Mostrando entradas con la etiqueta Colombia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Colombia. Mostrar todas las entradas

27 de octubre de 2025

¿Cuál guerra contra las drogas?

Daniel Espinosa

"Fue bajo la ocupación estadounidense que Afganistán se convirtió en el narcoestado más importante del planeta"

Ahora que Donald Trump ha extendido sus amenazas contra países latinoamericanos asegurando que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sería un “líder del narcotráfico”, vale la pena recordar que la “guerra contra las drogas” no es más que una treta, un artilugio que Estados Unidos emplea para intervenir en el extranjero.

En 2001, luego de que los talibanes afganos prohibieran el cultivo de amapola en su país, el área de cultivo de esta planta –precursora de la heroína– cayó a mínimos históricos, descendiendo hasta 8,000 hectáreas. A partir de octubre del año señalado, con el inicio de la ocupación militar estadounidense del país asiático, la tendencia se revertiría de manera radical.

Para 2002, el área cultivada ya se había multiplicado casi diez veces, llegando a las 74,000 hectáreas. Las cifras más altas se alcanzarían década y media después. Así, en 2017 se contarían 328,000 hectáreas de cultivos. La producción de amapola solo volvería a caer a niveles parecidos a los de 2001 en 2022, luego del fin de la ocupación estadounidense y el retorno de los talibanes al poder (“Afghanistan Opium Survey 2023”, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

En su libro “The Fort Bragg Cartel”, el periodista estadounidense Seth Harp escribe: “El hecho de que uno de los primeros actos oficiales del recién instalado Gobierno afgano, respaldado por Estados Unidos, fuera legalizar la siembra de amapola, pasó prácticamente desapercibido en la prensa occidental”.

Luego de invadir Afganistán, cuenta Harp, la Casa Blanca colocó en el poder a Hamid Karzai, “un monarquista voluble y presunto heroinómano en la nómina de la CIA, que ejercía su poder y extendía la influencia del nuevo Gobierno… a través de una red clientelar de caudillos, jefes policiales, líderes de milicias, contrabandistas y mafiosos tribales, muchos de los cuales eran importantes narcotraficantes”.

Fue bajo la ocupación estadounidense que Afganistán se convirtió en el narcoestado más importante del planeta. Un artículo de “The New York Times” del 4 de octubre de 2008 señala que para ese año Afganistán estaba suministrando el 95% de la producción mundial de heroína.

Como sucedería una década después en la Honduras de los hermanos Hernández –notorios narcotraficantes alineados al orden estadounidense–, en Afganistán, Ahmed Wali Karzai –hermano del presidente títere– sería uno de los capos del tráfico de drogas protegido por el régimen. Al respecto, el mismo artículo del “Times” señala:

“La Casa Blanca favoreció una estrategia de no intervención con Ahmed Wali Karzai debido a la delicadeza política del asunto”.

Subordinar la lucha contra las drogas a intereses geopolíticos tendría efectos devastadores en las calles de Estados Unidos. El costo de la heroína, que aumentaría notoriamente su pureza, bajaría considerablemente. Como comprueba un estudio del Center for Disease Control and Prevention de EE. UU. (10/07/15), el auge de la heroína afgana coincidiría con un aumento drástico en el abuso de este narcótico en Norteamérica: “El uso de heroína en los Estados Unidos aumentó en un 63% entre 2002 y 2013”.

En su libro, Harp nota cómo, “…De manera curiosa, en 2008, luego de años reportando que la droga del suroeste asiático era cada vez más prevalente en ciudades como Chicago, St. Louis, New York y Boston… la DEA empezó a sostener… que la culpa la tenía México”.

De esa manera, la agencia antidrogas estadounidense desviaba la responsabilidad por inundar las calles estadounidenses de heroína, del Gobierno afgano títere, a un vecino latinoamericano que produce amapola en cantidades comparativamente ínfimas.  

Pero desviar la atención hacia México tampoco resultaba del todo conveniente para el Gobierno yanqui, pues si observamos con detenimiento la historia de uno de los cárteles más sanguinarios de la historia de este país, Los Zetas, veremos que esta organización se originó cuando un grupo de militares mexicanos de élite, entrenados por EE. UU. en Fort Bragg –base del Ejército estadounidense en Carolina del Norte– desertaron en masa para crear dicho cártel, que rápidamente se pondría al servicio de poderosos narcotraficantes del Golfo de México.

Los Zetas, explicó Seth Harp en una reciente entrevista (Democracy Now!, 14/08/25), se originaron en “un proyecto conjunto entre las Fuerzas Especiales de EE. UU. y el Gobierno mexicano para crear una unidad de paracaidistas de élite del Ejército mexicano, que más tarde se salió de control y se convirtió en uno de los cárteles más temidos”. La investigación de Harp detalla que Los Zetas luego traficarían cocaína y otros narcóticos a soldados de Fort Bragg (de ahí el nombre de su libro).

Por si esto fuera poco, miles de fusiles automáticos usados por Los Zetas y otros cárteles mexicanos llegarían a estas organizaciones en virtud del operativo “Fast and Furious”, dirigido por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), subordinada al Departamento de Justicia de EE. UU.

Como explica la antropóloga Ieva Jusionyte (“Rolling Stone”, 16/04/24), entre setiembre de 2009 y diciembre de 2010, agentes de la ATF, el FBI y la DEA permitieron que más de 2,000 fusiles de guerra fueran trasladados de tiendas de armas en Arizona, EE. UU., hacia los cárteles mexicanos. La idea –dijeron los agentes en su defensa– era seguirles el rastro hasta las manos de los narcotraficantes. Eso nunca ocurrió.

Los dueños de la gran prensa latinoamericana pertenecen a un sector de la sociedad que, de manera tradicional, ha dependido de las intervenciones yanquis para mantener un statu quo que estima favorable. Por eso sabemos tan poco del rol de EE. UU. en el tráfico de drogas y la violencia relacionada, porque información como la detallada en este artículo –que no es más que la punta del iceberg– deja en ridículo su supuesta “guerra contra las drogas”.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

11 de agosto de 2025

Perú: La Isla Chinería y el límite fronterizo entre el Perú y Colombia

Manuel Rodríguez Cuadros

La prohibición del uso de la fuerza, directa y compulsiva, es un factor que debe bajar cualquier tensión eventual.

