Perú: Una visión estratégica, por favor

Pedro Fra​ncke

"El Perú debe sacarse la mirada distorsionada del modelo neoliberal"

Durante casi cuatro décadas la economía mundial estuvo regida por las leyes del hiperglobalismo neoliberal: libre comercio internacional y de flujo de capitales, mandatados por la Organización Mundial del Comercio –OMC– y los TLC, Tratados de Libre Comercio. En este periodo el Perú retornó a un modelo exportador de materias primas bajo la primacía de la minería, que redundó en desindustrialización y bajo crecimiento. China, en cambio, aprovechó la oportunidad para crecer aceleradamente en base a un despegue manufacturero asombroso hasta convertirse en la primera economía del mundo. Otra enorme diferencia entre Latinoamérica y China ha sido la tecnológica. De este lado del Pacífico se apostaba por que todo lo resolviera la inversión extranjera, con unos pocos grupos nacionales corriendo la ola de las nuevas tecnologías para reforzar posiciones monopólicas. China aprovechó para apropiarse de todo el conocimiento técnico de los países desarrollados e invirtió fuerte hasta constituir una dinámica poderosa de innovación.

Simultáneamente a este desarrollo primario-exportador minero, un nuevo sector creció fuertemente en Perú las últimas décadas: la agroexportación. Productos frescos para el consumo como arándanos, uvas, paltas (avocados), mangos, mandarinas, café y cacao. La agroexportación se ha concentrado en grandes latifundistas, pero también ha alcanzado un sector aún reducido de pequeños y medianos productores. Genera empleo, pero de muy mala calidad y con mucho abuso, y mantiene exoneraciones tributarias que hoy pretenden mantenerse gracias a un poderoso lobby.

Esta evolución económica ha generado dos problemas centrales en Perú. Por un lado, un muy escaso nivel de empleo formal con derechos (algunitos nomás ya que a quien hace un sindicato lo despiden), y una amplia mayoría de informales, microempresas y trabajadores independientes de baja productividad y bajos ingresos. Por otro lado, un Estado raquítico, con una presión tributaria que no llega a 15% del PBI, incapaz de brindar seguridad, educación, salud pública o infraestructura suficiente. Ambos generan una gran desigualdad y se conjugan en una crisis del Estado-nación. Hoy no solamente tenemos un gobierno totalmente ilegítimo sino que enfrentamos un problema de mayor calado, ya que la desigualdad, ineficacia estatal e ilegitimidad de la democracia han generado una explosión crítica de inseguridad ciudadana y bandas criminales.

Estando el Perú, y buena parte de Latinoamérica, en medio de nuestra propia crisis, EE.UU. ha dejado de lado toda pretensión de “libre comercio”. Busca frenar a China, arrebatar recursos estratégicos y forzar políticas de su interés sobre los menos poderosos que están geográficamente cerca. Hoy Trump expresa intereses imperiales muy claramente, la democracia no le importa ni en su propio país y menos afuera, no respeta las leyes internacionales y busca imponerse abiertamente por la fuerza. Para el Perú son graves sus amenazas de subir aranceles a productos agropecuarios. Tendría poco sentido que Trump incluya los productos peruanos porque se trata de alimentos en los que EE.UU. no llega a autoabastecerse, en especial durante el invierno, que es cuando el Perú concentra sus exportaciones. Pero la sinrazón es algo que puede suceder de la mano de Donald Trump.

Siendo urgente para nuestra economía una política frente a los riesgos, es importante una mirada a mediano y largo plazo. La transición energética mundial nos da oportunidades: cobre a buen precio internacional y demanda por energías sostenibles para las que tenemos buenas condiciones. Pero hasta el momento no le estamos sacando provecho. Ni siquiera hacemos que la minería tribute lo justo ante precios de los metales por la estratósfera. El Perú debe sacarse la mirada distorsionada del modelo neoliberal y tener visión estratégica. Desde luego que para eso se requiere que como país tengamos primero una estrategia de modernización económica y que nuestros recursos los aprovechemos para nuestro desarrollo en vez de estarlos rematando sin ton ni son. El desarrollo y diversificación productiva y el avance tecnológico, la defensa de nuestra industria y agro, y la inversión en buenas infraestructuras sin robo de por medio, deben entrar en la agenda. Es en ese sentido que debemos reorientar nuestras relaciones con China mientras mantenemos una postura necesariamente defensiva antes las posibles agresiones de los Estados Unidos.

El otro gran tema que ya nos toca las puertas es la Inteligencia Artificial (IA).  La IA genera oportunidades de aumento de la productividad de manera amplia, y para las pymes y la agricultura –sectores claves que brindan sustento a la mayor parte de las familias peruanas– puede mejorar las actividades de promoción de tecnologías y mejoras en la gestión de negocios. Por otro lado, hay el riesgo de que con la IA se sustituyan trabajadores en servicios que generan empleos, como los “call centers”. La tecnología debe ser regulada para orientarla hacia los objetivos sociales. Para el Estado y su relación con la ciudadanía, servicios claves como educación y salud pueden avanzar mucho en calidad con ayuda de la Inteligencia Artificial y gran parte de la administración pública podría mejorar su atención al público. La IA también genera riesgos a la democracia: empodera a quienes controlan las redes sociales y permite generar deepfakes. También acá hay fuerte conflicto entre Estados Unidos y China. El veto de Estados Unidos a Huawei y a TikTok, las prohibiciones de que empresas de EE.UU. vendan microchips de alta potencia y la respuesta de China con DeepSeek son claras muestras de ello.

La Inteligencia Artificial va a afectar las economías, la sociedad, la política y la seguridad nacional. El conflicto China-EE.UU. en este ámbito es una ola creciente que golpeará nuestras costas y debemos aprovecharlo en nuestro favor. Una estrategia soberana es indispensable al respecto, incluyendo una regulación del uso de los datos que cotidianamente regalamos a los nuevos monopolios mundiales de esta era de la información.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 726 año 15, del 28/03/2025

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Perú: Ciudades entrampadas

Pedro Francke

Lima y las grandes ciudades en el Perú atraviesan una trabazón. Es más que un tiempo de crisis, es un entrampamiento que parece tener la fuerza de amarre de un nudo gordiano. Clave para apreciar su profundidad es el crecimiento de la pobreza, que entre 2019 y 2023 en las ciudades casi se duplicó, pasando de 14 por ciento a 26 por ciento, un aumento de 3 millones 500 mil personas –y eso según los datos oficiales, que no incluyen totalmente a los inmigrantes venezolanos–.

Entre 2014 y 2019 la pobreza urbana no se redujo, como venía haciéndolo los años anteriores. Márquese la diferencia con el campo: la pobreza rural ha sido siempre mucho más alta que en las ciudades, alcanzando hoy a dos de cada cinco peruanos, pero se redujo 5 puntos entre 2014 y 2019 y luego no ha aumentado. El contraste es notorio. A pesar de las nulas políticas de apoyo, el campo peruano sigue progresando poco a poco con el empuje de millones de pequeños agricultores familiares que gracias a la reforma agraria son propietarios de su tierra, han logrado mayor educación y están mejor conectados por carreteras y celulares.

