Perú: Perú, el golpe del 7 de diciembre

Gustavo Espinoza M.

Han tenido que pasar 3 años, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta la fecha para que tanto el Poder Judicial cuanto el Congreso de la República se hayan visto obligados a reconocer que Pedro Castillo no hizo ningún “golpe de Estado”, de lo que sistemáticamente se le ha venido acusando.

La decisión dejó virtualmente sin habla a los voceros de la mafia en los grandes medios de comunicación. Y es que Omar Mariluz, Milagros Leiva, Mávila Huerta, Guillermo Thorndike y algunos más nunca pudieron olvidar el epíteto de “golpista” en cada ocasión que aludía a Castillo.  

En el caso del Poder Judicial el reconocimiento se ha dado a través de la sentencia dictada hace algunos días y mediante la que se condena al hoy mandatario condenado a 11 años y 5 meses de prisión. Dicha sentencia, que se hace extensiva a Betssy Chávez, no se dicta por un hipotético “golpe de Estado” ni por el delito de “rebelión”.

Apenas se le sitúa en el plano de “conspiración” que, ridículamente se fundamenta en el hecho que Castillo y Betssy Chávez se abrazaran al fin del sorpresivo “mensaje” leído esa mañana por el jefe del Estado.  

Tan vigorosa prueba de afecto sustenta el trato que se ha dado hasta hoy al caso: secuestro, confinamiento, juicio regimentado, acallamiento del acusado, expulsión de su defensa y otros latrocinios absolutamente antijurídicos que descalifican cualquier procedimiento judicial.  

En cuanto el Congreso, en votación inobjetable se rechazó “inhabilitar” al ciudadano Pedro Castillo por diez años bajo el alegato de haber ejecutado un “golpe de Estado”. Tal rechazo acredita fehacientemente que ese tal “golpe”, nunca se produjo.

Claro que eso de “nunca”, es mucho decir, porque en verdad sí hubo un golpe de Estado sólo que fue dado contra él y sirvió para derrocarlo. Lo consumó entonces la “mayoría parlamentaria” que sin seguir las pautas normativas correspondientes “vacó” a Castillo y puso en su lugar a Dina Boluarte, quien se mantuvo en el poder durante 34 meses, completamente a espaldas del país entero y de la legalidad.

En ese periodo Dina -recordemos- se triplicó su sueldo, viajó 6 veces al exterior, dio la mano al Papa Francisco y se tomó fotos con León XIV. También con Biden, Lula y otros mandatarios, se arregló la nariz, dio 80 millones de soles a su “amigo” Oscorima, nombró a su hijo en Naciones Unidas y colocó en puestos expectantes a todos los “suyos”. No hizo poco, sin duda.    

No está de más, sin embargo, recordar que ese “golpe” del 7 de diciembre del 2022 no sólo fue efectivo, sino también sangriento. Costó la vida a casi 80 peruanos y hasta un millar de heridos, sin que nadie haya sancionado tal crimen.

Los caídos en Juliaca. Ayacucho. Apurímac, Huancavelica. Arequipa y otras ciudades -incluyendo la ciudad capital- dejaron su sangre sembrada en la tierra y ella hoy da sus frutos incluso en los predios del enemigo.

Si se trata de precisar la naturaleza del golpe del 7 de diciembre, hay que recurrir a una investigación elemental que los órganos pertinentes simplemente han eludido investigar. Por ejemplo, al fugaz ministro de Defensa, el general Bobbio, cuya única “actividad oficial” fue en sus escasas horas de gestión ministerial, recibir a la embajadora de los Estados Unidos el 6 de diciembre para “coordinar acciones” que nunca se han precisado.    

Investigar también al general William Zapata, en ese momento presidente del Congreso, quien según todas las fuentes “centralizó las informaciones destinadas a garantizar el éxito de la tarea”, es decir la caída de Castillo y el ascenso de Boluarte, “movidas” que llevaban a la práctica el accionar golpista que realmente tuvo lugar.

Hoy, cuando Estados Unidos prepara abiertamente un operativo militar sangriento destinado a asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y liberarse al mismo tiempo de todo su entorno, puede advertirse más claramente el sentido del golpe del 7 de diciembre del 2022: no fue otro que asegurar que Washington tenga “amigos seguros” en estos predios para fundamentar y ejecutar una acción militar contra Venezuela, su pueblo y su Gobierno.

Por eso se explica, sin duda, que el Congreso de la República haya aprobado hace muy poco una nueva Resolución Legislativa mediante la cual se concede a los Estados Unidos la anuencia de Perú para desembarcar en nuestro territorio tropas norteamericanas y hacer aquí ejercicios de guerra y prácticas militares.

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Perú: Señales de extrema crueldad

Gustavo Espinoza M.

Numerosas expresiones de crueldad afloran en la conducta cotidiana de la clase dominante y sus voceros en el Perú de hoy. Podríamos referirnos a algunas, a modo de dejar constancia del comportamiento subhumano de quienes detentan las riendas del Poder en un país como el nuestro.

Para no hacerlo de modo extenso, nos referiremos sólo a tres episodios que han movido el escenario nacional y generado un debate político polémico. Aludimos, en primer lugar, al caso Guillermo Bermejo, el congresista de la izquierda  que cumple ya  los primeros días de los 15 años a los que fuera recientemente condenado.

Como se sabe, Bermejo fue detenido sin consecuencia alguna en varias ocasiones. En dos de ellas la Fiscalía logró  crearle un muñeco acusatorio aportando “pruebas” de distinto signo, desde declaraciones de “testigos protegidos” hasta fotografías montadas y periplos inventados. En dos ocasiones los jueces desestimaron esas “pruebas” porque respondían a una engañifa. Seis jueces, por unanimidad, opinaron lo mismo y desecharon los cargos por considerarlos infundados.  

 Pero como la clase dominante es terca, se empeñó en abrirle un tercer proceso.  Y, como algunos creen que a la tercera va la vencida, se empeñaron a fondo, juntaron tres jueces nuevos y lograron, finalmente, que lo hallaran culpable. ¿De qué?. No se sabe precisamente, pero de algo ha de ser, porque le pusieron 15 años de cárcel, lo esposaron como a un reo cualquiera y lo llevaron a un Penal de máxima seguridad. Todo eso, en un par de horas.

Los jueces dijeron que el acusado “no había logrado desbaratar las acusaciones” formuladas en su contra, ni había podido “demostrar su inocencia”. Menos aún, que era falsa la acusación de  haber firmado una “carta de sujeción” a los lideres senderistas y un padrón de afiliados a la organización terrorista.

Como puede apreciarse, en este proceso, se invirtieron las herramientas judiciales. No era que la Fiscalía debía probar los cargos, sino el acusado era quien debía demostrar su inocencia. ¿Y la “carta de intención”?  Nadie la vio, ni la leyó, ni supo de su existencia porque -la policía dice- los lideres senderistas tienen escondidas esas “cartas de intención”. Arguyeron entonces otra, la de “sujeción” presuntamente “firmada” por Bermejo. Tampoco la mostraron porque tampoco existe.

La única “carta de sujeción” que habrían hallado -si la buscaran- sería la que firmaron los Marinos Montoya y Cueto, y los generales Chiabra y Zapata cuando fueron invitados al “ágape de adhesión” celebrado en  los ambientes del SIN cuando  los años de Fujimori y su asesor. ¿Lo recuerdan? Y esa carta si existe en libros, folletos, impresos y hasta en videos. Guillermo Bermejo no tuvo nada que ver en eso.

¿Por qué ahora aparecen contra Bermejo?. Por una sola razón: porque asomó como candidato presidencial para los comicios del 2026. Había que acabar con él a como diera lugar. Por eso la condena. Por lo demás, a la condena le añadieron algunos añitos más de “inhabilitación política” para que no pueda desempeñar ninguna función pública por lo menos en dos décadas. A eso, le llaman “Democracia”.

El otro caso es el de Betssy Chávez, quien fuera jefe del Consejo de ministros del gobierno de Pedro Castillo. La acusaron de “un golpe”, que no se produjo. Luego de una rebelión”, que tampoco existió. Y ahora de un “intento de sedición” de una “conjura para tentar una sedición”. Lo real es que no tienen cargo alguno contra ella, ni contra Castillo.  Aquí el golpista, fue quien dispuso -el 7 de diciembre del 2022- la captura de Castillo cuando era presidente y ordenó se invistiera como Mandataria a una usurpadora. ¿Quién lo fue?

En todo caso, no fue Betssy Chávez.   A ella la agarraron y la metieron presa, y la sometieron a tratos vejatorios: la trasladaban en una perrera, y esposada a la sala de audiencias al “juicio” al que estaba obligada a concurrir. La recluyeron en un Penal ordinario y sin el menor respeto a su investidura, sabiendo -además- que no tiene familiares en Lima porque sus padres residen en Tacna. Y, por supuesto, le prolongaron la detención ya sin orden de captura.  Y por eso tuvieron que liberarla.

Libre ya, la sometieron a acoso y amenazas reiteradas. Cansada de ello, pidió Asilo en la Embajada de México. Y la clase dominante puso el grito en el cielo. Ahora exige que no le den el salvo conducto para irse del país, como Odría hizo con Haya de la Torre hasta que perdió en la Corte de La Haya. Ahora -parece mentira- algunos apristas dicen que no deben otorgarle a la asilada el salvo conducto- Haya los echaría como echó Cristo a los mercaderes del templo.

Ellos aseguran que cometió “delitos comunes”, sin señalarlos, porque, en todo caso, la rebelión es un acto político, y no un delio común. No importa. Dirán igual, que es un delito común. Lo que ocurre es que lo hacen tantas veces ellos, que ya creen que es común, el “más común de los delitos”.

