Perú: MÁS ALLÁ DE LA ILEGALIDAD ESTÁ LA INDIGNIDAD

Salomón Lerner Febres

No era esperable que la presidenta de la República observara la ley dada por el Congreso para garantizar la impunidad a policías, militares y paramilitares ante las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. Su ejecutoria como jefa de Estado no permite esperar de ella gestos democráticos, humanitarios o simplemente respetuosos del Estado de derecho.

Pero si la promulgación se daba por segura, no era previsible, en cambio, que el gobierno hiciera de ella una fiesta autoritaria, una suerte de homenaje a viejos responsables de graves crímenes, a los que la presidenta saludó con especial deferencia. Al hacerlo, la jefa de Estado ha convertido este nuevo atropello del Estado de derecho en una explícita condonación del crimen, en una ceremonia de burla y escarnio a la memoria y los derechos de miles de peruanas y peruanos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, y, por último, en un gesto de radical indignidad que mancha para siempre a su persona y a su gestión, y que deshonra al Estado peruano.

Los argumentos jurídicos que despojan de toda validez a esta ley de impunidad dada por el Congreso son conocidos. En el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), hemos resaltado su insalvable contradicción con normas de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, que constituyen obligaciones para el Estado de acuerdo con la propia Constitución (lo cual reduce a un sofisma grotesco el argumento según el cual las observaciones u órdenes de instancias internacionales vulneran la soberanía nacional). Tiene valor emblemático, por lo demás, que la pieza de jurisprudencia interamericana que proscribe amnistías, indultos y otras formas de impunidad en casos de violación de derechos humanos sea, precisamente, la referida a un caso que involucra al Estado peruano: el caso Barrios Altos (el mismo caso por el que fue condenado a 25 años de prisión el exmilitar Rivero Laso, con quien Boluarte intercambiaba felicitaciones en esa vergonzosa ceremonia). En contra de esa jurisprudencia y de nuestras obligaciones internacionales, el Congreso y el gobierno han impuesto una medida de amnistía general, indiscriminada e incondicionada que, como también hemos señalado desde IDEHPUCP, equipara al Perú de hoy con las brutales dictaduras latinoamericanas de hace casi medio siglo.

Se ha pretendido sustentar este atropello alegando una presunta defensa del debido proceso de los acusados. La duración de los juicios durante décadas significaría, según este argumento, una violación del principio del plazo razonable para ser procesado judicialmente. Pero lo que no se dice es que la duración de esos juicios es resultado de una estrategia de dilación indefinida por parte de la defensa de los acusados, y que es producto, también, de la cerrada negativa del Estado a franquear el acceso a la información necesaria para el Ministerio Público y el Poder Judicial. En rigor, cualquier observador de estos dilatados procesos que tuviera algún espíritu humanitario tendría que decir que ellos significan, precisamente, una denegación del derecho a la justicia a las víctimas que ya dura décadas

No son muchos los caminos que le van quedando a la sociedad peruana para la defensa del Estado de derecho y la democracia. Hoy, frente a este atropello a las víctimas, se abre la necesidad de recurrir a las instancias judiciales nacionales e internacionales. Queda también, en manos de un puñado de jueces y juezas honestos y valientes, la posibilidad –más bien, el deber— de inaplicar esta ley, como lo han hecho frente a otras leyes igualmente inconstitucionales y contrarias al derecho internacional.

Resta también, como un deber cívico y moral, reafirmar la solidaridad hacia las víctimas del conflicto armado interno, así como también hacia las víctimas de la brutal acción de este gobierno durante los años 2022 y 2023. De hecho, hay que percibir en este último acto de indignidad un gesto literalmente ominoso: el abrazo del gobierno con los perpetradores de ayer parece expresar una ansiosa expectativa de impunidad para los perpetradores de hoy.

Salomón Lerner Febres. Rector emérito de la PUCP, presidente de IDEHPUCP y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Fuente: https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/salomon-lerner-febres-mas-alla-de-la-ilegalidad-esta-la-indignidad/?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=puntoedu

https://www.leerydifundir.com/2025/08/peru-mas-alla-la…ta-la-indignidad/

Conflicto armado: tenaz negativa a comprender

Salomón Lerner Febres

Desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su informe final, en el que designa al periodo de violencia como “conflicto armado interno” siguiendo criterios del derecho internacional humanitario (DIH), no han cesado las críticas de ciertos sectores a ese término. Algunas de ellas se deben a una falta de comprensión de cuestiones jurídicas elementales; otras, la mayoría, nacen de una negativa a comprender. No se entiende por qué no se quiere entender.

Es en parte explicable, pues los hechos de aquel periodo suscitan inevitablemente una fuerte reacción moral y emocional. Pero a ello se suman los reflejos de sectores conservadores cuya regla parece ser el rechazo a todo razonamiento sobre los asuntos públicos. En todo caso, sería esperable que al menos en el mundo intelectual fuera entendido el empleo de ese concepto y su relación con el término “terrorismo”, que algunos reclaman como única designación válida. Lamentablemente, parece que también en este sector se va perdiendo la claridad al respecto.

Un conflicto armado interno, según el DIH, es una situación en la cual concurren por lo menos estos elementos: uso de la violencia o de la fuerza, prolongación en el tiempo y participación de grupos dotados de organización. Existe la posibilidad de que sean grupos no estatales –y sin participación estatal– los que participen en ese conflicto. Y, huelga decirlo, el término “interno” señala que el conflicto transcurre dentro del territorio de un Estado.

Cuando una situación es así catalogada, el derecho aplicable –las normas que regulan ese conflicto– es el Derecho Internacional Humanitario. Quiere decir que las entidades en conflicto, sean o no estatales, están obligadas a respetar esa normativa. Correlativamente, esto significa que a sus miembros se les puede imputar los graves crímenes contemplados en ese marco jurídico.