Los últimos años las ciudades peruanas han atravesado varios golpes sucesivos. Primero fue la inmigración venezolana, un millón trescientos mil, concentrados en Lima y unas cuantas ciudades, cuando cualquier idea de justicia diría que era Estados Unidos quien debió acogerlos –pero los rechazaron brutalmente–. La política de puertas abiertas de PPK para agradar a los gringos agravó los serios problemas de falta de empleo que sufrimos los peruanos desde hace décadas. Luego vino el covid-19, que afectó mucho más a Lima y las grandes ciudades, debido a la velocidad del contagio a raíz de que, ante la falta de sustento económico por la tacañería de Vizcarra con los bonos de ayuda, la gente se viera obligada a salir a las calles para poder agenciarse de ingresos que les permitiera comprarse alimentos.

Tras lograr vacunación universal y reactivación el 2021, siguió una política económica recesiva: el ajuste fiscal y monetario se trajo abajo al mercado interno, la industria y la construcción, con un retroceso del 8 por ciento el 2023. La caída ha sido mucho mayor que el -0,6 por ciento de cifra oficial del PBI, porque ese dato suma el crecimiento de la minería que no tiene mayor impacto en las economías urbanas del Perú. Hoy hay alguito de crecimiento pero este 2024 la industria y la construcción, el núcleo productivo en las ciudades, estará todavía bastante debajo de lo que terminó el 2021 y hasta las proyecciones oficiales del BCR así lo indican.

El problema de las ciudades peruanas va mucho más allá del corto plazo económico y la pobreza. Ya desde antes muchas de nuestras ciudades eran un desastre ambiental; ahora 68% de sus habitantes no tienen agua segura (6 puntos más que hace diez años) y fuera de Lima un tercio no tiene buen recojo de basura (en Lima es una de cada cinco personas) y nuestro alcalde, “exitoso empresario”, acaba de empeorar el problema. Pero es el transporte y el caos urbano la mejor expresión de ese entrampamiento que sufrimos.

Es como un nudo que se va engrosando y enredando cada vez más. La cantidad de colectivos, combis, buses informales y carros con manejo desaforado, donde cada uno hace lo que le da la gana como en el sueño anarco-capitalista de Milei, hace que cada año perdamos millones de horas atrapados en el tránsito. Qué más trabado que una arteria limeña en hora pico. La congestión agrava la contaminación ambiental, haciendo de Lima una de las ciudades con peor calidad del aire de Latinoamérica. Los que más la sufren son los conos, distritos alejados donde vive la gente más pobre: San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Carabayllo o Vitarte –sucede que el viento empuja el polvo y las partículas hacia los cerros, ahí donde se asienta el casi millón de limeños sin agua ni desagüe en casas precarias, y que pueden demorarse dos o más horas hasta llegar a su trabajo o a un hospital con atención especializada de salud. En el trayecto, deberán enfrentar múltiples puntos donde están al acecho los robadores de celulares, el que asalta a punta de pistola o simplemente arrancha la cartera a una mujer (o la agrede sexualmente)–.

¿Es un Estado sobrerregulador, unas empresas estatales terribles, una burocracia que traba todo lo que entrampa nuestras ciudades? ¿Necesitamos un shock ‘libertario’? El problema es que ya lo tuvimos con Alberto Fujimori en 1992 y por eso estamos tan mal. Gracias a la privatización extrema del fujimorismo, con desregulación absoluta del transporte urbano, no tenemos a nadie en el Estado preocupándose de manera seria por el transporte, la contaminación ambiental o el ordenamiento territorial en las ciudades. Gracias a eso, el “libre mercado” y la “libertad avanza” saca sus garras y muestra sus espantosos resultados.

Si uno compara Lima con otros centros urbanos de Latinoamérica, la diferencia es notoria. Carecemos de una reforma del transporte que lo ordene y modernice mínimamente. Una red inteligente de semáforos podría hacer mucha diferencia y está fácilmente a nuestro alcance. En vez de eso, nuestro alcalde de derecha ultramontana retrasa la línea 2 del metro mientras nos endeuda hasta el cuello para una lista de lavandería de puentes que simplemente se le ocurrieron en algún sueño y de los cuales no hay estudios ni responden a plan alguno. Tampoco tenemos nada parecido a una planificación del desarrollo urbano.

La zonificación, lo más básico de cualquier regulación urbana, es cambiada en favor de algunos sinvergüenzas, como –según lo ha establecido la Contraloría– hicieron las hoy congresistas Norma Yarrow y Martha Moyano para favorecer al vocero de fujimorismo Miki Torres por un valor de varios millones de dólares, imponiendo megaedificios sobre barrios residenciales.

Mientras nuestros “líderes” se preocupan por sus bolsillos y los de sus amigotes, en los márgenes de las ciudades la supervivencia y la necesidad termina en manos de las mafias invasoras de terrenos, generando un 70 por ciento de una informalidad ingobernable y una inseguridad creciente.

La economía urbana requiere un empujón que reactive el mercado interno, junto a una iniciativa de gran amplitud para elevar la productividad de cientos de miles de pequeñas empresas, promoviendo tecnologías y nuevas cadenas de valor, así como una nueva mirada industrializadora. Pero sin ciudades vivibles, ordenadas y seguras, nuestra economía no podrá despegar ni nuestra calidad de vida podrá mejorar. Necesitamos una política urbana que con visión estratégica planifique Lima y las ciudades, haga las reformas del transporte y establezca políticas de vivienda y regulación del uso del suelo urbano en aras del bien común. Para estos dos grandes cambios, las nuevas tecnologías nos permiten muchísima información, que hoy es recogida desde cada uno de nuestros celulares y al ingresar a las redes sociales, y que se pueden juntar con la que proviene de los satélites. Sé que hay muchos retos por delante, algunos muy difíciles, pero abordar el serio entrampamiento de nuestras ciudades es uno de esos impostergables.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 691 año 14, del 21/06/2024

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Perú: El poder económico ya no es lo que era

Humberto Campodónico

"Los peruanos que viven y trabajan en economías ilegales son 5 millones. Hoy son un poder económico que busca apoyo y reconocimiento político en las regiones y a nivel nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo”.

En las últimas semanas, se ha dado una serie de opiniones acerca de la situación que atraviesa la economía peruana. El punto de partida es el bajo crecimiento en los últimos años, que ronda en promedio alrededor del 2.5% del PBI –con una tasa negativa de -0.6% en el 2023–, lo que va a continuar en los próximos años.

El tema de fondo es que así el Perú no va a superar el índice de pobreza, que afecta al 29% de la población y, lo más probable es que siga aumentando. Tampoco va a bajar la tasa de informalidad, que alcanza al 74% de la masa laboral, con bajísima productividad. Recordemos que incluso con el superciclo de altos precios de las materias primas, la informalidad apenas si bajó dos puntos porcentuales.

La discusión se ha ido elevando de tono. Hace poco se ha dado a conocer que este año el Perú ha tenido el peor Índice de Competitividad de su historia. Y también se ha conocido la carta que la OCDE le dirigió al primer ministro Otárola, donde le advierten que no debe promulgarse la ley que debilita la colaboración eficaz, la misma que, sin embargo, fue aprobada por insistencia por el Congreso en marzo de este año.