Y el tercer caso de la crueldad, se inscribe en el trato subhumano que hoy se aplica en los Centros Penitenciarios. El gobierno no sabe que su tarea es capturar y neutralizar a los delincuentes “que están afuera”, en la calle. Y no martirizar a los que “están adentro”, privados de su libertad. Estos ya están “neutralizados”, salvo excepciones.  Curándose en salud, el gobierno dice que desde los Penales “se cometen delitos” ¿Cuántos…?, ¿50. 100. 1,000? ”?. Pero hay 106 mil presos ¿Todos ellos tienen que pagar, incluso al margen del delito  que los llevó allí?

No es quitándoles la comida, encerrándolos sin ver el sol 22 horas del día, y sin servicios elementales como “se combate la delincuencia”,  Salvo que se diga que “los presos son salvajes” y “hay que tratarlos como tales”. En ese caso, las autoridades deberán rebajarse a actuar como salvajes para “ponerse a tono” con la situación. Algo así ocurrió una vez en África, cuando ciertos exploradores decidieron “acabar con los caníbales”: se los comieron a todos.

No es un Estado delincuente el que habrá de acabar con la delincuencia. Ni siquiera podría hacerlo asumiendo sus propias modalidades de acción. Si eso ocurriera, simplemente generalizaría la delincuencia hasta convertirla en una acción total.

No debiera olvidarse nunca un precepto esencial: la tarea del Estado es resocializar, rehabilitar al ciudadano que por una u otra razón cometió un delito para reincorporarlo a la vida productiva. Para eso, tiene el deber de reeducarlo, La educación de los presos es herramienta básica e inexcusable, como debe serlo también el trabajo, la organización y la disciplina y la cultura, v ale decir, todas las piezas inherentes a la formación humana.

Por lo demás, un rostro se puede tener para capturar a un delincuente; y otro para quien ya fue privado de su libertad. A uno se le puede perseguir y hasta acosar; pero al otro, no se le puede martirizar Si eso se hace, se habrá de cimentar el odio y la venganza, cuando no la rebeldía legítima o el motín clásico, ¿Será eso lo que se busca?

Estas expresiones de crueldad son incompatibles con cualquier sociedad humana. Hay que enfrentarlas, denunciarlas, combatirlas y derrotarlas.  

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Perú: El miedo les muerde las entrañas

Gustavo Espinoza M.

Desde hace un buen tiempo las autoridades peruanas han venido decretando el “Estado de Emergencia” en distintas localidades del país. En Pataz, por ejemplo, se valieron de él apenas comenzó el desborde delictivo, que luego se afirmó y creció a la sombra de nadie sabe quién.

Pero en la capital de la República, el Estado de Emergencia se usó de manera selectiva en determinados distritos de la capital, los antiguos “cinturones de miseria”, como se les llamaba a San Martín de Porras, San Juan de Lurigancho, Puente de Piedra, Carabayllo y otros,  que fueron escenario de un mismo ritual: declaración formal del “Estado de Emergencia”, desplazamiento ostentoso de algunas unidades militares, anuncio de “redadas” y “captura de bandas”, varias de las cuales eran inexistentes.

Al margen de todos estos “operativos”, las acciones delictivas crecieron, aumentó el número de asesinatos, se incrementaron las extorsiones, se registraron cada vez más víctimas, fluyeron amenazas sobre comerciantes, transportistas, colegios, vendedores informales, y otros. Cada vez, puntualmente, los “Estados de Emergencia” se fueron renovando con los mismos resultados; más emergencias, y más delitos, más víctimas y más muerte.

Pues bien, ahora, el gobierno del señor Jerí ha vuelto a lo mismo, sólo con un discurso más rimbombante y altanero, “A la ofensiva”, como le gusta subrayar. Y, ostentosamente ha ampliado el radio de esa emergencia para incorporar en ella a toda la ciudad capital más la Provincia Constitucional del Callao.

Y para que la gente crea que no está hablando en vano, ha sumado a esta declaración algunas “movidas” que, en el fondo no han sido otra cosa sino cambios de estilo: hizo múltiples reuniones con diversos actore​s del proceso social, visitó los Penales para amenazar a los  presos a los que tuvo en el suelo para que se den  cuenta que “ya perdieron”, felicitó a la Policía para saludar “su heroísmo”, convocó al Acuerdo Nacional, concertó con sus ministros, pidió al Congreso “facultades delegadas”; en fin, buscó a todos, menos a los trabajadores, a los estudiantes, ni a las víctimas de la represión. Para ellos, les faltó tiempo.

Y ya, en el cenit de su gobernabilidad, cuando debía demostrar que estaba “hablando en serio” y que por eso mismo no usaba palabras sino acciones, dio su “Mensaje a la Nación”: 49 segundos, duró la perorata, Fue esa, sin duda, la manera de demostrar que él y Dina, no eran lo mismo: el último mensaje de Dina al Congreso, y a la Nación duró 4 horas y 52 minutos.  Vale, sin embargo, en este fárrago de “acciones”, aludir a algunos elementos que debieran ser considerados:  

Cuando un gobierno es débil y se siente acorralado, confunde la seguridad ciudadana, con su propia seguridad.  Cree entonces que proteger a la ciudadanía, es poner a 7 mil policías armados hasta los dientes custodiando “objetivos estratégicos del Estado”, es decir el Congreso de la República y Palacio de Gobierno.  Así de simple.

Hoy, el país sabe que la Policía Nacional dispone en Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, apenas de 89 vehículos para rondas y tareas de patrulla; que los policías tienen que comprar su propio “chaleco antibalas”, porque el Estado no les proporciona ninguno; que deben adquirir sus propias balas. porque los fusiles que les entregara el régimen depuesto carecían de ellas; que tienen ellos mismos que adquirir las pistolas que usen; aunque deben “inscribirlas” como si pertenecieran a la unidad de la que forman parte. Lo único que les dan, es una canasta de víveres, en gratitud, porque si no hubiesen estado allí el 15 de octubre, la gente habría sacado a patadas a “los dueños del Poder”

Sin duda, estamos hablando de los policías “de abajo”, esos que tiran las bombas lacrimógenas y golpean a la gente. Porque si se trata de “Los Mandos” la situación es diferente, Como es público, ahora reciben automóviles “de alta gama” porque necesitan “coches veloces” (pareciera que piensan en la hora de huir), además de varios otros beneficios.

El otro tema es la tendencia clásica a cebarse con los más débiles, con quienes no pueden defenderse. Nos referimos a los que están privados de su libertad. Lo que se busca, es simplemente martirizarlos, hacerles la vida imposible. Y eso tampoco tiene sentido. En los Penales pueden haber 10, 50 o 100 delincuentes que trabajan desde allí en conexión con sus bandas para cometer nuevos delitos. Pero hay más de 100 mil presos. ¿A todos hay que castigarlos igual entonces? Si eso se hace,  objetivamente se alientan las fugas, o los motines carcelarios. ¿A dónde conduce eso?. Tan sólo a acrecentar la violencia.  

Por lo demás, está claro que la Fuerza Armada no está preparada para enfrentar una “ola delictiva”. Con tanques y cañones no se enfrenta la extorsión ni el sicariato, ni tampoco se le derrota con barricadas ni trincheras. El “Estado de Emergencia”, entonces, persigue otros objetivos. Lo que busca es intimidar a la población, paralizarla, impedir que se exprese, porque se sabe que lo hará en sentido contrario al rumbo oficial. Y eso es lo que se busca impedir.

De alguna manera eso se ha dejado entrever en la presentación del “Gabinete Álvarez” en el Congreso de la República el miércoles pasado. Ahí sí hubo muchas palabras y lluvia de promesas. Innecesarias, quizá, porque después de todo, el “voto de confianza” estaba cantado.  La “mayoría parlamentaria” -esta vez liderada por Rospigliosi- no hizo sino “subirse al carro” y anexarse a la locomotora de 38 años que preside hoy el Ejecutivo.

Y lo hizo, naturalmente, sin abdicar de sus “prerrogativas”. ¿Cuáles? En primer lugar, llamar “senderista” al asesinado Ruiz Sáenz para liberar de culpa -y sanción- al oficial Magallanes en cuyo beneficio idearon todas las leyendas posibles, asegurando que disparó en defensa de su vida porque “estaba a punto de ser linchado” y además, lo hizo al cielo, sólo que como era de noche y éste estaba cerrado, la bala rebotó al suelo y como éste era de cemento, se alzó otra vez para alojarse por pura casualidad en el cuerpo de este “subversivo”.  Y es que Magallanes, ahora, es “un héroe”, el prototipo de lo que debe ser un Policía “que cumple su deber”, es decir, que “matas senderistas”.

Si a eso añadimos la inaceptable condena de 15 años de prisión dictada contra Guillermo Bermejo, tendremos la idea redonda del terror que invade a la clase dominante. En su desesperación, y a sabiendas que habrá de perder cualquier consulta electoral elementalmente democrática invierte el papel de “la prueba” y sostiene que el acusado, “no pudo demostrar su inocencia” ante “las acusaciones plateadas”

Es el miedo -que les muerde las entrañas- el que acciona esta política.  Y es que al final de este túnel no se ve la paz, sino la muerte.

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Perú: La sangre otra vez

Gustavo Espinoza

Cuando la noche del miércoles 15 de octubre cayó abatido en la Plaza Francia de Lima Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, un artista de la música y cantante popular de los colectivos de Hip Hop; se supo que la sangre había vuelto a la capital en el marco de una lucha muy extendida que la población libra contra una Mafia envilecida que  se resiste a abandonar las posiciones de Poder, pese incluso a que ella misma se viera forzada a cortarle la cabeza a Dina Boluarte, por considerarla una extremidad inútil y hasta putrefacta.

