El Perú y la institución del asilo: la racionalidad democrática

Manuel Rodríguez Cuadros

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución.

Las dictaduras del general Augusto Pinochet y de Jorge Rafael Videla fueron las primeras en cuestionar la validez y el alcance de la institución del asilo. Cuestionaron la calificación del Estado asilante. Inauguraron, también, la práctica dilatoria de demorar el otorgamiento de los salvoconductos, durante semanas y hasta meses. Finalmente, los expidieron en todos los casos. Chile reconoció el asilo y extendió salvoconductos en cerca de 500 solicitudes. La Argentina lo hizo en 56. No obstante que ni uno ni otro habían ratificado la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

El asilo es una institución de derechos humanos. Consiste en que un Estado, el asilante, otorga protección a una persona que, a su juicio, es objeto de acusación por delitos políticos o es perseguida. Está dirigida a preservar la vida y la libertad.

La diplomacia peruana estuvo en el nacimiento de esta institución de tutela de los derechos humanos. En 1865 se realizó, en Lima, la primera reunión para discutir una Convención de asilo, bajo el liderazgo de Toribio Pacheco. El Perú ha sido un consistente y coherente defensor del asilo desde esos tempranos años. La excepción fue la dictadura de Odría, que negó el asilo a Haya de la Torre, para posteriormente reconocerlo y expedir el salvoconducto luego de un juicio en la Corte Internacional de Justicia.

La Convención de Asilo Diplomático de 1954, que es el derecho internacional vigente y que tiene rango constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, otorga única y exclusivamente al Estado asilante la facultad de calificar si se trata de un caso político o de un delito común (Art. IV). Al mismo tiempo, dispone, en el artículo III, que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas en forma competente ante tribunales ordinarios por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político.

Conforme a estas disposiciones, el Estado asilante, en función de la apreciación que hace de los hechos, posee la facultad de determinar si se trata de un delito común —en cuya hipótesis no otorga el asilo— o si se está frente a un delito o persecución política que amerita la concesión del asilo. En el caso de Alan García, el gobierno del Uruguay determinó, conforme a la Convención, que se trataba de una acusación por delito común y no otorgó el asilo.

Independientemente de los argumentos políticos o ideológicos que diversos actores internos o los propios Estados territoriales puedan oponer a la calificación unilateral que hace el Estado asilante, esta es la única con valor jurídico conforme a las obligaciones del derecho internacional. La Constitución coincide con la Convención de 1954 al disponer de manera imperativa que “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante.” (Art. 36). Esta norma se inspiró en el artículo I de la Convención, que obliga al Estado territorial a respetar el asilo de personas que lo soliciten por motivos o delitos políticos.

El Estado asilante concede el asilo si, en su apreciación, se trata de motivos o delitos políticos. Es esencial diferenciar estos dos conceptos. La motivación política no tiene una connotación jurídica. Se sustenta en una situación de disidencia o contradicción con el poder, en la que —siempre a juicio del Estado asilante— la persona solicitante se encuentra en riesgo, con temor fundado o en situación de amenaza por sus opiniones, actividades, vínculos, militancia, expresiones, cargos, funciones o identidad política, de modo que su seguridad personal solo puede ser garantizada buscando la protección del asilo.

Por el contrario, los “delitos políticos”, cuya existencia o presunción de existencia fundamentan el asilo, sí poseen una naturaleza jurídica. El derecho penal diferencia entre los delitos comunes y los delitos políticos. El delito común está dirigido contra bienes ordinarios (vida, propiedad, integridad, libertad, patrimonio), mientras que los delitos políticos son conductas dirigidas exclusivamente contra el orden político del Estado. Son delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Como anota Bramont Arias, en el Código Penal peruano están tipificados como aquellos que “atacan al organismo político del Estado o a los derechos políticos ciudadanos”. Sus tipos son la rebelión, la sedición, el motín, la conspiración y la seducción de tropas.