Uno de los temas en discusión es, justamente, el carácter de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y esta es una relación de necesidad y apoyo mutuo. Ambos desean quedarse hasta el 2026. ¿Eso es subordinación o pacto? Decida el lector.

Según Ojo Público, de las 547 normas promulgadas desde 2021, al menos 107 fueron aprobadas por insistencia del Parlamento. Solo en 2023 se promulgaron 57 leyes con ese mecanismo. Hasta hace poco, el Ejecutivo “observaba” una que otra iniciativa legislativa del Congreso. Pero en los últimos tiempos se ha “sacado la careta”, como en el caso del retiro de fondos de las AFP, que no fue “observada”.

Si las supuestas discrepancias entre ambos poderes del Estado (que siguen teniendo “su” objetivo común) tuvieran raíces programáticas, es decir, de maneras distintas de entender al país, podría decirse que esas son las reglas de juego democrático y hay que respetarlas. Pero eso no es así. Varias iniciativas legislativas están orientadas a satisfacer intereses particulares que salen y/o debilitan el marco legal vigente (explosivos para la minería ilegal; debilitar la colaboración eficaz, ya mencionada; legalizar la tala ilegal y el cambio de uso de suelos que contamina el ambiente), entonces, eso es otra cosa. Si el Ejecutivo las acepta, va por ese mismo camino.

Sucede que el poder económico en el país está cambiando. Y esas nuevas relaciones de poder son las que se están viendo. Y ese cambio no solo se produce en los ámbitos de la economía formal que todos conocemos, uno de cuyos signos es la aparición de nuevos grupos económicos, lo que se visibiliza con la posible candidatura de Carlos Añaños en ‘Perú Moderno’. También se aprecia en la economía informal (que tiene el 19% del PBI) y en las economías criminales y delictivas ya analizadas (1).

Diferentes tipos de poder

Las relaciones y las influencias que puede tener el poder económico han sido siempre materia de análisis y estudio. Un reciente libro de Durand, Crabtree y Wolff (2) identifica tres tipos de “poder económico tradicional”, lo que aplican para Ecuador, Bolivia y Perú en los últimos 50 años.

En primer lugar, está el poder estructural, vale decir, la capacidad de las élites económicas para influir en las decisiones del Estado a partir de su peso en la economía y de sus decisiones de inversión (o no inversión). En segundo lugar, viene el poder instrumental, es decir, las maneras en que las empresas expresan sus intereses, lo que generalmente se realiza a través de sus voceros empresariales. En tercer lugar, viene el llamado poder discursivo, mediante el cual se influye en los patrones de formación de opinión pública y en sus bases ideológicas, de modos que van mucho más allá del Estado, pero que, a su vez, influyen en la política estatal.

Los autores concuerdan en decir que en el Perú la influencia del sector empresarial ha sido mucho mayor que en Ecuador y Bolivia, países donde ha habido espacios de poder compartidos con otros actores económicos, sociales y políticos. Y ese poder ha sido más pronunciado aún en los momentos del auge económico (impulsado por el superciclo de altos precios de las materias primas).

Lo que está en debate es si esas tres formas de influencia del poder económico tienen (o no) vigencia en el contexto actual, nacional e internacional (“slowbalization”). La propia OCDE, en su Informe Económico 2023 sobre el Perú, dice: “El prolongado episodio de desaceleración económica muestra que los anteriores motores del crecimiento –una PEA en expansión, la acumulación de capital y el sector exportador de materias primas– resultan insuficientes para sostener un mayor progreso socioeconómico”. Y agrega que hay que realizar reformas distintas a las anteriores, orientadas, entre otras, a la diversificación productiva, para garantizar un marco de condiciones favorables.

Otro tema, varias veces analizado acá, es también que hay una gran proporción de la población peruana que vive y trabaja en las economías ilegales, lo que llega los 5 millones de personas. Y buena parte de esas actividades tiene poco que ver con la economía formal, como es el caso de la minería ilegal (que ya exporta US$4,000 millones anuales, como lo consigna el BCR), el contrabando (la “culebra” en Puno), la tala ilegal y la deforestación (que promueve el cambio de uso de suelos en la Amazonía). Y también tiene poco que ver con el mercado interno porque la demanda proviene de circuitos internacionales delictivos (que compran en dólares).

Es aquí que aparece el tema del Estado fallido, que se ha comenzado a mencionar en el Perú. Hay numerosas acepciones. Una de las más comunes es que dicho Estado no puede garantizar el funcionamiento de la administración general, garantizar el acceso a servicios básicos y establecer la ley y la seguridad sobre el terreno que es de su competencia. Las características nos son familiares. Y se puede también agregar el grado extremo de polarización y enfrentamiento entre dos o más sectores de la población y de la política. Pero eso no alcanza, hoy, para una afirmación tan grave. Debe servirnos, sí, para evitarlo.

Para terminar, estamos no frente a un solo poder económico tradicional, sino frente a otros sectores empresariales que ascienden (los llamados otros 12 apóstoles), amplios sectores que operan en la economía formal y que quieren sus propias leyes (desde nuevas universidades hasta colectiveros), amplios sectores informales que están al margen de la ley (pero no son delincuentes) y economías ilegales y delictivas con poder económico que buscan apoyo y reconocimiento político en las regiones y a nivel nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.

Hemos pasado de ser el “Jaguar de América” (que en verdad nunca fuimos) a un país fuertemente fracturado. Se necesita un golpe de timón.

1) El Perú se ha lumpenizado, La República, 17/11/2023
2) Estado y poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú. Un estudio comparativo, PUCP, 2024.

https://larepublica.pe/opinion/2024/06/21/el-poder-economico-ya-no-es-lo-que-era-por-humberto-campodonico-1736364

https://www.leerydifundir.com/2024/06/peru-poder-economico-ya-no-lo/

Alrededor de 181 millones de niños tienen dificultades para acceder a dietas nutritivas

Naciones Unidas

La inflación, unida a la desigualdad, los conflictos y la crisis climática han llevado a los menores a una pobreza alimentaria, según la agencia de la ONU para la infancia.

En medio de las crisis mundiales de conflictos y desastres naturales, millones de niños menores de cinco años tienen dificultades para acceder a dietas nutritivas y diversas, necesarias para su desarrollo según revela el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Esta agencia de la ONU publicó el jueves un nuevo informe que pone de relieve los alarmantes niveles de pobreza alimentaria infantil debidos a la desigualdad, los conflictos y las crisis climáticas.

El informe advierte que los precios de los alimentos y el coste de la vida han alcanzado niveles récord mientras los países siguen recuperándose de los efectos de la pandemia del COVID-19.

Harriet Torlesse, especialista en nutrición de UNICEF y redactora principal del informe, afirmó que uno de cada cuatro niños del mundo sobrevive con dietas extremadamente pobres, consumiendo sólo dos o menos de los principales grupos de alimentos.

“Para un niño de Afganistán, por ejemplo, eso significa sólo un poco de pan o quizá leche en todo el día, y casi con toda seguridad nada de verduras ni frutas, ni buenas fuentes de proteínas”, declaró a Noticias ONU antes de la presentación. “Y esto es muy preocupante porque estos niños no pueden sobrevivir con dietas tan pobres”.

