporte. Además, así se pondría presión competitiva sobre las tasas de interés que cobran los bancos por sus créditos. Hay que abrir paso a una época de cambios con el objetivo de revitalizar la generación de empleos en todas las regiones.

13-11-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 758 año 16, del 14/11/2025

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Perú: Acá estoy, militante del Nuevo Perú

Pedro Francke

"Puedo señalarme a mí mismo y decirme qué demonios estoy pensando luego de tantas decepciones"

Es entendible el escepticismo de mucha gente frente a las elecciones venideras. Hay buenas razones para el pesimismo, dada la situación política actual. Hay cosas que no solo están mal sino que dan asco, mucha rabia y también traen desesperanza. La democracia ha sido recortada severamente por el fujimorismo y sus aliados y a varios candidatos opositores les están impidiendo participar en estas elecciones. El panorama está feo y peligroso. A pesar de todo, es indispensable buscar salidas para nuestra nación. Al final de cuentas, lo que somos y lo que seamos como sociedad es un resultado de lo que hacemos.

Me mantengo como militante de un partido. Soy necio. No he sido tan activo como pienso que es mi deber, pero acá estoy. Sé que soy una excepción. La desconfianza de los peruanos en los partidos es mayúscula. Puedo señalarme a mí mismo y decirme qué demonios estoy pensando luego de tantas decepciones, algunas de ellas profundas. Pero me respondo de dos maneras. Es claro que una de las causas de fondo de los males nacionales es la debilidad de los partidos y organizaciones ciudadanas, lo que facilita que el poder político sea capturado por corruptos y caudillos sin más norte que su propio beneficio. No hay progreso sin Estado y no hay democracia sin partidos vivos y organizados. Así que, si queremos buscar soluciones reales a la crisis que vivimos y a nuestros males históricos, no hay otra: se necesitan partidos democráticos fuertes. Claro que podemos decirnos, como frente a muchas otras cosas, que otros pueden hacer eso, que ese asunto no va con nosotros, que mejor que alguien más se encargue. O simplemente cerrar los ojos y mirar a otro lado. Pero a mí me impactó alguna vez esta frase: “Si no eres parte de la solución, eres parte del problema: ¡actúa!” (algunos se la adjudican a Lenin, quien si de algo sabía era precisamente de la acción).

Por otro lado, en el Perú y en nuestras vidas muchas veces enfrentamos problemas que recurren una y otra vez, que no parecen tener solución, que nos frustran reiteradamente pero frente a los cuales no nos queda más que seguir intentando. La salud pública en el Perú es pésima y no hemos logrado transformarla, pero no podemos abandonar esa brega. Igual sucede con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Seguramente nunca acabaremos totalmente con esos males, pero no podemos bajar los brazos. Igual pienso de la participación política: es frustrante, nos da en el suelo una y otra vez, pero si el pueblo peruano termina de tirar la toalla, nuestro futuro será peor, dominado por un dictador abusivo y con más inseguridad ciudadana y conflictos internos. Como decía a veces mi madre: “no hay peor lucha que la que no se hace”.

Así que acá estoy, militante del Nuevo Perú por el Buen Vivir, hoy en la alianza Venceremos. Es un partido de izquierda que ha pasado por buenas y malas, pero con varias cualidades que me enorgullecen. Mantiene bien altas las banderas de la igualdad, los derechos y el bien común frente a una ofensiva reaccionaria llena de homofobia, racismo y machismo. Frente a los cincuenta asesinatos de Dina y el de Trvco, Nuevo Perú ha seguido luchando en las calles. Ha logrado un importante recambio de liderazgos. Verónika Mendoza tuvo un rol importante como nuestra candidata y hoy sigue militando, pero de otra manera: abriendo nuevos espacios de debate y formación, con una entereza extraordinaria. Sigrid Bazán ha destacado como una excelente congresista, consecuente, honesta y demócrata. En medio de la bazofia del Congreso, es de las pocas por quienes volvería a votar –y, de hecho, votaré por ella–. Nuestro candidato presidencial es Vicente Alanoca, de una comunidad campesina aimara, con dos doctorados en una universidad española y docente en la Universidad del Altiplano, juntando así la experiencia rural y la identidad del sur andino con un alto conocimiento científico. Lo acompaña en la plancha Gustavo Guerra-García y Dalia Abarca. Gustavo, un hombre de izquierda desde su juventud, me acompañó como viceministro de Hacienda, encargado del presupuesto público, un cargo de mayor peso en el Estado peruano que varios ministerios, y su gestión fue extraordinariamente buena. Otro candidato para las primarias era Guillermo Bermejo, pero una maniobra antidemocrática lo ha sacado de carrera. Es muy bueno también que haya democracia interna y no sólo para la plancha presidencial. Hace un par de semanas, voté en una elección interna, con voto secreto y directo, para los candidatos al Congreso. Consecuencia, democracia interna y recambio dirigencial que no son comunes entre los partidos en el Perú.

Frente a los problemas nacionales, ya presentamos 26 propuestas para el 2026. Para la economía, reforma tributaria y fin de las exoneraciones abusivas, gasto social, relanzamiento de la pequeña agricultura y crédito y tecnología para las pymes. Frente a la inseguridad ciudadana, derogatoria de las leyes procrimen y profunda reforma policial, inteligencia frente a las bandas, justicia rápida y penales seguros. Una nueva Constitución para reemplazar a la mafiosa que ha impuesto el fujimorismo, haciendo justicia a los pueblos originarios, priorizando la educación de calidad y el avance tecnológico. Muchas más propuestas y precisiones pueden leerse en https://nuevoperu.pe/.

En la izquierda la otra opción es el castillismo, pero prefiero una construcción orgánica, con elaboración programática, comunión de capacidades y firmeza en defender todos los derechos sin exclusión alguna. Hay también algunos candidatos de centro-derecha o de centro que me parecen decentes, pero sigo siendo un hombre de izquierda que no puede pasar por agua tibia el racismo de nuestra oligarquía y los abusos de sus monopolios. Así que yo me quedo con el Nuevo Perú. ¡Venceremos!

