Tonterías académicas

Raúl Wiener

Hasta hoy la única respuesta que Alan García ha dado a la acusación de haber estado usando grados académicos que no le corresponden para ejercer funciones de autoridad universitaria y recibir privilegios excepcionales como automóvil del año y casa en la mejor zona de las Casuarinas a cargo del presupuesto de la Universidad, es que esas son tonterías, algo sobre lo que ni siquiera merece dar una explicación.

Sus amigos de la prensa lo defienden por el procedimiento de banalizar sus actos y convertirlos en cosas sin importancia, que se le achacan para detener su impetuosa carrera para ocupar por tercera vez el sillón presidencial.

Una forma de decirlo es referirse a que a todo abogado o médico se le otorga el trato de doctor y eso explica que así figure en documentos oficiales, placas recordatorias y otros registros que han sido mostrados en estos meses como prueba de su estilo de usurpación.

Pero, bueno, aceptemos que AGP es un doctor de cariño, que se acostumbró a que lo trataran así y que por eso hasta firmaba cartas con ese detalle. ¿Y cuál sería el problema para tanta tinta sobre el tema?, ¿Acaso ganas de fastidiar a este pobre señor, que no hace daño a nadie y que tiene todos los papeles necesarios para justificar su estilo de vida de hombre rico que refriega sobre la cara de los demás?

El punto es que tras su extraña graduación universitaria en San Marcos, su estadía en Francia y España donde no culminó ningún estudio, los cinco años de su hecatómbico primer gobierno y los casi diez de exilio dorado, no existió nunca el espacio para acumular una carrera docente que pudiera permitirle dirigir una Escuela de Postgrado como la que empezó a tener a su cargo a comienzos de los 2000.

No es que sea “doctor bamba” de puro fanfarrón o exhibicionista. Es que se ha inventado una historia académica para darse un estatus para el que no ha hecho los méritos suficientes y para otorgarse gollerías económicas que se las permite su amigo el rector, que también tiene una turbia historia universitaria.

García ha hecho un salto desde la política full time a autoridad universitaria, que nadie más podría haber hecho. El ascenso en la educación superior es un proceso largo y esforzado, como lo saben profesores y alumnos; para todos, menos para el grandote que se cree con derecho a saltarse todas las normas.

El tema del falso doctorado deja de ser “tontería”, si es el título que alguien se inventa para dirigir a profesionales que buscan un grado superior (maestría o doctorado). García no podría enseñar, menos dirigir, a alumnos graduados que tienen su mismo rango académico, y mucho menos en una especialidad para la que nunca estudió.

Los conocimientos de “gobernabilidad” en García son los que hemos padecido en dos gobiernos. Pero el grado académico con que los imparte, es una vulgar estafa.

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El analistarado

Raúl Wiener

Horror. Cuando todo parecía felicidad, luego de haber conseguido que las cifras de las encuestas en Lima no sufran variaciones durante dos meses de insípida campaña, los titulares y las notas de opinión de los grandes medios han empezado a tocar alarma. No puede ser. Mientras estábamos ocupados en hacer que con la ayuda de Orión y la mafia del transporte, así como con un poco de agitación callejera para que se sienta cómo la “odian” a la alcaldesa, y los periodistas de mayor “poder”, subiendo a combis, cerros y otros escenarios para perseguir a Castañeda y seguirle la cuerda, nos descuidamos increíblemente de las provincias del interior del país, y lo peor, de aquellas que tienen proyectos mineros de los que depende la reactivación económica.

Correo dice, alarmado, a cuatro días de las elecciones, que son nada menos que siete regiones “en riesgo”. Otros opinan que son cuatro o cinco. En todo caso se trata de escenarios de inversión extractiva, en los que los candidatos favoritos son abiertos críticos de la actividad de las grandes empresas extranjeras enclavadas en su territorio y oscilan desde la exigencia de un nuevo trato con la minería hasta la oposición directa a determinadas inversiones. ¿Cómo puede haber ocurrido esto?

En verdad habrá que empezar a decir que los asustados de estos días, acaban de confirmar otra vez los dos rasgos básicos de su mirada del país: (a) que el Perú es Lima, y Lima es de la derecha, de ahí la concentración de la atención en la capital y la tolerancia con la que se ha asumido la carga de corrupción del candidato favorito y la participación de grupos mafiosos en la campaña, con tal de ganarle a la alcaldesa declarada el peor peligro, frente a cualquier otro peligro; (b) la idea que las regiones son minerales, gas o harina de pescado, y la grotesca simplificación que propone que los pobladores de las zonas mineras tienen que estar contentos con la empresas, que desde la mirada centralista nos parecen de lo más bien porque pagan impuestos y mantienen al Estado.

Ahora cuando estamos a punto de ver el primer éxito de la DBA en mucho tiempo, al imponer a Castañeda en Lima, sus mentores se espantan de que el resultado del domingo también venga con Santos en Cajamarca, Aduviri en Puno, Cueva en Moquegua, Cerrón en Junín y otros. Solución urgente, reclaman entonces, eliminen la regionalización; evitemos el riesgo de que los electores nos pongan en riesgo; escaleras para pobres en Lima por votar por el que roba pero hace obras, y palo para los pobres del interior que no se subordinan. Vaya democracia.

Obviamente, como dicen algunos análisis, somos un país escindido en el que hay tendencias y contratendencias, pobres hacia la izquierda y hacia la derecha. El sistema electoral solo traduce esos desencuentros. Hay que ser muy tarado para creer que estas realidades llegan del aire.

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El medio ambiente como obstáculo

​Raúl Wiener

“El Comercio” dijo su palabra y los demás, por supuesto, quedamos reducidos a un solo concepto: “mentirosos ambientales”. En sus tres años, con idas y venidas, el gobierno de Humala estableció algunos principios que querían indicar que existía alguna vigilancia ambiental y que había un organismo rector a cargo de ejecutarla.

No era una instancia de promoción de la inversión como se definen asimismo el MEF, el Ministerio de Energía y Minas y otros sectores públicos, sino uno de balance que debía contener el daño que ocasionan las actividades económicas sobre la naturaleza. Más o menos como debía ser el Ministerio de Cultura, respecto a la preservación del patrimonio histórico y los derechos culturales de las poblaciones indígenas.

Hace alrededor de un año se echaron abajo las restricciones sobre patrimonio cultural en zonas de inversiones y se tumbó al área de interculturalidad del Ministerio de Cultura por opinar contra la ampliación del Lote 88 del gas de Camisea, que afecta a los indígenas de la zona; y se empezó a rediscutir como un obstáculo a la inversión la consulta previa, promulgada por el propio presidente Humala, en Bagua.

En estos momentos, los enemigos a atacar son ambientales y tienen que ver con el procedimiento de aplicación de sanciones a los trasgresores de las normas ambientales (se recomienda no sancionar, y cuando haya que hacerlo será con una multa rebajada a 35%); se exigen estudios complementarios de costo/beneficio, para saber cuánto gana o se pierde al decidirse entre inversión y protección; se acorta a su vez el plazo para pronunciarse sobre los EIA (estudios de impacto ambiental); y se extrae al Ministerio de Ambiente de la responsabilidad de definir las zonas protegidas, para entregarla al Consejo de Ministros, donde operan los ministros lobbies de la inversión.

Todo esto le parece de lo más bien a los de la gran concentración, liderados por alguien que hace algunos años se decía ambientalista y a la que sus parientes la sacaron del diario según ella porque no compartían sus principios.