A estos delitos se refiere la Convención de Asilo Diplomático de 1954, en su interrelación normativa y constitucional con el Código Penal peruano. Por esta razón, el asilo otorgado en los casos de Lilia Paredes, Nadine Heredia y Betsy Chávez no presentan características similares. En el primero, Heredia fue objeto de un juicio, con sentencia, por un delito común (lavado de activos). El gobierno del Brasil, conforme al derecho que le otorga la Convención de 1954, al calificar el hecho estimó que el juicio y la sentencia estaban vinculados con una persecución política que ameritaba una respuesta humanitaria y concedió el asilo.

En el segundo caso, la esposa del expresidente Castillo no estuvo procesada por la presunta comisión de ningún delito; el gobierno de México también, en estricto cumplimiento de la Convención de 1954, concedió el asilo, pues consideró que, a su juicio, existía o podía configurarse una persecución política.

En el caso de Betsy Chávez, no se encuentra procesada por delito común de ninguna naturaleza, sino por el delito político de rebelión y, alternativamente, por el de conspiración. Tipificados como políticos por el Código Penal (artículos 346 y 349). En razón de la naturaleza política de estos delitos y de la presunción de persecución, el gobierno de México, en ejecución de las normas de asilo vigentes, ha concedido el asilo.

En los dos primeros casos, el gobierno del Perú procedió a otorgar el salvoconducto en estricto cumplimiento de la Constitución, sus obligaciones internacionales y el respeto al derecho internacional. Una conducta propia del Estado de derecho. En el asilo de la señora Chávez, el gobierno ha pospuesto el otorgamiento del salvoconducto, vinculando esta decisión a una gestión en la OEA para modificar la Convención de 1954.

Esta vinculación no está prevista en la Convención y es ajena a la institución del asilo. Es una decisión estrictamente política, que no justifica el incumplimiento del artículo XII de la Convención, que manda la inmediata entrega del salvoconducto. La demora injustificada —la voluntad de renegociar la Convención no puede ser, no es, una causa de fuerza mayor— pone al Estado peruano en el límite del incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En términos procesales y legales, no se puede establecer interrelación alguna entre el asilo concedido por México y un interés de revisar la Convención. Son materias jurídicamente desvinculadas. En todo caso, el artículo XIII de la Convención ya regula el derecho del Estado territorial para entregar al Estado asilante toda la información, administrativa o judicial, que estime pertinente para sustentar su propia apreciación del caso.

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución. Lo que, además de ser un contrasentido jurídico, sería  de suyo inviable, reñido con los valores de toda sociedad democrática y con la tradición jurídica y diplomática del Perú.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/23/el-peru-y-la-institucion-del-asilo-la-racionalidad-democratica-por-manuel-rodriguez-cuadros-hnews-983158

https://www.leerydifundir.com/2025/12/peru-la-instituc…idad-democratica/ 

Perú: La Isla Chinería y el límite fronterizo entre el Perú y Colombia

Manuel Rodríguez Cuadros

La prohibición del uso de la fuerza, directa y compulsiva, es un factor que debe bajar cualquier tensión eventual.

El jueves 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una declaración fuera de contexto en su forma, contenido y finalidad: “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades impuestas en la zona”. No es usual que, de manera espontánea, un jefe de Estado cuestione un límite pactado conforme al derecho internacional, consolidado por más de 95 años. Es más insólito aún que lo haga públicamente, dirigiéndose directamente a los medios, soslayando la regla diplomática elemental que obliga a comunicar una decisión de tal naturaleza, primero, al país concernido. Y es menos ortodoxo que afirme urbi et orbi que su intencionalidad es cambiar el status quo de la línea fronteriza, al margen del régimen jurídico que regula los límites entre el Perú y Colombia.

Petro ha lanzado a Colombia a un irredentismo territorial ajeno a la tradición de responsabilidad pausada que ha caracterizado históricamente su vida diplomática. La excanciller Marta Lucía Ramírez ha señalado que la actitud de Petro tendría motivaciones políticas internas. Pero ha ido más allá: ha esbozado una aproximación más realista, técnica y de ortodoxia diplomática respecto del interés nacional colombiano. Ha recordado que la soberanía sobre la isla Chinería —objeto de la controversia— fue asignada al Perú en 1929 y que cualquier duda sobre nuevas formaciones fluviales debe resolverse por el canal regular de la Comisión Mixta establecida por el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

La Cancillería peruana ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza las expresiones del presidente de Colombia y ha recordado, con firmeza, el régimen jurídico del ejercicio de su soberanía en la isla Chinería, sustentado en las disposiciones del Tratado de 1922, el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 y las actas de la Comisión Mixta Demarcadora, que en 1929 reconoció de manera bilateral que la isla es parte del territorio peruano.

