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22 de octubre de 2025

Perú: Parlamentarismo bestia

Juan Manuel Robles

"El Congreso de los peores, del fujimorismo impune aliado de bandas criminales, ha ido más allá que ninguno en la consolidación de su hegemonía entre los poderes del Estado"

Cuando era chico y vivía en Bolivia, conocí el curioso sistema de elección presidencial de ese país. En teoría, obtenía la victoria quien ganara las elecciones con mayoría absoluta (más de la mitad). Pero eso no ocurría nunca. Y en vez de celebrar una segunda vuelta como la mayoría de países del continente, en Bolivia, cuando no había ganador absoluto, el presidente era elegido por el Parlamento. Y además podían elegirlo entre cualquiera de los candidatos, no solo entre los dos primeros lugares. Así, el voto popular era rectificado por la sabiduría congresal, con lo sospechosa que esta puede ser. De este modo peculiar Jaime Paz Zamora llegó a la presidencia en 1989 habiendo quedado tercero, porque el segundo —Hugo Bánzer— no soportaba la idea de que Gonzalo Sánchez de Lozada —quien había resultado ganador— se quedara con el sillón presidencial.

Bolivia tenía un régimen de gobierno, digamos, semiparlamentarista. O un parlamentarismo presidencial. Se le llamó democracia pactada, lo que la ciudadanía no tardó en ver como algo que tenía más de pacto que de democracia, más de convivencia que de voluntad popular, menos de acuerdo nacional que de repartija. También servía como filtro final contra cualquier aventura de nuevos movimientos sociales, que asomaban representando a los olvidados de siempre y se chocaban contra el muro de la sensatez de los bien pensantes parlamentarios.

Ese sistema colapsó, entre otras cosas, porque la ciudadanía percibió que el parlamento era una entidad que no velaba por sus intereses ni resolvía sus problemas. Bolivia, históricamente, ha sido uno de los países con más altos índices de corrupción política y estatal. También es un país muy pobre. Lo que los políticos, en su burbuja, consideraban como una primavera democrática, con sucesivos gobiernos de alianzas, se percibía por la ciudadanía como componenda y facilitación de acuerdos infames, como la privatización de empresas estratégicas. A fines de los noventa, un joven dirigente cocalero llamado Evo Morales ya acechaba en los caminos del Chapare dispuesto a hacer historia.

Hay que indicar que aquel casi parlamentarismo boliviano, con todas sus miserias, tenía a políticos de los de antes, personas preparadas, congresistas de partidos tradicionales con arraigo en las gestas del siglo XX. Comparados con los que tenemos ahora —en cualquier país latinoamericano—, oírlos discutir sonaba a cátedra universitaria. Aun así, sus acciones —y, sobre todo, su inacción— atizaron el fuego social que llevaría a varios estallidos.

En el Perú, por si alguien no se ha dado cuenta, nos han cambiado el sistema presidencialista por uno parlamentario. Se ha hecho en nuestras narices y en pocos años. Solo que ni siquiera es un sistema donde el parlamento decida a su presidente, mezquinamente o no, para luego respetar su investidura —como el singular caso boliviano—. En el Perú se eligen autoridades en un presunto sistema presidencialista pero, al mismo tiempo, los congresistas electos han normalizado la idea de que vacar al presidente es un recurso más del juego político. No es una medida excepcional: es un festín con barra brava, una demostración de poder y una estrategia de comunicación para ir andando.

El Congreso de los peores, del fujimorismo impune aliado de bandas criminales, ha ido más allá que ninguno en la consolidación de su hegemonía entre los poderes del Estado. Ha pasado los últimos años fortaleciendo esa suerte de parlamentarismo de facto y delirante. Con un Tribunal Constitucional que ellos mismos armaron a la prepo, han desactivado la cuestión de confianza (que permitía al Ejecutivo disolver el Congreso) pero manteniendo intactas sus posibilidades de vacar al mandatario. Han conseguido que el Poder Judicial ya no tenga competencia para fiscalizar su trabajo, y están a un paso de modificar la Constitución para tener la prerrogativa de hacer juicio político y destituir a los jefes de los órganos electorales.

Es el parlamentarismo bestia que se ha dedicado a diseñar leyes para tener más poder (no importa si se legisla en favor del crimen). Van por más: ellos mismos han decidido retornar a la bicameralidad, a pesar de que en un referéndum el pueblo lo rechazó de manera contundente.

Lo que hemos visto la semana que pasó es la expresión máxima de esta transformación. Vacaron a la presidenta en ejercicio y nadie sintió gran cosa. Entró uno nuevo y quedó en evidencia su insignificancia. Ni siquiera importa mucho su nombre. Salen notas periodísticas que confirman sus previsibles anticuchos y turbiedades, su sorprendente aumento de patrimonio (que no sorprende). Pero da igual. En este nuevo orden de cosas, el presidente es un fusible que se puede sacar con la naturalidad de una censura ministerial. El poder está en otra parte. La banda presidencial es utilería burda, como la del presidente-parodia de JB.

Ya era así con Dina Boluarte. Pero quizás porque ella inauguró su mandato haciendo aquello que solo un presidente puede hacer —dar órdenes para reprimir y matar—, o tal vez por pura inercia, en esos treinta y cuatro meses de gobierno la seguimos viendo como presidenta. Ilegítima, usurpadora, sirvienta de intereses oscuros, pero jefa del Ejecutivo, como acostumbrábamos. Con su salida y el ascenso de un patín cualquiera vemos nítidamente que estamos —y ya estábamos— en otro momento de la historia: ahora el presidente es una figura decorativa. Un hombre al que solo le queda, si es mosca —y Dina lo era— sacar el mayor provecho posible de su cargo.

Por supuesto, ningún sistema de gobierno es malo en sí mismo. Bolivia, que cuestionó el excesivo protagonismo del Parlamento y reforzó su figura presidencial con la constitución del 2009, hoy critica los riesgos caudillistas del presidencialismo (a raíz de la experiencia de Evo Morales, cuyo partido original está en decadencia). En el Perú celebramos los controles del parlamento hacia el presidente luego de Fujimori y Montesinos, y muchos hasta querían restablecer la bicameralidad como parte del retorno a la democracia. Claramente imaginaban algo distinto a lo que está por ocurrir.

Hoy el parlamento es un monstruo voraz cuyo motor y motivo es tener más poder que cualquier otro poder del Estado. Y ni siquiera es algo que funcione desde el punto de vista del autoritarismo “efectivo”, que actúa “más” porque dialoga “menos”. Todas las alas para gobernar que han tenido en estos años se han traducido en un país peor, más inseguro, con menos horizontes.

La experiencia —y la esperanza— dice que estas situaciones, en que se quiebran todos los límites, en que un grupo se atornilla en el poder y acrecienta sus privilegios con desparpajo, se acaban con una gran revuelta, con golpes de diverso tipo o una inesperada elección (que desafíe no solo la lógica fragmentaria sino también la mano turbia de los órganos electorales tomados). No parece estar en el horizonte peruano algo así, pero, como en todos los procesos históricos similares, la calma enrarecida precede a una gran tormenta social.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 754 año 16, del 17/10/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

23 de agosto de 2025

Bolivia: ​La crisis del MAS y lo que vendrá: ¿20 años no es nada?

Aram Aharonian

El Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta su mayor crisis en dos décadas, marcado por la fragmentación interna y acusaciones de corrupción, que salieron virulentamente a la intemperie justo antes de las elecciones presidenciales, donde sus diferentes candidatos fueron holgadamente derrotados por los candidatos de derecha y ultraderecha.

Mientras Bolivia celebraba la semana pasada el bicentenario de su independencia, el ambiente en las calles y en el campo distaba mucho de ser festivo. El hundimiento de uno de los programas progresistas más radicales de cuantos surgieron en los primeros años de este siglo en América Latina debe ser motivo de reflexión y de autocrítica no solo para el progresismo boliviano, sino para fuerzas democráticas de América Latina.

El colapso del MAS obedece a múltiples factores y su análisis tomará tiempo, pero no es de ninguna manera sorpresivo. Llevaba años alejándose de las bases sociales que lo llevaron al poder,  mientras la crisis económica erosionaba su propuesta y la derecha intentaba –vía destabilización económica e incluso golpes y tentativas de golpe de Estado- recuperar el poder.

Si bien la descomposición interna del MAS era inocultable en noviembre de 2019, cuando, Evo Morales pretendía reelegirse por cuarta ocasión, se desencadenó un violento golpe de Estado –respaldado por la Organización de Estados Americanos–, que instauró un régimen de facto, interrumpió durante tres años las políticas masistas y dislocó la mayor parte de los logros económicos, políticos y sociales conseguidos en los años anteriores.