Fueron miles los pobladores -jóvenes y viejos- que se dieron cita en las calles de Lima para expresar su repudio al Congreso de la República que aún mantiene un 95% de desaprobación ciudadana. Pero la movilización no sólo estremeció Lima. Ocurrió también en las principales ciudades del país: Arequipa Tr8jillo Cusco, Huancayo, Ayacucho y otras, en las que el grito fue unánime: Que se vayan todos, es decir, el encumbrado Presidente, los congresistas y los nuevos ministros del Gabinete Alvarez que, como muchos han dicho, no conforman un gobierno de transición, sino de transacción,  es decir una estructura en la que se ha verificado una repartija en provecho de la Clase Dominante.

Hay que admitir que el presidente de hoy -no se sabe si en los próximos días también- inició su gestión con un “nuevo estilo”.  Se mostró atento a las cosas y al desarrollo de los acontecimientos, acudió a varios lugares, habló con gente, recibió delegaciones, y aunque en algunos sitios fue bien recibido, en otros le llovieron quejas y hasta insultos. Y es que el piso está cuarteado en este país desde hace varios años por una cúpula envilecida y en derrota.

En Ayacucho, por ejemplo, la demostración fue “pacífica”, pero allí los familiares de las víctimas de la masacre de diciembre del 2022 demandaron justicia y exigieron la investigación de la muerte de sus familiares, al tiempo que exigieron la detención de Dina Boluarte. En contrapartida, el Poder Judicial resolvió autorizar a la ex mandataria a abandonar el país cuando lo quiera, sin restricción alguna, convalidando su posibilidad de “asilo”,  o más bien de fuga..

En Arequipa, donde el Rey de España presidia un Congreso Internacional de Lengua Española, las autoridades buscaron impedir el ingreso de los manifestantes a la Plaza de Armas de la ciudad, y sólo permitieron las marchas populares, cuando su Real Majestad hizo abandono de la ciudad. Sumisión virreinal, ¿verdad?

Las movilizaciones que comenzaron el miércoles pero que continuaron en días sucesivos, se explican en tres niveles: contra el presidente Jerí, contra el Congreso de la República y contra el Gabinete Ministerial. En los tres casos, tienen fundamento de fondo.

José Jeri accedió a la presidencia de la República por un hecho casual: era presidente del Poder Legislativo al momento de ser “vacada” Dina Boluarte por la totalidad de los votos congresales, sin uno solo en contra y sin ninguna abstención. Pudo -y debió- en la circunstancia, procesarse un cambio y elegirse a un presidente que implica una modificación en la política oficial, pero no se quiso eso. Estuvo en la intención de la mayoría parlamentaria jugar una carta que implicara “más de lo mismo”. No tienen, entonces, razón para quejarse hoy de la ira pública.

Se puede objetar que las movilizaciones populares -incluida la del miércoles 15- estuvieran cargadas de violencia. La “Prensa Grande” habló de “bombas Molotov” y piedras, como “armas” de los manifestantes. Si pues.  Quienes participamos antes en esas batallas y pusimos el pecho para enfrentar la represión oficial, sabemos que las “bombas Molotov” no son nada nuevo. Se originaron en los años de la II Guerra Mundial y llegaron a fines de los 50 y a inicios de los 60. Y las usamos porque constituían la única manera de hacer frente a la brutalidad policial. Gracias a ellas, existe hoy el Pasaje Universitario, el Co Gobierno y la Autonomía Universitaria.

Lo mismo que las piedras y los palos, de los que se valen los manifestantes acorralados por robots metálicos vestidos de acero. En circunstancias como esa, los que luchan no tienen más alternativa. Y parafraseando a Mariátegui, podremos decir que, si  generan violencia, no habrá más alternativa que estar con la violencia, sin reservas cobardes.  

El señor Jeri tiene serios cuestionamientos.  Estuvo involucrado en una presunta violación sexual aún no esclarecida, está sindicado por manejos turbios en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, tiene marcados vínculos con redes porno y -sobre todo- dio su voto aprobatorio a todas las leyes que sancionara el actual Congreso para favorecer al crimen organizado y la delincuencia en su apogeo.

En el extremo, el señor Jerí, sin asco, votó blindando a Dina Boluarte en las 6 ocasiones anteriores en las que se demandara el fin de su gestión. Así, se hizo cómplice de sus latrocinios, pero también de los crímenes que cometiera ese régimen entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 y después. Por lo demás, en la noche del pasado 15, se preocupó muchísimo más por la salud de los policías, y le importó una higa la situación de los civiles agredidos por la represión. En otras palabras, el señor Jerí, alto y bien vestido, está muy lejos de ser propiamente una mansa paloma.

El Congreso, por su parte, fue cómplice y beneficiario directo o indirecto de todos los latrocinios consumados por Dina Boluarte. Todo lo que ella hizo, los benefició, o les dio la posibilidad de “cobrarle” algo en provecho propio. Por eso se negaron a vacarla como debieron hacerlo en diciembre del 2022 a raíz del asesinato de 67 peruanos.  Y por eso la blindaron en todos los debates a fin de que no rinda cuentas de nada y no pagara sus culpas. Cómplices, entones son casi todos, con la sola excepción de una decena de parlamentarios que libraron una lucha desigual y valerosa para marcar a fuego la iniquidad imperante.

Y el nuevo Gabinete, porque está signado desde su origen, pero también porque su composición deja mucho que desear. El propio presidente del Consejo de Ministros -militante del Partido Popular Cristiano- salió de las cavernas y se tomó la libertad de calificar a los integrantes de la “Generación Z” de “herederos del MRTA”. Y cuando supo que se convocaba a las protestas del 15 de octubre, se apresuró a considerar a quienes la promovían como “sediciosos” y “subversivos”. El viejo lenguaje de la represión salvaje. Los otros miembros del Gabinete no son mejores política ni profesionalmente.  No es cierto que sean “técnicos calificados” como lo sugiere candorosamente cierta “Prensa Grande”, ni que integraran un “equipo” en busca de “soluciones dialogantes”, como lo aseguran otros.

Las “soluciones” que ofrezcan tendrán un claro sello de clase y el diálogo, lo harán con los suyos y con los que puedan neutralizar en el camino. En ningún caso habrá un debate abierto, una confrontación de ideas o una concesión por parte de la “clase dirigente” a la que este gobierno representa por naturaleza propia.

La lucha está planteada, entonces, y el mundo será testigo de la naturaleza de la confrontación que vive la Patria de Túpac Amaru y José Carlos Mariátegui. El que otra vez haya llegado la sangre a nuestras calles, no sólo es una maldición. Es también el sello que usa la clase dominante cuando quiere “dialogar” con el pueblo.

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Perú: Cuatro perlas del Régimen

Gustavo Espinoza M.

El mundo gira y Venezuela resiste valiente y decidida. Entre tanto, Donald Trump siente que reina sobre tierras y mares del universo entero y en el Perú ocurren hechos que podrían asombrar a los mortales que viven en otras latitudes. Verdaderas perlas que podrían sorprender a muchos. Podemos citar cuatro de ellas:  

El caso de Betssy Chávez Chino es quizá el más dramático, y el que mueve a la más viva indignación y alienta sentida solidaridad. Se trata de una joven mujer que colaboró activamente con el gobierno de Pedro Castillo, y que en los últimos meses del 2022 fue promovida al cargo de Primer Ministro. Ella desempeñaba esa función cuando ocurrieron los hechos del 7 de diciembre de ese año que derivaran en la caída del Mandatario, su captura y el juicio que aún no concluye.

Como supuesta cómplice de los inexistentes planes golpistas de quien fuera electo el 2021, Betssy Chávez fue detenida semanas después, cuando ya se había entronizado el régimen de Dina Boluarte atacando furiosamente la masiva protesta ciudadana.  Hoy vive tras las rejas en el Penal ordinario para mujeres de Chorrillos.  donde ha sido sometida a innegables tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En ese centro carcelario convive con delincuentes comunes, algunas de las cuales la han atacado sin mediar motivo. Ella, en cambio, ha sido ignorada cuando ha denunciado algunos vejámenes o ha solicitado un cambio de ubicación en el reclusorio en el que se encuentra.

En lugar de ser escuchada y atendida como corresponde incluso a su investidura, fue maltratada y humillada por sus captores que hicieron escarnio de su situación. En el extremo, fue invitada a quedarse en un así llamado “cuarto de meditación”. Allí fueron conducidas antes otras reclusas “rebeldes” que luego aparecieron muertas en circunstancias no precisadas.

Betssy Chávez ha denunciado que fue conducida a audiencias judiciales bajo efecto de sustancias que afectaron su equilibrio emocional y la privaron de su capacidad de expresión, lo que no ha sido negado por las autoridades penitenciarias.

La detenida, que lleva casi tres años tras las rejas sin sentencia, inició hace algunos días una Huelga de Hambre seca que ha puesto en grave riesgo su propia vida. Incluso los médicos del INPE   se han alarmado por el grave deterioro de su salud y han procurado asistirla pese a la indolencia de los funcionarios del Instituto Penitenciario y del Penal, que han pretendido ignorar los hechos.

Los jueces no han conocido contra ella prueba alguna. Su “delito” se ha reducido a un hecho fortuito: supervisó la instalación del equipo de sonido usado por Pedro Castillo para leer su “proclama”.  Y eso la convierte en “cómplice de un Golpe de Estado” y merecedora de muchos años de cárcel. Hoy, Betssy Chávez Chino merece solidaridad humana y respeto, al que tiene legítimo derecho.

El caso de Martín Vizcarra es la segunda perla que puede mostrarse en esta circunstancia. Se trata de un ex presidente de la República al que se le acusa de todos los latrocinios posibles. Como no se le encontró nada en el desempeño de su función presidencial, se optó por incoarle un juicio por dos supuestos delitos referidos a hechos de hace muchos años, cuando era presidente del Gobierno Regional de Moquegua. Y se tomó para ello, la declaración de un “colaborador eficaz” que ha llevado su “testimonio” hasta el fin a cambio de su propia libertad, pero que no ha podido aportar prueba alguna de su versión.