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 757 año 16, del 07/11/2025

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Perú: Los empresarios deben cambiar

Pedro Francke

"No se oye ninguna voz empresarial reclamando que esta democracia ya no es democracia"

Los grandes grupos económicos, los monopolios y las transnacionales, como conjunto, respaldaron al cogobierno de Dina Boluarte con el Congreso y están muy a gusto con Jerí. Basta seguir sus pronunciamientos y sus silencios para darse cuenta. Como les regalaron miles de millones en exoneraciones tributarias especiales, aunque con ello se haya sacrificado el equilibrio fiscal, fueron claros defensores de este cogobierno congresal que hoy tiene continuidad. No es nueva la poca consideración de esta cúpula oligárquica hacia la democracia, el bien común y los derechos humanos. El Perú necesita que cambien y piensen más en el futuro del país.

Hace unos años se acuñó la idea de “demócratas precarios” para referirse a los débiles compromisos de partidos y líderes políticos peruanos con la democracia. Pero los grandes empresarios no han llegado ni a ese nivel: la democracia no es lo suyo.

Poderosos y destacados empresarios, como Dionisio Romero, del Banco de Crédito y Alicorp, los hermanos Rodríguez Banda, del grupo Gloria, y Roque Benavides, de Minas Buenaventura, mientras Fujimori maniobraba por su tercera reelección aplastando al Tribunal Constitucional de entonces y los estudiantes salían a las calles contra la dictadura, iban a la salita del SIN a pactar con Vladimiro Montesinos que se dieran leyes a su favor.

Montesinos movió sus tentáculos en la Corte Suprema, que en ese entonces la tenía sometida, para que Roque Benavides, junto a su socia Newmont, se quedaran con las acciones de la mina Yanacocha, acciones que pertenecían a su socio francés. José Chlimper, luego de la tercera, fraudulenta e inconstitucional reelección de Fujimori, fue su ministro y aprovechó para obtener la ley que exoneró impuestos a los agroexportadores como él, redujo sus contribuciones a la seguridad social y facilitó los abusos contra sus trabajadores.

A pesar de eso, tras la transición a la democracia en el año 2000, la política económica neoliberal continuó y los siguió favoreciendo. Recompusieron rápidamente buenas relaciones con gobiernos de corrupción recargada.  Toledo hizo un gran negociado de obras públicas con Odebrecht, con Pedro Pablo Kuczynski como su ministro cobrando millones por sus servicios. Jorge del Castillo y Alan García arreglaron con las grandes mineras para no cobrarles impuestos a sus sobreganancias mientras crecía la corrupción con el “club de la construcción”: Odebrecht y Graña y Montero (GyM), entonces la mayor y más destacada constructora nacional. Que una rama de los Miró Quesada fuera al mismo tiempo dueña de GyM y de “El Comercio” le daba una llegada muy especial al poder de turno.

En las elecciones del 2016 los más poderosos empresarios “invirtieron” millones de dólares en aportes para Keiko para asegurarse de que el modelo económico siguiera incólume. Tras ser elegido, Ollanta Humala traicionó sus posiciones y pactó con quienes concentran la riqueza y el poder económico, mantuvo exoneraciones y beneficios tributarios y dejó congeladas las leyes para controlar la elusión de impuestos, las fusiones monopólicas y la comida chatarra. Al mismo tiempo, obtenía coimas de Odebrecht y del “club de la construcción”. Grandes empresarios respiraban aliviados con renovada confianza: siempre podrían comprar el poder a su favor.

Entre 2016 y 2019 varios casos de corrupción salieron a la luz tras el escándalo Odebrecht y eso golpeó la reputación de los grandes empresarios nacionales. Pero en los años anteriores ellos habían logrado una acumulación de riqueza y poder mucho mayor, y siguieron haciendo lobby mientras buscaban cómo recomponer su imagen. Vizcarra prolongó a los agroexportadores sus exoneraciones tributarias y no hizo ninguno de los cambios que se necesitaban frente a la minería y las AFP. Sí sacó adelante la ley de alimentación saludable, el control previo de fusiones monopólicas y las medidas antielusivas, asuntos básicos de defensa del interés público y regulación de los mercados. Por eso cuando hubo un conflicto entre Vizcarra y el Congreso, que terminó con la disolución de este último, la Confiep se puso clara y tajantemente en favor del Congreso fujimorista.

Todos estos años la orientación de esta cúpula de gran poder económico fue anteponer sus intereses antes que el bien común. Ni siquiera aceptan algunas reformas tibias, defienden agresivamente su explotación abusiva de los recursos naturales, de los consumidores y de los trabajadores peruanos.

La elección de Pedro Castillo mostró una vez más el talante antidemocrático de la cúpula de poder económico. Muchos de ellos colaboraron con el fujimorismo en negar el resultado electoral y luego se aliaron al Congreso para frenar la reforma tributaria. Cuando Dina subió al poder, el que asesinara a cincuenta compatriotas no les importó. Además del interés de multiplicar sus riquezas, una buena dosis de racismo estaba presente. Hoy están felices con Jerí: saben que les mantendrá las exoneraciones y perdones tributarios que les dieron Dina y el Congreso por miles de millones. Aun cuando los homicidios por sicarios se multiplican, estos se concentran en los barrios populosos mientras los dueños de los grupos monopólicos viven en Estados Unidos o Europa. La democracia ha desaparecido: el Congreso manda y ya no hay separación de poderes, la justicia vía JNJ y TC son instrumentos de la derecha en el poder. Han asesinado a Trvco, dejado varios otros heridos de gravedad incluida una niña de 9 años que acompañaba a su madre en la venta ambulatoria. Ahora nos quitan libertades aprovechando el pretexto del estado de emergencia sin que eso resuelva en nada la inseguridad en las calles. Pero no se oye ninguna voz empresarial reclamando que esta democracia ya no es democracia.