Cuando el MAS recuperó la presidencia, en los comicios de 2020, con Luis Arce Catacora al frente, era ya una fuerza política carcomida por los disensos internos, las pugnas por el poder y el agotamiento de su programa y el cansancio de sus bases ante el egoísmo ¿o egocentrismo? de sus dirigentes.

Para los analistas, el colapso interno del MAS plantea preguntas acuciantes sobre el futuro de los movimientos indígenas dentro del Estado plurinacional boliviano. El 41 % de la población boliviana es indígena, la segunda más alta de América Latina, con una historia de 500 años de marginación y opresión racial. Morales, que gobernó entre 2005 y 2019, fue el primer presidente indígena de Bolivia, y el MAS se constituyó históricamente en torno a movimientos indígenas y campesinos.

Lo evidente es que el éxito del MAS, y a la vez su mayor error, fue centrar todo un proyecto político en torno a una sola figura: Evo Morales, lo que significó el debilitamiento y desarticulación del movimiento indígena , pero también abrió la desperdiciada oportunidad de repensar un proyecto político indígena al margen de la tutela partidista y caudillista.

El resultado de las elecciones últimas es una tragedia para el futuro del movimiento popular en general y del indígena en particular. En los años de esplendor del gobierno masista –con Evo presidente y Arce ministro de Economía- el programa popular consiguió reactivar la economía con tasas promedio de 5 por ciento, disminuyó la pobreza extrema de 36.7 a 16.8 por ciento de la población.Asimismo, reivindicó con firmeza la soberanía nacional y concretó muchos e importantes avances en materia de derechos.

El declive del MAS no se puede entender sin reconocer la desconexión entre los movimientos sociales y sus propias bases», explica Roger Adán Chambi, abogado e investigador aimara. «El movimiento social dejó de ser un movimiento y se convirtió en un brazo más del poder, a menudo cegado por el clientelismo y el reparto de cargos».

Durante los últimos dos años, las bases del MAS se vieron envueltas en amargas y prolongadas divisiones entre las facciones «evista» y «arcista». La primera apoya a Morales y la segunda al actual presidente, Luis Arce, a quien Morales nombró como su sucesor.

La disputa llevó a un estancamiento político, con los representantes evistas bloqueando la legislación del Gobierno de Arce relacionada con el gasto financiero, lo que agravó el panorama económico.

Evo Morales anunció el lunes que respeta los resultados electorales, pero destacó la candidatura de Edman Lara y le atribuyó la victoria electoral del PDC, por sobre la figura de Rodrigo Paz. “Soy muy sincero: no es que Rodrigo Paz ha ganado. Yo diría, ha ganado el capitán Lara”, indicó. Lara es un expolicía, estrella de TikTok y fue el  candidato a vicepresidente de Paz.

En el período previo a las elecciones, los partidarios de Evo emprendieron una serie de bloqueos, principalmente en su bastión de la tropical Cochabamba, que impidieron la circulación de vehículos y alimentos en todo el país. Morales no podía presentarse a las elecciones porque carecer de un partido oficial bajo el cual presentarse y porque se lo prohíben los límites constitucionales que impiden la reelección indefinida.

Los enfrentamientos por los bloqueos culminaron en junio con un violento enfrentamiento en la localidad de Llallagua, un estratégico centro minero urbano con conexiones con la zona cocalera del Chapare y con los ayllus (comunidades indígenas) del Norte de Potosí. Tres policías y un campesino murieron en los enfrentamientos cuando los bloqueadores evistas protestaban por el rechazo a la candidatura de Morales definido por la autoridad electoral.

 En medio de una creciente reacción pública contra los impopulares bloqueos, la decisión de Arce de enviar unidades especiales de la policía para sofocar las protestas marcó un punto de inflexión.

Dada la disminución de sus reservas de gas y petróleo, Bolivia importa la mayor parte de su combustible y subvenciona su costo, pero gracias a las restricciones fiscales ya no puede hacerle frente al pago de la deuda y a las subvenciones. Bolivia destinó más de 3000 millones de dólares a subvenciones al gas el año pasado. Su deuda externa se situaba en 13 300 millones de dólares a finales de 2024, con unas reservas de divisas en un mínimo histórico.

La falta de dólares se debe a la fuerte caída de las exportaciones de hidrocarburos, cuyos beneficios constituían la base del programa económico redistributivo del MAS durante las dos últimas décadas. El tipo de cambio informal del dólar ronda ahora los quince bolivianos, más del doble del tipo oficial de 6,97.

El proceso electoral puso de manifiesto dos problemas subyacentes. Una, la desarticulación del movimiento popular, que perdió su capacidad histórica para marcar la agenda política e incorporar sus reivindicaciones al debate electoral público, algo que la desintegración del MAS no hizo más que agravar al fragmentar aún más sus bases.

Por otro lado, ante una crisis económica creciente, la única solución que surge es la exacerbación de un capitalismo extractivo centrado en el litio, la exploración de nuevos hidrocarburos y, sobre todo, la profundización del modelo agroindustrial y minero.

A partir de 2026, y dependiendo del resultado de la segunda vuelta a realizarse en octubre, el gobierno estará en manos del centroderechista Rodrigo Paz, beneficiario de la pérdida de apoyo popular al MAS, o del neoliberal Jorge Quiroga, abanderado opositor a las políticas sociales y de inclusión del periodo masista.

No es de descartar que estos exponentes de la oligarquía boliviana adopten una política persecutoria y represiva en contra de los sectores populares.

Con la derecha (o ultraderecha) en el poder, la reestructuración económica parece inevitable. Los préstamos del FMI y del Banco Mundial podrían implicar duras medidas económicas que traerían recuerdos de los brutales años de ajuste neoliberal de la década de 1980.

La eliminación de los subsidios a los combustibles y los alimentos, de los que dependen los más pobres de Bolivia, probablemente desencadenaría un nuevo ciclo de agitación social. Sean cuales sean los resultados de las elecciones, está claro que la era dorada del MAS terminó en una amarga discordia y que el Estado plurinacional se enfrenta a un futuro sombrío.

Nada bueno se puede esperar de Tuto Quiroga, representante de los intereses del capital estadounidense y de las élites tradicionales de Bolivia, quien ya ocupó la presidencia durante un año, de 2000 a 2001, y fue vicepresidente de 1997 a 2001 en el gobierno del exdictador Hugo Banzer.

Sus propuestas incluyen recortes del gasto para reducir el déficit fiscal y planes para estabilizar el tipo de cambio del dólar, financiados por un programa de rescate internacional de 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Casi 20 años atrás, el domingo 18 de diciembre de 2005, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por el exmandatario colombiano Andrés Pastrana, intentó imponer el imaginario de un triunfo del derechista Jorge Quiroga sobre el líder indígena Evo Morales, en base a cómputos paralelos realizados por la ONG venezolana Súmate, presidida por María Corina Machado. La maniobra fue  neutralizada por la veeduría de la misión del Observatorio en Comunicación y Democracia.

La incógnita está en boca de todos: ¿Por quién votarán los masistas en la segunda vuelta? Paz espera que sea por él, pero…

Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

18 de agosto de 2025

¿Por qué el progresismo y la izquierda pierden elecciones?

Álvaro García Linera

Las izquierdas y progresismos en gobierno no pierden elecciones por los trolls de las redes sociales. Tampoco porque las derechas son más violentas ni mucho menos porque el pueblo que fue beneficiado por políticas sociales es ingrato.

Las batallas políticas en las redes no crean de la nada ambientes político-culturales expansivos en las clases populares mayoritarias. Los radicalizan y los conducen por caminos histéricos. Pero su influencia requiere previamente la existencia social de un malestar generalizado, de una disponibilidad colectiva al desapego y rechazo a posiciones progresistas.

Igualmente, las extremas derechas, autoritarias, fascistoides y racistas, siempre han existido. Vegetan en espacios marginales de enfurecida militancia enclaustrada. Pero su prédica se expande, a raíz del deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la frustración colectiva que dejan progresismos timoratos, o a la pérdida de estatus de sectores medios. Y en cuanto a los que argumentan que la derrota se debe al “desagradecimiento” de aquellos sectores anteriormente beneficiados, olvidan que los derechos sociales nunca fueron una obra de beneficencia gubernamental. Fueron conquistas sociales ganadas en las calles y el voto.

Por todo ello, sin excusa alguna, un gobierno progresista o de izquierdas pierde en las elecciones por sus errores políticos.

Y estos errores pueden ser múltiples. Pero hay una falla que unifica a los demás. El error en la gestión económica al tomar decisiones que golpean los bolsillos de la gran mayoría de sus seguidores. En Brasil, el golpe de estado parlamentario de 2016 contra Dilma Rousseff, impulsado por las fracciones más antidemocráticas del espectro brasilero, se montó sobre el malestar económico que ya se arrastraba varios años y que tuvieron en el ajuste fiscal del 2015 una nueva vuelta de tuerca a la contracción de los ingresos populares.

