Perú: Vizcarra y Castillo

César Hildebrandt

"Vizcarra y Castillo están en la cárcel. No seré yo quien lo lamente"

Si Martín Vizcarra pidió coimas, como dicen los empresarios corruptos que se las pagaron, está muy bien que sea condenado. Que pase en Barbadillo la temporada en el infierno que le corresponde. Que pague con la deshonra su codicia.

Lo increíble es que el sistema judicial permita a los constructores que pagaron plata sucia para obtener licitaciones estar en sus casas escuchando la sentencia de quien fue su socio criminal.

Lo que da grima es ver a Rafael Vela Barba felicitando a Germán Juárez Atoche después de la sentencia. Ambos consintieron en no aplicarles la ley a quienes también pecaron. Eligieron el método que permite privilegios excepcionales siempre y cuando se embarre al blanco principal.

Vizcarra está en cana. La derecha lo quería allí no porque haya sido un corrupto –no hay derecha con sentido ético en el Perú– sino porque cerró el Congreso donde el fujimorismo era mayoría aplastante y hacía de vientre cada vez que algún lobby le exigía una ley (o parar un proyecto). El cargamontón que asesinó simbólicamente a Vizcarra no nació de un prurito constitucionalista sino de un afán de escarmiento y venganza.

Vizcarra no le hace ascos al cinismo ni a la tergiversación de la verdad. Cerró el Congreso putrefacto no porque quisiera limpiar el país sino porque aspiraba a tener todo el poder que le fuera posible acumular. Vizcarra fue un fujimorista sin insignia. Y ha terminado como Fujimori.

Que la derecha pestífera festeje su encarcelamiento sí que es una paradoja. La derecha política y empresarial de este país vive del saqueo prebendario, de las amistades decisivas, de las licitaciones amañadas, de las coimas municipales para construir moles indebidas. La derecha peruana nació en gran parte del dinero del guano repartido en los lodos de la consolidación de Echenique y no ha abandonado ese origen. La derecha de mi país celebra la cárcel de Vizcarra pero pagaría lo que fuese necesario para impedir que la corrupta Keiko Fujimori termine, como tendría que ser, tras los barrotes. La heredera de la mafia fujimorista representa, a pesar de sus derrotas, la firmeza sin escrúpulos de los que sienten que el Perú les pertenece, que la cholería es una impertinencia del paisaje y que cualquier engaño es lícito con tal de que todo siga igual. Para esa derecha, la felicidad nace de la quietud y la morgue es el destino de los exaltados.

Esa derecha está feliz también con la condena de Pedro Castillo, el pobre diablo al que acorralaron fácilmente. Castillo ha sido condenado por conspiración para rebelarse y creo, sin ser abogado, que esa sentencia es justa. ¿Pero no conspiraron para rebelarse en contra del orden constitucional quienes durante meses intentaron demostrar que las elecciones habían sido un fraude y que era un deber desconocerlas? ¿No conspiraron contra el orden constitucional los que pagaron a famosos abogados grandes sumas para tejer la teoría de que Castillo era un presidente ilegítimo porque había nacido del cambio de actas, de la tachadura de cifras, del robo de la voluntad popular?

No, claro que no. Para esa gente, para ellos y sus compinches políticos sólo cabe la benevolencia, el olvido, la indulgencia. La inocencia los antecede. Su absolución es de antemano. Ellos no conspiraron. Ellos eran guardianes de la democracia, tal como la entiende la derecha inmortal de mi país: el viejo orden, las várices del privilegio hereditario, el prestigio del moho.

Vizcarra y Castillo están en la cárcel. No seré yo quien lo lamente. Lo que me da asco es ver a la derecha en pleno –los Baella, las Valenzuela y las tribus de Willax, para citar algunos ejemplos– brindar con champán esa carcelería al mismo tiempo que defienden la causa de Keiko Fujimori, las leyes pro crimen, el Congreso del hampa, la dictadura de un mercado plagado de oligopolios tramposos y monopolios con ganzúas al cinto. Quien sólo ama el dinero y tiene pata de palo y loro al hombro no tiene derecho de brindar por la aplicación de la justicia. Sobre todo cuando hace campaña por una justicia tuerta que hoy está en manos de una Junta de malandrines, un Tribunal Constitucional escorado y un Ministerio Público bajo acoso.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 760 año 16, del 28/11/2025

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Perú: Cuatro perlas del Régimen

Gustavo Espinoza M.

El mundo gira y Venezuela resiste valiente y decidida. Entre tanto, Donald Trump siente que reina sobre tierras y mares del universo entero y en el Perú ocurren hechos que podrían asombrar a los mortales que viven en otras latitudes. Verdaderas perlas que podrían sorprender a muchos. Podemos citar cuatro de ellas:  

El caso de Betssy Chávez Chino es quizá el más dramático, y el que mueve a la más viva indignación y alienta sentida solidaridad. Se trata de una joven mujer que colaboró activamente con el gobierno de Pedro Castillo, y que en los últimos meses del 2022 fue promovida al cargo de Primer Ministro. Ella desempeñaba esa función cuando ocurrieron los hechos del 7 de diciembre de ese año que derivaran en la caída del Mandatario, su captura y el juicio que aún no concluye.

Como supuesta cómplice de los inexistentes planes golpistas de quien fuera electo el 2021, Betssy Chávez fue detenida semanas después, cuando ya se había entronizado el régimen de Dina Boluarte atacando furiosamente la masiva protesta ciudadana.  Hoy vive tras las rejas en el Penal ordinario para mujeres de Chorrillos.  donde ha sido sometida a innegables tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En ese centro carcelario convive con delincuentes comunes, algunas de las cuales la han atacado sin mediar motivo. Ella, en cambio, ha sido ignorada cuando ha denunciado algunos vejámenes o ha solicitado un cambio de ubicación en el reclusorio en el que se encuentra.

En lugar de ser escuchada y atendida como corresponde incluso a su investidura, fue maltratada y humillada por sus captores que hicieron escarnio de su situación. En el extremo, fue invitada a quedarse en un así llamado “cuarto de meditación”. Allí fueron conducidas antes otras reclusas “rebeldes” que luego aparecieron muertas en circunstancias no precisadas.

Betssy Chávez ha denunciado que fue conducida a audiencias judiciales bajo efecto de sustancias que afectaron su equilibrio emocional y la privaron de su capacidad de expresión, lo que no ha sido negado por las autoridades penitenciarias.

La detenida, que lleva casi tres años tras las rejas sin sentencia, inició hace algunos días una Huelga de Hambre seca que ha puesto en grave riesgo su propia vida. Incluso los médicos del INPE   se han alarmado por el grave deterioro de su salud y han procurado asistirla pese a la indolencia de los funcionarios del Instituto Penitenciario y del Penal, que han pretendido ignorar los hechos.

Los jueces no han conocido contra ella prueba alguna. Su “delito” se ha reducido a un hecho fortuito: supervisó la instalación del equipo de sonido usado por Pedro Castillo para leer su “proclama”.  Y eso la convierte en “cómplice de un Golpe de Estado” y merecedora de muchos años de cárcel. Hoy, Betssy Chávez Chino merece solidaridad humana y respeto, al que tiene legítimo derecho.

El caso de Martín Vizcarra es la segunda perla que puede mostrarse en esta circunstancia. Se trata de un ex presidente de la República al que se le acusa de todos los latrocinios posibles. Como no se le encontró nada en el desempeño de su función presidencial, se optó por incoarle un juicio por dos supuestos delitos referidos a hechos de hace muchos años, cuando era presidente del Gobierno Regional de Moquegua. Y se tomó para ello, la declaración de un “colaborador eficaz” que ha llevado su “testimonio” hasta el fin a cambio de su propia libertad, pero que no ha podido aportar prueba alguna de su versión.

Hoy Martín Vizcarra está preso, pero no por esos delitos que se le atribuyen sino porque sus enemigos juran que quiere eludir la acción de la justicia y marcharse del país. El Juez ha dicho, entonces, que registra “peligro de fuga”, por lo cual ha sido encarcelado.

Pocas veces se ha desatado contra una persona una campaña de difamación tan grande como la que se ha lanzado contra Vizcarra. Más que “cargos”, ha recibido adjetivos, desde “lagarto” hasta “traidor”, pasando por una incontable serie de insultos. Y en el extremo, se le han inventado groseras acusaciones, como la “responsabilidad por las 200 mil muertes en los años de la pandemia”. Pero, además, lo han inhabilitado tres veces en el congreso de la República y le ha prohibido hasta tener ideas políticas e inscribirse en un partido en una decisión abiertamente anticonstitucional.

Pero lo inverosímil asomó después. Ya detenido y conducido al Penal de Barbadillo junto a otros expresidentes, se dijo que era “reo común” y se le trasladó a un Penal Ordinario. Ante la protesta ciudadana, se le trasladó a otro de “máxima seguridad”.  Finalmente, fue devuelto a Barbadillo. Vale decir: lo trasladaron de un lugar a otro como si fuera un objeto y lo devolvieron a donde estuvo cuando inició ese periplo. ¿Las razones? Ninguna.

A Martin Vizcarra simplemente lo detestan porque se enfrentó a la Mafia, porque cerró el Congreso con 73 fujimoristas el 30 de septiembre de 1918 en un acto que fue aplaudido por el 80% de la ciudadanía, y porque hizo un referendo que fue masivamente apoyado por la población. Y le temen porque quiere presentar su candidatura presidencial, y ellos saben que les gana. En los comicios del 2032 fue electo parlamentario con la más alta votación, pero anularon su elección para impedir su función congresal.  

Por eso lo inhabilitan, y tres veces, por si una sola no bastara. Ahora esperan condenarlo con la mayor sentencia para ver si muere en prisión. Y es que lo odian, simplemente.

El caso Juan José Santivañez es la tercera. Como se recuerda, fue ministro del Interior de este gobierno y compartió delitos con Dina Boluarte desde ese portafolio. Por su incapacidad de gestión y no obstante contar con el más decidido apoyo de la Boluarte, fue censurado por el Congreso de la República y obligado a dejar su cargo como titular del portafolio.

Luego fue designado como “monitor” de una alta oficina de coordinación presidencial, para “estar cerca” de la Mandataria, Recientemente, fue nombrado ministro de Justicia ante el estupor ciudadano y la sorpresa de los medios políticos.

Es abogado, y su especialidad es litigar contra el Estado defendiendo a policías separados de la institución por la comisión de diversos delitos. Así, ha defendido a policías vinculados al tráfico de droga, el abuso de autoridad, la tortura, el sicariato, el asesinato de personas y otras acciones. Se vanagloria de haber logrado “reintegrar” a la institución policial a sus defendidos Y se le acusa de “enriquecimiento Ilícito” por cobros indebidos a dichos policías para lograr su reinserción en la estructura del Estado.

