El Perú y la institución del asilo: la racionalidad democrática

Manuel Rodríguez Cuadros

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución.

Las dictaduras del general Augusto Pinochet y de Jorge Rafael Videla fueron las primeras en cuestionar la validez y el alcance de la institución del asilo. Cuestionaron la calificación del Estado asilante. Inauguraron, también, la práctica dilatoria de demorar el otorgamiento de los salvoconductos, durante semanas y hasta meses. Finalmente, los expidieron en todos los casos. Chile reconoció el asilo y extendió salvoconductos en cerca de 500 solicitudes. La Argentina lo hizo en 56. No obstante que ni uno ni otro habían ratificado la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

El asilo es una institución de derechos humanos. Consiste en que un Estado, el asilante, otorga protección a una persona que, a su juicio, es objeto de acusación por delitos políticos o es perseguida. Está dirigida a preservar la vida y la libertad.

La diplomacia peruana estuvo en el nacimiento de esta institución de tutela de los derechos humanos. En 1865 se realizó, en Lima, la primera reunión para discutir una Convención de asilo, bajo el liderazgo de Toribio Pacheco. El Perú ha sido un consistente y coherente defensor del asilo desde esos tempranos años. La excepción fue la dictadura de Odría, que negó el asilo a Haya de la Torre, para posteriormente reconocerlo y expedir el salvoconducto luego de un juicio en la Corte Internacional de Justicia.

La Convención de Asilo Diplomático de 1954, que es el derecho internacional vigente y que tiene rango constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, otorga única y exclusivamente al Estado asilante la facultad de calificar si se trata de un caso político o de un delito común (Art. IV). Al mismo tiempo, dispone, en el artículo III, que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas en forma competente ante tribunales ordinarios por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político.

Conforme a estas disposiciones, el Estado asilante, en función de la apreciación que hace de los hechos, posee la facultad de determinar si se trata de un delito común —en cuya hipótesis no otorga el asilo— o si se está frente a un delito o persecución política que amerita la concesión del asilo. En el caso de Alan García, el gobierno del Uruguay determinó, conforme a la Convención, que se trataba de una acusación por delito común y no otorgó el asilo.

Independientemente de los argumentos políticos o ideológicos que diversos actores internos o los propios Estados territoriales puedan oponer a la calificación unilateral que hace el Estado asilante, esta es la única con valor jurídico conforme a las obligaciones del derecho internacional. La Constitución coincide con la Convención de 1954 al disponer de manera imperativa que “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante.” (Art. 36). Esta norma se inspiró en el artículo I de la Convención, que obliga al Estado territorial a respetar el asilo de personas que lo soliciten por motivos o delitos políticos.

El Estado asilante concede el asilo si, en su apreciación, se trata de motivos o delitos políticos. Es esencial diferenciar estos dos conceptos. La motivación política no tiene una connotación jurídica. Se sustenta en una situación de disidencia o contradicción con el poder, en la que —siempre a juicio del Estado asilante— la persona solicitante se encuentra en riesgo, con temor fundado o en situación de amenaza por sus opiniones, actividades, vínculos, militancia, expresiones, cargos, funciones o identidad política, de modo que su seguridad personal solo puede ser garantizada buscando la protección del asilo.

Por el contrario, los “delitos políticos”, cuya existencia o presunción de existencia fundamentan el asilo, sí poseen una naturaleza jurídica. El derecho penal diferencia entre los delitos comunes y los delitos políticos. El delito común está dirigido contra bienes ordinarios (vida, propiedad, integridad, libertad, patrimonio), mientras que los delitos políticos son conductas dirigidas exclusivamente contra el orden político del Estado. Son delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Como anota Bramont Arias, en el Código Penal peruano están tipificados como aquellos que “atacan al organismo político del Estado o a los derechos políticos ciudadanos”. Sus tipos son la rebelión, la sedición, el motín, la conspiración y la seducción de tropas.

A estos delitos se refiere la Convención de Asilo Diplomático de 1954, en su interrelación normativa y constitucional con el Código Penal peruano. Por esta razón, el asilo otorgado en los casos de Lilia Paredes, Nadine Heredia y Betsy Chávez no presentan características similares. En el primero, Heredia fue objeto de un juicio, con sentencia, por un delito común (lavado de activos). El gobierno del Brasil, conforme al derecho que le otorga la Convención de 1954, al calificar el hecho estimó que el juicio y la sentencia estaban vinculados con una persecución política que ameritaba una respuesta humanitaria y concedió el asilo.

En el segundo caso, la esposa del expresidente Castillo no estuvo procesada por la presunta comisión de ningún delito; el gobierno de México también, en estricto cumplimiento de la Convención de 1954, concedió el asilo, pues consideró que, a su juicio, existía o podía configurarse una persecución política.

En el caso de Betsy Chávez, no se encuentra procesada por delito común de ninguna naturaleza, sino por el delito político de rebelión y, alternativamente, por el de conspiración. Tipificados como políticos por el Código Penal (artículos 346 y 349). En razón de la naturaleza política de estos delitos y de la presunción de persecución, el gobierno de México, en ejecución de las normas de asilo vigentes, ha concedido el asilo.

En los dos primeros casos, el gobierno del Perú procedió a otorgar el salvoconducto en estricto cumplimiento de la Constitución, sus obligaciones internacionales y el respeto al derecho internacional. Una conducta propia del Estado de derecho. En el asilo de la señora Chávez, el gobierno ha pospuesto el otorgamiento del salvoconducto, vinculando esta decisión a una gestión en la OEA para modificar la Convención de 1954.

Esta vinculación no está prevista en la Convención y es ajena a la institución del asilo. Es una decisión estrictamente política, que no justifica el incumplimiento del artículo XII de la Convención, que manda la inmediata entrega del salvoconducto. La demora injustificada —la voluntad de renegociar la Convención no puede ser, no es, una causa de fuerza mayor— pone al Estado peruano en el límite del incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En términos procesales y legales, no se puede establecer interrelación alguna entre el asilo concedido por México y un interés de revisar la Convención. Son materias jurídicamente desvinculadas. En todo caso, el artículo XIII de la Convención ya regula el derecho del Estado territorial para entregar al Estado asilante toda la información, administrativa o judicial, que estime pertinente para sustentar su propia apreciación del caso.

Si se tratase de introducir en la Convención un mandato para que el Estado territorial pueda calificar la solicitud de asilo, sería sencillamente anular el asilo como institución. Lo que, además de ser un contrasentido jurídico, sería  de suyo inviable, reñido con los valores de toda sociedad democrática y con la tradición jurídica y diplomática del Perú.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/23/el-peru-y-la-institucion-del-asilo-la-racionalidad-democratica-por-manuel-rodriguez-cuadros-hnews-983158

https://www.leerydifundir.com/2025/12/peru-la-instituc…idad-democratica/ 

Perú: Regreso a los 90

César Hildebrandt

"Los que creen que restaurando la mafia del fujimorismo aseguran su futuro, vuelven a equivocarse"

Qué cómoda se le vio a Martha Chávez en RPP. Y qué contundente estuvo Fernando Rospigliosi en esos mismos estudios defendiendo su ley de amnistía, a pesar del decente esfuerzo de Fernando Carvallo.

Era como si hubiésemos regresado a los 90, cuando el dueño de RPP era consejero de Vladimiro Montesinos y la emisora respaldaba al régimen del orden y el tractor.

¡Estamos en los 90!

Regresó Patricia Benavides por todo lo alto y ahora quizá vuelva a ver el caso de su hermana Enma, también reivindicada. La señora que va a Palacio promulgó la ley de amnistía y el presidente del Congreso quedó librado de toda sospecha por el caso de violación que estaba siendo tibiamente investigado.

Todo marcha sobre ruedas y un nuevo reino de oscuridad se levanta en estas tierras.

Pero eso sucede en las esferas del poder. Abajo, los pobres claman y el resentimiento cunde.

Y se van a llevar otra sorpresa los que creen que todo será tan fácil como en la reelección fraudulenta del 2000.

La rabia siempre encuentra su cauce y la indignación –que la prensa no registra– se habrá de expresar.

Los que creen que restaurando la mafia del fujimorismo aseguran su futuro, vuelven a equivocarse. Entre los menos iguales se esparce un sentimiento legítimo de rechazo al sistema que ha permitido este retorno al predominio del abuso.

Yo sigo soñando con un gobierno levemente socialdemócrata y poblado por gente decente que se atreva a cambiar este país a la deriva.

Si un gobierno como ese llegara al Palacio que hoy tantos manchan, lo primero que haría sería derogar toda esta basura legislativa concebida por organizaciones criminales y secuaces de victimarios con uniforme.

Y después tendrían que venir los castigos: los judiciales y los sociales, las cortes y el desdén, los jueces y el desprecio. Esto no puede quedar así.

Ese gobierno hipotético y tan poco probable tendría que modernizarnos. Somos un país anacrónico, viejo y roñoso, lleno de prejuicios de procesión católica y odios nacidos del conservadorismo menos letrado y más racista.

Modernizarnos significa que volvamos a entender la cosa pública como asunto de todos, el Estado como decisivo para algunos temas, la igualdad de oportunidades como un derecho, la dignidad como un reconocimiento elemental.

Cambiar el país supone amar el orden y no hay orden sin justicia. El orden no es lo que las viejas pellejas conciben como legado de las haciendas con cárceles propias, sino el que exige una república: la esforzada conciliación de intereses diversos y el arbitraje final de las instituciones encargadas de administrar justicia.