En Argentina, el peronismo perdió las elecciones del 2023 por el aumento de la inflación durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien la tendencia inflacionaria es una constante de la economía argentina desde hace décadas, hay una frontera histórica que tras ser sobrepasada da lugar a una licuefacción de lealtades políticas populares que los lanza a aferrarse a cualquier propuesta, por muy aterradora que sea, que resuelva esta asfixiante volatilidad del dinero. La anomalía política Milei es la manera retorcida de canalizar la frustración hacia el odio y la sanción.

En Bolivia, el instrumento político de los sindicatos y organizaciones comunales campesinas (MAS) ha de perder las elecciones por la desastrosa gestión económica de Luis Arce. Con una inflación de alimentos básicos que bordea el 100%, la falta de combustible que obliga a realizar filas de días para obtenerla y un dólar real que ha duplicado su precio frente a la moneda boliviana, no es extraño que el proceso de transformación democrática más profundo del continente pierda dos tercios de su votación popular a manos de vetustos vendepatrias que ofrecen botar a patadas a los indígenas del poder, regalar empresas públicas a extranjeros y enquistar, con la biblia en la mano, a las cipayas oligarquías de la tierra en la dirección del Estado. Si a todo ello sumamos el resentimiento de clases medias tradicionales desplazadas de sus privilegios por el ascenso social y empoderamiento político de las mayorías indígenas, está clara la arenga abiertamente revanchista y racializada que envuelve los discursos de las derechas bolivianas.

En todos los casos, también hay otros componentes políticos que apuntalan estos errores centrales que conducen a la derrota. En el caso de Brasil las denuncias de corrupción, luego políticamente manipuladas. En Argentina el hartazgo con el extendido encierro ante el coronavirus que destruyó parte del tejido económico popular, etc. En Bolivia, la guerra política interna. Por un lado, un mediocre economista que está por casualidad como presidente y que creyó que podía desplazar al líder carismático indígena (Evo) proscribiéndolo electoralmente. Por otro, el líder que, en su ocaso, ya no puede ganar elecciones, pero sin cuyo apoyo tampoco se gana, vengándose ayudando a destruir la economía sin comprender que en esta hecatombe también se está demoliendo su propia obra. El resultado final de este miserable fratricidio es la derrota temporal de un proyecto histórico y, como siempre, el sufrimiento de los humildes que nunca fueron tomados en cuenta por los dos hermanos embriagados de estrategias personales.

En suma, las derrotas políticas conducen a derrotas electorales.

Ahora, la pregunta que uno se hace es, cómo es que gobiernos progresistas y de izquierda pudieron fallar económicamente cuando, en sus inicios, esa fue la fuerza de legitimidad que les permitió ganar una y otra vez las elecciones. En el caso de Bolivia con el 55%, 64%, 61% y 47% en primeras vueltas. Ciertamente el progresismo latinoamericano del siglo XXI emergió de un fracaso de las gestiones neoliberales imperantes desde los años 80s. La mayoría implementó políticas redistributivas de riqueza, y ampliación de derechos. Los resultados fueron inmediatos. Más de 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza en una década, las instituciones reservadas para rancias aristocracias se democratizaron y, en el caso de Bolivia, hubo una recomposición de las clases sociales en el Estado al convertir a los indígenas-campesinos en clases con poder estatal directo.

Ahí radicó la gran fuerza y legitimidad histórica del progresismo. Pero también el inicio de sus límites; pues completada esa obra redistributiva inicial, ella comenzó a mostrarse insuficiente a la hora de garantizar la continuidad en el tiempo de los derechos alcanzados. Se trata de un límite por cumplimiento de metas que obligaba a comprender que los países habían cambiado precisamente por obra del progresismo y que, por tanto, había que proponer a esta nueva sociedad en frente, unas reformas económicas de segunda generación capaces de consolidar lo logrado y de dar nuevos saltos de igualdad. Y es que el progresismo y las izquierdas están condenadas a avanzar si quieren permanecer. Quedarse quietos es perder. La nueva generación de reformas pasa necesariamente por construir una base productiva expansiva, de pequeña, mediana y gran escala, tanto en la industria como en la agricultura y los servicios; del sector privado, campesino, popular como estatal; para el mercado interno como para la exportación, que garantice un amplio soporte industrioso y duradero a la redistribución de la riqueza.

Pero, hasta hoy, los progresismos en los gobiernos, especialmente los que ya están en segunda o tercera gestión, o los que quieren volver a gobernar, están anclados en los logros pasados, en su defensa melancólica y, a diferencia de cuando comenzaron con su primera gestión, por ahora carecen de una nueva propuesta de transformación capaz de volver a levantar las esperanzas colectivas en torno a un mundo que conquistar. Que las derechas se hayan apropiado del paradigma del ímpetu por el cambio, no es una casualidad. Es un resultado del conservadurismo del actual progresismo. Y de sus derrotas electorales también.

Sin embargo, el espíritu del tiempo histórico aún no se ha decantado. Ni el continente ni el mundo que andan de tumbo en tumbo entre neoliberalismos recargados, proteccionismos soberanistas o capitalismos de Estado productivistas ha definido aún la nueva fase larga de acumulación económica y legitimación política. Por un tiempo más, seguimos en el portal liminal en el que las derrotas y las victorias son cortas. Pero ello no durará para siempre. Si el progresismo quiere seguir siendo protagonista de esta disputa del destino, está obligado a abalanzarse sobre un porvenir reinventado audazmente con más igualdad y democracia económica.  

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/850114-por-que-el-progresismo-y-la-izquierda-pierden-elecciones

21 de julio de 2025

Lecciones bolivianas

Pedro Francke

"Su 'gallina de los huevos de oro', la producción de gas, fue retrocediendo desde hace una década"

La situación económica de Bolivia no es buena estos últimos tiempos. La razón es parecida a los riesgos que nos está generando el cogobierno Boluarte-Congreso: un déficit fiscal fuera de control. Sólo que allá ha sido más grande y fue creciendo por varios años, llevando a un desequilibrio externo, de tal manera que faltan dólares para importar productos esenciales como los combustibles.

Resulta que la irresponsabilidad macroeconómica no es sólo un problema de gobiernos izquierdistas. Tanto Trump en Estados Unidos como el gobierno Congreso-Boluarte han generado un desequilibrio fiscal enorme, otorgando grandes regalos en materia tributaria a los billonarios y a las grandes empresas mientras cortan presupuesto para asuntos esenciales como los servicios de salud y la educación pública. Por otro lado, hemos tenido en nuestro continente gobiernos izquierdistas como AMLO y Claudia Sheinbaum en México y Gabriel Boric en Chile, que han sido bastante cuidadosos con los equilibrios macroeconómicos.

¿Por qué hay gobiernos fiscalmente irresponsables? Para un gobierno de derechas o izquierdas, gastar más sin luchar por obtener los ingresos que lo sustenten es una tentación, ya que sus desenfrenos los pagarán otros gobiernos y, mientras tanto, consiguen apoyos de determinados grupos. Eso es exactamente lo que está haciendo López-Aliaga ahora en Lima, endeudando a la ciudad enormemente, de tal manera que a futuro una crisis de la Municipalidad de Lima es ineludible. Los demagogos siempre recurren a pintar un “futuro rosa” afirmando que con sus políticas la economía crecerá mucho más y que con eso se resolverá todo. Cuando luego de algunos años el déficit no se reduce y la deuda sigue creciendo, tienden a seguir con la farra, hasta que llegan al precipicio, a veces cuando esos gobernantes irresponsables ya no están.

Que ese error fatal deba evitarse, no quiere decir que izquierdas o derechas sean similares. Se puede lograr que los ingresos y los gastos fiscales mantengan un equilibrio de mediano plazo con dos políticas sustancialmente diferentes. El neoliberalismo peruano entre 1990 y 2020 aplicaba una política fiscal equilibrada con bajos impuestos a los ricos y monopolios, bajo gasto social e inversión pública raquítica. Las cuentas cuadraban, pero la pobreza y la desigualdad eran enormes: una típica política derechista. Nuestro actual gobierno agrava lo malo de esa política con mayores beneficios tributarios a los agroexportadores y grandes empresas, llevándonos a un desequilibrio fiscal. Pero con muchos de sus socios importantes beneficiados y el neoliberalismo reforzado, la Confiep apoya semejantes despropósitos.