Necesitamos que cambien. Nuestro país requiere una ciudadanía más activa y los jóvenes de hoy nos dan esa esperanza. También es indispensable que quienes concentran el poder económico se den cuenta de que, con ese racismo y clasismo negador de la democracia y el bien común, están empujando el Perú al abismo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 756 año 16, del 31/10/2025

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Perú: Ladrones de cuello y corbata

Pedro Francke

"El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás"

Durante varios años los neoliberales peruanos insistieron en que la economía y la política iban por cuerdas separadas. Decían que nuestra macroeconomía iba muy bien, aunque la política estuviera mal. El año pasado, el Premio Nobel de economía se entregó a tres estudiosos que han establecido exactamente lo contrario: el subdesarrollo se debe a instituciones económicas extractivistas que van de la mano con instituciones políticas excluyentes. En nuestro querido Perú la relación entre economía y política, o más precisamente entre poder económico concentrado y política corrupta, ha sido una constante histórica. Esta semana ha habido otra prueba de eso.

Me refiero al fallo del Tribunal Constitucional (TC) en favor de Keiko Fujimori que, indignante como es, no sorprende a nadie –y en particular a ningún lector de este semanario que lo había anunciado reiteradas veces–.

Desde que el actual Congreso nombró a este Tribunal tras un pacto de Fujimori con Acuña, López Aliaga y Cerrón, no era difícil prever que esto se vendría. El asunto de fondo del que trata esta resolución del TC es este: Keiko recibió millones de dólares de dueños de grandes monopolios, bancos y AFP, transnacionales traferas y mineras abusivas, y a cambio ha sido firme defensora de sus intereses económicos. El TC ha liberado a Keiko de todos los engaños que hizo mediante supuestos “cócteles” para mantener ocultos esos millones que recibió de ese gran poder económico.

Siendo el fallo uno muy político, no debemos olvidar cómo entra en juego la economía. El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás. Uno de los primeros fallos de este Tribunal fue precisamente regalar 12 mil millones de soles de deudas tributarias a grandes empresas monopólicas como Telefónica y Backus, mineras como Las Bambas y Cerro Verde, y bancos como Scotiabank, Interbank y BBVA. Lo que nunca se permite a una micro o pequeña empresa, lo tuvieron ellos. Constitucionalistas como Marianella Ledesma y Marcial Rubio resaltaron que el fallo era inconstitucional. Los doce mil millones de soles que regaló el TC en ese momento, y que además ha multiplicado el incentivo a la evasión tributaria, hubieran permitido que la inversión en salud se triplicara los últimos tres años, se duplicara la inversión en educación o se cuadruplicara la de obras en agua y desagüe. Más pesó el “poderoso caballero don dinero”.

Coincidentemente, varias de las empresas beneficiadas por ese regalo del TC están entre las que otorgaron cientos de miles de dólares a Keiko Fujimori. Así que los tribunos, elegidos con los votos de Keiko y sus aliados, y que hoy liberan a Keiko, ya antes beneficiaron a estos grupos oligárquicos. Otra coincidencia llamativa es que el “tribuno” que primero analizó el caso y propuso regalar esos 12 mil millones de soles a los grupos oligárquicos fue Ernesto Blume, a quien todos estos años hemos visto defendiendo al régimen de Boluarte-Congreso en radios y TV. La vida tiene sorpresas, pero esta no es una de ellas.

Aquella decisión del Tribunal Constitucional que regaló 12 mil millones de soles resultó aberrante para cualquier economista o analista financiero serio, porque establecía que cuando esos billonarios y transnacionales le deben al Estado no deben pagar intereses de la misma manera como los cobra cualquier banco a un deudor moroso. Lo que esos monopolios y bancos hacen todos los días en sus negocios cuando se trata de cobrar, el TC decidió que no se les aplica a ellos mismos cuando deben honrar sus deudas al Estado. Absurdo, pero los periódicos, radios y canales de la oligarquía, sus consultoras favoritas y sus opinólogos neoliberales, guardaron un silencio sepulcral al respecto. Ellos nunca se pelean con quienes sostienen sus cofres. Ni qué hablar, claro, de los gremios empresariales, de la Confiep, CADE, la Sociedad de Minería y demás “asociaciones” y “colectivos” de la misma mancha, a quienes les gusta hablar de democracia, transparencia y “libre mercado” pero que cuando se trata de un regalo de miles de millones del Estado en favor de la oligarquía reinante callan en todos los idiomas.

Durante años los neoliberales nos dijeron que en la economía todo iba bien, que el modelo económico era fantástico, que gracias a la Constitución de 1993 crecimos mucho y que eso bastaba para que todos los demás problemas se fueran resolviendo automáticamente. La desigualdad, en ese discurso neoliberal, no importaba, aunque el dinero se siguiera concentrando en base a un poder corrupto que beneficiaba a la oligarquía a costa de campesinos e indígenas desterrados, consumidores engañados y trabajadores explotados, y que dejaba un Estado debilitado y una educación y salud pública deterioradas.

Pero es mirando la desigualdad que podemos ver cómo, al mismo tiempo que sigue habiendo millones de peruanos sin agua potable ni acceso a la salud, tenemos monopolios de la leche, la cerveza y la harina de trigo que abusan de su dominio del mercado, cuatro grandes bancos cobran por sus préstamos más que ningún otro país de la OCDE, grandes mineras se llevan la riqueza natural peruana para sus bolsillos y todos ellos obtienen exoneraciones y privilegios tributarios y se instalan en paraísos fiscales para evadir impuestos. Ese trato tan inequitativo se ha sustentado políticamente gracias al fujimorismo que, tras recibir los 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño del monopolio Alicorp, de Credicorp y la AFP Prima, más los otros cientos de miles entregados por los dueños del monopolio de leche Gloria y de otra docena de millonarios aportantes, defendió con uñas y dientes mantenerles y ampliarles sus privilegios.

