Perú: Los minerales estratégicos y la ausencia peruana

Humberto Campodónico

Según el USGS, en Perú existe un millón de toneladas de recursos de litio, en la mina Falchani en Puno, de propiedad de American Lithium (Canadá). Estos recursos son de litio en roca (y no en salares), pero recién están en etapa de exploración.

Estamos en plena transición energética y esa realidad plantea nuevos retos. Los más importantes se definen a nivel mundial, pues quien lidere esa transición estará en mejor posición económica que sus rivales. Pero no es solo la geopolítica mundial lo que está en juego. También los intereses nacionales y regionales, así como las condiciones con las que se llevarán a cabo la explotación de los nuevos combustibles limpios. Vamos por partes.

Entre 2017 y 2022, la demanda de litio se triplicó, la demanda de níquel aumentó un 40% y la demanda de cobalto un 70%, según la Agencia Internacional de Energía de la OCDE. Si el mundo quiere adoptar plenamente la energía renovable y alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, el uso de minerales de transición energética deberá multiplicarse por seis para el 2040. Eso elevaría el valor de mercado de los minerales de transición a más de US$ 400,000 millones (Naciones Unidas, 2023).

Al mismo tiempo, ha comenzado una pugna por su control. Dice Jake Sullivan, asesor del presidente Joe Biden: “Los minerales críticos son la columna vertebral del futuro de la energía limpia. Hoy en día, Estados Unidos produce solo el 4% del litio, el 13% del cobalto, el 0% del níquel y el 0% del grafito necesarios para satisfacer la demanda actual de vehículos eléctricos” (Brookings Institution, 27/04/2023)

Y añade que “las cadenas de suministro de energía limpia corren el riesgo de convertirse en armas de la misma manera que el petróleo en la década de 1970 o el gas natural en Europa en 2022, debido a lo cual estamos tomando medidas”.

Sullivan se está refiriendo, principalmente, a China, que representa entre el 85% y el 90% de la refinación mundial de elementos de tierras raras y quien, además, refina el 68% del cobalto del mundo, el 65% del níquel y el 60% del litio para las baterías de vehículos eléctricos. El 75% por ciento de todas las baterías y la mayoría de los vehículos eléctricos se fabrican en China.

De su lado, la política china consiste en que “el sistema de reservas del Estado será mejorado rápidamente. Asimismo, se perfeccionará el dispositivo de coordinación de la prospección, de la producción, del aprovisionamiento, de los stocks y de la venta de los minerales estratégicos” (Comité Central del PC de China , Xinhua, 24/07/2024).

Así, estos países ordenan sus fichas en el tablero de ajedrez mundial. Para competir el uno contra el otro. Lejos estamos del multilateralismo que estuvo en boga, por lo menos en Occidente, incluso en la época de la Guerra Fría. Se pensaba que se podía avanzar con una combinación de politicas de cooperación y competencia, lo que no dejaba de lado los intereses nacionales, pero se excluía la confrontación activa. Eso ha terminado.

En la región y en el Perú

Según el United States Geological Survey 2023 de EEUU, de los 28 millones de toneladas de reservas mundiales de litio, Chile (Salar de Atacama) y Argentina tienen 9.3 y 3.6 millones MMT, respectivamente, lo cual representa el 51% del total. Esta cifra no incluye a Bolivia pues aún no ha comenzado la producción. Pero Bolivia, según el mismo USGS 2023 tiene 21 MMT de recursos, los que se convertirán en reservas cuando se hagan las inversiones y la producción comience. Este es el famoso triángulo del litio.

De acuerdo con el mismo informe, en Perú existe un millón de toneladas de recursos de litio, en la mina Falchani en Cusco, de propiedad de American Lithium (Canadá). Estos recursos son de litio en roca (y no en salares), pero recién están en etapa de exploración y se espera que las inversiones entren más adelante.

No es posible aquí desarrollar las políticas nacionales. Solo diremos que, en Chile, la estatal Codelco se ha convertido en socia de las dos empresas que explotan el litio (SQM y, Albemarle) y plantea una intervención activa del Estado en el “oro blanco”. En Argentina la política es bien liberal. Y en el Perú, hasta ahora, la explotación del litio se hará como lo decida la empresa (ya habría un contrato con Elon Musk para venderle el litio para sus autos Tesla). ¿Y los intereses del Perú? Bien, gracias.

Otro temas clave es la actual producción peruana de minerales estratégicos. Una reciente investigación de Cooperacción dice: “dentro de los concentrados de mineral que se exportan desde el Perú, están saliendo elementos químicos de alta demanda internacional en el marco de la revolución tecnológica digital y la transición energética sin ser registrados en las estadísticas ni valorizados. Estos minerales podrían ser luego recuperados en las refinerías en el extranjero, que estarían obteniendo así ganancias gracias a recursos no renovables que salen del territorio nacional sin que se haya pagado por ellos” (1).

Estos minerales son litio, cobalto, níquel, germanio, telurio, vanadio, galio, indio, etc. El informe hace un cálculo económico preliminar del telurio y dice que “se podrían recuperar unos 105,800.kg de telurio, lo que significaría un valor de US$ 8.3 millones de dólares es decir, poco más de S/. 30 millones de soles solo por dicho elemento estratégico que, si hubiera sido reportado y valorizado, podría haber significado mejor un aporte fiscal por parte de la actividad minera “ (ídem). Increíble, pero cierto.

Esto ha motivado la reciente formación de un Panel de Naciones Unidas para los minerales críticos de la transición energética, liderado por la Secretaría General. Se preocupa de establecer reglas claras para “apoyar una transición justa y equitativa hacia las energías renovables, al tiempo que se aprovechan los minerales críticos de la transición energética para el desarrollo sostenible. El objetivo es garantizar que los países y las comunidades locales dotados de estos minerales se beneficien económicamente, de forma plena, incluso mediante la adición de valor local, al tiempo que se salvaguardan las protecciones sociales y ambientales de las comunidades y los ecosistemas afectados” (2).

Hay quince países miembros, entre ellos Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Egipto, Unión Europea, India, EEUU. No está el Perú. Entre los actores no estatales está el EITI, el Foro Intergubernamental de Minería, el IGF, el Consejo Internacional de Minerales y Metales (ICMM), el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, entre otros.

Concluyendo

La transición energética trae consigo importantes desafíos para la lucha por el cambio climático, dentro de los cuales se inserta la pugna por la hegemonía global en el siglo XXI entre China y EEUU. De su lado, los países productores de esos minerales se alistan a participar en las cadenas de valor global, junto a los inversionistas privados, estableciendo sus legítimos intereses.

Eso no está pasando aquí, como hemos visto. Por ello, es importante poner al día la legislación para que incluya a los minerales estratégicos dentro de los lineamientos de Aduanas. Y, como país con recursos mineros para la transición, promover su explotación de acuerdo con el Panel de la ONU, donde no estamos participando.

Con la polarización creciente, con un Ejecutivo y un Congreso que se preocupan por sus intereses inmediatos (incluida la minería ilegal), pero no de los temas claves, como los minerales estratégicos, se está fracturando aún más al país.

1) Los nuevos minerales estratégicos que salen sin dejar huella, 2024
www.cooperaccion.org.pe

2) Naciones Unidas 2024, www.un.org

https://larepublica.pe/opinion/2024/08/09/los-minerales-estrategicos-y-la-ausencia-peruana-por-humberto-campodonico-153096

https://www.leerydifundir.com/2024/08/peru-los-mineral…ausencia-peruana/

Minería ilegal: todo empezó como jugando

Humberto Campodónico

"El tema de fondo no es solo que buena parte de la producción de oro es ilegal. El problema real es que esta actividad se ha convertido en un problema de seguridad nacional”.

En el 2006 un documento de la Comunidad Andina analizó el comercio exterior no registrado de sus 4 países miembros con el objetivo de establecer lineamientos de política que lo lleven a la categoría de “comercio registrado”. Los ítems analizados para casi todos los países fueron contrabando, cultivos ilícitos, comercio de zonas francas, bienes para uso militar, entre otros. Había problemas para su registro (1).

Pero había un ítem que aparecía como “no registrado” en solo un país: Perú. Y tenía la siguiente denominación: “Exportaciones de oro lavadero contrabando”. El informe no menciona ni el volumen ni el valor de dicha exportación. Y añadía que se debería evaluar su incorporación a las estadísticas oficiales.

En verdad el “oro lavadero” era oro explotado por empresas informales no registradas en el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Estas empresas ‘de alguna manera’ conseguían llevar la producción de oro a empresas que lo refinaban y, mediante un sistema de facturas truchas, conseguían ‘blanquearlo’ y darle un origen lícito. Acto seguido procedían a exportarlo por los canales regulares.

Por ello, en las estadísticas de Aduanas-Sunat figuraba una producción bastante mayor a la consignada por el MEM y, claro está, al aumentar el volumen exportado, lo mismo sucedía con su valor. Para elaborar la balanza comercial, el BCR consigna las cifras de Sunat. Como había discrepancia entre los volúmenes de oro del MEM y de la Sunat, se estableció, informalmente, la denominación de “oro lavadero contrabando”, que es la que recogió el informe de la CAN.