Actualmente está procesado por estos delitos. Tiene prohibido salir del país y debe certificar su permanencia en Lima. Llama la atención, sin embargo, la cercanía que muestra con quien ejerce la presidencia de la República. Ha sido documentalmente acusado de encabezar una poderosa banda delictiva que tiene en sus manos importantes redes de Poder.  

Es, probablemente, el único caso de un ministro de Justicia requerido por la Justicia.

Caso Nicanor Boluarte Zegarra. Hermano de Dina Boluarte. Investigado por la comisión de diversos delitos, es la cuarta perla que nos ocupa. Hace algunos meses, fue recluido en “prisión preventiva” mientras dure el juicio que tiene pendiente, pero logro ser liberado a cambio de reglas de conducta y comparecencia.

Hoy nuevamente es investigado y se le acusa de actuar en complicidad con Juan José Santivañez en la comisión de ilícitos penales. Es también el único caso en el que, cuando es requerido por la justicia, la jefa del Estado aboga por él en actos públicos y el Gabinete Ministerial en pleno hace lo propio. Ningún ciudadano goza de tal privilegio  

En días pasados, fue nuevamente allanada su vivienda por decisión del Ministerio Público. Sus vínculos con Juan José Santivañez, son inocultables.

Estas cuatro joyitas, y la manera cómo Dina Boluarte se ha manejado ante ellas, pone en evidencia el perfil de un régimen que busca acabar con sus adversarios a través de cualquier procedimiento y perpetuar en el Poder a una Mafia Neo Nazi absolutamente contraria a los intereses del país. El pueblo habrá de terminar con ella.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Perú: Otárola y Yaziré: el chisme manda

Maritza Espinoza

“El todavía premier cuenta con que la derecha, con tal de aniquilar a Vizcarra, le dé todo su respaldo y no lleve a mayores las investigaciones que deberían darse en el Congreso”.

Nada como un sabroso chisme de “entre sábanas” para desenmascarar a la fauna política chola y, de paso, despertar el aletargado interés de la ciudadanía que, normalmente, apenas si se inmuta cuando se asesina a medio centenar de compatriotas en una protesta, se maneja la economía al borde del descalabro, se gestiona el gobierno (nacional y local) con el pie izquierdo o se roba en paila la plata que sale de nuestros sacrificados impuestos.

Es que para el pequeño voyerista que todos los peruanos, sin distinción de credo o ideología, llevamos dentro, los jugosos detalles de un romance entre un poderoso vejestorio y una guapa damisela resultan mucho más impactantes que el hecho de que ese vejestorio financie su(s) affaire(s) con dineros públicos en forma de contratos con el Estado, pecado venial al que apenas si se le presta atención.

De allí que el escándalo de Alberto Otárola —premier/albacea/titiritero de la señora que ejerce el cargo de presidente— recién haya saltado cuando aparecieron los audios calentones en los que negociaba los favores, digamos, amorosos con la hoy archifamosa Yaziré Pinedo, cuando hace meses se sabía que la señorita, tras una nunca esclarecida reunión con él en sus oficinas del Ministerio de Defensa, había sido favorecida con contratos por un monto de cincuenta y dos mil soles.

Cuando en setiembre ‘Panorama’ publicó los detalles de ese desaguisado, a todos les pareció lo más normal del mundo que una joven de 21 añitos y sin ningún atributo aparente (para el trabajo) haya cobrado lo que, sacando cuentas, son más o menos cincuenta y dos sueldos mínimos. Eso sin contar con que, previamente, la burocracia del Mindef le había enviado un requerimiento personal para que ella misma decida cuánto quería cobrar, deferencia que no se le hace ni a un experto de primerísimo nivel.

Salvo un par de medios entrometidos —además de ‘Panorama’—, los demás ni siquiera tocaron el tema, hasta que, hace unos días, se hizo pública la estrambótica historia de amor/acoso/colusión (combinación que tan frecuentemente se suele dar en esta sufrida viña del Señor) entre Otárola y Pinedo, algo que parece haber agarrado al premier con, casi literalmente, los pantalones abajo.

Pero Otárola es un político ducho y sabe cómo desenfocar la atención pública. Por eso, la coartada que parece haber armado en armoniosa componenda con la niña de sus ojos pone tanto énfasis en la “inocencia” de la relación, desdibuja el aspecto delictivo (un irregular contrato con el Estado) y carga todo el peso de la culpa en… ¡Martín Vizcarra!, el punching ball de todos los odios políticos, personaje cuya sola mención atrae el odio jarocho de la DBA.

El todavía premier cuenta con que la derecha, con tal de aniquilar a Vizcarra, le dé todo su respaldo y no lleve a mayores las investigaciones que deberían darse en el Congreso y, también, con que tras sus “aclaraciones”, Dina Boluarte lo mantenga en el cargo, aunque, de paso, deje sin piso a su hermano Nicanor, con quien tiene un viejo pulseo por ver quién tiene más influencia en la jefa de Estado.

Lo que Otárola no ha calculado —tal vez cegado por su afán de vengarse de su némesis, el hermanísimo Nicanor Boluarte, quien estaría detrás de la más reciente puñalada a su estabilidad en el premierato— es que, en este país, la gente puede perdonar cualquier cosa, menos la deslealtad familiar. Sin ir lejos, entre los factores de la derrota de Keiko Fujimori el 2021, uno de los que más pesó fue la persecución contra su hermano Kenji y la gelidez con la que provocó el regreso de su padre a prisión.  

Pero cabe otra posibilidad para la extrema autoconfianza que todavía muestra Otárola, y es que la información que tiene entre manos sobre Dina Boluarte —que puede abarcar desde el asunto del Club Apurímac hasta detalles no contados de la matanza en las protestas o, quién sabe, sabrosos intríngulis del backstage político— es suficiente para que esta elija su bando y, cual moderna y enfaldada versión de Caín, aplaste las aspiraciones de su

Sin embargo, esta historia está en desarrollo y mientras doña Yaziré no entregue a la Fiscalía las pruebas contra la repentina dupla Boluarte-Vizcarra que dice tener, no sabremos quién es el ganador y quién el perdedor. Por lo pronto, Otárola, hasta el cierre de esta edición, seguía siendo primer ministro. ¿Y la niña? Tiene todas las de ganar.  Además de los cincuenta y dos mil soles que ya se embolsicó, cualquier día de estos la llaman para participar en ‘Esto es guerra’.

Cherchez la femme

Dicho sea de paso, llama la atención que varios de los más grandes escándalos de nuestra historia reciente hayan tenido que ver con la acción —o reacción— de alguna mujer emocionalmente comprometida con los protagonistas. Desde el despecho de Matilde Pinchi Pinchi, que la llevó a hacer público el primer vladivideo que se tumbó al régimen de Alberto Fujimori, hasta la hoy fresquecita telenovela de Yaziré Pinedo, no hay giro político en el que no haya estado involucrada alguna.

No olvidemos, por ejemplo, que los peores momentos de los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala tuvieron que ver con que sus esposas metían las narices en asuntos de gobierno. Tampoco, que Julio Guzmán, el más prometedor candidato en las elecciones del 2021, se derrumbó tras un ardiente ampay cuyas nefastas consecuencias ya no pudo remontar.

Y hablando de ardores, cómo no recordar el asunto del ‘Bebito fiu fiu’, que hasta dio lugar a una pegajosa cancioncilla que se convirtió en éxito mundial. Sin duda, fue el peor golpe que ha sufrido la imagen política de Martín Vizcarra. Ducho en reciclarse, el moqueguano ha logrado darle la vuelta incluso al feo mote de ‘Largato’ (sacó el peluche de un simpático lagartitito, que hoy es su mascota), pero dicen que hasta hoy tartamudea cuando le mencionan el otro asunto.

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/06/otarola-y-yazire-el-chisme-manda-por-maritza-espinoza-417828

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Perú: Resurrección

Carlos León Moya

Sabemos ya que en el Perú nadie muere, políticamente.

Los más ambiciosos se dedican a penar, mientras esperan que el paso de los años haga que la gente se olvide de sus nombres y aparezca una designación, una elección nacional o hasta local o al menos una resolución ministerial que los devuelva al mundo de los vivos.

Los casos de éxito vienen desde el siglo XIX, pero vayamos solamente a los recientes.

El más exitoso es, sin duda, Alan García: destruyó el país a punta de corrupción e incompetencia hasta 1990, pero solo once años después obtuvo el 47 % de los votos. El 2006 fue elegido presidente.

Keiko Fujimori fue la primera dama de un presidente que huyó del país estando en el cargo para evadir a la justicia. Fue la cara de un gobierno autoritario incluso más corrupto que el de García, y con graves violaciones a los derechos humanos. Un gran estigma. Insalvable, pero no en el Perú. Cinco años después, fue elegida congresista. Diez años después, tras reconstruir el aparato partidario fujimorista y pedir perdón porque mentir le es fácil, obtuvo el 49,5 % de los votos. Luego perdió indefinidamente.

Toledo casi resucita en las elecciones presidenciales del 2011, pero no tenía casos de corrupción entonces y al final quedó cuarto. Su resurrección es altamente improbable: no tanto por sus coimas, sino por sus problemas líquidos.

Humala aún no resucita, pero poco a poco lo vamos invocando: te extrañamos, Cosito; regresa, Cosito; no eras tan malo, Cosito.

Pedro Pablo Kuczynski no parece capaz de resucitar. No por un tema político, sino por uno biológico: ya es muy mayor y su salud está deteriorada.

Quien ha resucitado, y a velocidad extraordinaria, es Martín Vizcarra. Y lo hicieron los que quisieron hundirlo.

Vizcarra ha sido un político bastante inusual para el Perú, pero por exitoso. Ha sido el único presidente, desde la transición, en mantener una aprobación mucho mayor a su desaprobación, y mantenerla así a lo largo del tiempo. A diferencia de Toledo, García, Humala, PPK y Castillo, que empezaron con una aprobación alta y luego esta se desplomó de golpe, Vizcarra la mantuvo y la llevó a niveles extraordinarios para el Perú. Medidas como el cierre del Congreso, por ejemplo, lo catapultaron.

Por otra parte, tenía una conexión distinta con el público, especialmente cuando se dirigía a ellos: mucho más horizontal y afectiva que sus antecesores, mucho más articulada que el presidente actual. Sencilla, pero también paternal, con su máximo pico de éxito en las conferencias que daba en las primeras semanas de la cuarentena (y sí, hay peruanos que buscan en el presidente una figura paterna, especialmente en tiempo de incertidumbre).