En las calles escuché la semana pasada que para acabar con los criminales primero hay que sacarlos del poder. Esta verdad se aplica también a los ladrones de cuello y corbata.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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Perú: Podría haber otra transición

Pedro Francke

No queda duda de que siguen gobernando los mismos que antes

Habiendo caído Dina Boluarte, surge la pregunta: ¿un buen gobierno de transición podría modificar algunas políticas, considerando que sólo es cuestión de meses hasta que se realicen las nuevas elecciones?

Pienso que sí. Desde luego deben enmarcarse en la lógica de un gobierno de transición, dejando algunas grandes definiciones para quienes salgan electos el próximo año. Pero no puede dejarse de lado que el derrumbe del gobierno de Dina Boluarte tiene como causa profunda la masiva oposición popular a sus políticas. Su estilo de gobernar también nos ha causado mucha rabia: esas frases ofensivas e idiotas sobre los “ponchos rojos” y las “balas dum dum” cuando mandó asesinar a peruanos, los Rolex de su wayki Oscorima, sus múltiples viajecitos al exterior con el permiso congresal aprobado con los votos de Keiko, López Aliaga y Acuña, el decir que frente a las extorsiones no respondan al wasap y toda su conducta hacia nuestro pueblo, una mezcla explosiva de agresividad e indiferencia, todo eso debe cambiar de inmediato. Pero eso no es lo único. Las políticas son fundamentales.

Empecemos por las referidas a la inseguridad ciudadana, donde resaltan algunos temas urgentes. Uno se refiere a cómo la policía nacional ha sido dirigida por ministros y generales dedicados a encubrir a Dina, los amigos y aliados de ella, y a ellos mismos y sus compinches, y a perseguir a opositores y jóvenes que protestan, sin importarles cómo siguen matando choferes y peruanos en general. Hay que limpiar el Ministerio del Interior y la policía, al menos empezando por las cabezas que tienen harto rabo de paja, y dar el ejemplo de que no habrá impunidad. Santiváñez, por ejemplo, debe ser investigado de inmediato y los asesinatos de Dina no deben quedar tampoco sin castigo. Una nueva política de interior debe respetar el derecho a la protesta y concentrarse en detener sicarios y extorsionadores. Para ello se necesita una segunda medida urgente: revertir todas las leyes procrimen que se han dado en los últimos años. Son una decena de normas aprobadas por el pacto Keiko-Cerrón que, con el objetivo de zafarse ellos mismos de sus acusaciones de corrupción, lavado de activos e interferencia con la justicia, se han traído abajo las posibilidades de enjuiciar a bandas organizadas e impiden avanzar las investigaciones con allanamientos, entre otros favores al crimen organizado.

En el terreno económico, como parte del pacto corrupto se han dado regalos multimillonarios a las grandes agroexportadoras, las transnacionales mineras obtienen ganancias extraordinarias y ha habido múltiples exoneraciones tributarias, mientras han robado del dinero público “como cancha”. Las decisiones en este aspecto tienen un plazo fijo ya que antes de fin de noviembre debe aprobarse el Presupuesto Público 2026 por disposición constitucional. El proyecto presentado por el gobierno de Dina, que ya era hiperoptimista en los ingresos y auguraba un déficit elevado, ha agravado su desfinanciamiento con las exoneraciones aprobadas para los agroexportadores. De inmediato debieran derogarse estas exoneraciones tributarias que no se justifican e iniciar una discusión amplia y plural sobre cómo recuperar los ingresos del Estado con mayor justicia, mejorar el sistema de inversión y tener mayor profesionalismo en la gestión pública. Con nuevos recursos presupuestales, podrían afrontarse algunas urgencias como las del sistema de salud, tal como en otras circunstancias se hizo el 2021. Entonces era el Covid, hoy desde vacunaciones hasta el cáncer de mama, la prevención del embarazo adolescente y el abastecimiento de medicinas básicas andan abandonados a su suerte. También hay la necesidad de una nueva ley de responsabilidad y transparencia fiscal. El tope legal de déficit fiscal lo violaron el 2023 y 2024, lo incumplirán este año y las proyecciones oficiales del BCR son que lo incumplirían el próximo. Esta irresponsabilidad de zurrarse en la ley una y otra y otra vez debe parar. He escrito bastantes artículos los últimos años sobre otros cambios importantes que deben hacerse en la política económica, pero concedamos que un gobierno de transición tiene espacios limitados y que sus medidas podrían concentrarse en deshacer los mayores entuertos y desarreglos dejados por el pacto mafioso de los últimos años. El gobierno de transición también deberá enfrentar una serie de bombas de tiempo dejadas por el actual, como la situación crítica de la minería informal e ilegal, el caos de Machu Picchu, la regulación de Sunedu, entre otros.

También deberá asegurar elecciones limpias, tremendo reto ahora que el pacto mafioso ha capturado todas las instituciones. La autonomía del Jurado Nacional de Elecciones debe ser garantizada, así como el presupuesto necesario dado que no queda otra que ir hacia unas elecciones con pésimas reglas producto del pacto mafioso. Deberá también apoyar a una recuperación sana del Ministerio Público, buscando que así avance la lucha contra la corrupción.

Es obvio que nada de eso hará un gobierno de José Jerí. Él debe su nominación a Keiko, Acuña y Cerrón, que lo apoyaron en su elección y nuevamente en la votación clave del 9 de octubre para mantenerlo en el cargo. No queda duda de que siguen gobernando los mismos que antes.  ¿Por qué entonces haría algo distinto, más allá de algunos gestos insustanciales?