El jueves 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una declaración fuera de contexto en su forma, contenido y finalidad: “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades impuestas en la zona”. No es usual que, de manera espontánea, un jefe de Estado cuestione un límite pactado conforme al derecho internacional, consolidado por más de 95 años. Es más insólito aún que lo haga públicamente, dirigiéndose directamente a los medios, soslayando la regla diplomática elemental que obliga a comunicar una decisión de tal naturaleza, primero, al país concernido. Y es menos ortodoxo que afirme urbi et orbi que su intencionalidad es cambiar el status quo de la línea fronteriza, al margen del régimen jurídico que regula los límites entre el Perú y Colombia.

Petro ha lanzado a Colombia a un irredentismo territorial ajeno a la tradición de responsabilidad pausada que ha caracterizado históricamente su vida diplomática. La excanciller Marta Lucía Ramírez ha señalado que la actitud de Petro tendría motivaciones políticas internas. Pero ha ido más allá: ha esbozado una aproximación más realista, técnica y de ortodoxia diplomática respecto del interés nacional colombiano. Ha recordado que la soberanía sobre la isla Chinería —objeto de la controversia— fue asignada al Perú en 1929 y que cualquier duda sobre nuevas formaciones fluviales debe resolverse por el canal regular de la Comisión Mixta establecida por el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

La Cancillería peruana ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza las expresiones del presidente de Colombia y ha recordado, con firmeza, el régimen jurídico del ejercicio de su soberanía en la isla Chinería, sustentado en las disposiciones del Tratado de 1922, el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 y las actas de la Comisión Mixta Demarcadora, que en 1929 reconoció de manera bilateral que la isla es parte del territorio peruano.

Es bueno recordar que el Tratado Salomón-Lozano cedió a Colombia el llamado trapecio amazónico, concediéndole acceso directo al río Amazonas y cediendo la ciudad peruana de Leticia. Este hecho provocó indignación, protesta, movilizaciones y repudio de la población. Se trató de la negociación más onerosa a los intereses nacionales del Perú en toda su historia diplomática.

Fue una responsabilidad directa y personal del presidente Augusto B. Leguía, quien negoció personalmente con el ministro de la embajada de Colombia en Lima, Favio Lozano, en forma secreta, sin que la Cancillería peruana conociera el curso de las negociaciones y menos aún su resultado. Alberto Ulloa ha recordado que “está establecido que el secreto, vale decir la clandestinidad, no fue una circunstancia sino una condición del tratado. A este respecto existen pruebas irrecusables”. Para Ulloa, las concesiones inadmisibles hechas a Colombia fueron producto de la “omnímoda voluntad del presidente Leguía en el manejo de la política internacional, determinada, a su vez, por la presión del gobierno de los Estados Unidos”.

Una vez suscrito el tratado, se mantuvo en secreto hasta 1927. Una vez hecho público en 1928, la resistencia del pueblo de Leticia y la oposición de importantes niveles institucionales en el país crearon una situación de resistencia manifiesta. El gobierno de Leguía intentó reformular sus disposiciones, sin éxito. En 1932, sectores civiles peruanos tomaron la ciudad de Leticia, ya colombiana en esa época. El gobierno de Sánchez Cerro y las Fuerzas Armadas decidieron la reincorporación de Leticia.

Se generó una situación de alta tensión. A inicios de 1933 hubo enfrentamientos armados. En mayo de ese año se decidió llevar el caso a la Sociedad de Naciones, que optó evidentemente por el respeto del orden jurídico internacional del pacta sunt servanda. El Perú acató estas decisiones, respetuoso del derecho internacional, y se procedió a la negociación y suscripción del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que en esencia ratificó todas las disposiciones y los límites establecidos en el Tratado Salomón-Lozano.

La línea fronteriza se confirmó en el mismo trazo acordado en 1922: “Desde el punto en que el meridiano de la boca del río Cuhimbé en el Putumayo corta al río San Miguel o Sucumbíos, sube por ese mismo meridiano hasta dicha boca del Cuhimbé; de allí por el thalweg del río Putumayo hasta la confluencia del río Yaguas; sigue por una línea recta que de esta confluencia vaya a la del río Atacuari en el Amazonas, y de allí por el thalweg del río Amazonas hasta el límite entre el Perú y el Brasil establecido en el Tratado Perú-Brasileño de 23 de octubre de 1851”.

En el río Amazonas se estableció como límite el thalweg (la línea de mayor profundidad del río). Aplicando este criterio, se acordó en el Acta Nº 2 que “respecto a las islas que se encuentren en los ríos Amazonas y Putumayo en las secciones en que estos ríos son frontera, la Comisión Mixta convino, en uso de las atribuciones que le confiere el tratado, que una isla dada pertenecerá a la nación cuya ribera se encuentre más cercana a la isla, debiendo la Comisión Mixta, al finalizar los trabajos, hacer la descripción de frontera con la denominación de las islas que resultaren adjudicadas a cada país”.

El 11 de noviembre de 1929, la Comisión Mixta Demarcadora asignó a Colombia la isla Zancudo número…, las islas Loreto, las islas Santa Sofía, las islas Arara, la isla Ronda y la isla Leticia; y al Perú, la isla Tigre, las islas Coto, la isla Zancudo, la isla Cacao, la isla Serra, la isla Yahuma y la isla Chinería con su población de Santa Rosa.

Es importante retener el criterio técnico establecido en las actas: en ningún caso la posible variación de la línea del thalweg por erosión u otros fenómenos naturales en algún sector cambiará los sitios extremos de esta línea. Ello da seguridad jurídica al sistema. Si surgen nuevas formaciones, su pertenencia a uno u otro país se establece conforme al límite pactado. No se trata de llegar al absurdo de negociar nuevos límites cada vez que hay movimientos o desplazamientos. Existe un límite pactado en todo el curso del Amazonas compartido. Por ello, la novísima posición del presidente Petro no tiene sustento en el derecho internacional, incluyendo las disposiciones del Tratado de 1922 y el Protocolo de 1936.

