Perú: Cambiar el capítulo económico

Pedro Francke

"Mejor economía requiere más democracia y mejor gestión pública, y esos principios orientadores deben estar en nuestra Constitución"

Aclaremos algo de entrada: el “capítulo económico” de la Constitución NO puede discutirse al margen del resto de la misma, por tres razones. Una, porque las disposiciones económicas tienen que estar en función de las visiones que tenemos del país y nuestros objetivos sociales. Dos, porque el arreglo de poderes impacta directamente en el manejo económico. Tres, porque la economía depende también de lo que suceda con la educación, la salud, el ambiente, la seguridad ciudadana y social, y la equidad y la justicia. Para los expertos constitucionalistas un principio básico es que las constituciones deben analizarse integralmente y no por pedacitos.

Hay otro asunto a aclarar: ¿de qué Constitución estamos hablando? Tuvimos la Constitución de 1993, hecha en dictadura y aprobada con fraude. Pero hubo un cambio SUSTANCIAL entre 2021 y 2023 por parte del Congreso y el Tribunal Constitucional (TC), que rompieron el equilibrio de poderes con la vacancia presidencial express e impidiendo de facto que un presidente llame a nuevas elecciones tras disolver un Congreso obstruccionista. Lo hicieron violando la misma Constitución que tanto dijeron defender. Además, en contra de la voluntad manifiesta del pueblo votada en referéndum, establecieron un Senado oligárquico e hiperpotente. Esta nueva estructura de poder tiene un profundo efecto económico. El que se haya impuesto un Congreso sin control convertido en el centro único del poder, le ha permitido nombrar un TC servil que le ha otorgado iniciativa de gasto en contra de la letra expresa de la Constitución. El déficit fiscal sin control es hijo del parlamentarismo mafioso sin control. Frente a eso, la ley del Congreso y las decisiones del TC que rompieron el equilibrio de poderes deben ser revertidas mediante disposiciones constitucionales más precisas y el Senado debe ser eliminado.

Vayamos ahora a la orientación principal de la Constitución. “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, dice el artículo primero. Eso está bien, pero ¿se debe dejar totalmente de lado el cuidado de la naturaleza y los demás seres vivos, la justicia y equidad, la cultura, la vida en comunidad y los bienes comunes? Esto atañe al orden fundamental que nos damos con la Constitución y que orienta a su vez la cuestión económica. La persona humana no está aislada de la sociedad ni del ambiente en que vivimos. El objetivo general de la economía debe establecerse como orientado al Buen Vivir con equidad, procurando pleno empleo y que las regiones postergadas y con menor bienestar del país sean priorizadas en su desarrollo.

Veamos ahora temas específicos. Hoy que enfrentamos una crisis de inseguridad, hay en el primer artículo de la Constitución otra cuestión a cambiar: el secreto bancario y la reserva tributaria. Lamentablemente, tras estos preceptos se han escudado los corruptos y las bandas criminales para mantener escondidos el dinero producto de sus robos y extorsiones. Eso frena considerablemente la lucha contra la inseguridad ciudadana. El respeto a la privacidad de los datos personales no puede ser pretexto para refugio de criminales y los fiscales deben poder tener acceso cuando las investigaciones lo requieren. Sigrid Bazán ya ha presentado un proyecto de reforma constitucional al respecto y eso está muy bien. Por otro lado, ¿no tenemos los ciudadanos el derecho a saber cuánto dinero tenían y cuánto han acumulado Dina Boluarte y Rafael López Aliaga mientras estuvieron en el poder? A menudo hemos visto reportajes que indican que candidatos, ministros y congresistas han mentido, ocultando sus riquezas, sin mayores consecuencias. Que la Constitución permita acceder a la información económica de delincuentes para luchar contra el crimen y la corrupción no es un detalle menor.

Sobre los aspectos referidos al manejo económico, pienso en algunos cambios importantes. Debe eliminarse el artículo que dice que un inversionista extranjero tiene los mismos derechos que uno peruano, disposición que no existe en ninguna Constitución de otro país americano y que hoy en el mundo las políticas de Estados Unidos, China, Europa y muchos otros países contravienen directa y explícitamente. Hay, además, varias definiciones que debieran ser parte de la Constitución por su importancia. El crecimiento económico debe ser sostenible ambientalmente. No puede hacerse a costa de deterioros ambientales que los pagarán futuras generaciones. Se debe mitigar y enfrentar el cambio climático. La enorme desigualdad e inequidad persistente y el racismo y el machismo no pueden seguir siendo ignorados. La corrupción y el lobismo mañoso deben ser señalados como males nacionales a ser combatidos con fuerza. Debemos tener una política de diversificación económica, industrialización y desarrollo tecnológico como parte de un plan nacional de desarrollo. Las cooperativas, comunidades y pequeñas empresas deben merecer un reconocimiento especial, así como el rol de la pequeña agricultura familiar en la seguridad alimentaria.

Hay, desde luego, temas importantes a mantener y profundizar en la Constitución, en especial las referidas a la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Hay que defender la autonomía del Banco Central de Reserva y fortalecer la sostenibilidad fiscal, impidiendo que el Congreso apruebe exoneraciones tributarias contra la opinión del Ministerio de Economía.

Finalmente, hay definiciones claves sobre la democracia. No podremos romper con el dominio de los monopolios y grandes grupos de poder económico si no es dando poder al pueblo, y por eso la Constitución debe facilitar que se hagan referéndums sobre decisiones fundamentales tras un proceso amplio de deliberación. Junto a una meritocracia consolidada, eso fortalecerá la democracia y promoverá políticas económicas orientadas al bienestar de las mayorías y no reproductoras de desigualdad y exclusión. Mejor economía requiere más democracia y mejor gestión pública, y esos principios orientadores deben estar en nuestra Constitución.

27-11-2025

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 760 año 16, del 28/11/2025

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Perú: Ladrones de cuello y corbata

Pedro Francke

"El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás"

Durante varios años los neoliberales peruanos insistieron en que la economía y la política iban por cuerdas separadas. Decían que nuestra macroeconomía iba muy bien, aunque la política estuviera mal. El año pasado, el Premio Nobel de economía se entregó a tres estudiosos que han establecido exactamente lo contrario: el subdesarrollo se debe a instituciones económicas extractivistas que van de la mano con instituciones políticas excluyentes. En nuestro querido Perú la relación entre economía y política, o más precisamente entre poder económico concentrado y política corrupta, ha sido una constante histórica. Esta semana ha habido otra prueba de eso.

Me refiero al fallo del Tribunal Constitucional (TC) en favor de Keiko Fujimori que, indignante como es, no sorprende a nadie –y en particular a ningún lector de este semanario que lo había anunciado reiteradas veces–.

Desde que el actual Congreso nombró a este Tribunal tras un pacto de Fujimori con Acuña, López Aliaga y Cerrón, no era difícil prever que esto se vendría. El asunto de fondo del que trata esta resolución del TC es este: Keiko recibió millones de dólares de dueños de grandes monopolios, bancos y AFP, transnacionales traferas y mineras abusivas, y a cambio ha sido firme defensora de sus intereses económicos. El TC ha liberado a Keiko de todos los engaños que hizo mediante supuestos “cócteles” para mantener ocultos esos millones que recibió de ese gran poder económico.

Siendo el fallo uno muy político, no debemos olvidar cómo entra en juego la economía. El pacto que nombró a los actuales “tribunos” fue de una cúpula política corrupta, pero la oligarquía abusiva y tramposa estaba detrás. Uno de los primeros fallos de este Tribunal fue precisamente regalar 12 mil millones de soles de deudas tributarias a grandes empresas monopólicas como Telefónica y Backus, mineras como Las Bambas y Cerro Verde, y bancos como Scotiabank, Interbank y BBVA. Lo que nunca se permite a una micro o pequeña empresa, lo tuvieron ellos. Constitucionalistas como Marianella Ledesma y Marcial Rubio resaltaron que el fallo era inconstitucional. Los doce mil millones de soles que regaló el TC en ese momento, y que además ha multiplicado el incentivo a la evasión tributaria, hubieran permitido que la inversión en salud se triplicara los últimos tres años, se duplicara la inversión en educación o se cuadruplicara la de obras en agua y desagüe. Más pesó el “poderoso caballero don dinero”.

Coincidentemente, varias de las empresas beneficiadas por ese regalo del TC están entre las que otorgaron cientos de miles de dólares a Keiko Fujimori. Así que los tribunos, elegidos con los votos de Keiko y sus aliados, y que hoy liberan a Keiko, ya antes beneficiaron a estos grupos oligárquicos. Otra coincidencia llamativa es que el “tribuno” que primero analizó el caso y propuso regalar esos 12 mil millones de soles a los grupos oligárquicos fue Ernesto Blume, a quien todos estos años hemos visto defendiendo al régimen de Boluarte-Congreso en radios y TV. La vida tiene sorpresas, pero esta no es una de ellas.

Aquella decisión del Tribunal Constitucional que regaló 12 mil millones de soles resultó aberrante para cualquier economista o analista financiero serio, porque establecía que cuando esos billonarios y transnacionales le deben al Estado no deben pagar intereses de la misma manera como los cobra cualquier banco a un deudor moroso. Lo que esos monopolios y bancos hacen todos los días en sus negocios cuando se trata de cobrar, el TC decidió que no se les aplica a ellos mismos cuando deben honrar sus deudas al Estado. Absurdo, pero los periódicos, radios y canales de la oligarquía, sus consultoras favoritas y sus opinólogos neoliberales, guardaron un silencio sepulcral al respecto. Ellos nunca se pelean con quienes sostienen sus cofres. Ni qué hablar, claro, de los gremios empresariales, de la Confiep, CADE, la Sociedad de Minería y demás “asociaciones” y “colectivos” de la misma mancha, a quienes les gusta hablar de democracia, transparencia y “libre mercado” pero que cuando se trata de un regalo de miles de millones del Estado en favor de la oligarquía reinante callan en todos los idiomas.

Durante años los neoliberales nos dijeron que en la economía todo iba bien, que el modelo económico era fantástico, que gracias a la Constitución de 1993 crecimos mucho y que eso bastaba para que todos los demás problemas se fueran resolviendo automáticamente. La desigualdad, en ese discurso neoliberal, no importaba, aunque el dinero se siguiera concentrando en base a un poder corrupto que beneficiaba a la oligarquía a costa de campesinos e indígenas desterrados, consumidores engañados y trabajadores explotados, y que dejaba un Estado debilitado y una educación y salud pública deterioradas.