Pero podría haber otro gobierno de transición. Hemos tenido dos en este milenio, con Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. Ninguno tenía, al iniciar su gobierno, un amplio apoyo ciudadano ni un respaldo parlamentario sólido. Ambos surgieron luego de que en las calles derrotáramos a las fuerzas antidemocráticas y tuvieron que enfrentar coyunturas difíciles. La actual junta directiva del Congreso debe renunciar y debe conformarse una nueva con congresistas que no hayan votado por las leyes en favor del crimen organizado y de la impunidad, que las hay. Se hizo antes y se puede volver a hacer.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 754 año 16, del 17/10/2025

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Perú: Están acabando con la democracia

Pedro Francke

"La política ha sido más bien mantener el statu quo favorable a los grupos de poder económico"

Dina Boluarte gobierna en un triunvirato con Keiko Fujimori y César Acuña. Es un cogobierno Ejecutivo-Congreso, con las políticas importantes definidas en la Mesa Directiva del Congreso donde APP y Fuerza Popular son el eje que arrastra a los otros partidos de derecha. Basándose en pacto de impunidad actúan en alianza con el cerronismo y con varios otros congresistas para hundir las denuncias en su contra y otorgarles diversas prebendas. En el Poder Ejecutivo, Acuña tiene al ministro de Salud y al de Transportes, Keiko al ministro de Agricultura y al de Economía, y todos defienden a los primeros ministros, del Interior y al resto, con algunas fintas para intentar diferenciarse de un gobierno desastroso.

Sus puntos clave de acuerdo son medidas económicas en favor de los grandes grupos de poder económico. Entre 2023 y 2025 hemos vivido una ofensiva de leyes económicas extractivistas, usando el concepto de los premios Nobel Acemoglu y Robinson. Hace pocas semanas fue la ley que regala 20 mil millones de soles a los grandes agroexportadores en exoneraciones tributarias, obstruye que se pueda supervisar los abusos que cometen contra los trabajadores y abre las puertas a una privatización del agua a su favor. También es de su factura la ley pro-AFP que desató la reciente ola de protestas autoconvocada por la Generación Z. Ante el repudio popular, han retrocedido en un par de temas y han entregado un retiro parcial, pero han mantenido el que las AFP reciban un cuantioso fondo adicional del Estado y han aprobado otra ley que permite que de todo nuestro dinero se puedan llevar hasta el 80% al exterior. Antes cambiaron SUNEDU para darles pase a las universidades “fachada” de baja calidad, sin importarles el daño al profesionalismo que es base del progreso tecnológico.

En otros terrenos, la política ha sido más bien mantener el statu quo favorable a los grupos de poder económico. Las grandes mineras vienen obteniendo ganancias extraordinarias y se ha frenado cualquier intento de que se les cobre lo justo. Grandes monopolios como Backus en la cerveza, Gloria en la leche, Inkafarma y las redes de boticas en las medicinas, Alicorp en alimentos industrializados y el oligopolio bancario siguen abusando de los consumidores sin control. Es por estas enormes ganancias, que están pudiendo extraer gracias a este gobierno, que desde la Confiep mantienen en el poder a Dina, aguantaron a Santiváñez y no se pronuncian frente a la crisis de inseguridad y corrupción que atravesamos. Engordar a corto plazo sus grandes billeteras predomina sobre el interés nacional, que no nos vengan con cuentos.

Este núcleo de poder económico ha mantenido una fuerte influencia en la política peruana por más de treinta años. La caída de Fujimori, a cuya dictadura estuvieron muy amarrados, no los afectó. Esa influencia se produce a ocultas, canjeando millones para las campañas electorales y seguramente coimas a diverso nivel, por leyes a su favor. El caso Odebrecht nos permitió ver los 3 millones 700 mil dólares entregados por Dionisio Romero en maletines llenos de billetes verdes a Keiko, luego de lo cual ella defendió con uñas y dientes a su monopolio de alimentos ultraprocesados Alicorp entre 2014-2017 y ahora el fujimorismo favoreció con esta nueva ley a su AFP Prima.

César Acuña y José Luna, dueños de universidades “fábricas de títulos”, invierten en campañas electorales para acrecentar su poder político, habiendo logrado controlar la SUNEDU y ponerla a su servicio. Mayormente, sin embargo, los grandes jefes de estos grupos monopólicos no participan directamente en la política, prefieren mantener relaciones ocultas al más alto nivel, armar aparatos de propaganda con diversas caretas, mandar a las entrevistas a sus gerentes y contratar lobistas, estudios de abogados y consultoras económicas. Francisco Durand documentó todos esos mecanismos en varios de sus libros.

El poder de este cogollo monopólico ha sido cuestionado varias veces las últimas décadas, porque la mayoría de nuestro pueblo rechaza esta situación de inequidad, abuso y corrupción. Pero son muy resistentes y maniobreros. Lograron capturar a “Cosito” Humala. Odiaron tanto a Vizcarra que lo vacaron, aunque no consiguieron que su escogido Merino se sostuviera. Finalmente lograron tirarse abajo la democracia imponiendo a la traidora Boluarte asesinando a cincuenta peruanos, entre ellos siete menores de edad. Hoy desarrollan nuevas formas de manipulación política a través de las redes sociales con videos que en pocos segundos apelan a sentimientos primarios, buscando que dejemos de lado nuestra capacidad de reflexión.

Vivimos estos años un gobierno oligárquico. No tenemos un gobierno del pueblo sino el de unos pocos. A ellos no les importan el sufrimiento de los transportistas extorsionados, la salud pública o la corrupción rampante. Sólo les importan sus enormes ganancias y seguir con sus abusos y explotación. Esta oligarquía quiere quedarse en el poder capturando el Tribunal Constitucional, la JNJ, el Ministerio Público y ahora van por el Jurado Nacional de Elecciones. A estos grupos de poder económico, este cogollo de mineros y agroexportadores, bancos, AFP y grandes monopolios, les servirían muy bien Keiko, López Aliaga o Carlos Álvarez. Como respaldo, para impedir cualquier cambio, vienen armando un Senado bajo su control y una legalidad sometida vía el TC y la JNJ. Ya no ocultan su postura. El evento anual empresarial de CADE del próximo mes es de un desenfado oligárquico y autoritario nunca antes visto, con una consigna amenazante de aplicarnos su “fuerza” en vez de llamar al diálogo o la reflexión, con conferencistas de la ultraderecha conservadora internacional y Fernando Rospigliosi dirigiendo la primera parte.

El pueblo mayoritariamente rechaza esta enorme desigualdad, los abusos de los monopolios y el extractivismo concentrado. Por eso, para mantenerse en el poder esta nueva oligarquía viene acabando con nuestra democracia. No debemos permitírselo.