Pero ese país imaginario que insisto en soñar requiere de un pueblo lo suficientemente asustado como para producir un líder proporcional al desafío.

Y deberíamos estar asustados: el Perú es rehén de una banda que intenta recrear los métodos de los años 90, está sometido al chantaje de la delincuencia y tiene índices de pobreza que nada tienen que ver con las cifras azules de las exportaciones y los números celestiales de nuestras reservas internacionales. Pocas veces hemos sido un país tan descaradamente dual y pocas veces hemos sido tan inconscientes del peligro que nos amenaza como Estado.

¿Habrá un liderazgo digno de las circunstancias, un partido que pueda convocar a un nuevo contrato social, un grupo de notables que dé el grito y agite el campanario?

Quiero creer que sí, aunque el elenco actual intente persuadirme de que soy un pobre soñador, un esperanzado que se lleva el viento.

Llevo tantos años peleando contra la inercia de los inmóviles y la dureza de los crueles que quizás lo más sano debiera ser admitir la derrota, huir del fango y dedicarme a leer y a escribir. Pero hay una obstinación que me persigue, un amor lleno de furia por este país que pudo –y puede– ser tantas otras cosas. Renunciar al sueño sería morir en vida y aún no estoy preparado para una hazaña tan forense.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 745 año 16, del 15/08/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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Que no exista el Estado

Natalia Sobrevilla

La semana pasada conocí a alguien que me dijo que no creía que debía existir el Estado. Sorprendida, le pregunté qué era lo que tanto le molestaba de ese acuerdo en el que se basa vivir en comunidad con una serie de reglas pactadas entre todos, qué partes eran las que le parecían superfluas o innecesarias: si acaso no le gustaban las pistas y veredas, las leyes que hacen que las personas cumplan ciertas normas de convivencia; o si tal vez le parecía inútil que existieran la salud y la educación públicas, la policía, las leyes, los juzgados. De verdad que me pareció insólito que alguien pensara que podíamos vivir alegremente sin Estado, sin una base de acuerdo común mínimo.

Mi interlocutor me respondió que sí, que todas esas cosas le parecían necesarias. Le pregunté entonces, tal vez con exceso de vehemencia, si lo que quería era volver a un mundo anterior al Leviathan, ese acuerdo de mancomunidad entre las personas que Thomas Hobbes definió en su tratado del siglo XVI. Un tiempo donde, según el filósofo inglés, “la vida era solitaria, pobre, miserable, brutal y corta”. Formado en el contexto de guerras civiles y religiosas, Hobbes estaba convencido de que sin leyes, los humanos —que según él somos por naturaleza egoístas y malvados— nos dedicaríamos a robar y matar para sobrevivir. Su teoría contractual del Estado sigue siendo influyente, a pesar de todo lo que ha pasado desde entonces.

Hoy, pareciera que muchos quieren creer que no necesitamos del Estado. La famosa motosierra que Javier Milei ha puesto de moda con la idea de que hay que destruir el Estado ha viajado hasta el norte, donde Elon Musk, el principal asesor de Donald Trump, ha decidido mostrarse con una en mano diciendo que hay que arrasar con todo el constructo woke que, según él,predomina. Pero ¿es realmente que estos hombres no creen en el Estado como tal, o más bien es que no creen en las regulaciones que les impiden hacer lo que les da la gana desde el poder? Me inclino a pensar en lo segundo. Muchas de estas ideas en contra del Estado no son más que una reacción a las leyes que buscan contener su ambición desmedida.

En la última semana el presidente de Argentina se estrelló con la realidad de los mercados cuando la criptomoneda que promocionó desde su cuenta personal de X sirvió como base para estafar a miles de sus compatriotas con una pirámide donde los que estaban al tanto de lo sucedido sacaron millones de dólares de ganancias, mientras que los que se encontraban en la base perdieron todo. ¿No sería mejor que existieran medidas que limiten ese tipo de manejo, o que castigaran con el peso de la ley a quienes se aprovecharon del sistema? ¿Es la mejor respuesta a este tipo de abuso dejar de tener un Estado que vigile y ponga orden?

Lo que nos demuestran acciones como estas es que la idea no es simplemente dejar de tener Estado, sino que quienes están en el poder estén menos controlados. No es casualidad que las agencias y los organismos del Estado estadounidense que le pusieron freno a Musk en varias de sus alocadas aventuras hayan sido las primeras entidades que estén siendo desmanteladas. Una vez más, ¿se trata realmente de una aversión al Estado, o es más bien un deseo muy claro y evidente de querer ser capaces de hacer lo que quieren cuando quieren?

En el Perú llevamos años de deterioro y desmantelamiento del Estado. Quizás en eso hemos sido pioneros, aunque sin tanta fanfarria. La tragedia de esta semana en Trujillo es la muestra más clara de que ir quitándole dientes a la regulación ha permitido que los lugares de esparcimiento, como el centro comercial donde cayó un techo sobre los comensales, se conviertan en una trampa mortal. Hoy, en los análisis de lo sucedido, es evidente que la erosión de los poderes de fiscalización, en aras de defender a los inversionistas privados, ha llevado a que algunas personas hayan tenido que pagar con su vida. Y hoy resplandecen con un halo de vergüenza las leyes que ciertos congresistas impulsaron, así como las declaraciones de políticos y empresarios que repetían una vez más que el Estado es siempre incapaz, mientras que la empresa privada siempre es virtuosa. Ellos también tienen responsabilidad en esta tragedia.

No estoy tan segura de que lo que me quería decir la persona que conocí la semana pasada era que no creía en el Estado. Me parece, más bien, que pedía un Estado eficiente: que funcionara, que no fuera demasiado grande y que no se convirtiera en un monstruo que impidiera que los individuos puedan vivir de la mejor manera posible. Creo que, en el fondo, esa persona y yo no estamos tan alejadas en nuestras creencias, ya que yo tampoco pienso que debemos vivir bajo la tutela de un Estado aplastante que lo controle todo. Al contrario, estoy convencida que eso también ya lo hemos vivido y que los resultados han sido nefastos. Un ejemplo de cuan terrible puede ser el Estado cuando deja de tener límites y se adueña de todo se puede apreciar en la delicada y sutil película que se acaba de estrenar en cines, Aún estoy aquí, del brasileño Walter Salles. La cinta nos recuerda cómo los militares del país vecino dejaron de creer en el estado de derecho y atentaron contra sus mismos ciudadanos, sin que estos pudieran apelar a las leyes. Esto, que tan penosamente vivimos en casi todo el continente en el último cuarto del siglo XX, es un claro ejemplo de que el Estado no es siempre virtuoso y no en todos los casos nos protege.

En los tiempos que corren, cuando observamos atónitos al mundo cambiar a una velocidad vertiginosa, no debemos dejar de reclamar en favor del Estado. Pero no de cualquier Estado, sino de uno que nos defienda y proteja, uno que se encargue de que la vida en comunidad sea como la imaginó Hobbes: dejando de lado lo peor de la naturaleza humana.

https://jugo.pe/que-no-exista-el-estado/

https://www.leerydifundir.com/2025/03/no-exista-estado/

Perplejidades del «milagro argentino»

Atilio A. Boron

El gobierno de Javier Milei ha cumplido un año y el balance difícilmente podría ser más desolador. El “ajuste más grande que tuvo la humanidad”, tal como lo calificara con mucho orgullo el presidente en su discurso, ha reducido el PBI en por lo menos un 4 %; desplomado el consumo de las clases populares; pauperizado a grandes segmentos de las capas medias; provocado la desaparición de casi trescientos mil puestos de trabajo y el cierre de 16.500 pymes y 10.000 kioscos. La gente come mucho menos carne, los niños toman mucho menos leche: un millón de éstos se van a dormir sin cenar, y según la UNICEF la cifra asciende a cuatro millones y medio de personas si se toma en cuenta a los adultos. Con ingresos cada vez más recortados las familias deben gastar mucho más que antes en agua, gas, electricidad, telefonía y transporte. Quien tenga la desgracia de enfermarse tendrá grandes dificultades para ser atendido en el hospital público, con presupuestos ferozmente recortados y su personal luchando desde hace años por una imprescindible recomposición salarial.

Agréguese a lo anterior que las cuotas de la medicina prepaga se fueron a la estratosfera y por eso ya son legión aquellas familias clasemedieras que antes podían pagarla pero ya no más, y que ahora se dirigen infructuosamente al hospital público. Esto para ni hablar del precio de los medicamentos requeridos por la población -sobre todo de la tercera edad- otrora distribuidos gratuitamente por el PAMI y hoy reducidos a una mínima expresión. La imagen de abuelos y abuelas rogando que en las farmacias les vendan un blíster o le regalen una muestra médica porque no pueden pagar el medicamento se ha convertido en un clásico del panorama social de la Argentina libertaria. Enfermos necesitados de remedios oncológicos se tropiezan con la indiferencia de un gobierno que ha hecho de la crueldad uno de sus rasgos definitorios. Y si se habla de la educación el gobierno ha profundizado hasta límites desconocidos el desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles, siendo el ataque a las universidades nacionales uno de sus objetivos más encarnizadamente perseguidos. La situación es igualmente alarmante si se habla de la educación escolar y la escuela secundaria, también afectadas por un desfinanciamiento que viene de largos años. ¿Cómo es posible que en el distrito más rico de la Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus escuelas públicas no tengan suficientes vacantes para atender a la población infantil?

