Perú: Los derechos humanos bajo ataque

Ronald Gamarra

"La ONU y sus agencias son torpedeadas cada día, como si no fuesen el fruto de la victoria contra el nazifascismo"

Los derechos humanos están bajo ataque. Una ola mundial reaccionaria pretende pisotear lo que en algún momento parecía una conquista irrenunciable de la democracia. Evidentemente esto tenía mucho de espejismo o ilusión. Lo avanzado laboriosamente en las décadas anteriores, sobre todo en el ámbito jurídico internacional y en las legislaciones de muchos países, no era todo lo que esperábamos, ni de lejos, pero era y es valioso en extremo. Los derechos humanos, que surgieron como una expresión esperanzada de un futuro a la medida de la dignidad del ser humano, y luego considerados como el corazón de la democracia, su razón de ser, ahora son estigmatizados, recortados y agredidos con impunidad.

Hemos sido testigos a nivel mundial de una masacre, un genocidio, perpetrado por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania. Las ciudades de la Franja de Gaza fueron arrasadas por completo, hasta sus cimientos. Los hospitales, las escuelas, las mezquitas, los servicios comunales: todo fue devastado. El 90 por ciento de las viviendas fueron destruidas minuciosamente. La población civil fue bombardeada directamente, causando más de 70 mil muertos. Si se trasladase esa proporción al Perú, hablaríamos de un millón de muertos solo por bombardeos. 64,000 niñas y niños han sido asesinados o han sufrido mutilaciones.

No se registraba desde la segunda guerra mundial una masacre de proporciones tan brutales como la cometida contra el pueblo palestino. Y para mayor escarnio, este genocidio lo perpetra el gobierno de un país como Israel, fundado para acoger a los sobrevivientes del genocidio nazi. Para ello cuentan con la colaboración directa del gobierno de Estados Unidos y el silencio cómplice de las principales potencias europeas. Le han tolerado a Israel todas las atrocidades que ha cometido, incluido el asesinato de cientos de médicos, trabajadores sociales y periodistas que prestaban servicio a la población civil en Gaza. Y le han dado a Israel las armas necesarias para llevar adelante estos crímenes.

Estados Unidos vuelve a imponer con Trump la política del avasallamiento, la imposición y la violación de derechos fundamentales. Este ha convertido en política pública de odio la persecución de los inmigrantes para deportarlos sumariamente. Las ciudades norteamericanas son patrulladas intensamente por una policía especial, el ICE, cuya tarea es cazarlos, para lo cual no dudan en incursionar en escuelas e iglesias, ni en separar familias. La ola de odio contra los migrantes es una de las principales banderas de la ultraderecha europea.

En el plano internacional, Trump administra el conflicto de Ucrania como un negocio privado. Le ha impuesto la entrega de sus recursos minerales como pago por el apoyo militar norteamericano, una ayuda que de la noche a la mañana dejó de ser gratuita. A su vez, la guerra de Rusia contra Ucrania cumplirá cuatro años el próximo febrero. Hasta el momento van 1,400 días de matanza y nadie sabe cuántos soldados y civiles han perdido la vida en la peor conflagración europea desde la segunda guerra mundial, pero nadie duda de que suman cientos de miles.

El hambre vuelve una vez más a este escenario de terror contemporáneo. La hay en Gaza. También en África. Trump dispuso el cierre repentino de los programas de ayuda internacional de su país a través de la AID, dejando desprovistas de lo esencial a millones de personas. La aporofobia es todo un discurso contemporáneo. La ultraderecha la promueve culpando a los pobres de su propia situación, como si la gente eligiera tal condición por comodidad, para “vivir del Estado”, dicen los defensores de un sistema que concentra cada vez más la riqueza en proporciones obscenas en las manos de unos cuantos oligarcas en comparsa con los políticos y los Estados.

Los casos citados son apenas algunos de los ejemplos más resaltantes de lo que está ocurriendo con los derechos humanos y quienes los defienden en el mundo. Hoy, el globo está controlado por tres hombres poderosos que no creen en los derechos humanos: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Pero de todos ellos, Trump lidera la superpotencia que se reclamaba como el custodio de los derechos humanos. Ya no más. Estados Unidos ahora está dedicado a socavar las instituciones internacionales que promueven la convivencia basada en el derecho internacional. La ONU y sus agencias son torpedeadas cada día, como si no fuesen el fruto de la victoria contra el nazifascismo.

En nuestro país, las cosas tienen la nota grotesca que le agrega la ultrarreacción local. Aquí se libra una campaña constante y persistente contra la misma idea de derechos humanos, que se califican como una mala palabra, que se siguen considerando como una cojudez, que se estigmatizan como pensamiento proterrorista: un lastre inventado por los caviares que puede lanzarse al tacho de la basura. Aquí está en marcha el mecanismo para repudiar los tratados más esenciales sobre derechos humanos, empezando por la Convención Americana de Derechos Humanos, y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se aprueba con argumentos de tinterillo una “amnistía” para cientos de crímenes que repugnan a la humanidad. Aquí no se acepta que los derechos humanos son el parteaguas entre la civilización y la barbarie, el mínimo irrenunciable de la dignidad humana. Aquí se desconoce y se viola, por simple ley, derechos fundamentales previstos en la Constitución.

El panorama es adverso, qué duda cabe. Al mismo tiempo, debemos constatar que nunca como hoy hubo tantas personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos en todos los países del mundo. Es posible y necesario resistir la ola reaccionaria. Recordemos que los avances se dieron, en el pasado, por el activismo insistente de grupos pequeños. Lo importante es reorganizarse y responder. Será costoso, no hay que dudarlo, si no veamos lo que ocurre en Gaza. Pero al final la vida tiene que dar la razón a quienes la defienden con convicción. Los defensores de derechos humanos tienen valores y principios éticos. Los reaccionarios solo intereses bastardos que traducen en discursos de odio. Es necesario desenmascararlos.

11-12-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 762 año 16, del 12/12/2025

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Perú: Primarias ridículas

Ronald Gamarra

"Las que hemos padecido aquí no han sido ni abiertas, ni simultáneas, ni obligatorias"

Se celebraron las elecciones primarias para designar a los candidatos de los partidos a todos los cargos públicos electivos que se definirán en las elecciones generales de abril del 2026: presidencia de la república, primera y segunda vicepresidencias, senadores nacionales, senadores departamentales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Según el anuncio oficial, los casi 40 partidos que compiten en este proceso habrían cumplido así con un requisito que, en teoría, debería estimular la democratización, la participación, la transparencia de los partidos y el sistema político del país.

En realidad, hay que decirlo, este proceso de las denominadas elecciones primarias ha sido una farsa descarada. De elecciones primarias, solo han tenido el nombre; esa es la dura verdad. Lo que se ha llevado a cabo con el nombre de “elecciones primarias” en este mes de noviembre no tiene absolutamente nada que ver con lo que se previó originalmente. La mayoría del pacto mafioso, que domina el actual Congreso, impuso cortes y supresiones fundamentales a lo previsto originalmente con la finalidad de preservar el poder de las cúpulas patrimonialistas y mafiosas que hacen de cada partido una chacra privada donde hacen lo que quieren.

Unas elecciones primarias llevadas a cabo como debería haber sido según el proyecto original pondrían en peligro el poder de los clanes que dominan los partidos políticos como si fueran negocios privados, que es lo que sucede desde hace tantos años en nuestro país. El patrimonialismo de algunos estrechos círculos ha sustituido por completo la vida política propia de los partidos para reemplazarla por el negocio. Todo se compra y se vende en los actuales partidos: las candidaturas, los puestos en las listas electorales, la posibilidad de cargos públicos o empleos en la administración del Estado.

Unas elecciones primarias auténticas habrían tenido tres características básicas, que han estado ausentes de modo absoluto en el proceso cumplido durante el mes de noviembre en nuestro medio: abiertas, simultáneas y obligatorias. De allí, el acrónimo con el cual se las suele denominar: PASO. Las que hemos padecido aquí no han sido ni abiertas, ni simultáneas, ni obligatorias. Apenas han sido una convalidación del patrimonialismo tradicional bajo un barniz formal. No tienen nada que ver con lo que realmente son unas elecciones primarias bajo el esquema de las PASO.

¿Qué significa que las elecciones primarias sean abiertas? Pues algo muy sencillo y a la vez importante: que en ellas participen, votando por los precandidatos, no solo los inscritos en el partido sino todo aquel ciudadano que sienta una afinidad o preferencia por esa agrupación. Esto permite airear radicalmente las capillas cerradas de las organizaciones partidarias, reconociendo a toda la ciudadanía el derecho a intervenir desde el momento mismo de la designación de los candidatos y pone una barrera a la compra-venta de las candidaturas y los lugares en las listas electorales.