Pero es mirando la desigualdad que podemos ver cómo, al mismo tiempo que sigue habiendo millones de peruanos sin agua potable ni acceso a la salud, tenemos monopolios de la leche, la cerveza y la harina de trigo que abusan de su dominio del mercado, cuatro grandes bancos cobran por sus préstamos más que ningún otro país de la OCDE, grandes mineras se llevan la riqueza natural peruana para sus bolsillos y todos ellos obtienen exoneraciones y privilegios tributarios y se instalan en paraísos fiscales para evadir impuestos. Ese trato tan inequitativo se ha sustentado políticamente gracias al fujimorismo que, tras recibir los 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño del monopolio Alicorp, de Credicorp y la AFP Prima, más los otros cientos de miles entregados por los dueños del monopolio de leche Gloria y de otra docena de millonarios aportantes, defendió con uñas y dientes mantenerles y ampliarles sus privilegios.

En las calles escuché la semana pasada que para acabar con los criminales primero hay que sacarlos del poder. Esta verdad se aplica también a los ladrones de cuello y corbata.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

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Lecciones bolivianas

Pedro Francke

"Su 'gallina de los huevos de oro', la producción de gas, fue retrocediendo desde hace una década"

La situación económica de Bolivia no es buena estos últimos tiempos. La razón es parecida a los riesgos que nos está generando el cogobierno Boluarte-Congreso: un déficit fiscal fuera de control. Sólo que allá ha sido más grande y fue creciendo por varios años, llevando a un desequilibrio externo, de tal manera que faltan dólares para importar productos esenciales como los combustibles.

Resulta que la irresponsabilidad macroeconómica no es sólo un problema de gobiernos izquierdistas. Tanto Trump en Estados Unidos como el gobierno Congreso-Boluarte han generado un desequilibrio fiscal enorme, otorgando grandes regalos en materia tributaria a los billonarios y a las grandes empresas mientras cortan presupuesto para asuntos esenciales como los servicios de salud y la educación pública. Por otro lado, hemos tenido en nuestro continente gobiernos izquierdistas como AMLO y Claudia Sheinbaum en México y Gabriel Boric en Chile, que han sido bastante cuidadosos con los equilibrios macroeconómicos.

¿Por qué hay gobiernos fiscalmente irresponsables? Para un gobierno de derechas o izquierdas, gastar más sin luchar por obtener los ingresos que lo sustenten es una tentación, ya que sus desenfrenos los pagarán otros gobiernos y, mientras tanto, consiguen apoyos de determinados grupos. Eso es exactamente lo que está haciendo López-Aliaga ahora en Lima, endeudando a la ciudad enormemente, de tal manera que a futuro una crisis de la Municipalidad de Lima es ineludible. Los demagogos siempre recurren a pintar un “futuro rosa” afirmando que con sus políticas la economía crecerá mucho más y que con eso se resolverá todo. Cuando luego de algunos años el déficit no se reduce y la deuda sigue creciendo, tienden a seguir con la farra, hasta que llegan al precipicio, a veces cuando esos gobernantes irresponsables ya no están.

Que ese error fatal deba evitarse, no quiere decir que izquierdas o derechas sean similares. Se puede lograr que los ingresos y los gastos fiscales mantengan un equilibrio de mediano plazo con dos políticas sustancialmente diferentes. El neoliberalismo peruano entre 1990 y 2020 aplicaba una política fiscal equilibrada con bajos impuestos a los ricos y monopolios, bajo gasto social e inversión pública raquítica. Las cuentas cuadraban, pero la pobreza y la desigualdad eran enormes: una típica política derechista. Nuestro actual gobierno agrava lo malo de esa política con mayores beneficios tributarios a los agroexportadores y grandes empresas, llevándonos a un desequilibrio fiscal. Pero con muchos de sus socios importantes beneficiados y el neoliberalismo reforzado, la Confiep apoya semejantes despropósitos.

Una política de izquierda sostenible busca el equilibrio fiscal cobrando tributos con mayor justicia, acabando con la evasión tributaria de los grandes grupos monopólicos, lo que permite que se destine mayores recursos a pensiones dignas, a que todos tengan acceso a salud oportuna y de calidad, a mejorar la educación pública e invertir en infraestructura y avance tecnológico. Eso es lo que propusimos desde el Ministerio de Economía el 2021, al mismo tiempo que concentrábamos esfuerzos en lograr la vacunación amplia que detuvo el Covid-19, lo que nos permitió retornar a cierta normalidad en nuestras vidas, la producción y la economía. La diferencia con las políticas que han llevado a la crisis a Bolivia es que allá persistieron en más gasto social sin recursos que lo sostengan, receta para que tarde o temprano haya un descalabro macroeconómico, inflación y desempleo, que termina con la población en peor situación que antes.

Hay un segundo tema en estas experiencias de irresponsabilidad fiscal y crisis macroeconómica, que se ve en el mediano plazo: la producción. En todos estos casos, un tema importante es si se logra crecimiento económico. Efectivamente, un crecimiento acelerado implica más ventas y más ganancias empresariales, y con eso más recaudación tributaria. Por el contrario, una caída de la producción genera un hueco en los ingresos, que es muy difícil, económica y políticamente, de reequilibrar.

En los casos de Bolivia resaltan dos hechos. Por un lado, su “gallina de los huevos de oro”, la producción de gas, fue retrocediendo desde hace una década. No lograron atraer nuevas inversiones para el gas y se confiaron en que el litio les pudiera cubrir el faltante, pero esta producción no llegó. Junto a esto hay un tema aún más importante: no le dieron prioridad absoluta a la diversificación productiva. Es un asunto de fondo y una vez más se vio que no hay desarrollo progresista sin cambio productivo estructural. De esta manera, mientras por un lado generaron más demanda interna la producción nacional no le siguió el paso, provocando un déficit externo y una aguda escasez de dólares.

En esas condiciones, en Bolivia el mediano plazo del desbalance productivo explota en combinación con el desequilibrio fiscal. La presión macroeconómica se concentra en la escasez de dólares que, llegado al punto extremo en que está hoy, sólo tiene dos salidas: devaluación o racionamiento. La segunda opción, que los peruanos recordamos en la forma de los “dólares MUC” del primer gobierno de Alan García, suele generar mucha corrupción y un dólar paralelo que sube y finalmente provoca un gran empujón inflacionario. La otra salida, una devaluación pura y simple junto a un ajuste fiscal fuerte, es también muy costosa en cuanto a sus efectos recesivos y empobrecedores. Llegados al punto extremo, la irresponsabilidad productiva y fiscal termina poniendo a los gobiernos entre la espada y la pared, como sucede en Bolivia hoy.

Dos lecciones sacamos de este análisis. Una: se debe mantener un equilibrio fiscal de mediano plazo, lo que para una política de izquierda implica que atender nuestras grandes necesidades sociales siempre debe tener una base sólida de justicia tributaria. Dos: es indispensable dar mucha prioridad a la diversificación productiva, asegurando un crecimiento dinámico y resguardando las exportaciones primarias.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 742 año 16, del 18/07/2025

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El avance económico de China aterra a Washington

Hedelberto López Blanch

Washington en los últimos años ha intentado infructuosamente disminuir la influencia económica y comercial de China, no solo dentro de Estados Unidos sino también a nivel mundial, pero el gigante asiático hasta ahora ha sido indetenible.

La realidad es que China apareció en la arena pública como un competidor fuerte y durante la primera administración de Donald Trump en la presidencia, en 2017 la Casa Blanca impulsó la guerra comercial contra el gigante asiático.

En la segunda presidencia del convicto magnate, en abril de 2025 sancionó por decreto una tasa base del 10 % a todas las mercancías que entraran a Estados Unidos y amenazó a los países sujetos a aranceles que no respondieran de igual forma, so pena de ser castigados.

En su afán por debilitar a China, Trump le lanzó una guerra de aranceles para los productos que importa desde esa nación los que han ido subiendo desde un 10 % hasta un 145 %. El gigante asiático respondió imponiendo un 125 % a los productos estadounidenses importados a su país.

Como Beijing enfrentó las medidas y no se dejó amedrentar, a Washington no le ha quedado más remedio que entablar conversaciones con su fuerte oponente las que se han realizado en Suiza y Londres.

En las de Ginebra, a principio de mayo pasado se logró reducir los aranceles estadounidenses sobre productos chinos del 145 % al 30 %, y las medidas de represalias de China del 125 % al 10 % por un período de 90 días que entraron en vigor el 14 de mayo. Ahora están pendientes de publicarse los acuerdos que, según se anunció por ambas partes, tuvieron lugar en Londres en la segunda semana de junio.

Desde la cancillería del país asiático se ha declarado en varias ocasiones: «Nunca nos quedaremos de brazos cruzados para ver cómo se priva al pueblo chino de sus derechos e intereses legítimos, y tampoco para ver cómo se socavan las normas económicas y comerciales internacionales y el sistema comercial multilateral. Si Washington insiste en continuar una guerra arancelaria o comercial, China luchará hasta el final».

Y el gigante asiático tiene condiciones para enfrentar las amenazas pues cuenta con un poderoso desarrollo científico, industrial, fabril y económico, relaciones con más de 180 países en el mundo adonde puede enviar sus mercancías y recibir a la vez, disímiles productos. Además de una población de 1 417 millones de habitantes con alto poder adquisitivo.

Asimismo tiene enormes riquezas en su territorio. Produce el 90 % de las tierras raras del mundo, un grupo de 17 elementos utilizados en las industrias de defensa, vehículos eléctricos, energía y electrónica. Estados Unidos solo tiene una mina de tierras raras y la mayor parte de su suministro proviene de China.

En los primeros momentos de esta guerra comercial, Beijing respondió con la suspensión de las exportaciones de minerales críticos e imanes, componentes fundamentales para los productores de automóviles, fabricantes aeroespaciales y empresas de semicondutores.

Numerosas empresas de punta estadounidense utilizan en sus producciones esos elementos importados desde China lo cual significó un duro golpe para varias compañías del país las que solicitaron a la Casa Blanca que rectificara los altos aranceles contra Beijing.

Pero también otro valuarte que tiene China desde hace unos años es que ha entrado en el mercado estadounidense mediante la compra de compañías del sector alimentario, tecnológico, automotor, inmobiliario y aeronáutico.  