Una política de izquierda sostenible busca el equilibrio fiscal cobrando tributos con mayor justicia, acabando con la evasión tributaria de los grandes grupos monopólicos, lo que permite que se destine mayores recursos a pensiones dignas, a que todos tengan acceso a salud oportuna y de calidad, a mejorar la educación pública e invertir en infraestructura y avance tecnológico. Eso es lo que propusimos desde el Ministerio de Economía el 2021, al mismo tiempo que concentrábamos esfuerzos en lograr la vacunación amplia que detuvo el Covid-19, lo que nos permitió retornar a cierta normalidad en nuestras vidas, la producción y la economía. La diferencia con las políticas que han llevado a la crisis a Bolivia es que allá persistieron en más gasto social sin recursos que lo sostengan, receta para que tarde o temprano haya un descalabro macroeconómico, inflación y desempleo, que termina con la población en peor situación que antes.

Hay un segundo tema en estas experiencias de irresponsabilidad fiscal y crisis macroeconómica, que se ve en el mediano plazo: la producción. En todos estos casos, un tema importante es si se logra crecimiento económico. Efectivamente, un crecimiento acelerado implica más ventas y más ganancias empresariales, y con eso más recaudación tributaria. Por el contrario, una caída de la producción genera un hueco en los ingresos, que es muy difícil, económica y políticamente, de reequilibrar.

En los casos de Bolivia resaltan dos hechos. Por un lado, su “gallina de los huevos de oro”, la producción de gas, fue retrocediendo desde hace una década. No lograron atraer nuevas inversiones para el gas y se confiaron en que el litio les pudiera cubrir el faltante, pero esta producción no llegó. Junto a esto hay un tema aún más importante: no le dieron prioridad absoluta a la diversificación productiva. Es un asunto de fondo y una vez más se vio que no hay desarrollo progresista sin cambio productivo estructural. De esta manera, mientras por un lado generaron más demanda interna la producción nacional no le siguió el paso, provocando un déficit externo y una aguda escasez de dólares.

En esas condiciones, en Bolivia el mediano plazo del desbalance productivo explota en combinación con el desequilibrio fiscal. La presión macroeconómica se concentra en la escasez de dólares que, llegado al punto extremo en que está hoy, sólo tiene dos salidas: devaluación o racionamiento. La segunda opción, que los peruanos recordamos en la forma de los “dólares MUC” del primer gobierno de Alan García, suele generar mucha corrupción y un dólar paralelo que sube y finalmente provoca un gran empujón inflacionario. La otra salida, una devaluación pura y simple junto a un ajuste fiscal fuerte, es también muy costosa en cuanto a sus efectos recesivos y empobrecedores. Llegados al punto extremo, la irresponsabilidad productiva y fiscal termina poniendo a los gobiernos entre la espada y la pared, como sucede en Bolivia hoy.

Dos lecciones sacamos de este análisis. Una: se debe mantener un equilibrio fiscal de mediano plazo, lo que para una política de izquierda implica que atender nuestras grandes necesidades sociales siempre debe tener una base sólida de justicia tributaria. Dos: es indispensable dar mucha prioridad a la diversificación productiva, asegurando un crecimiento dinámico y resguardando las exportaciones primarias.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 742 año 16, del 18/07/2025

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29 de enero de 2024

La crisis constitucional en A. Latina

Juan De la Puente

"Sin constituyentes, y debilitadas las reformas del Parlamento y los referéndum nacidos arriba, queda una cuarta vía, el pacto social impulsado desde la sociedad”.

Ha terminado el período constituyentista en A. Latina iniciado en Venezuela (1997) y continuado en Bolivia (2006-2009) y Ecuador (2007-2008). El acto final se escenificó en Chile cuando acabó el proceso constituyente sin Constitución, un resultado amargo para el 78% que en 2020 votó por cambiar el texto de Pinochet. En diciembre pasado, el 56% votó contra el texto aprobado por el Consejo Constitucional de mayoría derechista, elegido como respuesta al fracaso del texto anterior redactado por la Convención Constitucional de mayoría izquierdista, rechazado por el 62% en 2022.

Chile se queda sin nueva Constitución y, quizás, sin política de largo plazo. La izquierda, que puso casi todos los huevos en la constituyente, ha dicho que sus 10 partidos no están disponibles para un nuevo proceso y que sus prioridades son “la agenda del Chile real”; es decir, seguridad, empleo, pensiones, salud y educación.

Del proceso culminado, la Carta de Bolivia es la de mayor legitimidad. Fue defendida en el referéndum de 2016 cuando se rechazó la reelección de Morales y resistió su ilegal intento de rerreelección en 2019. La de Ecuador también resiste la prueba del tiempo: los presidentes Moreno, Lasso (may. 2021-nov. 2023) y luego Noboa no propusieron erradicar el texto de 2008. La de Venezuela es la más precaria y fue reiteradamente tasajeada por el chavismo. En el camino, Maduro impulsó una mascarada de constituyente en 2017 que finalizó el 2020 sin aprobar un nuevo texto.

Las iniciativas constituyentes pierden impulso. En el Perú, donde más se quiere una nueva Constitución (40% IEP de noviembre), el porcentaje de quienes lo desean vía una constituyente es menor. Al tomar el poder, Petro aseguró que no impulsará una constituyente y en el Congreso colombiano la iniciativa es marginal. Lula, cuyo partido propuso una constituyente en 2014 y 2018, renunció a esta idea en la campaña electoral de 2022, y en Honduras, el Gobierno de Xiomara Castro reconoció en diciembre pasado que no existen condiciones para una constituyente debido a la polarización política.

El fin del constituyentismo no implica que las otras dos vías —reformas por los parlamentos y referéndum— resuelvan los problemas de fondo del sistema democrático de modo oportuno y garanticen estabilidad. Las crisis horadan el pacto democrático y la dinámica constitucional no logra cerrar los grandes conflictos o paliar sus efectos. En medio del agotamiento, algunas sentencias de tribunales constitucionales son positivas, como la anulación de la reelección indefinida en Bolivia, el derecho permanente de los pueblos originarios sobre sus tierras en Brasil, la inconstitucionalidad de las leyes contra el aborto en México, y la suspensión cautelar de las leyes hasta la resolución del tema de fondo en Colombia.

La dinámica constitucional es insuficiente para frenar la progresión del deterioro. La resistencia mafiosa en Guatemala y el temprano abuso de la excepcionalidad por el Gobierno de Milei en Argentina (Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23) son los últimos datos de esta progresión. El constitucionalismo es inmovilizado por varios problemas inéditos y desbordado por fuerzas de mayor calado, en tanto los actores recurren a la perversión constitucional para conseguir sus propósitos.

En un listado general, estos problemas son la crisis del presidencialismo, cada vez más minoritario frente a parlamentos levantiscos y corruptos, la ineficacia de las segundas vueltas para renovar la democracia, la sobrepoblación de caudillismos, la resistencia activa neoliberal al cambio económico —la verdadera razón de la fobia a las constituyentes— la toma corrupta de las instituciones y las crisis económicas.

El caso más paradigmático es el peruano donde entre 2016 y 2023 se modificaron 24 artículos de la Carta de 1993 (entre ellos 3 declarados inconstitucionales) para prohibir la reelección de congresistas, aumentar el plazo de detención en flagrancia y aumentar los requisitos para postular a cargos de elección popular o para servir al Estado, entre otros. No obstante, la crisis se profundiza, el Estado es tomado por la corrupción, y la perversión constitucional —abuso de la vacancia y cuestión de confianza, juicios políticos arreglados bajo la mesa, amenaza de retiro de la CIDH— se ampara, increíblemente, en los mecanismos constitucionales.

No es distinto el caso de Ecuador. Pleno de una crisis de seguridad que primero es política, votó en 5 referéndums y consultas populares nacionales con la Carta de 2008. En ese período, el pueblo respondió un total de 24 preguntas, algunas de las cuales se originaron en la agenda menuda y no en cuestiones de Estado. Correa y Moreno ganaron sus referéndum y Lasso lo perdió.

En Colombia, Uribe perdió en 14 de las 15 preguntas del referéndum de 2003, pero él y la derecha ganaron el plebiscito de los Acuerdos de Paz de 2016, en tanto que la consulta anticorrupción de 2018 fracasó. Aunque habría que anotar que la reforma al equilibrio de poderes de 2015 fue quizás la gran reforma más consensuada en A. Latina en los últimos años.

Ha concluido tanto el ciclo constitucional liberal clásico, cuya textualidad no fue capaz de enriquecer la ciudadanía individual con el reconocimiento de la pluralidad de nuestras sociedades, así como el ciclo del nuevo constitucionalismo de A. Latina, exitoso en la afirmación plurinacional y de la tierra, y el autogobierno de las comunidades, pero sin reflejos para afrontar un desafío mayor, la nueva “agenda real” a la que se refiere la izquierda chilena. Falta saber el sentido de largo plazo de esa agenda.