El Protocolo de 1936 es también un tratado que crea ineludibles obligaciones al Perú y Colombia en caso de discrepancias en la ejecución y aplicación del régimen limítrofe fronterizo. El artículo VII es de una importancia excepcional. Establece que Colombia y el Perú “se obligan solemnemente a no hacerse la guerra ni a emplear, directa o indirectamente, la fuerza, como medio de solución de sus problemas actuales o de cualesquiera otros que puedan surgir en lo futuro. Si en cualquiera eventualidad no llegaren a resolverlos por negociaciones diplomáticas directas, cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá recurrir al procedimiento establecido por el artículo treinta y seis del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, sin que la jurisdicción de ésta pueda ser excluida o limitada por las reservas que cualquiera de ellas hubiere hecho en el acto de suscribir la disposición facultativa”.

Este régimen de solución de controversias conlleva dos instancias: las consultas diplomáticas directas y, si estas no funcionan, la recurrencia a la Corte Internacional de Justicia. La prohibición del uso de la fuerza, directa y compulsiva, es un factor que debe bajar cualquier tensión eventual. Lo usual, sensato, útil, práctico y eficaz es que se puedan esclarecer los componentes técnico-jurídicos en el primer nivel de la instancia de consultas diplomáticas: la Comisión Mixta de Límites y Ríos Fronterizos Peruano-Colombiana.

https://larepublica.pe/opinion/2025/08/10/la-isla-chineria-y-el-limite-fronterizo-entre-el-peru-y-colombia-manuel-rodriguez-cuadros-hnews-884720

8 de agosto de 2025

Perú: La isla de la fantasía

César Hildebrandt

"Hay algo de justicia poética en estas irrupciones de tierras azarosas surgidas en el Amazonas"

Aparte de todos sus méritos, Dina Boluarte tiene modales de gallinero. Por eso insultó a Bolivia hace poco, saliéndose del texto aprobado por el Consejo de Ministros y creándole un problema a la cancillería. Y por eso no le dio la mano a Gustavo Petro en mayo pasado, en ocasión de la toma de mando del presidente de Ecuador. La señora cree que todavía está en el escenario de los líos contables y los chismes baratos del club departamental que presidió.

Gustavo Petro carece de la paciencia boliviana y tiene la boca floja, el rencor pronto y la labia torrencial de los bien hablados. Por eso ha buscado un pretexto perfecto para decirnos a los peruanos que los desaires se pagan y que hay un asunto por arreglar.

La verdad es que hay muy poco por arreglar. Lo cierto es que a Chinería, la isla original, le creció un bulto en los años 70 y desde esa década un grupo de peruanos pasó naturalmente a ocupar aquella extensión, surgida del cambio en las aguas del Amazonas y de la sedimentación de su cauce. Esa ampliación, que llegó a separarse de Chinería, es lo que se llama isla fluvial de Santa Rosa y tiene más de 50 años de jurisdicción peruana.

Petro quiere armar un lío pueblerino donde lo que hay es la deriva amazonense del cambio climático. Esas nuevas condiciones, impuestas por la deforestación, están dejando sin agua el puerto de Leticia y nadie puede culpar al Perú de tamaño desastre.

Hay algo de justicia poética en estas irrupciones de tierras azarosas surgidas en el Amazonas. El tratado Salomón-Lozano de 1922, impulsado por el entreguismo de Leguía, cedió el entero trapecio de Leticia a Colombia. Diez años después, en pleno sanchecerrismo, una turba de peruanos insumisos ocupó Leticia y quiso quedarse con ella. Sánchez Cerro fue asesinado por el Apra justo el día en que había pasado revista a las tropas que se iban a combatir por la ciudad recuperada al margen de la ley y los tratados. Su sucesor de facto, Óscar Benavides, desechó la idea del conflicto y aceptó el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que dejó las cosas como antes.

Gustavo Petro ha hecho un gobierno muy mediocre y se ha visto salpicado por la corrupción de algunos de sus allegados. Desde las acusaciones por lavado de activos contra su hijo Nicolás hasta los escándalos por nepotismo en Ecopetrol, pasando por los 120,000 dólares que el contrabandista Papá Pitufo entregó a la campaña del actual presidente, el llamado “gobierno del cambio” se ha empantanado en un clima de estridencias verbales, tensiones aspérrimas con autoridades regionales y, con excepción del cambio producido en el régimen pensional, muy pocos logros respecto del programa original del 2022.

El nacionalismo siempre es una tentación para quienes necesitan coartadas que retiemplen el ánimo y aglutinen a los dispersos. Petro se ha inventado una causa patriótica a partir de un islote ínfimo aparecido de los barros arbitrarios del Amazonas. Y lo ha hecho –no me cabe duda– pensando en la grosería infligida por la señora que dice gobernar el Perú. Habría que decirle a Petro que los peruanos de bien solemos ser mejor educados, sabemos algo de historia y no pensamos repetir la debilidad del señor Leguía. Que lo tenga claro. Le daremos la mano, por supuesto, pero no le daremos Santa Rosa.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 744 año 16, del 08/08/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

27 de diciembre de 2022

¡Cuidado! la derecha reaccionaria actúa

Hedelberto López Blanch

Los gobiernos progresistas surgidos en los últimos años en América Latina, tienen que estar muy alerta por la amenaza que representan las fuerzas de ultraderecha, con vestigios de fascismo, que están frustradas por los avances nacionalistas que ha tenido la región.

Una de esas grandes amenazas directas fue la reunión ultraderechista más grande del mundo, conocida como CPAC, celebrada en México, los días 18 y 19 de noviembre pasado, cuya agenda principal fue la de impulsar una línea contra lo que estos elementos consideran una “expansión del socialismo” en América Latina.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) reúne desde hace medio siglo a un conglomerado de representantes del mundo conservador, a cientos de organizaciones, miles de activistas y a millones de espectadores con el uso de los medios y la gran cantidad de redes sociales que controlan.

La CPAC es organizada y controlada por la Unión Conservadora Estadounidense, que realizan una o dos reuniones al año y donde más de 100 organizaciones contribuyen con abundante capital.

En esta ocasión escogieron celebrar el cónclave en el lujoso hotel Westin de Santa Fe, México. El Partido de gobierno en el país, Morena, advirtió que “la composición de esa conferencia está rebosante de xenofobia, racismo y hostilidad, embestida contra conquistas de derechos sociales y laborales, rechazo a derechos humanos y libertades, y conservadurismo de todo tipo y alcance”.