Así en 2013 la empresa china WH Group adquirió la compañía Smithfield Foods por 4 700 millones de dólares. Esta es la firma productora de carne porcina más grande de Estados Unidos con más de 59 000 hectáreas de tierras agrícolas y aunque la sede se mantiene en Virginia, la propiedad completa pasó a manos chinas.

Un año después, en 2014 la compañía de computadoras china Lenovo concluyó un trato con Google por 2​,910 millones de dólares para adueñarse de Motorola Mobility lo cual le permitió acceder a décadas de innovación desarrollada en Estados Unidos y también fortalecerse en el mercado mundial de teléfonos inteligentes.  

En 2016 el gigante Haier Group pagó 5 400 millones de dólares para comprar GE Appliances, la histórica división de electrodomésticos de General Electric. La producción sigue en Estados Unidos pero la dirección empresarial radica en China para liderar el mercado global de electrodomésticos.

En cuanto al sector automotriz, en 2010 la corporación estatal china AVIC se hizo del control de Nexteer Automotive, una firma de sistemas de dirección automotor con sede en Michigan y desde entonces los fabricantes estadounidenses están obligados a negociar con esa compañía. La AVIC también obtuvo en 2011 la Cirrus Aircraft, fabricante de aviones privados que le abrió a las empresas chinas un sector que antes era dominado solo por firmas estadounidenses.

La penetración de Beijing en el mercado inmobiliario sucedió en 2014 cuando Anbang Insurance Group pagó 2 000 millones de dólares por el histórico Waldorf Astoria de Nueva York. En 2016 compró Strategic Hotels & Resorts por 6 500 millones que tras la intervención del gobierno chino los activos pasaron a control estatal.

Asimismo, HNA Group obtuvo en 2017 un rascacielos en Manhattan por 2 210 millones de dólares con lo cual el gigante asiático ha ido consolidándose en el mercado inmobiliario de lujo.

Después de analizar estas realidades y otras herramientas que China tiene guardadas, es comprensible el porqué la nación asiática aterra a Washington: cada vez más se debilita su ya desgastada hegemonía mundial.

Hedelberto López Blanch​. ​Periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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El socialismo chino y el mito del fin de la historia

Bruno Guigue

En 1992 el politólogo estadounidense Francis Fukuyama se atrevió a anunciar el «fin de la historia». «Con el hundimiento de la URSS, dijo, la humanidad entra en una nueva era. Conocerá una prosperidad sin precedentes». Aureolada con su victoria sobre el imperio del mal, la democracia liberal proyectaba su luz salvadora sobre el planeta asombrado. Desembarazada del comunismo, la economía de mercado debía esparcir sus bondades por todos los rincones del globo, unificando el mundo bajo los auspicios del modelo estadounidense (1). La desbandada soviética parecía validar la tesis liberal según la cual el capitalismo -y no su contrario el socialismo- se adaptaba al sentido de la historia. Todavía hoy la ideología dominante reitera esta idea simple: si la economía planificada de los regímenes socialistas cayó, es porque no era viable. El capitalismo nunca estuvo tan bien y ha conquistado el mundo.

Los partidarios de esta teoría están tanto más convencidos en cuanto que el sistema soviético no es el único argumento que habla en su favor. Las reformas económicas emprendidas por la China popular a partir de 1979, según ellos, también confirman la superioridad del sistema capitalista. ¿Acaso no han acabado los comunistas chinos, para estimular su economía, admitiendo las virtudes de la libre empresa y el beneficio, incluso pasando por encima de la herencia maoísta y su ideal de igualdad?

Lo mismo que la caída del sistema soviético demostraría la superioridad del capitalismo liberal sobre el socialismo dirigista, la conversión china a las recetas liberales parece asestar el golpe de gracia a la experiencia «comunista».

Un doble juicio de la historia, al fondo, ponía el punto final a una competición entre los dos sistemas que atravesaron el siglo XX.

El problema es que esa narración es un cuento de hadas. Occidente repite encantado que China se desarrolla convirtiéndose en «capitalista». Pero los hechos desmienten esa simplista afirmación. Incluso la prensa liberal occidental ha acabado admitiendo que la conversión china al capitalismo es un cuento. Los propios chinos lo dicen y dan argumentos sólidos. Como punto de partida del análisis hay que empezar por la definición habitual del capitalismo: un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción e intercambio. Ese sistema fue erradicado progresivamente en la China popular en el período maoísta (1950-1980) y efectivamente se reintrodujo en el marco de las reformas económicas de Deng Xiaoping a partir de 1979. De esta forma se inyectó una dosis masiva de capitalismo en la economía, pero -la precisión es importante- esa inyección tuvo lugar bajo la impulsión del Estado. La liberalización parcial de la economía y la apertura al comercio internacional muestran una decisión política deliberada.

Para los dirigentes chinos se trataba de incrementar los capitales extranjeros para acrecentar la producción interna. Asumir la economía de mercado era un medio, no un fin. En realidad el significado de las reformas se entiende sobre todo desde un punto de vista político «China es un Estado unitario central en la continuidad del imperio. Para preservar su control absoluto sobre el sistema político, el partido debe alinear los intereses de los burócratas con el bien político común, a saber la estabilidad, y proporcionar a la población una renta real aumentando la calidad de vida. La autoridad política debe dirigir la economía de manera que produzca más riqueza de forma más eficaz. De donde se derivan dos consecuencias: la economía de mercado es un instrumento, no una finalidad; la apertura es una condición de eficacia y conduce a esta directiva económica operativa: alcanzar y superar a Occidente» (2)

Es por lo que la apertura de China a los flujos internacionales fue masiva pero rigurosamente controlada. El mejor ejemplo lo proporcionan las Zonas de Exportación Especiales (ZES). «Los reformadores chinos quieren que el comercio refuerce el crecimiento de la economía nacional, no que la destruya», señalan Michel Aglietta y Guo Bai. En los ZES un sistema contractual vincula a las empresas chinas y las empresas extranjeras. China importa los componentes de la fabricación de bienes de consumo industriales (electrónica, textil, química). La mano de obra china hace el ensamblaje, después las mercancías se venden a los mercados occidentales. Este reparto de las tareas está en el origen de un doble fenómeno que no ha dejado de acentuarse desde hace 30 años: el crecimiento económico de China y la desindustrialización de Occidente. Medio siglo después de las «guerras del opio» (1840-1860) que emprendieron las potencias occidentales para despedazar China, el Imperio del Medio tomó su revancha.

Porque los chinos aprendieron la lección de una historia dolorosa, «esta vez la liberalización del comercio y las inversiones es competencia de la soberanía de China y están controladas por el Estado. Lejos de ser los enclaves que solo benefician a un puñado de «compradores», la nueva liberalización del comercio fue uno de los principales mecanismos que han permitido liberar el enorme potencial de la población» [3]. Otra característica de esta apertura, a menudo desconocida, es que beneficia esencialmente a la diáspora china, que entre 1985 y 2005 poseía el 60 % de las inversiones acumuladas, frente al 25 % por los países occidentales y el 15 % por Singapur y Corea del Sur. La apertura al capital «extranjero» fue en primer lugar un asunto chino. Movilizando los capitales disponibles, la apertura económica creó las condiciones de una integración económica asiática de la que la China popular es la locomotora industrial.

Decir que China se convirtió en «capitalista» después de haber sido «comunista» indica, pues, una visión ingenua del proceso histórico. Que haya capitalistas en China no convierte el país en «capitalista», si se entiende con esta expresión un país donde los dueños de capitales privados controlan la economía y la política nacionales. En China es un partido comunista con 90 millones de afiliados, que irriga al conjunto de la sociedad, el que tiene el poder político. ¿Hay que hablar de sistema mixto, de capitalismo de Estado? Es más conforme a la realidad, pero todavía insuficiente. Cuando se trata de clasificar el sistema chino, el apuro de los observadores occidentales es evidente. Los liberales se dividen en dos categorías: los que reprochan a China que siga siendo comunista y los que se alegran de que se haya hecho capitalista. Unos solo ven «un régimen comunista y leninista» disfrazado, aunque ha hecho concesiones al capitalismo ambiental [4]. Para otros China se ha vuelto «capitalista» por la fuerza de las cosas y esa transformación es irreversible.

Sin embargo algunos observadores occidentales intentan captar la realidad con más sutileza. Así Jean-Louis Beffa, en una publicación económica mensual, afirma directamente que China representa «la única alternativa creíble al capitalismo occidental». «Después de más de 30 años de un desarrollo inédito, escribe, ¿no es hora de concluir que China ha encontrado la receta de un contramodelo eficaz al capitalismo occidental? Hasta ahora no había surgido ninguna solución alternativa y el hundimiento del sistema comunista en torno a Rusia en 1989 consagró el éxito del modelo capitalista. Pero la China actual no lo suscribe. Su modelo económico híbrido combina dos dimensiones que saca de fuentes opuestas. La primera procede del marxismo leninismo, está marcada por un poder controlado del partido y un sistema de planificación vigorosamente aplicado. La segunda se refiera más a las prácticas occidentales, que se centra en la iniciativa individual y en el espíritu emprendedor. Cohabitan así el control del PCC sobre los negocios y un sector privado abundante» [5].

Este análisis es interesante pero vuelve a las dos dimensiones -pública y privada- del régimen chino, puesto que es la esfera pública, obviamente, la que está al mando. Dirigido por un poderoso partido comunista, el Estado chino es un Estado fuerte. Controla la moneda nacional, incluso la deja caer para estimular las exportaciones, lo que Washington le reprocha de forma recurrente. Controla casi la totalidad del sistema bancario. Vigilados de cerca por el Estado, los mercados financieros no desempeñan el papel desmesurado que se arrogan en Occidente. Su apertura a los capitales, por otra parte, está sometida a condiciones draconianas impuestas por el Gobierno. En resumen, la conducción de la economía china está en la férrea mano de un Estado soberano y no en la «mano invisible del mercado» querida por los liberales. Algunos se lamentan. Un liberal autorizado, un banquero internacional que enseña en París revela que «la economía china no es una economía de mercado ni una economía capitalista. Tampoco un capitalismo de Estado, porque en China es el propio mercado el que está controlado por el Estado» [6]. Pero si el régimen chino tampoco es un capitalismo de Estado, ¿entonces es «socialista», ya que es el propietario de los medios de producción o al menos ejerce el control de la economía? La respuesta a esta pregunta es claramente positiva.