Es bueno recordar que el Tratado Salomón-Lozano cedió a Colombia el llamado trapecio amazónico, concediéndole acceso directo al río Amazonas y cediendo la ciudad peruana de Leticia. Este hecho provocó indignación, protesta, movilizaciones y repudio de la población. Se trató de la negociación más onerosa a los intereses nacionales del Perú en toda su historia diplomática.

Fue una responsabilidad directa y personal del presidente Augusto B. Leguía, quien negoció personalmente con el ministro de la embajada de Colombia en Lima, Favio Lozano, en forma secreta, sin que la Cancillería peruana conociera el curso de las negociaciones y menos aún su resultado. Alberto Ulloa ha recordado que “está establecido que el secreto, vale decir la clandestinidad, no fue una circunstancia sino una condición del tratado. A este respecto existen pruebas irrecusables”. Para Ulloa, las concesiones inadmisibles hechas a Colombia fueron producto de la “omnímoda voluntad del presidente Leguía en el manejo de la política internacional, determinada, a su vez, por la presión del gobierno de los Estados Unidos”.

Una vez suscrito el tratado, se mantuvo en secreto hasta 1927. Una vez hecho público en 1928, la resistencia del pueblo de Leticia y la oposición de importantes niveles institucionales en el país crearon una situación de resistencia manifiesta. El gobierno de Leguía intentó reformular sus disposiciones, sin éxito. En 1932, sectores civiles peruanos tomaron la ciudad de Leticia, ya colombiana en esa época. El gobierno de Sánchez Cerro y las Fuerzas Armadas decidieron la reincorporación de Leticia.

Se generó una situación de alta tensión. A inicios de 1933 hubo enfrentamientos armados. En mayo de ese año se decidió llevar el caso a la Sociedad de Naciones, que optó evidentemente por el respeto del orden jurídico internacional del pacta sunt servanda. El Perú acató estas decisiones, respetuoso del derecho internacional, y se procedió a la negociación y suscripción del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que en esencia ratificó todas las disposiciones y los límites establecidos en el Tratado Salomón-Lozano.

La línea fronteriza se confirmó en el mismo trazo acordado en 1922: “Desde el punto en que el meridiano de la boca del río Cuhimbé en el Putumayo corta al río San Miguel o Sucumbíos, sube por ese mismo meridiano hasta dicha boca del Cuhimbé; de allí por el thalweg del río Putumayo hasta la confluencia del río Yaguas; sigue por una línea recta que de esta confluencia vaya a la del río Atacuari en el Amazonas, y de allí por el thalweg del río Amazonas hasta el límite entre el Perú y el Brasil establecido en el Tratado Perú-Brasileño de 23 de octubre de 1851”.

En el río Amazonas se estableció como límite el thalweg (la línea de mayor profundidad del río). Aplicando este criterio, se acordó en el Acta Nº 2 que “respecto a las islas que se encuentren en los ríos Amazonas y Putumayo en las secciones en que estos ríos son frontera, la Comisión Mixta convino, en uso de las atribuciones que le confiere el tratado, que una isla dada pertenecerá a la nación cuya ribera se encuentre más cercana a la isla, debiendo la Comisión Mixta, al finalizar los trabajos, hacer la descripción de frontera con la denominación de las islas que resultaren adjudicadas a cada país”.

El 11 de noviembre de 1929, la Comisión Mixta Demarcadora asignó a Colombia la isla Zancudo número…, las islas Loreto, las islas Santa Sofía, las islas Arara, la isla Ronda y la isla Leticia; y al Perú, la isla Tigre, las islas Coto, la isla Zancudo, la isla Cacao, la isla Serra, la isla Yahuma y la isla Chinería con su población de Santa Rosa.