Al día de hoy

En esos años dicha producción de oro provenía de empresas informales, la llamada minería artesanal. Un informe de la minera Fidami (2010) dice que en el 2009 la producción de oro de la minería artesanal fue el 14,6% de una producción total en Perú de 211.301 kg. Agrega que había 79.600 productores artesanales en el país, con Puno en primer con 26.800 mineros, seguido de La Libertad, Arequipa, Piura, Madre de Dios, Lima y Ayacucho (con 7.500; 7.080; 6.600, 6.000; 5.450 y 4.620). Siguen 12 regiones más con producciones menores (2).

Agrega que una parte de las actividades artesanales produce deforestación, movimiento de tierras, colmatación de los lechos de los ríos, acumulación de gravas, entre otras. Entre sus principales características tenemos: “actividad minera al margen de las leyes; ocupación de derechos mineros de terceros; uso ilegal de explosivos; uso ilegal de cianuro. Buena parte del oro producido lo comercializan ilegalmente”.

Todo eso era conocido. Pero estábamos en la época del superciclo de altos precios de las materias primas (incluido el oro) debido a la industrialización de China. Se consideraba que la economía, en su modo “piloto automático”, seguiría creciendo por varias décadas.

Las preocupaciones económicas se centraron en el sector formal, en casi todos sus aspectos, pues las inversiones permitirían el aumento de la productividad de los otros sectores, lo que aumentaría la demanda de empleo formal. Por eso mismo, la informalidad, que ya rondaba el 75% del empleo de la población peruana, iría descendiendo, poco a poco. El “chorreo” surtiría efecto.

La cuestión es que, desde esa fecha hasta hoy las cosas han cambiado. Según un informe de la SNMPE y V&C (2), la minería no formal en el 2023 produjo 2,2 millones de onzas de oro, el 39,3% de la producción nacional. La valoración anual es de US$4.000 millones, de un total exportado de US$10.194 millones. Agregan que el costo directo e indirecto para la economía es de US$6.000 millones anuales: valor de producción (64%), salarios (13%); costo ambiental (8%); pérdida de productividad (9%) y costo fiscal (6%).

Una parte de esta producción ilegal se exporta de la manera ya analizada aquí. Y ha encontrado otras formas de salir del país. Dice el informe: de las 2.200 onzas reportadas como exportaciones bolivianas en el 2023, solo el 10% fue producida en Bolivia. El 90% se fue de contrabando de Perú a Bolivia, con la consiguiente pérdida de regalías e Impuesto a la Renta.

Pero la minería ilegal también se ha “modernizado”. Dice un informe de SBS (Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, 2019), de la cual depende la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aumentado la utilización de “Activos Virtuales” en una serie de transacciones ilícitas, entre ellas el oro. Estos “Activos Virtuales” son los “tokens de pago” (o cripto dinero), los “tokens” de activos (análogos a bonos, acciones o derivados). Justamente, ayer jueves se publicó la Resolución SBS-02648/2024 para la prevención del lavado de activos relacionado con los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Aquí estamos

El tema de fondo no es solo que buena parte de la producción de oro es ilegal. El problema real es que esta actividad se ha convertido en un problema de seguridad nacional. En reciente reportaje a RPP, Dante Vera manifestó que esta actividad ilegal ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, en parte debido a que el COVID-19 obligó a una parte de la población a buscar cualquier tipo de trabajo para subsistir.

Añadió también que la frontera con Ecuador y Colombia (por la zona del Putumayo), buena parte de Loreto, el triángulo entre Perú, Colombia y Brasil, además de la frontera con Bolivia y Brasil, se ha convertido en “tierra de nadie”, mejor dicho dominada por los productores de oro ilegal. Tenemos allí un problema de seguridad nacional. A ello se agrega que los altos precios del oro siguen aumentando la minería ilegal, que llega ya a niveles de organización violenta, como se ha apreciado en la minera Pataz.

Las actividades ilegales, no solo la del oro, han encontrado terreno fértil en la representación en el Congreso. No solo se abolió el DL 1607, que permitía a la Policía la incautación de explosivos a los mineros ilegales. También la ley Soto-Cerrón dejó de lado las barreras para que no se permita (en adelante) el cambio de uso de suelos para así combatir la tala ilegal. La minería ilegal está protegida al punto que las grandes máquinas empleadas en los lavaderos de oro, no necesitan estar en Registros Públicos, como si sucede con una moto o un automóvil. Y el Reinfo, que es un escudo para la minería ilegal, que les permite actuar como informales, ha sido prorrogado hasta diciembre de ese año.

Estamos, entonces, en un “país fracturado”, como lo afirmó Francisco Durand: una economía formal, una economía informal y economías delictivas. Hay muchos planteamientos para atacar las economías ilegales (narcotráfico, oro ilegal) como si solo fueran un problema de seguridad y/o delincuencial, para lo cual bastaría apresarlos y construir más cárceles. Es obvio que políticas de seguridad son necesarias, pero no suficientes.

Se trata, de un lado, de una influencia y un poder ya instalado y que actualmente tiene cierto control del Estado, que hay que combatir. Y, de otro, se trata de impulsar políticas que impulsen la creación de empleos productivos que constituyan alternativas a las economías delictivas. Las alternativas no son simples ni se van a conseguir en 5 años.

Todo empezó como jugando. Pero se ha jugado con fuego.

1)  El Comercio No Registrado y su Tratamiento en Estadísticas de Comercio Exterior de la CAN, Lima, 2006
2)  “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú”, SNMPE, V&C, Analistas, Setiembre 2023.

https://larepublica.pe/opinion/2024/08/02/mineria-ilegal-todo-empezo-como-jugando-por-humberto-campodonico-columna-cristal-de-mira-93660

https://www.leerydifundir.com/2024/08/mineria-ilegal-empezo-jugando/

Perú: Chancay entre dos visiones

Humberto Campodónico

Es fundamental conocer qué es lo que se mueve detrás de las discusiones dentro y fuera del Gobierno acerca de la viabilidad del megapuerto de Chancay”.

Dos medios de prensa internacionales han publicado sendos artículos sobre la creciente importancia de las empresas chinas en el Perú y también en América Latina. Lo que mueve el escenario no es, en esencia, el tema de las inversiones y el comercio en el llamado “patio trasero de EEUU”, sino la importancia que tienen esas fichas en el tablero mundial de la disputa por la hegemonía global en el siglo XXI entre EEUU y China.

Y el puntero de ese tablero aparece sumamente disputado, sobre todo en el aspecto de las tecnologías de la información y el conocimiento, que abarcan todos los aspectos económicos, sociales y políticos que están dando forma –potenciando a unos más que a otros– lo que exacerba la contienda política. Pero antes de entrar a ese tema, veamos lo que pasa con nosotros.

El periódico South China Morning Post (SCMP) de Hong Kong publicó hace pocos días un artículo (1) donde dice que el proyecto del Puerto de Chancay ha sido “una espina en el costado de EEUU desde que Cosco tomó una participación mayoritaria en el proyecto en 2019”. Recordemos que en ese año Cosco (empresa estatal naviera china y una de las más grandes del mundo) le compró a la minera peruana Volcan el 60% de las acciones del puerto.

Agrega SMCP que “EEUU ha estado presionando a Lima y, a principios de este año, de manera bastante inverosímil, la Autoridad Nacional Portuaria peruana declaró que no tenía autoridad para otorgar a Cosco el derecho a ser el operador exclusivo de Chancay. Los abogados del gobierno peruano llevaron a Cosco a los tribunales e intentaron anular el contrato original”.

Lo que SMCP está diciendo es que hubo “movidas” dentro del Gobierno para “detener” Chancay y “es comprensible que la parte china se opusiera, con el apoyo de grupos industriales peruanos”. Como todos sabemos, dichas iniciativas llegaron al Congreso, que finalmente votó una ley que reafirma todos los derechos de los propietarios del puerto de Chancay.

¿Qué dice SCMP? Que ahora todo está listo para inaugurar el puerto en noviembre próximo, lo que coincide con la realización de la cumbre del Consejo Económico del Asia Pacífico (APEC), donde vendrán los líderes de los países, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping. Y agrega: “EEUU está molesto. Es de esperar que el proyecto portuario vuelva a estar en el punto de mira de Washington”.

Siempre supimos que había algo raro en esas “movidas” donde, se afirma, participaron también varios estudios de abogados. Pero hasta ahora no se sabe quiénes ni por qué. Y tampoco se sabe, a ciencia cierta, cuáles han sido los grupos industriales peruanos a los que alude SCMP. Podrían ser grupos agroindustriales peruanos que exportan a China. También parte del empresariado minero que tiene en China al principal cliente de sus exportaciones de cobre. Y no se puede descartar tampoco a los importadores de manufacturas chinas, desde lavadoras y televisores, pasando por maquinaria industrial de gran escala. Interesante tema para el periodismo de investigación.

El otro artículo fue publicado por The Economist (2), reconocida revista inglesa. Dice que la expansión china alarma a políticos de EEUU como Marco Rubio: (mi país) “no puede darse el lujo de permitir que el Partido Comunista Chino expanda su influencia y absorba a América Latina y el Caribe hacia su bloque político-económico privado”.

La posición de Rubio se sitúa claramente en el planteamiento de EEUU de que los países deben diferenciar claramente sus opciones políticas: o están con la democracia o están con el autoritarismo, tema que hemos discutido hace poco en esta columna. Luego, The Economist hace una larga alusión al planteamiento del no alineamiento activo planteado por el exembajador de Chile Jorge Heine: “La adopción del proteccionismo por parte de EEUU bajo Donald Trump (que ha continuado con el Presidente Biden) y el ascenso del grupo BRICS, que incluye a Brasil y China, equivalen a un cambio irreversible en el orden mundial”. Eso exige que los países no tienen por qué alinearse con uno o con otro.