Bueno, la mujer está ahora al mando del barco principal de la concentración y probablemente haya dado el consentimiento al editorial que respalda las medidas de Castilla y la Confiep, lo que además coincide con varias de sus columnas sobre conspiraciones ambientalistas y mentirosas.

El hecho es que tenemos un gobierno retirando supuestos obstáculos que son normativas que él mismo definió cuando Castilla no tenía tanto poder como ahora y se tragaba algunos pequeños sapos.

En junio del 2014, el único que se traga cualquier cosa es Humala que no entiende qué es lo que está pasando con la economía que creía era su tabla de flotación. Cuando creía que Castilla lo salvaría de cualquier riesgo económico, resultó que al mechoncito lo único que le interesaba era salvar a sus amigos empresarios. Que para eso cobra.

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Haciendo fracasar la descentralización

Raúl Wiener

El contralor Fuad Khoury estaba debiendo una explicación sobre la falta de control serio sobre los hechos que durante varios años se registraron en el gobierno de Ancash, a pesar de haber tenido instalados allí sus auditores y disponer de los recursos para evaluar los contratos y hacer el seguimiento de las diversas obras de infraestructura. Pero como suele hacer, fugó para adelante y estableció una conclusión que acabó con todos los debates: la descentralización ha fracasado.

O sea, no fracasó el control que era su responsabilidad, ante la novedad de tener 25 gobiernos autónomos, con presupuestos propios y capacidad de contratar, sino el sistema mismo, con lo que seguramente pensará que descarga toda responsabilidad. Un informe del día de ayer, probablemente filtrado desde el Ministerio Público, indica que habría hasta 19 presidentes regionales con denuncias sobre corrupción, lo que significaría que un 76% de los gobiernos electos en el interior del país tendrían problemas con la Justicia.

La cifra, sin embargo, se aclara un poco más cuando se descubre que ocho de los mencionados se encuentran en situación de investigados, sin proceso judicial abierto, y que aún en el caso de los enjuiciados no existe uno solo con sentencia en firme. Lo que puede significar varias cosas: (a) que todo manejo de sumas altas de dineros, atrae sospechas y controversias; (b) que hasta ahora no se ha probado un caso importante de corrupción, ni aún, los más saltantes, lo que habla mal de los órganos de control y justicia, como la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial; (c) que no se ha probado aún que los gobiernos regionales son más corruptos que otras instancias del Estado, pero que es evidente que hay quienes quieren que creamos eso.

Con todos sus defectos: reproducir los departamentos en jurisdicciones políticas con otra denominación; intentar corregir el asambleísmo de la regionalización previa (eliminada por Fujimori al segundo año), con el refuerzo de un caudillismo autoritario de la presidencia; mantener casi como único nexo con el gobierno central, el manejo de la distribución de recursos a través del Ministerio de Economía que acrecienta con esto su poder invisible sobre todo el aparato del Estado; con todo ello, digo, y el localismo ramplón de algunos líderes regionales, la descentralización aprobada por Toledo fue un paso fundamental en la reforma del sistema político peruano.

Claro que en un escenario sin partidos nacionales y de retroceso de la política (reemplazada por el principio de “hacer obras” y la cuasi aceptación social que los que las hacen se ganan más de lo legalmente admitido), es relativamente fácil lanzar en plena ruta hacia la elección de nuevas autoridades una catarata de denuncias que da la impresión de estarnos diciendo que lo que se viene es una nueva obligación de votar por quien nos esquilmará en los siguientes años. O tal vez quieran convencernos de que mejor no elegimos a nadie.

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Combatiendo la pobreza

​​Raúl Wiener

Debe ser que creen que no nos damos cuenta. Hace algunas semanas el Banco Mundial y la OIT proporcionaban cifras que causaban alarma en la gran prensa y que indicaban que el 68.6% de la fuerza laboral peruana se empleaba en establecimientos informales, y que por supuesto nadie podía ganar un buen salario ni disponer de derechos si se mantenía en esa condición.

La solución era bajar los requisitos de la formalidad, es decir, que se pueda ser formal aún pagando menos del mínimo actual (en tres palabras, sin mínimo alguno) y con menores derechos.

Esa discusión es, ahora, después de la publicación de datos del INEI, la de quién bajó más la pobreza, si García con Castilla de viceministro de Economía, o Humala con Castilla como ministro, y que gira sobre si hubo una mayor capacidad de captación de inversiones de parte del gobierno del ego colosal (las famosas reuniones en Palacio) o si lo que está pasando es que el mundo ya no es el de hace siete u ocho años, y los flujos de inversión y el comercio tienen otro comportamiento.

Pero, alto ahí, ¿no era que somos una economía informalizada cerca del 70%?, ¿y que lo que empobrece a los peruanos es que negocian el valor de su fuerza de trabajo fuera de un circuito formal? Vamos, un empleo en la gran minería cuesta 2 millones de dólares, mientras que uno en la minería artesanal, informal y hasta ilegal, debe costar algunos cientos. Está claro por qué hay diez mineros informales por cada formal, y la proporción sería más pronunciada si separamos a las subcontratas del personal de planilla de las empresas concesionarias.

Es evidente que los informales de la minería deben haber salido de pobres y muy pobres, sobre todo si la medida es de ingresos monetarios como la que aplica el INEI, pero su mejora poco tiene que ver con el arte de García de enamorar a los de Newmont o Antamina, salvo quizás en el sentido de los lazos subterráneos que unen lo formal con lo informal, donde los primeros terminan comprando la producción de los segundos y sacándola al exterior.

Que en el Perú la participación del salario sobre el PBI haya pasado del 27% en 1990 (era 30% en 1980), al 20% actual, debe ser una forma singular de combatir la pobreza. En el mismo lapso el Brasil pasó de 40% a 44% y Argentina de 38% a 41% (datos OIT-CEPAL). Es decir los tres países hemos crecido, pero hemos repartido de manera bien diferente el crecimiento. Y eso, por supuesto, se aprecia muy fácilmente en las condiciones de vida de la gente. Y también en el propio discurso de nuestros gobernantes que viajan por el mundo ofreciendo que aquí se paga barato por los trabajadores, se cobran bajos impuestos y las regulaciones van desapareciendo.

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La corrupción al poder

Raúl Wiener

¿Cuánto apreciamos los peruanos no solo una administración honesta del Estado sino una actitud firme contra la corrupción del pasado y el presente?

De acuerdo con las encuestas, parecería que bastante poco. Imagínense que a la alcaldesa Villarán casi todos le reconocen la virtud de no buscar favorecerse con el poder y no permitir que los miembros de su administración se ensucien en actos corruptos y de no haber conciliado con los actos más oscuros del gobierno que la antecedió.

Pero esta honestidad le da a lo sumo para 30% de aprobación, frente a lo que dice otra encuesta de que Castañeda ya está en 43% de intención de voto en caso gane la revocatoria y haya adelanto de elecciones municipales en Lima. Es decir fuera los honestos y regreso de Comunicore.

El punto tiene relación con la popularidad sostenida de Fujimori a lo largo de la década de los 90 y con el sólido 20% que es capaz de defender las tesis de que “el chino fue engañado por Montesinos” (como si Montesinos hubiera podido existir fuera del “chino”), “al final todos roban” y “no importa que robe pero que haga obra”.

Pero eso de echarle a la gente con baja formación política la responsabilidad por relativizar la lucha contra la corrupción y por tender a perdonarle la vida a los peores corruptos haciendo pesos sobre lo bueno y lo malo de sus gestiones (como si pudiera haber corruptos buenos), no da la idea de ser un sentimiento espontáneo que existe en la gente sino más bien la de representar el producto de una campaña política que está construyendo una opinión que transige con el problema de la corrupción.