Una crítica obstinada al uso de ese término afirma que, al aplicarlo, se otorga reconocimiento jurídico a Sendero Luminoso y se lo equipara con el Estado. La objeción es llamativa porque muestra en qué medida las críticas se basan en una pertinaz ignorancia. Lo cierto es que el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, donde se trata de los conflictos armados internos, dice literalmente en su última línea que su aplicación “no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”. Es curioso que en las casi dos décadas que tiene esta falsa polémica ninguno de los detractores del término haya leído ese artículo completo.

Se trata, en efecto, de una falsa polémica basada, a su vez, en el falso dilema entre “conflicto armado interno” y “terrorismo”. Es evidente que no se trata de términos del mismo rango descriptivo.

Era predecible; en tiempos de crispación política la verdad suele ser una de las primeras víctimas. Pero no cabe rendirse a esa tendencia. La democracia peruana tiene que rehabilitarse sobre la base de la verdad y de la voluntad de entendimiento.

Salomón Lerner Febres. Expresidente de la CVR.

https://www.leerydifundir.com/2021/10/conflicto-armado-tenaz-negativa-comprender/

Intransigencia pseudocristiana

Salomón Lerner Frebres

La importancia social de los credos religiosos y de las instituciones correspondientes –como las iglesias, en el caso de los cristianos—están fuera de toda duda. Y una sociedad libre y pluralista debe garantizar la libertad de sus integrantes para profesar sus credos sin peligro, sean estos mayoritarios o marginales. Pero una sociedad libre y pluralista debe, también, mantener una estricta distinción entre las creencias religiosas colectivas y la institucionalidad pública que se rige por criterios de bienestar público, de respeto a la ley, de garantías de los derechos y de inclusión de todos sus ciudadanos en una esfera universal de protección y garantías.

Esa noción de distinción entre credos religiosos y vida cívica, que es definitoria de toda sociedad libre, democrática y moderna, está bajo ataque en el Perú de nuestros días (como lo están varios otros valores cívicos esenciales). La intransigencia de diversos grupos católicos y evangélicos ultraconservadores ha conquistado, últimamente, una victoria parcial ante los tribunales. Un fallo de una corte superior de justicia acaba de ordenar, en respuesta a una demanda, que el ministerio de Educación deje sin efecto sus planes curriculares relativos al enfoque de género que los sectores conservadores, desde su ignorante soberbia, suelen llamar “ideología de género”.

Mucho se ha dicho en estos días sobre las implicancias potenciales de este fallo. Siguiendo su lógica cualquier colectividad podría paralizar el sistema educativo impugnando judicialmente cualquier contenido lectivo que les disguste. Pero además de esa implicancia de política pública general, hay que insistir en los extremos de oscurantismo y de ignorancia que van ganando terreno en la institucionalidad del Estado. 

La oposición al enfoque de género es una oposición a la enseñanza del respeto a las diferencias, algo que hace enorme falta en el Perú, donde el machismo, la homofobia, el relegamiento de las mujeres, la violencia motivada por el odio son una cruenta realidad cotidiana. Y esa oposición nace una resistencia fanática a reconocer un hecho tan sencillo como el siguiente: que, si bien hombres y mujeres nacen con diferencias anatómicas y fisiológicas evidentes, sobre esas diferencias se constituyen diversas identidades de género y que todos los individuos han de ser respetados por igual, más allá de esas diferencias. 

La versión que los enemigos del respeto a la diversidad propalan es tan grotesca que resulta inverosímil que ellos la crean sinceramente: que si se enseña que las identidades de género se constituyen en la sociedad, eso no resulta ser sino una invitación a que niños y niñas cambien de género “como se cambia de camisa”, según reza el lugar común.

Creer ello es una manifestación de materialismo grosero. Constituye lo contrario a la comprensión del ser humano como ente  espiritual y cultural. Pensar que nuestra  identidad está determinada por la biología y creer que si se reconoce su base cultural esa identidad se vuelve frágil y tornadiza es, paradójicamente, un pensamiento anticristiano y anticientífico al mismo tiempo que debemos criticar. 

https://www.leerydifundir.com/2018/03/intransigencia-pseudocristiana/

A propósito de la pena de muerte

Salomón Lerner Febres

Recibimos en estos días, cotidianamente, dolorosas noticias de violencia sexual contra niñas. La última nos habla de una niña ultrajada y calcinada. Su cuerpo abandonado en cualquier esquina, la desesperación de su padre, la noción de una vida trágicamente segada cuando apenas comenzaba, todo eso solamente  nos puede producir indignación y un enérgico reclamo de justicia, así como demandas de una pronta acción de las autoridades para evitar futuras desgracias.

Esa noticia, por lo demás, es sólo la más reciente de una serie que nos habla de niñas víctimas de embarazos precoces por el abuso de personas de su entorno. Es comprensible, hasta cierto punto, que, ante tanta perversidad ejercida contra víctimas indefensas, la población pida una sanción drástica e inmediata, una retaliación que no se detenga en formalidades, un castigo que tenga visos de venganza colectiva y comunique la sensación de que el crimen no paga.

No es tan entendible, sin embargo, que aquellos que deberían promover un diálogo razonable y responsable sobre todo esto –me refiero a las autoridades, a los representantes políticos y a quienes ejercen de líderes de opinión-- elijan el camino fácil, pero temerario, de la demagogia y el oportunismo. El pedido de la pena de muerte cuando presenciamos crímenes atroces contra víctimas inermes es un reflejo previsible entre una población horrorizada; pero es un acto de profunda irresponsabilidad entre quienes deberían dar forma civilizada al debate público.