Es importante retener el criterio técnico establecido en las actas: en ningún caso la posible variación de la línea del thalweg por erosión u otros fenómenos naturales en algún sector cambiará los sitios extremos de esta línea. Ello da seguridad jurídica al sistema. Si surgen nuevas formaciones, su pertenencia a uno u otro país se establece conforme al límite pactado. No se trata de llegar al absurdo de negociar nuevos límites cada vez que hay movimientos o desplazamientos. Existe un límite pactado en todo el curso del Amazonas compartido. Por ello, la novísima posición del presidente Petro no tiene sustento en el derecho internacional, incluyendo las disposiciones del Tratado de 1922 y el Protocolo de 1936.

El Protocolo de 1936 es también un tratado que crea ineludibles obligaciones al Perú y Colombia en caso de discrepancias en la ejecución y aplicación del régimen limítrofe fronterizo. El artículo VII es de una importancia excepcional. Establece que Colombia y el Perú “se obligan solemnemente a no hacerse la guerra ni a emplear, directa o indirectamente, la fuerza, como medio de solución de sus problemas actuales o de cualesquiera otros que puedan surgir en lo futuro. Si en cualquiera eventualidad no llegaren a resolverlos por negociaciones diplomáticas directas, cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá recurrir al procedimiento establecido por el artículo treinta y seis del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, sin que la jurisdicción de ésta pueda ser excluida o limitada por las reservas que cualquiera de ellas hubiere hecho en el acto de suscribir la disposición facultativa”.

Este régimen de solución de controversias conlleva dos instancias: las consultas diplomáticas directas y, si estas no funcionan, la recurrencia a la Corte Internacional de Justicia. La prohibición del uso de la fuerza, directa y compulsiva, es un factor que debe bajar cualquier tensión eventual. Lo usual, sensato, útil, práctico y eficaz es que se puedan esclarecer los componentes técnico-jurídicos en el primer nivel de la instancia de consultas diplomáticas: la Comisión Mixta de Límites y Ríos Fronterizos Peruano-Colombiana.

https://larepublica.pe/opinion/2025/08/10/la-isla-chineria-y-el-limite-fronterizo-entre-el-peru-y-colombia-manuel-rodriguez-cuadros-hnews-884720

https://www.leerydifundir.com/2025/08/peru-la-isla-chi…zo-peru-colombia/

Perú: Conectados y desconectados: fragmentación social y crisis de representación

Manuel Rodríguez Cuadros

Si no se logra una reforma sustantiva del sistema político, para asegurar el acceso democrático y legítimo al poder de todos los sectores sociales y culturales del país.

El Perú contemporáneo es un país marcado por una fractura profunda, no solo entre clases sociales y culturas, sino entre mundos distintos desde la perspectiva del poder. El mundo de los conectados al poder del Estado y el mundo de los desconectados. Esta escisión atraviesa Lima y las regiones, la izquierda y la derecha, y se manifiesta en una crisis persistente de representación. Utilizo la dicotomía conectados-desconectados a partir de la noción de campo de poder de Georges Bourdieu.

Los conectados son aquellos que disponen de recursos materiales, culturales, simbólicos y de reconocimiento social que les permiten ocupar posiciones de ventaja en los espacios donde se ejerce el poder. Este poder no es solo económico ni mediático. Es, sobre todo, acceso al Estado, a sus instituciones, a los espacios donde se toman las decisiones que configuran la vida pública.

El campo de poder, en este sentido, se expresa concretamente en el control o influencia sobre el aparato estatal central, ya sea desde el gobierno, la tecnocracia, el sistema judicial o el Congreso. Los conectados manejan recursos materiales, culturales y simbólicos que les permiten hablar, ser escuchados y tomar decisiones. Son quienes cuentan con reconocimiento social, acceso a redes de poder, prestigio académico o influencia mediática.