¿Qué significa que las elecciones primarias sean simultáneas? No otra cosa que las primarias de todos los partidos se celebran el mismo día, de manera que la ciudadanía se moviliza para definir las candidaturas que irán a las elecciones generales y automáticamente quedarán desechadas las precandidaturas vencidas. Es un modo absolutamente democrático de definir lo que la ciudadanía juzga mejor para la competencia definitiva, desechando lo que no le parece aparente o atractivo. Además, las PASO deberían ser obligatorias para asegurar la más amplia participación ciudadana en el proceso.

Las elecciones primarias, bajo el esquema de las PASO, también deberían servir para cernir los partidos que vale la pena que vayan a las elecciones generales. Por eso, en las PASO se establece una valla mínima de votos, que podría ser igual a la establecida para las elecciones generales. Los partidos que no la pasen quedarían fuera del juego. Si tal norma se hubiese aplicado aquí, nos habría permitido rebajar fuertemente el excesivo número de partidos que participarán en las elecciones de abril, en lugar de hacer una vez más el ridículo, como ocurrirá con casi 40 partidos compitiendo el próximo año.

Nada de esto ha habido en estas primarias chicha, determinadas así por los intereses del pacto mafioso del Congreso. Casi todos los partidos, con excepción de dos, han hecho la finta de elegir unas decenas de delegados, los cuales designarán a los candidatos en un proceso dominado de principio a fin por cada cúpula, con candidaturas únicas en la gran mayoría de los casos, encabezadas o autorizadas por el dueño del partido. Estas primarias han sido absolutamente inútiles y no cambian nada a favor de la democracia.

Ejemplo claro de todo esto son las elecciones primarias del partido fujimorista, donde se ha designado a unos cuantos delegados que, a su vez, “elegirán” las candidaturas del partido, pero ¡oh, sorpresa!, solo hay una candidata: Keiko Fujimori, por cuarta vez postulando a la presidencia de la república. Qué clase de elección primaria democrática es esa, con todo digitado cuidadosamente para votar por una candidata única y sus dos serviles escuderos. Unas primarias que no admiten voto universal, ni siquiera de los militantes, sino el voto de unos delegados que no tienen sino una sola y única alternativa.

El partido de Porky es una de las dos excepciones, aunque no tanto. Tuvieron que ir a una votación de los militantes, aunque no era ni de lejos su intención. Pero se olvidaron de hacer el trámite necesario para eludir la votación de los militantes y elegir mediante delegados, tal como querían, de modo que la ONPE exigió cumplir. Entonces, fueron a votación de los militantes, pero con lista única, la de Porky presidente y nadie más. ¿Tiene algo de democrático un proceso así, hecho para ratificar al dueño del partido? Lo más grave es que el aspirante a presidente ni siquiera obtuvo 10 mil votos, un respaldo escuálido comparado con todo el dinero que Porky está gastando desde hace meses en la campaña.

La única excepción auténtica en este proceso ha sido el partido aprista. Debido al ambiente de guerra civil tribalizada que vive el PAP desde hace varios años, las elecciones primarias con votación universal de los militantes aparecían como una solución antes que la ruptura. Pero aún allí, la participación apenas superó la tercera parte del padrón de inscritos, algo más de 16 mil votos, cifra realmente pequeña. Eso sí, el resultado trajo sorpresas desagradables a la vieja guardia del partido, dividida en tres listas, que perdió la candidatura presidencial ante un novato desconocido fuera del partido, que obtuvo la nominación con apenas algo más de 3,700 votos. Es decir, nada.

04-12-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 761 año 16, del 05/12/2025

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Perú: El derecho a manifestar amenazado

Ronald Gamarra

"Necesitan impedir que el pueblo levante la voz y tome las calles"

Sufrimos un proceso de creciente y radical limitación de las libertades, sobre todo las de expresión y de reunión. Este Congreso y los gobiernos de Boluarte y el actual de Jerí se han propuesto cercenar los derechos ciudadanos por razones de pura y mezquina conveniencia, para que la gente no pueda expresar su rechazo y oposición a las políticas procrimen que están implementando para favorecerse, protegerse y, de paso, enriquecerse. La democracia está entrando en agonía para dejar paso a un sistema de control autoritario del poder por parte de una coalición de intereses concertada por Fujimori, Acuña y Porky, con la mayordomía de los Cerrón.

Lo que más les molesta son las manifestaciones públicas y masivas de protesta. El pasado viernes 14, ante la anunciada marcha de la juventud, el régimen tomó medidas de intimidación drásticas. Primero, apareció Rospigliosi malencarado, con un general y un coronel de la policía a cada lado, para dirigir un “mensaje a la nación” lleno de amenazas de represión contra la muchachada. Y el mismo día del desplazamiento, mucho antes de que esta diera inicio, se desplegó un fuerte contingente de soldados armados con fusiles, y policías, alrededor de la Universidad de San Marcos, y nada menos que el mismo general jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas se hizo presente para pasar revista a su tropa en la puerta de la primera casa de estudios del país.

El general tal vez no se percató de que con tanta exhibición y aparato bélico estaba pasando ya la línea del ridículo. Pero no estaba de broma y dejó muy claro su objetivo de cumplir con la orden de amenazar e intimidar a los estudiantes, a quienes el régimen no se cansa de calificar de violentistas y extremistas sin mostrar ninguna prueba. Lo que también quedó patente fue la disposición de las fuerzas de seguridad a abusar, como sucedió con un estudiante que fue detenido sin motivo en la puerta de la universidad, horas antes de que empezara la manifestación. Rospigliosi había “denunciado” la inminencia de una asonada, pero lo desmintió la propia marcha juvenil y popular, que fue pacífica, sin dejar de ser enérgica.

El alcalde de Lima hizo su propia contribución a la limitación del derecho ciudadano a la libre expresión y protesta pública al anunciar la declaración de la céntrica plaza San Martín como espacio público intangible, en el cual quedaría prohibido terminantemente celebrar manifestaciones. Con ello, de aquí en adelante las marchas quedarán relegadas fuera del centro de la capital. Podemos estar seguros de que no ocurrirá lo mismo con los actos públicos propicios al régimen, pues la disposición sólo se aplicará, en la práctica, a los adversarios políticos.

Todos se preguntan, por cierto, desde hace buen tiempo, de dónde aparecen tantos miles de policías, y hasta soldados armados hasta los dientes, cuando se trata de una manifestación popular de protesta o reclamo, porque cuando la gente necesita policías para que resguarden la seguridad de sus barrios y personas ante las amenazas, extorsiones, atentados y asesinatos de la criminalidad organizada, nunca se les encuentra, ni actúan de manera efectiva. Al contrario, ya todos han perdido la cuenta de las veces en que aparecen efectivos de la policía jugando a ambos lados de la ley, según les convenga, y con frecuencia implicados en las propias organizaciones criminales al más alto nivel. No hay policías para proteger a los choferes extorsionados, pero cuando estos protestan y manifiestan, entonces aparecen a montones para reprimirlos y tomarlos detenidos.

En resumen: contra la delincuencia, ninguna acción que la gente pueda percibir como mínimamente efectiva, debidamente orientada por una estrategia, bajo una política de gobierno apropiadamente concebida y fundamentada. Pero cuando la gente, cansada de tanta pasividad y corrupción de la policía y los políticos que manipulan el Congreso, se autoconvoca para salir a las calles a manifestar exigiendo que las autoridades cumplan con sus responsabilidades y el Congreso derogue las leyes procrimen aprobadas en los dos últimos años, entonces ahí sí se aparecen por miles y miles, armados y equipados como para una batalla campal.

Porque, en efecto, preparan planes de batalla urbana para enfrentar las protestas. Cómo se explica entonces que cierren con barreras metálicas las calles que dan a una arteria principal como es la avenida Abancay, por donde transita la marcha, y que en el momento en que ella está repleta de gente y llegando a la altura del Congreso, suelten masivamente gases lacrimógenos. Suerte que no haya ocurrido hasta ahora una tragedia por el pánico que causa el gaseo masivo de una manifestación y el cierre de las calles por donde los defensores de la democracia podrían salir. Parece la preparación detallada de una emboscada, de una celada, como en la guerra. Una guerra contra la ciudadanía.

Y para esas batallas urbanas se preparan con equipo a discreción. Tienen siempre el arsenal bien premunido. De hecho, el Ministerio del Interior gasta mucho más en implementos para reprimir manifestaciones ciudadanas que en equipar a la policía para combatir el crimen. Lo puede comprobar cualquiera; basta con una consulta rápida a la ley del presupuesto nacional. Puede faltar de todo en la policía, pero nunca la panoplia rompemanifestaciones. Y lo que el cerebro no les da para combatir a los criminales, a los delincuentes comunes, pues lo aplican para trazar sus plancitos de batalla contra los manifestantes, como pequeños e inútiles napoleones.

El régimen alista más medidas para matar el derecho a manifestar. Saben muy bien que no les basta con copar las instituciones. Necesitan impedir que el pueblo levante la voz y tome las calles. En el Congreso ya han anunciado iniciativas legales para sancionar con penas desproporcionadas, draconianas, de 10 años de privación de la libertad, a los manifestantes que se cubran el rostro o usen cascos.