Entre el centenar de grandes organizaciones que la financian se encuentran Human Events, Young America’s Foundation y la Asociación Nacional del Rifle, capaces de reunir 10 000 participantes en sus foros, además de gentes de derecha importantes de diferentes corrientes del movimiento conservador estadounidense, políticos con cargos en ejercicio y otros. Por tanto el peligro es inminente para México y para cualquier nación latinoamericana.

En esta ocasión estuvieron en el mitin, Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de Rafael Calderón, célebre por su imagen haciendo el saludo nazi; el actor Eduardo Verástegui, amigo y admirador de Trump; el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. También participaron el anticomunista polaco, Lech Walesa, Steve Bannon, exasesor de Trump y Santiago Abascal, líder del partido ultraconservador español VOX.

En la apertura del evento, Eduardo Verásteguei expresó: “Como amantes de la libertad, todos debemos estar preocupados por la expansión del socialismo en América Latina”, en referencia a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, Perú y más recientemente Brasil.

Como no podía faltar la intervención de uno de los principales abanderados de la ultraderecha en el mundo, en el cónclave se transmitió un vídeo del expresidente estadounidense Donald Trump que dijo: «Debemos detener la expansión del socialismo y, simplemente, no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. Y debemos reconstruir nuestras economías, para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias»,  

Prácticamente al mes de concluir esa extremista tertulia, ocurrió el golpe de Estado contra el legítimo presidente peruano Pedro Castillo, y el parlamento y la derecha peruana impusieron a la vicepresidenta Dina Boluarte para que ocupara el cargo.

Pese a la enorme represión desatada para tratar de controlar las movilizaciones obreras y estudiantiles que ya han dejado 26 muertos y numerosos heridos, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken llamó a Boluarte para ofrecerle el apoyo irrestricto de la Casa Blanca.  

En los últimos años América Latina ha sufrido los llamados “golpes blandos” qué como es lógico, nada tienen de blando. Recordemos el golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales que por la presión interna boliviana y el apoyo de la comunidad progresista internacional fue revertido.

También en 2019 hubo un intento de golpe contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro e inmediatamente Washington, en una jugada que no le fructificó, reconoció al fantoche Juan Guaidó como presidente fantasma.

Otros sucesos parecidos ocurrieron en el Paraguay de Fernando Lugo, de Manuel Zelaya en Honduras, en el Brasil de Dilma Rousseff y de Luiz Inacio Lula da Silva, o contra Rafael Correa en Ecuador.

Por todo esto, los gobiernos y partidos progresistas de Latinoamérica deben estar muy atentos y unidos para detener esa arremetida derechista auspiciada, dirigida y financiada desde Estados Unidos cuyos dirigentes siguen pensando que la región es su “patrio trasero”.

¡Ojo! que como ha quedado comprobado en la historia, la derecha para lograr sus objetivos mata, asesina y arrasa con todo aquel que se le interponga.

Hedelberto López Blanch. Periodista, escritor e investigador cubano.

8 de junio de 2022

Petro, tan lejos

Juan Manuel Robles

Qué envidia sana que da Colombia al tener en la segunda vuelta un candidato como Gustavo Petro, quien no ha ganado aún pero obtuvo una victoria histórica que ojalá sea el preludio de una gran fiesta y la vida sabrosa (como dice Francia, la candidata a vicepresidenta). Qué gusto mirar al país vecino desafiar su suerte, emprender el cambio, despabilarse y romper paradigmas. Qué cachetada, también, saber que estamos tan lejos de contar con referentes que reúnan tanto: inspiración, ambición, firmeza, capacidad de unir. Una izquierda que dejó atrás la improvisación, con un candidato dispuesto a enmendar sus errores políticos, y que hace tiempo procesó las vehemencias de la juventud. Una izquierda que recupera el verbo: no la charlatanería ni las consignas fáciles, sino las palabras que se hilvanan para explicar qué merecemos y cómo lograrlo.

Es una envidia paradójica, por supuesto. Queda claro que Petro no podría existir en el Perú como líder. ¿Se imaginan? La izquierda “provinciana” lo llamaría caviar, porque fue alcalde de la capital, donde está su base, y porque cree en la inclusión y los discursos de género, recurre a la CIDH y anda pactando con moderados. Pero los progresistas tampoco aceptarían de buena gana a Petro: un reportaje de “Panorama” bastaría para que la propia izquierda limeña empiece a llamarlo “terrorista”, o a tolerar que lo estigmaticen así por su pasado en la subversión (el M-19 de Petro era un movimiento guevarista parecido al MRTA), mirando para el otro lado si la Dircote lo cita o alguna autoridad lo retira de la contienda por el prontuario.

La multitud de Petro en su encendido discurso de cierre de campaña —en una hermosa plaza liberada— me entusiasma y me recuerda nuestra condena peruana. Los líderes más sólidos de izquierda en Latinoamérica en estos tiempos han sido los que reúnen tres características: una probada participación en una lucha radical, sensibilidad social y experiencia en cargos públicos. Lula. Morales. Mujica. Boric. En el Perú, Sendero Luminoso, y el trauma creado por su accionar criminal, quitaron de la ecuación cualquier radicalismo como virtud, pues este se entiende automáticamente como señal de “violencia”, sin mayor análisis. No solo se desterró de la vida política a cualquier persona de pasado militante en organizaciones subversivas o afines (incluso de aquellos que no participaron en crímenes) sino que se censura al dirigente cocalero que emerge —peor: se lo encarcela— o se margina al líder sindical que haya estado preso debido a la represión policial. Yo hasta hace unos años creía que esto es lógico porque la gente recuerda con pavor la violencia. Últimamente creo que son más los políticos los que mantienen viva la censura, al margen de los procesos ciudadanos.

El caso es que, a falta de ese líder de izquierda que haya podido procesar su radicalismo —alguna forma de radicalismo—, lo que nos toca en el Perú es un maestro conservador, un moralista del trabajo cuyo discurso se parece al de un pastor evangélico errático. Un hombre sin credo ideológico, que, a la luz de los hechos, no estaba comandando una lucha social cuando lideró la huelga del magisterio. Estaba defendiendo sus intereses, y para ello sacó a relucir una costumbre que se haría su sello: pactar con cualquiera.