La dificultad del pensamiento dominante para nombrar el régimen chino, como vemos, viene de una ilusión contemplada desde hace mucho tiempo: al abandonar el dogma comunista China entraría por fin en el maravilloso mundo del capitalismo ¡Sería estupendo poder decir que China ya no es comunista! Convertida al liberalismo, esta nación entraría en el derecho común. Con la vuelta al orden de las cosas, la capitulación validaría la teología del homo occidentalis. Pero sin duda se ha malinterpretado la célebre fórmula del reformador Deng Xiaoping: «poco importa que el gato sea blanco o negro si caza ratones».

Eso no significa que de igual el capitalismo o el socialismo, sino que se juzgará a cada uno por sus resultados. Se ha inyectado una fuerte dosis de capitalismo en la economía China, controlada por el Estado, porque era necesario estimular el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero China permanece en un Estado fuerte que dicta su ley a los mercados financieros y no al revés. Su élite dirigente es patriota. Incluso aunque conceda una parte del poder económico a los capitalistas «nacionales», no pertenece a la oligarquía financiera globalizada. Adepta a la ética de Confucio, dirige un Estado que solo es legítimo porque garantiza el bienestar de 1.400 millones de chinos.

Además no hay que olvidar que la orientación económica adoptada en 1979 ha sido posible por los esfuerzos realizados en el período anterior. Al contrario que los occidentales, los comunistas chinos subrayan la continuidad -a pesar de los cambios efectuados- entre el maoísmo y el posmaoísmo. «Muchos tuvieron que sufrir por el ejercicio del poder comunista. Pero la mayoría se adhiere a la apreciación emitida por Deng Xiaoping, el cual tenía alguna razón para querer a Mao Zedong: 70 % positivo y 30 % negativo. Hoy existe una frase muy extendida entre los chinos que revela su opinión sobre Mao Zedong: Mao nos puso de pie, Deng nos hizo ricos. Y esos chinos consideran perfectamente normal que el retrato de Mao figure en los billetes de banco. Todo el apego que todavía hoy tienen los chinos a Mao Zedong se debe a que lo identifican con la dignidad nacional recuperada» [7].

Es cierto que el maoísmo acabó con 150 años de decadencia, de caos y de miseria. China estaba fragmentada, devastada por la invasión japonesa y la guerra civil. Mao la unificó. En 1949 era el país más pobre del mundo. Su PIB per cápita era alrededor de la mitad del de África y menos de tres cuartas partes del de la India. Pero de 1950 a 1980, durante el período maoísta, el PIB creció de forma regular (2,8 % de media anual), el país se industrializó y la población pasó de 552 a 1.017 millones de habitantes. Los progresos en materia de salud fueron espectaculares y se erradicaron las principales epidemias. El indicador que resume todo, la esperanza de vida pasó de 44 años en 1950 a 68 años en 1980. Es un hecho indiscutible. A pesar del fracaso del «Gran salto adelante» y a pesar del embargo occidental -que siempre se olvida mencionar- la población china ganó 24 años de esperanza de vida con Mao. Los progresos en materia de educación fueron masivos, especialmente en la primaria: el porcentaje de población analfabeta pasó del 80 % en 1950 al 16 % en 1980. Finalmente las mujeres chinas -que «sostienen la mitad del cielo», decía Mao- fueron educadas y liberadas de un patriarcado ancestral. En 1950 China estaba en ruinas. Treinta años después todavía era un país pobre desde el punto de vista del PIB por habitante. Pero era un Estado soberano unificado, equipado y dotado de una industria naciente. El ambiente era frugal, pero la población estaba nutrida, cuidada y educada como no había estado en el siglo XX.

Esta revisión del período maoísta es necesaria para comprender la China actual. Fue entre 1950 y 1980 cuando el socialismo puso las bases del desarrollo futuro. En los años 70, por ejemplo, China recogía el fruto de sus esfuerzos en materia de desarrollo agrícola. Una silenciosa revolución verde había hecho su camino aprovechando los trabajos de una Academia China de Ciencias Agrícolas creada por el régimen comunista. A partir de 1964 los científicos chinos obtienen sus primeros éxitos en la reproducción de variedades de arroz de alto rendimiento. La restauración progresiva del sistema de riego, los progresos realizados en la reproducción de semillas y la producción de abonos nitrogenados transformaron la agricultura. Como los progresos sanitarios y educativos, esos avances agrícolas hicieron posibles las reformas de Deng que han constituido la base del desarrollo posterior. Y ese esfuerzo de desarrollo colosal solo podía ser posible bajo el impulso de un Estado planificador. La reproducción de las semillas, por ejemplo, necesitaba inversiones imposibles en el marco de las explotaciones individuales [8].

En realidad la China actual es hija de Mao y Deng, de la economía dirigida que la unificó y de la economía mixta que la ha enriquecido. Pero el capitalismo liberal al estilo occidental no aparece en China. La prensa burguesa cuenta con lucidez la indiferencia de los chinos hacia nuestros caprichos. Se puede leer en Les Echos, por ejemplo, que los occidentales «han cometido el error de pensar que en China el capitalismo de Estado podría ceder el paso al capitalismo de mercado». ¿Qué se reprocha en definitiva a los chinos?

La respuesta no deja de sorprender en las columnas de un semanario liberal: «China no tiene la misma noción del tiempo que los europeos y los americanos. ¿Un ejemplo? Nunca una empresa occidental financiaría un proyecto que no fuera rentable. No es el caso de China, que piensa a largo plazo. Con su poder financiero público acumulado desde hace dos decenios, China no se preocupa prioritariamente de una rentabilidad a corto plazo si sus intereses estratégicos lo exigen». Después el analista de Les E chos concluye: «Así es mucho más fácil que el Estado mantenga el control de la economía. Lo que es impensable en el sistema capitalista tal y como lo practica Occidente no lo es en China». ¡No se puede decir mejor! (9).

Obviamente este destello de lucidez es poco habitual. Cambia la letanía acostumbrada según la cual la dictadura comunista es abominable, Xi Jinping es dios, China se desmorona bajo la corrupción, su economía se tambalea, su deuda es abismal y su tasa de crecimiento se halla a media asta. Un escaparate de tópicos y falsas evidencias en apoyo de la visión que dan de China los medios dominantes que pretenden entender a China según categorías preestablecidas muy apreciadas en el pequeño mundo mediático. ¿Comunista, capitalista, un poco de ambos u otra cosa? En las esferas mediáticas pierden los chinos. Es difícil admitir, sin duda, que un país dirigido por un partido comunista haya conseguido en 30 años multiplicar por 17 su PIB por habitante. Ningún país capitalista lo ha conseguido nunca.

Como de costumbre los hechos son testarudos. El Partido Comunista de China no renuncia a su papel dirigente en la sociedad y proporciona su armazón a un Estado fuerte. Heredero del maoísmo, este Estado conserva el control de la política monetaria y del sistema bancario. Reestructurado en los años 90, el sector público sigue siendo la columna vertebral de la economía china, representa el 40 % de los activos y el 50 % de los beneficios generados por la industria, predomina en el 80-90 % en los sectores estratégicos: siderurgia, petróleo, gas, electricidad, energía nuclear, infraestructuras, transportes, armamento. En China todo lo que es importante para el desarrollo del país y para su proyección internacional está estrechamente controlado por el Estado soberano. Un presidente de la República china nunca malvendería al capitalismo estadounidense una joya industrial comparable a Alstom, ofrecida por Macron envuelta en papel de regalo.

Si se lee la resolución final del Decimonoveno Congreso del Partido Comunista Chino (octubre de 2017), se comprueba la amplitud de los desafíos. Cuando dicha resolución afirma que «el Partido debe unirse para alcanzar la victoria decisiva de la edificación integral de la sociedad de clase media, hacer que triunfe el socialismo chino de la nueva era y luchar sin descanso para lograr el sueño chino de la gran renovación del país», hay que tomar esas declaraciones en serio. En Occidente la visión de China está oscurecida por las ideas recibidas. Se imagina que la apertura a los mercados internacionales y la privatización de numerosas empresas hacen doblar las campanas por el «socialismo chino». Nada más lejos de la realidad. Para los chinos esa apertura es la condición del desarrollo de las fuerzas productivas, no el preludio de un cambio sistémico. Las reformas económicas han permitido salir de la pobreza a 700 millones de personas, es decir, el 10 % de la población mundial. Pero se inscriben en una planificación a largo plazo en la que el Estado chino conserva el control. Hoy nuevos desafíos esperan al país: la consolidación del mercado interior, la reducción de las desigualdades, el desarrollo de las energías verdes y la conquista de las altas tecnologías.

Al convertirse en la primera potencia económica del mundo, la China popular elimina el pretendido «fin de la historia». Envía al segundo puesto a un Estados Unidos moribundo minado por la desindustrialización, el sobreendeudamiento, el desmoronamiento social y el fracaso de sus aventuras militares. Al contrario que Estados Unidos China es un imperio sin imperialismo. Ubicado en el centro del mundo, el Imperio del Medio no necesita expandir sus fronteras. Respetuosa del derecho internacional, China se conforma con defender su esfera de influencia natural. No practica el «cambio de régimen» en el extranjero. ¿No quieren vivir como los chinos? No importa, ellos no pretenden convertirlos. Centrada en sí misma, China no es conquistadora ni proselitista. Los occidentales libran una batalla contra su propio declive mientras los chinos hacen negocios para desarrollar su país. En los últimos treinta años China no ha hecho ninguna guerra y ha multiplicado su PIB por 17. En el mismo período Estados Unidos ha emprendido una decena de guerras y ha precipitado su decadencia. Los chinos han erradicado la pobreza mientras Estados Unidos desestabiliza la economía mundial y vive a crédito. En China retrocede la miseria mientras en Estados Unidos avanza. Nos guste o no el «socialismo chino» humilla al capitalismo occidental. Decididamente el «fin de la historia» puede ocultar otro.

Notas :

[1] Francis Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme, 1993, Flammarion.

[2] Michel Aglietta et Guo Bai, La Voie chinoise, capitalisme et empire, Odile Jacob, 2012, p.17.

[3) Ibidem, p. 186.

[4] Valérie Niquet, «La Chine reste un régime communiste et léniniste», France TV Info, 18 octobre 2017.