Los desconectados no solo carecen de recursos de influencia —como reconocimiento social, acceso a redes institucionales o legitimidad pública—, sino que están estructuralmente excluidos del acceso real al poder estatal central. Aunque representen una mayoría demográfica, su voz no es considerada válida dentro del sistema político; sus intereses no se traducen en políticas públicas ni encuentran representación efectiva en los espacios de decisión. Pero la desconexión no es solo de poder, sino también de significado y reconocimiento. Se invalida su visión del mundo, sus formas de participar, se relativiza su cultura y se les impone el racismo estructural.

Las formas de conocimiento comunitario, campesino, indígena y popular no son consideradas válidas dentro del campo político del mundo conectado. Mayormente, la izquierda progresista limeña y la derecha liberal coinciden en sentirse ajenos a saberes no modernos, así como en  su lejanía al universo cultural del mundo desconectado: lenguaje, colegios, universidades, música, bailes, lecturas, referentes y valores sociales, recreación. Las propias prácticas políticas, como las movilizaciones de unos y otros para defender sus derechos, intereses y visiones del país, reflejan esta fragmentación.

La oposición al gobierno de Dina Boluarte —con niveles de aprobación cercanos al 3 % a nivel nacional, y con hasta 0 % de respaldo en algunas regiones del norte— no ha logrado transformarse en una movilización nacional unida. Las grandes movilizaciones del sur andino en regiones como Puno, Cusco, Ayacucho o Apurímac— expresaron el dolor y la indignación de los sectores desconectados. Sin embargo, no contaron con el apoyo directo suficiente de las élites limeñas, independientemente de su orientación política.

No hubo un lenguaje común, ni una narrativa compartida, ni símbolos que articularan ambas experiencias en un proyecto nacional compartido. Incluso dentro de Lima, la protesta se concentró en barrios populares, gremios y jóvenes migrantes, pero no logró articularse lo suficiente con sectores democráticos y progresistas de partidos políticos, de universidades, organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación.

Desde las últimas décadas del siglo XX, los sectores desconectados —campesinos, migrantes, trabajadores informales, emprendedores— han sido protagonistas del “desborde popular”. Este proceso implicó una reconfiguración social desde abajo: los excluidos irrumpieron en los mercados, en los barrios urbanos, en los transportes, en las redes comerciales y, en menor medida, en los gobiernos locales. Hubo notables progresos en las condiciones de vida. Pero, la exclusión persistió en su forma estructural e institucional: su acceso al poder central del Estado, al sistema judicial, a los medios y a los espacios de representación política nacional sigue siendo precario.

La exclusión —social, cultural y política, también étnica— ha generado como respuesta la informalidad y, en muchos casos, la ilegalidad crecientemente organizada. No se trata solo de economías paralelas. También de formas alternativas de organización social, económica y política que han construido legitimidad en sus territorios, aunque no sean reconocidas por el Estado: mercados informales, rondas campesinas, comités de autodefensa, transporte informal, comercio ambulatorio, minería ilegal y otras actividades al margen de la ley.

Esta situación ha sido alimentada por la minimización del Estado promovida por las élites conectadas, así como por el colapso de   la  autoridad y funcionalidad  estatal en vastos territorios del país y sectores de la administración.

Lo inédito del momento actual es que esta exclusión convertida en sistema de vida ha comenzado a expresar una voluntad política de conquista del Estado central. No ya como espacio de reconocimiento o reforma, sino como botín en disputa. En un escenario de crisis prolongada, fragmentación institucional y colapso de legitimidades, amplios sectores desconectados, como importantes sectores de los conectados, ven en el Estado una fuente de recursos, poder y validación, y no necesariamente una institución que deba respetar la legalidad y propender al bien común.

Esta transformación puede manifestarse en las próximas elecciones: no solo en candidaturas populistas y mercantilistas, sino en la emergencia de un nuevo tipo de actor político informal, clientelar o incluso criminal, cuya base es el rechazo al orden institucional y la apropiación del aparato estatal como forma de afirmación social. Ejemplos incipientes pueden observarse en la captura de municipalidades por redes informales de contratistas o en el financiamiento de campañas locales por grupos dedicados a economías ilegales como la minería y la tala.