27-11-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 760 año 16, del 28/11/2025

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Perú: ¡Que el Jurado Electoral Especial castigue al fujimorismo!

Ronald Gamarra

"Que ahora no nos vengan con cuentos"

Un caso sencillo expone, por enésima vez, el canallesco modo de operar del fujimorismo. El 30 de octubre se descubrió casualmente a un camarógrafo que grababa con una cámara del Congreso un raleado mitin de la chica K en Huanchaco, organizado para lanzar la cuarta candidatura presidencial de la eterna perdedora. El hecho ha sido descrito como una violación del principio de neutralidad electoral, al ponerse personal y equipo del Estado al servicio de la campaña electoral de un partido. El asunto está bajo investigación del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo.

Sorprendidos en plena faena, los fujimoristas procedieron a un inmediato control de daños. El presidente encargado del Congreso emitió un comunicado anunciando que el trabajador responsable, a quien no se mencionaba por su nombre, había presentado su renuncia y ya no afanaba más en el antro ese. Así pretendían dar por cerrado el caso. Dirigentes naranjas enfatizaron la responsabilidad exclusivamente personal del servidor, exonerando a su partido.

El asunto no es así. Los hechos demuestran que el compromiso de la organización de Keiko es algo evidente. El camarógrafo es simplemente el punto más débil de la cuerda, el sacrificio que es necesario hacer para mantener todo el poder de decidir y hacer lo que les da la gana con los bienes públicos que están a su disposición. Porque eso ha sido y sigue siendo el fujimorismo: una telaraña que cubre y se apodera del Estado para servirse y beneficiarse de él. Lo demostraron en el gobierno del viejo Alberto, lo vuelven a hacer hoy, cuando encabezan el cogobierno del pacto mafioso.

Repasemos con algún detalle la línea jerárquica que va desde el camarógrafo hasta el propio presidente encargado del Congreso. Veremos que no hay la menor posibilidad de que ningún trabajador de este sector se tome atribuciones por la libre, peor aún llevarse un aparato costoso como es una videocámara, sin que sus jefes lo sepan, es decir, sin que sus patrones lo ordenen. Estamos convencidos de que este es precisamente el caso: un camarógrafo que va a cubrir un evento del partido por disposición de sus superiores, pues el partido fujimorista se siente con todo el derecho de disponer, usar y abusar de los bienes del Estado.

Daniel Luza Amésquita. Se trata del camarógrafo que fue sorprendido con la cámara del Congreso en el mitin de Keiko en Huanchaco. Es un probado militante fujimorista. Los periodistas han logrado identificar un caso en el cual aparece como aportante de una suma de dinero en la campaña electoral de 2023. Cuando fue descubierto con la videocámara en la mano, se desempeñaba como trabajador de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso.

Wilfredo Ponce de León es el superior inmediato de Daniel Luza, en su calidad de jefe del área de atención ciudadana, una de las dos áreas de la Oficina de Participación Ciudadana. Es un militante fujimorista hasta los tuétanos. Trabaja en el Congreso desde 1995; sin embargo, su carrera sufrió un corte abrupto hacia el año 2018, cuando se descubrió que estaba involucrado en la búsqueda de testigos o falsos aportantes del caso por el cual se investigaba entonces a Keiko Fujimori. Esto generó un escándalo que le costó el puesto de jefe de la Oficina Legal y Constitucional y su despido del Congreso. Regresó tiempo después y desde julio de 2023 está al frente de su actual jefatura.

Edwin Lévano Gamarra es el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Antes, fue procurador público del Congreso, nombrado en 2016 por el Ministerio de Justicia a propuesta de Luz Salgado, entonces poderosa presidenta del Congreso con mayoría absoluta fujimorista. Se trata de un fujimorista de larga data y experiencia. Está registrado que al menos entre los años 2013 y 2016 aportó más de 7 mil soles al partido, considerando solo lo que figura en la ONPE. Su nombramiento como procurador fue ampliamente cuestionado precisamente por favorecer a un aportante de campaña. Fue personero legal de Fuerza Popular en procesos electorales como el de las elecciones municipales y regionales del 2014. También fue asesor principal del entonces congresista fujimorista Julio Rosas.

Jaime Abensur Pinasco, encargado de la Oficialía Mayor del Congreso durante la ausencia vacacional del titular Giovanni Forno, fue candidato fujimorista al Congreso en las elecciones de 2021. Su cargo actual es el de Director General Parlamentario. Hace un tiempo fue denunciado por plagio. Había publicado un artículo en el cual copiaba 27 párrafos de diferentes autores. El texto se publicó en el blog Cuarto Intermedio, a cargo de Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso. El caso dio lugar a una investigación del Ministerio Público.

Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso, es el funcionario favorito del fujimorismo, que les ha servido en numerosos enredos y les ha ayudado a sortearlos. Uno de los casos más recordados es el de la red de prostitución que se había tejido en el Congreso, puesta al descubierto con el asesinato de Andrea Vidal, que figuraba como trabajadora del Congreso. Forno fue quien, en su calidad de Oficial Mayor, nombró en el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional, donde supuestamente laboraba la occisa, a Jorge Torres Saravia, a quien se sindicó como líder de la supuesta organización. Cuando se le pidieron explicaciones, Forno dijo no recordar quién le había recomendado a Torres Saravia, a pesar de que este declaró que fue Forno quien lo llamó para ofrecerle el puesto.

Fernando Rospigliosi, actual vicepresidente del Congreso, está encargado de la presidencia de la mesa directiva desde el 10 de octubre de este año. La Oficina de Participación Ciudadana está adscrita a la presidencia del Congreso. Rospigliosi es militante fujimorista furibundo, provocador y ambicioso. Todos saben de quién se trata. No hace falta decir más.

Que ahora no nos vengan con cuentos. La cadena jerárquica demuestra ser cien por ciento fujimorista. Una línea de mando y orden, donde todo está hecho para el control. Una línea en la cual se ve cómo se premia con trabajos privilegiados en el Congreso a los militantes del partido fujimorista. Esa historia de que Luza se escapó con la cámara del Congreso, en víspera de feriado, no precisamente para grabar una fiesta con sus amigotes, sino, qué casualidad, el mitin de lanzamiento de la candidatura presidencial de la jefa de todos ellos, no la cree nadie. Él actuó cumpliendo órdenes, pero fue sorprendido y denunciado. Tal es la única explicación razonable. El Jurado Electoral Especial debe sancionar y dar paso a la investigación penal que corresponde.

13-11-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 758 año 16, del 14/11/2025

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Perú: Máscara grotesca

Ronald Gamarra

"El muchachón juerguero quiere hacernos creer que ahora es el sheriff del pueblo"

La imagen es un aspecto fundamental en la política, aunque no el único, ni el esencial. Los que por allí deambulan deben cultivar una figura positiva de sí mismos, y hay quienes son verdaderos artistas en la construcción de su retrato. De hecho, la mayoría desarrolla una versión que es muy diferente y, con gran frecuencia, hasta el polo opuesto de lo que son en realidad, esa verdad que solo ven sin ambages sus más allegados, los incondicionales que les administran y les guardan religiosamente los secretos… hasta el día en que reciben un mal golpe de su propio amo envanecido y entonces cantan sus miserias, o las filtran.

No pocos políticos están convencidos de que la imagen es una cuestión de diseño, impostación y difusión. Por lo general, ellos mismos imaginan e improvisan sus personajes, cometiendo en el camino muchos errores y cayendo en clamorosas contradicciones. A veces, si tienen los medios, buscan asesoría especializada. Los resultados, en nuestro medio, suelen ser deleznables. La gente no se traga el cuento tan fácilmente: la farsa es fácilmente descubierta y se convierte en pasto del humor y el desprecio popular. Pocas imágenes sobreviven a las pruebas más elementales de la política local.

Los políticos echan mano a recursos ya demasiado manoseados y la gente los conoce bien. Sin embargo, lo paradójico es que ciertos gestos, como repartir abrazos, dar apretones de manos multitudinarios, cargar y acariciar niños paternalmente, siguen surtiendo efecto. Pareciera que el problema no es el gesto mismo, por usado y conocido que sea, sino la convicción aparente con que se ejecute. Pero esto es muy elemental y no sirve para marcar la diferencia en la construcción de la imagen.

Lo ideal en la construcción de una imagen sería que ella contenga trozos importantes de lo que realmente es el político. De lo contrario, la verdadera personalidad empezará a aparecer al menor descuido o ante cualquier desafío, sea ocasional o mayor. La imagen debería ser consistente con la personalidad que pretende reflejar, pero sabemos muy bien que no es el caso. Los políticos peruanos usan máscaras cada vez más grotescas.

En estos días estamos asistiendo a una operación mayor de construcción de imagen, con maquillaje a fondo y una colección de disfraces que no para de crecer. Vale la pena seguirla con atención, pues pocas veces se tiene la oportunidad de observar en tiempo real cómo se improvisa y se crea la figura de un político que es una impostura total, cómo se perfila una imagen vendedora a partir de un producto sin valor. Un caso en el cual los constructores parten literalmente de cero.