A nadie se le ocurre encuestar por ejemplo si la gestión actual de Lima es más o menos limpia en término de manejo de los recursos públicos que la anterior. O si los entrevistados ven que Villarán ha tenido algún caso equivalente a Comunicore. Tampoco hay una interrogante sobre si preferirían que la revocatoria les proporcione un alcalde investigado por la justicia con tal de que haga un poco más de obras.

Claro que se puede discutir contra el mito de que Villarán no hace nada y también preguntarle a la gente sobre si conoce el proyecto sobre el río Rímac, para compararlo con cualquier obra de infraestructura de Castañeda. O insistir en los temas de La Parada y el transporte que “el mudo” eludió para no quemarse. Sobre eso tampoco insisten las encuestas. Pero volvemos sobre lo inicial: si el mecanismo de revocatoria tiene algún sentido es para decir que aún con la mejor obra no deberíamos mantener alcaldes que se coluden para sacar dinero municipal a favor de sus allegados ni por supuesto volver a elegirlos, así como para sancionar a los que violan los principios democráticos.

Pero en el caso Villarán son los motivos de la revocatoria lo que más falta. Y sobre el terreno se hace evidente que la operación va mucho más allá que sacar a la “alcaldesa roja” como pretende ingenuamente el cruzado anti-izquierdista del diario de Santa Catalina que se deja llevar por los odios más primarios. Aquí, hay un grupo y dinero apostando al regreso de Castañeda en plenas investigaciones fiscales y judiciales sobre corrupción, con el apoyo de encuestadoras y medios. Es la impunidad sacramentada por el voto. ¿Qué les parece?

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Tragedia en Ranrapata

Tragedia en Ranrapata


Raúl Wiener

El 9 de julio escribí: “Por tanto, técnicamente hablando el Estado había “secuestrado” a esta población infantil quitándoles a sus familias reales, por una razón de guerra, que es lo que hace al general Guibovich decir que nos hemos evitado 11 futuros guerrilleros” (la nota se denomina “Pioneritos” y se refiere al supuesto rescate de niños en el Vraem que según dice la ministra Jara ya empezaron a ser devueltos porque no eran los guerrilleros potenciales de que hablaba el excomandante general del Ejército).

Por cierto en los días en que me atreví a señalar algo tan fuerte como esto, la mayoría de la prensa y casi toda la clase política estaban borrachitos de entusiasmo por la noticia que se ajustaba como un guante a la campaña que habían lanzado algunos programas dominicales sobre los niños soldados que preparaban las huestes de los Quispe Palomino para su guerra sin fin. Pero como lo indicaba la lógica más elemental, a un grupo casi errante que además busca tener las mejores relaciones con la población (lo que corresponde a su autocrítica del período anterior), le representaría una tremenda carga llevarse niños de las comunidades para concentrarlos en sus campamentos.

Por eso lo más probable era que se tratase de los hijos de los propios subversivos (que también procrean) y si fuese así se entraba en el terreno pantanoso de establecer la legalidad del acto de llevárselos por la fuerza, especialmente a los más pequeños. El hecho es que ahora parece que ni siquiera eran eso, sino pequeños campesinos arrebatados a sus familias a las que han empezado a ser reintegrados. Pero todo esto sale a luz cuando tras otra “impecable” intervención cuyos objetivos según el ministro o el militar que hable son de lo más variables: rescatar niños de un campamento de adoctrinamiento, capturar senderistas en una casa que les daba alimentación, etc., se produce la terrible muerte de una niña baleada desde lejos por un arma de largo alcance cuando aparentemente huía de la confusión creada por las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía.

Todo esto además aderezado por un show mediático que repetía la escena de julio de los niños en brazos del presidente, la primera dama y otras autoridades, pero esta vez sin Ollanta que se encontraba en la reunión de APEC en Rusia. Alguien había decidido que este era un momento para la foto y los jefes a cargo de la operación no habían advertido que había una niña muerta de por medio, que era la hermanita de los “rescatados”, y que en paquete que habían traído a Lima estaba la madre de todos ellos. Un formidable enredo porque tampoco había habido campamento senderista y probablemente ninguna necesidad de hacer disparos sobre la gente. Pero como en otros casos, operadores diligentes empezaron a inventar historias de justificación que no han hecho sino hacer más increíble la versión oficial.

Una cadena de preguntas han quedado en el aire: ¿quién es responsable del pésimo trabajo de inteligencia que confundió campamento con casa y terroristas con comuneros?, ¿quién decidió la acción en Ranrapata en ausencia del presidente?, ¿quién ordenó ocultar la muerte de la niña?, ¿quién inventó que los niños traídos a Lima eran “pioneritos”?, ¿quién engañó a la primera dama y a la ministra de la Mujer?, ¿quién emitió el comunicado de Palacio?, ¿quién informó de maneras distintas a los ministros del Interior y Defensa?, ¿quién le dijo a Otárola que volviera a meter el pico y la pata donde no lo habían llamado?

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/tragedia-en-ranrapata_120132.html

Lo negativo del negacionismo


Raúl Wiener

El primer efecto de la propuesta ley sobre negacionismo será –si llega a ser aprobada- el de dar por zanjado el debate sobre la interpretación de los años de la violencia, cuando a todas luces el Perú continúa profundamente dividido en este punto.

Querría decir que el “terrorismo” ha sido definido de una sola manera, a pesar de que sobre la mesa estén aún conceptos como guerra y conflicto armado interno, que unos suscriben y otros niegan rotundamente; guerra política; terror gratuito; violencia demencial; etc.

¿Con cuál nos quedamos?, ¿cuáles de estas “minimizan” lo que sucedió, de acuerdo al tenor del proyecto de Jiménez Mayor?, ¿cuál es la que tenemos que emplear para no salirnos de los marcos de la nueva legalidad?

¿Se imagina alguien a Rafael Rey de ministro del Interior o de Defensa (ya lo fue) y a la Chichi de secretaria de prensa de Palacio, teniendo entre sus opciones la ley del negacionismo?

¿Cómo será una discusión con el propio Jiménez sobre las ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar que el actual ministro se ha empeñado en escamotear?, ¿quién es el negacionista?, ¿el que dice que hubo graves delitos contra los derechos humanos durante la represión (como los hay frente a los conflictos sociales), pero por decir eso “minimiza” la crueldad de los secuestradores frente al heroísmo de los rescatadores? ¿o los que construyen una verdad oficial al servicio de los intereses del poder pero distante de lo que realmente sucedió?

Pero hay más sobre negacionismo. Y está en la pregunta sobre dónde está el riesgo de nueva violencia en el Perú. Tal como parece entenderlo el gobierno y el jurisconsulto que hace las veces de primer ministro, el riesgo está en que los que salen de prisión después de largas y duras condenas se decidan a hacer política legal, o en que se reinserten en diversas opciones de trabajo desde donde pueden ser peligrosos, o finalmente que sigan pensando en que de alguna manera se “justifica” la rebelión de la que formaron parte.

La idea de todas estas negaciones ha sido siempre la de mantener expulsados del sistema precisamente a quienes lo atacaron desde fuera y de llenar de vituperios a los que aparentemente se muestran “blandos” en sobre-penalizar un tipo de delito, como no se hace con otros, especialmente a los que ocurrieron en el mismo proceso bajo el amparo del Estado y que se presentan como distintos por el lado desde el cual se cometieron y no por la crueldad y de lo absurdo que se invoca para la subversión armada.