El ascenso tecnológico de China

El hito fundamental de la disputa por la hegemonía se sitúa en el campo tecnológico. Y pareciera que la competencia va a ser fuerte. Dice James Kynge, del Financial Times de Londres, “(En) la carrera china hacia la supremacía tecnológica” (4/7/2024), las innovaciones chinas están en camino de sobrepasar a las de EEUU y convertirse en las mejores del mundo”.

Kynge visita Shenzhen, en China, que se ha convertido en el nuevo Silicon Valley. Ahora, en China no solamente se copia la tecnología de EEUU, sino que desarrolla la suya propia. Eso se ve en la empresa de telefonía Huawei, en la empresa DJI que fabrica Drones y en BYD, la empresa de vehículos eléctricos (Brasil se ha convertido en uno de sus principales compradores).

Agrega Kynge que China ya no es competitiva solo por la mano de obra barata, sino porque se ha constituido en “el ecosistema manufacturero más sofisticado e intrincado del mundo”. El Instituto Australiano de Política Estratégica dice que China está adelantado en 37 de las 44 áreas de acceso crítico a la tecnología. En su reportaje cita a Matt Sheahan: “No se puede saber si China estará por encima de EEUU dentro de poco tiempo. Pero EEUU tampoco puede asumir que mantendrá su liderazgo de manera permanente”.

El colofón político más importante de Kynge es que “hay esta idea de que la innovación tecnológica solo puede salir adelante si es que hay libertad de prensa, libertades políticas, internet y democracia porque están unidas intrínsecamente. Eso se había convertido en un artículo de fe. Pero lo que se ve aquí es que casi todos los días hay una nueva empresa y un proyecto nuevo”. Esto es, sin duda, un cambio radical de paradigma.

Las implicancias que plantea Kynge son un tema mayor y es importante decir que no las asume. Ello significaría que las sociedades pueden tener avances tecnológicos de primera línea (como aquellos del garaje de Steve Jobs para Apple) en regímenes distintos al de la democracia parlamentaria. Un amplio debate sobre este tema es de la más alta importancia.

Conclusión

La discusión sobre la construcción del puerto de Chancay parece haber terminado. Pero nunca se sabe porque el telón de fondo no es peruano sino de la hegemonía global. Es clave saber por qué hubo todas estas discusiones dentro del Gobierno acerca de la viabilidad de Chancay.

Pero lo más importante es la discusión sobre el enfoque económico que significa Chancay para el Perú, lo cual está aún en pañales. Y también sobre la política exterior peruana, tema que comienza en Torre Tagle pero no termina allí. Aquí la sociedad civil, los partidos políticos, la academia y el periodismo tienen un rol clave que cumplir. Se piensa que el viaje a China de la presidenta Boluarte tuvo como objetivo “ganar tiempo” para asegurar su presidencia. Puede ser. Pero el viaje mismo marca una opción de política exterior de la más alta importancia, pues los intereses de las grandes potencias van a continuar con sus posiciones. Dicho de otra manera, trasciende a la política de la coyuntura, a la “política politiquera”.

Los intereses permanentes del país están en juego.

1) “EEUU teme que la marea haya cambiado con el acuerdo portuario de Cosco en Perú”, 2/7/2024 https://www.scmp.com/opinion/article/3268874/us-fears-tide-has-turned-cosco-port-deal-peru?campaign=3268874&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article
2) “La presencia de China en América Latina se ha expandido drásticamente”, https://www.economist.com/the-americas/2024/07/04/chinas-presence-in-latin-america-has-expanded-dramatically
3) Financial Times, https://www.ft.com/content/535b3bd4-349d-45d2-8673-eeceefe3bb51

https://larepublica.pe/opinion/2024/07/12/chancay-entre-dos-visiones-por-humberto-campodonico-1013748

https://www.leerydifundir.com/2024/07/peru-chancay-dos-visiones/

La transición energética en la guerra cultural mundial

Humberto Campodónico

La agenda del cambio climático es woke (digamos ‘caviar’) para los ‘liberales’ que tienen el ‘virus woke’ en la mente y los han incluido en la ‘guerra cultural’ con la que batallan.

Se supone que las iniciativas para promover el consumo de energías que no contaminan el ambiente deben tener una cálida recepción e impulso en el mundo entero, pues estamos enfrentando el cambio climático que va a traer graves consecuencias con las sequías, friajes, huaicos, tormentas, inundaciones, etc. Ese tema reúne a los principales países del mundo en las Conferencias de Naciones Unidas.

Pero, últimamente, esas iniciativas parecen estancarse cada vez más a nivel global y también en el Perú, sobre todo en el Congreso. Vamos por partes.

Hace pocos meses, en el distrito londinense de Sidcup estalló una pequeña bomba cuyo objetivo era inutilizar las cámaras que “miden” las emisiones de CO2 de los autos y así desalentar el uso de carros viejos. El nombre de esta iniciativa de la Autoridad de Londres es ULEZ, que significa “zona de emisiones ultra bajas”. El ataque de Sidcup fue la culminación de una campaña de vandalismo generalizado que ha dañado o destruido más de 1.000 cámaras similares instaladas por Gobiernos regionales en el Reino Unido en los últimos meses.

Dice la prensa inglesa que los daños son obra de una red de activistas que “ven las zonas ULEZ como el primer paso en un asalto autoritario a la libertad”. Los autodenominados “luchadores por la libertad” adoptan una agenda de extrema derecha de hostilidad hacia las políticas climáticas verdes, las vacunas y los migrantes y representan un riesgo potencial para la seguridad” (1).

Por otro lado, el reconocido economista Paul Krugman narra en su columna que en Texas la energía eólica ha tenido un enorme desarrollo en los últimos años, ya que sus costos de producción han bajado fuerte y compite de igual a igual con los combustibles fósiles. O sea, las renovables son muy rentables. Uno esperaría que los tejanos estén contentos.

Dice Krugman: “Pero no. Los republicanos en el congreso de Texas se han vuelto duros contra la energía renovable y han propuesto una serie de medidas para subsidiar a los combustibles fósiles, además de imponer restricciones que podrían bloquear muchos proyectos de energía renovable e incluso cerrar muchas de las plantas existentes”

¿Qué sucede? Pues que la agenda del cambio climático es woke (digamos “caviar”) ya que es apoyada por liberales que tienen el “virus woke” en la mente. Por ello, ha llegado el momento de incluirlos en la “guerra cultural” (How the wind became woke, The NYT, 30/5/2023).

Los intereses

La cuestión es que no solo se trata de “guerras culturales”. También hay grandes intereses crematísticos. “EEUU ha logrado destrozar los récords anteriores de producción de petróleo a pesar de los mensajes hostiles del presidente Biden contra la industria petrolera. Pese a todo, la fuerte subida del precio del crudo desde el comienzo de la guerra de Ucrania ha generado los incentivos necesarios a los productores de Texas y Dakota del Norte. Lo más sorprendente, si cabe, es que toda esta avalancha de crudo americano se está generando con un aumento notable de la eficiencia” (El Economista, México, 12/12/2023).

En Perú, la transición energética ha sido adoptada como política de Estado. En la COP 2015, se asumió la meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 30% para 2030. En diciembre de 2020, la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático del Perú comunicó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) un aumento en la “ambición climática” del Perú con el objetivo de convertirse en un país carbono neutral para 2050.

La masificación del gas natural va en el camino de la transición energética. Si bien el gas natural es un hidrocarburo, contamina la mitad que la gasolina y el balón de GLP. Y el gas se produce en Camisea, no se tiene que importar como los otros combustibles. Y su precio es 50% más barato porque está regulado. Esa masificación necesita gasoductos y en el Perú solo hay uno: de Camisea a Lima.

A pesar de todo ha comenzado una masificación “a puchos”. Para avanzar se necesita que el gas cueste lo mismo en todo el país, lo que hoy no sucede. Desde hace dos años hay proyectos para ello enviados al Congreso, pero hasta ahora no salen. Y lo que se sabe es que la tarifa única está mal concebida. En la delegación de facultades que el Ejecutivo le pidió al Congreso estaba contemplada, entre otras, la tarifa única.

Hace 48 horas el Congreso otorgó facultades al Ejecutivo. Pero no para la tarifa única. ¿Quiénes se benefician? Las empresas que venden GLP y las que transportan el gas en camiones de gas comprimido. Y se perjudican millones de peruanos en la sierra central y sur.

También hay en el Congreso un proyecto de ley para impulsar las energías renovables enviado por el viceministro Jaime Luyo hace 18 meses. En el pedido de facultades se reitera que es necesario modernizar la Ley 28832. Se dice que Perú tiene un alto potencial de renovables, que solo participan en un 5% de la matriz eléctrica. Y que se debe convocar a nuevas inversiones en generación eléctrica a partir de fuentes eólicas, solares y otras, para lo que hay que modernizar el marco legal.