La disputa por el control del Estado —antes monopolio de las élites conectadas— se traslada ahora a un nuevo terreno, donde el Estado ya no representa el bien común, sino un botín fragmentado. En amplios sectores sociales —no conectados y conectados—, el Estado ha dejado de ser una institución garante del bien común y se percibe como un botín a conquistar. Si esta tendencia se consolida, la lucha política se convertirá en una lucha por el control patrimonial del Estado, lo que podría erosionar aún más los principios de legalidad, representación y servicio público. Sin una transformación profunda de las condiciones estructurales de exclusión y una democratización real del poder estatal, el Perú se encamina a una peligrosa normalización de la informalidad y la criminalidad como práctica política.

La crisis peruana no podrá resolverse solo con reformas institucionales, si no se aborda la estructura profunda de exclusión entre conectados y desconectados. Si no se logra una reforma sustantiva del sistema político, para asegurar el acceso democrático y legítimo  al poder de todos los sectores sociales y culturales del país.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/06/15/conectados-y-desconectados-fragmentacion-social-y-crisis-de-representacion-por-manuel-rodriguez-cuadros-hnews-339375

https://www.leerydifundir.com/2025/06/peru-conectados-…s-representacion/

Perú: La crisis nacional: salir del túnel

Manuel Rodríguez Cuadros

Creo que mucho más que una crisis estructural, el Perú enfrenta una crisis de viabilidad nacional. Caracterizada por el desajuste entre una sociedad nacional emergente en los últimos 80 años

Salvo en el Gobierno y en algunos sectores políticos muy aislados, en los últimos meses se ha ido consolidando, ya no la percepción, sino la convicción de que el Perú vive una crisis que pone en cuestión su viabilidad como nación.

El prestigioso think tank International Crisis Group, en el mes de febrero, elaboró el informe "Conflictividad perpetua: una ruta hacia la estabilidad del Perú". Señaló que "el descontento popular con los líderes, las instituciones estatales, los partidos políticos y la democracia en general está alcanzando niveles nunca vistos (...) Atemperar las divisiones que atraviesan a la sociedad peruana es un imperativo, pero el primer paso en esta dirección debe ser reformar un sistema político que ha perdido casi toda su legitimidad y, por tanto, su capacidad para actuar como válvula de escape para la sociedad en general".

En el Perú se observa un conjunto de situaciones y procesos disruptivos de la institucionalidad democrática y el pacto social, que dotan a la crisis de una dimensión sin precedentes históricos.

La dimensión política que está adquiriendo la criminalidad organizada pone en cuestión el derecho a la vida y el proyecto vital de millones de peruanos. El hecho de que en 19 días de estado de emergencia se haya asesinado a 20 personas indica la gravedad de una situación en la que la característica más siniestra es la colusión entre el poder político y las organizaciones criminales.

Las leyes que ha dado el Congreso, confirmadas y respaldadas por el Ejecutivo —es decir, la alianza gubernamental— para proteger a las organizaciones criminales y debilitar las capacidades de investigación de la Fiscalía y el Poder Judicial, configuran una alteración de la institucionalidad democrática, ya no de un régimen híbrido, sino de un autoritarismo crecientemente represivo, en el lenguaje y la acción.

Las condiciones de vida de la población y el sufrimiento de las familias, ya agobiadas por la inseguridad de sus bienes y sus vidas, se incrementan por el aumento de la pobreza. El 29% de la población está en pobreza monetaria. El 73% que vive en las ciudades es pobre. Dos de cada cinco establecimientos del primer y segundo nivel de atención de salud no tienen disponibilidad de medicamentos esenciales. El 93% de la población cuenta con cobertura de salud, pero 7 de cada 10 personas que necesitan asistencia médica no la obtienen. En 2023, 17,6 millones de personas padecieron de inseguridad alimentaria, moderada o grave. Y el Gobierno —fuera de toda racionalidad— decide reducir en un 50% el presupuesto destinado a las ollas comunes.