Millones de afectados en todo el mundo

Según el informe, el 65% de los 181 millones de niños del mundo que sufren pobreza alimentaria infantil residen en 20 países: unos 64 millones se encuentran en Asia meridional y 59 millones en África subsahariana.

Además, casi la mitad de los casos están relacionados con hogares en los que destaca la pobreza de ingresos.

Sin embargo, hay muchos otros factores que alimentan esta crisis, como “los sistemas alimentarios que no proporcionan a los niños opciones nutritivas, seguras y accesibles, la incapacidad de las familias para permitirse alimentos nutritivos y la incapacidad de los padres para adoptar y mantener prácticas positivas de alimentación infantil”.

Unos países progresan mientras que otros empeoran

Más de la mitad de los niños de Somalia sufren pobreza alimentaria infantil en medio de conflictos y desastres naturales.

Del mismo modo, en la Franja de Gaza, nueve de cada 10 niños se enfrentan a altos niveles de pobreza alimentaria mientras continúan los combates.

“Esto demuestra el terrible impacto que el conflicto y las restricciones están teniendo en la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños, y la velocidad a la que esto pone a los niños en riesgo de desnutrición potencialmente mortal”, señala el informe.

Sin embargo, explicó que otros países que se enfrentan a sus propias crisis, como Burkina Faso, redujeron significativamente sus niveles de pobreza alimentaria infantil. Burkina Faso ha reducido a la mitad el número de casos.

“Esto demuestra que, con el tipo de acción adecuada, los países pueden progresar, incluidos los países de bajos ingresos”, afirmó Torlesse. “[Estos países] han hecho un esfuerzo deliberado para mejorar el suministro de alimentos nutritivos locales, ya sean legumbres u hortalizas o aves de corral”.

Llamamiento a los gobiernos

UNICEF invocó para que se tomen medidas a fin de que los alimentos nutritivos sean más accesibles para los niños pequeños, se activen los sistemas de protección social para abordar la pobreza de ingresos y se aprovechen los sistemas de salud para prestar los servicios de nutrición necesarios para ayudar a los niños.

Hacemos un llamamiento “a todos los gobiernos, aliados para el desarrollo y humanitarios, para que actúen ahora y den prioridad a las acciones para acabar con la pobreza alimentaria infantil”, dijo Torlesse. “Debemos posicionar la eliminación de la pobreza alimentaria infantil como un imperativo político, en particular para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la desnutrición”.

Añadió que es importante que se refuercen los sistemas de salud para que puedan asesorar y apoyar a las familias sobre cómo alimentar a sus hijos.

“No hay ninguna razón para que los niños crezcan en la pobreza alimentaria infantil”, expresó Torlesse. “No cuando conocemos las consecuencias para la capacidad de los niños de crecer y prosperar, y especialmente no cuando tenemos las soluciones y sabemos lo que funciona”.

https://news.un.org/es/story/2024/06/1530356?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=39530e9c8c-EMAIL_CAMPAIGN_2024_06_06_03_53&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-39530e9c8c-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

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Perú: “Necesitamos repensar nuestro modelo económico hacia un modelo distinto”

Eduardo Zegarra   (Entrevista Enrique Patriau)

¿Cuál es la relación entre las cifras de la pobreza y la crisis política que atravesamos desde hace años? El economista e investigador Eduardo Zegarra responde en la siguiente entrevista. Argumenta que se necesita un nuevo modelo económico, porque el actual se agotó.

— ¿Hay una relación entre la pobreza y la crisis política-institucional?

—Yo creo firmemente que sí. Desde que la señora Fujimori no aceptó su derrota en el Gobierno de Kuczynski, estamos en una crisis política que ha contribuido de manera significativa al deterioro de las condiciones económicas del país, a varios niveles. La inestabilidad hace menos atractivo invertir, pero, también, ha contribuido en el deterioro grave de la gestión pública. La rotación de ministros es astronómica. El Congreso genera permanente inestabilidad institucional, interfiere en una serie de decisiones importantes, interfiere en el Poder Judicial. Esta crisis permanente sí es atribuible a la situación política. Si vemos a los países vecinos, están logrando volver a las cifras pospandemia.

— La presidenta Boluarte dijo que la culpa de las cifras de la pobreza es por las marchas contra su Gobierno, a las que acusó de ser más destructivas que la Covid-19. ¿Qué piensa?

—Ya hay especialistas que han señalado que no se puede atribuir el fuerte aumento de la pobreza solo a las protestas sociales. El propio Banco Central de Reserva ha hecho un cálculo y le atribuye solo una parte marginal del deterioro económico a ese tema. Los asuntos centrales son el tema climático que ha afectado gravemente a la agricultura y ha elevado el precio de los alimentos, la recesión que se ha agudizado y que ha sido mucho más pronunciada en el segundo semestre —por tanto, lo que pasó en el primer semestre no parece haber tenido el que la presidenta pretende atribuirle— y la ausencia total de manejo y de políticas para revertir la situación. El Gobierno no ha podido enfrentar la sequía en la agricultura, no fue capaz de generar algún esquema de compensación para las familias más vulnerables y no fue capaz de reactivar la economía. El Plan Punche Perú no funcionó, prácticamente no generó ningún efecto. Y además la política monetaria restrictiva del BCR, al subir las tasas de interés para frenar la inflación, también tuvo un efecto recesivo. Hay varios elementos que indican que lo que pasó el año pasado es una configuración compleja.

— ¿De malas decisiones?

Es una parte de malas decisiones o de ausencia de decisiones de un Gobierno al que no le interesa el tema. La gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es un ejemplo. Se ha deteriorado gravemente la calidad y la capacidad de llegar a las familias más vulnerables. Y en política económica no hubo un plan de reactivación serio. Tenemos un Gobierno que se ha dedicado básicamente a sobrevivir.

— Hasta ahora lo ha conseguido.

Sí, porque la mayoría en el Congreso quiere que la señora Boluarte llegue hasta el 2026 o que por lo menos su periodo se extienda hasta que puedan cumplir su agenda particular.

— Habrá que ver hasta cuándo al Congreso le conviene seguir de la mano con un Gobierno con resultados tan pobres.


—Sí, pero es difícil saber si al Congreso le interesa su total descrédito, el repudio general.  Pareciera que no le interesa mucho. Obviamente, en la medida que se acerquen elecciones, eso puede cambiar. Por ahora creo que tienen la esperanza de lograr en los próximos meses el control de los organismos electorales para hacerse del poder sin tener que competir.

— ¿Cómo se explica que un país que supo tener altos niveles de crecimiento esté como esté en estos momentos?

—Yo pienso que el modelo económico que tenemos ya presentaba estos problemas desde hace tiempo. Lo que está pasando ahora no ha sido solamente causado por los últimos malos gobiernos y la crisis política. Ya había una falla de origen en el modelo económico.

— ¿Había un desgaste?

—Había un desgaste. Es un modelo económico que tiene dificultades para generar suficiente empleo de calidad, que no tiene suficiente diversificación, que está muy sometido a intereses particulares, en el sentido de que diversos sectores de la economía formal, informal e ilegal se han organizado para extraer rentas y no generar desarrollo económico. Cuando llegamos al 2020 y vimos que solo había 100 camas UCI nos dimos cuenta de que estábamos en un país que había generado un crecimiento económico interesante, pero que había fracasado totalmente en generar una red de protección social, de salud. A eso, súmele que nuestro sistema educativo también atravesaba una situación difícil, porque no habíamos dado un salto importante que sí dieron otros países para mejorar su competitividad. Desde los últimos años, cuando la señora Fujimori no aceptó su derrota, la parte económica se ha relacionado fuertemente con la parte política.