Hoy Martín Vizcarra está preso, pero no por esos delitos que se le atribuyen sino porque sus enemigos juran que quiere eludir la acción de la justicia y marcharse del país. El Juez ha dicho, entonces, que registra “peligro de fuga”, por lo cual ha sido encarcelado.

Pocas veces se ha desatado contra una persona una campaña de difamación tan grande como la que se ha lanzado contra Vizcarra. Más que “cargos”, ha recibido adjetivos, desde “lagarto” hasta “traidor”, pasando por una incontable serie de insultos. Y en el extremo, se le han inventado groseras acusaciones, como la “responsabilidad por las 200 mil muertes en los años de la pandemia”. Pero, además, lo han inhabilitado tres veces en el congreso de la República y le ha prohibido hasta tener ideas políticas e inscribirse en un partido en una decisión abiertamente anticonstitucional.

Pero lo inverosímil asomó después. Ya detenido y conducido al Penal de Barbadillo junto a otros expresidentes, se dijo que era “reo común” y se le trasladó a un Penal Ordinario. Ante la protesta ciudadana, se le trasladó a otro de “máxima seguridad”.  Finalmente, fue devuelto a Barbadillo. Vale decir: lo trasladaron de un lugar a otro como si fuera un objeto y lo devolvieron a donde estuvo cuando inició ese periplo. ¿Las razones? Ninguna.

A Martin Vizcarra simplemente lo detestan porque se enfrentó a la Mafia, porque cerró el Congreso con 73 fujimoristas el 30 de septiembre de 1918 en un acto que fue aplaudido por el 80% de la ciudadanía, y porque hizo un referendo que fue masivamente apoyado por la población. Y le temen porque quiere presentar su candidatura presidencial, y ellos saben que les gana. En los comicios del 2032 fue electo parlamentario con la más alta votación, pero anularon su elección para impedir su función congresal.  

Por eso lo inhabilitan, y tres veces, por si una sola no bastara. Ahora esperan condenarlo con la mayor sentencia para ver si muere en prisión. Y es que lo odian, simplemente.

El caso Juan José Santivañez es la tercera. Como se recuerda, fue ministro del Interior de este gobierno y compartió delitos con Dina Boluarte desde ese portafolio. Por su incapacidad de gestión y no obstante contar con el más decidido apoyo de la Boluarte, fue censurado por el Congreso de la República y obligado a dejar su cargo como titular del portafolio.

Luego fue designado como “monitor” de una alta oficina de coordinación presidencial, para “estar cerca” de la Mandataria, Recientemente, fue nombrado ministro de Justicia ante el estupor ciudadano y la sorpresa de los medios políticos.

Es abogado, y su especialidad es litigar contra el Estado defendiendo a policías separados de la institución por la comisión de diversos delitos. Así, ha defendido a policías vinculados al tráfico de droga, el abuso de autoridad, la tortura, el sicariato, el asesinato de personas y otras acciones. Se vanagloria de haber logrado “reintegrar” a la institución policial a sus defendidos Y se le acusa de “enriquecimiento Ilícito” por cobros indebidos a dichos policías para lograr su reinserción en la estructura del Estado.

Actualmente está procesado por estos delitos. Tiene prohibido salir del país y debe certificar su permanencia en Lima. Llama la atención, sin embargo, la cercanía que muestra con quien ejerce la presidencia de la República. Ha sido documentalmente acusado de encabezar una poderosa banda delictiva que tiene en sus manos importantes redes de Poder.  

Es, probablemente, el único caso de un ministro de Justicia requerido por la Justicia.

Caso Nicanor Boluarte Zegarra. Hermano de Dina Boluarte. Investigado por la comisión de diversos delitos, es la cuarta perla que nos ocupa. Hace algunos meses, fue recluido en “prisión preventiva” mientras dure el juicio que tiene pendiente, pero logro ser liberado a cambio de reglas de conducta y comparecencia.

Hoy nuevamente es investigado y se le acusa de actuar en complicidad con Juan José Santivañez en la comisión de ilícitos penales. Es también el único caso en el que, cuando es requerido por la justicia, la jefa del Estado aboga por él en actos públicos y el Gabinete Ministerial en pleno hace lo propio. Ningún ciudadano goza de tal privilegio  

En días pasados, fue nuevamente allanada su vivienda por decisión del Ministerio Público. Sus vínculos con Juan José Santivañez, son inocultables.

Estas cuatro joyitas, y la manera cómo Dina Boluarte se ha manejado ante ellas, pone en evidencia el perfil de un régimen que busca acabar con sus adversarios a través de cualquier procedimiento y perpetuar en el Poder a una Mafia Neo Nazi absolutamente contraria a los intereses del país. El pueblo habrá de terminar con ella.

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Perú: La esencia de la patria

Gustavo Espinoza M.

Cada vez que se aproxima el 28 de julio, la clase dominante se acuerda de la patria. Nos invita entonces a ser “patriotas”, y entiende por ello cantar el himno nacional varias veces, izar la bandera, rendir culto a los símbolos nacionales y pensar en un país con “paz, orden y tranquilidad”, es decir, uno en el que nadie se queje ni proteste, y en  el que todos acepten las cosas tal como vienen.

Nosotros, tenemos una idea distinta, Admitimos lo formal, aquello que se plantea en términos rituales, pero no nos quedamos allí. Procuramos entender que el Patriotismo tiene otro contenido. Implica revindicar elementos y factores que algunos olvidan o soslayan, pero que son consustanciales a la peruanidad.  

Nos referimos a la historia, al contenido del país, a sus representantes más calificados, a su pueblo, a sus luchas y a sus aspiraciones. En otras palabras, a la esencia de la Patria, la que es ignorada o dejada de lado siempre por los voceros de la oligarquía envilecida y en derrota que detenta aun precariamente los resortes del Poder.

Para los trabajadores y el pueblo, el Perú no nació con la República, ni con los gestos rituales de hace 204 años.  Su origen es milenario, y sus raíces se hunden en el tiempo porque formamos parte de las culturas más antiguas surgidas en América.

Y porque mucho antes del Imperio de los Incas, nuestro suelo estuvo habitado por poblaciones originarias que alcanzaron notable desarrollo.  Pero el Incanato –“El Imperio Socialista de los Incas”, como lo llamara Charles Baudin– supo forjar el esplendor de la peruanidad, el mismo que fuera opacado transitoriamente  por la violenta incursión de los conquistadores españoles y la entronización de un virreinato que  extendiera la voracidad peninsular por tres centurias.

La República, entonces, alcanzó ciertos ribetes de ficción.  La aristocracia criolla se dio maña para tomar las riendas del Poder y auparse como clase dominante explotando vilmente a las poblaciones originarias y sometiendo a su dominio a la inmensa mayoría de la población.  Aun así, el Virreinato del Perú estuvo situado en el corazón de América, lo que confirmó el papel protagónico de la patria nuestra entre sus pares del  nuevo continente.

El Proceso liberador de Juan Velasco Alvarado abrió una ruta distinta, pero no pudo concretar sus elevados objetivos, de modo que -de la mano con la dictadura y el Neoliberalismo- los opresores de antaño retornaron al Poder y restauraron el dominio de las viejas camarillas oligárquicas digitadas por el Imperialismo.  Esa es la historia verdadera de la patria, y ella no puede encubrir tras rituales pleitesías a símbolos muertos.

En este proceso asomaron los héroes en distintas etapas de la historia. Desde Calcuchímac, quemado vivo por los conquistadores españoles, hasta nuestros días, pasando ciertamente por los Incas de Vilca bamba, por Juan Santos Atahualpa y Tupac Amar; por los Precursores y Proceres de la Independencia, desde Juan Pablo Vizcardo y Guzmán hasta Crespo y Castillo, Francisco de Zela, los hermanos Angulo y muchos otros, incluyendo a Miguel Grau, Francisco Bolognesi y otros. En su sacrificio y en sus luchas, radica la esencia de la peruanidad.

Pero también radica en los hombres que nos dieron pensamiento y cultura, desde el Inca Garcilaso de la Vega, hasta José Carlos Mariátegui, pasando por Leoncio Prado, Manuel González Prada, César Vallejo, José María Arguedas y muchos más, que fundieron su capacidad creadora con la misma sangre de nuestro pueblo.

En ese marco se desarrollaron las luchas en defensa del Patrimonio Nacional. Fueron por la nacionalización del Petróleo, la Reforma Agraria, la Recuperación de la Gran Minería, los derechos de los trabajadores, las conquistas obreras, la vigencia de las libertades democráticas, los Derechos Humanos, las reivindicaciones de la mujer, la Reforma Universitaria, la atención a las demandas sociales más sentidas.

Fueron esas, sucesivas batallas que se entrelazaron con los justos combates de las poblaciones originarias, las Comunidades Campesinas, las poblaciones secularmente  marginadas, las organizaciones sindicales, las estructuras campesinas, las federaciones estudiantiles, y con ellas todas las entidades forjadas por el pueblo mismo en fragorosos combates de clase.  

Y siempre estuvo en la tarea el tema de la solidaridad. En décadas, en apoyo resuelto a la Rusia Soviética;:luego a la URSS que bregó heroicamente hasta alcanzar la derrota del fascismo. Luego el apoyo resuelto a Cuba Socialista, la solidaridad con Vietnam,. El respaldo a Chile en los años de la Unidad Popular, y hoy la identificación de amplios sectores de nuestro pueblo con el Proceso Emancipador Bolivariano que contiene enérgicamente la grosera arremetida imperialista contra nuestros pueblos.