Ante una situación como ésta, en la cual el Estado se desentiende de las funciones esenciales que garantizan el bienestar de su población (cosa que no ocurre en los capitalismos metropolitanos) no deja de sorprender la indiferencia oficial ante tanto sufrimiento. Pero basta con recordar que el emblema que sintetiza la ideología de este gobierno es “donde hay una necesidad hay un mercado”, frase que la Casa Rosada contrapone al supuesto “exceso populista” de Evita, cuando dijo con razón que “donde hay una necesidad nace un derecho”, algo que constituye una legítima reivindicación democrática. Aquel emblema, que emparenta la necesidad con el mercado, demuestra la ignorancia que prevalece en las filas del oficialismo, su fenomenal desconocimiento de la historia del capitalismo “realmente existente”, que nada tiene que ver con las idílicas imágenes de diligentes empresarios privados respondiendo a los estímulos de mercados, promoviendo el bienestar general y actuando en el marco de una total deserción de estados cuya única preocupación es que ninguna regulación gubernamental entorpezca el accionar de estos “héroes” civilizatorios La idea de que la necesidad genera un mercado no sólo es empíricamente errónea, también adolece de una imperdonable inmoralidad.

La lista de los horrores producidos a lo largo de este primer año de gobierno libertario sería interminable. Me abstengo de hablar de la política exterior porque en este caso el catálogo de aberraciones y chapucerías sería aún más extenso. En lo social, este experimento ha producido ricos más ricos gracias a la enjundia con que Milei luchó para “agrandar sus bolsillos”; y pobres mucho más numerosos -mínimo la mitad de nuestra población, con una metodología que subestima las dimensiones reales de la pobreza- y también más pobres que antes. No es el socialismo sino el “anarco-capitalismo” gobernante el que merece el adjetivo de “empobrecedor”, que Milei adjudica a todo gobierno progresista o de izquierda. ¿O hay alguna duda que la gran mayoría de los argentinos hemos sido empobrecidos por este gobierno? Aparte de eso ¿cómo calificar a destrucción del sistema científico, el ataque a las artes y a la cinematografía, el desprecio por todo lo que se aparte de esa lógica bolichera que reduce las más excelsas creaciones del género humano a la condición de mercancía, objetos sólo valiosos en la medida en que puedan ser fuente de lucro? Ese es el verdadero significado de la batalla cultural que proponen los libertarios. No deja de ser asombroso que este verdadero desastre económico, social, cultural y político producido en apenas un año haya sido calificado por el presidente como “el milagro argentino”. Una frase que, sin duda, pasará a la historia, seguramente que no por buenas razones.

Para terminar permítame decir unas palabras sobre las cifras que el presidente tiró al voleo en su discurso. Reparemos apenas en aquellas relacionadas con la inflación, en donde el tenebroso número de 17.000 por ciento aparece por enésima vez como un espectro terrible que se agita en el fondo de la caverna donde se guardan las pócimas mágicas del “anarco-capitalismo”. Es evidente que Milei busque fortificarse apelando al “éxito” de su combate a la inflación. La última cifra, de noviembre, fue de 2.4%, y fue celebrada en la Casa Rosada como un logro histórico. Pero una somera mirada al vecindario aporta un necesario baño de sobriedad ya que demostraría que, por ejemplo, en octubre ese valor fue del 0.33 % en Uruguay, 0.56 % en Brasil y 1 % en Chile, al paso que en Colombia el indicador fue negativo: -0.13 %. Se comprende la necesidad que tiene este gobierno de convencer a la opinión pública que ha controlado a la inflación dado que su victoria en el balotaje del año pasado se explica en buena medida por la ineptitud del gobierno del Frente de Todos para contener ese flagelo. Pero presentar como positivo un índice de inflación mensual que es unas ocho veces superior al de Uruguay y casi cinco al de Brasil suena como un tanto excesivo, para decir lo menos. Además, tanto Milei como sus numerosos voceros en el ecosistema mediático amén de los políticos que avalan sus proyectos en el Congreso y en las provincias mucho se cuidan de decir que el relativo control de la inflación es resultado de la terapia de shock que castiga al conjunto de la economía. La caída en los niveles de consumo a causa del deterioro en los salarios del sector formal e informal y de los haberes jubilatorios tuvo como efecto reducir el consumo y de este modo “planchar” los precios, creando la ilusión de que la inflación -que tiene causas estructurales y no es un tema de exceso de emisión monetaria como dice el gobierno- ha sido derrotada. La inflación es expresión de la puja distributiva y refleja el control que los oligopolios formadores de precios ejercen sobre los mercados, mismos que en el momento actual pueden actuar a su antojo sin temer ningún tipo de regulación gubernamental. Que hay un cambio de tendencia en los índices de la inflación es indudable; pero ni se la derrotó ni nada autoriza a pensar que ni bien se supere la recesión actual la inflación no vaya a retornar con renovados bríos. Los factores estructurales que la explican no han sido controlados en lo más mínimo por un gobierno que concibe a su misión como “destruir al estado desde dentro” y que se desvive por eliminar todas las restricciones que las autoridades deben imponer para evitar el darwinismo social de mercado, una de cuyas consecuencias es precisamente la inflación.  

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/789815-perplejidades-del-milagro-argentino

https://www.leerydifundir.com/2024/12/perplejidades-de…ilagro-argentino/

Perú: La crisis nacional: salir del túnel

Manuel Rodríguez Cuadros

Creo que mucho más que una crisis estructural, el Perú enfrenta una crisis de viabilidad nacional. Caracterizada por el desajuste entre una sociedad nacional emergente en los últimos 80 años

Salvo en el Gobierno y en algunos sectores políticos muy aislados, en los últimos meses se ha ido consolidando, ya no la percepción, sino la convicción de que el Perú vive una crisis que pone en cuestión su viabilidad como nación.

El prestigioso think tank International Crisis Group, en el mes de febrero, elaboró el informe "Conflictividad perpetua: una ruta hacia la estabilidad del Perú". Señaló que "el descontento popular con los líderes, las instituciones estatales, los partidos políticos y la democracia en general está alcanzando niveles nunca vistos (...) Atemperar las divisiones que atraviesan a la sociedad peruana es un imperativo, pero el primer paso en esta dirección debe ser reformar un sistema político que ha perdido casi toda su legitimidad y, por tanto, su capacidad para actuar como válvula de escape para la sociedad en general".

En el Perú se observa un conjunto de situaciones y procesos disruptivos de la institucionalidad democrática y el pacto social, que dotan a la crisis de una dimensión sin precedentes históricos.

La dimensión política que está adquiriendo la criminalidad organizada pone en cuestión el derecho a la vida y el proyecto vital de millones de peruanos. El hecho de que en 19 días de estado de emergencia se haya asesinado a 20 personas indica la gravedad de una situación en la que la característica más siniestra es la colusión entre el poder político y las organizaciones criminales.

Las leyes que ha dado el Congreso, confirmadas y respaldadas por el Ejecutivo —es decir, la alianza gubernamental— para proteger a las organizaciones criminales y debilitar las capacidades de investigación de la Fiscalía y el Poder Judicial, configuran una alteración de la institucionalidad democrática, ya no de un régimen híbrido, sino de un autoritarismo crecientemente represivo, en el lenguaje y la acción.

Las condiciones de vida de la población y el sufrimiento de las familias, ya agobiadas por la inseguridad de sus bienes y sus vidas, se incrementan por el aumento de la pobreza. El 29% de la población está en pobreza monetaria. El 73% que vive en las ciudades es pobre. Dos de cada cinco establecimientos del primer y segundo nivel de atención de salud no tienen disponibilidad de medicamentos esenciales. El 93% de la población cuenta con cobertura de salud, pero 7 de cada 10 personas que necesitan asistencia médica no la obtienen. En 2023, 17,6 millones de personas padecieron de inseguridad alimentaria, moderada o grave. Y el Gobierno —fuera de toda racionalidad— decide reducir en un 50% el presupuesto destinado a las ollas comunes.

Inseguridad, pobreza, alimentación y salud se deterioran más en la medida en que el crecimiento es inferior al 4%. Y las mejores previsiones para fin de año indican que estará entre el 2,7% y el 2,8%. Por si fuera poco, la Cepal, en su último informe (octubre de 2024), indica que el Perú es el país de Sudamérica donde más ha caído la inversión privada, en un 56%. Y pronostica que estamos frente a otra inminente década perdida para la economía de la región.

Pero las crisis institucional, económica y social, siendo ya graves, son factores derivados de una crisis mayor: el colapso del sistema político instituido por la constitución de 1993. En 31 años, ese modelo, basado en la imposición del Ejecutivo al Congreso o del Congreso al Ejecutivo, en función de quién controla la mayoría parlamentaria, ha producido la destrucción de los partidos políticos y la vida política de los ciudadanos. Ha conducido, también, a la ilegitimidad absoluta. De la mano de la creciente intervención en las decisiones del Estado de los poderes económicos, ilegales, criminales o situados en la zona gris de la ilegalidad y la informalidad. Lo que era la Sociedad Nacional Agraria como poder económico del Perú oligárquico, de alguna manera lo es hoy la minería ilegal o el narcotráfico.