— ¿Se acabó la teoría de las cuerdas separadas?

—Eso es muy importante. Casi ningún economista cree que son cuerdas separadas. Lo vemos con mucha claridad. La crisis política golpea no solo la confianza de los inversionistas como nos dicen. Golpea fuerte a las instituciones, a la capacidad de gestión, genera altísimos niveles de corrupción.

— Cuando he hablado de esto con otras personas que tienen una posición política diferente —a usted se le identifica más con el centro izquierda— la respuesta es que el modelo hizo su trabajo, que otra cosa es la corrupción, la gestión de los recursos o las malas decisiones en las elecciones. ¿Qué responde?

—La economía en general es un proceso para generarle bienestar a la población. El modelo económico no es solo la inversión privada. Es un sistema mucho más amplio en el que se generan bienes públicos y privados, donde la gente logre mejorar su calidad de vida, ahorrar, desarrollarse. Cuando se evalúa a un modelo económico hay que evaluar el conjunto…

— ¿Integralmente?

—Integralmente. La economía no puede estar separada de la vida de la gente. Si el modelo económico no es capaz de generar condiciones de bienestar y nos deja un país con dos tercios de peruanos en pobreza o vulnerables, sin un sistema de salud mínimo, con un nivel de educación gravemente afectado y en crisis institucional, entonces no se puede seguir hablando de cuerdas separadas. También es cierto que las élites económicas no se han preocupado de enfrentar los problemas de la clase política. Se les ha dejado el poder político a sectores ligados con intereses ilegales y mafiosos. Parte de la responsabilidad es de toda la sociedad, claro, pero, también, de las élites económicas que se benefician de ese modelo económico. Los peruanos necesitamos repensar nuestro modelo económico hacia un modelo distinto. Sí hay cosas por rescatar del modelo vigente, como la estabilidad macroeconómica.

— Eso ya lo aprendimos.

Sí, pero ya ni siquiera eso respeta el Gobierno actual, porque hay reglas fiscales que se incumplen cuando un actor político poderoso solicita que se incumplan (Rafael López Aliaga). Ya incluso esas supuestas ventajas del modelo económico vigente ni siquiera le interesan al sector gobernante. Gracias al actual Gobierno, queda poquito de un modelo económico que respetaba y planteaba reglas claras para atraer la inversión, cumplir las leyes, respetar los derechos de propiedad. Estamos en un país donde cualquier cosa puede pasar en lo político, en el Poder Judicial. Creo que lo que toca ahora es formar una coalición de Gobierno, amplia, que plantee la necesidad de un nuevo modelo económico, no entendido como una nueva Constitución, no como un eslogan, sino respetando aspectos positivos del modelo vigente y con cambios fundamentales en protección social, salud, educación y medio ambiente, donde tenemos serios problemas. La ley antiforestal es una de las mayores barbaridades que ha hecho este Congreso y la Confiep, que ha sido el principal lobbysta.

— ¿Qué tipo de coalición?

—No solo de izquierda y centro, también incorporando sectores de centro derecha con una visión de futuro y democrática.

— ¿Ya no estamos para batallas ideológicas?

—Las batallas ideológicas son importantes, pero cuando están en juego valores esenciales, cuando las mafias tomaron las instituciones y descaradamente defienden sus intereses personales, es un momento de formar una coalición distinta, de Gobierno, no solo para hacer comunicados, sino para una etapa distinta. Casi hemos tocado fondo. Es responsabilidad de la clase política, de la que cree que puede haber desarrollo en democracia, ponerse de acuerdo en ciertos temas para que el país pueda elegir una opción que no sea solo el voto antifujimorista. Necesitamos una opción de cambio que vaya mucho más allá de una polarización en la que llevamos años. Eso es algo que no hemos aprendido en el Perú, que los miembros de una coalición respeten diferencias ideológicas, pero, al mismo tiempo, se pongan de acuerdo en temas fundamentales.

“Los que estaban en pobreza se han empobrecido más”

— Las recientes cifras de la pobreza confirman una situación muy difícil. ¿Cuánto tiempo nos tomará volver a las cifras previas a la pandemia?

—Efectivamente, el panorama es bastante complicado. En un año que ya es pospandemia estamos teniendo un aumento significativo de la pobreza. No solo eso. Aumenta la profundidad de la pobreza. Es decir, los que ya estaban en pobreza se han empobrecido más. Hay 10 millones de peruanos en pobreza, casi dos millones en pobreza extrema, pero, usando una definición importante del INEI, casi 20 millones de peruanos estamos en situación de vulnerabilidad. Es decir, casi dos tercios de la población peruana se encuentra en una condición de vulnerabilidad económica.

— Podrían caer en la pobreza en cualquier momento.

—Claro. Son cifras muy graves. Además, no corresponden solo a lo que ha pasado el último año, el problema es estructural y no se ha atendido de manera seria, ni por las políticas públicas ni por la manera en la cual en el país estamos entendiendo cómo debe ser el crecimiento económico. Si podemos volver a la situación prepandemia, dependerá de lo que pase en los siguientes años, si saldremos de la crisis política.

— El ministro Demartini, del Midis, dijo que ellos incrementaron los presupuestos en los programas sociales. ¿Es suficiente eso?

—Los programas sociales ayudan a reducir la pobreza, pero no es lo principal. Lo principal son más empleos e ingresos para la gente, lo que se asocia a un mayor crecimiento. Se ha demostrado que un crecimiento mayor al 5% está asociado con reducir pobreza. Yendo a su pregunta, tenemos todos los días denuncias sobre el pésimo manejo de Qali Warma, uno de los programas centrales, que se centra en la alimentación de los niños más vulnerables. Está a la deriva. No se han podido comprar los alimentos necesarios en el primer trimestre. Entre 50 y 60% de niños que recibían alimentos no los reciben ahora. Lo de Qali Warma es un escándalo. Hace mucho que no se veía este nivel de incapacidad y, posiblemente, corrupción. ¿Cómo Demartini va a decir que están actuando si ni siquiera un programa fundamental puede mostrar un nivel mínimo de eficiencia? Juntos sigue funcionando porque es una transferencia bancaria, pero otros programas como Qali Warma, Cuna Más…

— Que exigen un esfuerzo logístico mayor.

—Así es, están demostrando a un Gobierno incapaz, en el mejor escenario. Y en el peor, con serios problemas de corrupción.

https://larepublica.pe/politica/2024/05/25/eduardo-zegarra-necesitamos-repensar-nuestro-modelo-economico-hacia-un-modelo-distinto-economia-crisis-politica-pobreza-1045776

https://www.leerydifundir.com/2024/05/peru-necesitamos…-modelo-distinto/

Perú: La fujiderecha y el estercolero

Ronald Gamarra

Todos los indicadores imparciales, respetados internacionalmente, coinciden en señalar el grave deterioro sostenido que sufre nuestro país en general. Esto es el resultado de la gestión desastrosa del actual gobierno y del que lo precedió. Los responsables tienen nombre y apellido y se llaman: Pedro Castillo, Dina Boluarte y la mayoría congresal fujiderechista que es el verdadero poder en el país desde hace año y medio, entre los cuales descuella Keiko Fujimori, responsable directa también del caos político que se desató en el país desde que, en el año 2016, como mala perdedora ante PPK, decidió abrir la envenenada caja de Pandora de la vacancia presidencial y nos dio seis mandatarios en igual número de años.