¿Para qué? Para que, por ejemplo, la energía solar cuente con potencia firme durante el día, lo que hoy no lo permite la legislación existente. De esa manera podría firmar contratos de largo plazo con las distribuidoras. Cierto, la intermitencia en el abastecimiento sigue siendo un problema, pero la tecnología para el almacenamiento permite que la Asociación de Industrias Solares de la Energía de EEUU (SEIA) proyecte que la energía solar se multiplique por tres hacia el 2030 (2). En Chile, hoy, el 31% de la energía eléctrica proviene de centrales solares: su capacidad instalada, sobre todo en el desierto de Atacama, alcanza los 6,400 MW.

Pero aquí vienen los problemas pues existen lobbies que bloquean los cambios para mantener su oferta en el mercado eléctrico, obstaculizando la competencia con las renovables. ¿Qué ha sucedido? Lo previsible: el Congreso no ha otorgado las facultades para modernizar la ley. Dicen que ellos están trabajando sus propios proyectos de ley.

Concluyendo

La transición energética es indispensable para combatir el cambio climático. Pero existen detractores. Unos son los “libertarios”, como los de Sidcup, que no quieren ninguna intervención del Estado. Esa corriente es impulsada por la extrema derecha, que lo convierte en un elemento de la “guerra cultural”. Eso sucede, incluso cuando hay ganancias importantes que generan las renovables, que no están en la ciudad y no le hacen daño a nadie. Esa es ideología woke, afirman. Ese es el escenario que vemos hoy día a día. Y se va a poner peor.

En el Perú, el avance de las renovables y del uso del gas natural –puente para la transición energética, que es un objetivo que tomará décadas, pero que hay que comenzar ahora– tiene otras características. Se trata de la preservación de los intereses crematísticos de quienes hoy están en esos mercados. La ausencia de una red de gasoductos que deben ser impulsados por el Estado es, claro, un problema. Pero también lo es, y de marca mayor, la actitud del Congreso de bloquear sine die los necesarios cambios legales. ¿Por qué será?

PD: Que el triunfo en el Reino Unido del Partido Laborista, con todas sus limitaciones, sea el primero de varios. Veremos qué pasa el domingo en Francia.

1) Ver: https://www.worldpoliticsreview.com/britain-far-right-climate-change/?loggedin=1
2) Ver:https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2024/03/25/long-duration-energy-storage-is-core-to-tripling-renewables-by-2030/ y https://www.seia.org/research-resources/30-2030-new-target-solar-decade

https://larepublica.pe/opinion/2024/07/05/la-transicion-energetica-en-la-guerra-cultural-mundial-por-humberto-campodonico-370268

https://www.leerydifundir.com/2024/07/la-transicion-en…cultural-mundial/

Perú: El poder económico ya no es lo que era

Humberto Campodónico

"Los peruanos que viven y trabajan en economías ilegales son 5 millones. Hoy son un poder económico que busca apoyo y reconocimiento político en las regiones y a nivel nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo”.

En las últimas semanas, se ha dado una serie de opiniones acerca de la situación que atraviesa la economía peruana. El punto de partida es el bajo crecimiento en los últimos años, que ronda en promedio alrededor del 2.5% del PBI –con una tasa negativa de -0.6% en el 2023–, lo que va a continuar en los próximos años.

El tema de fondo es que así el Perú no va a superar el índice de pobreza, que afecta al 29% de la población y, lo más probable es que siga aumentando. Tampoco va a bajar la tasa de informalidad, que alcanza al 74% de la masa laboral, con bajísima productividad. Recordemos que incluso con el superciclo de altos precios de las materias primas, la informalidad apenas si bajó dos puntos porcentuales.

La discusión se ha ido elevando de tono. Hace poco se ha dado a conocer que este año el Perú ha tenido el peor Índice de Competitividad de su historia. Y también se ha conocido la carta que la OCDE le dirigió al primer ministro Otárola, donde le advierten que no debe promulgarse la ley que debilita la colaboración eficaz, la misma que, sin embargo, fue aprobada por insistencia por el Congreso en marzo de este año.

Uno de los temas en discusión es, justamente, el carácter de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y esta es una relación de necesidad y apoyo mutuo. Ambos desean quedarse hasta el 2026. ¿Eso es subordinación o pacto? Decida el lector.

Según Ojo Público, de las 547 normas promulgadas desde 2021, al menos 107 fueron aprobadas por insistencia del Parlamento. Solo en 2023 se promulgaron 57 leyes con ese mecanismo. Hasta hace poco, el Ejecutivo “observaba” una que otra iniciativa legislativa del Congreso. Pero en los últimos tiempos se ha “sacado la careta”, como en el caso del retiro de fondos de las AFP, que no fue “observada”.

Si las supuestas discrepancias entre ambos poderes del Estado (que siguen teniendo “su” objetivo común) tuvieran raíces programáticas, es decir, de maneras distintas de entender al país, podría decirse que esas son las reglas de juego democrático y hay que respetarlas. Pero eso no es así. Varias iniciativas legislativas están orientadas a satisfacer intereses particulares que salen y/o debilitan el marco legal vigente (explosivos para la minería ilegal; debilitar la colaboración eficaz, ya mencionada; legalizar la tala ilegal y el cambio de uso de suelos que contamina el ambiente), entonces, eso es otra cosa. Si el Ejecutivo las acepta, va por ese mismo camino.

Sucede que el poder económico en el país está cambiando. Y esas nuevas relaciones de poder son las que se están viendo. Y ese cambio no solo se produce en los ámbitos de la economía formal que todos conocemos, uno de cuyos signos es la aparición de nuevos grupos económicos, lo que se visibiliza con la posible candidatura de Carlos Añaños en ‘Perú Moderno’. También se aprecia en la economía informal (que tiene el 19% del PBI) y en las economías criminales y delictivas ya analizadas (1).

Diferentes tipos de poder

Las relaciones y las influencias que puede tener el poder económico han sido siempre materia de análisis y estudio. Un reciente libro de Durand, Crabtree y Wolff (2) identifica tres tipos de “poder económico tradicional”, lo que aplican para Ecuador, Bolivia y Perú en los últimos 50 años.

En primer lugar, está el poder estructural, vale decir, la capacidad de las élites económicas para influir en las decisiones del Estado a partir de su peso en la economía y de sus decisiones de inversión (o no inversión). En segundo lugar, viene el poder instrumental, es decir, las maneras en que las empresas expresan sus intereses, lo que generalmente se realiza a través de sus voceros empresariales. En tercer lugar, viene el llamado poder discursivo, mediante el cual se influye en los patrones de formación de opinión pública y en sus bases ideológicas, de modos que van mucho más allá del Estado, pero que, a su vez, influyen en la política estatal.

Los autores concuerdan en decir que en el Perú la influencia del sector empresarial ha sido mucho mayor que en Ecuador y Bolivia, países donde ha habido espacios de poder compartidos con otros actores económicos, sociales y políticos. Y ese poder ha sido más pronunciado aún en los momentos del auge económico (impulsado por el superciclo de altos precios de las materias primas).

Lo que está en debate es si esas tres formas de influencia del poder económico tienen (o no) vigencia en el contexto actual, nacional e internacional (“slowbalization”). La propia OCDE, en su Informe Económico 2023 sobre el Perú, dice: “El prolongado episodio de desaceleración económica muestra que los anteriores motores del crecimiento –una PEA en expansión, la acumulación de capital y el sector exportador de materias primas– resultan insuficientes para sostener un mayor progreso socioeconómico”. Y agrega que hay que realizar reformas distintas a las anteriores, orientadas, entre otras, a la diversificación productiva, para garantizar un marco de condiciones favorables.

Otro tema, varias veces analizado acá, es también que hay una gran proporción de la población peruana que vive y trabaja en las economías ilegales, lo que llega los 5 millones de personas. Y buena parte de esas actividades tiene poco que ver con la economía formal, como es el caso de la minería ilegal (que ya exporta US$4,000 millones anuales, como lo consigna el BCR), el contrabando (la “culebra” en Puno), la tala ilegal y la deforestación (que promueve el cambio de uso de suelos en la Amazonía). Y también tiene poco que ver con el mercado interno porque la demanda proviene de circuitos internacionales delictivos (que compran en dólares).

Es aquí que aparece el tema del Estado fallido, que se ha comenzado a mencionar en el Perú. Hay numerosas acepciones. Una de las más comunes es que dicho Estado no puede garantizar el funcionamiento de la administración general, garantizar el acceso a servicios básicos y establecer la ley y la seguridad sobre el terreno que es de su competencia. Las características nos son familiares. Y se puede también agregar el grado extremo de polarización y enfrentamiento entre dos o más sectores de la población y de la política. Pero eso no alcanza, hoy, para una afirmación tan grave. Debe servirnos, sí, para evitarlo.

Para terminar, estamos no frente a un solo poder económico tradicional, sino frente a otros sectores empresariales que ascienden (los llamados otros 12 apóstoles), amplios sectores que operan en la economía formal y que quieren sus propias leyes (desde nuevas universidades hasta colectiveros), amplios sectores informales que están al margen de la ley (pero no son delincuentes) y economías ilegales y delictivas con poder económico que buscan apoyo y reconocimiento político en las regiones y a nivel nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.

Hemos pasado de ser el “Jaguar de América” (que en verdad nunca fuimos) a un país fuertemente fracturado. Se necesita un golpe de timón.