En la proliferación de este pedido no se observa ninguna consideración sobre las condiciones y las implicancias jurídicas del mismo ni se encuentra referencia alguna que sustente la eficacia de tal pena para prevenir el crimen. De hecho, quien haya considerado el tema con algún grado de seriedad sabe que la pena de muerte no es una respuesta razonable  pues ella nunca ha funcionado como un disuasivo para este género de criminales.

Por lo demás, más allá de restricciones jurídicas que no corresponde enumerar aquí, tenemos un sistema de administración justicia tan lento e ineficiente que un alto porcentaje de la población carcelaria en realidad no ha recibido una sentencia. ¿Cómo se imaginan los postuladores de la pena de muerte que van a ser tramitados los procesos que conduzcan potencialmente a una sentencia de esa clase?

Estamos ante hechos tan graves y perturbadores que cuesta pensar que ellos puedan ser tratados con frivolidad y ánimo de aprovechamiento político. Y, sin embargo, ese es el caso. Oímos a enemigos consuetudinarios de la causa de los derechos humanos afirmar que es momento de declarar la pena de muerte y repudiar todos nuestros compromisos internacionales empezando por un retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El uso demagógico de las tragedias que comentamos ejemplifica lo peor de nuestra vida política: engaño a la población, desprecio a la legalidad y manipulación de problemas graves sin ánimo de resolverlos sino de cosechar ventajas políticas. Nuestras víctimas y todos nosotros merecemos algo mejor. Sobre el tema que hoy tratamos, aún hay mucho que decir.

https://www.leerydifundir.com/2018/02/proposito-la-pena-muerte/

Una educación democrática

Salomón Lerner Febres

En los espacios dedicados a la reflexión sobre la educación en el Perú, se discute bastante acerca de cuál debería ser el carácter de un curso de educación cívica. Este debate suele centrarse en la naturaleza de una pedagogía democrática, que permita forjar las virtudes morales y políticas del ciudadano y que se aporte a cada peruano un saber riguroso y útil acerca de sus leyes e instituciones. Ello, es claro, trasciende los cerrados límites de una asignatura que lleve ese nombre, refiriéndose más bien a un modelo educativo más pleno.

A continuación anotaré las principales características que, a mi juicio, encierra una Educación Democrática:

-Una educación democrática la entendemos como aquella que busca brindar a los estudiantes los elementos racionales y emotivos que permitan formar en ellos un sentido de comunidad política. Esto alude no solamente a la conciencia de coexistir en un mismo territorio, sino también a la conciencia de compartir una historia, de luces y sombras, sobre la cual es preciso discernir para orientar la comunidad hacia una vida social más democrática. Así pues, debemos conocer nuestras etapas autoritarias y democráticas, y apreciar aquellos períodos en los que se han valorado y ejercido las libertades políticas.

-Una educación democrática asume como punto de partida la idea de que cada individuo es un sujeto de derechos universales e inalienables, de modo que la vida, la libertad de conciencia, la búsqueda de la felicidad personal y la propiedad deben ser protegidas sin otra restricción que el respeto de los derechos de los demás. El Estado debe garantizar la vigencia de estos derechos, pero los ciudadanos deben saber que existe un sistema global de derechos humanos ante el que puede denunciarse al propio Estado si es que él amenazara los derechos fundamentales de las personas.

-Una educación democrática forma a los alumnos en el trato igualitario. Este principio supone presentar combate a toda especie de discriminación por razones de raza, cultura, creencias, condición social o económica, género y sexualidad. Una sociedad democrática constituye un hogar para todo ciudadano que cuente con un sentido de justicia.

-Una educación democrática promueve la comunicación honesta y rigurosa de todas las culturas que existen en el país. Se concentra en la necesidad de que el Estado genere políticas que permitan que el ciudadano pueda acceder a la justicia, la salud y la educación en su lengua originaria, para poder ejercer sus derechos a cabalidad. Nuestra sociedad es multicultural y multirreligiosa.

-Una educación democrática está comprometida con la justicia de género. Vivimos en una sociedad que a lo largo de su historia ha discriminado a las mujeres, confinándola al ámbito privado, o que le ha asignado un rol subordinado en la conducción de las instituciones. Una sociedad que asimismo ha marginado y estigmatizado a las minorías sexuales. Es preciso construir una cultura de respeto y tolerancia en este tema.

-Una educación democrática debe revalorar la acción política y recuperar la fe en la capacidad de transformación propia de los ciudadanos. Necesitamos renovar la política, actuando desde los partidos y desde la sociedad civil para modificar nuestras estructuras, costumbres y mentalidades referidas a lo público. La desesperanza sólo corroe nuestra vocación por el cambio social y político. Los peruanos podemos mejorar nuestra patria si decidimos actuar juntos en nombre de un propósito común.

https://www.leerydifundir.com/2018/01/una-educacion-democratica/

Efectos éticos del caso Lava Jato

Salomón Lerner Febres

Sin ninguna duda, el caso Lava Jato cambiará el mapa político del Perú de los últimos años. De acuerdo a los indicios presentados hasta el momento, la empresa Odebrecht habría sobornado a un expresidente, aportó dinero a las campañas de los cuatro últimos presidentes y de la lideresa opositora y, además, corrompió a funcionarios de distintos niveles de gobierno. Aún quedan pendientes algunas revelaciones por parte de directivos de la compañía, así como de las otras empresas constructoras brasileñas que pareciera obtuvieron grandes obras de infraestructura a cambio de prebendas, sobornos y financiamiento partidario.

Más allá de las implicancias legales de lo ocurrido, así como de las consecuencias políticas que estas revelaciones podrían generar, resulta importante procesar estos hechos a partir de una ética pública que defienda la transparencia en la política y en los negocios.