Pero Vizcarra se fue al traste no con su vacancia. Tampoco con una denuncia de corrupción. Fue algo peor: una denuncia de carácter. Se aplicó una vacuna a espaldas del país, cuando estas no eran accesibles para ningún otro peruano, y lo ocultó durante meses. Casi una traición.

Aun así, vacunado y todo, Vizcarra fue el candidato más votado al Congreso en abril del 2021. Si no asumió el cargo fue porque el Congreso lo inhabilitó para ejercer función pública por cinco años.

Allí empieza el Vizcarra que pena. Sin hemiciclo, sin partido, sin exposición, empieza a hacer transmisiones en línea donde habla con postura de estadista, como si no se hubiese vacunado nunca. Habla y no se inmuta, a pesar de la gravedad de sus actos: lo que se diría, coloquialmente, un conchudo.

Y ser conchudo, a pesar de todo, puede ser políticamente rentable. Miren a Alan García, a Keiko Fujimori, a Alejandro Toledo, quienes sobrevivieron casi a punta de conchudez.

Y así Vizcarra penaba y penaba hasta que “Panorama” publica unos chats privados suyos que probarían una supuesta infidelidad. No había tanta relevancia pública, pero era Vizcarra y estaba en el piso: había que golpearlo más. Luego, Willax emite un antiguo recital de poesía de la supuesta amante de Vizcarra, Zully Pinchi, con unos versos tan malos que son involuntariamente graciosos.

Con esto, el músico Tito Silva hace una canción, “Bebito fiu fiu”, inspirada en el poema y los chats de Pinchi (el “fiu fiu” es la onomatopeya del silbido a la belleza, y Pinchi le escribió uno a Vizcarra en lugar de mandarle un audio).

La canción, sabemos ya, dio la vuelta al mundo y se hizo viral. La cantaron desde Ibai Llanos hasta Bad Bunny, la usaron en sus cuentas desde Netflix hasta HBO.

¿Pero y qué con Vizcarra? Se hizo viral, ¿y qué con él?

Quizá la mejor respuesta es un video de este miércoles en la cebichería Mi Barrunto. Vizcarra aparece y la gente se acerca a abrazarlo como antes, cuando era un presidente querido. Mientras eso pasa, casi todos empiezan a murmurar “Mi Bebito fiu fiu, Mi Bebito fiu fiu” entre risas. Al rato, alguien lo grita y se anima a cantarle la canción. Todos empiezan a corear “caramelo de chocolate” mientras Vizcarra sigue sonriendo de manera incómoda, se sigue tomando fotos mientras la gente corea “empápame así”.

En efecto, si escribí “como antes, cuando era un presidente querido”, es que Vizcarra ha resucitado.

Aunque con un añadido más: ahora, al igual que con la vacuna, Vizcarra tiene cierta inmunidad política. El escándalo Zully Pinchi cancela el escándalo de su vacunación. Entonces, ¿qué escándalo podría hacerle daño? ¿Qué más grave que su vacunación a ocultas?

Casi nada. Además, no tiene hasta ahora un caso de corrupción claramente probado, pero tendría que ser muy escandaloso –y muy diáfano– para hacerle daño. Finalmente, si hubiese uno, la primera reacción de un ciudadano normal, luego de estos años de avatares políticos, sería “los otros también hicieron lo mismo” o “los otros son incluso peor”.

Así, Vizcarra parece haber caído de pie, nuevamente. Como los gatos, aunque su figura se asemeje más a la de la pantera rosa.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°595, del 15/07/2022   p18

https://www.leerydifundir.com/2022/07/peru-resurreccion/

La democracia peruana agoniza

Alberto Vergara   (The New York Times)

La mayoría de los peruanos se oponía a la destitución del presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, un sistema político marcado por componendas y corrupción ha logrado vacarlo a cinco meses de las elecciones poniendo de nuevo al país al borde del caos

Por 105 votos contra 19, el congreso peruano destituyó el 9 de noviembre al presidente Martín Vizcarra y al día siguiente asumió el poder quien era el presidente del Congreso, Manuel Merino. En los últimos tres años, hubo cuatro procesos de vacancia presidencial, se disolvió un congreso y Merino resulta el tercer mandatario. La democracia peruana se muere.

Diagnosticar la enfermedad que la está matando es difícil. Porque las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables, mientras que la peruana está muriendo de insignificancia. No muere a manos de Gulliver, sino de unos enanos ciegos que chocan entre sí ad infinitum y han generado un régimen impredecible, caótico y, ahora ya, agonizante: la democracia peruana es un dilema del prisionero desbocado. Como es natural, en este río revuelto hay unos malos pescadores que tratan de sacar provecho. Pero la agonía solo puede explicarse de la comunión entre pescadores y el sempiterno río.

El sistema político peruano en los últimos años ha funcionado como una tómbola corrupta. El negocio es así: en tiempos de campaña los dueños de inscripciones electorales (hiperbólicamente llamadas “partidos”) reciben aportes y subastan los puestos en sus listas para el Congreso. A más dinero, más encumbrada tu candidatura.

Esto generó una política sin lealtades partidarias ni vínculos entre candidatos, partidos y sociedad. La única consistencia de los políticos era rentabilizar sus aportes de campaña. La coima que cobran autoridades subnacionales, llamada diezmo, se institucionalizó, y los empresarios se sumaron sin reparos a la corrupción de las obras públicas en el Perú del boom económico. Líderes de opinión, tecnócratas, empresarios y políticos aplaudieron y alentaron a ese país de crecimiento económico sin ley.

Pero el sistema entró en franca descomposición cuando reventó la Operación Lava Jato. El elenco estable de la política peruana, de derecha a izquierda, había recibido aportes y sobornos de constructoras brasileñas y la fiscalía los tocó uno a uno. Loquearon. Al poco tiempo, como en la canción de Tom Waits, constatábamos que “everyone I used to know, was either dead or in prison” [todos los que conocía estaban muertos o en la cárcel].

Se fueron los cabecillas, pero sobrevivió la codicia cortoplacista. Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, obtuvo una bancada exigua que, como era natural en este sistema, se deshizo. No pudo gobernar. Renunció. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, percibió que podría ser presidente si se entendía con el fujimorismo, los verdugos de su jefe. Una vez en el poder, sobrevivió matándolos mediante la disolución del congreso. Vizcarra aparecía triunfante. Hasta que llegó el nuevo Congreso, otra vez colmado de amateurs: liquidaron al presidente para arrancar jirones de poder.

El lector extranjero pensará que es ridículo destituir a un presidente cuando solo faltan cinco meses para las elecciones generales, pero en el sistema peruano lo ilógico sería no hacerlo. Es una política de carteristas. Y bajo las reglas del carterismo, Vizcarra ha aceptado su expulsión.

Entonces, los políticos peruanos carecen de organizaciones, ideas, militantes. Merino repite las carencias. Hasta hace unos meses nadie sabía de su existencia. Fue elegido para completar el año y medio restante en el mandato del Congreso disuelto y obtuvo poco más de 5000 votos. Y las encuestas indican que la gran mayoría de la población estaba en contra de la vacancia. Su legitimidad para ejercer la presidencia es cercana a cero. Pero conocía el guión: se unió con otros insignificantes y dieron el zarpazo. Y, en esa misma línea, Merino ha nombrado primer ministro a Ántero Flores-Araoz, quien cuando fue candidato presidencial obtuvo 0,4 por ciento de los votos y cuya hondura y visión de país pueden apreciar en este video.

Ahora bien, este proceso —que como el filósofo Cornelius Castoriadis podríamos denominar el ascenso de la insignificancia— ha sido posible gracias a algunas disposiciones legales. De un lado, hace unos años se prohibió toda reelección para los parlamentarios, con lo cual el amateur insignificante es una necesidad. En segundo lugar, nuestros políticos precarios descubrieron que la Constitución poseía unas bombas nucleares, como la destitución del presidente. Pero no entendieron que su uso está reservado para casos excepcionales. Con lo cual se hizo cotidiano que el poder ejecutivo amenazase disolver al Congreso, mientras el legislativo trivializaba la vacancia presidencial. Un quinquenio abusando de esas figuras constitucionales.

Dentro de este sistema irracional y volátil, sin embargo, pervive la razón ilegal. Los financistas de la política peruana trabajan para dinamitar el Estado de derecho con el fin de que el Estado no se inmiscuya en sus negocios.

Lo veremos en estos días. Un excelente ejemplo son las universidades privadas de mala calidad. Luchan para zafarse de una esforzada reforma universitaria que procura impedir que sigan estafando a jóvenes peruanos. Para desmantelarla los dueños de universidades fletan políticos.

Aquí un bosquejo de lo que podríamos presenciar pronto: el presidente Merino es del partido Acción Popular, uno de cuyos líderes principales es Raúl Diez Canseco, magnate dueño de universidades; el estudio de abogados de Flores-Araoz ha defendido a la universidad Telesup, cuyos dueños poseen el partido llamado Podemos; y quien quedará a cargo de la presidencia del legislativo, forma parte del partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, dueño de un conglomerado de universidades privadas. Podemos apostar sin riesgos a que la reforma universitaria será atacada desde el primer día. Y este no es el único caso: hacen cola transportistas informales, mineros ilegales, iglesias contra la “ideología de género”, etc… El propósito es desactivar la universalidad de la ley y el Estado de derecho.

Los congresistas que han llevado a Merino a la presidencia también buscan terminar con investigaciones judiciales. De los 130 congresistas, 68 tienen juicios abiertos. El fujimorismo espera boicotear las investigaciones contra Keiko Fujimori. En Podemos buscan descarrilar las investigaciones que han generado una orden de detención para uno de sus fundadores, José Luna Gálvez. La cabeza de la bancada de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, tiene 36 procesos abiertos y ha apoyado la vacancia esperando que el flamante presidente libere a su líder, Antauro Humala, preso por el asesinato de varios policías.

Parece que el objetivo principal de la coalición vacadora es, entonces, desmantelar el Estado de derecho y mantener el privilegio, la prebenda y la impunidad. Por eso están desesperados por nombrar cuanto antes los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Además, los vacadores han tomado el poder mientras se prepara el presupuesto público para el próximo año. Se relamen. Quieren aumentar indiscriminadamente el gasto, eliminar controles y orientarlo de manera electorera. O sea, al utilizar el dinero público con fines particulares también torpedean el Estado de derecho.

El presidente Vizcarra debía y debe ser investigado por las acusaciones ventiladas por la prensa, pero habría que ser ingenuo hasta la tontería para creer que esta coalición lo echó del poder por su entereza moral, la justificación de la vacancia.

La legalidad de lo ocurrido es controversial y no soy un constitucionalista calificado para determinar si en el Perú ha ocurrido un golpe de Estado. Pero sí ha habido un asalto al Estado.