La crisis, palabra de origen griego, referida inicialmente a un grave accidente del equilibrio de la salud humana, tiene hoy un significado más amplio. Y en el caso peruano, superlativo. Ha pasado a definir un grave desequilibrio sociológico, político, social y cultural, entre el Estado, la sociedad, la nación, el ordenamiento jurídico, institucional y la conducta de la población, incluidas las normas éticas que deben orientarla.

Creo que mucho más que una crisis estructural, el Perú enfrenta una crisis de viabilidad nacional, caracterizada por el desajuste entre una sociedad nacional emergente en los últimos 80 años (esencialmente chola, en el mejor de los sentidos, por su etnicidad, especificidad cultural y modernidad), un Estado incapaz de absorberla y regularla, y una nación que, habiéndose conformado en las últimas décadas, no tiene anclajes en la conciliación de intereses, sino disparadores de conflictividad en la lucha de unas fracciones contra otras.

Los millones de migrantes del otro Perú que irrumpieron en la vida nacional, para conformar esta nación mestiza, vieron confrontados sus valores comunitarios, de la solidaridad y la acción colectiva —propios de las cosmovisiones andinas y amazónicas— con una economía, una convivencia social y un Estado que les dio la espalda, los agredió y los agrede. Que los forzó a reinventarse, asumiendo conductas —en las antípodas de su cultura originaria— como el individualismo, el egoísmo extremo, el "sálvese quien pueda y como pueda", el desconocimiento o transgresión de la ley y la autoridad, la negación del nosotros y la primacía absoluta del yo. Una suerte de "ley de la selva urbana" como lógica de supervivencia, primero, y luego de acumulación de capital.

El otro Perú, como señaló Matos Mar, no solo pasó a tomar los espacios urbanos de supervivencia y circuitos esenciales de la economía nacional, sino que progresivamente fue ganando espacios de ciudadanía y de ejercicio de cargos públicos, incluyendo la representación parlamentaria.

El problema es que este desborde popular positivo en la constitución de la nación mestiza y chola coincidió en su fase más expansiva con las visiones neoliberales que en las últimas décadas, al mismo tiempo que afirmaban una gestión macroeconómica responsable y eficiente, optaron por la irresponsabilidad de desmantelar el Estado nacional, reducirlo a ser un intermediario entre los intereses económicos, grandes y pequeños, capitalinos o provincianos, y un sistema de contraprestaciones que fue sustituyendo la legalidad por la corrupción.

Frente al Estado mínimo, tanto las élites como las fuerzas sociales de la emergencia del otro Perú han construido espacios económicos, institucionales y políticos que circunvalan la legalidad o la violentan. Esto ha generado una crisis ética en el comportamiento individual y colectivo, que explica la corrupción generalizada, el desprecio por las regulaciones societales y la presencia de la anomia.

El colapso del sistema político y la precariedad del próximo proceso electoral limitan las opciones para salir del túnel. En lo inmediato, no hay duda de que el escenario menos dañino es el de un gobierno de transición de año y medio, sea por renuncia o por vacancia, que genere garantías mínimas para las elecciones. Si fuese así, tampoco se asegura dar luz al túnel, pero podría evitar un mayor deterioro.

Al 2026, puede haber una fórmula: un Gobierno futuro, de amplia base y convergencia democrática. Inclusivo, social, nacional, de economía moderna y responsable. Que obtenga en primera vuelta una amplia mayoría. Solo con ese poder y legitimidad podría enfrentarse la crisis de viabilidad nacional y refundarse el sistema político. Y gobernar para el nosotros de la emergente nación peruana. ¿Utópico? Puede ser. Pero la historia está también hecha de utopías. Como ha recordado Danilo Martuccelli, “ante la crueldad objetiva de los desafíos que aquejan al Perú de hoy, para todos y para todas, la esperanza es un deber”.

https://larepublica.pe/opinion/2024/10/20/la-crisis-nacional-salir-del-tunel-por-manuel-rodriguez-cuadros-1384682

https://www.leerydifundir.com/2024/10/peru-la-crisis-n…-salir-del-tunel/

Perú: Verdades sobre “el milagro económico fujimorista”

Pedro Francke

Se mantiene circulando la idea de que el gobierno de Alberto Fujimori habría sido muy exitoso en su gestión económica. Varios lo ven desde una perspectiva muy ideologizada: como impuso un modelo de “libre mercado” contra los “estatistas” fue bueno. Este punto de vista neoliberal es ahorrativo en el uso de neuronas: no les hace falta pensar, solo repetir el mantra, no vale la pena detenerse en lo que es pura consigna, repetición sin fin, coro de una bandada de loros. Pero hay quienes sostienen una apreciación positiva por comparar la economía peruana de los años noventa con el periodo inmediatamente anterior, el desastre de fines de los ochenta. Discuto acá que esa mirada es demasiado estrecha, con anteojeras. Es necesario tener una visión más amplia, que vea la economía durante el gobierno de Alberto Fujimori también en comparación con otras décadas de nuestra historia y otros países del mundo y que considere, además, otros factores esenciales para entenderla. Entre ellos, el fin del conflicto armado interno.

Veamos primero la razón, que la hay, de considerar a los años noventa como mucho mejores para nuestra economía que los años ochenta. Estos son conocidos como la “década perdida” para Latinoamérica, y dentro de la región nuestros gobernantes –Belaunde y García– se las arreglaron para que fuéramos los peores del desastre regional. Belaunde nos dejó con un PBI per cápita que en 1985 fue 9 por ciento menor al de 1980 y una inflación de 158 por ciento anual, resultado de una política económica que redujo aranceles, golpeó muy duro a la industria nacional y agravó los choques de la crisis financiera internacional y el desastre de El Niño. Con todo lo mal que está nuestra economía ahora, con pobreza y desempleo crecientes, eso fue mucho peor. Fue malísimo. Pero el quinquenio siguiente fue aún más crítico: bajo la presidencia de Alan García el PBI per cápita cayó en 1988 y 1989 en 24 por ciento, mientras en esos años los precios se multiplicaron por 500 veces. No cabe duda de que ese gobierno hizo la peor administración económica de nuestra historia. En suma, en términos económicos los años ochenta fueron la peor década de todo nuestro siglo XX, y esa tremenda caída económica se dio cuando Sendero Luminoso inició sus acciones armadas, así que el empobrecimiento masivo y la pérdida de esperanzas fue como gasolina alimentando ese incendio de la pradera.

COMPARACIONES INDISPENSABLES

Frente a eso, cualquier cosa que comparemos resulta favorable. Cualquiera. No es de extrañar por eso que los años noventa fueran mejores que los ochenta en términos económicos. Pero cualquier otra década de paz lo fue. Reducir el análisis del periodo de Fujimori a esa comparación con los ochenta es de una estrechez extrema.

Veamos otras comparaciones. El crecimiento del PBI de 3,9 por ciento promedio en los noventa resulta menor al 5 por ciento anual que hubo durante los 25 años entre 1950 y 1975; con Velasco –esa bestia negra para la derecha oligárquica– el crecimiento fue de 5,2 por ciento anual en promedio. La diferencia es bien grande cuando se acumula por varios años. Entre 1990 y el 2000 el PBI per cápita creció 22 por ciento. Entre el 2001 y el 2010 el PBI creció 58 por ciento, más del doble. Aunque los noventa era un periodo de recuperación, el año 2000 el PBI per cápita todavía era 16 por ciento menor que el de 1975, el último año de Velasco. En ese mismo periodo, entre 1990 y el 2000, China aumentó su PBI per cápita en 87 por ciento y Corea del Sur en 80 por ciento, frente al Perú de Fujimori con 22 por ciento.

Pensemos en poner calificaciones al estilo de notas de un curso, del uno al veinte, a nuestro crecimiento económico. Sin duda en los años noventa la nota debe ser mayor que la de los ochenta, tal como un 09 de nota es mayor que un 03, pero mucho menor que un 18, como podemos calificar a China y Corea del Sur. ¿Crecer al 2,2 por ciento anual como sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori puede calificarse como un 09 de nota? ¿No estoy siendo demasiado duro? Pensemos un poco qué significa ese crecimiento del 2,2 por ciento anual. A ese ritmo, ¿cuánto nos hubiéramos demorado en alcanzar el nivel que tenía Corea del Sur en el 2000, suponiendo que ese país asiático se estancaba y dejaba de crecer? 71 años. Más de siete décadas. Más de lo que muchos adultos pueden esperar vivir. Difícil decir que ese es un resultado adecuado mínimamente aceptable.

RECORDANDO EL PRINCIPIO Y EL FIN

Recordemos, además, que los últimos años de Fujimori fueron bastante malos para la economía. En 1998 el PBI per cápita cayó 2,1 por ciento, en 1999 volvió a caer otro 0,1 por ciento –peor que Dina hoy–. El 2000 no logró recuperar ni la mitad de la caída previa y el 2001 se fue nuevamente para abajo con un negativo de menos 0,6 por ciento. La construcción estaba aún peor: cayó 10 por ciento en 1999 y otro 7 por ciento el 2000. La inversión privada, esa variable que tanto resaltan los neoliberales admiradores del fujimorismo, al tercer trimestre del 2000, el último de Fujimori, había caído un 22 por ciento menos en relación a cuatro años antes. No nos dejó con una economía creciendo, en alza y despegue, acelerándose: terminó con una economía recesada, desempleo creciendo y pobreza aumentando. No fue un crecimiento sostenido, fue parada de borrico.