Queda claro que los partidos políticos han mentido flagrantemente sobre el financiamiento a sus campañas electorales. Aunque esta conducta no es delictiva, ciertamente ella ha engañado al ciudadano sobre las personas y empresas que de modo poco claro aportaron a las aventuras presidenciales de varios candidatos. Si existiera un verdadero propósito de enmienda, recibir dinero en forma irregular en estas circunstancias debería transformarse en delito y se ajustarían más los controles sobre financiamiento privado a la política. Sin embargo, los cambios producidos en el Congreso de la República apuestan a continuar, salvo pequeñas modificaciones, con un sistema que termina siendo una gran estafa para los electores. Y ello, en algún caso, acompañado de un intento para amedrentar a los medios de comunicación que informan sobre estos hechos.

Pareciera claro que buena parte de nuestros políticos ha procurado medrar en base a las grandes obras de infraestructura. Ello no solo revela la pobre catadura moral de nuestros representantes –salvo honrosas excepciones–, sino también un efecto en la ciudadanía: cada sol o dólar derivado a la corrupción es dinero que se ha dejado de gastar en el bienestar de los ciudadanos.

Creemos que resulta imprescindible que los gremios empresariales hagan una reflexión sobre el tema. Durante años, se supo de las inconductas de estas empresas y, sin embargo, se trabajó con y por ellas. Queda claro que la frontera entre lo público y lo privado es difusa tanto para funcionarios como para empresarios y gestores de intereses. Asimismo, es evidente que se requieren mecanismos de acompañamiento a los Códigos de Ética que, hasta el momento, parecen ser solo meros documentos declarativos, sin sanciones claras. Y, sobre todo, es preocupante la falta de interés por la institucionalidad y las reformas políticas y judiciales que el país requiere.

De lo expuesto se desprende que los ciudadanos tenemos que volver a pensar en nuestra relación con nuestras autoridades. Durante años, hemos tolerado colectivamente nociones como “roba pero hace obra”. Estamos viendo las consecuencias de dicha conducta nociva y sus efectos en la confianza en las instituciones y en la política. Es momento de recomponer nuestros vínculos con la honestidad.

https://www.leerydifundir.com/2017/11/efectos-eticos-del-caso-lava-jato/

Perú: A los 14 años de un trabajo realizado con ética

​Salomón Lerner Febres

A Mamá Angélica con amor y respeto.

Se han cumplido 14 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hiciera entrega al país de su Informe Final, documento que resume el trabajo emprendido durante dos años a fin de esclarecer los hechos, causas y secuelas del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000. Dicho trabajo ha permanecido vivo en la discusión pública, así como en la actividad artística, lo que confirma la trascendencia de la labor que emprendimos con dedicación y compromiso con el Perú. 

En tiempos en los que se publican textos que, con ampulosidad y poco rigor, se convierten en instrumentos de quienes niegan la existencia de violaciones a los derechos humanos, conviene resaltar un hecho poco recordado por los peruanos. Cuando la CVR inició su trabajo, emitió una Declaración de Principios y Compromiso con la Nación, en la que expresaba los fundamentos de su misión y que guiaron todos sus actos. 

Asumimos, como valor supremo, el respeto y defensa de la vida y la dignidad humanas. Por tanto, hicimos nuestros los principios que sostienen los derechos humanos y condenamos toda conducta, por acción u omisión, que vulnerara los mismos. 

Consideramos que la democracia era  el camino para instaurar la paz, la justicia, la equidad y la garantía de una vida digna. Razón por la cual repudiamos todo acto que vulnere el Estado de Derecho, sin importar  quien fuera el autor de dichas acciones. 

Estuvimos y lo estamos ahora,  convencidos de que una sociedad justa solo será  posible cuando prevalezca el principio de igualdad entre los ciudadanos. Por ello consideramos que el país debía prestar atención a los atropellos sufridos por todas las víctimas, sin discriminación alguna. 

Asumimos criterios de imparcialidad e independencia como principio rector de nuestras investigaciones, para de este modo evitar cualquier limitación, inhibición o encausamiento indebido. Y consideramos que la justicia y la reconciliación solo podrían iniciarse mediante el establecimiento y la exposición pública de la verdad. 

Tales principios no expresaban otra cosa que la seriedad con la que asumíamos el compromiso ante el país para trabajar con honestidad y eficiencia en la constitución de un informe que entregado a las autoridades del Estado contuviera una relación verídica de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, con absoluta rigurosidad y dando voz a las víctimas. También nos comprometimos a  convocar y conducir la búsqueda de la verdad mediante una amplia convocatoria a la sociedad peruana, a propiciar un proceso de reflexión colectivo sincero y valiente, en el que los peruanos asumiéramos un compromiso firme con la democracia y con una forma de justicia que, comprendiendo la sanción a los responsables y la reparación de los daños, fuera un paso más allá. Desde el inicio de nuestras labores, comprendimos que la reconciliación nacional implicaba una nueva forma de relación entre los peruanos, alejada de amnistías y mecanismos de impunidad. 

Fue con tal espíritu que finalmente, en agosto del 2003, expresamos al Perú una verdad dura, pero fidedigna. Un relato exhaustivo y perfectible, con criterios éticos de por medio. Ustedes mismos podrán  juzgar si cumplimos dicha tarea. El Informe Final está a un click de distancia en Internet. Tómense un tiempo para leerlo y conocer una historia que nunca más debe repetirse. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#drafts?compose=15e4295b06e3364b

Perú: Esterilizaciones forzadas: algunas verdades

​Salomón Lerner Febres

La reciente aparición de un libro que, según se vende, develaría “la verdad de una mentira” en torno al doloroso caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori vuelve a poner sobre la mesa dos aspectos clave. De un lado, hechos que generaron secuelas importantes en cientos de mujeres. De otro lado, la responsabilidad con la que la academia debe manejar este tipo de acontecimientos.