Una coalición de políticos ligeros e intereses tóxicos intenta secuestrar la república. Si llegaran a tener éxito mereceríamos padecerlos. Pero me inclino a pensar que no será así. La ciudadanía movilizada, la prensa, la presión internacional y los bolsones saludables de institucionalidad, lo impedirán. Más aún: confío en la mediocridad política del bando vacador. Sin embargo, más allá del episodio concreto, es importante entender que, si no se realizan reformas, a esta coalición contraria a los principios de la república, le seguirán otras.

Alberto Vergara. Profesor e investigador en la universidad del Pacífico, Lima.

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Perú: A merced de los pillos, a merced de la pandemia

Christian Reynoso

Hemos pasado del “cono” marca Tubino al “puñetazo limpio” marca Burga. Símbolos que han nacido en la calle al calor de la indignación (que va en ascenso), ante el actuar de la mayoría de la clase política que, una vez más, está de espaldas al país. Léase Congreso de la República. Por ello, no nos sorprendamos que en los meses siguientes la crisis social, las marchas y el descontento reinen en todo el país, además, en medio de la crisis sanitaria que aún no termina de resolverse, a causa del Covid-19.

Los pillos del Congreso han logrado su objetivo al vacar a Martín Vizcarra amparados en una constitucionalidad entre comillas que obedece, más bien, a un manoseo grosero de la causal de vacancia, para con ello legitimarse en el poder. Sin embargo, más de la mitad de los 130 congresistas tienen denuncias y procesos en investigación. Para muestra: el ahora presidente del Congreso, Luis Valdez, tiene 52 denuncias; o Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, 36. ¿Acaso no resulta risible o más bien triste? En otras palabras, el Perú está hoy en manos de delincuentes de corbata y tacón, y de otros tantos pusilánimes.

La pandemia que sigue golpeando al país y que ha puesto en evidencia las grietas que nos muestran como una sociedad con innumerables falencias, desde culturales hasta materiales, que nunca han sido atendidas, necesita de una maquinaria poderosa, articulada, convocante y profesional para ser desterrada en el día a día y en el largo plazo, como ha venido operando aun con sus deslices. Pero esta necesidad de lucha parece estar lejos de las preocupaciones de la actual clase política, enfrascada en confabulaciones de horizonte personal y de grupo. Por ello que Merino en su reciente discurso haya agradecido más a sus amigos que en exponer una ruta clara contra la pandemia.

¿Hasta cuándo el Perú estará a merced de pillos disfrazados de políticos? ¿Cuándo acabará esta mala racha? Desde luego, esto no se resolverá solo con nuevas elecciones y nuevas autoridades, de tanto en tanto, porque ya está visto y comprobado que los peruanos nos equivocamos al elegir. Si un cono o un puñetazo pueden ser expresiones de desasosiego y rabia ante la frustración, que también se apliquen en reversa para abrirnos los ojos y no bajar la guardia en estos momentos de incertidumbre en los que se requiere de una mayor consciencia ciudadana en todos los niveles.

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No al golpe de estado

César Hildebrandt 

Me niego a creer que Édgar Alarcón sea el símbolo de la pureza ofendida.

O que Javier Villa Stein sostenga, con toda desfachatez, que lo mejor sería nombrar un gabinete de independientes virtualmente ajeno al gobierno.

O que el omnisciente Uceda diga que, a partir de las revelaciones últimas, Vizcarra debe reinar pero ya no gobernar llegando así a la misma conclusión que Giampietri, Sheput o Gonzales Posada, que se han pronunciado públicamente al respecto.

Me niego a creer que “El Comercio” se atribuya la misión de tumbarse un régimen como si del siglo XIX se tratara y como si el diario que concentra el poder periodístico-empresarial más abusivo jamás creado en el Perú fuera el rostro de la moral escandalizada (con Pepe Graña de accionista y sus intereses diversos pugnando por ver cuál de ellos prevalece en el directorio).

Me niego a aceptar que la derecha achorada quiera imponer su agenda, como tantas otras veces, como casi siempre en este país que canta la misma tonada sin aburrimiento ni vergüenza.

A mí el señor Vizcarra me parece, ahora, un pícaro. Y estoy seguro de que las acusaciones que hoy enfrenta pueden conducirlo a la cárcel si es que los dichos de los delatores premiados se comprueban y las pruebas se corroboran.

Pero no voy a avalar un golpe de estado inspirado en fiscales que se disputan a mordiscos la mejor presa de las investigaciones y la distribuyen, a pedacitos, entre buitres atentos y voraces.

¿Quiénes están felices con esta lluvia de batracios?

En primer lugar, los sinvergüenzas que poblaron el Congreso anterior y que hoy dicen: “teníamos razón, Vizcarra es lo que nosotros advertimos y el cierre del Congreso fue un golpe de estado”.

Vizcarra tendrá que pagar sus culpas cuando le toque. Y ojalá que el debido proceso se cumpla rigurosamente y que, en justicia, el actual presidente de la república afronte las consecuencias de lo que ha podido hacer cuando fue gobernador de Moquegua.

Pero un país no es una sucesión de pasiones y ferocidades. Un país no vive al ritmo de lo que decidan filtrar los fiscales convertidos en personajes épicos. Un país digno de llamarse tal tiene instituciones, poderes separados, tejido social, predictibilidad, una arquitectura de funciones, un cierto plan maestro. ¿Se han preguntado qué imagen estamos dando ante el mundo, qué país de carniceros y emboscadores parecemos planteando que una investigación preliminar deba terminar, precozmente, en dictaminar la “incapacidad moral permanente” del presidente que hubo de reemplazar de urgencia a quien había deshonrado, probadamente, el cargo?

¿Qué quieren los Ántero Flores y los Hugo Guerra? ¿Que el Perú sea gobernado por el Congreso sin contrapeso alguno, que eso es lo que se conseguiría si Manuel Merino de Lama tuviese que asumir la presidencia?

Estamos cerca de unas elecciones y en plena crisis sanitaria. Arrastramos un colapso económico que, a pesar de los optimistas de zarzuela, será más largo de lo que muchos se imaginan. ¿Aceptaremos, en esas circunstancias, la tormenta perfecta de un cambio de invaticinables consecuencias? ¿Es que la informalidad nos ha calado tanto? ¿Es que amamos el desorden hasta ser sus seguros servidores?

Vizcarra es una decepción y en este semanario hemos denunciado las sólidas sospechas que sobre él se ciernen. Lo que el ministerio público debe hacer, sin las alharacas exhibicionistas a las que se ha acostumbrado, es engordar ese expediente con pruebas, documentos, váucheres, testimonios creíbles y cruzados. Hay que seguir la pista del dinero y la más difusa ruta de las intermediaciones que puedan conducir a quien, según todos los indicios, pudo hacerse de dinero sucio como socio clandestino de unos bribones de la construcción. Que ninguna coima quede sin castigo. Eso está claro. Eso no se discute.

Lo que está en juego en estos momentos es si creamos el caos, como lo quiere el zombismo aprofujimorista, o si sometemos al presidente Vizcarra al juicio que habrá de merecer y a la probable condena que terminará de hundirlo.

Pero el Perú, con todas sus lacras y defectos, no es un pantano. Y como no lo es, no debe permitir que bichos lodosos disfrazados de Catón propongan la decapitación del Ejecutivo para que sobre ese patíbulo surja la figura del presidente del Congreso como si de un salvador se tratara.

Antauro Humala quiere el golpe. Pepe Luna quiere el golpe. Un sector de la izquierda quiere el golpe a ver si Merino se transforma en Kerenski. Alfonso Baella Herrera quiere el golpe. Y lo desean con ardor, por supuesto, Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Aladino Gálvez. Y lo promueve el diario que ha obligado a Indecopi a callar ante la concentración obscena y el dominio de mercado del que se jacta todos los días. El diario que envió a su sicario televisivo a embestir a Vizcarra como si de un conserje de los Miró Quesada se tratara. El diario que manda a un editor de “Correo”, otra de sus propiedades, a decir que mantener a Vizcarra en la presidencia es como nombrar a alias Caracol ministro del Interior y que “tener a un truhan en el sillón presidencial de la Casa de Pizarro” es algo indigno.

Eso lo dice el periódico que tenía cuentas negras en el exterior, de las que disfrutaban por lo bajo algunos Miró Quesada, y que fue salvado de la deshonra pública por la fiscal fujimorista Julia Eguía Dávalos a cambio de la permisividad con la que “El Comercio” trató la segunda y fraudulenta reelección del capo Fujimori. Y eso no es cuento. Eso lo denunció ante el poder judicial el que fuera gerente general del periódico Luis García Miró Elguera.

José Graña Miró Quesada, el accionista individual más rico de “El Comercio”, también está con el golpe. Graña, como se sabe, era socio de Odebrecht y amigo íntimo de Alan García. Por eso es que el que huyó de la justicia suicidándose encontró siempre en el diario más viejo del país la comprensión, la benevolencia y el silencio convenido.

Ahora toda esta gente nos quiere hacer creer que la ética es su mayor preocupación y que algunos fiscales son el último bolsón de resistencia en la lucha contra la corrupción. No vaya a ser que nos encontremos con la llamada “sorpresa brasileña”, es decir la repetición del caso del hiperjuez Sergio Moro, que de Robespierre de las batidas contra la inmoralidad de Lula y compañía pasó a ser ministro de justicia del fascista Jair Bolsonaro. No vaya a ser.

Que a Vizcarra se lo lleve la trampa cuando pierda los privilegios que le otorga la presidencia. Que los fiscales ahonden en los dos casos que lo comprometen. Pero también demandamos que lo peor de la clase política peruana, acuevada en el Congreso y en parte de la prensa, deje de darnos lecciones de higiene pública.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 512, 23/10/2020  p5

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No se la crea, señor presidente

 

César Hildebrandt

Me place que Manuel Merino de Lama haya tenido la

torpeza de llamar a los milicos para ver cómo andaba el viento entre quienes manejan los fierros decisivos.  

De ese modo quedó al descubierto que la meta era, tal como se dijo en este semanario el 7 de agosto, vacar al presidente más allá de razones y hechos comprobados. Y por eso es que el operativo instrumentado por Edgar Alarcón se vino abajo. El golpismo terminó aporreado, tal como podrá confirmarse en la se­sión congresal de hoy.

Nada de lo dicho significa, sin embargo, como pretenden decir algunos sectores, que tengamos un presidente ileso, resurrecto y empoderado. La publi­cidad estatal puede obrar milagros en las mentes de algunos interesados pero lo que no puede es ocultar la verdad.

Y la verdad es que tenemos un presidente em­barrado, alguien que va a cumplir a duras penas su recortado mandato. Vizcarra se ha salvado porque es el zombi menos muer­to de esta comedia negra y goyesca.