[5] Jean-Louis Beffa, «La Chine, première alternative crédible au capitalisme», Challenges, 23 juin 2018.

[6] Dominique de Rambures, La Chine, une transition à haut risque, Editions de l’Aube, 2016, p. 33.

[7] Philippe Barret, N’ayez pas peur de la Chine !, Robert Laffont, 2018, p. 230.

[8] Michel Aglietta et Guo Bai, op. cit., p.117.

[9] Richard Hiaut, «Comment la Chine a dupé Américains et Européens à l’OMC», Les Echos, 6 juillet 2018.

Fuente: https://www.legrandsoir.info/le-socialisme-chinois-et-le-mythe-de-la-fin-de-l-histoire.html

https://www.leerydifundir.com/2025/04/socialismo-chino…-fin-la-historia/

Perú: Una visión estratégica, por favor

Pedro Fra​ncke

"El Perú debe sacarse la mirada distorsionada del modelo neoliberal"

Durante casi cuatro décadas la economía mundial estuvo regida por las leyes del hiperglobalismo neoliberal: libre comercio internacional y de flujo de capitales, mandatados por la Organización Mundial del Comercio –OMC– y los TLC, Tratados de Libre Comercio. En este periodo el Perú retornó a un modelo exportador de materias primas bajo la primacía de la minería, que redundó en desindustrialización y bajo crecimiento. China, en cambio, aprovechó la oportunidad para crecer aceleradamente en base a un despegue manufacturero asombroso hasta convertirse en la primera economía del mundo. Otra enorme diferencia entre Latinoamérica y China ha sido la tecnológica. De este lado del Pacífico se apostaba por que todo lo resolviera la inversión extranjera, con unos pocos grupos nacionales corriendo la ola de las nuevas tecnologías para reforzar posiciones monopólicas. China aprovechó para apropiarse de todo el conocimiento técnico de los países desarrollados e invirtió fuerte hasta constituir una dinámica poderosa de innovación.

Simultáneamente a este desarrollo primario-exportador minero, un nuevo sector creció fuertemente en Perú las últimas décadas: la agroexportación. Productos frescos para el consumo como arándanos, uvas, paltas (avocados), mangos, mandarinas, café y cacao. La agroexportación se ha concentrado en grandes latifundistas, pero también ha alcanzado un sector aún reducido de pequeños y medianos productores. Genera empleo, pero de muy mala calidad y con mucho abuso, y mantiene exoneraciones tributarias que hoy pretenden mantenerse gracias a un poderoso lobby.

Esta evolución económica ha generado dos problemas centrales en Perú. Por un lado, un muy escaso nivel de empleo formal con derechos (algunitos nomás ya que a quien hace un sindicato lo despiden), y una amplia mayoría de informales, microempresas y trabajadores independientes de baja productividad y bajos ingresos. Por otro lado, un Estado raquítico, con una presión tributaria que no llega a 15% del PBI, incapaz de brindar seguridad, educación, salud pública o infraestructura suficiente. Ambos generan una gran desigualdad y se conjugan en una crisis del Estado-nación. Hoy no solamente tenemos un gobierno totalmente ilegítimo sino que enfrentamos un problema de mayor calado, ya que la desigualdad, ineficacia estatal e ilegitimidad de la democracia han generado una explosión crítica de inseguridad ciudadana y bandas criminales.

Estando el Perú, y buena parte de Latinoamérica, en medio de nuestra propia crisis, EE.UU. ha dejado de lado toda pretensión de “libre comercio”. Busca frenar a China, arrebatar recursos estratégicos y forzar políticas de su interés sobre los menos poderosos que están geográficamente cerca. Hoy Trump expresa intereses imperiales muy claramente, la democracia no le importa ni en su propio país y menos afuera, no respeta las leyes internacionales y busca imponerse abiertamente por la fuerza. Para el Perú son graves sus amenazas de subir aranceles a productos agropecuarios. Tendría poco sentido que Trump incluya los productos peruanos porque se trata de alimentos en los que EE.UU. no llega a autoabastecerse, en especial durante el invierno, que es cuando el Perú concentra sus exportaciones. Pero la sinrazón es algo que puede suceder de la mano de Donald Trump.

Siendo urgente para nuestra economía una política frente a los riesgos, es importante una mirada a mediano y largo plazo. La transición energética mundial nos da oportunidades: cobre a buen precio internacional y demanda por energías sostenibles para las que tenemos buenas condiciones. Pero hasta el momento no le estamos sacando provecho. Ni siquiera hacemos que la minería tribute lo justo ante precios de los metales por la estratósfera. El Perú debe sacarse la mirada distorsionada del modelo neoliberal y tener visión estratégica. Desde luego que para eso se requiere que como país tengamos primero una estrategia de modernización económica y que nuestros recursos los aprovechemos para nuestro desarrollo en vez de estarlos rematando sin ton ni son. El desarrollo y diversificación productiva y el avance tecnológico, la defensa de nuestra industria y agro, y la inversión en buenas infraestructuras sin robo de por medio, deben entrar en la agenda. Es en ese sentido que debemos reorientar nuestras relaciones con China mientras mantenemos una postura necesariamente defensiva antes las posibles agresiones de los Estados Unidos.

El otro gran tema que ya nos toca las puertas es la Inteligencia Artificial (IA).  La IA genera oportunidades de aumento de la productividad de manera amplia, y para las pymes y la agricultura –sectores claves que brindan sustento a la mayor parte de las familias peruanas– puede mejorar las actividades de promoción de tecnologías y mejoras en la gestión de negocios. Por otro lado, hay el riesgo de que con la IA se sustituyan trabajadores en servicios que generan empleos, como los “call centers”. La tecnología debe ser regulada para orientarla hacia los objetivos sociales. Para el Estado y su relación con la ciudadanía, servicios claves como educación y salud pueden avanzar mucho en calidad con ayuda de la Inteligencia Artificial y gran parte de la administración pública podría mejorar su atención al público. La IA también genera riesgos a la democracia: empodera a quienes controlan las redes sociales y permite generar deepfakes. También acá hay fuerte conflicto entre Estados Unidos y China. El veto de Estados Unidos a Huawei y a TikTok, las prohibiciones de que empresas de EE.UU. vendan microchips de alta potencia y la respuesta de China con DeepSeek son claras muestras de ello.

La Inteligencia Artificial va a afectar las economías, la sociedad, la política y la seguridad nacional. El conflicto China-EE.UU. en este ámbito es una ola creciente que golpeará nuestras costas y debemos aprovecharlo en nuestro favor. Una estrategia soberana es indispensable al respecto, incluyendo una regulación del uso de los datos que cotidianamente regalamos a los nuevos monopolios mundiales de esta era de la información.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 726 año 15, del 28/03/2025

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Perú: Riesgos de este año

Pedro Francke

Tenemos nuevo ministro de economía. ¿A qué se enfrenta este 2025? A mi juicio, hay dos grandes retos económicos del momento. El primero y más importante es recuperar los niveles de empleo e ingresos familiares que teníamos antes del covid-19. Han pasado tres años desde que logramos una vacunación masiva para acabar con esta pandemia y todavía hay tres millones más de pobres que el 2019 y hemos llegado a casi 10 millones de peruanos en pobreza. El 2024 la industria y la construcción produjeron 4 por ciento menos que el 2022, es decir estos sectores todavía han estado recesados y, obviamente, a menos producción, menos empleos. Las condiciones para las micro y pequeñas empresas de las ciudades y para la pequeña agricultura familiar no han mejorado, con una mayoría de gente sobreviviendo en la informalidad ante la ausencia de oportunidades mejores. Es ahí donde trabaja la mayor parte de peruanos y por eso son esos sectores los que deben ser priorizados por la política económica.

El otro gran reto es recuperar la presión tributaria y reducir el déficit fiscal. En el 2023, el primer año del cogobierno Boluarte-Congreso, los ingresos del Estado cayeron 2,3% del PBI y volvieron a caer otro 0,4% el 2024, producto de las exoneraciones tributarias, perdones de deudas y escasos cobros a los perromuerteros. Esos dos años suman 5 mil millones de soles perdidos. Esa es la causa principal de que hayamos cerrado el 2024 con un déficit público de 3,6 % del PBI, muy por encima de la meta que el propio gobierno se puso a sí mismo a mediados de año. No es que hayan aumentado los gastos corrientes del Estado, que incluyen las remuneraciones y servicios: el 2024 estos han sido 1% del PBI menos que el 2022. Tampoco se debe a las empresas públicas, que según las estadísticas publicadas por el BCR han cerrado el 2024 en azul, no en rojo. Las cifras no respaldan la campaña del grupo “El Comercio” y la derecha mediática en estos dos temas. Lo que dicen muy claramente los datos es que el problema del mayor déficit se debe a que la recaudación de impuestos, que ya en el 2021 era bajísima estando 10 puntos por debajo del promedio latinoamericano, se ha desplomado, mientras los presupuestos reales en sectores claves como salud y educación siguen bajísimos. No hay democracia viable en estas condiciones.

Una buena política económica, sin embargo, no puede considerarse de manera aislada. Por ejemplo, en el 2020-2021 el gran reto era acabar con la pandemia y ayudar a las familias a sobrevivir esa crisis. Lo más importante eran la salud pública y la protección social, y la política económica debía orientarse a apoyar esos objetivos. Hoy el mayor problema del Perú es la inseguridad ciudadana y el deterioro de la democracia, lo que debe tenerse claro para una buena definición de la política económica. No corren por cuerdas separadas la economía, la inseguridad y la democracia: están relacionadas. Las condiciones de desesperanza y de inequidad empujan a miles a la ilegalidad y generan rechazo al sistema de gobierno. Son grandes factores sociales que operan de manera invisible pero potente, como una lluvia que debilita una ladera hasta provocar un huaico. Por eso, la política económica debe apoyar a la solución de estos dos grandes problemas promoviendo con fuerza el progreso social y la reducción de la desigualdad, garantizando salud y educación de calidad. El otro es el presupuesto público necesario para modernizar nuestro sistema de seguridad y justicia. Claro que, en ambos frentes, lo más importante es una buena estrategia y una buena gestión. Que el sector economía brinde el apoyo necesario solo funciona en esas condiciones (con este ministro del interior, toda la plata del mundo no nos lleva ni a la esquina).