Es el caso de José Jerí. ¿Quién era este señor hasta el día en que, por azar de la política, le tocó sustituir a la Boluarte? Un patita con una carrera gris, de poca monta, arribista y solícito con sus jefes. Un frívolo, a punto de estrenarse como cuarentón, muy interesado en la pornografía, seguidor de innumerables cuentas calientes en las redes y muy aficionado al comentario machista, sexista y arrecho. Un político como los que abundan en este Congreso.

Un político con suerte extraordinaria, eso sí, que llegó al Congreso con muy pocos votos porque descalificaron a otro, nada menos que Martín Vizcarra, lo que hizo posible su ingreso como accesitario; que alcanzó la presidencia del Congreso porque su mentora lo puso allí como cuota del pacto mafioso que monopoliza la mesa directiva; y que finalmente asumió la presidencia interina de la república porque le tocó el huachito milagroso de la vacancia de Dina apenas cuatro meses antes de las elecciones generales. ¿Méritos propios? Ninguno, salvo la ambición de ceñirse la banda presidencial cuando llegó la ocasión.

¿Qué nos quieren vender ahora a partir de este personaje más bien propio de la picaresca más gris y sin gracia de nuestro país? Pues las semanas transcurridas desde que juró la presidencia han sido un ejercicio intenso y bastante caótico de personajes impostados, de disfraces ensayados con mayor o menor fortuna, que el flamante presidente Jerí cambia como de camiseta sudorosa. Jerí parece una colección de personajes en busca de autor o, más precisamente, de actor, y vaya que se esfuerza en ello, por lo menos hasta el momento. Jerí parece convencido de que lo que no tiene de trayectoria lo puede suplir con imágenes improvisadas.

Así, en estos días se esfuerza por imitar a Bukele en la ropa, los gestos y la actitud del que todo lo dirige y lo controla en la lucha contra el crimen. El muchachón juerguero quiere hacernos creer que ahora es el sheriff del pueblo sin ley ni orden, dispuesto a desenfundar el revólver contra los bandidos. Y también lo hemos visto varias veces lucirse, como su modelo original salvadoreño, ante decenas de presos arrodillados y cabizbajos, que por cierto ya estaban allí antes de que fuera presidente. Bukele es su personaje central, con destellos de Rambo.

Pero aparte de copista de Bukele, Jerí, el juerguista, también se nos ha presentado como hombre religioso, cargando las andas del Señor de los Milagros y vistiendo el hábito morado de penitente, él solito, para resaltar entre sus ministros. No solo eso. Jerí también nos quiere convencer de su amor súbito por los animalitos abandonados, al punto de que los recoge de su abandono en las calles y se los lleva a criarlos en Palacio de Gobierno. Que todo esto suceda ante las cámaras de la televisión y la prensa solo es casualidad, por supuesto.

Como Jerí, el político juerguista y picarón, tiene que ponerse a tono con su investidura, el primer disfraz era el de un ciudadano irreprochable, para lo cual borró cientos de contactos calientes y cuentas porno de las que era entusiasta suscriptor. Y mantiene su presencia en redes, desde su cuenta personal, definiéndose como “presidente de la república y abogado animalista”. Quiere ser el hombre común que asume una responsabilidad grande.

Aparte de todo esto, ¿hay algo de fondo? Por ejemplo, ¿derogar las leyes procrimen de este Congreso, por las cuales él votó? No se oye, padre. Todo es imagen, humo de pajas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 756 año 16, del 31/10/2025

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Perú: Policía antidemocrática

Ronald Gamarra

"Trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger"

Conversando con efectivos policiales de buena fe y con años en la institución, que los hay, veo que la mayoría tiene una visión equivocada del rol que le corresponde a la Policía Nacional en una democracia. No se ven como garantes de un orden ciudadano, sino como una fuerza al servicio del poder, a secas. No consideran ni reconocen a los ciudadanos como los depositarios de la soberanía del Estado democrático, sino como inminentes vándalos que hay que controlar, gasear y apalear. Teóricamente admiten la autoridad civil, pero reniegan de todo intento de desmilitarizar su institución. No se asumen como pueblo uniformado. La policía, como muchas otras organizaciones de nuestra frágil democracia, no tiene una mentalidad precisamente democrática.

La policía, en principio, tiene la misión de mantener el orden público en un país civilizado. La democracia supone, por un lado, Estado de derecho, institucionalidad, imperio de la ley. Por otro lado, es el ejercicio pleno de derechos y libertades por parte de los ciudadanos. Ambos aspectos son indispensables. No se concibe una democracia sin libertades ni Estado de derecho. La policía de un Estado democrático es, en consecuencia, un cuerpo que debería garantizar el funcionamiento de la organización pública y el libre ejercicio de las libertades ciudadanas. Por desgracia, entre nosotros hace mucho tiempo que ejerce un rol contrario a la democracia.

Por eso sucede que cuando se anuncia y se convoca a una manifestación ciudadana, sobre todo si es de protesta contra el gobierno, la policía inmediatamente se organiza como si fuera una guardia pretoriana al servicio del mandón de turno, y cual pequeños napoleones, trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger: elaboran planes de operaciones (con cadenas de mando y comando, y tareas generales y específicas para cada uno), se arman hasta los dientes (armas y municiones siempre letales) y movilizan numerosos contingentes (fuerzas especiales y regulares) e infiltran personas (ternas) entre los ciudadanos que marchan, como si estuvieran en vísperas de enfrentar un gran conflicto. Una ofensiva contra los ciudadanos de su propio país, contra los hijos del propio pueblo al cual pertenecen y del cual provienen.

¿Quiénes alientan esta conducta violenta y represiva, esta actitud antidemocrática, de la policía? Muy sencillo. Son los políticos que padecemos. Esos canallas son los principales interesados en tener una policía poco o nada respetuosa de las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas. Y es que sucede que nuestra democracia no es tan democrática y los políticos que la gobiernan son esencialmente autoritarios y corruptos. Ellos necesitan de una policía igualmente arbitraria y venal, una que los defienda y los encubra a cambio de tolerar sus desbordes y compartir los negociados. La policía incompetente, envilecida y antidemocrática de nuestro tiempo es el correlato necesario de la fujiderecha enviciada e inepta.

Entonces, ante las manifestaciones, vienen las campañas previas de desinformación con el propósito de abortarlas. El recurso manido es difundir bulos sobre la inminente violencia que “sectores extremistas” planean para el día de la convocatoria ciudadana. Es el inicio de una operación específica de terruqueo, que se prolongará más allá del día de la marcha, con la finalidad de tener patente de corso para emboscar y reprimir a los manifestantes a su regalado gusto, con la impunidad que siempre reclaman. Como se ha dicho certeramente, el terruqueo es el arma para poder negar la humanidad del opositor y facilitar su liquidación moral o física.

Les importa un comino falsear groseramente la historia y la realidad. El terrorismo fue felizmente derrotado hace más de 25 años, pero la derecha ha decidido incriminar como violencia y sabotaje toda opinión, acción, disidencia o crítica al orden de cosas injusto impuesto por una clase política delincuencial. Han llegado al extremo de descalificar como terrorismo cualquier tendencia de izquierda, de centro izquierda o de derecha liberal. Para ellos, solo cabe en política la ideología ultraconservadora, el extremismo enajenado al estilo de Milei. Quien disienta de ellos, incluso poniéndose en una posición de derecha razonable, merece ser marcado como terruco.

Esto ha calado en la policía más allá de lo que uno puede suponer. Hace unos días, cuando Jerí decidió salir de Palacio a cargar por diez metros las andas del Señor de los Milagros, en uno de los varios disfraces que ha ensayado en tiempo récord para congraciarse con la gente y echar una cortina de humo sobre sus denuncias de violación y corrupción, se vio a un policía decir a un grupo de ciudadanos, a quienes impedían llegar a la procesión, que lo hacían por la seguridad del presidente y porque “estaban por llegar las feministas, que no respetan ni religión ni nada”. Para este pobre policía, las mujeres que reclaman sus derechos son el terror o el demonio encarnado.

Qué se puede esperar, pues, de la policía, si el fujimorista que actualmente preside el antro ubicado al frente de la plaza Bolívar difama públicamente la memoria de Eduardo Ruiz, la víctima mortal de la represión policial del 15 de octubre y lo trata de terruco una y otra vez. El presidente del Congreso se permitió alardear de este acto de público terruqueo al mismo tiempo que presentaba un proyecto de ley para que, literalmente, la policía pueda matar impunemente, sin ser pasible de medida alguna. No hay ejemplo más claro de un político tránsfuga, inepto y prepotente que protege mediante la ley la impunidad de una policía corrupta y autoritaria.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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Perú: Hombres de paja

Ronald Gamarra

¿Tanto desprecia la fujiderecha al Perú y a los peruanos que no duda en endilgarles el gobierno a dos tipos con estas características personales turbadoras, por decir lo menos?