Hace algunos años, tuve la oportunidad de integrar un Tribunal de Conciencia en torno a vulneraciones a los derechos humanos contra mujeres. Entre los casos que evaluamos, estaba la esterilización quirúrgica compulsiva aplicada dentro del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Investigaciones periodísticas y de la Defensoría del Pueblo permitieron demostrar que el programa tenía serios defectos: la fijación de metas de cumplimiento que establecían un incentivo perverso para los médicos y encargados del programa. Esta situación ocasionó que la libre voluntad de las mujeres no fuera respetada y que, incluso en quienes consintieron la anticoncepción quirúrgica, se produjeran graves consecuencias, debido a las condiciones de las intervenciones.

Añado un punto adicional: hasta el momento, no se ha podido justificar las razones por las cuales el régimen de la década de 1990 decidió aplicar a personas pobres un programa masivo de esterilizaciones quirúrgicas. Se trataba de una política diferenciada frente a otras clases sociales. Se partía de una premisa equivocada: el “problema” de planificación familiar solo se concentra en los estratos menos favorecidos económica y socialmente. ¿Hubiera sido tolerado un programa de este tipo si es que solo se aplicaba en San Isidro o Miraflores?

Si bien existen cifras dispares sobre el número de personas afectadas, ya se cuentan con algunos alcances. 2,074 mujeres han presentado sus denuncias ante el Ministerio Público, mientras que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un registro de víctimas de estos casos que supera a los 10,000 testimonios. No se puede hablar, por tanto, de meros errores vinculados a la carencia de controles dentro de un programa que, de acuerdo a lo revelado, tenía serios problemas de diseño y de ejecución.

Sin embargo, hasta el momento, el sistema de justicia no ha brindado una adecuada respuesta a las víctimas, pues el caso ha sido archivado en varias oportunidades, al considerarse que no existen pruebas de una coacción o que se trata de “situaciones aisladas”.

Peor aún, se intenta conectar la legítima lucha de quienes han bregado por alcanzar justicia en este caso con intereses conservadores que, aprovechando estos crímenes, han buscado que el Estado no tenga una política de planificación familiar. Ninguna de las organizaciones que han acompañado a las víctimas se opone a que el Perú tenga una política de salud sexual y reproductiva que parta desde la información correcta, la formación abierta y el consentimiento adecuado.

Bajo este panorama, ¿resulta ético que se publique una investigación con pretensiones académicas que pretenda minimizar estos acontecimientos? La respuesta, sin duda, es negativa. Y lo es más cuando se pretende concluir que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar tenía un buen diseño. Como hemos podido demostrar en estas líneas, se aplicó una política con severas deficiencias desde su inicio. ¿No se busca defenderla para, en el fondo, exculpar al principal responsable de la misma?

http://www.leerydifundir.com/2017/08/peru-esterilizaciones-forzadas-algunas-verdades/

¿Algún día seré peruano?

​Salomón Lerner Febres

El título de esta columna está tomado de una estremecedora pregunta formulada durante una audiencia de la CVR por un campesino de un modesto poblado de Ayacucho, que había sufrido en carne propia la violencia del Estado y de los grupos subversivos. Puedo decir que, en mis muchos años de estudiante y profesor universitario, acostumbrado como estaba a responder a las interrogantes más enigmáticas y fundamentales de la filosofía, nunca me había enfrentado con una tan reveladora como triste y profunda. El cuestionamiento no era retórico sino inusitadamente honesto. Este hombre quería saber si él también era un peruano, si las banderas y las leyes de nuestro país lo protegían, si el nombre de nuestro país lo incluía a él y a su quebrantada familia. Hoy, que celebramos una vez más la independencia del Perú, los invito a responder esta pregunta.

Así lo propongo porque las Fiestas Patrias deberían ser un tiempo de meditación, una oportunidad para que reflexionemos qué es el ser peruanos y, por tanto, discernir qué significa estar orgullosos de esa peruanidad. Esta tarea de comprendernos a nosotros mismos, de autoexaminarnos, debería ser común y estar enriquecida por la diversidad de nuestras experiencias. Por ello, no pretendo ofrecer respuestas, que serían inevitablemente parciales, sino formular algunas preguntas que contribuyan a un discernimiento que nos toca a todos.

Los peruanos podemos preciarnos de la riqueza de nuestro territorio, de las grandezas de nuestra cultura, de una antigüedad que asombra al mundo. Pero quedarnos con esa visión resulta insuficiente, pues el presente nos impone tareas muy graves y urgentes.

Cuando revisamos la historia, aprendemos que, de un imperio agonizante y colapsado, surgieron las distintas naciones americanas. El Perú fue una de aquellas que germinó bajo la forma de una promesa de libertad e independencia, como un sueño republicano que convocaba a todos. Pero se trataba de una promesa destinada a ser, una y otra vez, incumplida. Los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad eran hermosas palabras que, en la práctica, sirvieron para ocultar profundas injusticias. Los caudillismos aparecieron como diversas formas de redenciones autoritarias que no permitieron el desarrollo de la autonomía y la democracia.

El devenir de nuestro país posterior a 1821 nos demuestra una dura realidad: que hasta hoy no hemos podido salir de las ataduras de la desigualdad y de la opresión. La exclusión nos golpea, en efecto, “a treinta minutos por segundo, paso a paso” como escribió César Vallejo. Y de resultas de ello muchas veces parece que hubiéramos aceptado esta debilidad como una condición que no nos concierne, que no estamos llamados a encarar o resolver.