Para empezar, nuestro país ya no es considerado internacionalmente como una democracia, sino como un régimen híbrido. Existen las democracias plenas y las democracias defectuosas, imperfectas. El Perú estuvo entre estas últimas hasta el 2021. En el 2022 perdimos la categoría y pasamos a ser un sistema bastardo, es decir un estado que se encamina a un régimen autoritario, una predictadura, donde las formas democráticas pierden cada vez más contenido. Este proceso se ha acelerado con la administración actual, instaurada hace año y medio por la fujiderecha, como lo hace notar el análisis de la prestigiosa unidad de inteligencia de la revista “The Economist”, cuya histórica orientación de derecha es conocida públicamente.

En el ámbito de la macroeconomía, los indicadores internacionales confirman lo que los peruanos sienten en el día a día. Hace 12 años, nuestro país obtuvo lo que se denomina el “grado de inversión”, una calificación técnica que significa que el país ofrece indicadores macroeconómicos muy positivos, que lo hacen confiable para invertir en él y, por ejemplo, le abaratan los créditos. Con Pedro Castillo bajamos de BBB+ a BBB (nos quitaron el +), pero con el gobierno actual de la fujiderecha y su títere Dina Boluarte hemos pasado de BBB a BBB- (con ominoso signo negativo), según la calificadora de riesgos S&P Global, revalidada por todas las demás calificadoras.

Si bajamos un escalón más, perdemos el grado de inversión, los bonos que emite el Perú para recaudar crédito se convierten en “bonos basura” y los intereses de nuestra deuda internacional subirán por las nubes. Estamos al borde. Esta es la hazaña de la fujiderecha que mangonea el país desde el estercolero que algunos insisten en llamar congreso.

La consecuencia más triste de la cuesta abajo de la economía nacional es el incremento de la pobreza en general y, lo que es aún más inaceptable, el crecimiento de la pobreza extrema, que significa no ganar lo suficiente ni siquiera para comer poco y mal. Esto ya había sido señalado por los organismos internacionales con respecto a nuestro país, pero esta semana el INEI dio a conocer sus propios cálculos, que coinciden con lo que ya se sabía en el extranjero. El gobierno de Dina Boluarte intentó ridículamente bloquear el anuncio.

Mientras los demás países de la región sudamericana han recuperado las cifras de pobreza anteriores a la pandemia, el Perú las incrementa y esto sucede específicamente en este gobierno de la fujiderecha congresal y su atenta servidora Dina Boluarte. Hoy hemos pasado de 19% de pobreza monetaria general a 29% (de un quinto a casi un tercio del país) y la pobreza extrema específicamente se ha disparado a casi 6%, es decir 2 millones de compatriotas. En 2019, la cifra de pobreza extrema era la mitad. La cifra actual incluso es superior a la pobreza extrema en el pico de la pandemia.

Capítulo aparte en la lamentable cuesta abajo de nuestro país es la hoja negra que ahora nos avergüenza en el ámbito del respeto a los derechos humanos, cosa que no sucedía desde los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori y su íntimo cómplice y operador Vladimiro Montesinos en la década infame de los 90. Entonces éramos conocidos en el mundo no solo por los actos de barbarie de la desquiciada organización terrorista Sendero Luminoso, sino también por los crímenes de las fuerzas del estado, llamadas a defender y cumplir la ley pero que cometían desapariciones forzadas, masacres de campesinos como las de Accomarca y Cayara, o matanzas en la propia Lima como las de Barrios Altos y La Cantuta.

Ahora tenemos, después de más de 20 años, nuevas masacres cometidas por las fuerzas de seguridad al servicio del estado, principalmente las perpetradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, que costaron la vida a no menos de 49 personas que protestaban en las calles contra la decisión de Dina Boluarte, propiciada por la mayoría fujiderechista del Congreso, de quedarse en el poder hasta el 2026. Entonces se disparó con armas y munición de guerra contra la gente que protestaba en Huamanga, Juliaca, Andahuaylas y otras poblaciones, incluida Lima donde, por ejemplo, un policía mató a un ciudadano disparándole una bomba lacrimógena a la cabeza a sólo tres metros de distancia. Hasta el momento, año y medio después de las masacres, no se ha avanzado prácticamente nada en las investigaciones, no hay ningún detenido y ni el Congreso ni Dina Boluarte han tenido el menor acercamiento o gesto hacia los familiares de las víctimas.

A todo lo anterior habría que agregar un sinnúmero de hechos, contrarreformas antidemocráticas, maniobras y actos delincuenciales cometidos por congresistas y el gobierno, que sería cosa de nunca acabar. Muchas, demasiadas, de esas “hazañas” de la fujiderecha congresal gobernante las vivimos en tiempo real, que en resumen significan la toma del poder en el Perú por una coalición de partidos que le han abierto las puertas de par en par al crimen organizado, que obtiene cada vez más ventajas legales, mientras desmontan a la vez, una tras otra, todas las instituciones democráticas para coparlas con gente a su servicio, dispuesta a cualquier legicidio.

Estamos en un momento decisivo en el que se juega la salvación del país, la preservación de lo bueno que se había avanzado y la corrección de lo que se hizo mal. No podemos resignarnos a convertirnos en una republiqueta dominada por políticos venales al servicio de intereses ilícitos. No podemos permanecer sin reacción y sin ganar las calles, como la mugre quiere. Ese estado de cosas que la fujiderecha pretende seguir imponiendo se contrapone a la promesa de la vida peruana. Nuestros hijos y nietos –bienvenido, querido Santiago– se merecen ese último y necesario esfuerzo de dignidad, decencia y compromiso.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 686 año 14, del 17/05/2024

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Perú: Derecha bruta y asesina

 

Pedro Francke

Fernando Cillóniz defiende públicamente eliminar el salario mínimo en el agro peruano. No les ha sido suficiente a los grandes agroexportadores que todos los trabajadores del Perú les estemos pagando sus contribuciones a la seguridad social. Luego de cincuenta muertos, los hacendados quieren sus pongos de regreso. Cillóniz, quien fuera gobernador de Ica por el fujimorismo y es ahora candidato presidencial de ultraderecha, es su vocero. Pero el gobierno de Boluarte está en la misma línea con sus ministros de economía y de trabajo, que argumentan nuevamente que “no es el momento” para subir el salario mínimo. ¿Cuándo lo sería? No lo dicen. Para el neoliberalismo defensor de grandes fortunas, nunca lo es. Dina Boluarte dijo el 28 de julio pasado en su mensaje presidencial que “pronto podamos anunciar al país el incremento del Sueldo Mínimo Vital, que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores”. Pero, como ya sabemos, traicionar compromisos es característica de su gobierno.