En todo ese proceso el pueblo, en distintos periodos de la historia, fue capaz de forjar su unidad, de construir su organización, de elevar su conciencia de clase y de promover y alentar sus luchas. Así ocurrió en los años 50 del siglo pasado enfrentando a la dictadura odriista y a la “convivencia” entre los banqueros y el APRA; en los años 60 por las demandas estudiantiles más sentidas y construyendo la FEP; en los 70 respaldando patrióticamente el proceso emancipador de aquellos años desde las barricadas de la CGTP; en los 80 a partir de Izquierda Unida convertida en real alternativa de Gobierno y de Poder.

Hoy, en otras condiciones, se impone revertir el proceso de descomposición del movimiento popular, de recuperar la iniciativa de lucha, renovar la vigorosa esencia de un  movimiento independiente y de clase, que sea capaz de abrir paso a la construir de un nuevo escenario nacional.

Al tiempo que luchamos por nuestras propias banderas, formamos parte de un mundo convulso en el que la Vanguardia de los Pueblos enfrenta la desbocada voracidad del Imperio que abre focos de tensión en diversas latitudes y juega con el destino de los pueblos alentando la inminencia de un conflicto nuclear. Hoy, Palestina y Cuba vuelven a inscribir sus nombres en nuestras banderas.

 Ahora, en todas partes los pueblos luchan por un mundo nuevo, liberado del odio, la opresión, la injusticia, la miseria y la guerra, Y nosotros, con profundo patriotismo, tenemos la obligación de incluir al Perú dentro de ese Mundo Nuevo.

Será ese, sin duda, el modo más perfecto de unir los grandes ideales y de convertir en realidad, los sueños de José Carlos Mariátegui.

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Perú: La letra con sangre entra

Gustavo Espinoza M.

Cuando un gobernante acumula excesivo Poder y lo usa con fines protervos, recusables o personales, se dice que estamos ante un Dictador.

La historia de nuestro país nos ha brindado numerosos casos de ese tipo de gentes, desde Leguía hasta Fujimori, pasando ciertamente por Sánchez Cerro, Benavides, Odría y algunos más.  Pero el escenario continental ha sido aún más notorio: Batista,  Trujillo, Somoza,  Pérez Jiménez, Rojas Pinilla  y hasta Javier Milei, en  nuestros días.  

Todos ellos tuvieron un rasgo distintivo al margen de su origen como mandatarios. Ejercieron la tarea de manera impositiva, caprichosa, arbitraria y abusaron de su función gubernativa para imponer su voluntad a las grandes mayorías. Adicionalmente, registraron la tendencia a ensañarse particularmente con sus enemigos personales.

Todos ellos, tuvieron otro elemento común:  fueron varones, y actuaron de manera “machista” como un modo de confirmar su arrojo y su capacidad de decisión. En otras palabras, no conocimos en el pasado el caso de mujeres que tuvieran ese perfil.

Aunque Keiko Fujimori diseña esa imagen con alucinante nitidez, Dina Boluarte, lo encarna y lo luce en su condición de Mandataria.  Es dictadora neta. Con ella, ocurre por primera vez.    

Las personas de este signo están marcados con rasgos sicopáticos: no distinguen el bien y el mal, no les importa la opinión del entorno, no muestran la menor empatía, carecen por completo de escrúpulos, pero también de valores, y muestran absoluta indiferencia ante el daño que causan.  Sienten una avidez desmedida por el dinero, y son propensas a ceder ante las tentaciones del lujo y la ostentación. Actúan por capricho, que algunos confunden con tenacidad La riqueza, los obnubila. Pero, además, guardan rencores. Incuban odios profundos con respecto a quienes “obstruyen” sus designios o “les hacen sombra”

Adicionalmente, no les importa lo que ocurra a partir de sus acciones y no se sienten en el deber de justificar su conducta. En el fondo, son indiferentes al juicio que les genere su conducta. Suelen usar el ataque como su “mejor defensa” y prestos pasan a la ofensiva para evitar cuestionamientos ajenos.

Para los peruanos, el caso de la Boluarte es singular porque es la primera mujer que ejerce tan alta función. Y ella no la admite como producto de una casualidad de la historia, sino como un reconocimiento expreso a sus supuestas calidades personales. Como si ella misma hubiese sido elegida para cumplir una determinada misión que le depara el destino.

En América Latina, y también en otros continentes, hemos tenidos mujeres que han cumplido funciones similares, pero lo han hecho de otro modo. Michelle Bachelet, en Chile, Cristina Kirchner en Argentina, o Dilma Rousseff en Brasil; han desempeñado sus funciones con sencillez y altura, como actualmente lo vienen haciendo la Presidenta de México Claudia Sheinbaum o la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.

Todas hicieron honor   a su condición de mujeres, tal como antes ocurriera con Angela Merkel, la Canciller alemana que tuvo durante 16 años las riendas del Poder en sus manos.

En contrario, en nuestra región se han presentado dos casos que merecen atención. Jeaninne Añez, en Bolivia, constituye el antecedente más inmediato de Dina Boluarte. Ambas fueron el corolario de un confuso Golpe Blando concretado para derribar a gobiernos considerados populares o incluso de Izquierda: Evo Morales y Pedro Castillo.

La Añez ya está tras las rejas, y sin duda la Boluarte seguirá ese mismo camino, pero las dos encarnan el mismo perfil de dictadoras surgido a la luz del modelo Neoliberal que nos oprime.

Que no le importa nada, la confirma la precaria inquilina de Palacio cuando recuerda sin resuello la herencia de la vieja escuela: la letra, con sangre entra.

Es por esa idea que se atrevió a explicar por qué se atenuó la violencia en las movilizaciones de masas ejecutadas recientemente por la población. Los peruanos -dijo. “han aprendido la lección”. Si hacen disturbios, los matamos, pareció añadir.  Y es que, en efecto, y como antes, la letra con sangre entra. Lo´ prueban más de 60  muertos

Esa “enseñanza”, para que nadie la olvide, fue actualizada y recobró vigencia con el asesinato de Alexander Checa Montalvo, caído en Chala con  un balazo en pleno rostro cuando protestaba al lado de los mineros.  

Es claro que ahora las “autoridades” dirán dos cosas: que fue él quien provocó su muerte, y que quien disparo lo hizo “en defensa de su propia vida”. Después de todo, la ley lo ampara. Ella dice que la policía tiene derecho a hacer uso de armas letales cuando considere que está en riesgo su seguridad.

Por lo pronto, lo adelanto ya el ministro del Interior, quien aseguró que el abatido estaba “entre los manifestantes”, y que obraba agresivamente “contra las fuerzas del orden”. Bien muerto está, entonces,.

Por si eso fuera poco, acaba de “renovarse” esta idea cuando se atacó a balazos en Iquitos a los trabajadores que enarbolaban banderas de la CGTP. 19 heridos dejaron estas manifestaciones de repudio efectuada por la población amazónica que se expresó abiertamente con motivo de la presencia en la ciudad, de la espuria mandataria.  

¿Algún pesar por lo ocurrido? ¿Algún lamento, acaso?  No. Nada. Para la señora fue quizá apenas como una tenue lluvia en una región del país donde llueve con frecuencia.  Es claro que ni siquiera preguntó por el estado de salud de los afectados, ni se preocupó por la angustia de sus familiares, ni le importó saber si podrían ser atendidos en alguna posta o centro hospitalario.

Nada de eso. Para ella, lo importante se produjo: estuvo ella donde se habla propuesto.

En los últimos días hemos visto los vejámenes que ha sufrido Betsy Chávez Chino, indebidamente encarcelada desde hace dos años en el Penal de Chorrillos. A ella la odia desde antes, incluso durante el gobierno de Castillo. Hoy, la detesta. Eso explica el trato que recibe.

Y éste se muestra también con el médico Cabani, a quien consideraba algo así como su “wayki”, pero al que ahora aborrece. Y es que es muy temperamental. Incuba odios.        
Coincidiendo con las Fiestas Patrias las organizaciones sociales y políticas representativas de la sociedad peruana, han programado diversas movilizaciones y protestas. Se proyecta un Paro en el Transporte, demandas mineras, acciones regionales orientadas a expresar la voluntad ciudadana, Marchas y Mítines.

El aparato represivo del Estado estará presto a servir los designios de quien manda, Y la dictadora dirá sin rubor: “es que todavía hay quienes no han aprendido la lección”.

En el fondo, lo que ocurre, es que la sangre que se derrama no es la de ella, es la del pueblo. Por eso no le importa.

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Perú: El imperio de la impunidad

Gustavo Espinoza M.

Con 15 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó una presunta “ley de Amnistía” ratificada con prisa asombrosa por el Pleno del Legislativo, en favor de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales involucrados en la autoría de delitos vinculados a la violación de derechos humanos y otros, en el llamado periodo del “conflicto interno”. Ciertamente votaron a favor del dictamen los parlamentarios de Fuerza Popular, y los grupos más reaccionarios que apoyan al régimen actual.    

En torno al tema se han pretendido acuñar dos conceptos equívocos. El primero, pretende asegurar que se trata de “mandos” policiales o castrenses que actuaron “combatiendo al terrorismo y la subversión”.

Tal afirmación es falsa y se orienta a convertir en “esforzados luchadores” a quienes, en los años de la violencia, atacaron, saquearon, robaron e incendiaron aldeas, y violaron y mataron personas impunemente. Al calor de esos delitos, se apoderaron de bienes que hallaron en los poblados o que arrebataron a víctimas sometidas a prácticas crueles, inhumanas y degradantes.

 No fueron héroes, entonces, sino verdugos, cuando no ladrones y asesinos, vestidos con uniformes que les había confiado el Estado. En su descargo, ellos pudieron argüir -no sin fundamento- que los enviaron “al frente” precisamente para eso, para cometer delitos a fin de escarmentar o exterminar poblaciones.    