1) El Perú se ha lumpenizado, La República, 17/11/2023
2) Estado y poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú. Un estudio comparativo, PUCP, 2024.

https://larepublica.pe/opinion/2024/06/21/el-poder-economico-ya-no-es-lo-que-era-por-humberto-campodonico-1736364

https://www.leerydifundir.com/2024/06/peru-poder-economico-ya-no-lo/

Perú: ¿Cuál reforma de pensiones?

Humberto Campodónico

“En verdad, ya no hay un sistema de pensiones. Hay un régimen de ahorro forzoso hasta los 65 años. Nada más. Y eso se va a acabar pues va a ser abolido por el Congreso”.

Una de las principales razones por las cuales es necesaria la reforma del sistema privado de pensiones tiene que ver con el hecho de que la pensión que reciben la mayoría personas que se jubilan en una AFP a los 65 años es magra. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) da el siguiente ejemplo: un afiliado que gana 2.500 soles mensuales obtendría una pensión de 465 soles mensuales en el momento de su jubilación, habiendo aportado durante el 50% de su vida laboral.

Así, la tasa de reemplazo (TR) es 18,6% (465/2500), o sea, una pensión magra. Dice el FMI en un documento de análisis sobre las pensiones en el Perú que la tasa de reemplazo para los trabajadores de bajos ingresos y con baja densidad de aportes (o sea, no se ha aportado todos los años, lo que es común) se sitúa por debajo del 20%. Dicha TR sube hasta el 40% para los aportantes que tienen ingresos altos. Esa tasa está un poco mejor, pero está aún lejos del 60 a 70% de aquella que caracteriza a los países industrializados.

Por eso, la gran mayoría de los que se jubilan a los 65 años optan por retirar el 95,5% de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), lo que fue aprobado por la Ley 30478 del 2016. Resultado: hasta diciembre del 2021, de un total de 430.424 jubilados, el 98,3% retiró el total de su fondo y solo el 1,7% restante asignó una parte (1,4%) o la totalidad de su fondo para financiar una pensión (0,3%) (proyecto del Poder Ejecutivo). Si tomamos en cuenta que desde la pandemia del 2020 ha habido varios retiros de fondos de las AFP (los últimos, impulsados por el Congreso), el monto de la CIC a los 65 años va a disminuir aún más.

En verdad, ya no hay un sistema de pensiones. Hay un régimen de ahorro forzoso hasta los 65 años. Nada más. Y eso se va a acabar pues va a ser abolido por el Congreso.

Hay problemas. Uno, el sistema de pensiones, público y privado, solo llega al 20% de la población. Claro. El 74% de la PEA es informal: por definición no está afiliado a ningún sistema. Otrosí: con el aporte del 10% del salario a la AFP, no se puede llegar a una pensión digna. La rentabilidad “no da”. Eso se vio primero en Chile, donde se inventaron las AFP diez años antes que Perú, que las copió. Un tema adicional: la pensión mínima de la ONP aumentaría de 500 a 600 soles mensuales. Si el monto de la pensión de la AFP no llega a ese monto (y en gran parte es así), el Estado “pone la diferencia” que el sistema AFP no puede poner. ¿Cuánto cuesta eso?

La pensión de consumo

Dice el proyecto de ley, en su artículo 29: Las personas mayores de 18 años que no estén afiliadas al Sistema a la entrada en vigor de la presente ley se afilian obligatoriamente al SNP o SPP. De no manifestar su voluntad, son afiliados al SPP”. De aquí se concluye que todos los peruanos van a estar dentro de un sistema de pensiones; y que, casi todos, seguramente entrarán a las AFP. Larga vida a las AFP.

Como el 73% de la PEA es informal y no aporta, el PL establece que habrá una pensión por consumo, que es considerado como un aporte complementario “de naturaleza previsional”. Se agrega que estará a cargo de las AFP, quienes “podrán cobrar una comisión por dicha administración”.

Veamos cómo funciona. El 1% del valor de los consumos de los afiliados van a una cuenta individual de capitalización (CIC), gestionada por la AFP o similar. El tope anual de los consumos no será mayor a las 8 UIT, lo que equivale a 41.200 soles en el 2024. Por lo tanto, el aporte anual a la CIC alcanzará un máximo de 412 soles anuales.

Para consumir 41.200 soles hay que ganar 3.500 soles mensuales (x 12 = 42.000). Y que el total de los 41.200 sea consumido en establecimientos formales. ¿Será? Por otro lado, el sueldo promedio en Lima metropolitana es 1.700 soles mensuales, o sea que está lejos del tope de 41.200.

Sigamos. Los 412 soles anuales que van a la pensión de consumo solo pueden ser alcanzados por los niveles socioeconómicos (NSE) A y B. Los NSE llegan a 254, 163 y 99 soles anuales (repetimos, anuales).

El economista Gustavo Ávila ha hecho el siguiente ejercicio: supone que uno compra por 40 años y que el fondo acumulado gana una rentabilidad anual del 10% (monto muy optimista). Ingresando los montos en la calculadora que ofrecen las AFP se obtiene que una persona con ingresos altos obtiene una pensión proyectada de 306 soles, mientras que una persona que gana sueldo mínimo (S/ 1,025) obtendría S/64 de pensión mensual.

En la última columna del cuadro se aprecian las pensiones por consumo. Tengamos en cuenta que quienes tienen empleo formal tendrán aportes mayores y, por lo tanto, mayores pensiones. Los que recibirán pensiones de 99 soles serán los que ganan poco y consumen poco, sobre todo, los informales.

Agreguemos que el monto total anual de la “pensión por consumo” llegaría a S/1.800 millones (que el fisco ya no recaudará) y por lo cual las AFP cobrarían comisiones por 30 millones de soles adicionales.

Las consecuencias

Los hogares más pobres realizan la mayor parte de sus compras en comercios informales. Hacer depender la pensión del gasto (ya irrisorio) mantiene o acentúa las desigualdades del ingreso. Además, los estratos altos ya tienen asegurada su pensión.

El gasto del quintil más rico (NSE A, 100.999, ver gráfico) da cuenta de más de la mitad del gasto de consumo de los demás NSE (B, C, D y E). El “rendimiento” de la formalización de los informales o los evasores del gasto de los estratos altos sería un eficaz mecanismo de redistribución del ingreso. Otros países (OCDE) logran una importante reducción de la desigualdad mediante el gasto social y un aumento de los ingresos tributarios, que en Perú están entre los más bajos de la región.

Esta “reforma” (impulsada por el fujimorismo) ha excluido, de facto, a todos los peruanos y peruanas informales pobres que, actualmente, tienen más de 65 años. Están fuera de todo. Se ha podido contemplar, por ejemplo, que Pensión 65 pase de ser un programa social a ser un ente previsional. Según el FMI (1), extender los 125 soles mensuales que hoy reciben los 810,000 beneficiarios de P65 a todos los mayores de esa edad costaría el 0.18% del PBI, adicional al presupuesto actual. No es para nada lo ideal pues los 125 soles no cubren no cubren el costo per cápita de la canasta alimentaria. Pero lo pongo como ejemplo pues toca el tema de fondo: la inclusión social.

Ese es el camino de la pensión universal no contributiva (PNC). Dice la FIAP (que agrupa a las AFPs de América Latina: “el número de países con pensiones con PNC aumentó de 6 a 15 del 2000 al 2017. Sin embargo, un 41% de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión. Para los países en estudio se desprenden las siguientes observaciones: Bolivia, México y Chile universalizaron las PNC. Costa Rica y Uruguay entregan PNC cercanas al 100% de la línea de la pobreza” (2). En el Perú eso equivaldría a 1,500 soles mensuales por hogar.

¿Reforma del sistema de pensiones? ¿Ustedes la ven? No está. El camino es todavía largo para una reforma integral del sistema de pensiones, público y privado.

1) FMI Working Paper# 19/49, 2019, Freudenberg y Toscani

2) Ver: https://www.fiapinternacional.org/notas-de-pensiones-no-66-analisis-y-evolucion-de-las-pensiones-no-contributivas-de-vejez-en-america-latina-noviembre-2022/

https://larepublica.pe/opinion/2024/06/07/cual-reforma-de-pensiones-por-humberto-campodonico-354046

https://www.leerydifundir.com/2024/06/peru-reforma-pensiones/

Perú: Productividad en caída libre

Humberto Campodónico

“En el sector informal se encuentran los mayores niveles de pobreza, que ya alcanzan al 29% de los peruanos. Y hay un 30% adicional de ‘no pobres’ vulnerables que, en cualquier episodio más o menos complicado, pueden caer en la pobreza”.

Uno de los temas que ocupan buena parte de los estudios económicos sobre América Latina tiene que ver con la desaceleración del crecimiento. Preocupa no solo la desaceleración, que ya ha ocurrido en la última década sino, sobre todo, que las proyecciones para los próximos años nos dicen que el decrecimiento va a continuar.

Esta baja del crecimiento es generalizada en la región. Del 2003 al 2011, el Perú tuvo un importante crecimiento que bordeó el 5% anual en promedio. Otros países de la región también crecieron, aunque a tasas algo más bajas (ver gráfico). Pero desde que acabó el superciclo de altos precios de las materias primas, han tenido una “convergencia a la baja” y llegan al 2022-2023 con tasas de crecimiento que oscilan alrededor del 2% del PBI o menos.