Inseguridad, pobreza, alimentación y salud se deterioran más en la medida en que el crecimiento es inferior al 4%. Y las mejores previsiones para fin de año indican que estará entre el 2,7% y el 2,8%. Por si fuera poco, la Cepal, en su último informe (octubre de 2024), indica que el Perú es el país de Sudamérica donde más ha caído la inversión privada, en un 56%. Y pronostica que estamos frente a otra inminente década perdida para la economía de la región.

Pero las crisis institucional, económica y social, siendo ya graves, son factores derivados de una crisis mayor: el colapso del sistema político instituido por la constitución de 1993. En 31 años, ese modelo, basado en la imposición del Ejecutivo al Congreso o del Congreso al Ejecutivo, en función de quién controla la mayoría parlamentaria, ha producido la destrucción de los partidos políticos y la vida política de los ciudadanos. Ha conducido, también, a la ilegitimidad absoluta. De la mano de la creciente intervención en las decisiones del Estado de los poderes económicos, ilegales, criminales o situados en la zona gris de la ilegalidad y la informalidad. Lo que era la Sociedad Nacional Agraria como poder económico del Perú oligárquico, de alguna manera lo es hoy la minería ilegal o el narcotráfico.

La crisis, palabra de origen griego, referida inicialmente a un grave accidente del equilibrio de la salud humana, tiene hoy un significado más amplio. Y en el caso peruano, superlativo. Ha pasado a definir un grave desequilibrio sociológico, político, social y cultural, entre el Estado, la sociedad, la nación, el ordenamiento jurídico, institucional y la conducta de la población, incluidas las normas éticas que deben orientarla.

Creo que mucho más que una crisis estructural, el Perú enfrenta una crisis de viabilidad nacional, caracterizada por el desajuste entre una sociedad nacional emergente en los últimos 80 años (esencialmente chola, en el mejor de los sentidos, por su etnicidad, especificidad cultural y modernidad), un Estado incapaz de absorberla y regularla, y una nación que, habiéndose conformado en las últimas décadas, no tiene anclajes en la conciliación de intereses, sino disparadores de conflictividad en la lucha de unas fracciones contra otras.

Los millones de migrantes del otro Perú que irrumpieron en la vida nacional, para conformar esta nación mestiza, vieron confrontados sus valores comunitarios, de la solidaridad y la acción colectiva —propios de las cosmovisiones andinas y amazónicas— con una economía, una convivencia social y un Estado que les dio la espalda, los agredió y los agrede. Que los forzó a reinventarse, asumiendo conductas —en las antípodas de su cultura originaria— como el individualismo, el egoísmo extremo, el "sálvese quien pueda y como pueda", el desconocimiento o transgresión de la ley y la autoridad, la negación del nosotros y la primacía absoluta del yo. Una suerte de "ley de la selva urbana" como lógica de supervivencia, primero, y luego de acumulación de capital.

El otro Perú, como señaló Matos Mar, no solo pasó a tomar los espacios urbanos de supervivencia y circuitos esenciales de la economía nacional, sino que progresivamente fue ganando espacios de ciudadanía y de ejercicio de cargos públicos, incluyendo la representación parlamentaria.

El problema es que este desborde popular positivo en la constitución de la nación mestiza y chola coincidió en su fase más expansiva con las visiones neoliberales que en las últimas décadas, al mismo tiempo que afirmaban una gestión macroeconómica responsable y eficiente, optaron por la irresponsabilidad de desmantelar el Estado nacional, reducirlo a ser un intermediario entre los intereses económicos, grandes y pequeños, capitalinos o provincianos, y un sistema de contraprestaciones que fue sustituyendo la legalidad por la corrupción.

Frente al Estado mínimo, tanto las élites como las fuerzas sociales de la emergencia del otro Perú han construido espacios económicos, institucionales y políticos que circunvalan la legalidad o la violentan. Esto ha generado una crisis ética en el comportamiento individual y colectivo, que explica la corrupción generalizada, el desprecio por las regulaciones societales y la presencia de la anomia.

El colapso del sistema político y la precariedad del próximo proceso electoral limitan las opciones para salir del túnel. En lo inmediato, no hay duda de que el escenario menos dañino es el de un gobierno de transición de año y medio, sea por renuncia o por vacancia, que genere garantías mínimas para las elecciones. Si fuese así, tampoco se asegura dar luz al túnel, pero podría evitar un mayor deterioro.