Ningún gobierno peruano ha conquistado así de rápido un desprestigio universal tan merecido como el de Jerí. Nombrado presidente en la madrugada del 10 de octubre, con barro y paja, a medianoche, como para que nadie se entere, ya en el curso de ese mismo día la denuncia de violación sexual vertida en su momento sobre él, así como su nada oculta adicción al porno y al lenguaje lascivo y sexista, daba la vuelta al mundo, literalmente. Bastaron menos de 24 horas para convertirlo en una celebridad global para desgracia de la imagen internacional del Perú, tan mellada por la fujiderecha antiderechos humanos y los 49 muertos de su títere Dina Boluarte.

Swissinfo, prestigiosa agencia suiza fundada en 1935, emitió un despacho en el cual destacaba burlonamente que las redes peruanas se poblaron de notas “donde lo apodaban como Pa-Jerí, e imágenes y emoticonos de violines, en referencia a la denuncia por violación que enfrentó a inicios de este año”. Lo mismo ocurrió con un despacho de la agencia EFE. Por su parte, la BBC calificó a Jerí de figura controvertida, que “no ayudará a calmar el panorama”, precisando que enfrenta señalamientos varios por corrupción y presunto abuso sexual. Una amplia selección de sus tuits rijosos acompañaba cada despacho. El gobierno transitorio nace muerto, destruido, en cuanto a su imagen dentro y fuera del país.

El nombramiento de un presidente del consejo de ministros con una afición compartida por las páginas de jovencitas en cueros no hará sino incrementar la imagen ya “controvertida” del gobierno. Nótese que no se trata de dos chiquillos en trance de descubrir la sexualidad con la curiosidad irrefrenable propia de la edad, sino de dos adultos más que maduros, un par de manganzones, metidos en una web como Instagram, persiguiendo decenas y decenas de páginas de jovencitas destapadas. Jerí ya es virtual cuarentón y su premier Álvarez se va hacia los 70. Es ridículo que estén merodeando por una web donde abundan adolescentes y mozas.

No soy moralista, tampoco misionero, ni mucho menos predicador. Simplemente observo, como todo el mundo, un comportamiento deleznable, impropio de dos señorones que pretenden gobernar un país donde el abuso a la mujer y a niñas y adolescentes es una pandemia en permanente crecimiento. ¿Tanto desprecia la fujiderecha al Perú y a los peruanos que no duda en endilgarles el gobierno a dos tipos con estas características personales turbadoras, por decir lo menos? ¿De verdad no tienen otros representantes? ¿Tan pobre es su semillero político que ya sólo pueden imponernos en el gobierno a un par de pornotrolls en reemplazo de una servil incompetente?

La dignidad tampoco figura en el vocabulario del flamante presidente del consejo de ministros. El mismo día en que le hicieron la propuesta para el alto cargo, Álvarez había publicado un artículo en “Expreso”, en el cual lamentaba la vacancia de Dina Boluarte como una “suma de errores, venganzas e intereses ideológicos”. No le había gustado nada la caída de la mujer de los Rolex. Pero qué rápido cambió de opinión apenas le ofrecieron el empleo. Se nota que es un tipo de reflejos inmediatos cuando se trata de su propia y muy personal mejoría. La miel del poder y sus privilegios lo estimularon para dejarse de opiniones “controversiales”, compartidas con lo más rancio de la ultraderecha local.

Álvarez proviene de lo más reaccionario de la política local. Es un caserito de los infames programas de Willax. Es un terruqueador profesional, que incrimina toda protesta popular como asonada subversiva y promueve en consecuencia la represión de las libertades ciudadanas. Detesta a la generación Z, a la que califica de banda y heredera del MRTA. Aparte de eso, es todo un exponente de la discriminación racial, sexual, clasista y otros tipos de odio. En un artículo publicado el 21 de enero, en “Expreso”, con el título abiertamente provocador de “Maricones y beatos”, Álvarez se dolía y se lamentaba porque, escribía él, han desaparecido los programas cómicos, “pues hoy es inadmisible cualquier burla al viejo, al homosexual, al negro, al serrano, al tonto, al gordo. Así, fueron prohibidos personajes como la Paisana Jacinta y marcas inocuas como la mazamorra La Negrita. Los ciudadanos, en general, aprendimos a callar nuestras opiniones por miedo al bullying de los radicales”.

Así pues, este señorón se queja de que la “libertad” de insultar, ridiculizar, injuriar, ofender o hacer escarnio de las personas integrantes de colectivos sociales minoritarios o vulnerables se haya vuelto cada vez más estrecha por culpa de los “radicales”. Aparte de que miente descaradamente, porque nunca se ha formulado una prohibición legal contra programas o marcas en nuestro medio, Álvarez no puede, ni quiere, comprender que, poco a poco, la opinión pública ha ido cambiando en nuestro medio, especialmente entre las nuevas generaciones, mientras él se atrinchera en la mentalidad tradicional discriminadora. El tipo reniega porque ya no puede cholear con la “libertad” de antes. Es incapaz de reconocer y darles la bienvenida a la igualdad y al respeto.

¿Hará algo esta administración de pornotroles para contrarrestar la ola de criminalidad? Hay que dudarlo. Está demostrado que el problema no interesa a la coalición mafiosa que los ha ungido de primeros espantajos de la república. Servirán seguramente para el proyecto de intrusión en el poder judicial y de disciplinamiento de los jueces que defienden sus fueros y competencias, así como para el plan de manipular las elecciones generales de 2026 y garantizar la continuidad del pus en el poder. No se ve que tengan otra utilidad. Llegado el caso, incluso, la costra que padecemos podría desecharlos y sustituirlos por otros hombres de paja, por otros peleles. No cabe esperar nada bueno de este gobierno de transición. Debemos persistir en luchar por la restitución de la democracia. Tarde o temprano lo conseguiremos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 754 año 16, del 17/10/2025

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Perú: Una nueva generación

Ronald Gamarra

"Hay una gran reserva moral que no han avasallado y está despertando"

El sábado y domingo pasados fueron jornadas resonantes en Lima y varias ciudades del país: masivas manifestaciones ciudadanas hicieron sentir su voz públicamente, en calles y plazas, después de un largo, muy largo, período de silencio. La gente nuevamente toma las arterias para ejercer sus derechos democráticos a la reunión, a la libre expresión, a la protesta, y lo hace con decisión e ímpetu que no pocos ya creían desgastados. La gente vuelve a moverse en el sentido de la historia, reiniciando el largo camino que se nos ha impuesto recorrer para enfrentar al pacto mafioso que se ha adueñado del poder.

Las marchas del pasado fin de semana tuvieron un carácter marcadamente juvenil desde el momento mismo de su convocatoria. Los manifestantes eran adolescentes y adultos jóvenes, menores de 30 años; en resumen, una nueva generación ciudadana, que muchos denominan la generación Z, que creció desde siempre en la era digital. Ellos mismos se convocaron a través de las redes sociales de internet y a partir de ciertos reclamos puntuales fueron escalando su reivindicación hasta el nivel de la protesta contra el régimen político encabezado por Boluarte y el pacto mafioso del Congreso.

La protesta juvenil no debe sorprender. Sabemos que el rechazo y desprecio hacia Boluarte y la mayoría parlamentaria es abrumador. Según todas las encuestas, supera largamente el 90% en todos los sectores etarios y sociales desde hace más de un año. Hay que subrayar, sin embargo, según esos mismos sondeos, que la censura hacia el gobierno y el actual Congreso llega casi al 100% entre los más jóvenes. La clase política gobernante solamente les suscita una incontenible náusea de asco y desprecio. Y cómo podría ser de otro modo si cada día se esfuerzan por merecerlo con ministros prontuariados y congresistas mochasueldos.

Los jóvenes de hoy solo han visto el caos y la política delincuencial tiranizar al país desde que Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota ante Kuczynski hace ya nueve años. Ellos no conocieron la dictadura fujimorista, pero saben bien qué mafia desfachatada es el neofujimorismo. De allí el rechazo visceral que Keiko despierta en ellos, mucho mayor que la resistencia que concita en la población en general. En esto, los jóvenes no se equivocan. De ningún modo votarán por Keiko en las próximas elecciones. Eso está quedando muy claro para cualquier observador, hasta para el más miope.

Los chicos y las chicas, sin embargo, todavía no ven clara la perspectiva a seguir. O tal vez sería mejor decir que tienen planos que varían mucho, según la circunstancia que le toca vivir a cada uno, o tienen una gran confusión, reflejo de la atomización de una realidad política disgregada entre 40 partidos inscritos para las próximas elecciones generales, entre los cuales resulta muy difícil distinguir hasta para el más informado. Unidos hoy contra un régimen corrupto, el rechazo juvenil puede a corto plazo diluirse entre una variedad de ofertas políticas más o menos demagógicas, o proyectarse como la avanzada de una protesta ciudadana vigorosa.