Deberíamos realmente preocuparnos por saber si este Perú rico y diverso, de múltiples lenguas y visiones del mundo, abarca realmente a todos. Pero incluso ello no basta porque además toca plantearnos qué papel cumplimos personalmente en la construcción de esa peruanidad inclusiva y completa, que constituye la promesa fundacional de nuestro país.

Finalmente, en un mundo definido por la globalización y en el que la presión de responder ante el mundo resulta siendo preponderante, cabe preguntarse qué papel nos toca como peruanos, cuáles son los signos de identidad que ofrecemos a las demás naciones. ¿Queremos seguir siendo una nación dividida, que aún no ha podido hacer fructificar su diversidad?

La pregunta de aquel campesino de Ayacucho nos debería tocar a todos. Responderla no es una labor sencilla. Pero es un deber que nos impone la realidad de nuestro país, que a todos nos concierne.

http://www.leerydifundir.com/2017/07/algun-dia-sere-peruano/

Perú: Necesidad moral de memoria

Salomón Lerner Febres

La prensa ha informado que MOVADEF se habría infiltrado en la marcha convocada por la CGTP para conmemorar el día del trabajo.  Como se recordará, este grupo extremista ha propuesto una medida inadmisible: una amnistía general para quienes hayan sido condenados por lesiones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que ensangrentó al Perú.

 

La amnistía es un mecanismo legal que propugna el olvido  y la supresión de sanciones a aquellas personas que han sido procesadas o condenadas por delitos.  En este caso por crímenes de lesa humanidad. En la perspectiva de la legislación internacional relativa a los derechos humanos  se trata de una medida inaceptable que obliga también a nuestro país.

 

Entendámoslo: sólo el ejercicio riguroso de la memoria y el trabajo de la justicia pueden ayudarnos a construir una genuina existencia democrática. Las pretensiones del MOVADEF son absolutamente cuestionables y resultarían  nefastas para la democracia peruana.

 

De otra parte se está discutiendo en el escenario político y en los espacios de opinión si esta marcha infiltrada por MOVADEF ha propiciado la comisión de actos de apología del terrorismo, y si la legislación disponible sobre esta materia permitiría  sancionar este tipo de eventos a los que concurren jóvenes que no conocen la dolorosa historia del conflicto armado interno que padecimos hacia fines del siglo XX.  En el Congreso de la República se debate este tema y ello es importante. Sin embargo, el asunto de fondo consiste en preguntarse sobre el porqué de la existencia de un movimiento así; qué razones son las que lo origina que algunos jóvenes reivindiquen una ideología extremista y conceptualmente pobre.  La respuesta en buena medida no es otra que la ausencia del trabajo de la memoria en el Perú.  

 

Hace casi catorce años que fue entregado al pueblo del Perú el Informe Final de la CVR y los políticos de siempre se han esforzado desde entonces por impedir que se debata este documento en el espacio común. Se ha boicoteado sistemáticamente la incorporación de estos temas en la escuela y en la universidad pública.  El precio pagado por esta controvertida vocación por la amnesia es el desconocimiento ciudadano de los terribles crímenes perpetrados por las organizaciones terroristas, así como el daño que han producido en nuestra sociedad. Una población desinformada se torna vulnerable frente a las estrategias del MOVADEF y otros grupos que se muestran complacientes con las acciones de Sendero Luminoso en contra de la sociedad y  del Estado.

 

La única forma de derrotar al terrorismo y a los grupos que intentan promover la impunidad de quienes cometieron crímenes contra la vida en nombre de una ideología fundamentalista y agresiva es reconstruyendo la historia reciente del Perú, poniendo énfasis en la violencia terrorista y la violencia represiva; en la necesidad de sancionar a los culpables y de reparar a las víctimas; en encontrar caminos razonables para reconciliar al país sobre la base de la consecución de la verdad y la justicia.  

 

La memoria crítica contribuye a la educación del ciudadano acerca de lo que sufrimos y no debemos repetir. Si bloqueamos la acción de la memoria perdemos la capacidad de enfrentar con agudeza y coraje las condiciones de la violencia en el país. 

 

Hacer memoria en nuestras conciencias y en los espacios públicos constituye un requisito esencial para vivir en paz y en democracia.

http://www.leerydifundir.com/2017/05/peru-necesidad-moral-memoria/

Lectura y democracia

​Salomón Lerner Febres

Hace unos días circuló una información sobre los hábitos de lectura en el Perú. Según esta, la población de nuestro país lee en promedio un libro por año. Se trata de una cifra de escándalo que debería movilizar de inmediato a las autoridades competentes para modificar esa tendencia. Podrán existir otras mediciones con resultados ligeramente distintos. Pero es innegable que el hábito de lectura entre los peruanos es mínimo.

Hay diversas maneras de enfocar esta realidad dramática. En esta oportunidad, más que centrarme en los aspectos pedagógicos del fomento de la lectura, quisiera resaltar las dimensiones político-culturales de esa situación. Una sociedad que no lee es una sociedad que no se informa y que no cultiva el hábito de la crítica ni la educación de su juicio. Y tal sociedad es el más fácil pasto de la demagogia y de ciertas formas de dominación y engaño que confían, precisamente, en la obediencia ciega y en el temor o el desinterés en la verdad.

Las autoridades políticas nos dan cotidiano ejemplo de la degradación de una democracia cuando no se lee. Nos estamos acostumbrando a oír de congresistas y otras autoridades afirmaciones absurdas sobre diversidad de temas, declaraciones cuya única fuente son el prejuicio y la ignorancia. Sobre temas como la defensa de los derechos humanos, la promoción de la igualdad de género, la reivindicación de los derechos de los diferentes grupos étnicos y hasta el significado de la propia democracia, oímos cotidianamente dichos que deberían hacer avergonzar a cualquier ciudadano promedio. Si las autoridades las pronuncian sin escrúpulos es porque en el fondo confían en que la sociedad en general no estará apta para notar sus sinsentidos o en que no le interesarán.