Hay que revisar también cómo se dio el crecimiento antes de eso, en su primer quinquenio. Tampoco le fue bien al inicio. El PBI per cápita cayó en 1990 (año compartido entre García y Fujimori) y aun así en 1991 no creció y en 1992 (el año del autogolpe) volvió a caer otro 2,5 por ciento. Cuando la economía peruana empezó a crecer fue recién en 1993 y 1994, luego de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista y el derrumbe de Sendero Luminoso. Ese hecho, que le debemos al GEIN y no a Fujimori, fue fundamental para que se detuvieran los “paros armados”, el transporte retornara a la normalidad, los negocios pudieran abrir sin miedo, se recuperara la confianza de los inversionistas y la economía volviera a crecer.  Esto, que es obvio, suele ser dejado de lado por quienes defienden la política económica de Fujimori: su shock, que empobreció a millones y aplastó sueldos y pensiones, y su política de “libre mercado”, que nos dejó un transporte urbano desastroso e informalidad rampante.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 702 año 14, del 27/09/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2024/10/peru-verdades-mi…mico-fujimorista/

¿Puede salvarse el liberalismo en América Latina?

Alberto Vergara

Si los principios liberales quieren volver a resonar con la gente, una buena manera es aceptar que el régimen republicano y democrático debe fundarse en una conversación entre iguales”.

El liberalismo está exhausto. Las manifestaciones institucionales que capturaban lo esencial de su proyecto retroceden. La integración económica mundial se desmigaja en un tiempo que ya denominan como “des-globalización”. La Unión Europea –el proceso político liberal más exitoso de la historia– ha quedado herido de Brexit por el oeste y, de “democracias iliberales”, por el este.

En América Latina la cosa es semejante. Después de un momento de ímpetu reformista con el Consenso de Washington, ni la liberalización de los mercados nacionales ni la integración económica regional avanzaron. Políticamente, la esperanza democrática ha cedido gradualmente. De un lado, dictaduras como las de Nicaragua y Venezuela se han aferrado en el poder violando derechos humanos de una manera que creíamos no regresaría al continente. Incluso en países democráticos como el Perú actual, el gobierno consigue retener el poder asesinando a decenas de personas. Cuánto habrá decaído el ánimo, que hoy los liberales optimistas son quienes exigen que enfaticemos que la virtud principal de nuestras democracias es que no se quiebran. Mientras tanto, la encuesta Latinobarómetro registra que, año a año, el apoyo a la democracia se encoge, al tiempo que las libertades civiles se hacen menos efectivas por Estados que se descomponen.

A su vez, los proyectos políticos cercanos al liberalismo languidecen. No es la hora de la moderación clasemediera. Si se cayeron los sistemas de partidos nacionales, despunta un sistema regional de populistas: el de la mañanera y el de la motosierra, el de la paz total y el de la cárcel total. Probablemente el único líder en la región que pueda ser catalogado como liberal sea Lacalle Pou, en un país que alberga tres de los seiscientos millones de latinoamericanos. En síntesis, ni los propósitos del liberalismo ni sus plataformas brillan en esta temporada.

En lo fundamental, esto es responsabilidad del propio liberalismo. Durante el siglo XXI los liberales latinoamericanos (las voces del liberalismo realmente existente) se convirtieron en una fuerza política del statu quo en un continente atascado. Los ejemplos paradigmáticos son los casos de los presidentes-CEO como Mauricio Macri, Pedro Pablo Kuczynski, Sebastián Piñera o Guillermo Lasso. Más allá de sus diferencias, encabezaron proyectos truncos (Lasso y Kuczynski debieron incluso dejar la presidencia antes de completar su mandato). En estos nombres, sus gobiernos y sus partidarios encontramos muchas de las claves para comprender la crisis liberal.

En primer lugar, devino una doctrina muy economicista. Una para la cual el ámbito donde constatar la libertad –y eventualmente ampliarla– es esencialmente el mercado. En los años noventa el verbo favorito era “privatizar”, en los 2000 ajustaron las expectativas y ascendió “desregular”. Si en los noventa la agenda del Consenso de Washington cargaba con la creencia genuina de que las reformas neoliberales redundarían en el bienestar popular, con el paso de los años, el liberalismo latinoamericano fue preocupándose más por el bienestar del sector privado, tanto que, en América latina, pareciera que ser liberal significa ser pro-rico. Toda la energía que los liberales invirtieron en que las empresas no fueran estatales contrasta con los pálidos esfuerzos por construir mercados competitivos. Si se suele denunciar vivamente el “capitalismo de cuates”, rara vez se señala a alguno de los cuates. Es más fácil denostar el pecado, que nombrar a los pecadores. En toda América Latina padecemos los sobreprecios infligidos por el cartel del papel higiénico, alguna aerolínea, la leche, las medicinas, la carne, la cerveza, etc… Un estudio del Banco Mundial afirma que solo con introducir más competencia en nuestros mercados la pobreza se reduciría más que como producto de los programas sociales. Los latinoamericanos saben bien que por aquí el laissez-faire tiene mucho de laissez-desplumar.

Se trata, además, de un liberalismo que ha sido muy tolerante con la desigualdad. Adoctrinado en el eslogan fácil según el cual nadie muere de desigualdad, sino de pobreza, en muchos de nuestros liberales, la desigualdad ni siquiera figura como un problema sino como un activo pues esta alentaría la codicia de los de abajo y se alentaría así el crecimiento económico. En un continente donde solo alrededor de 2% de quienes nacen en el quintil más pobre consigue llegar al quintil más rico (¿futbolistas?, ¿reggaetoneros?), nuestros liberales celebran una desigualdad que dificulta –o directamente impide– que los individuos puedan planear y desarrollar la vida que desean para sí mismos.

Lo cual se combina con un tercer elemento: hay una sociología del liberalismo latinoamericano que lo hace bastante antipático. País tras país, estos proyectos aparecen comandados por los niños bien de nuestras segregadas sociedades; los hijos de los mejores barrios exigen paciencia a la ciudadanía, alertan contra el populismo, atacan a un Estado que no necesitan y conforman gabinetes de gobierno con lo más fino de la patria gerencial.

En resumen, los latinoamericanos tienen muchas razones para pensar de los liberales del siglo XXI algo parecido a lo que Úrsula Iguarán meditó acerca de los gitanos: “habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones”. En un continente donde las mayorías padecen una desigualdad que frustra la movilidad social; en una región marcada por el hartazgo y la falta de ley; en unos países donde las mayorías siempre van perdiendo el partido, ahí mismo, el liberal alza la voz y nos conmina a cuidar el empate.

Los libertarios han roto con esto, desde luego. Por eso mismo rechazan denominarse liberales, quieren ser libertarios: reniegan del statu quo y atacan al establishment. Pero su energía proviene de un ímpetu antiprogresista. Si en el discurso les repele el Estado, lo que realmente los energiza es la rabia contra el wokeismo del siglo XXI. Los libertarios pegaron el portazo y se marcharon del liberalismo. Detectaron bien que se hacía obsoleto y desertaron por derecha.

Ahora bien, ¿qué estrategia pueden emprender los liberales progresistas decepcionados del liberalismo realmente existente? Lo primero, supongo, es que no es una buena idea desertar del liberalismo. Finalmente, esta es una región que necesita a gritos una agenda que se tome en serio la construcción de comunidades de ciudadanas y ciudadanos, de individuos, que cuenten con dosis semejantes de libertad; que tengan capacidades parecidas para elegir y planear con algún grado de efectividad la vida que buscan para sí mismos. El liberalismo fue siempre un proyecto emancipatorio. Y esa intención es relevante y urgente en América Latina, una región cuya (in)movilidad social asemeja a un antiguo régimen donde las condiciones de nacimiento establecen en gran medida lo que las mayorías podrán o no conseguir. O para utilizar una metáfora del Foro Económico Mundial, en América Latina hay “pisos y techos pegajosos”: si naces rico será casi imposible caer en la escala social y si naces pobre tienes muchísimas probabilidades de heredarle la pobreza a tus hijos. Todo eso es la antítesis del liberalismo y la responsabilidad individual: se acerca, más bien, al estamento premoderno, aun si no está codificado.

Entonces, esa agenda emancipatoria no puede abandonarse. ¿Hay forma de recuperar un liberalismo inconforme y progresista?

Pues al menos se puede intentar. Las flaquezas más obvias del liberalismo podrían compensarse con ayuda de un viejo y olvidado aliado: el republicanismo. Después de todo, los países latinoamericanos se fundaron hace un par de siglos desde el maridaje –contingente pero resiliente– del liberalismo y el republicanismo. Nuestros países no se crearon bajo la promesa del propietario lockeano concentrado en fructificar su propiedad, sino –más bien– desde la convicción de construir un orden político basado en el autogobierno ciudadano. Esa fue nuestra pila bautismal ideológica: el rechazo a ser gobernados por un tercero. La libertad entendida como autogobierno ciudadano (y no como libertad de actuar en el mercado). Y esto no fue, como a veces se cree, un experimento puramente elitista. Como lo demuestra un cuerpo enorme de literatura histórica, las convicciones, instituciones y prácticas del autogobierno fueron asumidas y abrazadas por los sectores populares. Esa tradición es la que explica que –sin importar dónde estemos en América Latina– una persona suele caminar por la avenida Constitución, luego cruza el parque Libertad y prosigue por la alameda Unión. Como es obvio, esa misma omnipresencia de lo republicano en nuestras vidas nos enfrenta, justamente, a nuestro fracaso: padecemos una crisis de legitimidad que se origina en que constatamos cotidianamente que no somos aquello que prometimos ser. Por eso somos Repúblicas Defraudadas (el título de mi libro lidiando con estas cosas: Repúblicas Defraudadas: ¿Puede América Latina escapar de su atasco? Crítica, 2023). En América Latina tuvimos mucho más éxito en construir Estados y naciones que repúblicas.