Fue ese el caso de los que atacaron Accomarca,   Umaro, Bellavista, y Llocllapampa en 1986,  al mando de las Brigadas “Lince” operadas bajo  la conducción inmediata de Thelmo Hurtado. Aún se recuerda que ellos encerraron niños y mujeres en una vivienda rural y les prendieron fuego hasta quemarlos vivos para luego lanzarles granadas de guerra para exterminar sus cuerpos.

Los autores del hecho, interrogados en ese entonces por Congresistas de la República -el Senador Javier Valleriestra–aseguraron que obraron en cumplimiento de “órdenes superiores”, y asesinado a niños de tres y cuatro años para evitar que “crecieran terroristas”.

En su momento, el Fuero Militar “condenó” a Hurtado a “8 días de rigor” por “exceso en el cumplimiento de su función”. Aunque después esa sanción se modificó, la institución castrense nunca lo dejó sin apoyo. Hizo todo por ampararlo enviándolo incluso a los Estados Unidos de Norteamérica para evadir la justicia. Adicionalmente, fue ascendiéndolo a fin de que “no se perjudique”.

No fue por cierto el único caso, hubo decenas de masacres similares en todo el territorio nacional. Podría recordarse casos específicos, como Santa Rosa, Putis, Pomatambo, Cayara, Parcco Alto,  Chucchi;  pero también la matanza de los Pernales, ocurrida en junio de 1986 -hace 39 años- y que dejara como secuela 300 muertos entre el CRAS de San Pedro y la Colonia Penal de  El Frontón, bombardeada por la Marina de Guerra.

Habría que excavar los suelos de cuarteles como Los Cabitos de Ayacucho, o Bases como la del Estadio Municipal de Huanta u otras situadas en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac o Cusco, donde con toda probabilidad se habrán de encontrar restos humanos, para saber la magnitud de los delitos en torno a la materia.  

Además, cabría recordar el accionar de los Escuadrones de la Muerte, como el Grupo Colina, que exterminara alrededor de 60 personas en distintas jurisdicciones del país, desde La Cantuta hasta Pativilca, pasando por Barrios Altos. Para ellos, el gobierno de Fujimori en su momento ideó también una “amnistía” que no prosperó por la misma crítica internacional que se alzará contra la que se pretende imponer hoy.

Al tenor del Proyecto sancionado por la Comisión Parlamentaria, los autores de estos crímenes no solamente serían eximidos de responsabilidad legal, sino que, además, quedarían ante la historia como “combatientes que lucharon por la pacificación del país”, como héroes temporalmente incomprendidos y sacrificados.

Pero hay un segundo “argumento” que se ha usado para justificar la disposición que comentamos: Se asegura que “ya pasó el tiempo”, y que estos hechos nunca fueron juzgados. Hacerlo ahora, resulta “extemporáneo”

Admitiendo que, en efecto, pasaron muchos años de estos crímenes, cabría preguntarse la razón de tal retraso. La culpa no fue, por cierto, de las víctimas. Tampoco de los familiares de ellas, que denunciaron los hechos y clamaron justicia. A más del obsoleto sistema de justicia -responsabilidad de la clase dominante- hay que señalar que en todos estos años los autores de estos delitos fueron protegidos por las instituciones policiales y castrenses que se esmeraron por dilatar los procedimientos y hacer aún más  lenta la acción de la justicia.

En algunos casos, los mantuvieron “fugitivos” y en otros los ayudaron incluso a irse del país para eludir la ley. El caso del “comandante Camión” resultó emblemático en su momento. Por lo demás, los encargados de intervenirlos para ponerlos “a disposición”, tampoco lo hicieron, de modo que pudieron vivir sin molestia muchos años. No tienen entonces autoridad alguna para argüir aquello de “el tiempo transcurrido”.  

Cabe subrayar que esta práctica punitiva, de crimen y exterminio, no fue privativa del Perú. Se aplicó en otros países como Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia. Formó parte de una suerte de “escuela de guerra” dictada por el Imperio para intimidar a los pueblos y acabar con la resistencia a las políticas opresoras de la clase dominante.    

Como ocurriera antes, es previsible que tanto en el país como más allá de nuestras fronteras, se levante ahora un sólido movimiento de protesta, rechazo y resistencia a una disposición como la que se pretende imponer en el país. Y es que en todas partes ha crecido la convicción de que estos crímenes no se pueden pasar por alto. También es fuerte la idea que no prescriben con el paso del tiempo.

Por lo demás, las Convenciones Internacionales que regulan los Derechos Humanos en el mundo han dispuesto ya que no proceden disposiciones o leyes que otorguen amnistía, indulto u otros similares en beneficio de responsables de estos delitos, los mismos que pueden ser materia de condena en cualquier tribunal y cual fuese el tiempo transcurrido. En otras palabras, los juicios se mantendrán abiertos en todas partes y las acciones que conlleven no prescribirán en ninguna circunstancia.

Adicionalmente, en lo que se refiere al plano nuestro, estos Convenios suscritos por el Estado Peruano, tienen fuerza de ley y peso decisivo, dado que han sido considerados como mandato de la Carta Magna.  El llamado “Control difuso” que opera sobre la acción de justicia, permitirá a los jueces eludir esta irrita disposición

No basta entonces que lo diga una Comisión o un Pleno, para que se imponga. La sangre -dicen los ingleses- es más densa que el agua. No desaparece fácilmente.

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Perú: El juicio a Castillo se cae

Gustavo Espinoza M.

Cuando se inició el juicio a Pedro Castillo, en los primeros días de marzo, dijimos dos cosas que se han confirmado plenamente. Que se trataba de una parodia de juicio dado que las “autoridades competentes” tenían todo arreglado para condenar al presidente derrocado el 2022; y que éste era absolutamente inocente de los cargos formulados por el Ministerio Público dado que las cosas habían ocurrido exactamente al revés.

En efecto, el cacareado Golpe de Estado esgrimido como pretexto para derribar al presidente Constitucional de la República había sido ejecutado por la ultraderecha fascista desde el Congreso, contando con la complicidad del empresariado, la cúpula militar, la dirección de los “partidos” reaccionarios y la Prensa Grande al servicio del Gran Capital. Todo ello hoy ha quedado plenamente confirmado.

Al inicio del proceso judicial las encuestas registraban, sin embargo, que sólo un 33% de la ciudadanía creía en esa versión. El 57% en cambio admitía la idea vendida por los medios de comunicación y pensaba que Castillo había accionado el resorte golpista que había culminado con su caída.

Hoy las encuestas arrojan un cambio radical en la percepción ciudadana: el 59% cree que el Golpe fue dado contra Castillo y sólo el 33% sostiene la idea original.

Este giro, no es casual. Es el resultado natural de los acontecimientos que se han percibido en el proceso y que no han podido ser ocultados por la inmensa propaganda desatada por los enemigos del pueblo.  

Y es que en cada audiencia han sido desbaratadas las acusaciones contra el presidente depuesto y, al contrario, ha salido a flote, una realidad indiscutible: las acciones golpistas fueron perpetradas por quienes hoy usurpan el Poder.

Se dijo, por ejemplo, que el presidente Castillo había ordenado “el cierre del Congreso”. En la audiencia se demostró que fue Martha Moyano -vicepresidente del Congreso y fujimorista reconocida- la que ordenó el cierre del Legislativo.  Ella misma lo admitió.

También se dijo que Castillo había ordenado la detención de los parlamentarios, pero los acusadores no pudieron presentar un solo caso de un Parlamentario que hubiese sido detenido o al que se hubiese intentado detener.

Se dijo que “el Golpista” había ordenado a la Fuerza Armada sublevarse contra los poderes instituidos, y la Fiscalía no pudo presentar un solo testimonio de un militar o policía que hubiese cumplido -o siquiera recibido- tal orden.

Por lo demás, pudo establecerse que, a comienzo de la tarde del 7 de diciembre del 2022, Castillo salió de Palacio de Gobierno siendo jefe de Estado. En tal condición, se le abrió paso oficial, se le brindó custodia y se le acompañó como era el protocolo formal.

No obstante, veinte minutos más tarde, unidades policiales y militares rodearon el “Cofre” que se desplazaba por la avenida Wilson y encañonaron al presidente y a su familia obligando al mandatario a descender.

¿Como puede admitirse que salió de Palacio siendo presidente y poco después perdió su condición de tal sin que mediara ningún hecho o disposición de organismo constitucional alguno?

En el juicio quedó absolutamente demostrado que Pedro Castillo fue detenido siendo jefe de Estado, violándose en forma flagrante la inmunidad constitucional que lo amparaba. Por lo demás, no pudo establecerse quién dio la orden para el cumplimiento de tamaño despropósito, ni qué investidura lo arropaba en ese instante.

También pudo establecerse que Castillo fue forzado a trasladarse a la prefectura de Lima donde quedó recluido. Allí fue visitado por la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que poco después fue destituida por graves delitos de función.

En paralelo -y estando ya privado de su libertad- Castillo fue destituido por el Congreso de la República sin que se estableciera -de acuerdo con la ley- el antejuicio correspondiente a su investidura. El Legislativo -como se recuerda- obró ilegalmente violando todos los procedimientos, y sin reunir siquiera los requisitos elementales que le exigían un número mayor de votos que los alcanzados para procedimientos como el ejecutado. En otras palabras, el presidente fue destituido ilegalmente violándose los procedimientos constitucionales establecidos.

Los jueces a cargo del procedimiento iniciado en marzo sabían todo esto, pero les ha sido confirmado en cada audiencia de tal modo que ahora enfrentan un hecho consumado: no pueden probar lo que les habían encomendado.  Ante sí, sólo tienen dos posibilidades reales: o declaran nulo el proceso y absuelto al acusado, o se empinan sobre su propia miseria y confirman la sentencia que ya tienen escrita.