09/10/2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 753 año 16, del 10/10/2025

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Perú: Embarazo adolescente

Pedro Francke - Rossana Mendoza

"Está claro que la educación pública no está haciendo lo suficiente frente al embarazo adolescente"

Una de cada cuatro adolescentes de 19 años ya es madre en el Perú. Entre las que tienen entre 15 y 19 años son casi una de cada diez. Pero el problema viene incluso desde antes: el censo anterior registró más de mil trescientas cuarenta niñas de 12 a 14 que ya habían sido madres. Ojalá en este nuevo censo ese número se haya reducido. Hace pocas semanas, una niña de 13 años murió como resultado del parto. Esto ocurre aquí y ahora, en nuestro país.

LOS DATOS

Les presento algunos datos de una investigación que hice sobre este tema junto a Rossana Mendoza y Claudia Vivas tras haber ganado un concurso del CIES, usando datos censales de hasta el 2017. Los departamentos con mayor tasa de maternidad adolescente fueron Ucayali (22 por ciento), Loreto (21 por ciento), Amazonas (19 por ciento), San Martín (18 por ciento) y Madre de Dios (16 por ciento). Todos de la selva. Las tasas de estos departamentos superan a las de los cinco países de mayor tasa del mundo (todos africanos). La maternidad adolescente es bastante mayor entre indígenas amazónicos (31 por ciento), algo mayor entre quechuas (13 por ciento) y más baja entre aymaras y castellanohablantes (10 por ciento). La diferencia se mantiene a pesar de que, a lo largo de cuatro décadas, la maternidad adolescente ha caído fuertemente en la sierra y la selva y entre indígenas. El estudio, que abarca desde 1981 hasta 2017 con diversos enfoques analíticos, puede encontrarse en la hoja web cies.org.pe.

Poniendo la lupa sobre las distintas realidades que cohabitan en nuestro país, investigamos si había grupos sociales donde la maternidad adolescente es mucho mayor aún. Estos grupos son llamados interseccionales porque cada uno de ellos comparte varias condiciones referidas a si viven en el campo o la ciudad, son o no indígenas, están en costa, sierra o selva, qué nivel educativo tienen y en qué sector socioeconómico se ubican. Encontramos tres grupos con tasas de 42 por ciento de maternidad adolescente, que tienen en común pertenecer al quintil más pobre, no llegaron a la secundaria y viven en la selva. Estas poblaciones triplican la maternidad adolescente de los cinco países del mundo con mayor tasa. Los dos primeros grupos son de zonas rurales, incluyendo tanto indígenas como no indígenas, y el tercero es de no indígenas viviendo en las ciudades. Si cuatro de cada diez adolescentes de entre 15 a 19 años ya son madres, eso quiere decir que a la temprana edad de 20 años ya una buena mayoría son madres. Es un problema de raíz histórica. Viendo los cambios entre 1993 y 2017, los grupos del quintil más pobre de la selva con educación primaria casi no han reducido sus elevadas tasas de maternidad. El grupo indígena rural ha mantenido en todos estos años una tasa muy alta de 43 por ciento, mientras el grupo rural no indígena en la selva incluso habría aumentado su tasa de 39 por ciento a 42 por ciento en ese lapso.

Si bien estos grupos tienen altas tasas de embarazo, son más bien pequeños en tamaño, así que si se quiere “mover la aguja” del embarazo adolescente en el país es indispensable mirar también hacia los grupos interseccionales más numerosos. Los otros nueve grupos numerosos son de adolescentes que llegaron a la secundaria, son tanto indígenas como no indígenas, están en costa, sierra y selva, y son tanto rurales como urbanos. Los rurales son del grupo más pobre, pero los de Lima son de sectores medios. Por otro lado, uno de los datos preocupantes es que en toda la costa centro y norte, desde Ica hasta Tumbes, el embarazo adolescente incluso subió entre 1993 y 2017, lo que muestra que las zonas de mayor ventaja económica y crecimiento importante están peor en relación con este problema. Así que no, el crecimiento económico no es la solución automática a todos los problemas. En estas regiones, la enorme mayoría de adolescentes va a la secundaria. Está claro que la educación pública no está haciendo lo suficiente frente al embarazo adolescente.

Esta realidad nos indica la importancia de la educación sexual integral.  Por un lado, está el conocimiento que deben tener las y los adolescentes. Lamentablemente, todavía hay percepciones erradas sobre los métodos anticonceptivos y cómo usarlos. Pero sobre todo es importante que se elimine la idea de que hablar de las relaciones sexuales es tabú. Nos referimos al hecho de que hay adolescentes que tienen barreras para informarse y dialogar entre ellos sobre el tema porque en la sociedad se impone un veto seudopuritano sobre el asunto. Junto con esto, una cuestión muy pero muy importante es la autonomía de las mujeres. La inequidad de género, muchas veces agravada cuando una adolescente se relaciona con un joven o adulto varios años mayor, hace difícil que ella pueda tomar las mejores decisiones en base a su propio proyecto de vida y no presionada por un hombre que a menudo es machista y posiblemente abusivo. Desde el Estado y la sociedad debemos enfrentar estas barreras, revisando las políticas al respecto y recogiendo las voces de adolescentes que quieren buenos servicios de salud sexual y reproductiva, con la privacidad a la que tienen derecho. Se juega acá la libertad real y las oportunidades futuras de miles de jóvenes peruanas, mientras algunos políticos y grupos religiosos retrógrados quieren mantener y reforzar esas dominaciones machistas eliminando la educación sexual integral. Se llaman Renovación, pero en realidad son Reacción Medieval.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 752 año 16, del 03/10/2025

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Perú: Lo que no se dijo en PERÚMIN

Pedro Francke

"Nítida la crítica del Banco Mundial a seguir exportando piedras"

Esta semana se reunió PERÚMIN, la gran convención minera anual. Se ha desarrollado cuando la oligarquía peruana y su gobierno mafioso han blindado a sus grandes empresas mineras e impiden cualquier discusión sobre las sobreganancias que se llevan, la contaminación que dejan y los abusos que cometen. Es así que han ocultado el reporte que el Banco Mundial ha sacado la semana pasada con fuertes críticas a la situación de la minería latinoamericana. El Banco Mundial no es para nada izquierdista y desde que se fundó siempre ha tenido un presidente impuesto por los Estados Unidos. Acá reseñamos, citando sus mejores frases, este informe que desde su título resalta la ausencia de una “gestión inteligente de nuestros recursos naturales”.