Entonces, algunas premisas y actores, instituciones y prioridades, del republicanismo pueden echarle una mano al liberalismo desfalleciente. Subrayo que no propongo que deba necesariamente recuperarse la etiqueta “republicanismo”, sino algunos de sus objetivos y medios.

En primer lugar, el republicanismo obliga a pensar en términos de un régimen de ciudadanía. Su actor principal no es el propietario, ni el elector quinquenal, tampoco la clase social del socialismo. Su actor central es el ciudadano, la ciudadana y la ciudadanía. Un conjunto de agentes que deben disponer de cuotas semejantes de libertad con el objetivo de desarrollar sus proyectos de vida y, soberanamente, darle un sentido a la comunidad política comparten.

El ciudadano no es un actor propio de la tradición liberal, viene de una concepción republicana de la vida política. El liberalismo cargó siempre cierta desconfianza frente a la gente. El inicio de Sobre la libertad de John Stuart Mill es ilustrativo: el libro se origina cuando Mill cae en la cuenta de que las amenazas a la libertad ya no vienen del absolutismo monárquico sino de la posibilidad del absolutismo popular. De ahí en más, no importa que sea Isaiah Berlin o Karl Popper la democracia y la ciudadanía suele aparecer más como amenaza que como activo. Y otros, como Hayek, dieron un paso más allá y la dictadura terminó siendo compatible con lo liberal (y sus seguidores en el Chile de Pinochet y el Perú de Fujimori lo aceptaron a pie juntillas). En la época contemporánea ese escepticismo frente a la ciudadanía se ha manifestado en el héroe del liberalismo latinoamericano: el tecnócrata. La utopía liberal latinoamericana es entregarle el país a tecnócratas sin fronteras.

Pero así no funciona una república democrática: ahí lo que concierne a todos deben decidirlo todos. El liberalismo necesita entenderlo. Difícilmente la manera de recuperar el favor del pueblo es despreciándolo. Lo he visto en las últimas semanas a raíz de la elección mexicana. Liberales que estaban a un paso de descartar a la democracia en tanto régimen de gente consumidora de demagogia. En Argentina hubieran dicho “choriplaneros”. Como afirman Silvia Otero y Rodrigo Barrenechea en un texto reciente sobre el populismo en Colombia, “al populista se le condena, a su votante se le desprecia y a ninguno se le entiende”. Y esto no lo afirmo para defender a los populistas, sino desde el convencimiento de que, justamente, pueden y deben ser desafiados desde lo republicano y democrático y no desde el desdén. Si los principios liberales quieren volver a resonar con la gente, una buena manera es aceptar que el régimen republicano y democrático debe fundarse en “una conversación entre iguales”, para usar el título de Roberto Gargarella.

En segundo lugar, el liberalismo tiene muchos problemas para lidiar con el papel del Estado y con la desigualdad. En la región, como el acta fundacional del liberalismo contemporáneo es el Consenso de Washington, su enemigo siempre ha sido el desastroso Estado populista. Como consecuencia, hasta en su mejor versión, el Estado aparece como un mal menor, o como algo que eventualmente podríamos eliminar. Donde la mayoría de los latinoamericanos constata y padece un Estado ausente o imbricado a distintas formas de criminalidad, nuestros liberales detectan uno burocrático de tintes soviéticos. Esta distancia entre las necesidades sociales y las fábulas ideológicas es muy dañina para los proyectos liberales.

El fortalecimiento de los Estados es una de las urgencias principales en nuestros países. El crimen está carcomiendo las bases de la convivencia. Pero además del crimen, el Estado es el único que puede garantizar que un régimen ciudadano –con obligaciones y derechos– sea efectivo. La manera en que los derechos ciudadanos están distribuidos en la región es profundamente desigual. Para resumirlo con diversas investigaciones, solo alrededor de 20% de la ciudadanía latinoamericana puede hacer valer todos sus derechos. Es decir, solo 20% cuenta con márgenes de libertad como debemos tener en una república democrática.

Y aquí hay algo importante: lo republicano no puede significar –como aparece a veces en ciertos países– como una suerte de etiqueta solemne y vacía que aludiría a las formas, los próceres y el himno nacional. Lo republicano entendido como un régimen de ciudadanía debe hablar de cosas sustantivas. El liberalismo también. Y sin Estados funcionales es imposible asegurar la participación igualitaria de la gente en la esfera pública, política y en el mercado.

El problema de la desigualdad no es solamente un tema de cómo se redistribuye la renta (como lamentablemente suele discutirse la cuestión de la desigualdad): vivimos en países con regímenes de ciudadanía muy desiguales. Es decir, hay un entramado de relaciones sociales, jurídicas y económicas que reparten de manera muy inequitativa las oportunidades en la región. El malestar creciente de los latinoamericanos no es una función del índice de Gini, sino que está marcado por una vida cotidiana en que las mayorías viven sin que un tercero imparcial –el Estado– arbitre sus distintas interacciones, asegurándoles un trato semejante. Y la peor parte de esta vida sin ley –o de leyes amañadas– lo lleva lo más precario de la ciudadanía.

La desigualdad económica es, muchas veces, la consecuencia de un orden institucional y no su origen. Por eso pienso que el correctivo para nuestro liberalismo es menos la cercanía con la socialdemocracia (y su ímpetu redistributivo imbricado a un actor sindical que en la mayoría de los países latinoamericanos perdió mucho espacio), que de una tradición republicana y su acento en las instituciones y la protección de lo público. En muchos de nuestros países el problema principal no es la escasez de recursos sino el orden institucional que dificulta que estos puedan crearse de una manera más igualitaria. Como decía Fernando Henrique Cardoso, “el Brasil no es un país pobre, es un país injusto”. O sea, sin justicia, sin derecho, sin la capacidad institucional de proteger la agencia ciudadana contra la voracidad de unos pocos. Sin instituciones republicanas, se puede redistribuir recursos, pero es muy difícil asegurar el reparto igualitario de la libertad.

El nudo de nuestra inequidad está en la desigualdad brutal que padecemos los latinoamericanos en términos de influencia sobre la política; en la tremenda inequidad para acceder a tribunales que hagan valer los derechos de las mayorías; en recibir un trato igualmente digno de parte del Estado y de sus compatriotas. La cuestión de la desigualdad, en última instancia, se parece menos a cómo se reparte una torta que a cómo se distribuye el respeto, el miedo y la incertidumbre en una sociedad. Esa agenda no es ni ha sido la del liberalismo latinoamericano. Más que realmente creer en las oportunidades igualitarias, el liberalismo ha militado en el alivio a la pobreza. Y es muy distinto reclamar políticas para pobres que políticas para ciudadanos.

Finalmente, la cuestión de lo público y el interés general. Más del 80% de los latinoamericanos considera que su país es gobernado para beneficio de unas minorías y no para el pueblo. El 62% considera que la mayoría de sus políticos son corruptos. Solo alrededor de 10% asegura tener influencia sobre el proceso político nacional. En síntesis, perciben que, como en la canción, “the game was rigged, the ref got tricked” (¡basta de Taylor Swift!). Todo esto significa la disolución de lo público. Y en el centro del republicanismo está la protección de lo público. En todo el continente hay un reclamo palpable por la producción de interés general, de aquello que nos incumbe a todos frente a sistemas agujereados por intereses particulares de los legales a los criminales. El enemigo mortal de la república fue siempre la corrupción: la corrupción de las repúblicas. No entendida como la “mordida” o “coima” sino como la destrucción de lo público a punta de particularismo. Ahí también hay algo que el liberalismo podría recoger de su antiguo aliado.

Entonces, para terminar, el liberalismo latinoamericano se fue oxidando de economicismo, de conformismo, de elitismo y desconfianza –a veces terror– hacia la ciudadanía. El republicanismo –ese tío abuelo democrático– carga con ciertas prioridades que pueden contrapesar estas características: inconformismo, apuesta por la política y la ciudadanía, y compromiso con el interés general. Donde el liberal ve una región pobre, el republicanismo ve un continente injusto. El liberalismo debería reenganchar con esa tradición política y popular de la que se fue alejando. “Aquí naide es más que naides”, aseguró el buen Artigas al inaugurar la república uruguaya. El desafío latinoamericano sigue siendo instaurar unas instituciones que garanticen eso mismo. Pero los liberales contemporáneos renegaron de esa tradición. O se le recupera o la ciudadanía seguirá deslizándose hacia el caudillo populista que castiga a los viejos privilegiados para erigir nuevas prebendas y flamantes favorecidos.