Sin constituyentes, y debilitadas las reformas del Parlamento y los referéndum nacidos arriba, queda una cuarta vía, el pacto social impulsado desde la sociedad con un vigor capaz de imponerse a la fragmentación y polarización, permear a los nuevos actores y legitimarse desde abajo, una ruta contraria a las reformas neoliberales y al diálogo victimario de las comunidades no contactadas fuera de las capitales. Aunque fue trabajoso, un ejemplo es la prohibición de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) que luego de 10 años logró ser sometida al referéndum de agosto de 2023, para ser aprobada.

Con diferencias de país a país, la Constitución en A. Latina está en las calles de un modo nuevo, en un proceso inédito, largo e incierto. La idea de un pacto social es subestimada por una parte de la academia que olvida el sentido pacificador del contractualismo y porque también olvida otro valor esencial: se trata de un pacto, es decir, se impone un mandato de unidad en lugar de la imposición del 51% contra el 49% de la población presente en varias ideas de constituyentes no pactadas, y porque se trata de una elaboración social como alternativa a la crisis de los espacios institucionales y la perversión constitucional.

https://larepublica.pe/opinion/2024/01/28/la-crisis-constitucional-en-a-latina-por-juan-de-la-puente-2337066

27 de diciembre de 2022

¡Cuidado! la derecha reaccionaria actúa

Hedelberto López Blanch

Los gobiernos progresistas surgidos en los últimos años en América Latina, tienen que estar muy alerta por la amenaza que representan las fuerzas de ultraderecha, con vestigios de fascismo, que están frustradas por los avances nacionalistas que ha tenido la región.

Una de esas grandes amenazas directas fue la reunión ultraderechista más grande del mundo, conocida como CPAC, celebrada en México, los días 18 y 19 de noviembre pasado, cuya agenda principal fue la de impulsar una línea contra lo que estos elementos consideran una “expansión del socialismo” en América Latina.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) reúne desde hace medio siglo a un conglomerado de representantes del mundo conservador, a cientos de organizaciones, miles de activistas y a millones de espectadores con el uso de los medios y la gran cantidad de redes sociales que controlan.

La CPAC es organizada y controlada por la Unión Conservadora Estadounidense, que realizan una o dos reuniones al año y donde más de 100 organizaciones contribuyen con abundante capital.

En esta ocasión escogieron celebrar el cónclave en el lujoso hotel Westin de Santa Fe, México. El Partido de gobierno en el país, Morena, advirtió que “la composición de esa conferencia está rebosante de xenofobia, racismo y hostilidad, embestida contra conquistas de derechos sociales y laborales, rechazo a derechos humanos y libertades, y conservadurismo de todo tipo y alcance”.

Entre el centenar de grandes organizaciones que la financian se encuentran Human Events, Young America’s Foundation y la Asociación Nacional del Rifle, capaces de reunir 10 000 participantes en sus foros, además de gentes de derecha importantes de diferentes corrientes del movimiento conservador estadounidense, políticos con cargos en ejercicio y otros. Por tanto el peligro es inminente para México y para cualquier nación latinoamericana.

En esta ocasión estuvieron en el mitin, Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de Rafael Calderón, célebre por su imagen haciendo el saludo nazi; el actor Eduardo Verástegui, amigo y admirador de Trump; el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. También participaron el anticomunista polaco, Lech Walesa, Steve Bannon, exasesor de Trump y Santiago Abascal, líder del partido ultraconservador español VOX.

En la apertura del evento, Eduardo Verásteguei expresó: “Como amantes de la libertad, todos debemos estar preocupados por la expansión del socialismo en América Latina”, en referencia a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, Perú y más recientemente Brasil.

Como no podía faltar la intervención de uno de los principales abanderados de la ultraderecha en el mundo, en el cónclave se transmitió un vídeo del expresidente estadounidense Donald Trump que dijo: «Debemos detener la expansión del socialismo y, simplemente, no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. Y debemos reconstruir nuestras economías, para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias»,  

Prácticamente al mes de concluir esa extremista tertulia, ocurrió el golpe de Estado contra el legítimo presidente peruano Pedro Castillo, y el parlamento y la derecha peruana impusieron a la vicepresidenta Dina Boluarte para que ocupara el cargo.

Pese a la enorme represión desatada para tratar de controlar las movilizaciones obreras y estudiantiles que ya han dejado 26 muertos y numerosos heridos, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken llamó a Boluarte para ofrecerle el apoyo irrestricto de la Casa Blanca.  

En los últimos años América Latina ha sufrido los llamados “golpes blandos” qué como es lógico, nada tienen de blando. Recordemos el golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales que por la presión interna boliviana y el apoyo de la comunidad progresista internacional fue revertido.

También en 2019 hubo un intento de golpe contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro e inmediatamente Washington, en una jugada que no le fructificó, reconoció al fantoche Juan Guaidó como presidente fantasma.

Otros sucesos parecidos ocurrieron en el Paraguay de Fernando Lugo, de Manuel Zelaya en Honduras, en el Brasil de Dilma Rousseff y de Luiz Inacio Lula da Silva, o contra Rafael Correa en Ecuador.

Por todo esto, los gobiernos y partidos progresistas de Latinoamérica deben estar muy atentos y unidos para detener esa arremetida derechista auspiciada, dirigida y financiada desde Estados Unidos cuyos dirigentes siguen pensando que la región es su “patrio trasero”.

¡Ojo! que como ha quedado comprobado en la historia, la derecha para lograr sus objetivos mata, asesina y arrasa con todo aquel que se le interponga.

Hedelberto López Blanch. Periodista, escritor e investigador cubano.

2 de noviembre de 2020

Rebelión latinoamericana contra el neoliberalismo

 


Hedelberto López Blanch

Las múltiples protestas y manifestaciones que han tenido lugar en los últimos tiempos en varios países de América Latina, demuestran fehacientemente que la región se ha cansado de sufrir las consecuencias de las leyes neoliberales impuestas por regímenes de turno que siguen las directrices emanadas desde Estados Unidos.

Esas políticas se acrecentaron en la segunda mitad del siglo XX en las que primaron las privatizaciones de empresas y servicios estatales, venta de terrenos públicos, caída del poder adquisitivo de la mayoría de los habitantes, menor participación del Estado en los servicios de salud y educación, ampliación de la desigualdad y proliferación del hambre y la pobreza.

A principio del siglo XXI surgieron gobiernos nacionalistas y progresistas que trabajaron por ofrecerles a sus pueblos beneficios sociales y una mayor participación de sus habitantes en las decisiones estatales pero varios fueron derrotados por una fuerte ofensiva derechista organizada y dirigida desde Estados Unidos.

Golpes de Estado en Paraguay contra Alejando Lugo; en Honduras contra Manuel Zelaya; en Brasil contra Dilma Rousseff; en Bolivia contra Evo Morales. Derrotas en las urnas después del cerco económico-financiero y campañas difamatorias mediáticas contra los gobiernos justicialistas argentinos de Néstor y Cristina Kischner o la traición de Lenin Moreno en Ecuador contra el Partido Alianza País creado por el expresidente Rafael Correa, fueron varias de los fracasos más destacadas.

Pero cuando el neoliberalismo parecía adueñarse nuevamente de Latinoamérica, llevado de las manos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), la resurrección de los pueblos contra ese sistema capitalista vuelven a dar la esperanza de que un mundo mejor no solo es posible, sino completamente necesario.      
En México, el gobierno de Andrés López Obrador abre una puerta en busca de las viejas reivindicaciones de su pueblo que durante décadas de regímenes neoliberales han dejado enormes rastros de miseria y hambre en casi la mitad de su población.

El triunfo de Alberto y Cristina Fernández en Argentina dieron al traste con el desgobierno de Mauricio Macri que endeudó al país por cien años con millonarios empréstitos del FMI y hundió a esa nación en la pobreza.

Sumamente relevante y aleccionador ha sido la victoria en las urnas del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia que logró destronar a un régimen de facto de ultraderecha que surgió después del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en noviembre de 2019, quien había ganado las elecciones por mayoría pero que la nefasta OEA declaró que hubo fraude.

Tras implantar un régimen dictatorial y autoproclamarse Jeanine Añez como presidente de facto, la represión dejó más de 30 muertos y numerosos heridos mientras los líderes y simpatizantes del MAS fueron perseguidos, encarcelados y obligados a abandonar el país.

La ola de indignación creció con fuerza lo que obligó a los impostores a programar nuevas elecciones en las que con más del 55 % de los votos, logró alzarse la fórmula Luís Arce-David Choquehuanca. El pueblo reconoció en ellos el enorme trabajo a su favor que realizó durante 13 años de gobierno el primer presidente indígena de su historia, Evo Morales.

En Chile, estudiantes, jóvenes, obreros y hasta las clases medias, que han sufrido los embates de gobiernos neoliberales que sucedieron a la dictadura de Augusto Pinochet, han realizado una de las más grandes hazañas de los últimos tiempos en el país tras volcarse en masa a las calles, pese a las violentas represiones ordenadas por el régimen del multimillonario Sebastián Piñera que lo  obligaron a realizar un plebiscito para acabar con la Constitución pinochetista de 1980.