Colombia es un modelo de lucha izquierdista (que no tenemos). Y aquí otro motivo de envidia enorme: la manera en que Petro expresa sus propuestas. Su inteligencia que provoca miedo (el propio Álvaro Uribe lo ha admitido, en reveladoras declaraciones). Petro ha propuesto ideas como la “alfabetización digital”, que consiste en que brigadas de estudiantes de los últimos años de colegio capaciten a gente del campo en herramientas digitales para tener más oportunidades (al tiempo que se procura la interconexión tecnológica del país, como parte de la democratización del acceso a Internet). Es un decidido impulsor de la transformación energética, que quiere dar el primer paso para desplazar al petróleo y desarrollar energías limpias, menos contaminantes.

En Colombia ha ocupado el primer lugar un candidato de izquierda que habla de la energía solar para impulsar la reindustrialización y competir mejor (ahorrando en electricidad, no en recursos humanos). Se trata de un luchador social con un discurso complejo, que en cada entrevista explica pasos para una transformación posible. Por supuesto que puede estar equivocado, pero es todo lo contrario a un populista emocional. Que ese ejercicio de la razón haya sido premiado en las elecciones es un logro para toda la región.

Y con él está Francia Márquez, que resume ese espíritu contestatario de vanguardia. Afrodescendiente, feminista y activista medioambiental (en un país que durante el gobierno de Duque ha matado a trescientos), se convirtió en el símbolo de la contienda. Es un fenómeno enorme que, de paso, deja atrás otras taras de las izquierdas: la subrepresentación y el sectarismo.

Ojalá gane Petro y traiga algo de luz al continente. No es fácil, al frente tiene a los poderes fácticos unidos y a un falso outsider: Rodolfo Hernández, un empresario de derecha que se dice antisistema pero que se ha beneficiado por el statu quo para hacer su fortuna, un Trump colombiano que hace demagogia de lucha contra la corrupción pero tiene, él mismo, investigaciones por tráfico de influencias. Un señor que hace payasadas en Tik Tok y juega a la incorrección política y la misoginia, que está a punto de abrazarse con toda la clase política que dijo despreciar, todo con el fin demoler a Petro con el cuco de siempre: Venezuela.

Pero pase lo que pase, la izquierda que venció en Colombia es ya una lección de pluralidad, de congregación para un objetivo mayor: la alternancia verdadera en un país de terratenientes y caciques que sufrió y fue escuela de la peor violencia, donde los que mueven la cosa han confundido crecimiento con desarrollo y libertad de mercado con libertad humana. Como dice el escritor colombiano Juan Álvarez, es errónea la frase “es venganza” con la que algunos analistas definen lo ocurrido. No es la lógica de la vendetta lo que explica un proceso social hondo en que tantas almas se sincronizan. Tal vez en ese giro conceptual, superar la idea de revancha y procurar la unión urgente —Petro habla como si el mundo fuera a acabarse, lo cual confirma su respeto por la ciencia— es lo que la izquierda necesita: la oportunidad que en el Perú perdimos (o que nunca tuvimos).

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°588, del 03/06/2022   p14

https://www.hildebrandtensustrece.com/suscripcion/tarifa

26 de mayo de 2022

Colombia: una elección presidencial bajo amenazas

Marco Teruggi

El sábado terminó con preocupación en Colombia. Gustavo Petro denunció la existencia de un plan para dar “un golpe a las elecciones del 29 de mayo”. El candidato del Pacto Histórico, al frente en todas las encuestas, afirmó que “tienen pensado suspender las elecciones, suspender los órganos que rigen el proceso electoral”. Sus palabras fueron pronunciadas en un acto masivo desde un escenario en la ciudad de Barranquilla, al norte del país, sobre el mar Caribe.

Francia Márquez, candidata a vicepresidenta en el Pacto, fue protegida esa misma noche por un dispositivo de seguridad antibalas y bajada de emergencia del escenario luego de ser apuntada en la cara por un láser en un acto de amenaza. Su acto se desarrollaba en la ciudad de Bogotá por el día de la afrocolombianeidad, sector del cual proviene Francia, una mujer negra, ambientalista y feminista, víctima de un atentado en el 2019, quien logró una gran popularidad en un país que viene de tres años consecutivos de grandes movilizaciones.

Ambos hechos pusieron al rojo la situación de alertas que se vive en las elecciones colombianas. Iván Cepeda, senador y parte del Pacto Histórico, precisó en la mañana del domingo a qué refería Petro: “hay una campaña que es innegable para buscar suspender en la última semana anterior a las elecciones al registrador que es ni más ni menos que el funcionario del cual depende todo el sistema electoral (…) es obvio que si a tres o cuatro días de las elecciones es suspendido el funcionario que tiene la labor de realizar el conteo de la votación, traumatiza todo el sistema electoral”.

La posibilidad de que el registrador, Alexander Vega, sea destituido es una de las varias alertas en el marco de una elección atravesadas por amenazas. Muestra de ello es la protección con la cual Petro debe realizar cada uno de sus actos, o el informe de la Defensoría del Pueblo que afirmó que de los 1.123 municipios de Colombia al menos 521, es decir el 47.3%, están expuestos a vulneraciones de derechos humanos en el período electoral, dentro de los cuales 84 están bajo riesgo extremo.

Las amenazas parecen proporcionales a las posibilidades de que Petro gane las elecciones. El candidato del Pacto Histórico -que aglutina a partidos, organizaciones, y dirigentes progresistas, de izquierda y liberales- encabeza las encuestas. Lo siguen Federico “Fico” Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, y, en tercer lugar, Rodolfo Hernández, de la Liga de los Gobernantes Anticorrupción, quien ha logrado un crecimiento en las últimas semanas al punto de disputarle el posible segundo lugar a Gutiérrez en un eventual ballottage.

Según la encuestadora Guarumo, Petro tiene 37.9% de intención de voto, Gutiérrez 30.8% y Hernández 20.3%. Invamer, por su parte, muestra al primero con 40.6%, al segundo con 27.1%, y al tercero con 20.9%. Finalmente, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sitúa a Petro con 48% en una proyección sobre voto válido, a Hernández como segundo con 21.8% y a Gutiérrez con 21.4%. Petro encabeza en todas, pero no llega a más del 50% necesario para obtener la victoria en primera vuelta.