Tasa parecida tienen los países de la OCDE. Pero hay una diferencia fundamental entre aquellos que pertenecen al “club de los países ricos” y los países en desarrollo. Ellos ya tienen cubiertas casi todas sus necesidades de salud, educación e infraestructura (entre las más importantes), además del hecho que sus montos de PBI son muchísimo mayores a los nuestros. Por tanto, el crecimiento del PBI en esos países no necesita las tasas que a nosotros sí nos hacen falta.

Aun así, esos países también están preocupados porque el crecimiento se ha ralentizado y se ha entrado a la era de la geolocalización y de la “slowbalization”, tema al que ya nos hemos referido en anteriores artículos.

Dicho esto, veamos ahora qué es lo que dice la OCDE sobre el Perú en su informe del 2023. Recordemos que el Perú desea pertenecer a ese organismo desde el 2012 y tiene avanzada su postulación. En marzo del 2023 se promulgó el DS 041-2023 (Declaración de interés nacional del proceso de adhesión del Perú a la OCDE). Recordemos también que México, Chile, Costa Rica y Colombia ya entraron a la OCDE (Colombia empezó después que Perú e ingresó en el 2020).

Esto es lo que dicen del Perú: “El prolongado episodio de desaceleración económica muestra que los anteriores motores del crecimiento –una PEA en expansión, la acumulación de capital y el sector exportador de materias primas– resultan insuficientes para sostener un mayor progreso socioeconómico”.

Y agrega: “Las anteriores rondas de reformas se centraron sobre todo en un pequeño número de instituciones públicas que se convirtieron en ‘islas de eficiencia’ con el fin de garantizar un marco de condiciones favorables –como estabilidad macroeconómica, acceso al capital y previsibilidad regulatoria– para la relativamente pequeña economía formal, especialmente en el sector de las materias primas”.

Y aquí viene lo central: “La naturaleza dual de la economía, alimentada por altas tasas de informalidad, constituye un lastre para el crecimiento. Coexisten pocas empresas de gran tamaño y elevada productividad laboral con un amplio sector informal de baja productividad, constituido en su mayoría por pequeñas empresas que emplean a cerca del 75% de todos los trabajadores”.

A este diagnóstico hay que agregarle que en ese sector informal se encuentran los mayores niveles de pobreza, que ya alcanzan al 29% de los peruanos. Y hay un 30% adicional de “no pobres” vulnerables que, en cualquier episodio más o menos complicado, pueden caer en la pobreza.

La rebaja de la pobreza (en años anteriores, lo que es deseable) no desembocó en empleos formales con mayor productividad. El tema, entonces, es comenzar a discutir lo nuevo que se puede hacer y, por tanto, superar el discurso que nos dice que se debe seguir con el piloto automático anterior para superar el estancamiento actual.

La Productividad Total de los Factores

En el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019 se ha plasmado la opción del Gobierno para avanzar por ese camino. De su lado, en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027, las palabras competitividad y productividad aparecen mencionadas 72 veces. Pero avances reales, muy pocos.

Existen numerosos estudios que analizan los niveles de productividad de la economía, la que se determina por los aportes de la inversión de capital y del trabajo. Hasta los años 50 esa era la metodología de cálculo. A fines de los años 50, el economista Robert Solow introdujo el concepto de la productividad total de los factores (PTF).

Su aporte fue el siguiente: cuando se miden los aportes del capital y del trabajo, se aprecia que no alcanzan a cuantificar el aumento de la productividad de la economía. Por tanto, la PTF es la porción del producto que no puede ser explicado por la cantidad de insumos (inputs) de capital y trabajo empleados en la producción. Como tal, su nivel está determinado por la eficiencia e intensidad con la que se utilizan los insumos en la producción. El crecimiento de la PTF generalmente se mide por el llamado “residuo de Solow”.

Casi todos los trabajos recientes acerca de la productividad en Perú están de acuerdo en que el crecimiento del PBI desde el 2002 hasta el 2012 se produjo, en lo fundamental, por el aumento de la inversión en capital,  muy poco por el trabajo y menos por la PTF. Así lo afirma la CAF (1). Y el CIUP dice: el “crecimiento fue 6,3% anual, pero la PTF creció a una solo a una tasa promedio anual de 1,6%. Estos resultados difieren de estudios previos, que sugieren que el crecimiento se explica principalmente por la productividad, seguida por el capital físico y, finalmente, por el empleo” (2).

Félix Jiménez, en reciente libro (3), nos dice que “la pérdida de liderazgo de la manufactura es la otra cara del proceso de desindustrialización prematura que acompañó al crecimiento primario-exportador. La estructura productiva se hizo menos agrícola y manufacturera y sesgada al comercio y servicios, donde se concentra el empleo informal de baja productividad, calificación e ingresos. Cayó la participación de la manufactura en la generación del PBI”.

Clave: cuando el crecimiento de la PTF es pequeño, tiene implicancias directas en el agrandamiento de las brechas de salarios entre los sectores económicos de gran productividad (finanzas, minería) con los de menor productividad (agro, servicios, comercio).

Concluyendo

Para superar los actuales límites de la “pequeña economía formal”, dice la OCDE que se debe “avanzar hacia una economía de altos ingresos basada en el conocimiento y la innovación –respaldados por una amplia base de empresas productivas y formales–, lo que requiere un conjunto de nuevas condiciones adecuadas”. Esas condiciones van por el camino del aumento de la productividad: ya hay un proyecto de ley de promoción a la industria, pero no avanza. Pareciera que no se quiere PiTuFear la economía.

La ralentización de la economía es un fenómeno global, que se acentúa en nuestros países debido a que, como dice la OCDE, los sectores informales (el 75% de los peruanos) tienen baja productividad. Hay que avanzar hacia nuevas políticas. No es solo un tema económico. Tenemos un país fracturado en tres economías: formal, informal e ilegal. Si el primero no proporciona empleos con mayor productividad, el sector informal seguirá mayoritario y se desbordará, como ya lo viene haciendo, hacia las economías delictivas. Eso no queremos.

1) CAF, Policy Paper #9. Nota de productividad, Perú, 2022.

2) CIUP 2016, PRODUCTIVIDAD EN EL PERÚ: medición, determinantes e implicancias. Céspedes, Lavado, Ramírez.

3) La economía peruana 1950-2020, Fondo PUCP 2024.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/31/productividad-en-caida-libre-por-humberto-campodonico-1124580

https://www.leerydifundir.com/2024/06/peru-productividad-caida-libre/

Perú: Pobreza, emprendedurismo y estancamiento crónico

Humberto Campodónico

“Perú, con el magro crecimiento actual, solo cruzaría el umbral dentro de 25 años, (sin considerar) las sombrías perspectivas de la economía mundial”.

El informe de pobreza monetaria del 2023 del INEI dará mucho que hablar. El Gobierno, con la presidenta a la cabeza, intentó censurarlo porque “no le gustaron las cifras”. Hay aquí un lado autoritario que no duda en pasar por encima del orden institucional vigente. Eso, justamente, revela su propia debilidad. Por eso trata de taparlas, como lo hace la cirugía estética.

La pobreza monetaria ha pasado de 27,5% al 29% de los peruanos. Son casi 10 millones cuyos ingresos no cubren la canasta básica de consumo de 1.784 soles por una familia de cuatro personas. La pobreza extrema alcanzó a casi dos millones de peruanos, cuyos ingresos no llegan a los 1.004 soles mensuales. Esto tiene que ver con la caída del PBI de -0,6% en el 2023, cifra que se suma al magro crecimiento de 2,7% del PBI en el 2022.

A esto se agrega que los no pobres vulnerables son el 31,4% de la población, o sea, 10,6 millones: no son pobres ahora, pero podrían volver a serlo en el futuro cercano. Si lo sumamos a la cantidad de pobres, llegamos al 60,4% de los peruanos (29+31,4).

Vayamos al análisis

La mayoría de economistas y opinólogos nos dicen que la solución para disminuir la pobreza es lograr mayores tasas de crecimiento. Ciertamente ello incide en su disminución. Pero se habla poco del hecho que la mayoría de pobres en el Perú engrosan las filas de la informalidad, es decir, de condiciones de precariedad: no tienen ingreso asegurado, CTS, vacaciones, ni pensión alguna. El 74% de los peruanos vive en la informalidad.

Se dice también que los altos costos de la formalidad desalientan a las micro y pequeñas empresas, que prefieren quedarse en la informalidad para no incurrir en pagarlos. No es así. Existen leyes específicas que establecen regímenes tributarios especiales que disminuyen las cargas laborales y tributarias.

Hay también quienes afirman que los peruanos han optado por emprendimientos particulares, pues están convencidos que sus iniciativas y su propio esfuerzo les permitirán salir adelante. Esa voluntad tendría un fuerte tinte individualista y libertario que, además, “los hace dueños de su propio destino”.

Puede ser. Y están muy bien esos emprendimientos. Pero hay “datos duros” que nos dicen que esos ideales no son tan simples de cumplir ni tampoco que constituyen un patrón de comportamiento generalizado de las personas. Dice la Enaho del INEI que, cuando se les pregunta a los propios informales (urbanos y rurales) por qué se crean empresas informales, las respuestas son: el 57,9% por razones involuntarias (sobre todo por necesidad económica) y el 42,1% por razones voluntarias (obtener mayores ingresos y ser independientes). La mayoría no escogió ser informal.