Con una aprobación de más del 70 % de los electores, en su mayoría jóvenes, se tendrá que redactar una nueva Carta Magna y tratar que la oligarquía nacional no la temporice a sus intereses.

Los colombianos se cansan de sufrir regímenes que los maltratan, discriminan, asesinan a dirigentes sociales y políticos, explotan a sus trabajadores, profundizan la pobreza colectiva, desatienden los sistemas de salud y educación, convierten el territorio en bases militares estadounidenses, todo lo que ha provocado numerosas manifestaciones contra la política del presidente Iván Duque. La minga indígena fue la última demostración masiva que arrastró a otros sectores nacionales.  

Miles de trabajadores, maestros, estudiantes secundarios, universitarios y representantes de diversos sectores sociales han realizado marchas en varias ciudades de Ecuador, en rechazo a la política económica de Lenin Moreno y contra la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El debilitado régimen de Moreno, que solo cuenta con la aprobación del 11 % de la población, cada día sufre los embates de un pueblo que añora los años de gobierno de Rafael Correa quien sacó al país del enorme atraso económico-social de anteriores administraciones de derecha.

Costa Rica, mientras tanto, está sumida en una ola de paros a raíz de la propuesta de un acuerdo que el presidente Carlos Alvarado intentó llevar a cabo con el FMI para intentar paliar los estragos de la pandemia. Las manifestaciones populares obligaron al régimen a detener las conversaciones con la institución financiera internacional, pero la población se mantiene movilizada para evitar que se endeude aun más al país.  

Casos similares ocurren en Haití, República Dominicana, El Salvador, Perú, Paraguay. La pandemia de Covid-19 ha sacado a relucir la indigencia social y económica que han dejado a los pueblos latinoamericanos, las políticas neoliberales impuestas desde Washington, otras potencias occidentales y los organismos financieros internacionales.

América Latina se alza hoy frente a esas injusticias. El neoliberalismo está en caída aunque se resiste a desaparecer, y tratará de reajustarse a los nuevos tiempos. Eso lo deben tener en cuenta nuestros pueblos.

Hedelberto López Blanch. Periodista, escritor e investigador cubano.

1 de noviembre de 2020

Bolivia, Chile y el Perú


 César Hildebrandt

George Forsyth, que es un figurón de los Muppets, sigue primero, aun­que empieza a perder aire.

¿Debería importarme? Los extras de los estudios Churubusco pueblan planchas y salivan de codicia ante la inminencia de las campañas electorales. La segundilla está de fiesta. Los NN, los aspirantes a XX, los fantasmas de la opereta candidatean y se empujan en las antesalas a ver si RPP les da un ratito, un polvo de gallo, unos segundos antes de la pausa comercial.

Renuncia Amado Enco y la prensilla hace un escán­dalo. ¿Quién es Enco? Es un invento de titulares que también quiere su presa en el Festival de La Nimiedad.

Vizcarra masacra el idioma, lo chavetea y lo fusi­la para explicar lo que, al final, apenas se entiende. Dice, en suma, que debemos tener cui­dado en las fiestas próximas.

¿Para eso habla un presidente?

Y la televisión sigue viviendo de la basura, los reflejos condicionados, la baba de Pavlov, del crimen como propuesta de en­tretenimiento. El Perú es como una película de Aldo Miyashiro interpretada por una bataclana, un aquelarre presidido por Martha Chávez, una fiesta cale­ta en la pandemia.

Entonces, huyo.

No puedo más. Necesito res­pirar, volver a vivir, sentirme nuevamente humano.

Pienso: los periodistas es­tamos condenados a vivir, como garrapatas, de la agen­da del día. Y la agenda del día nace en las comisarías, en los hoteluchos, en las mansiones del club de la cons­trucción, en los expedientes de los hermanitos. Son los miserables de arriba y de abajo los que deciden qué nos debe preocupar, qué leeremos, qué veremos en la tele pútrida. Somos cine negro.

Huyo. Me refugio en el ámbito donde me siento bien. Reivindico el egoísmo salvador. Me atrinchero.

Escucho a la Callas, que a veces me saca algu­nas lágrimas. Y leo, me salvo, renazco, me limpio.

No aspiro a nada cuando leo. Me basta con ser lector. Me quedo feliz con la música de las pala­bras, la sinfonía del sentido. Y leo muchas veces en voz alta porque la buena prosa se recita como melopea. Releo a Miguel Hernández:

El amor ascendía entre nosotros/ como la luna entre las dos palmeras/ que nunca se abrazaron...

De pronto, entonces, llegan las noticias de Bolivia. ¿De modo que nuestros hermanos me­nores, a quienes miramos con habitual desdén, nos dieron una lección de decencia y eligieron al candidato del MAS? ¿O sea que los bolivianos, hermanos del Alto Perú que Bolívar desgajó de nuestra espesa jurisdicción, no se dejaron ame­drentar por la gran prensa y los agentes de la CIA residentes en Santa Cruz y eligieron al sucesor de Evo Morales? ¡Qué notición! ¡Y qué manera de callar la de la prensa peruana! ¡Cuánto miedo entre sus escribidores a tanto el media training!

Y cuando uno estaba degustando todavía lo de Bolivia, saboreando la cuchipanda aimara, viene o lo de Chile. ¡Apoteósico!

Resulta que lo que la derecha chilena creyó inamovible como la cordillera, ha sido demolido en olor de multitud. Honor a los valerosos chileños que se enfrentaron a “El Mercurio” y a los pacos y lucharon por años hasta poder arrancarle a la derecha la llave de la caja fuerte donde estaba el santo grial de la constitución.

El mito del inmovilismo ha terminado. Así como Francisco Franco decía que lo de la continuidad era seguro y que todo “estaba atado y bien atado”, del mismo modo la derecha chilena, maldita desde 1973 por su ensañamiento, estaba segura de que el marco jurídico de la dictadura era parte de la naturaleza. Pues bien, se acabó. Los chilenos se ganaron el derecho de elegir una asamblea constituyente cuyo fin será renombrar al país y sembrar lo que haya que sembrar y talar lo que haya que talar. La educación, la salud y el régimen pensionario dejarán de ser latifundios de los de siempre y conocerán nuevas definiciones y fórmulas. Chile vuelve a vivir, a latir, a demostrar, a pura rabia y coraje, que ha dejado de ser el zombi vitalicio mordido por el pinochetismo. Todo podía admitir la derecha chilena, excepto que la constitución de su líder fuese tocada. Podían asentir cuando uno las decía, con pruebas bancarias y judiciales en la mano, que Pinochet, aparte de asesino, fue un ladrón. Podían mostrarse arrepentidos cuando se les hablaba de los excesos depravados de mi general Contreras, chupe de Pinochet y especia­lista en picanas y desapariciones. Pero, eso sí, decían de lo más pelucones: nos dejó la Constitución -así, con mayúsculas- que ha permitido este milagro.

Pero en octubre no hay milagros. Y los chilenos se hartaron de que les dijeran que la desigualdad era una ley de dios, que la educación era un pri­vilegio destinado a unos cuantos, que los sueldos debían ser la parte del ratón en el reparto. Esta­ban hartos de que la derecha, que había aplaudi­do los crímenes de la dictadura y la impunidad de su comandante en jefe, se considerara albacea de un legado inapelable y emputeciera las palabras hasta hacer irrespirable el país.

Exactamente como aquí, en el Perú. Con la dife­rencia de que nuestro país sigue sometido al secuestro moral del fujimorismo y su descendencia (la oficial y la supernumeraria). Los chilenos han puesto en su sitio a “El Mercurio” y a sus allegados y han votado por un nuevo futuro. Los pe­ruanos -muchos de ellos- siguen creyendo que “El Comercio” defiende los intereses permanentes del país.

Leí el editorial que “El Comercio” publicó en re­lación al triunfo popular chileno y no pude dejar de sentir una felicidad extre­ma. El diario del accionis­ta Pepe Graña, la caverna donde lo más reaccionario de la sociedad ensaya sus palabreos, anuncia para Chile las peores catástrofes y los cauces más peli­grosos. Que los chilenos se enteren: “El Comercio”, de Lima, condena el rotundo triunfo del “apruebo”. ¿Les importará que esta versión rimense de “El Mer­curio” clame al cielo porque la mayoría ha decidido lanzar por la borda la constitución del tirano?

El terror de “El Comercio” es que el ejemplo cunda. Chile estaba bien cuando era el ejemplo del “neoliberalismo exitoso” que Pinochet im­puso a sangre y fuego y Friedman apadrinó con visitas y consejos. Ahora Chile es un mal ejemplo, un vecino descarriado, un nuevo réprobo. Igual que Bolivia, que ha vuelto a las andadas. Y “El Comercio”, que respaldó al fujimorismo toda una década, apuesta por la eternidad de la constitu­ción que los tanques sostuvieron en 1993.