Una segunda vuelta es entonces probable y, allí también Petro aparece como favorito en las encuestas, en particular en caso de medirse contra Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, un candidato señalado de uribista que niega serlo. Los vínculos entre Gutiérrez y el ex presidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático son varios, como quedó demostrado, por caso, cuando el candidato del Centro declinó su candidatura en su favor. Sin embargo, la imagen negativa de más de 70% del actual presidente Iván Duque, así como la de Uribe, significa que un apoyo público para primera vuelta sería un peso para Gutiérrez.

El candidato de Equipo por Colombia, acusado de vínculos con la organización criminal Oficina de Envigado durante su mandato como alcalde, sostiene un discurso característico de las derechas latinoamericanas, como expresó en el acto realizado en Neiva el viernes: “acá lo que está en juego es el futuro del país, no podemos dar un salto al vacío como ya lo hicieron Cuba, Venezuela, Nicaragua, o recientemente Perú y Chile. Tenemos que evitar esos proyectos populistas”.

La necesidad del uribismo de esconderse tras Gutiérrez demuestra la crisis de la fuerza dominante de la política colombiana en los últimos 20 años, y el pedido de cambio existente. Esa situación le permitió a Hernández encontrar un espacio con un perfil de outsider, un discurso anti-corrupción, aunque esté acusado de corrupción en una causa de coimas. El tema de la corrupción ocupa un lugar muy importante en Colombia: según el Centro Nacional de Consultoría es la preocupación mayor de la ciudadanía, con 23%, seguido del desempleo con 18%, la pobreza y el hambre con 13% y la inseguridad urbana con 8%.

Hernández, apodado como “viejito, pero sabroso” en sus redes sociales, plantea “salir de la polarización”, y disputa parte de una base electoral común con Gutiérrez, de centro-derecha, derecha, uribismo desencantado. Su ascenso se corresponde a su vez al desplome del candidato que se presentaba como de centro, Sergio Fajardo, lo que ha llevado a concluir que el exalcalde de Bucaramanga logró atraer a una parte importante de esos votantes. Otra candidata que buscaba el centro, Ingrid Betancourt, le dio finalmente su apoyo en días recientes a Gutiérrez.

Si bien es entonces un escenario abierto de cara al 29 de mayo, existe, en vista de las encuestas y los apoyos en los actos, una probabilidad de que Petro gane las elecciones. Significaría un presidente progresista en un país que viene de 50 años de una violencia armada que tomó varias formas, pero nunca se detuvo, y ahora se caracteriza por el asesinato sistemático de líderes sociales, de derechos humanos, y de masacres. “Hay un régimen de la corrupción desesperado”, afirmó Petro en Barranquilla, en referencia a la posibilidad de que resulte electo.

El gobierno, por su parte, niega que los planes denunciados sean ciertos. El ministro del Interior, Daniel Palacios, escribió que las “afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación”. La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, afirmó por su parte que “las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la ley, por lo tanto, no son susceptibles de cambio”.

La última semana antes de la primera vuelta se anuncia tensa. El país viene del estallido del 2021, el tema de las elecciones permeó el cotidiano, se debate en muchos sitios en un cruce entre la necesidad de cambio, la campaña de miedo contra Petro, y las amenazas en un país acostumbrado a contar muertos, sicariados, o paros armados como eufemismos para nombrar control territorial de grupos armados/paramilitares. ¿Qué pasaría en caso de una denuncia de robos de votos o maniobras de últimas horas antes, durante, o después de la contienda que pongan en duda el resultado? Muchos coinciden en que podrían desencadenarse respuestas en las calles.

18 de mayo de 2021

El futuro de Latinoamérica se cuece en Colombia

Rodolfo Bueno

Ni siquiera los obligatorios encierros por el coronavirus impidieron que en Colombia se produjeran tumultuosas manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, que agoniza en medio de la algazara general, mientras que a él mismo le importa un bledo el clamor de las masas e intenta aparentar que en el país no pasa nada.

El famélico rostro de las multitudes, que asaltan los almacenes de víveres lo dice todo; los saqueadores se arrebatan cual fieras feroces lo que encuentran y las imágenes muestran que el hambre es la brújula espiritual de las grandes mayorías.

Toda ama de casa expresa: “¡Señor presidente, la gente está hambrienta! ¡compadézcase del pueblo y deroguen las medidas!”. Se trata de la reforma tributaria, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, que busca recaudar el equivalente al 2% del PIB, para lo cual se incrementa del 39% al 43% la canasta de bienes gravados con el IVA, o sea, meten las manos en los bolsillos del pueblo trabajador, empobrecido en su inmensa mayoría, mientras se mantiene las exoneraciones para las grandes industrias y corporaciones.

En las palabras, “¡Señor presidente! ¡compadézcase del pueblo y derogue las medidas!” hay más vestigios de estadista que en todos los discursos de los miembros del gobierno, son más sabias que los miles de informes que se escriben sobre Colombia y encierran una dura realidad: de no ser derogada la Reforma Tributaria, Colombia se hundiría en la vorágine de lo desconocido. A la primera ama de casa que las pronunciara, Iván Duque la debía nombrar su más cercano consejero y no malgastar dinero en asesores.

Pese a que las medidas fueron suspendidas, en Cali y demás ciudades de Colombia no cesa el rugido de las multitudes, pues el gobierno no escucha al país, cuya voz autorizada es la de cualquier hombre del pueblo, que no es ni leído ni instruido como los miembros del gabinete presidencial, pero está imbuido de un pragmatismo y una filosofía natural contra las cuales es muy difícil discutir: “¡No tenemos otra opción que protestar, estamos hambrientos!”