Para completar el panorama hay que tener claro, además, que el 2025 enfrentaremos un escenario más complicado para la economía nacional. Veo dos grandes riesgos. El primero es Trump: nada está descartado con ese matón impulsivo de presidente de los Estados Unidos, y puede –es una posibilidad– golpearnos duro. Para él somos nada y no tendrá ninguna consideración. Hará simplemente lo que se le ocurra. Que tengamos un TLC firmado no es garantía de nada, si aplicó un 25% de aranceles, una tasa fuerte, a México y Canadá con quienes el propio Trump firmó un acuerdo renegociado hace cinco años, y amenazó a Colombia con medidas hasta más duras, teniendo ese país un TLC casi idéntico y suscrito en el mismo tiempo que el Perú. Ya sus voceros han realizado fuertes amenazas en relación al puesto de Chancay. Aun cuando no tome medidas específicas contra nuestro país, el comercio mundial se está viendo golpeado y hay mucha más incertidumbre en la economía global, afectando al Perú en consecuencia.

El segundo es el congreso, los partidos que lo dominan y los grandes intereses y lobbies que ahí se mueven, como los de las grandes agroexportadoras y la minería, formal e informal. Recordemos que es un año preelectoral, para los congresistas este año es casi el fin de fiesta: ahora o nunca. Aumenta por eso la posibilidad de medidas populistas y regalazos a quienes pueden darles millones para sus campañas. Ya hemos visto cómo este congreso ha aprobado millonarias exoneraciones tributarias sin mayor resistencia de Dina Boluarte, y sabemos que hay varias más en trámite en las distintas comisiones. No será un año fácil ni tranquilo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 719 año 15, del 07/02/2025

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Perú: 4 décadas escribiendo sobre economía

Pedro Francke

Este año cumplo cuatro décadas de publicar artículos de análisis de la economía peruana. En realidad empecé antes, cuando, como estudiante, sacábamos un periódico mural, colocado a la entrada de la facultad donde estudiaba. Fue una bonita experiencia, pergeñando ideas, tanteando argumentos, probando títulos y secciones. Era el segundo belaundismo y, tras un par de años de desmontaje de reformas claves del velasquismo y un primer intento neoliberal, la economía se vino abajo: en 1983 el PBI cayó 12 por ciento y la inflación se disparó al 125 por ciento. Para toda Latinoamérica se cerró abruptamente el financiamiento externo y la crisis de la deuda azotó a la región. Las discusiones claves eran las negociaciones con la banca internacional y el FMI, cuyas políticas agravaron la recesión.

Un par de años después, ya egresado y con Alan García de presidente, empecé a colaborar con dos medios de la izquierda de entonces. Uno fue el semanario “Amauta”, entonces dirigido por Santiago Pedraglio y posteriormente por Raúl Wiener, donde escribí unos cuatro años. Era un semanario político vinculado a la Izquierda Unida y al Partido Unificado Mariateguista, una de sus bases principales, donde yo solía escribir notas cortas sobre coyuntura económica. Más longeva fue mi colaboración en “Actualidad Económica”, una revista mensual que agrupaba a varios economistas de izquierda. Fue dirigida en varios momentos por Óscar Ugarteche, Armando Pillado, Humberto Campodónico y Beto Graña, y hasta 1992 yo solía escribir un artículo mensual sobre los problemas de la deuda externa, los contratos petroleros, nuestro comercio exterior y el mercado de cambio de soles por dólares. Todo ese periodo también fue de intenso debate. Primero frente a la propuesta heterodoxa de Alan García que logró una reactivación que resultó insostenible debido a una caída continua de nuestras reservas internacionales que llegó a un punto crítico en 1988. Antes, García había intentado arreglarse con los grandes grupos económicos llamados “los doce apóstoles”, tras cuyo fracaso tanteó la fallida “estatización de la banca”. Un paquetazo de septiembre de 1988 mandó los precios a las nubes, desató la hiperinflación, golpeó brutalmente los salarios y pensiones reales y produjo una recesión gigantesca: el PBI cayó en dos años la cifra récord de 25 por ciento. En la situación más delicada, la Izquierda Unida se dividió y Fujimori nos estafó prometiendo una política de “no-shock” para luego aplicar un paquetazo de alza de precios y nuevamente aplastar salarios e ingresos campesinos. Otra política de estabilización era posible sin sacrificar las economías populares y la crítica y la alternativa (bautizada como “plan Amaru”) fueron defendidas con sustento y pasión en las páginas de “Actualidad Económica”.

Luego del autogolpe de 1992, Fujimori persiguió agresivamente al director adjunto de entonces, Farid Matuk, acusándolo sin ningún fundamento de senderista. La revista necesitaba apoyo y decidí asumir ese rol como una nueva forma de activismo. Fue una experiencia fantástica trabajar varios años con Óscar Dancourt, su director, quien después cumpliría funciones como presidente del Banco Central. Aprendí discutiendo cada coyuntura económica y política. Fui el subdirector varios años, hacía una sección de notas pequeñas, monitoreaba a los colaboradores, organizaba una sección estadística, escribía lo mío. Las reuniones mensuales de discusión con un grupo de grandes economistas como Javier Iguíñiz, Jürgen Schuldt, Bruno Seminario, Waldo Mendoza, Félix Jiménez, Kurt Burneo, Humberto Campodónico y varios otros eran geniales. Desde la crítica a la política económica neoliberal, a la supresión de derechos laborales y las privatizaciones corruptas, insistimos en alternativas que pusieran por delante el empleo y los ingresos de trabajadores y agricultores. Para el registro: los artículos firmados esos años por “Juan Robles” son míos. Usé ese seudónimo tras algunas amenazas fujimoristas de quitarme mi empleo (que no podía arriesgar teniendo tres hijas menores).

Derrotada la dictadura fujimorista, en este milenio he pasado por varias colaboraciones y aventuras editoriales. La revista “Actualidad Económica” dejó de salir pero el grupo se mantuvo varios años rotándonos una columna interdiaria en “La República” bajo el mismo nombre, mientras seguíamos reuniéndonos para discusiones mensuales. Luego promoví una nueva publicación, que se llamó “Bajo la Lupa”, con un formato distinto que en cada número abordaba una problemática. Por ejemplo, ‘El Trabajo en el Perú’, ‘La Minería y las Comunidades’ y ‘La Amazonia’. Un grupo que, sin más apoyo que nuestra voluntad comprometida, armó cada edición mes tras mes durante casi tres años. Magaly Zevallos, Armando Mendoza, mi querida hermana Marfil y varios amigos más fueron los protagonistas. Cerrada esa experiencia, otras dos publicaciones me convocaron. Una fue “Otra Mirada”, una de las primeras publicaciones en formato electrónico con artículos de análisis, donde colaboré y fui parte de su comité editorial hasta el 2010. Luego pasé varios años colaborando con “Diario Uno”, después “La Primera”, con columnas una o dos veces a la semana.

Quizás los párrafos anteriores tienen algunos errores e importantes omisiones y ruego me disculpen porque mi memoria siempre ha sido bastante imperfecta. En todo ese tiempo hubo algunas interrupciones, en particular cuando me tocó cumplir función pública. Como ustedes saben, ahora escribo en “Hildebrandt en sus Trece”. Lo hago casi desde que comenzó a salir este semanario, estimo debo ir ya por unas seiscientas entregas. La nueva realidad me ha llevado también a intentar breves columnas con formatos audiovisuales de circulación en redes sociales y en la cuenta @pfrancke en YouTube hay una serie de conferencias sobre temas de la economía peruana.

¿Qué afanes me han impulsado? Por un lado, una creencia en que un futuro mejor, más justo y de bien común pasa por un conocimiento democratizado. La salida de fondo a la crisis que vivimos demanda una amplia participación democrática de una ciudadanía que tenga buena información y análisis. La economía es un tema primordial pero puede resultar árido para muchas personas, al mismo tiempo que provoca mucha opinión sin sustento, o, más llanamente, ‘fake news’. Aunque se suele reservar la economía a los expertos, parafraseando a Clemenceau, quien dijo que “la guerra es demasiado importante para dejársela a los generales”, la economía es demasiado importante y en su entendimiento entran en juego muchos valores fundamentales como para confiársela sin control ciudadano a ‘especialistas’. El balance entre democracia y meritocracia, en este asunto, es delicado y difícil, pero personalmente mi apuesta de largo plazo es por más ciudadanía.

Mi otra convicción es que la política, como espacio de definiciones colectivas, es esencial, y que la economía es importante para la política. Durante mucho tiempo se repitió en el Perú la tontería de que la política y la economía iban por cuerdas separadas. Nunca ha sido así. El bienestar y progreso de los pueblos depende muchísimo de las políticas económicas, que son política. Los intereses particulares –como hoy lo hacen los grandes agroexportadores y empresas mineras–, buscando no pagar los impuestos justos, financian campañas, periódicos y canales de TV, hacen lobbies y compran congresistas, logran leyes a su favor y cuentan con policías a su disposición. Además, la evolución de la economía explica buena parte de la política. El pueblo vota también pensando en su bolsillo. Tener un mejor gobierno requiere, como un punto esencial, una mejor política económica y un buen manejo de la economía política y por eso este tema hay que discutirlo ampliamente en la ciudadanía, con el mejor entendimiento posible.

El gran reto para mí es difundir conocimiento. No caer en el texto difícil que casi nadie entiende, pero tampoco en la frase publicitaria que puede ser pegajosa pero que no ayuda a la reflexión sino sólo a una reacción emocional. En ese intento seguiremos.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 716 año 15, del 17/012/2025

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Perplejidades del «milagro argentino»

Atilio A. Boron

El gobierno de Javier Milei ha cumplido un año y el balance difícilmente podría ser más desolador. El “ajuste más grande que tuvo la humanidad”, tal como lo calificara con mucho orgullo el presidente en su discurso, ha reducido el PBI en por lo menos un 4 %; desplomado el consumo de las clases populares; pauperizado a grandes segmentos de las capas medias; provocado la desaparición de casi trescientos mil puestos de trabajo y el cierre de 16.500 pymes y 10.000 kioscos. La gente come mucho menos carne, los niños toman mucho menos leche: un millón de éstos se van a dormir sin cenar, y según la UNICEF la cifra asciende a cuatro millones y medio de personas si se toma en cuenta a los adultos. Con ingresos cada vez más recortados las familias deben gastar mucho más que antes en agua, gas, electricidad, telefonía y transporte. Quien tenga la desgracia de enfermarse tendrá grandes dificultades para ser atendido en el hospital público, con presupuestos ferozmente recortados y su personal luchando desde hace años por una imprescindible recomposición salarial.