Hace años que se inventan medidas para retirar beneficios carcelarios y dificultar la salida de prisioneros con carcelería cumplida, impedir inscripciones electorales de movimientos vinculados a las organizaciones terroristas, prohibir contrataciones de sentenciados y despedir a los que hacen declaraciones conciliadoras con la violencia, perseguir publicaciones, etc.

Y lo más curioso es que casi todas se arman al paso para cubrir las vergüenzas por no haber previsto lo que podían hacer los que de todas maneras iban a salir de la prisión. Así llegamos al negacionismo que, seguramente, nos dejará tranquilos porque nadie podrá hablar diferente sobre el pasado de la violencia.

Pero sobre el futuro, que tan bien se ha graficado en la masiva huelga de los maestros y en las nuevas desigualdades y frustraciones alimentadas en estos años, ¿quién está pensando y elaborando las verdaderas respuestas?

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Negacionismo


Raúl Wiener

Genialmente, el ministro Jiménez Mayor ha anunciado que en el futuro habrá una sola opinión sobre lo que ocurrió durante el conflicto armado interno de la década de los 80 y 90, y quien se aparte de la versión oficial será susceptible de persecución por el Estado. Con esto, por supuesto, eliminamos terroristas verbales que puedan creer que tienen carta libre para decir que no piensan como nosotros. Pero ahí justamente es donde comienzan los problemas.

¿Pensamos parecido sobre lo que pasó en el Perú de Abimael Guzmán, Víctor Polay, Fernando Belaunde, Alan García, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, por ejemplo el suscrito, Rafael Rey, Ibazeta, los miembros de la CVR, o los miembros del actual gobierno? Obviamente no, y hay muchas maneras de valorar lo que pasó, por lo que podríamos estarnos exponiendo a que cada cual considere que el otro está incurriendo en “negacionismo”, al pensar tal o cual cosa.

¿Los que piensan que a la crueldad de la guerra senderista se le superpuso una brutal guerra de tierra arrasada de parte del Estado y la acción de grupos irregulares protegidos por el poder, estarán haciendo negacionismo respecto a los que creen que aquí solo hubo una fuente de violación de derechos humanos y que lo demás que pudo ocurrir fueron “excesos” aislados que no configuraban una estrategia política?

Este es un tema que no se ha podido zanjar y que nos lleva hasta a la sentencia de Villa Stein, que es un negacionismo perfecto (no hubo crimen de lesa humanidad, no hubo organización ilícita para delinquir), pero que de seguro no es lo que está en la cabeza del primer ministro.

Otro asunto es el de las condiciones en que emerge el conflicto armado. Algunos dirán que esto es pura ideología y de ahí a un paso estará el concepto de acabar con lo que pueda considerarse afines, que según se ve casi a diario puede abrir paso a las peores arbitrariedades.

Uno debería preguntarse si cuando se acusa a los movimientos sociales y a las corrientes de izquierda de pro-terroristas, se está incurriendo en un derecho de opinar –aunque sea una barbaridad, como hacen varios diarios-, o vamos a tratar a los que piensan diferente como violadores de la ley del negacionismo en la que puede caer cualquier cosa de acuerdo al gobierno y a la mayoría parlamentaria de turno.

Que alguien diga que la pobreza, la injusticia y el engaño electoral, pueden ser fuentes de diversas violencias, podría llevarlo en manos de García Miró y otros exaltados a ser definido como un negacionista que no quiere reconocer que el conflicto viene de las cabezas y no de la experiencia vital de las personas y de las puertas cerradas que el Estado tiene para ellas.

Pero hay un punto más importante que todos los anteriores para encarar este debate. La famosa tesis de que al terrorismo se le combate ideológicamente, es decir, discutiendo y rebatiendo su proyecto, demostrando la superioridad de la vida en democracia, se cae de bruces con la iniciativa de Jiménez.

Lo que está proponiendo el jefe del gabinete es irse a las universidades, los sindicatos y eventos públicos para irrumpir y acallar a los negacionistas. ¿Y ustedes creen que los jóvenes ganados por el Movadef se incrementarán o disminuirán con este procedimiento?

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/negacionismo_118545.html

¡Qué buena Conga!

Raúl Wiener

Se ha dicho que Conga es el punto de quiebre. O sea que si Ollanta no mata las lagunas entonces que se olvide de la inversión y del gravamen minero, y que vaya a buscar de dónde financia sus programas sociales.

El gobierno ha respondido que sí, que va la Conga, que se respeta lo avanzado por el proyecto, pero que hay que atender las demandas de las comunidades. Más o menos la fórmula de respetar lo acordado aunque no nos guste sin romper el diálogo.

La cuestión es que lo que se cuenta es apenas la tercera parte de la historia. Y no se dice que Conga ha estado en discusión desde hace varios años y que la opinión de la población de las provincias directamente afectadas y de la mayoría de Cajamarca siempre fue la misma: rechazar el secado de las lagunas.

A los agricultores y a la gente les falta agua, a Yanacocha le incomoda, porque las lagunas están sobre el yacimiento. Por eso la fabulosa idea de sustituir las fuentes naturales por reservorios inclusive con más agua que las cuatro lagunas, lo que equivale a querer reemplazar una obra de millones de años sobre la que se organizó la vida de la gente, los animales y las plantas, por un depósito de cemento.

Era obvio que esto crearía resistencia, que algunos denominan “desconfianza”. Pero veamos: la empresa, el gobierno regional (el anterior, no el actual de Patria Roja), las autoridades municipales, los dirigentes sociales y las ONG, elaboraron, a través de un equipo técnico, un Plan de Reordenamiento Territorial, y el conjunto se pronunció por la intangibilidad de las lagunas.

La cosa llegó tan lejos que Yanacocha desconoció a los técnicos que había contratado. Y el gobierno de García decidió dictar normas para que las opiniones del gobierno regional y los alcaldes no fueran tomadas en cuenta para la aprobación del proyecto.

Más aún, se ordenó al Ministerio de energía y Minas acelerar la aprobación del impacto ambiental, tomando en cuenta exclusivamente el punto de vista de la empresa, que es el mismo que los escribidores promineros hoy repiten: que no hay problema con el agua porque habrá reservorios, que el estudio ambiental fue independiente (aunque contratado por la empresa), que el MEM lo aprobó aunque fuera en tiempo récord y a cargo de un exfuncionario de Yanacocha, etc.

Pero, claro, los problemas de Yanacocha y Alan García, tenían que ver más que con los trámites que quemaron etapas e ignoraron la opinión de Cajamarca, que con el hecho que el 2011 se cambiaban autoridades regionales y nacionales.

Y no es necesario recordar aquí en qué compromisos anduvo metida la gran empresa del oro para conseguir que la presidencia regional y el gobierno del Perú fueran a manos de políticos pro mineros y pro Conga.

Recomiendo darse una vuelta por Cajamarca para preguntar a la gente sobre la “neutralidad” de Yanacocha respecto a los diversos sectores políticos y cómo sintió la elección de Gregorio Santos. O revisar las páginas de LA PRIMERA de abril y mayo para recordar que Roque Benavides fue el financiador y animador del llamado “plan Sabana”, para destruir la candidatura de Ollanta y favorecer a Keiko. Todo pensando en Conga.

Ahora nos quieren decir que aquí todo es normal y mala suerte para las lagunas porque las etapas ya se han cumplido. Pero ese fue el pretexto por el que Toledo no movió nada de Fujimori y García siguió por el mismo camino. La camita siempre llega hecha.