Raimundo Torrijos, personaje de la novela Mojiganga, jefe del cartel de la droga en Ecuador, hace una radiografía que ayuda a entender el complejo panorama colombiano, que se vive en este momento, y cómo se arribó a él. En la celda donde está preso razona con amargura: “¡Qué desgracia la mía! ¿Por qué no habré nacido en Colombia? Allá sí que funcionan las cosas, pues mis panas se han vinculado con los paramilicos y con las más altas autoridades del Estado. Nadie jode, y a quien jode se le da el vire. Se entienden de primera con los oligarcas, que ponen la plata para acallar a los políticos, y el Ejército dispara contra quien se oponga, sea guerrillero o no, e incluso protege a mis socios; hasta el ejecutivo lo hace. Es que allá, ellos se tomaron los principales resortes del Estado y los candidatos de sus preferencias, mayoritariamente de sus bases sociales y políticas, lograron un masivo respaldo del electorado. Eso significa que ahora son la fuerza más importante del Congreso.

Pero lo más bello es la indiferencia de todos: ni la prensa, ni los gremios, ni el Gobierno, ni la Iglesia, ni la llamada sociedad civil, ni las ONG, ni los gringos han dicho esta boca es mía, porque, por intereses políticos, lo que ayer era malo e ignominioso, hoy se volvió útil y bueno. Allá, la plata sí pesa, y no las huevadas morales. Lo cierto es que en las elecciones mis cuates presionan un poco, y ganan sus candidatos. Por eso, el Congreso de allá está al servicio del ellos, del cacicazgo y de los paramilicos. Los políticos pagan medio millón de dólares, y ellos les aseguran un curul donde les dé la gana; a cambio de ello, los elegidos se hacen de la vista gorda, y todos viven felices y contentos. Lo mejor de lo mejor es que nadie investiga nada, pues todos son parte de la misma tramoya, es que allá no hay ningún representante de la sociedad al que la democracia no le rinda sus frutos. Y si por desgracias, alguien es agarrado con las manos en la masa, se lo nombra de inmediato embajador en algún país hermano o, en el peor de los casos, a cambio de una confesión se le da la mínima pena. En Colombia gobierna su crema y nata, los verdaderos patriotas comprometidos con su país. Si se descubre en la legalidad a los colaboradores de la guerrilla, se les muestra sus nombres, y ellos señalan a quién ejecutar. Mientras tanto, el gobierno no se entera de nada ni sabe nada de lo que pasa. Así de fácil podría ser todo acá”.

En Colombia, los narcotraficantes, que están vinculados con los paramilitares y con las más altas autoridades de la sociedad, son la pesadilla de todo gobierno, porque ha corrido mucha sangre por causa de la guerra entre sus miembros. La lucha por la supervivencia, la militarización del Estado y el actual clima de terror, han convertido a la sociedad de ese país en un urdimbre social complejo, en el que el miedo a lo que pueda pasar ha adecuado la vida de la gente al instante que vive, ya que la violencia puede estallar en cualquier lugar. Para permanecer vivo se debe mirar y no ver la dura realidad, pues esa es la mejor táctica para conservar la vida en un país donde, más allá del cuento, no se persigue al que verdaderamente está en el negocio de la droga y el Estado se estructura a gusto y paladar de los poderosos grupos de poder. Así de fácil se ha vuelto el mundo vinculado al narcotráfico, lo que permite a sus organizaciones delictivas enviar cada año cerca de 1000 toneladas de cocaína a Estados Unidos, Japón y Europa, el 80% de la droga que se consume en estos países.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es prototipo del político vinculado al narcotráfico y a los paramilitares, sus antecedentes lo relacionan con el Cartel de Medellín. Cuando era alcalde de esa ciudad hizo programas como “Medellín sin tugurios” y después se supo que se trataba de un plan financiado por Pablo Escobar Gaviria, que buscaba la aceptación política mediante la solidaridad social.

Luego fue Director de Aeronáutica Civil y durante los 28 meses que ejerció ese cargo concedió tantas licencias como en los 35 años anteriores, cerca de 200, al Cartel de Medellín, para que pudiera trasladar con tranquilidad los cargamentos de droga a EEUU. En marzo de 1984, la policía allanó Tranquilandia, el laboratorio para procesar cocaína más grande y moderno del mundo, cuyo propietario era Pablo Escobar. Ahí se encontraron algunas aeronaves, tres de las cuales tenían licencia de funcionamiento expedidas por Álvaro Uribe cuando era director de Aeronáutica Civil, también había un helicóptero que pertenecía a los hermanos Uribe Vélez.

Por otra parte, hace mucho que el gobierno estadounidense conocía de los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con los grupos mafiosos. La información desclasificada de los documentos del Archivo Nacional de Seguridad, NSA, y la Defense Intelligence Agency, DIA, servicio de seguridad dependiente del Pentágono y uno de los más poderosos del mundo, da a conocer los tipos de operaciones ilegales entre EEUU y Colombia, realizados por los carteles del narcotráfico. El informe dice textualmente: “Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano, colabora con el cartel de Medellín desde altos cargos en el gobierno. Uribe estuvo implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Asesinaron a su padre en Colombia por conexiones con el tráfico de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria…” Se podría añadir que cuando Pablo Escobar escapó de la cárcel y trató de lograr un nuevo acuerdo con el gobierno, el encargado de gestionar dicho acuerdo fue Álvaro Uribe Vélez.

El periódico “El Nuevo Herald” de Miami, escribe el 6 de agosto de 2009 que Uribe Vélez habitualmente participaba en la planificación de las matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como la del “El Aro” de 1997, llevada a cabo por las Autodefensa Unidas de Colombia, y personalmente acudió a felicitar a los criminales que descuartizaron con motosierras a no menos de quince campesinos indefensos.

Testimonio muy importante es el de Myles Frechette, ex Embajador de EEUU en Colombia, quien afirma: “Había mucha gente que me decía, ‘no le tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a los paramilitares’. En esa época me hablaban pestes de él, fui a verlo y quedé muy impresionado, pero no me dio ninguna satisfacción en los temas que nos preocupaban… Me dijo que eso no era así, pero muy tranquilamente. Él tiene ese método con esos espejuelos que tiene, lo mira a uno y dice que no”. Frechette quedó poco satisfecho con esas explicaciones y así lo informó al Departamento de Estado. Valdría la pena recordarle que nadie mejor que Maquiavelo describió a las personas tipo Uribe: “En general puede decirse que es ingrato, voluble, simula lo que no es y disimula lo que es, huye del peligro y está ávido de riquezas. Todos ven lo que aparenta; muy pocos advierten lo que es”.