El desdén por la educación, por la cultura, por la información y el estudio han ido ganando carta de ciudadanía. Hace pocos días nomás un alto representante de la Iglesia Católica decía que el Perú “no necesitaba academias” sino solamente orar. Se trata de un auténtico llamado al cultivo de la ignorancia; un llamado temerario e incluso insolidario en un país donde tanta gente necesita de una educación de calidad para mejorar sus perspectivas de vida.

Definimos la democracia, entre varias formas posibles, como un régimen en el cual todos vemos nuestros derechos reconocidos y estamos habilitados para ejercerlos efectivamente. Difícilmente se puede llamar democracia a una sociedad donde los derechos ciudadanos existen solamente de manera nominal, como un reconocimiento formal en la Constitución, pero sin visos de hacerse realidad. Y los derechos se hacen realidad no de manera pasiva ni mediante la espera de un favor, sino afirmándolos, criticando al poder, exigiéndolos, ejerciendo nuestra capacidad crítica. El goce efectivo de los derechos no es viable ahí donde se condena a la mayoría de la ciudadanía a vivir en la oscuridad de la desinformación y en la conformidad monótona. Vivir en medio del prejuicio, organizar la coexistencia alrededor de ideas heredadas de manera inercial, de ideas ajenas a todo examen, es una forma de desnaturalizar a una democracia para convertirla en una sociedad de súbditos.

Contra todo eso la lectura, el ansia de conocimiento y de pensamiento autónomo, son antídotos tal vez no suficientes, pero sí indispensables. Nuestra democracia requiere más lectura, es decir, más ilustración ciudadana.

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5 de Abril: Lecciones del pasado

​Salomón Lerner Febres

Se han cumplido 25 años del autogolpe del 5 de abril. Fechas que coinciden, además, con un golpe fallido en Venezuela y que ha sido comparado con el perpetrado por Alberto Fujimori en 1992.

Ese autogolpe constituyó grave lesión a la democracia y a sus instituciones, situación que el país no ha superado del todo. Sus defensores aducen que se ejecutó en tiempos en los que había que lidiar con un Congreso plural, hostil al nuevo gobierno. Se dice que dicho parlamento impedía las reformas necesarias para resolver los problemas del país. Está claro que tal alegato es falso si hacemos memoria rigurosa de lo sucedido en aquel tiempo. El Congreso de entonces le había otorgado facultades legislativas al Ejecutivo, con el fin de acelerar las reformas necesarias para combatir la inflación y el terrorismo. La idea del parlamento obstruccionista no tiene asidero.

El autogolpe de Fujimori inauguró un largo período autoritario que envileció al país. La concentración del poder por parte de Fujimori y Montesinos propició el imperio de la corrupción y contribuyó con el establecimiento de nexos con el narcotráfico y el tráfico de armas. El régimen debilitó sensiblemente las instituciones, socavó el equilibrio de poderes y bloqueó cualquier forma de vigilancia cívica. Se ejerció control sobre la prensa, y se persiguió lo que quedaba de periodismo independiente en la nación. Se usó a las fuerzas del orden para fines políticos y se promovió la labor de comandos de aniquilamiento en el contexto de la lucha antisubversiva, avalando así la comisión de delitos contra los derechos humanos.

Quienes detentaron el poder en los años noventa no imaginaron que los planes de extender el régimen en el tiempo fracasarían en el año 2000. Con la publicación del video Kouri-Montesinos se inició el proceso de descomposición del fujimorato, documentándose numerosos casos de corrupción y abuso de poder.

El autoritarismo no es eterno y la lucha por la libertad política tarde o temprano rinde sus frutos. No obstante, la cultura autoritaria no ha desaparecido en el Perú: ha renacido de diversas formas. Luego de más de década y media de gobiernos democráticos, el propio fujimorismo ha construido un discurso ambiguo que sugiere alguna clase de deslinde con el pasado. Discurso discutible, especialmente en circunstancias en las que dicho grupo pretende sacar adelante un proyecto de ley que podría recortar la libertad de prensa.

Una pregunta importante que nace de la funesta experiencia del autogolpe es la que indaga si es posible enfrentar los graves problemas del Perú sin vulnerar gravemente la democracia. Los creyentes en el régimen de Fujimori aseveran, cuestionablemente, que el combate al terrorismo y a la inflación requería de la suspensión del orden constitucional.

Afirman que es más eficaz que un líder autocrático y su entorno concentren el poder para manejar la crisis, que el sentar las bases de un consenso nacional que convoque a las organizaciones partidarias y a las asociaciones de la sociedad civil. Se nutren, pues, de una presuposición cuestionable, y con visos profundamente antidemocráticos. En efecto, las consecuencias del 5 de abril son evidentes: la lesión del Estado de derecho, el fortalecimiento de la corrupción y de la violencia ilegal generada desde el gobierno. Ese es el legado del autoritarismo de los noventa que no debemos olvidar.

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Perú: Contra el cinismo

​Salomón Lerner Febres

La corrupción no es solamente un delito que nos empobrece; ella constituye también un espectáculo vergonzoso que nos desmoraliza. Si, por un lado, vastos sectores de la ciudadanía quieren creer que la democracia es posible y que una organización decente de nuestros asuntos públicos es factible, de otro lado, los reiterados latrocinios de los políticos y las malas prácticas de las elites económicas parecieran negar esa posibilidad. Si se permite que estos últimos contaminen nuestra visión del mundo, entonces se habrá impuesto el cinismo como horizonte de la moral pública. Y, en ese caso, nuestra democracia será, en verdad, un proyecto más improbable.