El congreso que gobierna tampoco ha movido un dedo para lograr que los trabajadores tengan un salario más justo. A los congresistas de Keiko, Porky, Acuña, Cerrón y compañía eso les importa un bledo. Que los trabajadores podamos acceder a una partecita de lo que es de nuestra propiedad –los fondos en las AFP y en la CTS– no es una solución. Tal medida reconoce que los salarios son demasiado bajos, pero no hace nada por mejorarlos. Vistos en la coyuntura política, la entrega de fondos de la CTS en el cien por ciento evidencia que se equivoca Arista cuando dice que el gobierno es débil. Lo que le falta entender es que quien gobierna con fuerza es el congreso derechista y no el ejecutivo genuflexo.

Revisemos las condiciones de los salarios en el Perú. Nos referiremos a lo que pagan a sus trabajadores las empresas formales, las grandes corporaciones a las cuales utilidades no les faltan. El ingreso real promedio del sector privado en los primeros meses de este año era 3 por ciento menos que en el 2022 y 6 por ciento menos que el 2019, cinco años atrás. La inflación se ha carcomido la capacidad de compra de unos salarios que se quedan atrás. El escaso dinamismo de los salarios en el Perú es tan notorio que mientras una discusión central en la macroeconomía de Estados Unidos y Europa es si los salarios suben más que los precios o no, para así analizar si pueden significar una presión inflacionaria, en el Perú ningún macroeconomista discute eso porque es obvio que los salarios están estancados.

Entre el 2018 y el 2023 México mejoró su salario mínimo real en 83 por ciento, Chile en 16 por ciento y Colombia en 10 por ciento. Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que ha ido como el cangrejo: el 2023 nuestro salario mínimo fue en términos reales, es decir en cuanto a su capacidad de compra, 9 por ciento menos que cinco años antes. Comparado con el salario promedio formal privado, el salario mínimo es sólo una tercera parte. En cuanto al argumento ideologizado de que lo mejor es el ‘libre mercado’, en el caso del trabajo esta teoría ya hace muchos años está totalmente desacreditada en la ciencia económica. Los trabajadores no somos cosas, el esclavismo ya acabó. Tenemos derechos y somos personas con sentimientos y voluntad. Prácticamente no hay país del mundo sin salario mínimo. Quienes dicen que es una tontería tenerlo deben pensar que estadounidenses, canadienses, franceses y alemanes tienen todos gobiernos estúpidos sin interrupción por muchas décadas.

Estadísticas internacionales (presentadas amigablemente en “OurWorldInData”) indican que en Perú los trabajadores reciben el 45 por ciento del producto bruto interno. En Chile ese porcentaje es el 65 por ciento, en Brasil es 63 por ciento, en Colombia 59 por ciento. Si los trabajadores peruanos recibiéramos el porcentaje del PBI que logran en Colombia, ganaríamos unos 150 mil millones de soles más cada año. Y si ese dinero no lo obtienen los trabajadores, ¿quién lo hace? Pues los grandes empresarios, claro. La principal razón de esta enorme diferencia contra los trabajadores en Perú respecto a otros países vecinos es la facilidad con que en el Perú se despiden trabajadores y de esa manera se impide el funcionamiento de sindicatos. Más de tres de cada cuatro trabajadores formales tiene contrato a plazo fijo, de tal manera que si se organizan y reclaman, simplemente se vence su contrato y chau. Incluso la empresa puede cortarles antes el contrato si le da la gana. Cero derechos a reclamar. El porcentaje de trabajadores formales con “contrato indeterminado”, no a plazo fijo, se ha reducido los últimos veinte años de 38 a 23 por ciento. Son cada vez menos. Esta realidad rige también en sectores donde predominan empresas enormes de miles de millones de dólares de capital y exportaciones. Por ejemplo, la gran minería opera mediante las llamadas “contratas”, con lo cual incluso cuando hay un accidente laboral la empresa principal se desentiende de su responsabilidad. La OIT ha señalado que la ley peruana viola los principios de la libertad sindical desde hace treinta años, cuando la impuso la dictadura fujimorista. El neoliberalismo y su congreso mantienen el agravio. Por eso la tasa de sindicalización en el sector privado en el Perú es de apenas 5 por ciento, bajísima, muy por debajo de países vecinos –en Chile es el triple, en Canadá 6 veces más–. El 2021 reinstauramos el derecho de los trabajadores públicos a la negociación colectiva que había sido negada por varios años violando convenios internacionales y la propia Constitución, pero con Boluarte cada año se recorta más el espacio fiscal para que pueda realmente darse este derecho.

Los salarios bajos, además de ser injustos, agravan la pobreza y la desigualdad. Afectan nuestro desarrollo de largo plazo, porque bajo esas condiciones les es más difícil a los trabajadores poder capacitarse e incrementar su capital humano. Sin ninguna estabilidad, además, pierden su inversión en conocimientos especializados, cuando los dejan en la calle cualquier día que luchen por mejores condiciones de trabajo. Con menos dinero a fin de mes se les hace más difícil a las familias populares dar una buena educación a sus hijos y asegurar su salud. Los trabajadores con bolsillos vacíos llevan a que el mercado sea chico, generando que los peruanos que salen a hacer su microempresa se enfrenten a una ‘calle’ muy dura.

Salarios misérrimos no son buenos para el progreso de un país. Los únicos que ganan con estos salarios de miseria son los dueños de grandes agroexportadoras y mineras llenos de avaricia. Son esos bolsillos los que Cillóniz defiende, sin ningún proyecto nacional. Solo quieren que el ‘cholo barato’ siga siendo barato, y cuando los trabajadores reclaman, piden que les metan bala, como cuando en Ica y La Libertad salieron a protestar. Por eso han aplaudido los asesinatos de Dina. Derecha Bruta y Asesina. Así estamos

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 685 año 14, del 10/05/2024

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Perú: Pobreza, emprendedurismo y estancamiento crónico

Humberto Campodónico

“Perú, con el magro crecimiento actual, solo cruzaría el umbral dentro de 25 años, (sin considerar) las sombrías perspectivas de la economía mundial”.

El informe de pobreza monetaria del 2023 del INEI dará mucho que hablar. El Gobierno, con la presidenta a la cabeza, intentó censurarlo porque “no le gustaron las cifras”. Hay aquí un lado autoritario que no duda en pasar por encima del orden institucional vigente. Eso, justamente, revela su propia debilidad. Por eso trata de taparlas, como lo hace la cirugía estética.

La pobreza monetaria ha pasado de 27,5% al 29% de los peruanos. Son casi 10 millones cuyos ingresos no cubren la canasta básica de consumo de 1.784 soles por una familia de cuatro personas. La pobreza extrema alcanzó a casi dos millones de peruanos, cuyos ingresos no llegan a los 1.004 soles mensuales. Esto tiene que ver con la caída del PBI de -0,6% en el 2023, cifra que se suma al magro crecimiento de 2,7% del PBI en el 2022.

A esto se agrega que los no pobres vulnerables son el 31,4% de la población, o sea, 10,6 millones: no son pobres ahora, pero podrían volver a serlo en el futuro cercano. Si lo sumamos a la cantidad de pobres, llegamos al 60,4% de los peruanos (29+31,4).