Pobre mi país, en manos de bandidos que en vez de gritar, sencillamente, arriba las manos o la bolsa o la vida, dicen patria, moderación, or­den, sensatez y destino común. Y cantan el himno mientras afilan sus pasquines y sus televisiones para hacerle creer a la gente que el mundo termina en la Dinincri y, como diría Neruda, que en alguna parte del cielo todos somos iguales.

Fuente:  HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°  513, 30O/10/2020  p09

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30 de octubre de 2020

Los grandes perdedores (y los ganadores) de las elecciones en Bolivia


Cecilia González

El Imperio no pudo perpetrar el fraude ante la aplastante mayoría del MAS.

El pueblo boliviano, al final, no estaba cansado del Movimiento al Socialismo, como muchos nos quisieron hacer creer durante un año.

Las elecciones de ayer confirmaron que el MAS es una fuerza política sólida y duradera que logró imponerse en el poder otra vez a fuerza de votos. Que es, sobre todo, el partido con mayor respaldo popular en un país que tuvo que padecer una dictadura que fue apoyada por organismos internacionales, gobiernos, políticos, intelectuales y medios de comunicación a los que no les importó avalar un golpe de Estado. Hoy, son los grandes perdedores.

«No volverán», le vaticinaban al derrocado presidente Evo Morales, al candidato presidencial Luis Arce, al candidato a vicepresidente David Choquehuanca, y  a todo el MAS. En realidad, era solo una expresión de deseo porque, al igual que pasó con los peronistas en Argentina, el «Masismo» volvió y ganó en primera vuelta.

Así lo anticipan los resultados de dos sondeos a boca de urna que se dieron a conocer en la madrugada de una jornada electoral que fue contrastante. Durante el día, la gente votó en paz, en tranquilidad. Pero apenas cerraron las casillas comenzó la incertidumbre por el inexplicable retraso de los resultados oficiales.

Las horas de tensión se acumularon. Millones de bolivianos y parte de la comunidad internacional esperaban en vilo alguna tendencia, algún dato. Pasada la medianoche, la empresa Ciesmori por fin fue autorizada a publicar los resultados del boca de urna que ya tenía desde hacía horas. Y anunció que Arce se imponía con el 52,4 % de los votos, frente al 31,5 % de Carlos Mesa. Ni siquiera habría necesidad de ballotage. Al poco rato, la plataforma ‘Tu voto cuenta’ confirmó las tendencias con datos similares: 53 % para el MAS y 30,8 % para Comunidad Ciudadana.

Los datos son tan categóricos que ni siquiera la presidenta de facto Jeanine Áñez se animó a contradecirlos. Hasta salió a reconocer muy rápido la victoria de Arce. El resultado representa una derrota para esta política de ultraderecha que el 12 de noviembre del año pasado se autoproclamó como presidenta interina. «Gracias a Dios, la Biblia vuelve a Palacio», celebró entonces, rodeada de militares.

Desde entonces, Áñez hizo de todo para evitar el regreso del MAS. Era su obsesión. A través de discursos de odio, persiguió y reprimió a sus líderes, militantes y simpatizantes; se postuló a la Presidencia con la esperanza de permanecer en el poder, pero tuvo que renunciar ante el nulo apoyo popular a su candidatura; postergó lo más posible las elecciones e impulsó una unidad opositora al «Masismo» que jamás prosperó.

Ahora, acompañada de su Biblia, tendrá que salir de una casa de Gobierno que de nuevo, como dicta la Constitución, será ocupada por un presidente democráticamente electo en un estado laico. Pero todavía tendrá que rendir cuentas por las masacres de Sacaba y Senkata en las que, ya bajo su gobierno, fueron asesinadas 22 personas. Las víctimas merecen justicia.

Otros perdedores

A pesar de que los datos oficiales avanzan con lentitud, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ya avaló la victoria del MAS. Hasta felicitó a Arce y a Choquehuanca en un mensaje que le valió inmediatas respuestas de repudio.

La reacción era predecible dado el decisivo y deplorable papel que la OEA jugó en la crisis que estalló el año pasado y que sumió a Bolivia en una dictadura. Su animadversión contra Morales fue evidente. Acusó un fraude que no pudo probar y la validez de sus informes fueron puestos en duda por estudios independientes.

Almagro llegó al extremo de recibir en Washington a Luis Fernando Camacho, uno de los principales impulsores de la violenta destitución de Morales, y de reconocer «su compromiso con la democracia boliviana». Su supuesta imparcialidad era inexistente.

En Bolivia, el principal derrotado es Carlos Mesa, el periodista y expresidente considerado «centrista», ya que no adhería a las posiciones de extrema derecha de la mayoría de los enemigos más radicalizados del MAS. Mesa  aspiraba a sumar los votos necesarios para disputar una segunda vuelta contra Arce en la que, confiaba, se convertiría en presidente. No pudo ser.

Otro es Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien había prometido tendencias y datos rápidos, pero horas antes de la apertura de las urnas anunció la suspensión del nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares. Al final, el retraso en el conteo de votos se prolongó tanto que minó la confianza y credibilidad en el organismo.

En el plano internacional, el relato que justificó el golpe en Bolivia con el pretexto de que el expresidente había cometido un fraude (que nunca se demostró) también fue amparado y difundido por influyentes medios regionales que apostaron y anticiparon una derrota de Arce que no ocurrió, que aseguraron que la izquierda boliviana estaba terminada, que la sociedad no la quería de vuelta. Otra vez, el gran problema de confundir deseos con análisis de la realidad.

Todavía en vísperas de las elecciones vaticinaban el fracaso del MAS. Hoy, se esfuerzan en minimizar o distorsionar la información sobre los resultados electorales.

Algo similar les pasó a los gobiernos de la región que ni se inmutaron ante el socavamiento de la democracia boliviana, en particular el brasileño Jair Bolsonaro, que celebró la caída del MAS y se convirtió en el mejor amigo de la presidenta de facto, y el argentino Mauricio Macri, que en la recta final de su gestión minimizó el peligro que entraña cualquier dictadura. Jamás condenaron siquiera las violaciones a los derechos humanos que se documentaron en Bolivia.

Los ganadores

La elección representa el regreso victorioso del MAS, una fuerza política que ha ganado todos los comicios desde 2005. Posiciona a Arce como el nuevo jefe de Estado que deberá reencauzar al país luego de un año de dictadura, en medio de la crisis por la pandemia y con una polarización política latente. Habrá que esperar los resultados finales para conocer la reconfiguración del Congreso.

Los resultados implican, también, la reivindicación de Evo Morales, el presidente que durante sus 13 años de gobierno logró los mayores avances sociales y económicos de la historia de Bolivia, el que quiso permanecer en el poder y terminó derrocado y refugiado primero en México y luego en Argentina, desde donde coordinó la estrategia de la vuelta del MAS por la vía democrática. El mismo al que se le impidió postularse para el Senado. Su futuro, el papel que desempeñará bajo la presidencia de Arce, todavía es una incógnita.

A nivel regional, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, la dupla progresista latinoamericana que ha forjado una inédita alianza, ganan por haber condenado desde el principio la dictadura en Bolivia, por haber recibido y apoyado a Morales. El presidente argentino ahora estará menos solo en una Sudamérica copada por gobiernos de derecha o ultraderecha y la siempre cuestionada Venezuela.

Pero el verdadero y más importante ganador de este histórico episodio es el pueblo boliviano, que por fin recupera una democracia que jamás debió haber sido interrumpida.

Cecilia González. Periodista y escritora mexicana

26 de octubre de 2020

El MAS derrotó al neoliberalismo en Bolivia


Hedelberto López Blanch

La rotunda victoria electoral obtenida por el Movimiento al Socialismo (MAS) ha representado un golpe contundente a las fuerzas de la derecha nacional y regional que habían impuesto una dictadura neoliberal, y a la par demostró el irrestricto apoyo que le profesa el pueblo boliviano al primer presidente indígena de su historia, Evo Morales Aima.

El triunfo obtenido por el MAS en los comicios efectuados este 18 de octubre, han echado por tierra todas las artimañas realizadas por las fuerzas reaccionarias que el 10 de noviembre de 2019 dieron un sangriento golpe de Estado contra Evo, tras éste haber ganado esas elecciones con más del 10 % sobre su más cercano rival.  

En aquella ocasión, la formula Evo Morales-Álvaro García Linera alcanzó el 46,86 % de los votos, mientras que su oponente, el derechista Carlos Mesa, obtuvo 36,73 %.