Myles Frechette comentó también sobre lo que en ese entonces fueron, tal vez, los primeros casos de “falsos positivos”. Se trata de la violación más insólita de derechos humanos, en la que con falsas promesas de trabajo algunos sectores del Ejército de Colombia reclutaban a hombres de pocos recursos, generalmente jóvenes, algunos con discapacidades físicas, y luego los asesinaban y los presentaban como guerrilleros muertos en combate, con lo que cobraban las recompensas que el Estado pagaba por esto y conseguían ascensos y permisos dominicales. “Eso fue mucho más común al terminar mi período. Claro, ya me llegaban informes, y los mandábamos a Washington, de tipos muertos que aparecían ensangrentados y los uniformes tenían sangre pero no huecos. No se necesita ser Einstein para entender lo que ocurría”, concluye Myles Frechette.

Pese a todo ello, Álvaro Uribe era considerado por EEUU un elemento clave en la región, puesto que, según los informes de la NSA y la DIA, “extraditó cifras récord de sospechosos de tráfico de drogas… negoció la desmovilización de miles de paramilitares y, a través de una agresiva campaña militar, redujo en más de la mitad el número de guerrilleros insurgentes armados en el país”.

A cambio de ello, y con el pretexto de eliminar a potenciales partidarios de las FARC, durante el gobierno de Álvaro Uribe los escuadrones de la muerte desalojaron de sus hogares, desarraigaron por la fuerza y expropiaron las tierras de millones de campesinos. En la actualidad, los escuadrones de la muerte, que el gobierno de Duque asegura no poder controlar, han asesinado a cientos de activistas y líderes sindicales.

Los escuadrones de la muerte fueron organizados por las élites colombianas para destruir a los movimientos campesinos e impedir la reforma agraria. Posteriormente, con el auspicio de Estados Unidos, evolucionaron de pequeñas bandas de asesinos a paramilitares contrainsurgentes, destinados a desbalancear la correlación de fuerzas a favor de los sectores más reaccionarios de Colombia, evitar la influencia guerrillera mediante el asesinato y la desaparición de líderes populares, y así exterminar a las organizaciones sociales; de esta manera, toda violación de los derechos humanos se atribuye a los paramilitares y no al Ejército de Colombia, lo que a su vez sirve de coartada para que EEUU y UE den ayuda militar y económica a Colombia.

Toda esa mascarada no evitó el escándalo de los falsos positivos, o sea, el asesinato de más de 6.400 civiles por parte de la fuerza pública colombiana. ¿Dónde están los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad? Incluso, el relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales validó esas acusaciones y ha exigido su esclarecimiento y el castigo a los culpables, pues Colombia es el país del hemisferio occidental donde se cometen las mayores violaciones de los derechos humanos.

Pero con todos los peros que gusten, que son muchos, y después de largas y arduas negociaciones, en las que participaron todas las fuerzas sociales que anhelan la paz, Colombia logró un acuerdo sobre las condiciones y las garantías que debían darse para obtener y terminar la guerra civil, que durante más de cincuenta años había desangrado ese país; finalmente, el mundo sintió un poco de tranquilidad.

Entonces, el expresidente Álvaro Uribe Vélez inició una campaña contra dicho acuerdo, que desembocó en la elección de Iván Duque, su pupilo encargado de empeorar la situación política de Colombia hasta llevarla, prácticamente, al callejón sin salida en que actualmente se encuentra.

Duque ganó porque el factor imponderable de la incredulidad, y la falsedad en que se apoya, ha engañado tanto a la gente que pocos creen que Uribe, que lo encumbró, sea un delincuente común. ¿Cómo creer que Uribe hubiera subido a la presidencia de Colombia aupado por los paramilitares y ser uno de sus cabecillas? ¿Cómo creer que la DEA informara el 23 de septiembre de 1991 que Álvaro Uribe era catalogado en el puesto 82 de los mayores criminales del mundo? ¿Cómo creer que el Embajador Frechette le hubiera preguntado a Uribe sobre sus vínculos con el narcotráfico, que aparecían en el informe de la DIA y lo identificaba como amigo personal y cercano del entonces jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar? ¿Cómo creer que Donald Trump le reclamara a Iván Duque, porque nunca había entrado tal cantidad de droga a EEUU como la que había entrado desde que él era presidente de Colombia? Pese a ser cierto que una mentira no se convierte en verdad por más que muchos crean en ella y que lo falso se expresa de mil maneras y la verdad de una sola, lo real es que Duque fue electo presidente gracias al poder de la mentira.

Con gente así gobernando Colombia es imposible lograr la paz. Se trata de la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana. Iván Duque asegura que lo que él no firmó, no lo obliga, o sea, desconoce el acuerdo que firmó el Estado de Colombia y no el expresidente Santos, olvida que al no cumplir los compromisos firmados por Colombia, la Comunidad Internacional y su propio pueblo lo desprecian.

La única salida honrosa a la crisis que vive Colombia es la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, que posibilite las transformaciones estructurales que requiere ese país ahora, y no el miedo que hoy se intenta imponer por la fuerza. Mahatma Gandhi lo expresó claramente: “La violencia es el temor a los ideales de los demás”.

Es evidente que hay mucho por hacer, pues demasiada gente ha pagado un precio muy alto y otros más lo seguirán pagando. Pero hay que ser optimista, porque los enemigos de la reconciliación en Colombia podrán eliminar a todos dirigentes populares, como intentan hacerlo hasta ahora, pero no podrán detener el proceso iniciado.

Puesto que en Cali han sido atacadas la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU, la Arquidiócesis de Cali, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, la política del actual gobierno de Iván Duque es la guerra contra su propio pueblo y el resto del mundo, y es una de las causas de las movilizaciones pacíficas que se iniciaron en Cali el 28 de abril y que se han extendido por toda Colombia. Pese a la ferocidad desencadenada por la policía y los militares, que disparan desde helicópteros, en la oscuridad y a mansalva, causando decenas de muertes y miles de heridos y desaparecidos, la lucha no se detendrá porque de ella depende no sólo el futuro de Colombia sino también el de toda nuestra Latinoamérica, algo que reclama la solidaridad del mundo entero.