Porque los adultos maduros y los adultos mayores no debemos ser indiferentes ante la iniciativa de los jóvenes que han salido a las calles. Al contrario, ella nos compromete más que nunca a hacer lo que nos corresponde como generaciones más experimentadas, que hemos visto victorias y fracasos sucesivos, sin llegar a arañar siquiera en el ciclo de nuestras vidas la promesa de una república auténticamente democrática, basada en instituciones legítimas y eficaces, y una ciudadanía empoderada, consciente y libre. Aspiración que no puede quedar como un espejismo o una ilusión perseguida durante los dos siglos transcurridos desde la independencia.

El régimen corrupto estaba convencido de que la gente había quedado adormecida o escarmentada después de la brutal represión de diciembre 2022 y los primeros meses de 2023. Hace apenas unos días, Dina Boluarte se jactaba públicamente de que la gente ya no marchaba, ni tenía motivo para hacerlo. Quería poner en negro sobre blanco que su régimen tenía muy bien controlada la situación política. Las manifestaciones juveniles que acabamos de ver son una contundente bofetada a su jactancia y sus pretensiones. Definitivamente, el régimen del pacto mafioso no las tiene todas consigo. Hay una gran reserva moral que no han avasallado y está despertando.

A la vez, estas manifestaciones son el anuncio de que jamás habrá olvido para los crímenes cometidos bajo este régimen. La lucha será compleja y plena de vicisitudes, pero al final la reserva moral encarnada en las nuevas generaciones prevalecerá. Quién sabe, puede que eso ocurra mucho más antes de lo que podemos imaginar todos y tengamos rindiendo cuentas por sus pillerías a quienes hoy trafican para copar instituciones y dar ventajas e impunidad a sus favorecidos. Así ocurrió con Alberto Fujimori, que asumió muy orondo su tercer período presidencial y tres meses después fugaba vergonzosamente a Japón.

La gente recuerda el asesinato de 49 compatriotas que manifestaban contra Dina Boluarte y sus aliados, del mismo modo que hasta hoy no se olvidan de los crímenes de lesa humanidad cometidos hace 40 años, crímenes que este Congreso quiere amnistiar en contra de la Constitución y las leyes nacionales, así como de las normas internacionales reconocidas por nuestro país. Los chicos y las chicas que han inundado las calles de Lima y varias ciudades del Perú son el anuncio de que la lucha por la democracia no está agotada, ni perdida. Al contrario, esa lucha se restablece y fortifica con la energía de la nueva generación que acaba de entrar en escena.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 751 año 16, del 26/09/2025

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Perú: Gutiérrez deshonra la Defensoría

Ronald Gamarra

"Añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano"

Al sin luces Josué Gutiérrez Cóndor le regalaron la Defensoría del Pueblo en mayo de 2023, tres meses después de las masacres de Huamanga, Juliaca y otros lugares en los que el régimen de Dina Boluarte, apoyado por la alianza congresal articulada por el fujimorismo, ordenó disparar a matar contra manifestantes desarmados que exigían nuevas elecciones, cobrando la vida de 49 personas. Esta terrible masacre es la partida de nacimiento del período de Gutiérrez como supuesto Defensor del Pueblo, cargo público que ha deshonrado y desprestigiado en estos dos años, al punto que la gente lo ha bautizado ya como Ofensor del Pueblo.

El nombramiento de Josué Gutiérrez fue uno de los primeros frutos de la alianza reaccionaria a la cual se incorporaba ya con toda desfachatez la falsa ultraizquierda de Vladimir Cerrón. El personaje colocado en tan importante cargo de control y contrapeso frente al poder carecía de todo mérito y trayectoria para ser siquiera considerado. Salvo una cosa: Josué Gutiérrez era íntimo colaborador de Vladimir Cerrón, era su abogado. En el negociado mediante el cual Perú Libre se vendió a la alianza del fujimorismo y la ultraderecha, parte del precio fue la Defensoría del Pueblo. Como buen cacique, Cerrón puso allí a su gente, con la aprobación y los votos de sus nuevos socios.

Desde entonces, el opaco Josué Gutiérrez no ha hecho más que cumplir con su rol de atento mayordomo de la alianza fujiderechista en nombre de su mentor y protector, el propietario de Perú Libre. Y en ese empeño ha consumado fechorías no menores. La primera ha sido desmantelar la Defensoría del Pueblo de su personal especializado y comprometido con la dignidad de las personas. Ahora pululan por allí unos tipos impresentables, antiderechos, que nada tienen que aportar a la misión que antes cumplió dicha entidad del Estado y más bien tienen grave responsabilidad en el desmanejo institucional y financiero de una Defensoría virtualmente saqueada.

Otro servicio de gran importancia prestado por Josué Gutiérrez al pacto político mafioso que gobierna el país lo cumplió al llevar a cabo, de manera metódica, el copamiento de la Junta Nacional de Justicia con nuevos integrantes, que, salvo uno solo, resultan incondicionales de la mayoría congresal fujiderechista. Él se encargó de manejar y controlar personalmente todo el proceso de selección y nombramiento y logró parir esta nueva JNJ que ya está muy activa tratando de imponer a como dé lugar el retorno triunfal de los antiguos cómplices del caso “cuellos blancos” al Ministerio Público para controlar la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación. Precisamente hoy, viernes 19, los angelitos de esta JNJ hechura de Gutiérrez tienen prevista la audiencia en la que se proponen suspender a la legítima Fiscal de la Nación.

Pero Josué Gutiérrez no descansa en su trama reaccionaria. Se trata ahora de imponer, de una vez por todas, el acatamiento de la inconstitucional y nada convencional ley de amnistía para graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que el Congreso aprobó hace poco más de un mes y que hasta el momento se ha revelado como un completo y resonante fracaso que hace rabiar de furia a Rospigliosi, prepotente operador fujimorista, y su caterva de momios que la impulsaron e impusieron al caballazo, prometiendo la más segura impunidad a tanto forajido y criminal que deshonra el uniforme.

Sucede que la infame ley de amnistía se ha encontrado con el rechazo de la gran mayoría de jueces que, en uso de su facultad jurisdiccional de control difuso de la validez constitucional y convencional de las leyes, han determinado su carácter inaplicable, precisamente por tratarse de una aberración jurídica contraria a la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú. Ante esto, las denuncias de Rospigliosi y compañía contra los jueces por supuesto prevaricato son de una ridiculez penosa, que no les está llevando a ningún resultado, salvo quedar como los payasos de un mal circo que ni siquiera saben hacer reír.

Josué Gutiérrez se cree Pepe El Vivo y aparece ahora como titular de una acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que él presenta como Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. En el escrito, el tipo se despacha en una aparente crítica de la amnistía, pero su objetivo es otro. Él sabe muy bien, como todo el mundo, que este TC siempre vota en función de los deseos de la mayoría fujiderechista. Gutiérrez es consciente de que el TC declarará que la ley de amnistía es constitucional. Ese es su juego. Eso pretende. Este es el verdadero objetivo del inescrupuloso Josué Gutiérrez, confirmar a través de una acción aparentemente contraria a la amnistía que esta sea ratificada y convalidada, de manera que los jueces se vean obligados a acatar, sin más, la aplicación de la amnistía.

Pobre Gutiérrez, ni siquiera es original. Lo único que hace es repetir como un mono la jugada de tinterillo que en el año 2022 hicieron decenas de congresistas del pacto mafioso, cuando demandaron ante el TC, que acababan de nombrar, la inconstitucionalidad de la ley 31520 que ellos mismos habían aprobado días antes. Tal como esperaban, el TC “rechazó” su demanda y declaró la constitucionalidad de esa ley que consumaba el asalto a la SUNEDU y consagraba la contrarreforma de la educación superior, con el regreso de las universidades basura. De ese modo, la alianza de la ultraderecha, el fujimorismo y el cerronismo pudo tomar el control de la SUNEDU y el sistema universitario.

El avivato Gutiérrez cree que con esta jugada de rábula ganará la partida. Se equivoca. Solamente añade una nueva cuenta al rosario de actos antidemocráticos por los cuales deberá responder un día no lejano. Los familiares de las víctimas no lo olvidarán nunca. No, señores, un fallo del TC contrario al orden constitucional y convencional no enerva ni neutraliza la facultad de los jueces para ejercer el control difuso porque esta es parte esencial e irrenunciable de la función de todo juez. Y también porque, no lo duden, se recurrirá de todos modos ante la jurisdicción internacional, a la cual estamos vinculados jurídicamente aun cuando este régimen termine por patear el tablero y desconozca las normas y los tratados internacionales. No pasarán.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 750 año 16, del 19/09/2025

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Perú: Las cojudeces de Rospigliosi

Ronald Gamarra

"El Congreso ha aprobado leyes manifiestamente inválidas y pretende que los jueces las apliquen ciegamente​"

Hace solo unos días, los agentes que atroz y ridículamente representaban al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentaban una y otra vez que en nuestro país los jueces tienen plena libertad para ignorar la ley de amnistía, aprobada recientemente para favorecer a violadores de derechos humanos, en virtud de los controles constitucional y convencional que estos tienen para no aplicar una ley al caso específico que conocen si la consideran anticonstitucional o contraria a los tratados internacionales firmados por nuestro país para el respeto de los derechos humanos. Por cierto, el argumento era tan flojo y contradictorio que hasta el más ingenuo tenía que preguntarse el porqué aprobaban entonces leyes que saben que son anticonstitucionales y anticonvencionales y que por ello mismo no serán aplicadas por los magistrados que respetan el derecho.