Lo que prueba que estamos ante un gobierno nuevo es que sea capaz de marcar la línea en la que empieza el cambio. Es una verdadera Conga que Yanacocha y Benavides quieran chantajear a Ollanta con el proyecto que amarraron con Alan García.

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Los muertos del Colca

Raúl Wiener

Una mujer que despacha sola una inmensa tienda con una extraña variedad de productos: medicinas, alimentos, librería, etc., comenta a la señora que está a mi lado y a la que está atendiendo en su pedido:

- Pero, ¿usted sabe quién lo mató?

- No, no lo sé.

- El anterior esposo, el padre del hijo.

- Pero esas son especulaciones.

- No, el tipo se enteró que estaban juntos y fue hasta donde estaban y lo mató.

Lo más interesante era que parecía hablar en serio como si alguien le hubiera convenido de que esta era la versión correcta entre las decenas que circulan en el ambiente sobre el caso Ciro y que se ha reactivado y multiplicado con el hallazgo del cadáver.

En Arequipa hay grupos de presión sobre la morgue de esa ciudad con carteles que indican que Rosario Ponce es la asesina, que dan la impresión de estar reclamando a los forenses que no se vayan a equivocar y en una de estas presentan una conclusión diferente.

La madre de Ciro ha dicho que todo indica que a su hijo lo mataron. Y el fiscal de la Nación ha twiteado la fórmula: ya encontramos a Ciro, ahora encontraremos la verdad.

Poco importa en este caso que los peritos hayan advertido que sino hay una bala, una cuchillada o alguna otra herida clara, va a ser imposible discernir si murió porque cayó o porque lo lanzaron, si estuvo vivo en la parte baja o llegó muerto a su posición final. En esencia que el cuerpo no va a entregar tanta verdad como dice el Dr. Peláez.

El problema de este caso es que los medios han inducido a un prejuzgamiento y que salir de este caso con la sencilla conclusión de que dos jóvenes se perdieron y uno de ellos salió en busca de ayuda y en extravío buscó la vía del río, sucumbiendo por hambre, frío o sus heridas, resulta casi inaceptable en el estado actual de conmoción en que se encuentra la sociedad.

No hemos estado pendientes durante seis meses de la suerte de una sola persona, mientras se multiplicaban los crímenes, accidentes y otras muertes violentas, que se han olvidado rápidamente, y todos seguíamos atentos a las actividades del Dr. Ciro, las declaraciones de su esposa trasmitiendo un dolor continuado, los hermanos peleando con Rosario Ponce, etc.

¿Por qué era tan importante este caso? En realidad porque admitía todo tipo de interpretaciones como la que reseñé al inicio, todas verosímiles, sobre todo si se partía de la premisa de que en medio de la preocupación generalizada lucía la sonrisa precisamente de la que debía estar más compungida y deseosa que su novio aparezca.

Ya hemos visto otras veces prejuzgar por la actitud del presunto culpable: Abencia Meza, Eva Bracamonte, entre otros. Pero en cada una de las historias inventadas había por lo menos un choque de versiones y de intereses en juego. Pero en el caso del Colca, lo que es más que evidente es que los dos jóvenes hicieron el viaje juntos y en el intento de llegar a alguna parte perdieron contacto y se fueron sintiendo cada vez en mayor riesgo. Una situación límite como esa explica sus decisiones y las circunstancias en que fueron encontrados con una diferencia de seis meses.

¿Dónde entra ahí la teoría del asesinato?, ¿con qué motivación?, ¿cómo podría alguien eliminar a Ciro en el lugar donde lo hallaron y aparecer luego en una cueva en las alturas? El problema es que razonar así no vende diarios ni aumenta la sintonía de los programas de televisión. Y, claro, lo mejor es creerse su propio cuento. Así no se siente remordimiento sobre la segunda muerte del Colca, que es la de la figura pública de Rosario Ponce.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/los-muertos-del-colca_97741.html

El espíritu de 1979

Raúl Wiener

¿Qué significado debe asignarse a la invocación de Ollanta Humala al espíritu y los principios de la Constitución de 1979?

Para el Fujimorismo, lo que ha hecho Ollanta es prácticamente un golpe de Estado.

Para la derecha que ha dirigido el país durante la década anterior, incluido el APRA, es un gesto retórico de reivindicación, tal cual podría ser juramentar por cualquier otro espíritu. Después de todo la beligerante Martha Chávez lo había hecho por su líder preso.

En los sectores populares, las bases nacionalistas y de izquierda, en cambio, el juramento de Ollanta es una bandera de esperanza, que nos hace recordar que todavía estamos prisioneros en la Constitución golpista pero no sometidos a ella.

Demuestra que el tema constitucional no quedó zanjado con las cartas al pueblo peruano, las hojas de ruta y los juramentos de campaña. Porque Ollanta nunca negó la necesidad de una nueva Carta Constitucional, aunque convino que no había aún condiciones para ese cambio.

Salgado, Chávez, Chacón, han dicho que el juramento de Ollanta es una provocación. Si fuera así, cayeron redonditas. Porque el país las vio pelear por el documento que en campaña no tuvieron reparos en declarar “su programa”, reclamando que el presidente se someta a él.

Que conste, Ollanta no ha derogado la Constitución del 93, ni la ha desconocido. Pero le ha opuesto una idea democrática. No olvidar que el artículo 307 de la Carta del 79 decía: “-Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Ollanta ha recogido este espíritu, como no lo hicieron Toledo ni García. Recién ahora se puede creer que los crímenes contra la Constitución y la democracia no prescriben.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-espiritu-de-1979_91231.html

Los periodistas no somos parte de la libertad de prensa

Raúl Wiener

¿Por qué Martha Meier Miró Quesada cree que en el Perú de Fujimori había libertad de prensa, a pesar de los medios comprados y los periodistas geishas enviados por sus empleadores detrás del dictador?

Y ¿por qué gente que piensa como ella (como Aldo M y otros) estiman que no se afecta la libertad cuando entre todos los dueños de los grandes medios se complotan para echar a Hildebrandt, y no permitirle regresar a la televisión; para despachar a Bayly por apoyar a Susana Villarán y volverlo a contratar para el asesinato mediático de Humala; y para terminar sacrificando a Rosa María Palacios porque cualquier grado de independencia política les resulta cada vez más inaceptable a las familias de la televisión y la gran prensa?

Y, finalmente, ¿por qué todos ellos se erizan cuando Ollanta Humala recuerda que la libertad de expresión es un concepto democrático y que no debería ser un privilegio de minorías, y titulan que ésta sí es una amenaza contra la libertad de prensa y todas las libertades?

Todos sabemos las respuestas. La primera es que los empresarios que dominan el sistema de prensa del Perú identifican la “libertad” que tienen de hacer lo que les da la gana, con el poder de información y opinión que mantienen en sus manos, que incluso piensan que pueden venderlo, alquilarlo o prestarlo, y fingir independencia cuando están sometidos a un poder aún mayor.

En nuestro país no existe el delito de “vender la línea”, que es el que está inmortalizado en los vladivideos. Y si algunos broadcasters emblemáticos fueron presos o tuvieron que huir del país, fue porque los involucraron en peculado (complicidad en la apropiación de dineros del Estado).

Pero algunos, como Genaro Delgado, que fue a ofrecer la cabeza de Hildebrandt a cambio de favores judiciales, fue absuelto en dos instancias de la Justicia y la Suprema lo consideró demasiado viejo para procesarlo.