Bueno, ha pasado esta prueba. Pero eso no quiere decir que en el parlamento de los Luna y los Acuña no lo vayan a intentar otra vez. Hay grabaciones hechas por “Miss Chuchupe” que insinúan vetas de excremento y que Alarcón está dispuesto a explotar a cualquier costo. Y aun­que no se descubrieran nuevos yacimientos de oscuridad presidencial, lo escuchado hasta hoy permite perfectamente la acusación de conspira­ción para delinquir y obstrucción de la justicia.

Nos deshicimos de PPK porque resultó un mafioso de la Pequeña Habana mayamera. Ce­rramos el Congreso porque fue en la práctica una banda canalla sostenida con fondos del Estado. Y ahora comprobamos que el sustituto de PPK es un hombre taimado capaz de casi todo y que el Congreso de emergencia es tan horrible como el anterior.

¿Qué nos pasa? ¿Por qué caminamos en círculo? ¿Por qué la crisis es el guion del quehacer público?

Bueno, nos pasa que tenemos una democracia que pende de un hilo de baba porque ya no te­nemos partidos políticos. De la política huyeron la inteligencia y la meritocracia (lo mismo ha sucedido con buena parte de la prensa, dicho sea de paso) y en sus arenas se instaló el lobismo mercenario, el figuretismo lorna, la idiotez campante. Cuando los partidos dejaron de ser fábricas de liderazgo y usinas de ideas, vinieron los emprendedores. ¿Por qué no un partido que los catapultase al poder, donde se roba a gusto y en medio de discursos solemnes? ¿No es eso mejor que un centro comercial, que un terminal trucho, que una ciudad paralela a punta de invasiones?      

En todo caso, estamos donde estamos exclusivamente porque así lo hemos querido.

A mí lo que también me fascina es la hipocresía.

Hay quienes fingen horrorizarse porque Merino intentó sondear a los uniformados y recuerdan al inmaculado Femando Belaunde Terry, tan lejos de los tanques y las proclamas de cuartel.

¿Cómo? ¿Es que no recuerdan que Belaunde Terry promovió abiertamente el golpe militar de 1962 que desconoció el triunfo electoral de Haya de la Torre aduciendo un fraude que jamás se probó?

Belaunde Terry fue golpista y su servicio al veto militar en contra de Haya originó la venganza aprista de la coalición Apra-UNO, un capítulo que terminó con el Apra y desnaturalizó la po­lítica parlamentaria. La moderna polarización del país empezó en esos enredos.

¿Ya no recuerdan eso, sublimes demócratas?

Muchos de los inocentes imaginarios de hoy son los herederos directos de quienes empujaron a los militares a intervenir en política cada vez que sus intereses se vieron amenazados.

Cuando el cándido de Billinghurst creyó que podía darle la espalda a la oligarquía, el Congreso, en nombre de esos intereses, lo vacó con el apoyo militante de los cuarteles. Un mariscal de papel como Benavides comenzó así su carrera de “veedor de la democracia”. El asesinato de Sánchez Cerro, a manos de un aprista, lo volvería a encumbrar.

Y cuando el Apra incendiaria amenazó al más que cándido gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, los milicos acudieron “en defensa de la patria” y se quedaron ocho años de Sexto y Frontón.

¿O hablamos, mejor, del golpe de Fujimori, respal­dado, según Apoyo, por más del 80% de los peruanos y sostenido por las Fuerzas Armadas en modo de putrefacción? ¿No fue de ese zarpazo anticonstitucio­nal que surgieron el neoliberalismo, la pax romana que acalló a los sindicatos, la concentración de poder que alentó la corrupción y consagró los privilegios de los más ricos, la dictadura que compró a la prensa y a la televisión? ¿No vienen los lodazales de hoy de aquella siembra de pantanos? Claro que sí. Lo que pasa es que es mejor no recordar esa historia ahora que todos somos demócratas a carta cabal y constitucionalistas al ciento por ciento.

Que Vizcarra no se confunda. Quienes lo apo­yan no ven en él a un estadista que el Congre­so truhán quiere tumbarse. Lo que ven es a un hombre débil más chantajeable que nunca y más susceptible que nunca a cualquier periodicazo. Lo defienden porque les es útil para venderle a la gente la mentira más difícil de vender en la actualidad: que tras la pandemia todo debe seguir igual, que el neoliberalismo se presentó después de que ardiera una zarza, que el mode­lo es intocable y que hay que ser un comunista de mierda para imaginar siquiera que aquí hay desigualdad, inequidad y monopolios repulsivos. De eso se trata, señor presidente. Usted sigue estando en palacio porque se ha comprometido con los que cortan el jamón. Y los que cortan el jamón dicen que usted es un demócrata porque quieren seguir al mando de la cuchipanda. Si así no fuera, el cuchillo especializado que saben usar ya estaría en su espalda acribillada. No se la crea.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 507 18/09/2020  p12

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Crisis política en Perú, nueva temporada

Anahí Durand Guevara

Cuando en marzo del 2018, presionado por varias denuncias de corrupción, Pedro Pablo Kuczynzki (PPK) renunció a la Presidencia de la República, la clase política gobernante y los grupos de poder económico pensaron que colocando como sucesor al entonces vicepresidente Martín Vizcarra sorteaban la crisis y aseguraban la continuidad del régimen neoliberal. Los hechos han demostrado lo equivocados que estuvieron; la fuerza de las mafias enquistadas en el Congreso, el impacto de la pandemia y la mediocridad del presidente y su entorno han abierto una nueva temporada de esta crisis política irresuelta.

Justamente, mientras el Perú vive una de las mayores tragedias en su historia a causa del coronavirus y el abandono estatal, la semana pasada el Congreso y el Ejecutivo protagonizaron una nueva confrontación. En menos de 48 horas, la investigación parlamentaria sobre irregularidades en la contratación del exasesor Richard Cisneros determinó malos manejos presidenciales y ello devino en la aprobación de una moción de vacancia presidencial. El viernes 18 de setiembre Martín Vizcarra deberá presentarse ante el Parlamento a exponer su defensa y, aunque la actuación del presidente del Congreso llamando a militares para concretar la movida ha restado apoyo a la moción, la crisis sigue abierta. Vale entonces analizar cómo impacta este episodio en la ya golpeada gobernabilidad neoliberal, qué se juega en el Congreso de la República de cara a las elecciones del 2021 y qué escenarios se delinean como salidas a esta inestabilidad latente.

Pandemia y neoliberalismo; auge y caída de Martín Vizcarra 

En Perú, las denuncias del caso Lavajato detonaron una grave crisis política signada por la corrupción y los malos manejos del aparato público, que golpeó fuertemente al régimen neoliberal impuesto por Fujimori en 1992 y continuado por los sucesivos gobiernos democráticos. Alertando de la situación, tras la renuncia de PPK agrupaciones de la izquierda como el Nuevo Perú y el Frente Amplio demandaron la convocatoria de nuevas elecciones generales y avanzar hacia una nueva Constitución, pues la Carta del ’93 estaba sumamente deslegitimada. Pero los grupos de poder apostaron por la continuidad, colocando como presidente a Martín Vizcarra… y en ese momento no les fue mal con dicha decisión.

Mientras el Poder Legislativo y el Judicial colapsaban imbuidos en sendas denuncias e investigaciones, Vizcarra mantenía la institución presidencial prácticamente como el único pilar del decadente régimen. Ante una ciudadanía hastiada de la clase política enquistada en el Estado, Vizcarra se mostraba firme y comprometido en la lucha contra la corrupción, capitalizando bien los exabruptos de la mayoría parlamentaria fujiaprista y sus operadores en el sistema de Justicia. A pocos meses de asumir el mando, convocó un referéndum para reformar cuatro capítulos de la Constitución, incluyendo uno referido a la no reelección de congresistas. Posteriormente, la disolución del Congreso en octubre del 2019 ante maniobras delictivas por parte de la mayoría fujimorista, fortaleció el respaldo ciudadano. En el mes de febrero la aprobación presidencial rozaba el 65% y si bien su círculo de gobierno siempre fue bastante deslucido, diversos opinólogos coincidían en presagiar una buena gestión que le permitiría entregar sin problemas el poder el 28 de julio del 2021, endosar parte de su popularidad a algún centrista republicano -como Salvador del Solar- e incluso proyectarse como candidato presidencial el 2026.

Pero en marzo del 2020 llegó el coronavirus a develar las carencias de un país que, pese al crecimiento sostenido del PIB no fue capaz de asegurar la vida de sus ciudadanos. El Gobierno de Vizcarra debió enfrentar la pandemia con un sistema de salud colapsado y una población mayoritariamente en la informalidad, lo cual hacía difícil garantizar medidas como la cuarentena. Junto a este pasivo de abandono estatal producto de décadas de neoliberalismo, las decisiones del mismo Vizcarra agravaron la tragedia. Por ejemplo, el alineamiento presidencial con el gremio empresarial de la CONFIEP llevó a una caótica reapertura de la economía que incrementó la curva de contagios y muertes. También, la negativa del Ministerio de Economía de entregar un ingreso básico universal impidió que mucha más gente pudiera quedarse en casa, y la sumisión del Ejecutivo al sector privado terminó avalando el lucro de clínicas y farmacias a costa de la salud de los peruanos. Este pésimo manejo de la pandemia alejó al presidente de la ciudadanía y el 11 de setiembre, cuando el Congreso denunció los malos manejos presidenciales en la contratación de Richard Cisneros, la popularidad del presidente estaba en caída. Hoy, los audios con las denuncias exponen a un presidente rodeado de un entorno mediocre, negociando testimonios y manipulando funcionarios. Proceda o no la vacancia, Martín Vizcarra hoy es uno más del montón de políticos que usan el Estado para sus fines particulares; el presidente firme en la lucha contra la corrupción es cosa del pasado y, probablemente, también lo sea el régimen del ’92.

El Parlamento nacional o la descomposición de la política

Tras la disolución del Congreso en enero del 2020, los peruanos elegimos congresistas que debían culminar el mandato del anterior y entregar el cargo en julio del 2021 sin posibilidad de reelección. En este nuevo Parlamento predominan pequeñas bancadas más vinculadas a personalidades y grupos económicos que a proyectos partidarios, y mucho menos ideológicos. Se cuentan PODEMOS Perú y Alianza Para el Progreso (APP) como las bancadas de las universidades privadas, Acción Popular con diversos intereses regionales o Unión por el Perú (UPP) como vehículo del etnocacerismo. Destacan también personajes con intereses particulares cuyas aspiraciones políticas pueden verse frenadas por su prontuario delictivo, como es el caso del congresista y voceado candidato presidencial Daniel Urresti -procesado por asesinato- o el excontralor Edgard Alarcón -vinculado a delitos de corrupción-.