Una versión previa de este artículo apareció en la revista Cambio Colombia.

https://larepublica.pe/opinion/2024/09/01/puede-salvarse-el-liberalismo-en-america-latina-por-alberto-vergara-918685

https://www.leerydifundir.com/2024/09/puede-salvarse-l…o-america-latina/

Perú: “Estamos ante un Estado tomado... donde no hay pacto social y no hay Constitución”

Juan de la Puente   (Entrevista Carlos Paucar)

Recalca que el Congreso aprueba las leyes que considera, sin el control del Ejecutivo. Mañana presenta en la Feria Internacional del Libro su última obra “La Constitución Peruana, revisión crítica”, un minucioso análisis de cada artículo, con datos históricos, comparativos y de la jurisprudencia.

- ¿Qué le parece el silencio del Ejecutivo al no observar, por ejemplo, la autógrafa que limita la aplicación del delito de lesa humanidad y genera impunidad? ¿Acaso refleja el nivel de los cambios, sin norte alguno, que hacen a la Constitución?

El Gobierno ha profundizado la tendencia del silencio presidencial frente a las leyes aprobadas en el Congreso. Se han disparado las normas que motivan ese silencio. También es cierto que se ha incrementado el número de leyes aprobadas por insistencia, que no requieren la promulgación del presidente. Es decir, el diálogo entre los dos poderes, en el aspecto legislativo, se ha diluido. Y lo que existe en todo caso es solo la voz del Congreso que aprueba las leyes que considera, sin el control del Ejecutivo. Es otra forma de ruptura del equilibrio de los poderes.

- Hubo varios paquetazos legislativos, en ellos ¿cuál sería el cambio más perjudicial?

El cambio más peligroso es el de la bicameralidad, porque establece un modelo que contradice la experiencia histórica peruana, donde las dos cámaras interactúan y se controlan y se complementan. En este modelo aprobado, eso no sucede. Por ejemplo, los senadores no tienen iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional, sólo se limitan a aprobar leyes que aprueba la Cámara de Diputados. Es decir, es un senado revisor debilitado... Los reglamentos de ambas Cámaras podrían paliar el error de este bicameralismo bastante incompleto.

- Pero los cambios en este Congreso no se detendrán.

Sí, la Constituyente a plazos que se ha instalado el 2021 no ha concluido. Está en el tintero la aprobación de normas que podrían implicar la sujeción del sistema electoral; la eliminación de la Junta Nacional de Justicia y que vuelva a depender la elección de jueces y fiscales, de manera indirecta, del Congreso, que había sido superado desde la Constitución de 1979. Y finalmente aparece en el horizonte otras normas vinculadas a tratados, a disminución de derechos… Incluso no descartaría la reinstalación de la pena de muerte para nuevos delitos, en sintonía con la lógica populista.

- ¿El Perú dejó de ser presidencialista? ¿Ya es un régimen parlamentarista de facto?

Nuestro presidencialismo era moderado, probablemente el más moderado de América Latina. Teníamos un presidencialismo que hacía pasar por el Congreso sus gabinetes solicitando el voto de confianza. En la reforma aprobada los gabinetes van al Congreso y no solicitan votos de confianza para entrar en funciones... En estas reformas del año 2021 en materia de cuestión de confianza, de promulgación de leyes, de declaratoria del estado de emergencia, se ha restringido sustantivamente el poder del presidente de la República.

- Dice en el libro que no hay pacto social. Y añade: “sin pacto social la Constitución no existe”, entonces ¿cómo se puede calificar lo que nos gobierna?

Efectivamente, si la Constitución ya no une quiere decir que el pacto constitucional no existe y en la perspectiva, por lo menos ontológica, es decir, valórica, estamos hablando de una Constitución que no es Constitución. Yo diría que el libro está ahí, los 206 artículos, más los incluidos. Pero si el Perú carece de pacto social, si la Constitución no une y el libro termina siendo un texto simbólico, profusamente reformado, es evidente que estamos en un momento de enorme tránsito. Y este tránsito diría que es, por ahora, a un parlamentarismo de facto, levantisco, anti presidencialista…

- ¿Estamos en piloto automático en materia política e institucional? ¿Manda el populismo y la radicalidad?

Sí, estamos en piloto automático, en el sentido que los cambios se generan sin deliberación, sin resistencia, y en términos institucionales el Estado ha sido tomado. Hoy, existe la demanda democrática, pero también hay una demanda populista que crece y la radicalización de las opciones políticas. Los cambios en el texto constitucional motivan una pseudoapertura política, con más de 30 partidos que participarán en el proceso electoral, muchos de los cuales no hacen eco del hecho de que el Estado ha sido tomado y prefieren cerrar los ojos ante el declive democrático que se reemplaza por una oferta populista que crece. Hay una condena a la prédica de Antauro Humala, pero muchos partidos están de acuerdo con parte importante de lo que propone en términos políticos e institucionales. El populismo es hoy ese pequeño Antauro Humala que llevamos dentro, y algunos lo llevan más grande que otros.

- ¿Está en crisis el sistema democrático o está en crisis la Constitución del 93?

Si es que las elecciones de 2026 fueran un desafío para la renovación de la democracia, diría que esta crisis es todavía pequeña, no es profunda. Pero si tenemos enfrente a un Estado tomado, una Constitución modificada sin deliberación y si tenemos poderes oscuros como, por ejemplo, la economía ilegal que se cierne sobre el control de ciertas instituciones, la palabra crisis ya queda corta. Y lo que está en discusión ya no es la renovación de la democracia, sino más bien su recuperación. Es decir, estamos en otro momento y me preocupa porque el grueso de los actores políticos está yendo al proceso electoral con bastante alegría, como si fueran al primer día de clases, cuando en realidad la situación es mucho más demandante en términos de recuperación de las reglas básicas que han sido rotas.

- Con los cambios ¿Diría que hay una nueva Constitución?

Es interesante este debate ¿Cuánto de la fisonomía del texto del 93 cambió? Mucho. Sí, estaríamos ante un texto nuevo ¿Por qué? Porque hay bicameralidad. Porque se ha roto el equilibrio. Porque se está arrinconando al presidencialismo. Porque se está incrementando el parlamentarismo. Porque estamos caminando a la captura total del Estado. Esta es una Constituyente, por tanto, de facto.

- ¿Cree que sigue vigente el pedido de una Constituyente, de parte de la izquierda?

No creo que la salida a esta desfiguración constitucional sea una Constituyente. Ya se acabó el constituyentismo en América Latina con la experiencia reciente chilena. No creo que la disyuntiva sea Constituyente o no, sino cómo recuperar democracia y las instituciones.

https://larepublica.pe/politica/2024/08/03/juan-de-la-puenteestamos-ante-un-estado-tomado-donde-no-hay-pacto-social-y-no-hay-constitucion-94053

https://www.leerydifundir.com/2024/08/peru-estamos-ant…-no-constitucion/

Perú: La debacle

César Hildebrandt

Carmen Mc Evoy dijo hace unos días que estamos en un periodo de nuestra historia que podría llamarse “la debacle”. Tiene razón la historiadora.

Tiene razón, pero va presa.

Porque la mayor parte de mis compatriotas creen estar viviendo un gran emprendimiento: el de un país que, sin cumplir con sus deberes, se ha ganado todos los derechos. El pensamiento mágico convertido en doctrina republicana.

“Los peruanos somos chamba”, dicen en la radio que coordinaba con Vladimiro Montesinos. ¿Importa que más del 70% de nuestra economía sea informal? No mucho, si lo que se quiere es el engaño terapéutico.

La debacle es cabal. El país ha fracasado. Lo fundamos como una república y ha terminado siendo este desorden devorado por la corrupción.

¿Hay solución?

Sí, pero para que empecemos a torcerle el brazo al destino fatal que hemos construido entre todos lo primero que hay que hacer es admitir que estamos en el abismo. Mc Evoy propone una hipótesis más deprimente y gravitacional: “estamos cayendo”. Como si buscásemos con afán el fondo, el concolón de la desdicha.

En la conversación con la historiadora surgió el tema de las voces provincianas que, en los comienzos del Perú republicano,  debieron ser escuchadas y que habrían podido darle otro rumbo al país. Se refería al huamachuquino José Faustino Sánchez Carrión y al chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza, por citar dos ejemplos. Eso es cierto.

El problema es que ahora no escuchamos voces sino que leemos prontuarios.

De Ayacucho procedía, como canto de resistencia en medio de la peor humillación de nuestra historia, Andrés Avelino Cáceres. ¿Cuántos gobernadores de esa región están sometidos a procesos penales por uso indebido de fondos públicos?

Campesinos del centro ganaron, desde el paisanaje armado, la batalla de Concepción. ¿Algún parentesco con Vladimir Cerrón y sus hábitos de ligereza financiera?

La mugre de Lima se reproduce como un virus en el Perú profundo. Y allí está César Acuña gobernando una región que llena de historias las páginas policiales más coloridas.

Hemos fracasado como Estado y como proyecto de nación. Hemos fracasado como sociedad atada por vínculos de colaboración y complementariedad. Hemos fracasado como modelo de crecimiento y hemos sido incapaces de abreviar los niveles de desigualdad. Y ahora asistimos a un festival obsceno de la derecha más navajera que nos repite hasta la náusea el mismo mensaje: la culpa de todo es del Estado y de los caviares que vivieron de él.