El hecho es que si los videos hubieran mostrado a los dueños de los canales vendiéndose a la Asociación de Banca, a la Sociedad de Minería o a la de Pesquería, a las que siempre apoyan, no se sabe exactamente a cambio de qué, no habría de qué acusarlos porque eso está dentro de los márgenes de su libertad.

Por eso, lo que pasó en los 90 se toma como escándalo, pero no como pecado capital. Y desde que aceptamos que Vladimiro podía decidir lo que veíamos, escuchábamos o leíamos, también podemos admitir que en el 2006, esto se decidiese con Toledo, PPK, Alan García y la Embajada de Estados Unidos, como se grafica en los wikileaks. Y que de alguna forma haya funcionado en el 2011.

La segunda idea es que los periodistas son peones de los que juegan las grandes estrategias. Esta semana tuvimos una muestra grotesca de obsecuencia cuando el director de un diario limeño dijo que si no se tiene química con el propietario, mala suerte; que es como decir que él sí tiene lo que los Agois requieren, hasta que lo requieran. Ciertamente echar a Rosa María Palacios es una muestra extrema de “libertad de contratación” (libertad de empresa, en realidad) imponiéndose a libertad de prensa, al margen de las preferencias del público y el juego de la competencia.

Finalmente, con todo esto se entiende que recordar el carácter elitista, concentrado y hasta oligopólico de la gran prensa, y la necesidad de una mayor apertura, resulta siendo tremendamente subversivo.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/los-periodistas-no-somos-parte-de-la-libertad-de-prensa_89502.html

Keikadas

Raúl Wiener

La mejor de la noche fue: “Milagros Maraví y Alejandro Aguinaga no tienen condenas o procesos judiciales, son personas intachables como la gran mayoría de las personas que trabajan a mi lado”, que en buena cuenta quiere decir que por lo menos una minoría no lo es. Un reconocimiento trascendental, para alguien que formó parte de un gobierno que tiene más de 200 presos, y mucho más fugados y procesados, que no están por ahora en el lado visible de la candidata. Descontando a todos ellos quedan otros que no son intachables… pero que ella los mantiene allí.

Preguntada por qué promovió el indulto de las hermanas Martínez ante su padre, cuando éstas se encontraban procesadas por narcotráfico, y luego recibió una ayuda de 10 mil dólares de ellas para su campaña del 2006, la chica K contesta: “Me enfrenté a Montesinos, que las extorsionaba y tomé esta decisión por sugerencia de Monseñor Cipriani, Monseñor Bambarén y el abogado de mucho prestigio José Ugaz”.

Pero eran procesadas por narcotráfico, y probablemente Montesinos las extorsionaba porque eran culpables. Y que haya habido las recomendaciones que señala no justifica que saliera, sin ningún conocimiento de los expedientes del caso (si los hubiera conocido sería peor) a defender a las olluquitas y lograra que las indulten.

Yo podría hablar aquí de lo que conozco de las aventuras del abogado de “mucho prestigio”, que utiliza ese prestigio para defender las peores causas con los más repudiables métodos.

En este caso mismo, Ugaz era el abogado de la familia de Hayduk y, en vez de probar la inocencia de sus defendidas, fue a LA PRIMERA dama para que influyera al presidente para sacarles un indulto a las hijas del dueño de la empresa y principal acusado de sacar droga en sus embarcaciones.

Y ahora trata de sacar a un hermano de otra acusación más grave, por el mismo delito, recurriendo a maniobras judiciales. De los monseñores mejor no hablar, pero habría que preguntarles de cuántos prisioneros y acusados injustamente se han preocupado a lo largo de su vida.

El hecho es que la chica K recibió, años después de haber contribuido decididamente al indulto de las hijas de Eudocio Martínez, una donación de campaña de 10 mil dólares, según propia confesión. Lo que en términos prácticos es una retribución al favor judicial recibido.

Eso es corrupción y colaboración con el narcotráfico, que se agrava cuando la señora Fujimori dice que no va a devolver ese dinero. Eso le preguntaron a la candidata y ella contestó lo que está escrito más arriba: que gestionó el indulto porque Montesinos quería sacarles dinero, y ella les sacó dinero años después. ¡Qué bonita familia!

Otra redonda: “a los alumnos les volveremos a dar su calzado escolar, los buzos escolares y el combo escolar, desayuno y almuerzo gratis...” ¿cómo éste no era un nuevo gobierno, y que sobre el anterior hay que ir a preguntar a la Diroes?, ¿cómo es eso que le “volveremos a dar”? O sea que el 28 de julio, equivale al 14 de noviembre del 2000, el día después de la salida del avión con Fujimori huyendo al Asia con las pruebas de sus delitos, en el que la familia imperial regresa a Palacio y vuelve a llenar de regalos a los pobres para avasallarlos. ¿Y cuántas cosas más?

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/keikadas_87326.html

El alegato de un mentiroso

Raúl Wiener

No hubo video Kuori-Montesinos, tampoco crisis electoral en el primer semestre del 2000, ni la “Marcha de los Cuatro Suyos”. Lo que pasó, y no lo sabíamos, era que el hombre que torció su propia Constitución a través de una “interpretación auténtica”, para lograr una segunda reelección, que ordenó a destituir a medio Tribunal Constitucional y que lanzó toda la fuerza del Estado contra la protesta ciudadana, quería en realidad ser elegido para luego renunciar y dejarle el cargo al único que había sido capaz de bailar peor que él, con el fondo del “baile del chino”.

En 2000 no había manifestaciones todos los días, lavados de banderas y acumulaciones de basura en la puerta de las casas de los ministros, ni tránsfugas parlamentarios, ni militares reconociendo la re-reelección cuando la población reclamaba nuevas elecciones. En realidad, cuando muchos peruanos ilusos quisimos impedir que Fujimori volviera a jurar la presidencia, el presidente y su asesor no se ponían de acuerdo en torno a la pretensión del “Chino” de cumplir su destino franquista de dejar el poder en manos del derecho de sangre, que como sabemos ahora, Pancho Tudela ejerce en forma implacable.

El 18 de setiembre de 2000, cuando Fujimori le entrega los 15 millones de dólares para que Montesinos no haga el golpe, se había olvidado que él mismo ya había renunciado dos días antes y se había comprometido en un proceso de retiro que culminaría el 28 de julio del 2001, con nuevas elecciones en las que no participaría. Más aún, el día 25, cuando firma la resolución secreta para autorizar el desembolso ya realizado, lo que consigna es un reconocimiento por los servicios prestados por el asesor. Para entonces Vladimiro ya se encontraba en Panamá y así hubiera querido no hubiera podido hacer nada contra el gobierno que iba ya camino de salida.

No hay duda que con la historia inconcebible del alegato de Fujimori antes de recibir sentencia, han quedado probadas algunas cosas: (a) que este señor gobernó el país en una enorme burbuja de mentiras que se sostenían por el inmenso poder que disponía en esa época y que hoy suenan absolutamente ridículas; (b) que el mismo tipo que dice que nos salvó del terrorismo y es el único que podría volver a hacerlo (aunque sea como asesor de su hija), fue todo el tiempo un inmenso cobarde ante los uniformes y entendió su relación con ellos y con el ex asesor como un asunto de grandes sumas de dinero; (c) que Fujimori jamás entendió la profunda crisis política y social que precedió a su caída, porque andaba demasiado ocupado en tapar sus incontables delitos.