En medio de la situación de emergencia, este Congreso fragmentado y dominado por intereses privados y personajes cuestionados, empezó a confrontar con el Ejecutivo aludiendo un cuestionable manejo económico, pero también imponiendo sus intereses corporativos al incluir temas como el rechazo a la supervisión estatal de universidades privadas. La negativa a otorgar el voto de confianza al premier Cateriano por parte del pleno de Congreso intensificó la tensión Ejecutivo-Legislativo y forzó a Vizcarra a hacer cambios en su Gabinete. Asimismo, Vizcarra convocó a elecciones generales (presidente y nuevo Parlamento) para el 11 de abril del 2021, silenciando rumores de que pretendía aplazarlas por la pandemia. Lo que correspondía al Congreso era legislar sobre las reglas electorales para el 2021, incluyendo normas que prohíben la participación de candidatos con sentencia judicial en primera instancia, la reelección parlamentaria o el financiamiento electoral.

En esa línea, la difusión de los audios presidenciales y el consecuente pedido de vacancia, escalaron la tensión del Legislativo con Vizcarra más allá de escaramuzas legislativas. Básicamente guiados por el cálculo electoral y el afán de proteger la impunidad de sus negocios e intereses, un grupo de congresistas logró aprobar la moción de vacancia y convocó al presidente a exponer su defensa la siguiente semana. Por su parte, Martín Vizcarra anunció que no renunciaría y presentaría una demanda competencial al Tribunal Constitucional para demostrar lo improcedente de la medida. En medio de ese escenario, ya enrarecido, el sábado se hicieron públicas las llamadas del presidente del Congreso, Mariano Merino (de la bancada Acción Popular), a los mandos militares sondeando el apoyo a su eventual toma de mando ante la salida de Vizcarra. Esta grotesca maniobra que delataba un afán golpista, fue rechazada por los principales líderes políticos y la ciudadanía, restando respaldo a la posibilidad de una vacancia.

Proceda o no el intento de vacancia, ha quedado demostrado que este Congreso es la continuidad del Congreso disuelto el 2019 dada la concurrencia de intereses subalternos, mafiosos y delictivos que no dudan en ocupar la representación parlamentaria para legislar a su favor y utilizar la institucionalidad según sus propios cálculos ajenos a las necesidades de la gente. Una mayoría de congresistas que expresan la descomposición de la política peruana y su incapacidad de desplegarse como actividad transformadora capaz de, mínimamente, responder a un proyecto de nación. Asistimos así a una temporada más de una crisis muy profunda, que se nutre de la viciada institucionalidad impuesta en 1992 y es cada vez más difícil de sobrellevar sin realizar cambios de fondo.

Posibles salidas: la calle ausente y la vía electoral

Mientras ocupamos el triste récord de país con mayor letalidad en el mundo con más de sesenta mil muertos en siete meses a causa de la pandemia y la pobreza golpea con fuerza a cada vez más familias, el último episodio de la crisis política causa indignación y rechazo en la ciudadanía. Es la constatación de la podredumbre de la clase política y la develación de un lamentable escenario donde tanto el presidente, en complicidad con sus asesores negociando favores y regalías, como el Congreso con su voracidad de poder e impunidad, disputan el botín del Estado a espaldas del pueblo y la tragedia que vive. El malestar y la desafección se imponen, a la par que poderes fácticos como los militares cobran relevancia y los grupos de poder económico, como la CONFIEP, guardan silencio esperando se calmen las aguas para volver a imponerse.

Todo esto revela que la crisis política que gatilló el escándalo de Lavajato sigue latente. Y las salidas para su resolución hoy no son muchas. Una posibilidad es el estallido; harta de toda esta corrupción, componenda e incapacidad, la gente sale a las calles y exige cambios. Pero si algo no ha habido en esta prolongada crisis política es una respuesta de movilización popular en las calles. Golpeada por un largo conflicto armado interno, años de cooptación fujimorista, la fragmentación alentada por el neoliberalismo y el peso de la pandemia, la sociedad peruana no ha articulado una movilización politizada y destituyente, por lo menos no por ahora. La otra salida es la electoral; la crisis se dirimirá para algún lado en las elecciones de abril del 2021 y está en disputa hacia dónde. Las fuerzas de derecha harán lo posible por oxigenar el sistema, aunque ello implique prometer “cambiar todo para que nada cambie”, buscando colocar piezas de recambio como Forsyth o Guzmán. De otro lado, las fuerzas políticas de izquierda y progresistas que pretendan disputar con éxito gobierno y poder deberán articular un bloque histórico popular potente junto a un liderazgo fuerte, que enfrente la maquinaria de poderes y mafias que buscarán impedir que gane una opción capaz de realizar cambios de fondo, incluyendo avanzar hacia una nueva Constitución.

Con un Congreso tomado por las mafias y un presidente deslegitimado, muy probablemente la política se encauzará cada vez más a lo electoral y vendrán nuevos episodios de crisis. Pero conviene recordar que las crisis también abren oportunidades. Pese a la tragedia –y la farsa- estamos ante la posibilidad de cerrar un ciclo de captura de poderes del Estado, corruptela y saqueo impuesto por élites políticas y económicas que se beneficiaron de los recursos a costa de dejar a las mayorías en la desprotección. El régimen neoliberal y su decadente sistema político está moribundo y puede ser momento de enterrarlos; más aún, a puertas del bicentenario, no solo es posible clausurar ese ciclo sino también abrir otro, que refunde una nueva república cuya prioridad sea garantizar el bienestar y la dignidad de todos los peruanos y peruanas.

Anahí Durand Guevara. Candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).Coordinadora de Relaciones internacionales del Movimiento Nuevo Perú. Se ha desempeñado como investigadora en diferentes proyectos  relacionados a los temas de movimientos sociales, representación…

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La cabeza política del complot contra Vizcarra

 Carlos Bedoya

¿Quiénes estarían detrás de la conspiración y qué escenario se abre tras su fracaso?

Tras el cierre del Congreso, con Keiko Fujimori presa, Alan García muerto, Fuerza Popular y el APRA en crisis y sin dirección, todo indicaba que le costaría mucho recomponerse al ala más a la derecha del espectro nacional. Para el 2021, el escenario electoral ofrecía pocas opciones a este sector debido a su gran dispersión, el poco margen para hacer alianzas hacia el centro y la ausencia de una figura presidenciable con posibilidades de atraer al electorado. Además de haber perdido la mayoría parlamentaria, el desprestigio de Fuerza Popular le cortó la conexión con gran parte de “su pueblo”.

La llegada de la pandemia acentuó la tendencia. Vizcarra daba mensajes diarios y parecía controlar la situación. Luego vino el agotamiento por lo largo del virus y sus efectos en la economía. Vizcarra empezó a perder iniciativa en el manejo de la pandemia, y cedió luego el gobierno a la derecha económica, al nombrar a Pedro Cateriano (el breve) como primer ministro. Vizcarra dejó de ser el actor político al que estábamos acostumbrados y comenzó a debilitarse.

Cuando el Congreso negó la confianza a Cateriano, el liberalismo vargasllosista, enemigo del fujimorismo político, pero tan fan del fujimorismo económico y su Constitución del 93, sufrió un golpe que ponía en cuestión además la eficacia del modelo económico. Se dibujaba así, un escenario de disputa entre dos orientaciones más ubicadas al centro; una de derecha y otra de izquierda. La primera empeñada en mantener las mismas reglas económicas del piloto automático pasada la pandemia; y la segunda, con miras a abrir una tendencia de reforma especialmente en el rol del Estado y la regulación de las inversiones.

En ese contexto, el Congreso elegido el 26 de enero expresaba - a pesar de errores, intereses y aciertos - un cambio de correlación de fuerzas. Se le percibía alejado del control de los gremios empresariales (lo cual era una novedad). Asimismo, parecía construir una conexión con la población vía leyes “populistas”, y se le notaba un ánimo no explícito de reforma constitucional.

No por gusto negaron la confianza a la propuesta liberal y prominera de Cateriano; ni tampoco que hayan aprobado varias leyes por insistencia (sin el visto bueno del gobierno y su ministerio de Economía), y que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la Ley de los peajes, y se aliste para hacer algo parecido con otras leyes como la que libera recursos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El Congreso estuvo dando leyes abiertamente contrarias al régimen económico de la Constitución de 1993.

Esta conducta fue un nuevo factor de conflicto con el presidente, que otra vez empezó a hacer política alrededor de sus pleitos con el Legislativo. Sin embargo, el gobierno no parecía en absoluto debilitado al punto de enfrentar el escenario de desestabilización que empezó la semana pasada. Especialmente porque las elecciones del 2021 habían sido tempranamente convocadas por un Vizcarra que anunciaba - cada vez que podía - que en julio del próximo año entregaría el gobierno sí o sí.

Lo que nadie veía, sin embargo, era una conspiración que se cocinaba al interior de la articulación de todos los sectores que perdieron influencia y poder político con el referéndum del 2018, las reformas política y judicial, el cierre del Congreso en 2019, y todo lo que ha significado el desenlace de los casos Lava Jato y Lava Juez. Esta conspiración sobre pasa el escenario parlamentario, que ha sido instrumentalizado a partir del apetito por la ultra derecha peruana de cambiar drásticamente la correlación de fuerzas construida durante los dos últimos años.

¿De quiénes estamos hablando?

Creer que esta operación ha sido gestada solo por el congresista Edgar Alarcón con apoyo de las bancadas parlamentarias que se la tienen jurada a Vizcarra como Podemos y APP (en defensa de las universidades bamba), UPP (azuzada por Antauro Humala desde prisión), algunos sectores de Acción Popular (la fracción controlada por Víctor Andrés García Belaunde predominante en la bancada) y un pedazo de Fuerza Popular, es ver parcialmente lo ocurrido.

Efectivamente, hay varios sectores en el Congreso que desearían ver caer en desgracia a Vizcarra, pero no necesariamente es de ahí desde donde se habría gestado la conspiración que fue develada el sábado 12 de septiembre por IDL Reporteros con la nota Tocando la puerta de los cuarteles, y luego con la denuncia pública hecha, en la tarde ese mismo día, por el premier Martos acompañado a sus lados por los ministros de Defensa y Justicia, y atrás por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y el presidente del Comando Conjunto. Asimismo, por las declaraciones en medios del Ministro de Defensa, general (r) Jorge Chávez Cresta que ha señalado la posibilidad de tomar acciones legales contra el presidente del Congreso, Manuel Merino y contra el congresista Otto Guibovich, ambos de Acción Popular. Sobre esto volveremos más adelante.