El verdadero tema no es ese, por supuesto. Lo que esa prensa quiere lograr es convencer a las mayorías de que el centro político debe borrarse y que la ultraderecha es la voz y que una dictadura neofujimorista nos librará de todo mal. Sueñan con un país dominado por una pandilla que nos aleje de los tratados internacionales sobre derechos humanos y que repita la receta de Fujimori: gobernar para los ricos fingiendo que redistribuye las sobras. Quieren ser Milei pero sin ganar las elecciones. Quieren entrar a Palacio por las cloacas.

El odio a los periodistas que se niegan a sumarse a esa prédica es significativamente selectivo. Ninguna de las víctimas de esas campañas inmundas hemos cedido a la intimidación y a los insultos públicos o en redes. Nos interesa el país como un foro de discusión y no como un antro regentado por Erasmo Wong.

Soñamos cojudignamente, a mucha honra, con una nación entusiasmada por la decencia, las buenas gestiones, la consideración de los otros, el equilibrio de poderes, la comprensión absoluta de que en una sociedad civilizada no puede haber excluidos crónicos ni parias por ancestro u origen.

Soñamos, sí, y seguiremos soñando. Preferimos luchar a nuestro modo por esa causa hasta ahora perdida que sumarnos al coro de la ultraderecha envalentonada.

Mc Evoy recordaba el lunes pasado que lo que más hemos olvidado es “el nosotros”. Pero es que esa adquisición cultural implica un instinto de semejanza del que carece la derecha y el sicariato que escribe por ella. Para esa gente el Perú sigue siendo un cosido trémulo de encomiendas, de repartos con gente adentro, de valles con nombre propio. Esa derecha jamás cedió y se mantuvo agazapada por muchos años. Renació con Fujimori y su proyecto autoritario y ambicioso: borrar toda esencia de solidaridad, decretar la ley de la selva, hacer del sálvese quien pueda un modo de entender la vida. Es decir, terminar de destrozarnos como comunidad nacional, fabricar un archipiélago de intereses y codicias arbitrado por la corrupción. Fujimori nos desalmó. Sus seguidores siguen empeñados en lo mismo.

Me produjo un enorme placer intelectual entrevistar a Carmen Mc Evoy. Escuchar a alguien que tiene brillos propios y una visión culta de nuestra historia es hablar con el país agónico que aún está a tiempo de sanarse. Depende de nosotros.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 671 año 14, del 02/02/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2024/02/peru-la-debacle/

Perú: Las zonas grises de la protesta

César Azabache

Hace poco, la Corte Suprema publicó la sentencia del 17 de abril del caso Las Bambas. La sentencia trata sobre la protesta. Distintos observadores, me incluyo, hemos denunciado que el texto contiene límites que dañan el ejercicio de este derecho. Gonzalo Zegarra (EC 20/5/23) e Iván Meini (PUCP 24/5/23) lo han negado. El debate está abierto. Y creo que importa, porque afecta el alcance de una de las construcciones más recientes y complejas del catálogo de derechos humanos.

Parto reconociendo en la protesta un derecho. La ONU y la Corte Interamericana ya lo han hecho. Gonzalo e Iván también. La sentencia no. Parto además por asumir que la protesta no justifica ninguna forma de violencia física contra personas ni contra cosas. Encuentro que nadie lo ha puesto en duda. Pero la Corte cree que sí y se detiene en ello.

El caso que la Corte tenía entre manos trata sobre la ocupación a una vía por la que transitaban camiones que retiraban mineral de Las Bambas. Era mayo de 2016 y los manifestantes protestaban porque la idea original del proyecto era que el mineral se retire por un ducto cerrado, no por carreteras abiertas. Los vehículos cuyo paso fue interrumpido eran precisamente los camiones que transportaban ese mineral.

La sentencia afirma que las manifestaciones que producen consecuencias sobre terceros son por sí mismas violentas. Que ocupar vías constituye por sí mismo un delito. Agrega que la ocupación de mayo de 2016 cumple ambos requisitos y no dejó libres vías alternas para los transeúntes, sin notar que ese es un criterio que la Corte Europea de DDHH estableció para la ocupación de autopistas, no para casos de este tipo. Confirma la condena que se impuso a los manifestantes. Ahí termina.

La cuestión era más difícil. El debate sobre protestas supone aceptar que no todas las consecuencias colaterales que se originan en una manifestación merecen ser consideradas violentas o delictivas de manera automática. Las discusiones sobre protestas ante los tribunales de justicia tratan de identificar criterios que justifiquen tolerar unas manifestaciones y rechazar otras. Aquí interesan las diferencias, las particularidades de cada caso y las cargas que deben respetar los manifestantes. No es lo mismo ocupar las calles que rodean una plaza que ocupar autopistas o vías de propósito exclusivo. No es lo mismo hacerlo caprichosamente que por un motivo claro. No es lo mismo hacerlo indefinidamente que por plazos limitados. No es lo mismo hacerlo respetando a personas vulnerables o ambulancias que hacerlo con absoluta indiferencia hacia ellas.

Consecuencias colaterales. Las protestas son tales porque generan resultados de este tipo. Las manifestaciones que no las originan, como pintar grafitis o lanzar proclamas en público, están ya protegidas por la libertad de expresión. No necesitan una construcción adicional. La protesta, como construcción, aparece en los instrumentos de las relatorías de la ONU y de la CIDH, que la sentencia ni siquiera menciona, porque la libertad de expresión no basta para discutir estos colaterales. Las discusiones sobre protestas tratan de establecer si las consecuencias colaterales de determinadas manifestaciones consideradas en sus propias características, caso por caso, merecen o no esa tolerancia. La idea no es nueva: las huelgas generan consecuencias colaterales y ya han obtenido ese margen de tolerancia. Las protestas piden lo mismo.

Siempre tendrá sentido estar a favor o en contra de una protesta en particular. De cualquiera. No pretendo que respaldemos todas las protestas que se organicen de manera mecánica. Pero pido que no discutamos cosas tan complejas con tanta ligereza.

https://larepublica.pe/opinion/2023/05/28/las-zonas-grises-de-la-protesta-por-cesar-azabache-604212

https://www.leerydifundir.com/2023/05/peru-las-zonas-grises-la-protesta/

Perú: Confusiones interesadas

Sinesio López

“¿El régimen político actual es una democracia, una dictadura o un régimen autoritario? Sin ruborizarse, los medios concentrados lo llaman democracia. Desde 1980 solo tenemos una democracia electoral”.

En el Perú estamos viviendo una gran confusión política y conceptual, creada por los medios concentrados y por algunos analistas y comentaristas, sobre el Gobierno, el régimen político y el Estado.

¿Quién gobierna? Dina Boluarte, dicen sin pestañear los medios concentrados. Debiera ser como “sucesora” constitucional de Castillo, pero no es así.

Dina Boluarte no pincha ni corta. Ni presencial ni virtualmente. Es el Congreso el que corta el jamón. Allí se ha formado una coalición de ultraderecha con el fujimorismo y con sectores conservadores de izquierda (políticamente radical y socialmente conservadora) que ha convertido a Boluarte en un mero títere y busca tener en sus manos, además del Poder Judicial, todos los organismos de control del Estado. Es un Gobierno sin legitimidad que se mantiene gracias al apoyo de los poderes fácticos (prensa concentrada, Confiep y FFAA) que participan en el Gobierno sin haber sido elegidos.

Si eso es así, ¿qué forma de Gobierno tenemos? Constitucionalmente el presidencialismo o, con más precisión, el presidencialismo parlamentarizado. Pero no es así. Este ha sido transformado por los golpes parlamentarios (desde 2016 en adelante) en un parlamentarismo puro y duro. La división y el equilibrio de poderes han desaparecido. Todo esto sucede cuando el Congreso no representa a nadie, salvo sus propios intereses individuales y de grupo. ¿Cómo llamar a este bicho político raro? Sugiero llamarlo parlamentarismo con vocación totalitaria.

¿El régimen político actual es una democracia, una dictadura o un régimen autoritario? Sin ruborizarse, los medios concentrados lo llaman democracia. Desde 1980 solo tenemos una democracia electoral. Nunca hemos tenido una democracia consolidada (Schmitter) ni una plena democracia de calidad (Morlino) que se vacía. Hoy esta democracia ya no es democracia. ¿Qué democracia es esa en la que gobiernan los que perdieron las elecciones?

¿Qué democracia es esa que, para afirmarse en el poder, busca el respaldo de las FF.AA a las que ordena asesinar a los ciudadanos que legítimamente protestan? Pero no estamos aún frente a una dictadura porque no es un régimen cerrado. Pese a que el Congreso concentra el poder, aún se respetan ciertas libertades y derechos. Es más bien un régimen autoritario, con un sistema político semiabierto.

¿Y qué pasa con el Estado? La prensa concentrada y algunos comentaristas despistados dicen que Castillo destruyó el Estado y que este Gobierno lo está reconstruyendo. Esta tesis es un chiste de mal gusto. La pandemia demostró que el Estado neoliberal es un desastre. Tiene muchas funciones y pocas capacidades. El interesado diseño constitucional, el mal diseño organizativo, la poca calificación de su burocracia y la carencia dramática de recursos (14% de presión tributaria) han configurado un Estado incapaz. Es, además, un Estado neopatrimonial al servicio del mercado y de los grandes empresarios y en desmedro del mismo Estado, de la sociedad y de los ciudadanos.

https://larepublica.pe/opinion/2023/05/25/confusiones-interesadas-por-sinesio-lopez-1318200

https://www.leerydifundir.com/2023/05/peru-confusiones-interesadas/