LA MINERÍA A MENUDO AFECTA A INDÍGENAS Y VULNERABLES

“El modelo de desarrollo de América Latina, impulsado por los recursos naturales, a menudo ha comprometido a las comunidades indígenas y a las poblaciones vulnerables. No solo se podría proteger mejor a estas comunidades, sino que la inclusión podría incluso ser económicamente deseable para la región.” ¡Clarísimo llamado de atención!

Insiste el Banco Mundial: “Sin protección institucional ni mecanismos de aplicación sólidos, la expansión o intensificación de las actividades mineras podría suponer varios riesgos para las comunidades locales. La expansión o intensificación de las actividades mineras pueden exacerbar los conflictos socioambientales existentes y acentuar la desigualdad de género. Estos conflictos pueden surgir debido a la carga que las actividades adicionales suponen para las comunidades locales, la participación a menudo limitada de estas comunidades en la toma de decisiones, la disponibilidad y accesibilidad parcial de la información, y las deficiencias de los mecanismos de distribución de los beneficios con dichas comunidades”. Una buena síntesis de lo que pasa en el Perú.

LA MINERÍA Y SUS EFECTOS AMBIENTALES

“La falta de marcos regulatorios y mecanismos de aplicación sólidos podría agravar las externalidades negativas que afectan a la tierra, la flora y la fauna, la gestión de los recursos hídricos y las comunidades locales. En las minas de cobre y litio, estos efectos pueden aparecer en áreas mineras industriales, campamentos, vertederos y estanques de relaves. La minería a cielo abierto puede dañar directamente el suelo y la vegetación superficiales. Muchos lugares mineros, como los ubicados en los Andes, se caracterizan por geografías accidentadas que limitan la superficie de tierra disponible para la eliminación segura de los relaves”. Como sucede en el río Rímac, donde tenemos los relaves de Tamboraque amenazando el agua de Lima.

AGOTAMOS CAPITAL NATURAL MIENTRAS FALTA INNOVACIÓN

“Durante demasiado tiempo, [América Latina] ha crecido agotando su capital natural en lugar de invertir en la tecnología y las prácticas productivas que podrían haber mejorado la eficiencia general y protegido sus riquezas. Según el análisis, es la región con la calificación más baja del mundo en eficiencia económica en el uso de la tierra”, dice el informe. Aun así, el bloque oligárquico en el poder se resiste a cualquier reforma.

“Se desaprovecharon oportunidades para realizar mejoras e innovaciones tecnológicas. Como resultado, América Latina cuenta con sistemas de innovación deficientes y sus exportaciones están dominadas por productos primarios sin procesar”, añade el documento. Nítida la crítica del Banco Mundial a seguir exportando piedras.

INDUSTRIALIZAR NUESTROS MINERALES

“La creciente demanda mundial de los abundantes minerales de la región que son necesarios para la transición energética creará oportunidades para agregar más valor en los mercados regionales y mundiales y para desarrollar productos derivados como las baterías. Algunos países de América Latina están definiendo políticas para respaldar la adición de valor en las etapas posteriores. Las empresas extranjeras están invirtiendo cada vez más en industrias transformadoras. Por ejemplo, en agosto de 2023 la empresa china BYD, uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, anunció una inversión de USD 290 millones para construir una fábrica de cátodos de litio en Chile. Asimismo, anunció planes para integrar plenamente su cadena de suministro de vehículos eléctricos en Brasil, lo que incluye el procesamiento, la producción de baterías y la fabricación de automóviles. En México, CATL (empresa china de baterías) planea invertir en una planta de baterías para vehículos eléctricos”. Frente a esto, el bloque oligárquico en el poder y sus ideólogos neoliberales no escuchan, no ven, no hablan.

PROVEEDORES MINEROS, OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA

Otra forma de avanzar en industrializarnos es producir los insumos, equipos y servicios que necesita la minería. “La región no ha tenido un desempeño satisfactorio en la creación de un conglomerado productivo de empresas con uso intensivo de conocimientos prestadoras de servicios a grandes corporaciones multinacionales, como lo han hecho otros países con fuerte presencia minera, como Australia y Canadá. Las grandes empresas no se han comprometido con la innovación conjunta con proveedores locales, con excepción de empresas de Chile y, en menor medida, Brasil y Perú. Las innovaciones locales son poco frecuentes y están en manos de unas pocas empresas”. Añado que Chile tiene una política estatal al respecto con una Mesa de proveedores mineros y la “Corporación Alta Ley”, que promueve un ecosistema de proveedores de bienes y servicios especializados. Durante mi gestión en el MEF instalamos una Mesa Ejecutiva de Proveedores Mineros para conectar industria y minería, pero apenas salí del cargo la paralizaron.