No obstante, la derecha desconoció los resultados y la Organización de Estados Americanos (OEA) con su funesto secretario general al frente, Luís Almagro, y el infausto Grupo de Lima, declararon que hubo fraude en las elecciones. Meses después, varias organizaciones internacionales demostraron que Evo obtuvo un limpio triunfo, pero ya el mal estaba hecho.

Después del golpe de Estado, la represión no se hizo esperar y el pueblo fue acosado con saña y violencia por las fuerzas militares y policiales que dejaron un saldo de 40 muertos y numerosos heridos, mientras los principales dirigentes del MAS fueron perseguidos, encarcelados o impulsados al exilio. Todo esto realizado con el beneplácito de la OEA y del gobierno de Estados Unidos.

En esta ocasión, como todas las encuestas daban como posible ganador a Luís Arce, la presidenta de facto Jeanine Áñez y los golpistas pospusieron en tres ocasiones la celebración de los comicios al avizorar que perderían el poder y dejarían de llenar sus bolsillos de dólares lo cual han logrado con el robo de las riquezas del país.

Ahora, la candidatura del MAS, Luís Arce-David Choquehuanca, se alzó con el 53,4 % de los votos, mientras que Carlos Mesa solo obtuvo el 30,5 %.

Durante el año que la derecha mantuvo el poder con un sistema neoliberal, la economía boliviana decreció a 5,4 %; cerca de un millón de ciudadanos ingresaron en el nivel de pobreza; el desempleo se expandió por toda la nación y la pandemia del coronavirus, por la desidia y falta de atención médica, ha provocado la muerte a 8 268 personas y 145 000 contagiados. Bolivia es el tercer país del mundo con mayor número de fallecidos per cápita por la covid 19, con 70 decesos por cada 100 000 personas.

Indiscutiblemente que las hazañas económicas y sociales que  realizó el gobierno de Evo Morales desde enero de 2006 fueron las que han permitido revertir el golpe de Estado y dar el triunfo a la fórmula Arce-Choquehuanca.

Antes de 2006, las características en Bolivia eran la inseguridad política ciudadana con una gran pobreza, falta de educación y de atención a la salud del pueblo, mientras que la economía sufría un saqueo indiscriminado.

En su primer mandato se acordaron medidas para nacionalizar empresas y riquezas productivas, mineras y de servicios, y comenzó la etapa para dejar atrás más de dos siglos de explotación por parte de gobiernos extranjeros y compañías transnacionales con la anuencia de las oligarquías criollas.

Con anterioridad, los principales productos energéticos y empresas públicas creadas por la revolución de 1952 habían sido privatizados o vendidos a precios de remate. Este proceso se acrecentó entre 1985 y 2005 durante los gobiernos neoliberales, (el último presidido por el actual derrotado candidato Carlos Mesa) ya que el Estado dejó de controlar el 70 % de la actividad productiva y su principal industria, Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos (YPFB), recibía regalías de solo 18 % por parte de las transnacionales.

Al nacionalizarse la industria de los hidrocarburos se estableció una política de retención del sector, dividido en 50 % de regalías, 7 % en ganancias recuperables de empresas operadoras de YPFB y pago de impuestos y patentes. De esa forma se aseguró que el Estado Plurinacional y el pueblo obtuvieran ingresos por miles de millones de dólares y a la par se promovió la recuperación de riquezas y recursos como un hecho de justicia social y económica.

Esas medidas propiciaron disminuir la pobreza y dinamizar la economía familiar al aumentar el consumo en los hogares.

Se construyeron en el país 35 hospitales de segundo nivel, 1 061 establecimientos de salud y 18 550 centros para atender a la población. La mayoría de esas instalaciones fueron abandonadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó anualmente en 4,9 % y pasó de 9 000 millones de dólares en 2005 a 50 500 millones y un equivalente per cápita de 4 000 dólares.

La pobreza extrema se redujo en ese período de 38,2 % a 15,2 % y la pobreza moderada de 60,6 % a 34,6 %, las tasas de disminución más altas del continente. La esperanza de vida pasó de 63,8 años a 73,5 años en 2019.

Bolivia se situó entonces como uno de los países con mayores niveles de asistencia escolar en primaria, declarada por la UNESCO como libre de analfabetismo debido a la ayuda brindada en ese sector por Cuba y Venezuela, y  construyó 16 773 unidades educativas en esos 14 años.

Pese a todas las artimañas de los golpistas, de la OEA y del gobierno estadounidense para tratar de preservar en el poder a las fuerzas de derecha, el pueblo boliviano volvió a dar muestras de su valentía como ocurrió en 2002 cuando con masivas manifestaciones logró sacar del poder al mandatario neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

De todas formas, el pueblo y todas las fuerzas democráticas y progresistas del mundo tendrán que seguir atentos para que no vuelva a suceder otro golpe de Estado.

Hedelberto López Blanch. Periodista, escritor e investigador cubano.

22 de octubre de 2020

Bolivia: El retorno de la izquierda


Atilio A. Boron

La resonante victoria del MAS en las elecciones presidenciales bolivianas ratificó la densidad social de la organización política de los pueblos bolivianos.

Los guarismos tomaron por sorpresa inclusive a los analistas más rigurosos: las encuestas realizadas por cuatro de las cinco consultoras más renombradas en Bolivia anticipaban para el binomio del MAS una votación que oscilaba en torno al 45 por ciento de los votos y cerca del 34 por ciento para su más inmediato perseguidor, Carlos Mesa. Es decir, que los votantes del evismo ocultaron su intención de voto a la vez que se sobreestimó la base real de apoyo de Comunidad Ciudadana.

La victoria fue mucho más amplia de lo esperado, tal como lo aseguran las dos consultaras certificadas por el gobierno para realizar los “boca de urna”: CIESMORI y Jubileo. Ambas le asignan a la fórmula Arce-Choquehuanca una proporción que oscila en torno al 52 por ciento de los votos y a Mesa-Pedraza apenas un 31 por ciento. Algunos observadores aventuran que la cifra final se situará en torno al 55 por ciento. A primeras horas de la madrugada un tuit de la dictadora Jeannine Añez decía que “por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia.” (O sea, gobernar como ella no lo hizo). Al mediodía Carlos Mesa reconoció el triunfo del MAS.

Aún no se publicaron los cómputos oficiales de las 35.000 mesas electorales y sería una inocentada pensar que el enemigo imperialista y sus aliados de la derecha racista se inclinarán respetuosamente ante el veredicto de las urnas. Difícil (pero no imposible) que puedan haber sorpresas o maniobras de último minuto para frustrar la voluntad del pueblo boliviano. Si la diferencia hubiese sido menor, digamos de unos doce o trece puntos, seguramente que los bandidos a la orden de Luis Almagro habrían repetido lo hecho hace apenas un año y robado la elección; pero con una diferencia de veinte puntos o más la maniobra se desbarataría por su intolerable obscenidad. De todos modos, recién el miércoles se darán a conocer las cifras oficiales y entonces sabremos cuál es la siguiente movida de la derecha.

Las elecciones demostraron que el MAS es la única fuerza social existente en toda Bolivia. Carlos Mesa demostró que es un sello electoral, un contubernio de grupos que sólo tenían en común su odio a Evo y lo que éste representa. Y Luis Fernado Camacho es el líder de una importante fuerza social cuyo baluarte es Santa Cruz de la Sierra. Pero fuera de ese departamento –que equivale a un tercio del territorio nacional- su gravitación es muy baja. Construir una derecha con sólidas bases a nivel nacional es una tarea ardua, que en Bolivia, aún con la violencia terrorista de su dictadura, la complicidad de jueces y fiscales, y el apoyo de la cloaca mediática al servicio del imperio demostró ser una misión destinada al fracaso. La profunda crisis política en que se debate Estados Unidos en vísperas de una complicada elección presidencial restó protagonismo a “la embajada” y acotó sus márgenes de acción. Y la derecha local –en Bolivia como en Argentina y en toda Latinoamérica- sin la guía, los dineros y los resortes mediáticos y jurídicos que maneja Washington es poco lo que puede hacer.

Las usinas estratégicas de la derecha tienen un proyecto de alcance mundial (compárese por ejemplo las manifestaciones y consignas de los “anticuarentena” y “antiinfectadura” en los más diversos países) y trabajan para impedir la estabilización de gobiernos progresistas o la inauguración de uno de ese signo político. Claro que la historia es caprichosa y amiga de dar sorpresas. ¿Quién se animaría a desechar la idea de que en ese corazón de Sudamérica que es Bolivia acaba de salir el sol cuyos rayos iluminarán las próximas elecciones en Chile, Brasil, Paraguay, Venezuela y las presidenciales en Ecuador, en febrero del 2021?. Tal vez, sin darnos cuenta, seamos testigos de un giro histórico impensado hasta hace unas pocas semanas.