El intento de vacar a Vizcarra no ha sido una acción individual de Alarcón. Ha sido una operación mayor con la finalidad de cambiar drásticamente el escenario político de cara a las elecciones del 2021: lo que incluye traerse abajo la reforma política y judicial hasta donde hayan avanzado, postergar las elecciones (como lo ha denunciado Vizcarra al afirmar que así se lo hicieron saber dos congresistas cuyos nombres ha mantenido en reserva) y revertir los procesos fiscales en los casos Lava Jato y Lava Juez que afectaban directamente a lo que en el Perú se ha denominado la mafia. Todo ello capturando el poder político.

La Coordinadora Republicana bajo sospecha

Es en este punto que debemos dar una vista a la organización denominada Coordinadora Republicana, que aglutina a una serie de operadores de ultra derecha ligados al fujimorismo y al cogollo alanista. Todos ellos golpeados por la ofensiva anticorrupción de la Fiscalía que contó con el aval político del gobierno de Vizcarra. Esta coordinadora fue fundada en 2019, cuenta con muchos adherentes y un núcleo de dirección (denominado comité promotor, grupo impulsor, comisión permanente, etc.) que actúa políticamente. La coordinadora de marras cuenta con recursos y acceso a medios de comunicación.

¿Este núcleo ha sido la real cabeza política del complot contra Vizcarra que hemos visto desplegarse desde la presidencia del Congreso Nacional?

Lo cierto es que la Coordinadora en sus redes sociales empezó a mover los hashtags #VacanciaYa y #VacanciaPresidencialYa, y a retuitear mensajes a favor de la vacancia de algunos de sus miembros como Enrique Valderrama, quien modera varios de sus eventos virtuales y que en un tuit del 10 de septiembre clama por la vacancia.

La Coordinadora Republicana concentra lo más rancio de la derecha anticomunista. Su bandera central es que el mayor riesgo que enfrenta el Perú es el comunismo, ubicando a Vizcarra como parte de la captura del Estado por parte de esa ideología. Llaman chavista a Vizcarra. Y dentro del gobierno ubican al ministerio de Cultura como el centro de esta captura comunista. Uno de sus comunicados tiene que ver con la película sobre la vida de Hugo Blanco, el octogenario político de izquierda que participó de las tomas de tierras en Cusco (La Convención) en la década de los sesenta, y que es ahora un referente de las luchas sociales.

Para la Coordinadora esta sería una de las pruebas de la alianza entre el gobierno y el comunismo. Para ellos el documental histórico sobre Hugo Blanco es un premio a un “terrorista”.

Asimismo, tienen banderas pro familia, pro vida y se oponen a muerte contra el convenio de Escazú. Para cada una de estas demandas convocan a diferentes personas entre sus miembros, sus contactos o afines. Es el caso del almirante (r) Jorge Montoya, invitado frecuente para oponerse a Escazú. Montoya planteó hace algunos meses la necesidad de que las Fuerzas Armadas dirijan la estrategia contra la pandemia, y que el poder cívico debía hacerse a un lado. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y es cercano a Fuerza Popular. Asimismo, Montoya dirige en la actualidad el programa televisivo “En tu Defensa”, en el canal UCI, fundado por Miguel Del Castillo, hijo del expremier aprista Jorge Del Castillo.

Los miembros más visibles de la Coordinadora Republicana son el excanciller de Fujimori, Francisco Tudela; el periodista Víctor Andrés Ponce que dirige el portal de internet www.elmontonero.pe; el actual director del Banco Central cercano a Fuerza Popular y miembro del Opus Dei, Rafael Rey; el empresario minero y ex presidente de la Confiep, Roque Benavides; el analista político Ángel Delgado; el periodista Hugo Guerra; el expremier de Alan García, el abogado Antero Flores Araoz; los fundadores de la campaña cristiana fundamentalista #ConMisHijosNoTeMetas, Christian Rosas, José Linares, etc.; los abogados “constitucionalistas” Aníbal Quiroga, Enrique Ghersi y Domingo García (este último hermano de Víctor Andrés García Belaunde); además de varios abogados docentes de la Universidad San Martín de Porres, donde Alan García dirigía la Escuela de Gobierno; y una serie de adherentes vinculados al fujimorismo y los sectores más a la derecha en las Fuerzas Armadas, en especial oficiales en retiro como Luis Giampetri que a su vez fue vicepresidente de Alan García. Es de destacar que Omar Chehade, congresista de APP y abanderado en la vacancia de Vizcarra, ha adherido algunos pronunciamientos de la Coordinadora, como la declaración ciudadana por el Perú del 27 de septiembre de 2019, tres días antes del cierre del Congreso.

Asimismo, los diarios Expreso y La Razón, especialmente el primero, parecen voceros de la Coordinadora Republicana. Les publican sus pronunciamientos, varios de los miembros de esta organización son sus columnistas e incluso publican notas donde dan cuenta de sus actividades y posturas. Toda una articulación mediática de ultra derecha.

El nexo con el Congreso

En estos últimos días hemos encontrado un nexo muy claro entre la Coordinadora Republicana y el lío de la vacancia. ¿Quiénes creen que asumirán la defensa del Congreso de la República ante la demanda competencial planteada por el Ejecutivo para dirimir el tema de la reciente moción de vacancia?

Nada menos que el núcleo duro “constitucionalista” de los miembros de la Coordinadora Republicana. Es decir, Aníbal Quiroga, Domingo García Belaunde y Enrique Ghersi. En una nota de Expreso, el vocero de la Coordinadora da cuenta de ello.

Manuel Merino, presidente del Congreso, será defendido en el Tribunal Constitucional por el ala legal de la Coordinadora Republicana. Y en este punto debemos tomar en cuenta las palabras del ministro de Defensa, general (r) Jorge Chávez Cresta que en entrevista concedida a la periodista Pamela Vértiz del programa Dia D el domingo 13 de septiembre alude además de a Merino, al congresista Otto Guibovich como presuntas cabezas de la conspiración contra Vizcarra.

• Pamela Vértiz: ¿las acciones legales que usted ha anunciado también van a comprender al congresista Guibovich?

• Jorge Chávez: claro, de los que estén involucrados en cada una de estas actividades…

Otto, ¿el conspirador?

Según fuentes de Acción Popular, el general (r) Otto Guibovich, actual congresista por Áncash y vocero de la bancada de Acción Popular, fue invitado al partido por el excongresista Víctor Andrés García Belaunde (Vitocho) en el contexto de las elecciones del 26 de enero último.

Otto Guibovich fue comandante general del Ejército. Para quienes lo conocen se trata de una persona razonable, reflexiva y calmada, que piensa mucho antes de actuar y que tiene dotes de oratoria. Tras pasar al retiro y dejar su vida militar activa, fue asesor de varias grandes empresas en el área de planeamiento estratégico. Por su experiencia y cargos, se vinculó con la alta dirección corporativa. Eso lo acercó a las planas directivas de la Confiep, y a empresarios como Roque Benavides. De allí que ha sido expositor en varias Conferencias Anuales de Ejecutivos (CADE), el evento más importante del empresariado peruano.

En Acción Popular lo consideran cercano a Vitocho y al excandidato presidencial de Acción Popular (2016) y ex militante aprista, Alfredo Barnechea. Según las mismas fuentes, tanto García Belaunde como Barnechea admiran las cualidades de Guibovich y por eso lo invitaron a integrar la lista parlamentaria para las elecciones el 26 de enero del 2020. Una vez en el parlamento, fue elegido vocero de la bancada de Acción Popular, algo que cayó muy mal entre dirigentes acciopopulistas del ala orgánica como Yonhy Lescano y Mesías Guevara.

El sábado 13 de septiembre hubo una pelea de proporciones en la dirección política del partido de la lampa. El ala orgánica apuesta por la expulsión de Manuel Merino y de Otto Guibovich, para deslindar de cualquier intención de conspiración desde el partido que fundó Fernando Belaunde Terry. No es poca cosa que el propio ministro de Defensa insinúe que ambos serían parte de un complot golpista contra el gobierno.

Expulsarlos no es tarea fácil, pues se enfrentarían a una estructura capturada por Vitocho, Barnechea y Raúl Diez Canseco, según el ala orgánica, la que controla a la mayor parte de la actual bancada parlamentaria.

¿En qué medida Otto Guibovich habría operado en la conspiración? ¿Ha sido uno de los principales capitostes de la operación fallida de vacar a Vizcarra que incluía comprometer a las Fuerzas Armadas junto a Manuel Merino? ¿Han participado otros exmilitares en esta organización? ¿Tuvo que ver en la cooptación de Karem Roca? ¿Guibovich está articulado a la Coordinadora Republicana? ¿Ha sido el nexo entre la Coordinadora y Manuel Merino? Lo cierto es que afrontará una investigación fiscal que pondrá luz sobre este caso.

Guibovich siendo vocero de la bancada de Acción Popular (AP), es muy próximo al presidente del parlamento, Manuel Merino, a quien habría estudiado en detalle según algunos miembros de la dirección de AP.

Tiene vínculos con empresarios, políticos y exmilitares del ala más derecha del espectro. Por ejemplo, con el almirante (r) Jorge Montoya. Por su parte, Manuel Merino, según las mismas fuentes partidarias, pertenece a una corriente pro aprista que existe al interior de AP. Y es muy dependiente de Vitocho y de Alfredo Barnechea. De hecho, del interior del partido se afirma que Vitocho hizo que Merino llegue al Congreso por segunda vez como parte de la cuota de Acción Popular en la alianza con Perú Posible de Alejandro Toledo (2011).

Uno de los hermanos de Vitocho es marcadamente cercano a Fuerza Popular. Domingo García Belaunde es asesor legal de Keiko Fujimori, columnista en El Montonero e integrante de la Coordinadora Republicana. Como vimos arriba, será el abogado de Merino en la demanda competencial.

Los vínculos con la Coordinadora Republicana, llena de apristas y fujimoristas, con el actual presidente del Congreso son evidentes.

Si la sospecha del ministro Chávez sobre Merino y Guibovich es certera, entonces es válido también incluir en las investigaciones a otros operadores, entre ellos los vinculados al comité permanente de la Coordinadora Republicana.

La cooptación de Karem

¿Estas sospechas incluyen la operación de cooptación de la asistente del presidente, Karem Roca? Esta podría ser una especulación que puede servir de pista para las investigaciones fiscales. Karem Roca viene del círculo más cercano del mandatario desde su paso por la gobernación de Moquegua. ¿Qué ha tenido que pasar para que una persona tan de confianza termine traicionándolo? ¿Quién grabo al presidente y quien entregó los audios al congresista Edgard Alarcón? ¿Fue Alarcón o solo de trata de una cabeza de turco a lo Moisés Mamani en la línea de usar a personajes con la soga de la Justicia en el cuello para que hagan el trabajo sucio a cambio de impunidad?