Es fundamental, por ello, que nuestra sociedad se defienda contra el cinismo. Los responsables de la mayor corrupción de las últimas décadas y sus voceros en los medios de comunicación y en las colectividades del mundo digital han propalado desde siempre la idea de que todos somos corruptos. Al mismo tiempo que se niegan a reconocer responsabilidades y a hacer una autocrítica honesta, pretenden convencernos de que denunciar el robo, la corrupción, el fraude y las violaciones de derechos humanos son banalidades o frivolidades. En la noción del mundo que buscan imponer los valores cívicos son, por un lado, una pretensión risible, y por otro lado, una ficción, puesto que, según ellos, todos somos partícipes o cómplices de alguna forma de corrupción.

Esa es una interesada falsedad que seguramente se buscará difundir con más energía en este tiempo. Los sucios negocios en que se han visto envueltos personajes de la última transición política serán utilizados para intentar, una vez más, borrar la distinción entre ética y cinismo. Frente a ello, esos sectores de la ciudadanía que reclaman y trabajan por una democracia verdadera y por un genuino estado de Derecho deben defender, una vez más, la posibilidad de una reconstrucción cívica del país.

En primer lugar, ha de quedar claro que la justicia debe ser ejercida con rigor y sin cortapisas. Todos quienes hayan incurrido en pagos y cobros de sobornos y se hayan enriquecido valiéndose de su función pública, así como quienes han conspirado para ello desde la empresa privada, deben ser investigados y sancionados. La justicia es aleccionadora cuando es pronta, exhaustiva e imparcial; cuando es selectiva e indolente se convierte, más bien, en una fuente de mayor corrupción y cinismo.

En segundo lugar, debe señalarse lo siguiente: el hecho de que la ciudadanía sea defraudada y engañada por sus autoridades electas no implica, en absoluto, que la nuestra sea una sociedad fatídica y generalmente corrupta ni significa que el crimen y la honestidad sean indiferenciables. Es censurable que un político electo resulte corrupto, pero lo es más aún si, sabida su corrupción, ciertos sectores lo sigan apoyando, defendiendo o contribuyan a disimular sus crímenes.

Una vez más, lo que debe ayudarnos a poner atajo al cinismo que amenaza a nuestra cultura pública es la verdad seguida por la justicia. Reconocer la verdad, hacerla pública, extraer de ella las conclusiones y las lecciones apropiadas es una ruta no suficiente, pero sí indispensable, para defender nuestra esperanza democrática.

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Perú: Corrupción y democracia

​​​Salomón Lerner Febres

En el Perú vivimos momentos especialmente delicados en el ámbito de la política. Ciertamente, si las autoridades peruanas se comportan a la altura de su misión y esclarecen los poco claros negocios entre entidades peruanas y extranjeras para dotarnos de infraestructura, contribuirán de modo decisivo para juzgar la honestidad de personas que con su actuación reprochable han traicionado a su conciencia, a la sociedad a la que deberían servir y a la comprensión de la política como virtud social.  

 

Ahora bien, cabe preguntarse si las autoridades: Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial honrarán cabalmente su compromiso de investigar y hacer frente a la corrupción. Señalamos esto, pues lamentablemente la desvinculación respecto del bien colectivo pareciera constituir un elemento reiterado en la conducta de funcionarios y políticos. 

 

Es penoso, pero hay que señalarlo: la ciudadanía se pregunta si existe una genuina voluntad política en los diferentes espacios del Estado para entablar una lucha firme contra la corrupción y si, según tal orientación, esos delitos finalmente serán declarados imprescriptibles. Todo apunta a señalar que nuestro país ha sido un escenario importante en la historia de transacciones ilegales. Es doloroso pensar que aún varios expresidentes de la República podrían estar involucrados en casos de soborno y en otras actividades ilícitas asociadas a criticables prácticas en el manejo de los fondos públicos. Pues bien, no podemos quedar impasibles en estas circunstancias: se hace imperativo honrar el derecho a la verdad que asiste a todos los peruanos: necesitamos saber hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción en la política y en las grandes empresas para extender el brazo de la justicia hasta donde sea menester.  

 

Según el juicio de los expertos,  en los años noventa, los peruanos padecimos el gobierno más corrupto de nuestra historia republicana. La corrupción se institucionalizó y sistematizó a niveles que no encuentran precedente en otros períodos. El conocimiento de tales crímenes movilizó a la opinión pública, pues ella comprendió, con acierto, que la corrupción lesiona irremediablemente al sistema democrático. A casi dos décadas de que acabara esa patología política podemos constatar hoy que, por desgracia, el binomio política corrupción no se ha fracturado, que ha sobrevivido al régimen de Fujimori y al parecer ha asumido otras formas dentro de regímenes democráticos. Sin embargo, vayamos con cuidado.  Quienes defienden el autoritarismo de los noventa están interesados en difundir la idea de que todos los grupos políticos se hallan contaminados con el virus de la corrupción. Esa es una maligna interpretación que se nos quiere aceptemos, pues, si ello fuera así, entonces el crimen se concebiría como una epidemia que atenúa sutilmente las culpas y que lleva a algunas personas a asumir una insana resignación frente a un flagelo que solo puede debilitar a la sociedad y a la democracia. Es de justicia que los ciudadanos que deseamos conocer las redes de la corrupción en la política peruana busquemos con acierto y sepamos separar la paja del trigo, sin ceder al espejismo que propone que la política es intrínsecamente inmoral.

 

En fin, no olvidemos que el problema de la corrupción dentro de  la política involucra a todos los peruanos, quienes debemos tomar la responsabilidad de ser ciudadanos: personas conscientes de sus derechos, cumplidoras de sus deberes y atentas a la buena marcha de las autoridades en su necesaria búsqueda del Bien Común.

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