Pero la trama no solo era endeble y contradictoria, sino sobre todo cínica y mentirosa. Porque todos sabemos bien en qué clima político de intimidación y chantaje se tienen que desenvolver los jueces que quieren cumplir debidamente con su función en el país regido por el pacto parlamentario mafioso y su títere Boluarte. Una realidad en la que se quiere imponer la impunidad de un cártel político delincuencial, experto en coimas, lavado de activos, tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho, malversación y otros latrocinios, entre los cuales no pueden faltar las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Una realidad en que los jueces y fiscales viven bajo la permanente amenaza de ser intervenidos y reorganizados arbitrariamente por la mafia parlamentaria y el gobierno.

Es lo que acaba de ocurrir con el correcto juez Richard Concepción Carhuancho, a quien el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia para que sea destituido cuanto antes. Lo acusa de magistrado prevaricador por negarse a aplicar las leyes anticonstitucionales y contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Perú se ha comprometido a cumplir. Rospigliosi quiere poner de rodillas a los jueces con este acto de prepotencia, para el cual pretende valerse de una entidad como la JNJ, desacreditada por su obsecuencia hacia la claque congresal y que no cesa de desenmascararse con la rehabilitación de oficio de fiscales y jueces merecidamente destituidos en su momento, como lo ha hecho con Patricia Benavides, a quien pretendió imponer como fiscal de la nación para tomar el control del Ministerio Público.

El juez Concepción Carhuancho actúa de manera irreprochable en el marco del Estado de derecho, ejerciendo sus atribuciones y obligaciones, entre las cuales se encuentra controlar que la justicia sea servida siempre en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y la normatividad internacional reconocida por nuestro país. Recordemos siempre que las disposiciones que surgen de esos tratados y de los organismos cuya jurisdicción internacional hemos admitido en decisión soberana, forman parte del derecho nacional, tal como lo establece la Constitución. Y si el magistrado, al administrar justicia en un caso concreto, encuentra una disposición contraria a la Constitución, está en la obligación legal y moral de imponer el control constitucional difuso y declarar los fundamentos correspondientes para dejar de lado la ley anticonstitucional, tal como lo hace escrupulosamente el juez Concepción Carhuancho.

El problema no es el juez, sino el Congreso que aprueba con desfachatez leyes írritas, brutalmente contrarias a la Constitución. En verdad, el juez es parte de una solución, de una enmienda, al estropicio legal propiciado por una mayoría ocasional, parcializada y corrupta del Congreso, que ha decidido hacer tabla rasa del Estado de derecho en nuestro país para imponer sus intereses espurios de casta, de clan o de banda. Efectivamente, el Congreso ha aprobado leyes manifiestamente inválidas y pretende que los jueces las apliquen ciegamente, servilmente, sin valoración jurídica y menos aún criterio de conciencia. Y si resulta que los jueces se niegan a hacerlo, pues a promover su destitución, a demandar la intervención del gobierno y el Congreso en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Ya ha anunciado el ministrol Santiváñez que su prioridad a corto plazo será la reforma judicial, es decir, apoderarse de estas entidades y ponerlas al servicio del pacto mafioso, tal como han hecho ya con la JNJ, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Y tiene cara de anunciarlo precisamente Santiváñez, ministro que carga con 12 procesos penales sobre sus bien rellenas espaldas. Por supuesto que esos 12 procesos en marcha son su gran incentivo personal para meter mano a fondo en casos que llevan adelante los organismos de la administración de justicia, como lo son las numerosas investigaciones penales de Dina Boluarte, Keiko Fujimori, Patricia Benavides y todos los integrantes de la mafia de los cuellos blancos del juez hermanito César Hinostroza, sus sostenedores y apoyos incondicionales.

Rospigliosi nunca pasó de ser un sociólogo menos que mediocre y ahora que pretende improvisarse como jurista no hace más que decir y hacer cojudeces. Por eso resbala con su denuncia por prevaricato contra el juez Concepción Carhuancho. Este es un delito que debe denunciarse ante el Ministerio Público y procesarse y sentenciarse en el Poder Judicial. La JNJ no tiene nada que ver en esa calificación penal. En tanto el juez observe la conducta funcional que corresponde, que en su caso es irreprochable, los amigotes de Rospigliosi en la JNJ no tienen por qué meter las narice

Peor burrada es que, a renglón seguido, Rospigliosi sostenga tan suelto de huesos que en el Perú no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Vamos, Rospi, que ni siquiera tú te lo crees, que hace apenas unos cuantos años reconocías el contexto y sostenías exactamente lo contrario. ¿Así que no son de lesa humanidad tantos crímenes como el de Accomarca, donde 67 campesinos, entre ellos 26 niños, fueron reventados deliberadamente con granadas y balas, después de ser encerrados en un galpón? ¿No son de lesa humanidad los crímenes del destacamento militar Colina, perpetrador de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, destacamento clandestino creado directamente desde la cúspide del poder y que operaba desde el mismo Pentagonito, todo ello en la época de tu actual tótem político Alberto Fujimori y sus cómplices Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza Ríos? Allá tú con tu conciencia, si algo te queda.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 747 año 16, del 29/08/2025

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Perú: Primera escaramuza en torno a la amnistía

Ronald Gamarra

"El tribunal no ha aceptado la pretendida aplicación inmediata y sin reservas de la ley"

En el juicio oral que actualmente se sigue por el caso Cayara, se produjo el primer encontrón en torno a la aplicación de la reciente ley de amnistía aprobada de forma anticonstitucional y anticonvencional por el pacto mafioso que domina el Congreso y promulgada por Dina Boluarte, en abierta violación de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como sabemos, la amnistía fue promulgada en una ceremonia solemne y macabra, con olor a cuerpos quemados, con ayes de campesinos sometidos a tortura y con lágrimas de mujeres violadas, en la cual la presidenta no tuvo ningún empacho en abrazarse con un sentenciado por los asesinatos del destacamento Colina como si fuera un héroe y no un individuo que ha cumplido condena por su responsabilidad en crímenes repudiables.

En la reciente audiencia del caso Cayara, ocho militares señalados y sin decoro se acogieron a la ley de amnistía, alegando que debía beneficiarlos de manera inmediata, de tal suerte que el juicio debería cesar en el estado en que se encuentra y el caso ser archivado definitivamente por el tribunal. Dos de los acusados interpusieron recursos formales por escrito y en la misma audiencia otros seis, entre ellos el general José Valdivia Dueñas, que en ningún momento se ha dignado presentarse al proceso, se adhirieron a la misma exigencia a través de sus abogados. Se acogen a la írrita, ladina amnistía como quien dice “ampay, me salvo”, y a otra cosa, mariposa.

La representante del Ministerio Público se opuso a la pretensión planteada por los militarotes (básicamente por sus abogados, pues la mayoría de ellos no se presenta al juicio oral). La fiscal del caso, quizá iluminada por la auroral y digna postura de Ana Cecilia Magallanes en 1995, argumentó que la ley de amnistía es inaplicable por ser contraria a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección de derechos humanos, que están por encima y predominan sobre la ley arbitrariamente aprobada y promulgada en contra del orden jurídico del país. En consecuencia, el juicio oral debería continuar sin interrupción hasta su finalización.

En igual sentido se pronunciaron los abogados de las víctimas y sus familiares, subrayando además el enorme esfuerzo que han desplegado en casi 40 años para lograr llegar a una instancia judicial, tiempo en el cual el Estado, a través de sus diferentes gobiernos y autoridades, impidió de diversas formas toda posibilidad de identificar a los responsables de la masacre de Cayara y hacerlos comparecer ante un tribunal. Subrayaron que, incluso, los que actualmente están acusados del espanto que fue ese crimen ni siquiera cumplen con presentarse a las audiencias, a pesar de lo cual tampoco son buscados y conducidos a ella por la fuerza pública.

La Sexta Sala Penal Superior, donde se ventila el juicio oral por el caso Cayara, tomó una decisión importante ante la exigencia planteada por los abogados de los acusados. No la más justa, no la correcta, no la que pudo y debió adoptar conforme a sus convicciones jurídicas y a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, no siguió el precedente Saquicuray: declarar inaplicable la ley en el caso en concreto, y punto, continuar con el episodio judicial. Pero, en fin, rechazó la pretensión de los solicitantes de aplicar, aquí y ahora, con carácter inmediato la ley de amnistía, disponiendo la prosecución del juicio oral hasta su culminación, y definiendo que la cuestión promovida por los encausados se verá cuando el juicio termine y se dicte la sentencia que corresponde. Es decir, que de ninguna manera se quebrará el juicio, ni se archivará, y que de todos modos habrá sentencia.