Además, Edgard Alarcón ya había grabado al ministro de Economía, Alfredo Thorne, al premier Del Solar y al propio Vizcarra cuando era ministro de Transporte. Desde la Contraloría, Alarcón tuvo que ver el tema del Aeropuerto de Chinchero y allí se dieron los incidentes que terminaron con Thorne en su casa y con Vizcarra en Canadá como embajador. Así, la participación de Alarcón en la actual operación podría pasar como un modus operandi individual. Total, era fácil encontrar un móvil, ya que Alarcón también había sido sacado de su cargo y empapelado a pesar del blindaje que le dio la mayoría Fujiaprista del anterior Congreso. Fue de los primeros en sucumbir a la ola anticorrupción que se generaba en la sociedad. No había mejor candidato para ser kamikaze en el complot contra Vizcarra que él, además porque se había ubicado como titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Un detalle importante es que la tarea de defensa legal de Edgard Alarcón en su proceso de destitución como Contralor en 2017, fue asumida por Humberto Abanto, abogado aprista del cogollo de Alan García, que también ha defendido a varios implicados en el caso Lava Jato.

Sin embargo, es difícil creer que los chuponeos al presidente hayan sido hechos por Alarcón en esta oportunidad. Hace tiempo que desde la prensa ligada a la ultra derecha peruana se venían buscando datos que comprometan al presidente en algún acto ilícito que derive en vacancia. Basta con revisar los titulares de Expreso o La Razón. Que Vizcarra haya deshecho a la mayoría Fujiaprista del Congreso electo en 2016 lo puso en la mira de estos sectores de modo permanente. Lo que no imaginábamos era hasta dónde llegarían.

El tema del Hospital de Moquegua fue levantado varias veces por estos medios, al igual que el caso de los contratos de su cuñado y otros temas que o eran archivados o no comprometían tanto al presidente. Al final solo quedó como algo con filo, el caso del cantante Richard Cisneros, alias “Richard Swing” favorecido con contratos en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, esto ya estaba muriendo, pues Swing no aportó información comprometedora cuando fue llamado a declarar al Congreso. La coartada “narcisista” de Cisneros lo hacía ver como un personaje díscolo, un loquito que en todo momento señalaba que era gracias a su gran inteligencia su vínculo con el Ministerio de Cultura.

Por eso fue necesaria la cooptación de Karem Roca, integrante del círculo de “los moqueguanos”, el primer círculo de confianza del presidente Vizcarra, para revivir el caso Swing. No es descabellado pensar que corrió mucho dinero allí y la promesa para Roca de salir bien librada del asunto, pero eso lo verá la Fiscalía.

Lo cierto es que se le cooptó aprovechando los conflictos internos ya existentes entre ella y otros miembros de aquel círculo. La inflexión se produjo cuando el caso Swing salió a los medios. Una pista es la última declaración de Roca en el Congreso el viernes 10 de septiembre. Luego de que Richard Cisneros la acusara directamente de ser la responsable de las grabaciones y su filtración, ella lo negó ante Alarcón y deslizó que la Marina de Guerra del Perú sería la responsable del chuponeo y de la grabación de sus conversaciones con el presidente Vizcarra. La reacción de la Marina fue inmediata a través de un comunicado público en el que anuncian acciones legales contra Roca.

Respecto de esta grave acusación hay dos hipótesis. La primera es que se trata de un ajuste de cuentas de parte de los militares en retiro que participaron en este complot contra Vizcarra. Un mensaje vía Karem Roca al Comandante General de la Marina, Fernando Cerdán, quien habría decidido no apoyar la asonada golpista. De hecho, fue el propio Cerdán el que avisó al ministro de Defensa, general (r) Jorge Chávez, sobre la llamada que le había hecho el presidente del Congreso. Esto se puede ver con detalle en la nota antes citada de IDL Reporteros. De ahí que Roca dejó entre ver algo absurdo como que un centro del chuponeo de la Marina funcionaría en la propia oficina presidencial.

La segunda hipótesis, que es la más alejada de la realidad, pero que se ha querido vender como verdad se centra en que La Marina estuvo comprometida y ayudó con las grabaciones. Pero luego al ver que no había futuro en la ofensiva de Montoya y Guibovich se desembarcó. Es decir, la Marina habría estado en este contubernio, pero se habría desmarcado a tiempo. Y por eso lo dejaron solo a Merino. Él tenía la plena confianza en la Marina, pero al fallar la operación se generó el rompan filas.

El presidente Vizcarra ha salido a aclarar sobre este punto que las declaraciones de su ya exasistente son falsas, en especial la alusión hecha contra la Marina. En todo caso, el eslabón más débil de esta cadena, Karem Roca aspiraría a ser colaboradora eficaz. Por eso los conspiradores pueden estar más cerca de la cárcel que de vacar a Vizcarra.

A pesar de la vacancia fallida, la mafia se ha rearticulado

Lo más importante es que a pesar de que se ha develado el complot y la vacancia ha devenido casi en imposible, el mando duro de la llamada mafia se ha rearticulado. Se trata de una nueva dirección de la ultra derecha que se consolida incluso tras la derrota en la vacancia.

La torpeza de Merino fue comunicarse prematuramente con las Fuerzas Armadas, buscando la foto con ellas. El tiro salió por atrás y ha significado una vergüenza absoluta que las Fuerzas Armadas tengan un manejo más apegado a las leyes que el propio presidente del Congreso. Las comandancias generales han reconocido y respetado la jefatura suprema en el Presidente de la República.

La comunicación de Guibovich al ministro de Defensa para negar la posibilidad de una conspiración, algo que el mismo ministro ha dado a conocer, fue un acto tardío. La operación, sea cualquiera que quería desmentir el congresista, devino en errática. El globo se pinchó y la vacancia parece muerta mucho antes de empezar. Lo más probable es que no se produzca la sesión del viernes 18. Es decir, Vizcarra no asistiría al Congreso y eso ha generado la protesta de Aníbal Quiroga, miembro de la Coordinadora Republicana, que en su artículo “Quien a hierro mata, la vacancia” del 12 de septiembre escribió:

"…Quizás confiado en eso, el Presidente Vizcarra desista de ir al Congreso a hacer su defensa y, quizás, ni siquiera acredite abogado alguno para que lo haga en su representación. Total, está lleno de frases huecas, falsas muestras de valor y promesas no cumplidas. Así que eso de que “aquí estoy” si vienen por mí, “yo no me corro”, “No me van a doblegar” y “pondré el pecho” para afrontar las responsabilidades políticas del caso, está aún por verse. Dime de qué te jactas, y te diré qué te falta, reza el dicho popular. Suelen ser bravatas para la tribuna. Por su propia personalidad y temores, no parece que tenga mucho interés de enfrentar al pleno del Congreso con su defensa. En todo caso, pago por ver."

Más parece un lamento por el pan que se quema antes de entrar al horno que la opinión de uno de los abogados “constitucionalistas” caserito de los medios de comunicación cada vez que se agudiza la crisis de régimen que vivimos desde hace años. Ni qué decir sobre que Quiroga es uno de los abogados que va a representar al Congreso en la demanda competencial que hoy ha interpuesto el Ejecutivo.

No podemos dejar de mencionar a personajes como Antauro Humala, que según fuentes de UPP, sostuvo reuniones con varios protagonistas de la vacancia como el congresista Jim Mamani quien redactó la moción que fue aprobada el viernes último. Asimismo, con el congresista José Vega Antonio y con el propio Edgar Alarcón, comprometiendo a la bancada de UPP por entero. Esta es la bancada que más dificultades tendrá para desmarcarse de la vacancia como ya lo ha hecho APP con el comunicado de su líder César Acuña, o el intento de Podemos con el comunicado de Daniel Urresti. Los medios de comunicación también empezaron a desembarcarse de una posible vacancia luego de la nota de IDL y de la conferencia de prensa del premier.

La vacancia ya venía herida de muerte con la declaración a la prensa de Richard Cisneros el viernes 11 de septiembre. La moción que la sustentaba no pudo ser votada de inmediato como se había planificado y tuvo que esperar hasta la tarde de ese día alcanzando 65 votos a favor, 37 en contra, 24 abstenciones y 5 no presentes. El problema era que sus promotores esperaban más de 90 votos hasta que Richard Cisneros con sus declaraciones desinfló la ofensiva al declarar que todo lo afirmado en el tercer audio era falso y que los asesores de Alarcón y Merino lo habían visitado en varias ocasiones para generar la ofensiva contra Vizcarra.

El resultado de la votación alejaba a Vizcarra del peligro de ser vacado, pues bastaba sumar solo 7 votos más a los votos en contra de la moción para que fuera imposible completar los 87 requeridos y vacar al presidente. Esos 7 votos podrían haber venido del FREPAP, que se abstuvo en la moción, pero por la declaración de sus voceros, se sabía que votarían en contra después.

Más allá de los números ¿cuál es el sentido político de lo que ha pasado?

En primer lugar, será el congreso el que más costos pagará. Todas sus medidas progresistas se han embarrado, y ha roto la conexión que había construido con algún sector de la población. Las bancadas van a entrar en una crisis profunda, en especial Acción Popular. Las excepciones son el Frepap, el Frente Amplio y el Partido Morado.

Pero no solo eso. Se han abierto mejores condiciones para la lucha democrática. Nuevamente se ha puesto en agenda la amenaza de la mafia y este eje podrá devenir en fundamental nuevamente.

Se ha producido un parteaguas. Un hito de un antes y un después con lo que el 12 de septiembre reveló Gustavo Gorriti en IDL Reporteros: un golpe cívico militar en marcha bajo el manto del tema de Richard Swing, con la cabeza de turco de Alarcón.

Este parteaguas nos lleva a otra situación. Las fuerzas unidas para la vacancia ya no existen. Se está produciendo en este momento una total dispersión. Se van a producir retiros de firmas, más pronunciamiento de partidos desmarcándose del asunto. Mociones como las que planteó el Partido Morado de reconsiderar la moción de vacancia. Es imposible que Merino y Guibovich mantenga el proceso de vacancia.

En lo político, la declaración hecha por la líder de la izquierda, Verónika Mendoza, desmarcándose de la clase política, rechazando la vacancia y poniendo agenda, ha sembrado una semilla que puede ser potente porque lo que viene ahora es el desprestigio de los partidos del Congreso que se entroncaron con el golpe disfrazado de vacancia y van pagar un alto costo. Se ha regalado un escenario hacia el centro izquierda que podría ser construido por Verónika Mendoza, el Frente Amplio, el Partido Morado y el Frepap. Veremos.

Carlos Bedoya. Periodista y abogado. Interesado en política, economía y sociedad. @cbedoyam

https://www.leerydifundir.com/2020/09/la-cabeza-politica-del-complot-vizcarra/