Por lo pronto, están absolutamente desamparados. Incluso juristas de reconocida ejecutoria penal, y que nadie podría acusar de parcialidad en favor del acusado, como es el caso de Elio Riera, César Nakasaki o Benjj Espinoza han admitido la absoluta inviabilidad del juicio.

Este juicio ha tenido lugar en circunstancias extrañas. Se ha desarrollado en una sala especialmente acondicionada en el Penal en el que está recluido Castillo, para que “no vea la calle” y -obviamente- para que la calle no lo vea a él.

Las sesiones han transcurrido “en privado” y el evento no ha sido transmitido. La ciudadanía ha podido enterarse de las cosas por pequeños fragmentos recogidos por algunos programas o gracias a las redes sociales, pero no ha existido una versión oficial de nada.

Dicho de otro modo, se ha tratado de un proceso incoado a un reo virtualmente secuestrado, y privado de los más elementales derechos. Aleatoriamente, Castillo asumió la táctica de ignorar el proceso para descalificarlo, con la idea de cuestionar sus resultados en el escenario internacional, como habrá de ocurrir.    

Por lo demás, los jueces a cargo del proceso no constituyen garantía de probidad. Una de las integrantes del tribunal adelantó opinión contra Castillo hasta en 13 oportunidades por lo que fue recusada.

No obstante, fue amparada por los otros miembros de la Sala.  Y los otros miembros del Colectivo, no han mostrado imparcialidad.

En suma, una pila de irregularidades que descalifican el accionar de un Poder sometido a la influencia de un escenario adverso a la justicia y a la ley. Y es que el juicio a Castillo se cae ante la impotencia real de jueces en un callejón sin salida.

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Perú: José Carlos Mariátegui 95 años en la historia

Gustavo Espinoza M.

El 16 de abril de 1930, pasó a la inmortalidad José Carlos Mariátegui La Chira, el peruano más valioso del siglo XX y el Primer Marxista de nuestro continente. “La nueva luz de América”,  “El prototipo del nuevo hombre americano” , fue definido por Henri Barbusse en su momento, quien lo consideró una de las personalidades más descollantes de su tiempo.

Pensador, ideólogo, ensayista, político, periodista, combatiente social, fue un hombre universal. En todo caso, el más universal de los peruanos de nuestra época. Para decirlo en palabras de Waldo Frank, Mariátegui “es un hombre intacto”.

Quizá por eso se ha escrito tanto acerca de él, se le ha estudiado y se le ha estimado. Y es que, como lo afirmara el poeta chileno Pablo Neruda, “sobre Mariátegui, seguirá cantando el mar”.  El recuerdo que se tiene de su imagen luce infinito.

Como es usual, al evocar la trayectoria vital del autor de los “7 Ensayos…”, puede aludirse a tres etapas muy definidas: su proceso de formación, desarrollado desde sus primeros escarceos literarios hasta 1919; su estancia en el viejo continente -entre 1919 y 1923- caracterizada por valiosas experiencias estudiadas y vividas; y sus “años cumbres” –como los denominara Jorge Del Prado- registrados desde 1923 hasta 1930, año de su partida. En ellos, José Carlos concretó el sentido de su vida y diseñó la sustancia de su mensaje, su aporte creador.

Algunos episodios deben anotarse en su primera etapa. Como se recuerda, en enero de 1918 “asqueado de la política criolla”, Mariátegui se enrumbo resueltamente al socialismo. Como telón de fondo de esa decisión cardinal, estuvo, por cierto, la Gran Revolución Rusa de Octubre del 17 conducida por Lenin y liderada por los Bolcheviques, y cuya bandera fue el ideal socialista,

Percibido por la rancia oligarquía de la época como el exponente más definido de los “bolcheviques peruanos”, nunca rechazó su filiación, aunque se apuntó “más peruano que bolchevique” como una manera de subrayar mirada propia al fenómeno universal que lo llamaba.

Fue en función de esa línea que el joven periodista se sumó a la lucha de los trabajadores y saludó la Jornada de 8 Horas, de enero de 1919; asesoró a organizaciones sindicales y fundó el diario “La Razón”. antesala de creaciones mayores.

Afectado en su salud y ciertamente acosado por la clase dominante, debió partir al viejo continente en octubre del 19 con la idea de hacer allí su propia experiencia. Inició de ese modo una nueva etapa, en la que cimentó opciones y perfiló su personalidad, dotándola de altos objetivos humanos.

Una diversidad de fenómenos pudo percibir José Carlos a partir de su arribo allende los mares: la crisis de la dominación capitalista traducida en ciudades destruidas, aldeas incendiadas, poblaciones arruinadas, miseria extendida y largas colas de desocupados; en otras palabras, el mundo de postguerra.

A la par, el ascenso de los trabajadores alentados por la Revolución Rusa que diera lugar a la tempestuosa Ola Revolucionaria de los años 20, y a expresiones heroicas como la República Húngara de los Consejos, la República Soviética de Baviera, la insurrección de Eslovaquia, y hasta la Revolución Alemana con la inmolación de Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo; además de grandes huelgas obreras en los Estados Unidos, la India, Egipto y otros países.

Unido a ello, el surgimiento de grandes Partidos Comunistas en Europa Occidental, como el francés, después del Congreso de Tours en 1920; y el italiano, luego de Livorno, en enero 1921, certamen que contó con la presencia de Mariátegui y donde el Amauta confraternizó con destacadas figuras de la Revolución Mundial como el búlgaro Jorge Dimitrov y los italianos Palmiro Togliatti y Antonio Gramsci.

Unido a este fenómeno, el surgimiento del fascismo, como herramienta para enfrentar la rebelión de los pueblos. El Almirante Horthy, en Hungría; Tzankov, en Bulgaria; Antonescu, en Rumania y Mussolini, en Italia asomaron como los defensores más sórdidos del Gran Capital y la última carta del sistema de dominación vigente.

Para abordar y conocer estos escenarios, Mariátegui estudió fenómenos y experiencias políticas, pero mostró especial interés por los temas de la cultura y el arte.

Se vinculó con personalidades muy destacadas, como el propio Gramsci, Piero Gobetti, Benedetto Croce, Luigui Pirandello, Máximo Gorki y Henri Barbusse. Con ellos, analizó el proceso social, los cambios de la época, el fracaso de la sociedad imperante y las nuevas perspectivas que la historia abría para pueblos y naciones.

También con ellos, asumió que la vida “más que pensamiento, quiere ser acción; esto es, combate”. Y a combatir vino de retorno, el 17 de marzo de 1923, cuando reivindicó su compromiso con el proceso peruano.

Sus libros de entonces -”La escena contemporánea” y los “7 Ensayos”-, a más de los que dejara concluidos y que se publicaran después; la revista inigualada revista Amauta, la edición de “Labor”, la fundación de la herramienta política creada en 1928 con el nombre de Partido Socialista, la creación de la CGTP y la formación de otras organizaciones populares; fueron el signo de su valioso aporte aquel que lo consagró –así lo diría Julio Antonio Mella- “como el orientador de un mundo por nacer”.

Hoy cabe recordar la Declaración de Principios” del Partido fundado el 7 de octubre de 1928. Lo sitúa en el marco de una sociedad capitalista y en lucha contra ella; plantea la tarea de la Revolución Socialista como camino histórico; proclama el papel de la Clase Obrera como la principal fuerza de combate; señala el ideal Socialista como objetivo y señala al Marxismo Leninismo como su herramienta teórica y política fundamental.

De Mariátegui podríamos aprender muchísimo, pero valorar sobre todo su lealtad a la causa del socialismo y su consecuencia en la lucha concreta: “Mi visión de la ´época –nos dijo- “no es bastante objetiva, ni bastante anastigmática. No soy un espectador indiferente del drama humano. Soy, por el contrario, un hombre con una filiación y una fe”.

El Amauta, no tuvo una vida tranquila ni apacible. Fue acosado, perseguido y encarcelado. Atacado, vilipendiado y agredido. Pero supo siempre alzarse por encima de la adversidad; consciente que, más allá de las palabras, estaba la acción, aquella que habría de ubicarlo en lo más alto del pensamiento humano.

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Perú: La Reina de la Chatarra

Gustavo Espinoza M.

A comienzo de los años 90 del siglo pasado, la Red O’ Globo de la TV brasileña presentó una muy exitosa serie titulada “La Reina de la Chatarra”. Escrita por Silvio de Abreu, y dirigida por Jorge Fernando, tuvo como protagonistas estelares a Regina Duarte y Tony Ramos y mostró las turbiedades de los nuevos ricos y la corrupción galopante de la decadente élite paulista.

Si hoy en el Perú alguien parodiara esta obra, podría mostrarnos una reina que goza de otra chatarra, y que muestra la misma frivolidad y decadencia no propiamente de los ricos en dinero  sino porque ostentan un Poder que les cayó por arte de birlibirloque y lo usan con fines deleznables y objetivos perversos.

La reina a la que aludimos no tiene siquiera la fuerza que ostentaba Regina Duarte en la telenovela del País del Carnaval. Es apenas una caricatura que tiene por chatarra lo más endeble de la sociedad de nuestro tiempo y que busca afanosamente perdurar en la memoria de los peruanos, aunque muestra una inmadurez sencillamente alarmante.