El ‘emprendedurismo’ ha sido objeto de muchos análisis e investigaciones. Pero no existe una estadística acerca del éxito (o no) de sus emprendimientos. Pareciera, sin embargo, que, a pesar de los esfuerzos individuales, no son suficientes para salir de la pobreza y de la vulnerabilidad. Lo dice cada año el INEI. Entonces, ¿cuáles son las políticas a adoptar para los grandes porcentajes de peruanos que no tienen éxito en su emprendimiento y son pobres e informales? No lo sabemos.

El quid de la cuestión

Ni siquiera en la época del ‘superciclo’ de altos precios de las materias primas se logró una disminución sustantiva de la informalidad. Y una parte de esos informales ‘ha avanzado’ un escalón más hacia abajo: se han pasado a las actividades criminales y delictivas, que suben como la espuma.

Aquí aparece en toda su dimensión un tema crucial: el sector formal no logra generar la suficiente cantidad de empleos para absorber a la población económicamente activa del país. Y esto se debe al hecho que las políticas adoptadas han priorizado el ‘piloto automático’ del modelo económico.

Así, el Perú sale “jalado” en productividad. Nuestra productividad es muy alta en el sector minero, el sector financiero y electricidad y agua, pero que solo emplean al 2,4% de la población. Con productividad media vienen sectores que producen el 22,7% del empleo: la manufactura (8,9%), la construcción (6,2%) y el transporte (7,6%). Los sectores con menor productividad emplean al 75% restante: servicios, comercio y agricultura. La palabra empleo aquí es exagerada: debiera decirse “están ocupadas en esos sectores”.

Se trata entonces de diseñar políticas que prendan nuevos motores de crecimiento que permitan recortar la brecha productiva. Debemos hacer la transición al crecimiento impulsado, también, por las ventajas comparativas dinámicas, donde se pone el acento en la mejora de la calidad de los bienes que se producen en el país y aquellos que son exportados, es decir, en su contenido tecnológico y su valor agregado doméstico. No se trata de excluir a los ‘sectores tradicionales’, sino de entender que no existe una única bala de plata minera salvadora de la economía.

Es por eso que el crecimiento potencial del PBI de Perú ha bajado de 6% hasta el 2,5% anual en los próximos años. Corolario: las políticas que nos llevaron a ser países de Ingresos Medios Altos no son aquellas que nos conducirán a Ingresos Altos (13.600 dólares anuales per cápita).

Dice el FMI, con data elaborada para el Perú, que si seguimos como hasta ahora, nos quedaremos estacionados alrededor de los 6.430 dólares per cápita del 2016 durante décadas (ver gráfico actualizado por nosotros). Se puede apreciar cuánto demoraron algunos países (desde que llegaron a los 6.430 dólares) para superar el umbral de los Ingresos Altos (13.205 dólares per cápita). Corea del Sur y Taiwán lo cruzaron en 10 años (y siguen subiendo). Chile también lo cruzó en 10 años y no ha subido mucho más. México se demoró 27 años en cruzarlo.

Perú tiene ocho años y, con el magro crecimiento actual, solo cruzaría el umbral dentro de 25 años (y no hemos tomado en cuenta las sombrías perspectivas de la economía mundial).

Resumiendo

Las cifras de pobreza en el Perú reflejan una situación estructural de la cual no saldremos con el ‘emprendedurismo’ que tiene su propio camino y está bien que así sea (ya hasta tiene un partido). Podremos salir con la adopción de nuevas políticas.

Ciertamente, la coyuntura de malos gobiernos y congresos, así como la corrupción, han agravado la situación económica y se han extendido la informalidad y las economías delictivas. El problema es que el ‘establishment’ quiere mantener las mismas políticas económicas en piloto automático, dejando de lado el impulso a nuevos motores. Por tanto, nos vamos a quedar en el mismo sitio por muchos años.

Eso es, por ejemplo, lo que esencialmente propone el reciente pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas al Congreso: seguir tropezando con la misma piedra. Eso tiene que cambiar.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/10/pobreza-emprendedurismo-y-estancamiento-cronico-por-humberto-campodonico-538776

https://www.leerydifundir.com/2024/05/peru-pobreza-emp…camiento-cronico/

Perú: Un país fracturado necesita recomponerse

Humberto Campodónico

“El sector empresarial y organizaciones sindicales presentaron cifras sobre el costo de la criminalidad (S/35.000 millones en el 2022, el 3,5% del PBI)”.

Hace unos días, el presidente del BCR, Julio Velarde, dijo: “La reforma del sistema de pensiones debería optar por un esquema de cuentas individuales, aunque sí manifestó que su única desventaja es que los montos serían suficientes si los peruanos viviéramos 140 años” (1).

Eso ya se sabía. Y hace poco lo reiteró Pedro Pablo Kuczynski: “El sistema chileno, copiado en Perú, tiene una falla de nacimiento. Si tú recaudas 10% de los sueldos durante una vida laboral de 35 años, nunca vas a poner una pensión de reemplazo de más de 25%” (Gestión, 12/03/24). Agregamos: solo quienes ganan más  de 2.000 dólares mensuales podrían tener una pensión de reemplazo superior al 50% de lo que ganaban.

Así, el esquema impuesto en noviembre de 1992 con el Decreto Legislativo 25897 no funciona para la mayoría (2). Pero sí para las AFP, cuyos ingresos, solo en el 2023, fueron de S/1.138 millones, de los cuales S/486 millones fueron Utilidad Neta (el 43%).

PPK agrega: “Las comisiones que cobran las AFP son leoninas. (El aporte es) 10% de la remuneración y sobre eso cobran 1% a 2% de comisión, más un seguro de vida, o sea, 3%. Si eso estuviera invertido (aporte del trabajador), evitarían una gran parte del problema. Eso es inviable” (ídem).  

Y sigue: “El sistema creó una categoría de administradores que tienen un monopolio”. Cierto. Cuatro AFP tienen un mercado cautivo. A diferencia de otros países, estas rotan cada cierto tiempo. Por tanto, deben entrar “otros jugadores”.

Ha habido muchas propuestas de reforma. La primera fue del Banco Mundial en el 2004. Ahora están la propuesta del MEF (octubre 2023) y otra de la Comisión de Economía del Congreso. En el 2022, hubo una propuesta de la Asociación de AFP, una de cuyos ejes es que “el afiliado reciba, en su Cuenta Individual, a lo largo de su vida laboral, el 1% del IGV pagado”. O sea que el Estado vendría en ayuda del trabajador. Pregunta: ¿la AFP cobraría, también, comisiones por ese 1% del IGV?

El fondo: debe haber una reforma integral de las pensiones, privadas y las de la ONP, en camino a una pensión universal. Por ahí va la propuesta del MEF 2023, que parece no gustarle al MEF 2024. Regresaremos sobre el tema.

Salario mínimo: ¿sí o no?

Dice la Constitución de 1993: “Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores” (Art. 24). Eso le corresponde al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), en el que participan de manera tripartita el Gobierno, empresarios y sindicatos.

Pero no se cumple, si bien el régimen fue aprobado en el 2007 por el CNT. Habría una revisión cada dos años y, para calcularlo, una proyección a futuro de la inflación de todos los precios de la canasta familiar, menos los precios de los energéticos y de los alimentos (por su alta volatilidad le llaman inflación subyacente). Y se consideraba también la variación de la productividad multifactorial (PBI, stock de capital, empleo y elasticidades).

Pero la propuesta del CNT no se cristalizó en decreto supremo debido a la negativa de los Gobiernos y la oposición empresarial. Por tanto, el salario mínimo quedó sujeto a la discreción política. Así, en el 2014, el tema no se discutió porque la señora Nadine Heredia dijo que no estaba en agenda. Pero subió en el 2018, el mismo día que se producía la renuncia de PPK. Y así.

En Chile, se discute todos los años entre el Gobierno y los sindicatos, y se elabora una propuesta técnica (parecida a la nuestra) que va al Congreso. En Colombia, existe una mesa tripartita de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Según la Ley 278 de 1996, el salario mínimo debe quedar definido el 15 de diciembre. La decisión final la toma el presidente de la República.

Si las propuestas técnicas establecen que debe subirse el salario, se procede de esa manera. Si no, no se mueve. Lo central es que hay una institucionalidad y un calendario. No se utiliza a los trabajadores como “carne de cañón política”.

En el Perú, el entrampamiento continúa en el CNT, pues siguen surgiendo “nuevos temas” (desde hace varios años) por parte del empresariado, que pueden ser válidos, pero cuyo propósito pareciera ser alargar la discusión: si debe haber salario mínimo por sectores productivos, si se debe diferenciar por regiones e, incluso, si se ata a la disminución de la informalidad (75% de la población). ¿Hasta cuándo?

Minería ilegal y “culebra”

Las pensiones y el salario mínimo tienen que ver con el sector formal de la economía y la sociedad. Lo mismo vale para los medicamentos genéricos, la ley de agroexportación, así como los contratos-ley y los peajes, temas hoy en agenda. Lo mismo sucede con la concertación oligopólica de los mercados y la escasa diversificación productiva.

De su lado, la informalidad está íntimamente ligada al (mal) desempeño del sector formal y su escasa capacidad de absorción de los nuevos peruanos al mercado de trabajo. Pero en las últimas décadas, las economías criminales han aumentado exponencialmente. Comenzó con el narcotráfico, se expandió a los lavaderos de oro y a la deforestación, principalmente. Y en casi todos esos sectores la aparición de bandas extranjeras han sido la regla y no la excepción.