De este modo, si bien ha pateado el tema de la descarada, ladina amnistía, para el final de los tiempos, cuando pudo resolverlo en el acto, el tribunal no ha aceptado la pretendida aplicación inmediata y sin reservas de la ley, que pretende quebrar las investigaciones y procesos en beneficio de estos militares que deshonraron a su institución cometiendo crímenes de lesa humanidad como la tortura, el asesinato de civiles –campesinos todos– o la violación sexual. Por el momento, es un primer punto en contra de la impunidad de crímenes que no tienen perdón alguno, de resistencia a los alegatos de olvido de los sometidos a una justicia tardía, de aguante ante la arremetida contra la justicia y la memoria por parte del pacto mafioso.

Por lo dicho, hay que tomar las cosas con prudencia, y acompañar y fiscalizar la actuación de los magistrados que integran el tribunal local, así como exigir y esperar un pronto pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prive a la ley de todo efecto jurídico, porque podría suceder que, al dictar la sentencia, la ilustrísima Sexta Sala Penal Superior nos sorprendiera disponiendo la aplicación de la ley de amnistía. Tenemos confianza en que no sea el caso, pero no podemos dejar de expresar el temor de que pudiera suceder. Lo cual, por el momento, no nos impide reconocer, a pesar de todo, esta primera decisión, pues el derecho y la justicia no pueden ni deben ser doblegados por pactos en trastienda que pretenden burlar el derecho de las víctimas y sus familiares.

Como recordamos, la masacre de Cayara fue perpetrada el 14 de mayo de 1988 en la provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho. Alrededor de 40 campesinos de la comunidad de Cayara fueron torturados y ejecutados por personal del Ejército. Previamente se había registrado un ataque de Sendero Luminoso contra un convoy militar en la localidad de Erusco, en una curva de la carretera que pasa cerca del pueblo de Cayara, donde cuatro militares fueron asesinados y otros 15 quedaron heridos. La columna senderista, por cierto, fugó de inmediato.

El Ejército montó entonces un operativo de represalia bajo la premisa de que la comunidad era parte de una “zona roja” y dio muerte a decenas de campesinos, incluidos ancianos y menores de edad, considerándolos como “base social” del terrorismo. Fue una operación llevada a cabo en el marco de una concepción profundamente equivocada, en la cual la población no se considera como un objetivo a proteger, sino como un objetivo de guerra, con el prejuicio de que los campesinos eran por sí mismos una “base social” del terrorismo, a la cual había que intimidar o represaliar con medidas extremas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 746 año 16, del 22/08/2025

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Perú: Crece la resistencia

Ronald Gamarra

"Explicó que la inclinación autoritaria viene de personas sin vocación ni amor por el pueblo"

En los últimos días han resonado en los medios importantes intervenciones en defensa de la democracia, la libertad y los derechos fundamentales agredidos por el actual régimen del pacto mafioso fujimorista, ultraderechista y cerronista, que tiene su más atenta y solícita servidora en la señora Boluarte, a quien como retribución le permiten llevar la banda presidencial, aunque de gobernar no entienda ni pío. Considero de gran interés registrar estas respuestas dadas en diferentes contextos, que significan una toma de posición por parte de representantes institucionales frente a la arremetida autoritaria y antiderechos del pacto corrupto. Se trata de palabras y posturas firmes, articuladas, consistentes, inteligentes y trascendentes en medio de la situación de apatía que domina la opinión pública.

Empezamos por la homilía del cardenal Carlos Castillo en el Te Deum del 28 de julio, una reflexión muy sentida sobre lo que implica ejercer la función de gobernar como vocación de servicio. Sin necesidad de aludir a nombres propios, resultaba diáfana y clara hasta para el menos avispado. Bastaría decir que Dina Boluarte, allí presente en primera fila, fue la primera en sentirse apuntada y tuvo que reclamar de inmediato una pastillita con su respectivo vaso de agua para calmar la ira y los nervios. El cardenal explicó que la inclinación autoritaria viene de personas sin vocación ni amor por el pueblo y exhortó a la clase política a reconocer que vive de espaldas al pueblo y solo ve por su propio interés, pues “un espíritu mafioso se ha apoderado de nuestros corazones, dejándose llevar por la malsana tendencia mundial de la indiferencia egoísta y tiránica”. Los sustanciosos minutos de la homilía tuvieron más eco que las soporíferas cuatro horas que se tomó la presidenta en su discurso hueco del mismo día.

Por su parte, la respuesta del periodista Gustavo Gorriti fue un canto bien clarito a la infame comisión parlamentaria que encabeza el congresista Muñante sobre lo que significa esa mugre, al tiempo que desnudó su verdadero propósito, que es una trama orientada a incriminar a quienes investigaron desde un principio el caso Odebrecht - Lava Jato, en el cual resultaron implicados numerosos integrantes del pacto mafioso, entre los cuales se halla el propio partido de Muñante, Renovación Popular (que antes se llamaba Solidaridad Nacional). Gorriti declaró que no se presentará ante esa comisión viciada en defensa de la profesión periodística y sus fueros reconocidos en todo país democrático, señalando de paso que lo que sabe sobre el caso está publicado en internet y es de libre acceso. Muñante quedó en total ridículo y solo le quedaría el recurso brutal de la fuerza, que demostrará ante el mundo la situación que enfrenta el ejercicio del periodismo de investigación en el Perú.

Al día siguiente, la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello, pronunció un discurso en el Día del Juez, en presencia de Dina Boluarte y el presidente del Congreso (ambos imputados por varios delitos, incluido el delito de violación en el caso del último), en el cual dio respuesta formal y doctrinaria a las arengas que ambos personajes (Boluarte en su discurso del 28 de julio) han hecho para retirar a nuestro país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La doctora Tello expuso claramente la oposición del Poder Judicial a este despropósito y reafirmó que el Perú pertenece a ese sistema y su correspondiente Corte por un acto de soberanía ejercido y ratificado desde hace varias décadas, y que el propuesto retiro va en contra de la línea histórica seguida por nuestro país en defensa del derecho a nivel internacional. El discurso, pronunciado en la propia cara de Boluarte, la dejó parpadeando de despecho.

Definitivamente Boluarte estaba de turno porque ese mismo Día del Juez, en la misa celebrada por tal efeméride, el cardenal Carlos Castillo no dudó en cantarle que la justicia es uno de los valores más anhelados por el pueblo y a la vez uno de los menos fáciles de hallar. Y entonces citó frase por frase aquella muliza de Alanya que reclama desgarradamente esa justicia que “no hay en la tierra”, que no se encuentra por más esfuerzos que se haga en el marco de nuestro Estado y nuestras leyes. Qué tremenda lección, contundente recorderis para Dina, que tanto entonaba en público esa misma melodía cuando era vicepresidenta y seguidora untuosa de Pedro Castillo, antes de pasar a ser la servidora del pacto corrupto, el ama de llaves del fujimorismo y la ultraderecha que la sostienen en la presidencia.

Por último, no puedo dejar de citar la tremenda vapuleada que el fiscal José Domingo Pérez dio al taurino congresista Muñante y su infame comisión dizque investigadora. Muñante no pudo soportar que el fiscal Pérez le demostrara que está incapacitado para presidir imparcialmente cualquier junta como la que pretende encabezar no solo por sus propios dichos registrados en las redes sociales, que confirman su abierta falta de objetividad, sino porque su propio partido está implicado en las pesquisas del Ministerio Público por el caso Odebrecht - Lava Jato y porque Muñante contrató como asesor principal a un abogado, Pacheco Mandujano, que oficia de defensor de políticos imputados en dicha red delictiva. El revolcón fue tan fuerte que obligó a Muñante a interrumpir reiteradamente al fiscal para impedirle que lo hunda con más detalles. Pero no pudo evitar la sensación de haber quedado en total ridículo y se le notaba en la cara.

Una cosa me extraña en esta recopilación. Y es la ausencia de la voz de los políticos y los partidos democráticos y progresistas, quienes son los que deberían estar al frente, unidos, articulados y consistentes. Pero no ocurre así. La representación política de los grupos progresistas y hasta centristas prácticamente ha desaparecido y eso se refleja en el desastre de minipartidos y minialianzas. No hay en la política una orientación para los amplios sectores que esperan una voz instructiva. Por ahora solo nos quedan algunos líderes institucionales, algunas personas, algunos periodistas, con el coraje y la integridad para responder a los actuales mandones que se han hecho del poder a pesar de tener sobre sí un rechazo ciudadano del 95%.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 744 año 16, del 08/08/2025

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