FUENTE:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-alegato-de-un-mentiroso_42432.html

Especialista en matanzas

Cuando Alan García ordenó la matanza de los penales, toda la prensa peruana dijo que se había realizado en “defensa de la democracia”. El presidente felicitó a todos los participantes y empezó un esfuerzo por atenuar la cifra de los muertos, mientras los soldados dispersaban los cadáveres en entierros clandestinos en cementerios informales en los alrededores de la ciudad. Pero unos días después se cayó la mentira y el presidente tuvo que retroceder y admitir que hubo asesinato de rendidos en Lurigancho y “excesos” en distinto grado. Ahí fue que lanzó su famosa declaración: “se van ellos (los asesinos) o me voy yo”. Y nadie se fue.

Después de la matanza de la selva, estamos viendo nuevamente a los operadores de García tratando de cambiar la realidad de lo ocurrido. La orden de Lima ha sido esconder los cadáveres y negárselos a sus familiares, mientras se informa de una cifra de nativos muertos que nada tiene que ver con los informes enviados de la zona de conflicto por los corresponsales de prensa, médicos y autoridades, ni con las fotos de los enfrentamientos. El propósito es decir que los masacrados fueron los policías, atacados suicidamente por los indígenas que, con lanzas y flechas, se lanzaron contra 600 efectivos de la Dinoes armados con fusiles y granadas, respaldados desde el aire con helicópteros. Que la tropa hubiera llegado recién un día antes, en coincidencia con la maniobra de votación en el Congreso, seguro que era pura casualidad.

La mentira, como en el 86, tiene los pies cortos. Nadie, ni siquiera el PPC, ni los fujimoristas, avala esta versión victimista. El gobierno ha vuelto a conseguir el aislamiento perfecto, y eso ha sido así porque los indígenas resistieron y la población de la selva se rebeló a la masacre. El incendio de los locales del Estado y del partido de gobierno simboliza este entierro del aprismo en el oriente peruano, cuyos parlamentarios de selva: Pastor, Zumaeta y otros, combaten ahora a los amazónicos, pero lo hacen atrincherados en Lima, de donde difícilmente podrán salir. Ningún otro partido quiere correr esta suerte y algunos más bien tratan de sacudirse de su corresponsabilidad en haber obstaculizado el debate sobre los decretos legislativos cuya derogatoria reclamaban los indígenas.

Van a pasar los días y el gobierno va a terminar pagando sus culpas por la matanza de la selva. Entonces quedarán claras las órdenes de desalojar lo más pronto posible y con uso de los medios de guerra disponibles, lo que los generales interpretaron, como el 86, como una orden de matanza. Sólo que ahora el gobierno es mucho más débil del que había hace 23 años. El especialista en masacres que se escapan de las manos, debe estar sintiendo que en una semana (caso Panamericana, caso Bagua) echó a perder todo el trabajo de reconstrucción de su imagen y la de su gobierno, desde su famosa maniobra de octubre de nombrar a Simon para tapar el caso de los petroaudios. Lo piensa, pero no se atreve a reconocerlo. Las mentiras de estos días son un salvavidas de un gobierno que naufraga. ¿Y ahora quién es el que se va?

FUENTE:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/especialista-en-matanzas_39966.html

Lo que el gobierno no dice sobre el DL 1090

Raúl Wiener

En un comunicado del gobierno publicado en diversos medios (no en LA PRIMERA) se presenta la posición oficial sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090), cuya derogatoria debe resolverse en el Congreso esta semana. Al respecto cabe anotar las siguientes observaciones:

1. El gobierno reconoce que los “procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas deben ser mejorados a través de la Mesa de Diálogo Permanente”, lo que supuestamente llevaría a cumplir finalmente lo dispuesto por el Convenio 169. Ocurre sin embargo que todos los decretos que afectan a los derechos indígenas ya fueron dictados, sin ningún diálogo o consulta, usando el amparo de las facultades especiales otorgadas para la implementación del TLC. Igualmente los cambios que ha podido hacer el Congreso a algunas de esas normas no han tomado en cuenta a las poblaciones afectadas. Y, en el extremo, el gobierno quiso legislar la propia forma de la consulta interfiriendo la democracia comunal. En la actual huelga no se está discutiendo “futuras consultas”, sino el carácter inconsulto e inconstitucional de los decretos, entre ellos del 1090.

2. El DL 1090 no es, bajo ningún punto de vista, una medida aislada forma parte de un paquete orientado a facilitar el acceso de inversiones privadas a la selva a través de concesiones, y que fue precedido por la serie de artículos de “El Perro del Hortelano”, que sustenta la ideología de esta ofensiva. El hecho que la Comisión de Constitución haya votado por su derogatoria no significa que el cuestionamiento se reduzca al tema forestal y de fauna, aunque este sea uno de los dispositivos con mayor impacto sobre el medio ambiente y que por tanto debería ser del interés de todos.

3. El comunicado del gobierno recuerda que en el Perú hay 15 millones de hectáreas protegidas, pero esconde que la política de este gobierno ha sido la de ir reduciendo sus dimensiones de manera sistemática. Asimismo, indica que de los 63 millones de hectáreas de bosques actualmente existentes se garantizaría la conservación de 55 millones, es decir, en el primer tramo el gobierno aspira a entregar 8 millones de hectáreas, como si eso fuera poco.

4. El comunicado reitera el supuesto constitucional que define la soberanía del Estado sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que en realidad es una argucia para contraponer las concesiones a grandes empresas, principalmente extranjeras, con los derechos de las poblaciones que habitan y trabajan en el lugar de esos recursos. Hacer prevalecer la “soberanía de conceder”, sobre los derechos pre-existentes de los pueblos, es la base principal del actual conflicto, que el gobierno pretende desconocer.

5. El ministerio de Ambiente, dirigido por Antonio Brack, que es quien firma el comunicado, ha devenido como otros organismos del modelo Alan García, en lo contrario de lo que se esperaba de ellos. En vez de representar la defensa y el equilibrio ambiental, y recoger la voz de los que sufren las consecuencias de la contaminación y depredación de la naturaleza, se ha convertido en otro “aliado de la inversión”, como se quiere de la Contraloría y esperarían hacer de la Defensoría y otras instancias.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/lo-que-el-gobierno-no-dice-sobre-el-dl-1090_39104.html

Una guerra civil

Raúl Wiener

La selva se incendia. Y una vez más la opinión limeña se mueve de espaldas a lo que ocurre dentro del país. Revísese los titulares de los diarios para ver cuántas veces han destacado los hechos del paro amazónico y si algún medio ha tomado en serio sus reclamos. Estoy escribiendo en un diario que es una excepción en ese cerco de silencio, pero que obviamente no puede cambiar una correlación de información tan aplastante. Por eso el conflicto está en la comprensión de la gente como una serie de datos aislados: un puente tomado y luego desalojado, a costa de numerosos heridos que se ocultan; un campamento petrolero ocupado por los indígenas, y ningún motivo claro para tales desórdenes.

Ciudades cada vez más importantes como Yurimaguas, Quillabamba y Tarapoto, están siendo tocadas por la lucha y las organizaciones locales se están solidarizando con las comunidades que protestan. Pero al gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que mostrar su cara más dura: estado de emergencia, tropas de elite (las que no existen para el VRAE), atropello de la Marina de Guerra contra las embarcaciones indígenas en el río Napo. Y el ministro de Ambiente, declarando como si no conociera de qué se trata, que las riquezas del subsuelo no son de los amazónicos sino de “todos los peruanos”, es decir de las transnacionales petroleras y mineras que son las que cobran el beneficio.