Al 2026, puede haber una fórmula: un Gobierno futuro, de amplia base y convergencia democrática. Inclusivo, social, nacional, de economía moderna y responsable. Que obtenga en primera vuelta una amplia mayoría. Solo con ese poder y legitimidad podría enfrentarse la crisis de viabilidad nacional y refundarse el sistema político. Y gobernar para el nosotros de la emergente nación peruana. ¿Utópico? Puede ser. Pero la historia está también hecha de utopías. Como ha recordado Danilo Martuccelli, “ante la crueldad objetiva de los desafíos que aquejan al Perú de hoy, para todos y para todas, la esperanza es un deber”.

https://larepublica.pe/opinion/2024/10/20/la-crisis-nacional-salir-del-tunel-por-manuel-rodriguez-cuadros-1384682

https://www.leerydifundir.com/2024/10/peru-la-crisis-n…-salir-del-tunel/

La Nación ensangrentada

Manuel Rodríguez Cuadros

La Nación llora a sus muertos. A sus hijos amazónicos ancestrales que han muerto defendiendo el Estado de derecho y la constitucionalidad al exigir la derogatoria de leyes inconstitucionales que afectan sus derechos. A sus hijos uniformados, los policías, que han fallecido en el ejercicio de su deber cumpliendo decisiones políticas erradas.

La responsabilidad política es del gobierno, crecientemente incapaz de ejercer con mínimos de eficiencia la gobernanza democrática. No se defiende el orden público ni el principio de autoridad disparando bombas lacrimógenas, desde un helicóptero, a miles de indígenas que protestaban para que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales, que son leyes internas. Un acto violento, innecesario y temerario, en contra de quienes exigían legalidad, produjo el estallido del conflicto.

Pero el uso de la violencia por parte del gobierno ha estado no sólo en el trágico final de la protesta amazónica, sino en su origen. Aprobar leyes con conocimiento pleno de su inconstitucionalidad es una forma de violencia institucional que afecta la estabilidad democrática. Lo es también mentir en el ejercicio del poder. Es falso que el TLC con Estados Unidos exija los regímenes de propiedad intelectual, de aprovechamiento de las aguas y de los derechos de propiedad indígenas contenidos en la legislación cuestionada. El Departamento de Estado debe estar muy preocupado y sensible con la asociación que hace el gobierno entre las leyes inconstitucionales y el Tratado de Libre Comercio. La incomodidad debe ser mayúscula con la sangre que ahora se asocia al TLC.

Pero lo más grave de estas horas difíciles es la actitud y el pensamiento que pregona la separación y división de los peruanos, entre aquellos que representan el poder y los que lo sufren, entre aquellos cuyas muertes importan y aquellos cuyas muertes se desprecian; una visión que desafía a nuestra propia historia y realidad social, desconociendo la pluralidad étnica del Perú real.

Este peligroso discurso neocolonizador de la propia patria está llegando al extremo de incitar a la violencia estatal contra los peruanos y peruanas vulnerables, contra los que no se consideran “hortelanos”, que son la inmensa mayoría de la Nación. El delirio debe sosegarse. Se requiere antes que odio exacerbado por la violencia verbal, tranquilidad, serenidad y sosiego. Responsabilidad nacional y convicciones democráticas sobre el Estado y la sociedad. Voces serenas, respetuosas de todas las sangres que componen y enriquecen el país, voces que en la crisis fortalezcan los valores democráticos. Como la de los obispos amazónicos que alertaron sobre la inconveniencia de una masiva presencia policial o el llamamiento institucional a favor de la legalidad y el diálogo hecho por Beatriz Merino, la defensora del Pueblo. El país y el mundo saben que la lucha indígena es justa y que sus reivindicaciones responden al interés nacional: la preservación de la paz social y la cohesión nacional y el respeto a la legalidad que ampara las justas demandas de los pueblos amazónicos.

FUENTE:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/la-nacion-ensangrentada_39977.html