Dina Boluarte, en efecto, revela una edad mental de pocos años- Cuando el país guarda luto por el asesinato de un músico popular,  opta por entonar una canción infantil en lugar de mostrar congoja; para luego -poniendo cara de mala sin ningún esfuerzo- asegurar que está “pensando seriamente” en matar, es decir, restablecer la Pena Capital en el Perú de nuestros días.  
Pareciera que este es otro tipo de reina de chatarra, que se vale de la inmundicia y los desperdicios sociales para administrar una gestión que cae sola porque está podrida por dentro. Ella, y sus colaboradores más inmediatos, ven cómo se derrumba lo poco que han forjado, pero no se dan cuenta que eso ocurre.

Siguen soñando convencidos que este es “el mejor gobierno” que ha tenido en el Perú en el nuevo siglo porque está “presidido” por una mujer, la primera en 14 mil años de historia desde el advenimiento de la primera comunidad humana en el suelo que hoy es el Perú.

Con reflexiones de esa naturaleza no podría sorprender que tuviéramos ministros como los que ostentan el fajín, o “partidos políticos” con notabilísimas figuras que brillan con luz propia en el luminoso firmamento peruano y que son muy conocidos apenas en sus casas.  Gracias a ellos, el Perú está a punto de convertirse en una “primera potencia mundial” (López Aliaga dixi).y recibir vagones de obsequio, que nos costará la friolera de 24 mil dólares.  

Estos magos de la política crioll​a han dispuesto que se instale en el Perú -otra vez- el “Estado de Emergencia” para combatir el sicariato y la extorsión. Y han procedido entonces marcialmente a disponer que efectivos militares patrullen Larco Mar, el lujoso descanso de la plácida burguesía miraflorina.

Ciertamente más pragmática y expeditiva, la Fiscalía resolvió intervenir el domicilio de los principales sospechosos de estos delitos, y comenzó por la vivienda del ministro del Interior, José Santivañez ¿Cuál de las dos habrá tenido la mejor pista?

Como ocurrió no hace mucho, el titular del portafolio de Córpac será apapachado en medio de aplausos, que le brindarán los otros 17 ministros y la Boluarte. Los 18, serán su paño de lágrimas. Y es que, más allá de las cuestionables decisiones parlamentarias, que pueden variar de un sentido a otro, es muy claro que a ese señor lo censuró el Perú entero.

Lo ocurrido recientemente en Lurín constituyó una prueba palpable de ello. Fue la voluntad ciudadana la que habló en esa circunstancia.    

Para organizar su “trabajo”, esta reina y los suyos han creado un “Cuarto de Guerra”. Allí coordinará acciones y movilizará centenares de efectivos policiales y militares. Pero no será para enfrentar a los delincuentes, custodiar los barrios populares, ni proteger la seguridad ciudadana.

Será para impedir las Marchas que se organicen contra el gobierno, o critiquen a la presidenta. Todo se podrá permitir -dice ella- menos que duden de que “tengo las manos limpias”.

Ese “Cuarto de Guerra” será tan expresivos como el “Estado de Emergencia”, las cirugías “no estéticas”, “la honradez” del régimen o “el Menú” del Congreso.  En otras palabras, una frase sin sentido que servirá para ocultar latrocinios de diverso orden.  

Es claro que para el Congreso lo importante no es tampoco la Seguridad Ciudadana, sino la firma de Fujimori en la Constitución vigente y el cobro de bonos para incrementar los ingresos de los parlamentarios, aunque el tema de la firma del dictador no se sepa dónde colocar, porque la Constitución ha sufrido tantos cambios que -salvo el régimen económico- no se parece en nada a la del 92, que ni Senado tenía.  

Recientemente alguien le preguntó al congresista Bustamante (Fuerza Popular) si no le preocupaba el hecho que fueran asesinadas seis personas cada día, y respondió que no, que esa era una cifra muy baja. Está convencido que debieran morir más. En esa línea, el régimen busca otorgar contenido político a la protesta ciudadana.

Y por eso dice que la movilización popular “es política”. Y más aún, es “Caviar”. Y es que Dina no recuerda el Gabinete “Caviar” de Mirtha Vásquez, que ella integró feliz durante el gobierno de Pedro Castillo.    

En verdad, la convicción de Bustamante, se demostró ya en los tiempos de la Pandemia cuando él y los suyos se empeñaban en rechazar la vacuna contra el COVID.  Gentes de esa calaña forman parte de la troupe que acompaña a esta “reina de la chatarra”.

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Perú: Una afrenta intolerable

Gustavo Espinoza M.

792 días tuvieron que transcurrir para que se iniciara formalmente el juicio contra Pedro Castillo Terrones, el Presidente de la República ilegalmente depuesto por un “golpe blando” el 7 de diciembre del 2022 ocurrido por un acuerdo sucio entre la ultraderecha y Dina Boluarte, quien hoy ejerce ilegalmente la Jefatura de la Nación.

En ese lapso el acusado estuvo no solamente privado de su libertad, sino también impedido de recibir visitas que pudieran interesarse por su caso.

El jurista argentino Guido Croxatto, no pudo entrevistarlo pese a acreditarse como especialista en materias penales y Derechos Humanos y no obstante haber sido solicitado por el propio Castillo.  

Esta sola negativa, absolutamente inmotivada, es suficiente para desacreditar la objetividad jurídica de Tribunal encargado del tema, y constituye una muestra clara de la humillación a la que es sometido el procesado.

Por lo demás, el juicio en cuestión aparece claramente amañado. Los Magistrados que integran la Sala no pueden acreditar la solvencia requerida.  Por lo menos en el caso de la doctora Norma Carvajal, se sabe que adelantó opinión en torno a la materia y condenó de antemano a Castillo considerándolo culpable del delito de Rebelión. Como es público, sostuvo que puede ocurrir ese delito sin uso de armas, como un modo de justificar su juicio.

Adicionalmente, el Proceso Judicial no se ventila en un recinto legalmente previsto para tal efecto, sino en el Centro Penitenciario en el que se mantiene virtualmente secuestrado al reo. Esto se hace con un doble propósito: Desarrollar el tema sin audiencias públicas, es decir sin presencia ciudadana; y además mostrarle al incoado que no saldrá del Penal en el que se halla porque allí será condenado y así quedará por vida.

Y por si fuera poco, Betsy Chávez denunció ser golpeada y amenazada. Y eso se probó.

El Ministerio Público ha pedido para Castillo 34 años de prisión, lo que, además, luce como un claro despropósito. Como se sabe, la legislación vigente establece para el delito de Rebelión una pena de 10 años.

Para elevarla a 34 la Fiscalía ha sumado otros delitos incluido el “abuso de autoridad”, que nunca se ha acreditado. Entonces le han “juntado” varios “delitos” y le han acumulado diversas penas. En otras palabras, la Fiscalía ha partido de un delito que no ha cometido, y le ha añadido otros que no han existido. Ficción jurídica, se podría llamar a una trama así urdida.

Todo esto, acredita la inviabilidad del procedimiento en marcha y se refleja en otros despropósitos, como el de incluir en el juicio a otros procesados que el mismo Castillo, ha exculpado expresamente. Ni en el presidente ni en ninguno de los coacusados, se ha encontrado el menor indicio de responsabilidad en la causa que se imputa para condenar a los acusados con un claro espíritu de castigo y venganza.  Y en el colmo de la impudicia, el INPE lo “reprende” como si fuera un escolar malcriado y anuncia “castigos” contra él.

Probablemente no se ha registrado el número exacto de Golpes de Estado -o intentos de este- que se han producido en el Perú desde el inicio de la República. Hay quienes los sitúan entre 148 y 168. Leguía tuvo su cargo por lo menos tres; Oscar R. Benavides, dos; Odría hizo el Golpe en octubre del 48.

Y se podría hablar de los Golpes Militares de julio del 62, de octubre del 68 y de agosto del 75. Y también, naturalmente, del registrado el 5 de abril de 1992. El fenómeno fue tan común que Martín Adán dijo que formaban parte de la normalidad.

Pero en ninguno de estos alzamientos armados se procesó a nadie. Incluso Fujimori, fue condenado por otros hechos también punibles. No porque hubiese cerrado el Congreso ni los otros Poderes del Estado.  Por el tema de los Golpes Militares, no se conoce sentencia alguna.

A Pedro Castillo tampoco podrían condenarlo por un Golpe que no hizo. En el fondo, lo habrán de sancionar por otros hechos que no se atreven a confesar: Pobre, campesino, maestro rural, indio; pero, sobre todo, porque les generó pánico. Alguien les dijo -falsamente- que era comunista, revolucionario, socialista, o marxista; que les iría a “quitar lo suyo”; apenas porque Castillo habló de igualdad, de justicia, de dignidad. Y eso, no lo soportan.

Por eso arremeten contra el presidente ilegalmente encarcelado y depuesto. Y por eso, quisieran verlo tras las rejas el resto de su vida. Que no salga más, Y que no venga nunca otro que hable de lo mismo.

A eso aportan también los bustos parlantes de la TV mafiosa, desde Milagros Leiva hasta Mávila Huerta, que buscan hacer escarnio del acusado y burlarse del drama que afronta. Todo esto, es lo que configura una afrenta intolerable.

El juicio a Castillo “se ha movido” rápido, Mucho más que otros similares. Y es que pareciera que aquí todas las piezas forman parte de un rompecabezas. No es difícil. entonces, sumar una con otras y consumar el propósito planteado. Pareciera que los que conducen el juicio, lo tienen todo aprendido. En otras palabras, que la condena, ya está pactada.

Eso explica el que Castillo busque desacreditar el juicio descalificándolo moralmente. Y eso, tiene resultado. Si las encuestadoras consultaran hoy la opinión ciudadana, el presidente depuesto tendría por lo menos veinte veces más aceptación pública que la usurpadora.

Teniendo al frente a los monstruos que han creado esta situación, llegar a la conclusión que “los Caviares” son “el principal peligro” para el país, es -parodiando el refrán-  como ver la paja en un ojo y no darse cuenta de que la viga está en el otro.

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