Hace pocos meses, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentó cifras sobre la producción informal/ilegal (la frontera es borrosa). Nos dice que si bien la producción de oro formal (casi todo se exporta) decrece en los últimos años (ver gráfico), las exportaciones han aumentado como producto de la minería informal/ilegal. Ha dicho Víctor Gobitz que ello equivale al 45% del total de oro exportado en 2022 y que suma US$4.000 millones.

Se agrega que la producción de oro de Bolivia (informal, en gran medida) equivale al 7% del oro exportado. César Ipenza dice que, según el Colegio de Economistas de Tarija (Bolivia), el 80% de esas exportaciones tiene origen peruano (La República, 08/12/2023): poco menos de dos millones de onzas. La ‘culebra’ del contrabando ahora se desliza también en sentido contrario.

Durante años, el ‘establishment’ formal (económico, político y social) ha mirado de soslayo a las economías ilegales y criminales (sicariato, delincuencia), y su impacto en el poder político, pues algunas ahora cuentan con bancadas en el Congreso y ramificaciones en todos los niveles de Gobierno.

Hace tres días, el sector empresarial y organizaciones sindicales presentaron cifras sobre el costo de la criminalidad (S/35.000 millones en el 2022, el 3,5% del PBI) y propuestas para luchar contra la criminalidad. Estuvo Capeco, la Federación de Construcción Civil, la Confiep, la CGTP, la SNI, ADEX, entre otros.

Y le pidieron al Ejecutivo que tome medidas para combatirla, casi todas centradas en acciones policiales y soluciones inmediatas para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Lo cual está bien, pero no alcanza. Se necesitan nuevas políticas que, incluyendo lo anterior, tengan en cuenta que no solo existe el Perú formal que, además, es concentrado, oligopólico y excluyente (AFP, salario mínimo, genéricos). Un país fracturado necesita recomponerse.

1) LatinaNoticias, 15/03. https://shorturl.at/lxBOR

2) Pensiones: del mercantilismo a la reforma, 02/09/2020.https://shorturl.at/bgjHK

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/22/un-pais-fracturado-necesita-recomponerse-por-humberto-campodonico-1001330

https://www.leerydifundir.com/2024/03/peru-pais-fractu…ita-recomponerse/

Perú: Percepción de la corrupción

Humberto Campodónico

"¿Hasta dónde puede llegar el contragolpe de la corrupción (que sucede hoy en Perú)? Se está destruyendo el andamiaje legal e institucional que garantiza los derechos y la convivencia en democracia”.

En su última edición, la revista inglesa The Economist trae un largo reportaje sobre la corrupción en América Latina, tomando cifras elaboradas por Transparencia Internacional (TI). Las noticias no son nada halagüeñas para el Perú, pues en el 2023 estamos en el puesto 121 de 180 países analizados. En solo un año, hemos bajado 20 puestos en el ranking, pues en el 2022 estábamos en el 101. Y si vamos un poco más lejos, encontramos que en el 2012 estábamos en el puesto 83; o sea, la caída es de 38 puestos, nada menos.

Comparados con nuestra vecindad, en el 2023 estamos mejor que Guatemala y Venezuela, que están en los puestos 154 y 177, respectivamente. Pero por delante del Perú están Colombia (87), Argentina (98), Brasil (104, cayó 10 puestos) y Ecuador (115). Uruguay es el mejor rankeado (puesto 16), seguido de Chile (29).

He dejado para el final la data sobre El Salvador, pues aparece en el puesto 126, por debajo de Perú. Se podría pensar que, bajo Bukele, la corrupción habría descendido pues se tiende a asociarla con la delincuencia, que eso son las “maras salvatruchas”, la mayoría actualmente en prisión.

La cuestión es que el índice de TI mide la percepción de la corrupción solo en el sector público, a través de encuestas dirigidas, esencialmente, a empresarios y “expertos”. En su elaboración se toma en cuenta data del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial (Davos) y consultoras independientes. Se pregunta sobre las coimas y la apropiación indebida de fondos públicos. Y también si hay una persecución efectiva de los acusados, en marcos legales adecuados, donde haya protección a los denunciantes y a la prensa.

Eso está bien. Nos dice qué piensa el sector empresarial acerca de la corrupción en el sector público. Pero es también importante saber qué es lo que piensa la población acerca de esos mismos temas.

El monitoreo de la gobernanza

Como sabemos, las ENAHO, realizadas anualmente a más de 35.000 hogares, “normalmente” preguntan sobre las condiciones de vida y pobreza de la población para generar indicadores que permitan conocer la realidad económica o social de los hogares del Perú. También se hacen preguntas sobre los programas sociales de alimentos y los programas de transferencias monetarias (como Juntos y Pensión 65). De allí salen los indicadores de pobreza.

Pero desde el 2001, cuando comenzaba la transición a la democracia, el INEI decidió incorporar a las ENAHO módulos de Gobernanza y Democracia, que incluyen preguntas sobre corrupción, falta de empleos, calidad de los servicios educativos, entre otros.

En estas encuestas encontramos las respuestas de la población peruana, por sectores, por niveles de ingresos, sexo y edades. Las respuestas son directas, a diferencia de las encuestas de percepción de TI. Incluyen, además, no solo la percepción de la corrupción en el sector público, sino de la corrupción en todos sus niveles.

Dice Javier Herrera: “Hay que distinguir entre la gran corrupción que afecta a la clase política (en particular el escándalo Odebrecht que estalló durante este período) y la pequeña corrupción que tiene un impacto directo en los hogares”. Y agrega: “Si bien la gran corrupción había sido objeto de mucha atención, con el enjuiciamiento y encarcelamiento de muchas figuras políticas del régimen anterior, hasta ahora se había pasado por alto relativamente la corrupción menor.

No se ha puesto en marcha ningún mecanismo serio para hacer frente a la pequeña corrupción. Es esta forma de corrupción la que afecta a la población a diario, ya que las personas solo pueden acceder a los servicios públicos si ofrecen “regalos” y otros sobornos a funcionarios de nivel inferior o medio poco delicados, de los que son víctimas” (1).

Como conclusión de la “encuesta directa”, la percepción de la corrupción y la del crimen aparecen como los mayores problemas del país, por encima de aquellos que “normalmente” son los más importantes: empleo, pobreza, inflación. Da para un análisis de fondo, sobre todo si tomamos en cuenta que son 35.000 los hogares encuestados, 20 veces más que los considerados en las encuestas habituales.

Más allá de la forma con que se mida la corrupción, queda claro que, junto con la inseguridad, constituyen los problemas mayores. Y coinciden de manera directa con la caracterización de “país fracturado”, con tres economías: la formal, la informal y la delictiva. Es esta última la que causa mayor preocupación a la población. Ciertamente, la corrupción mayor está asociada al sector formal, de cuello blanco. Pero también afecta a la mayoría de la población.

El dilema de América Latina

Volviendo al principio. El fondo de la cuestión, dice The Economist (ya no TI), es que los avances en la lucha contra la corrupción de mediados de la década pasada están atravesando un “volteretazo”. Y da como ejemplo los casos de Brasil, Perú, Honduras, México y Guatemala, entre otros.

En Brasil, las investigaciones sobre Lava Jato y Odebrecht se han cambiado por su contrario. Hace poco el juez supremo José Dias Toffoli suspendió el pago de una multa a la empresa J&F —que ya había aceptado haber coimeado a funcionarios— diciendo que “había dudas razonables de que esos acuerdos hubieran sido firmados voluntariamente”.

Y añadió: “Los jueces que administran esas causas podrían haberse coludido con los fiscales”. En el Perú, en el Congreso “se va a votar si se remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que designa a los fiscales y jueces, a pesar de que numerosos legisladores están actualmente siendo investigados por corrupción”.

¿Hasta dónde puede llegar el contragolpe de la corrupción?  Se está destruyendo el andamiaje legal e institucional que garantiza los derechos de la sociedad y la convivencia en democracia. Y esto se hace con un Congreso y un Poder Ejecutivo que buscan la sobrevivencia, con tan solo aprobaciones del 8% al 10%.  Agreguemos, no solo la sobrevivencia, sino la impunidad y la posibilidad de continuar con sus “privilegios”. Para ello, tienen en mente controlar el JNE y la ONPE para “evitar” candidaturas que les sean “inapetentes” y quedarse en el poder (lo que no es gobernar) más allá del 2026.

El antiguo régimen de los 90 no ha aprendido nada ni olvidado nada. Dice The Economist: “Han estado ganando batallas”. Pero deben tener cuidado. En una encuesta nacional publicada el 3 de marzo, una pluralidad de brasileños dijo que Lava Jato fue cerrada debido a intereses políticos. El 74% de los encuestados cree que las recientes decisiones de la Corte Suprema “fomentan la corrupción” (ídem).

Lo mismo sucede aquí, donde seguimos cayendo en la percepción de la corrupción, tanto en la encuesta de TI como en la de la ENAHO. Lo que falta es pasar de la percepción a la acción, antes que sea muy tarde.

Referencias

1) Javier Herrera (et al), Midiendo la gobernanza, la democracia y la participación: Lecciones de dos décadas de experiencia en el Perú, 2022

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/15/percepcion-de-la-corrupcion-por-humberto-campodonico-921855

https://www.leerydifundir.com/2024/03/peru-percepcion-la-corrupcion/