No hay duda que en esta confrontación entre la selva y el gobierno se refiere a las garantías que se pretenden extender a los que pongan sus “centavos” en el Perú de acuerdo a la famosa declaración de Alan García ante los banqueros, y que significa que no habrá marcha atrás en los contratos y concesiones a la inversión extranjera, y eso incluye los decretos legislativos impuestos bajo la sombrilla de la implementación del TLC con los Estados Unidos, y que entre otros tantos abusos son eliminados los derechos de las poblaciones indígenas a sus tierras ancestrales y a la protección de su entorno natural. Existe, por supuesto, una relación muy estrecha entre la batalla de la selva y lo que se está disputando alrededor del caso Nadine Heredia, que ocupa todos los espacios de la prensa.

En realidad se trata de eliminar política y mediáticamente a una parte del país, que se considera obstáculo para que el concepto del crecimiento económico, uso de los recursos naturales, derechos sociales y culturales, ejercicio de los derechos democráticos (una persona un voto), puedan ser manipulados para construir el país de las concesiones, de la no fiscalización del gasto público, de los refugiados de las “dictaduras de izquierda”, de Aldo M y Keiko Fujimori. El riesgo mayor es que se está sembrando tanto odio en función a este proyecto, que muy rápido se pasa de la invisibilidad a la denigración y de ahí a la violencia represiva.

PD: Jamás polemizaría sobre el peinado de otro hombre, ni se me ocurriría denigrar el trabajo literario y premiado de su hija calificándolo vulgarmente de “porno”, y tampoco me burlaría de una mujer a la que se ha venido persiguiendo durante una semana, aprovechando el Día de la Madre. Pero, en fin, cada uno sabe donde tiene la falla.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/una-guerra-civil_38375.html

El miedo

Raúl Wiener

El fujimorismo es el partido del miedo. La crisis económica agotó los nervios de los peruanos hasta hacerles aceptar un bestial ajuste que duplicó la pobreza en un solo día y nos redujo el ingreso promedio a niveles de los que no se ha recuperado hasta hoy, e instaló el mito de la “estabilidad”, al que han sido sacrificadas la posibilidad de desarrollo del país y de bienestar de las mayorías, para convertirnos en un paraíso de las inversiones externas. Del mismo modo, la violencia política puso a la nación en manos del autoritarismo que hizo creer que el golpe de Estado, las leyes de excepción, Montesinos, Hermoza y el Grupo Colina, Blanca Nélida Colán y Rodríguez Medrano, la prensa chicha y el Congreso de medianoche, eran necesarios para “salvarnos del terrorismo”.

Fujimori decía que él no hablaba sino hacía. Y por eso no presentó ningún programa en 1990, y abolió el debate político en el 95 y el 2000, para facilitar sus sucesivas reelecciones. Quiso hacer creer que él mismo era un programa, porque él tenía la “mano dura”, que no tenemos los demás, y sangre fría para tomar las decisiones. Y, por supuesto, había sabido armar un excelente servicio de inteligencia que le permitía estar siempre un paso más delante de todos. En realidad no tenía idea de lo que debía hacerse con el Perú, como no lo tiene su hija, que aspira ahora a la presidencia. La genialidad fujimorista consistió en descubrir las debilidades de la gente, el descenso brutal de las expectativas por el cuadro de urgencias que nos afectaba y que hizo olvidar las aspiraciones de otros tiempos al desarrollo, la participación social, la igualdad, los derechos políticos, etc.; el oportunismo de los empresarios que pasaron de Vargas Llosa al nisei en unos cuantos días; la falta de escrúpulos de la tecnocracia neoliberal que vio la ocasión para hacer “otro Chile”; y la facilidad con la que se podía corromper a los altos mandos y someterlos a su aparato de inteligencia.

Todo esto ocurrió, aunque no quieran recordarlo sus alabanceros (los explícitos, y los que dicen “a mí nadie me va a acusar de fujimorista, pero…”), que argumentan que lo que cuenta son los resultados. ¿Acaso no somos una economía neoliberal emergente gracias a Fujimori, aunque no sepamos si eso nos va a servir de mucho en la actual crisis global?, ¿no es verdad que en los 90 se acabó el terrorismo, aunque ahora estemos necesitando el regreso de la familia para volver a acabarlo? En fin, qué importan algunos muertos, o algunos millones en el bolsillo de los gobernantes, algunas licencias como el golpe de 1992, la re-reelección o la destitución de los magistrados, si nos salvamos de ser la segunda Camboya y de seguir pagando el pan con millones de intis.

Desembarazarse del fujimorismo fue una operación contra el miedo. Como se ve, quedó inconclusa. Ahora quieren hacernos creer que se vienen los remanentes, los narcoterroristas, los caviares, las ONG y el juez San Martín, como la nueva alianza siniestra de la que nos salvará Keiko, luego que libere a su papá.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-miedo_37157.html

Un contralor a su gusto

Raúl Wiener

Si quieren un contralor a su gusto, ganen pues las elecciones. Obviamente el que ha dicho esta pachotada abusiva no podía ser otro que Alan García. Y es que el hombre cree realmente que las elecciones le dieron patente de corso para burlarse de sus propias ofertas electorales y para hacer lo que le parezca con los bienes públicos, las normas y las instituciones del Estado. Lo vemos todos los días.

Pero en el caso del contralor hay algunos elementos agravantes: (a) García viene de hacer un papelón mundial con el caso de Soraya Suárez y, sin embargo, actúa pleno de soberbia, recordándonos que él gano las elecciones; (b) García y el APRA, arrastraron al ridículo a otras fuerzas políticas, que lo ayudaron precisamente a ganar ajustadamente a Humala en la segunda vuelta, y le han permitido contar con mayoría parlamentaria. Seguramente por ello, los opositores-comparsa se prestaron otra vez a visitar Palacio para entregarle nombres para contralor, que el presidente finalmente mandó al tacho, sumándole un nuevo baldón a estos desafortunados amigos.

(c) García no está nombrando a un contralor para su gobierno, sino para casi todo el tiempo que durará el siguiente, ya que la gestión es de siete años; por tanto lo que quiere hacer es imponer al próximo gobernante una persona de su confianza, que le cubra las espaldas y eventualmente le haga las cosas difíciles al nuevo presidente; (d) García sabe que estamos ante un momento particularmente crítico de desconfianza del país sobre la moralidad del régimen, y lo que menos le interesa es un contralor que investigue la gestión cumplida y que ponga los ojos sobre el empleo acelerado de recursos y concesiones con el pretexto de la crisis. Ya lo ha dicho: que las regiones sigan gastando aunque el contralor se moleste, que él se encargará de ponerlo en su sitio. Es decir, está pensando en un contralor que sea su subordinado.

(e) García sabe demasiado bien que el sector economía merece el mayor control, porque desde allí se manejan los recursos públicos; entonces: ¿puede ser casualidad que le haya pedido al ministro Carranza que le sugiera el nombre de uno de sus asesores para tomar la contraloría?; (f) ¿García se habrá preguntado sobre si los éxitos profesionales de su candidato Edmundo Beteta, no han establecido un lazo emocional demasiado intenso entre el tecnócrata y el país que le dio acogida?, ¿eso se puede considerar bueno para una función pública de primer nivel?

Cada decisión importante tiene muchos ángulos para ser analizada. Pero el presidente actual nos quiere convencer que hay una sola dimensión que vale: quién ganó las elecciones pone al contralor y los demás cargos. Dejémonos de comisiones y debates, que son puras vainas.

FUENTE:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/un-contralor-a-su-gusto_34161.html