Agréguese a lo anterior que las cuotas de la medicina prepaga se fueron a la estratosfera y por eso ya son legión aquellas familias clasemedieras que antes podían pagarla pero ya no más, y que ahora se dirigen infructuosamente al hospital público. Esto para ni hablar del precio de los medicamentos requeridos por la población -sobre todo de la tercera edad- otrora distribuidos gratuitamente por el PAMI y hoy reducidos a una mínima expresión. La imagen de abuelos y abuelas rogando que en las farmacias les vendan un blíster o le regalen una muestra médica porque no pueden pagar el medicamento se ha convertido en un clásico del panorama social de la Argentina libertaria. Enfermos necesitados de remedios oncológicos se tropiezan con la indiferencia de un gobierno que ha hecho de la crueldad uno de sus rasgos definitorios. Y si se habla de la educación el gobierno ha profundizado hasta límites desconocidos el desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles, siendo el ataque a las universidades nacionales uno de sus objetivos más encarnizadamente perseguidos. La situación es igualmente alarmante si se habla de la educación escolar y la escuela secundaria, también afectadas por un desfinanciamiento que viene de largos años. ¿Cómo es posible que en el distrito más rico de la Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus escuelas públicas no tengan suficientes vacantes para atender a la población infantil?

Ante una situación como ésta, en la cual el Estado se desentiende de las funciones esenciales que garantizan el bienestar de su población (cosa que no ocurre en los capitalismos metropolitanos) no deja de sorprender la indiferencia oficial ante tanto sufrimiento. Pero basta con recordar que el emblema que sintetiza la ideología de este gobierno es “donde hay una necesidad hay un mercado”, frase que la Casa Rosada contrapone al supuesto “exceso populista” de Evita, cuando dijo con razón que “donde hay una necesidad nace un derecho”, algo que constituye una legítima reivindicación democrática. Aquel emblema, que emparenta la necesidad con el mercado, demuestra la ignorancia que prevalece en las filas del oficialismo, su fenomenal desconocimiento de la historia del capitalismo “realmente existente”, que nada tiene que ver con las idílicas imágenes de diligentes empresarios privados respondiendo a los estímulos de mercados, promoviendo el bienestar general y actuando en el marco de una total deserción de estados cuya única preocupación es que ninguna regulación gubernamental entorpezca el accionar de estos “héroes” civilizatorios La idea de que la necesidad genera un mercado no sólo es empíricamente errónea, también adolece de una imperdonable inmoralidad.

La lista de los horrores producidos a lo largo de este primer año de gobierno libertario sería interminable. Me abstengo de hablar de la política exterior porque en este caso el catálogo de aberraciones y chapucerías sería aún más extenso. En lo social, este experimento ha producido ricos más ricos gracias a la enjundia con que Milei luchó para “agrandar sus bolsillos”; y pobres mucho más numerosos -mínimo la mitad de nuestra población, con una metodología que subestima las dimensiones reales de la pobreza- y también más pobres que antes. No es el socialismo sino el “anarco-capitalismo” gobernante el que merece el adjetivo de “empobrecedor”, que Milei adjudica a todo gobierno progresista o de izquierda. ¿O hay alguna duda que la gran mayoría de los argentinos hemos sido empobrecidos por este gobierno? Aparte de eso ¿cómo calificar a destrucción del sistema científico, el ataque a las artes y a la cinematografía, el desprecio por todo lo que se aparte de esa lógica bolichera que reduce las más excelsas creaciones del género humano a la condición de mercancía, objetos sólo valiosos en la medida en que puedan ser fuente de lucro? Ese es el verdadero significado de la batalla cultural que proponen los libertarios. No deja de ser asombroso que este verdadero desastre económico, social, cultural y político producido en apenas un año haya sido calificado por el presidente como “el milagro argentino”. Una frase que, sin duda, pasará a la historia, seguramente que no por buenas razones.

Para terminar permítame decir unas palabras sobre las cifras que el presidente tiró al voleo en su discurso. Reparemos apenas en aquellas relacionadas con la inflación, en donde el tenebroso número de 17.000 por ciento aparece por enésima vez como un espectro terrible que se agita en el fondo de la caverna donde se guardan las pócimas mágicas del “anarco-capitalismo”. Es evidente que Milei busque fortificarse apelando al “éxito” de su combate a la inflación. La última cifra, de noviembre, fue de 2.4%, y fue celebrada en la Casa Rosada como un logro histórico. Pero una somera mirada al vecindario aporta un necesario baño de sobriedad ya que demostraría que, por ejemplo, en octubre ese valor fue del 0.33 % en Uruguay, 0.56 % en Brasil y 1 % en Chile, al paso que en Colombia el indicador fue negativo: -0.13 %. Se comprende la necesidad que tiene este gobierno de convencer a la opinión pública que ha controlado a la inflación dado que su victoria en el balotaje del año pasado se explica en buena medida por la ineptitud del gobierno del Frente de Todos para contener ese flagelo. Pero presentar como positivo un índice de inflación mensual que es unas ocho veces superior al de Uruguay y casi cinco al de Brasil suena como un tanto excesivo, para decir lo menos. Además, tanto Milei como sus numerosos voceros en el ecosistema mediático amén de los políticos que avalan sus proyectos en el Congreso y en las provincias mucho se cuidan de decir que el relativo control de la inflación es resultado de la terapia de shock que castiga al conjunto de la economía. La caída en los niveles de consumo a causa del deterioro en los salarios del sector formal e informal y de los haberes jubilatorios tuvo como efecto reducir el consumo y de este modo “planchar” los precios, creando la ilusión de que la inflación -que tiene causas estructurales y no es un tema de exceso de emisión monetaria como dice el gobierno- ha sido derrotada. La inflación es expresión de la puja distributiva y refleja el control que los oligopolios formadores de precios ejercen sobre los mercados, mismos que en el momento actual pueden actuar a su antojo sin temer ningún tipo de regulación gubernamental. Que hay un cambio de tendencia en los índices de la inflación es indudable; pero ni se la derrotó ni nada autoriza a pensar que ni bien se supere la recesión actual la inflación no vaya a retornar con renovados bríos. Los factores estructurales que la explican no han sido controlados en lo más mínimo por un gobierno que concibe a su misión como “destruir al estado desde dentro” y que se desvive por eliminar todas las restricciones que las autoridades deben imponer para evitar el darwinismo social de mercado, una de cuyas consecuencias es precisamente la inflación.  

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/789815-perplejidades-del-milagro-argentino

https://www.leerydifundir.com/2024/12/perplejidades-de…ilagro-argentino/

Perú: Dos años de desastre económico

Pedro Francke

Se cumplen dos años de gobierno de Dina junto a Keiko y Acuña. Sumando el crecimiento económico de estos dos años, el negativo de 0,6 del año pasado más el 3 de este año, juntos alcanzan 2,4 por ciento: apenas 1,2 por ciento promedio por año. Dado que la población sigue aumentando es apenas un 0,2 por ciento de crecimiento anual del PBI per cápita. Como quien dice, cero.

Dijeron que seríamos uno de los países de mayor crecimiento de la región, pero resultamos ser de los últimos. Según el Banco Mundial, en estos dos años Bolivia crecería 6,7 por ciento, Brasil 5,9 por ciento, Colombia 7,9 por ciento, México 6,9 por ciento, todos ellos más del triple que el Perú. Los datos de crecimiento económico en la región del 2023, ya definitivos, nos colocan en el puesto 31 de 33 países, solo encima de Argentina y Haití. La CEPAL, en su reciente informe del “Panorama Social de América Latina”, muestra que en 2023 fuimos los primeros en pobreza y en pobreza extrema. Insisto: de todos los países de la región, fuimos los primeros en aumento de la pobreza y la extrema pobreza.

Pongamos el foco en este año. La agricultura, en el tercer trimestre de este año, el último para el que hay datos del INEI de su “informe de coyuntura”, ha caído 1,7 por ciento, y este es el sector del que vive casi una cuarta parte de los peruanos. La manufactura produjo 3 por ciento menos que el 2022, ya que todavía no se recupera de la tremenda recesión del año pasado, y lo mismo pasa con la construcción. No es por gusto que en la última CADE la presidenta fue rechazada por el 97 por ciento de los presentes y ni ella ni su premier ni su ministro de economía se atrevieron a ir, algo que no pasaba en muchos años. Hasta quien esto escribe –que por querer cobrar impuestos y defender a los trabajadores y el medio ambiente no tenía muy buena acogida en la Confiep–, junto con la entonces primera ministra Mirtha Vásquez, fue a la CADE a dialogar con los empresarios. Claro que en nuestro caso los resultados eran muy distintos, con un crecimiento acelerado que ese 2021 llegó al 13,3 por ciento y una fuerte reducción del déficit fiscal gracias al cobro de deudas tributarias. El pésimo resultado económico del 2023-2024 le ha pasado factura al gobierno dentro del cogollo empresarial que, en un inicio, lo apoyó entusiastamente a pesar de las decenas de muertos que había dejado tirados en el sur.

¿Y los trabajadores? Según el último “informe del empleo nacional” del INEI, con datos al tercer trimestre del 2024, en este año de “crecimiento económico” los puestos de trabajo en empresas han aumentado 0,7 por ciento, otra cifra insignificante que no llega ni a la décima parte de lo que creció la población en edad de trabajar. Es decir, 9 de cada 10 peruanos que se han sumado este año a la fuerza laboral potencial no han encontrado empleo y han tenido que inventarse alguna forma de sobrevivir. Si se pone el foco del análisis en empresas de más de 50 trabajadores, más formales, la situación es peor, ya que estas grandes empresas han reducido en 33 mil sus puestos de trabajo. Otro indicador básico de empleo digno, el del número de trabajadores con seguro de EsSalud, muestra una caída en el porcentaje de quienes tienen ese respaldo del orden del 0,3 por ciento, lo que significa unos 5 mil trabajadores menos con seguro social de salud. Puras cifras rojas en este tema crucial.