UNA VISIÓN ALTERNATIVA

¿Cuál es la mirada de conjunto del Banco Mundial? “Esa abundante riqueza natural no es una solución mágica para lograr el desarrollo. Los Gobiernos deben elaborar un conjunto integral de políticas que transformen el modelo heredado, impulsado por los recursos naturales, en un modelo impulsado por la eficiencia ambiental y de los recursos y una mayor capacidad productiva y de innovación”. Como vemos, hasta el Banco Mundial plantea cambiar de modelo. Pero por estas latitudes eso sigue siendo anatema para una oligarquía empeñada en organizar una CADE ultraderechista.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 751 año 16, del 26/09/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2025/10/peru-lo-no-se-dijo-perumin/

Perú: Las AFP y la oligarquía reinante

Pedro Francke

"El cogollo de la oligarquía empresarial peruana ahora organiza un CADE ultraderechista"

La ciudadanía está indignada contra la nueva ley pro-AFP pero hay un tema más de fondo: nos gobierna una oligarquía antinacional. La reciente ley de Keiko, apoyada por Renovación Popular y toda la derecha, refuerza un sistema que nos descuenta todos los meses de nuestro sueldo para que ese dinero vaya a cuatro AFP. Estas pertenecen al mayor grupo financiero del país y a tres transnacionales que manejan a su conveniencia los 110 mil millones de soles de los trabajadores, que además nos cobran comisiones por más de mil millones de soles anuales. Se han llevado ya más de 50 mil millones de soles de nuestros ahorros al exterior, dinero que bien podría servir para que las pequeñas y medianas empresas y el agro se capitalicen y avancen tecnológicamente mientras nos pagan buenos intereses. Pero la ultraderecha y los neoliberales, que tanto hablan de la importancia de la inversión privada, defienden que todo este dinero de los trabajadores salga del país.

Ojo que este control de nuestros ahorros en manos de unos pocos grupos financieros se repite entre los bancos. Sólo cuatro bancos acumulan más del 80 por ciento de todos los depósitos y del crédito. ¿Cuánto le pagan al ahorrista? Miserias, esos grandes bancos hoy retribuyen con apenas 1 o 2 por ciento anual si es un depósito a plazo mientras que por una cuenta de ahorro nos cobran comisiones a su antojo. A las grandes empresas y conglomerados, que a menudo son de los mismos propietarios, les prestan nuestro dinero a menos del 5 por ciento anual, pero a una microempresa le cobran 40 por ciento anual y hay bancos que por una tarjeta de crédito o la compra de un electrodoméstico cobran hasta 90 por ciento al año. No hay verdadera competencia en el sistema. Esta concentración de más del 80% del negocio bancario en solo cuatro bancos persiste en nuestro país desde las privatizaciones de Fujimori hace más de tres décadas. Los bancos mantienen un grueso margen de ganancia con rentabilidades de alrededor del 20 por ciento anual, muy por encima de los niveles en otros países.

De los cuatro que dominan la banca, dos son extranjeros, el Scotiabank, que es canadiense (que también tiene su AFP) y el BBVA, que es español. Ninguno creó el negocio acá, ambos tienen su origen en las privatizaciones de Fujimori. Los otros dos grandes bancos pertenecen a los más poderosos grupos económicos del Perú. El mayor de todos es del grupo Credicorp/Romero (también dueño de una AFP) y el grupo Intercorp/Rodríguez Pastor, también dueño del monopolio de las cadenas de farmacias y otros negocios. Ambos, por cierto, formalmente son propiedad de un holding establecido en un paraíso fiscal caribeño, donde ocultan información y ganancias. ¿Quiénes fueron los que más dinero subsidiado recibieron del Estado durante la pandemia con el programa Reactiva? Esos dos bancos, mientras a las cajas y a las cooperativas orientadas a las pymes se las ninguneaba. En muchas otras partes del mundo, desde China hasta Alemania, Japón y Brasil, por mencionar solo algunos países, hay fuertes bancos públicos de desarrollo y mecanismos de financiamiento para que haya crédito para pequeñas empresas y agro a tasas más asequibles, lo que genera presión competitiva en el sistema financiero. Acá el control de esta oligarquía financiera es total.

Esos grupos operan para fortalecer sus monopolios y aprovecharse del consumidor en diversos rubros. Acá un par de ejemplos. El grupo Romero es propietario de Alicorp, que domina el mercado de alimentos industrializados como aceites, galletas y otros. Luego de que Dionisio Romero le dio 3 millones 700 mil dólares en su mano a Keiko Fujimori, el fujimorismo se opuso con uñas y dientes a que se etiquetara sus productos altos en azúcar y sodio. Keiko misma incluso exigió la cabeza de una ministra de salud que aprobó el etiquetado de la comida chatarra. Felizmente, perdieron esa lucha. El grupo Intercorp era dueño de una cadena de farmacias que fue sancionada por coludirse ilegalmente con otras para subir los precios. Luego compró a todas las demás cadenas importantes, de tal manera que pueden poner los precios que les da la gana ya que nadie los controla. En su negocio de cines han hecho un fuerte lobby para prohibir que los consumidores llevemos nuestra propia canchita y bebidas, productos por los que cobran precios absolutamente abusivos. En la pandemia, como su negocio de cines estuvo medio paralizado, al mismo tiempo que dejaron a sus trabajadores sin pago obtuvieron dinero del Estado a bajísimo interés, a pesar de que su dueño, Carlos Rodríguez Pastor, es el hombre más rico del Perú.

En los discursos de sus ideólogos neoliberales, predomina el cuento de que el libre mercado funciona porque hay mucha competencia y que el Estado es la fuente de todos los males. En la realidad, mandan los lobbys mercantilistas que sacan leyes en favor de sus intereses particulares, tras las cuales se alinean la Confiep, que agrupa a los grandes empresarios, la ultraderecha reaccionaria y estos neoliberales. Es así como han logrado la ley pro-AFP y las exoneraciones tributarias de 20 mil millones de soles para los grandes agroexportadores. En ambos casos lo han hecho de la mano del fujimorismo, Renovación Popular y varios congresistas que hoy oportunistamente dicen oponerse a la ley pro-AFP cuando le dieron el pase. Esa misma coalición mafiosa ha sostenido las billonarias sobreganancias de las grandes mineras.

El cogollo de la oligarquía empresarial peruana ahora organiza un CADE ultraderechista, donde nos quieren vender nuevamente el discurso anti-Estado. Pero sus lobbies pro-AFP muestran que cuando se trata de los grandes monopolios, la ideología ultraliberal queda de lado y esas grandes billeteras son las que mandan.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 750 año 16, del 19/09/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2025/09/peru-las-afp-la-…garquia-reinante/