POLÍTICA ECONÓMICA Y SUS SOSTENEDORES

Este cogobierno Boluarte-Congreso se ha impuesto impidiendo el adelanto de elecciones que la ciudadanía exigía e imponiéndose con 50 asesinatos. Este bloque representa los intereses de la nueva oligarquía peruana, centrada en el núcleo minero-financiero-agroexportador. Por ello favorecen los intereses de esos grupos, profundizando las políticas neoliberales y el extractivismo. Ya teníamos un modelo económico que genera alta desigualdad, concentra beneficios en pocos grupos, mantiene salarios deprimidos, niega derechos sociales y laborales fundamentales, descuida la educación y la salud pública, invierte poco en carreteras y comunicaciones y produce serios daños ambientales. Esto se ha agravado. Medidas principales para ello han sido exonerar a los agroexportadores de cientos de millones de soles anuales de contribuciones a EsSalud, perdonar 12 mil millones de soles a los grandes deudores tributarios, frenar cualquier intento de reforma tributaria orientado a que las trasnacionales mineras y los billonarios contribuyan lo justo, congelar el salario mínimo y erosionar las tímidas regulaciones ambientales existentes. Los resultados no han sido buenos ni siquiera desde el punto de vista de la economía neoliberal.

Donde las cosas han ido definitivamente para peor es en el terreno fiscal. Perú ya tenía un serio problema al tener muy pocos recursos fiscales para atender la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la infraestructura. El 2022 los ingresos tributarios totales eran 19,2 por ciento del PBI frente al promedio de 34 por ciento en la OCDE (33 por ciento en Brasil, 30 por ciento en Argentina, 24 por ciento en Chile). Ya estábamos mal y esa fue una de las grandes razones por las cuales –con un gasto en salud bajísimo, pocos médicos y camas hospitalarias en relación a nuestros vecinos– la mortalidad por el covid en Perú fue el doble que el promedio latinoamericano. Si ya estábamos mal, con este gobierno todo ha empeorado. El 2023 la presión fiscal peruana cayó en 2,3 por ciento del PBI y este año otro 0,4 por ciento. Hemos ido como el cangrejo en forma acelerada. Esto ha hecho que el déficit fiscal, que el 2022 fue un 1,7 por ciento del PBI, se haya elevado hasta 4,1 por ciento del PBI, más de 40 mil millones de soles. Una ley aprobada por este Congreso el 2022 estableció que el déficit este año no debía sobrepasar el 2,0 por ciento este año. Lo cierto es que es el doble de esa cifra. Es el resultado de haber dado enormes beneficios tributarios a las grandes empresas, política que el Congreso quiere profundizar bajo la batuta del fujimorismo. En estas condiciones, las posibilidades de que haya un aumento de presupuesto para atender las necesidades urgentes en la educación pública, los sistemas de salud, la seguridad ciudadana y las inversiones en transportes, agua potable, vivienda y otros son inexistentes. En particular para la atención de salud, que todos necesitamos, el presupuesto real aprobado para el 2025 muestra un retroceso.

Todo esto ha pasado mientras los precios de los metales y otras materias primas que exportamos, como el oro y el cobre, baten récords. Muchas más ganancias para las trasnacionales, pero muy poco de eso queda para el Perú. Cuando tuvimos un boom de precios internacionales entre 2004 y el 2013, aumentó el aporte de las mineras y el déficit fiscal se redujo y la economía creció aceleradamente, aunque con mucha desigualdad y contaminación. Con este gobierno, la profundización del modelo neoliberal extractivista nos deja más daños y ningún beneficio. Nuestra mejor alternativa es que Dina se vaya lo antes posible y tengamos un cambio de verdad.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 712 año 15, del 06/12/2024

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Perú: La orgía fiscal del Presupuesto

Pedro Francke

La ley del presupuesto 2025 tenía que aprobarse por el Congreso esta semana, ya que la Constitución establece que el plazo es el 30 de noviembre. Este proceso siempre ha tenido cierta dificultad para asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos, lo que requería manejar con cuidado la relación entre Poder Ejecutivo y Congreso, pero se hacía. Este año, como en tantos otros aspectos, ha sido el descalabro. El problema de base es que ya no hay equilibrio de poderes, ahora quien manda es el Congreso y el Ejecutivo es su esclavo, de tal manera que cada uno de los 130 congresistas puja por dinero para su propio interés. Resultado: desarreglo absoluto que termina en un arroz con mango de tamaño descomunal.

Ya este año 2024 hemos visto claramente un descontrol presupuestal. A fines del año pasado se aprobó el presupuesto 2024 estableciendo que el déficit público no podía pasar de 2 por ciento del PBI, unos 20 mil millones de soles. Pero resulta que ese déficit está siendo el doble, más de 40 mil millones. Como se ve, no es una “pequeña violación de la ley”: son 20 mil millones de soles de déficit en exceso, más que todo lo que se destina a los cientos de inversiones en educación, salud y saneamiento. ¿Cómo es esto posible habiendo una ley expresa que establecía ese tope de 2 por ciento? Fácil: al que ha hecho la ley, el Congreso, no le importa que se viole su propia ley, dado que eso es producto de que se cumplen sus mandados. Para suavizar este problema el Congreso hacia mediados de año le permitió al Poder Ejecutivo que fijara el tope de déficit que quisiera. Se autofijaron un máximo de 2,8 por ciento y no lo van a cumplir. Igual no pasa nada: nadie pedirá que rindan cuentas ni habrá ninguna investigación ni reclamo. Recordemos que el actual ministro cumplió funciones y estuvo varias veces subordinado a Luis Carranza, el vocero económico de Keiko Fujimori durante la campaña de 2021. En esas condiciones, como en el virreinato, la ley se acata pero no se cumple.

El nuevo presupuesto del 2025 fue preparado por el MEF bajo la obligación, establecida en una ley previa llamada “de responsabilidad fiscal”, de que el déficit público para el próximo año no debe pasar de 2,2% del PBI. Antes de que entrara este cogobierno Congreso-Boluarte ese tope legal era de 1,5%, pero como un primer mecanismo para legalizar su irresponsabilidad fiscal lo subieron hace unos meses a 2,2%, unos 7 mil millones de soles adicionales que, como se sabe, significan mayor endeudamiento público, mayor carga sobre las espaldas de los futuros gobiernos y las de los ciudadanos, para los años venideros. Pero aun con este tope más alto, si este año 2024 se está violando la meta por más del doble, ¿qué posibilidades hay de que el 2025 se cumpla la ley? Desde que se instaló este cogobierno Dina-Keiko-Acuña han aumentado el déficit anual en 26 mil millones de soles. Es increíble pensar que de repente en un año preelectoral van a recortar el gasto público en 15 mil millones o se van a dedicar a cobrar todos los impuestos que han regalado. Así, es seguro que el próximo año se volverá a incumplir la meta fiscal, a pesar de que los precios del cobre y el oro están por los cielos y eso significa que esas mineras aumentarán sus pagos de impuestos, aunque siempre muy por debajo de lo que sería justo.

El asunto es tan grave que el propio ministro de Economía ha dicho que en esta ley de presupuesto 2025 se están aprobando obligaciones de gasto por 20 mil millones de soles, que están en diversos artículos de la ley, pero sin que se haya incluido esos montos de gasto en el rubro correspondiente. El Congreso aprueba un presupuesto que dice es de 251 mil millones, incluyendo menores porcentajes para la salud pública, pero al mismo tiempo introduce una serie de dispositivos que obligan a gastar más. Se trata de bonificaciones de diversos rubros de la planilla para los amigos de uno u otro congresista y proyectos extra que le caen como anillo al dedo a algún contratista amigo. Para los gobiernos regionales y municipalidades les han dado un presupuesto adicional mediante un pretexto que malogra todo el sistema presupuestal, el uso de los llamados “saldos de balance”, de tal manera que ahora el presupuesto del 2025 no está separado del 2024 sino que se traslapan ambos, generando un desorden administrativo.

En estas circunstancias, el presupuesto 2025 recién aprobado es como papel mojado. Con toda seguridad el Congreso aprobará muchos adicionales de gasto, lo que en el Perú se conoce como “créditos suplementarios”. Van a controlar eso de cerca. Es de esa forma como los actuales congresistas le dan legalidad y viabilidad a la farra fiscal en la que están empeñados, cada uno jalando agua para su molino. Para agravar las cosas, las presiones aumentan para aprobar nuevas exoneraciones tributarias, lo que trae como consecuencia ineludible reducir ingresos y ampliar más el déficit. La comisión de agricultura del Congreso está discutiendo la propuesta del fujimorista ministro del sector para regalar 1,800 millones de soles anuales a los agroexportadores, adicionales a los 400 millones anuales que ya se vienen llevando y que nos sacan a los asegurados de EsSalud, ya que es a este fondo al que no contribuyen como corresponde. En la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el fujimorismo, también quieren ampliar la exoneración de impuestos a los grandes hoteles, lo que nos cuesta más de 700 millones al año. Tras la inauguración del puerto de Chancay, los empresarios piden que les exoneren del impuesto a la renta, quieren llevarse todas sus ganancias sin dejar nada para el Perú, y tienen eco: hay algunas discrepancias entre ministros, pero el debate es si les dan todo lo que piden o casi todo. Nadie en este gobierno defiende el interés nacional.

Exonerar del impuesto a la renta a las empresas es una medida fiscal muy injusta: como lo que se paga es proporcional a las ganancias, quienes ganan más con esa medida son los que más utilidades tienen. Hoy mientras más millonario y grande eres, más beneficios sacas. Las micro y pequeñas empresas, de hecho, no obtienen ninguna ventaja de ese tipo de exoneraciones, porque ya tienen un régimen tributario especial. A las grandes empresas, de acuerdo al régimen tributario actual, para el cálculo de este impuesto les descuentan lo que se llama la “depreciación del capital”, es decir, la recuperación directa del monto invertido. Todo lo que sea llevarse lo que pusieron de inversión no paga impuesto. Y si en algún año tienen pérdidas porque recién están empezando, todo eso en los años siguientes se les descuenta de cualquier monto de impuesto que les correspondería pagar. A pesar de todas esas condiciones, grandes agroexportadores, hoteleros y otros no quieren pagar impuestos como sí lo hacemos todos los trabajadores formales cada vez que cobramos un sueldo mensual.

La ley de presupuesto 2025 aprobada es un desarreglo descomunal, con déficit descontrolado y desorden administrativo. Pero en las próximas semanas nuestro futuro fiscal puede ponerse bastante peor con más exoneraciones tributarias que terminen de desfondar nuestro maltrecho Estado.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 711 año 15, del 29/11/2024

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