Vayamos al análisis

La mayoría de economistas y opinólogos nos dicen que la solución para disminuir la pobreza es lograr mayores tasas de crecimiento. Ciertamente ello incide en su disminución. Pero se habla poco del hecho que la mayoría de pobres en el Perú engrosan las filas de la informalidad, es decir, de condiciones de precariedad: no tienen ingreso asegurado, CTS, vacaciones, ni pensión alguna. El 74% de los peruanos vive en la informalidad.

Se dice también que los altos costos de la formalidad desalientan a las micro y pequeñas empresas, que prefieren quedarse en la informalidad para no incurrir en pagarlos. No es así. Existen leyes específicas que establecen regímenes tributarios especiales que disminuyen las cargas laborales y tributarias.

Hay también quienes afirman que los peruanos han optado por emprendimientos particulares, pues están convencidos que sus iniciativas y su propio esfuerzo les permitirán salir adelante. Esa voluntad tendría un fuerte tinte individualista y libertario que, además, “los hace dueños de su propio destino”.

Puede ser. Y están muy bien esos emprendimientos. Pero hay “datos duros” que nos dicen que esos ideales no son tan simples de cumplir ni tampoco que constituyen un patrón de comportamiento generalizado de las personas. Dice la Enaho del INEI que, cuando se les pregunta a los propios informales (urbanos y rurales) por qué se crean empresas informales, las respuestas son: el 57,9% por razones involuntarias (sobre todo por necesidad económica) y el 42,1% por razones voluntarias (obtener mayores ingresos y ser independientes). La mayoría no escogió ser informal.

El ‘emprendedurismo’ ha sido objeto de muchos análisis e investigaciones. Pero no existe una estadística acerca del éxito (o no) de sus emprendimientos. Pareciera, sin embargo, que, a pesar de los esfuerzos individuales, no son suficientes para salir de la pobreza y de la vulnerabilidad. Lo dice cada año el INEI. Entonces, ¿cuáles son las políticas a adoptar para los grandes porcentajes de peruanos que no tienen éxito en su emprendimiento y son pobres e informales? No lo sabemos.

El quid de la cuestión

Ni siquiera en la época del ‘superciclo’ de altos precios de las materias primas se logró una disminución sustantiva de la informalidad. Y una parte de esos informales ‘ha avanzado’ un escalón más hacia abajo: se han pasado a las actividades criminales y delictivas, que suben como la espuma.

Aquí aparece en toda su dimensión un tema crucial: el sector formal no logra generar la suficiente cantidad de empleos para absorber a la población económicamente activa del país. Y esto se debe al hecho que las políticas adoptadas han priorizado el ‘piloto automático’ del modelo económico.

Así, el Perú sale “jalado” en productividad. Nuestra productividad es muy alta en el sector minero, el sector financiero y electricidad y agua, pero que solo emplean al 2,4% de la población. Con productividad media vienen sectores que producen el 22,7% del empleo: la manufactura (8,9%), la construcción (6,2%) y el transporte (7,6%). Los sectores con menor productividad emplean al 75% restante: servicios, comercio y agricultura. La palabra empleo aquí es exagerada: debiera decirse “están ocupadas en esos sectores”.

Se trata entonces de diseñar políticas que prendan nuevos motores de crecimiento que permitan recortar la brecha productiva. Debemos hacer la transición al crecimiento impulsado, también, por las ventajas comparativas dinámicas, donde se pone el acento en la mejora de la calidad de los bienes que se producen en el país y aquellos que son exportados, es decir, en su contenido tecnológico y su valor agregado doméstico. No se trata de excluir a los ‘sectores tradicionales’, sino de entender que no existe una única bala de plata minera salvadora de la economía.

Es por eso que el crecimiento potencial del PBI de Perú ha bajado de 6% hasta el 2,5% anual en los próximos años. Corolario: las políticas que nos llevaron a ser países de Ingresos Medios Altos no son aquellas que nos conducirán a Ingresos Altos (13.600 dólares anuales per cápita).

Dice el FMI, con data elaborada para el Perú, que si seguimos como hasta ahora, nos quedaremos estacionados alrededor de los 6.430 dólares per cápita del 2016 durante décadas (ver gráfico actualizado por nosotros). Se puede apreciar cuánto demoraron algunos países (desde que llegaron a los 6.430 dólares) para superar el umbral de los Ingresos Altos (13.205 dólares per cápita). Corea del Sur y Taiwán lo cruzaron en 10 años (y siguen subiendo). Chile también lo cruzó en 10 años y no ha subido mucho más. México se demoró 27 años en cruzarlo.

Perú tiene ocho años y, con el magro crecimiento actual, solo cruzaría el umbral dentro de 25 años (y no hemos tomado en cuenta las sombrías perspectivas de la economía mundial).

Resumiendo

Las cifras de pobreza en el Perú reflejan una situación estructural de la cual no saldremos con el ‘emprendedurismo’ que tiene su propio camino y está bien que así sea (ya hasta tiene un partido). Podremos salir con la adopción de nuevas políticas.

Ciertamente, la coyuntura de malos gobiernos y congresos, así como la corrupción, han agravado la situación económica y se han extendido la informalidad y las economías delictivas. El problema es que el ‘establishment’ quiere mantener las mismas políticas económicas en piloto automático, dejando de lado el impulso a nuevos motores. Por tanto, nos vamos a quedar en el mismo sitio por muchos años.

Eso es, por ejemplo, lo que esencialmente propone el reciente pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas al Congreso: seguir tropezando con la misma piedra. Eso tiene que cambiar.

https://larepublica.pe/opinion/2024/05/10/pobreza-emprendedurismo-y-estancamiento-cronico-por-humberto-campodonico-538776

https://www.leerydifundir.com/2024/05/peru-pobreza-emp…camiento-cronico/

Perú: Se agrava la crisis económica

Pedro Francke

Standard & Poor’s, una de las principales clasificadoras de crédito del mundo, rebajó la semana pasada la deuda del Perú: estamos a un peldaño de perder el grado de inversión y que los bonos peruanos sean catalogados como ‘bonos basura’. Su evaluación de la perspectiva económico-financiera del Perú es como habernos rebajado la nota de 13 a 11: para los inversionistas internacionales estamos a un paso de salir jalados (para los peruanos, la gestión económica de este gobierno está bien jalada hace rato). Un congreso derechista y una presidenta defendida a capa y espada por la Confiep, incluso después de saberse que recibió Rolex y joyas en señal clara de corrupción, nos ha llevado a esta situación.

La decisión de S&P de ponernos al borde del “jalado” se da cuando los precios del oro y del cobre han tenido un alza impresionante, lo que llena los cofres de las trasnacionales mineras y deja como ‘chorreo’ una parte al tesoro nacional. Son fuertes vientos a favor del fisco, buena suerte que favorece la reducción del déficit fiscal. Pero eso no resulta suficiente porque el congreso derechista sigue regalando plata y se acumulan los problemas causados por este Tribunal Constitucional al regalar 12 mil millones de soles a las grandes empresas que han venido haciendo perromuerto por sus deudas tributarias.

De esta manera, el déficit fiscal se ha empinado hasta 3.3 por ciento del PBI y el ministro Arista ha declarado muy suelto de huesos que este año incumplirá la ley que establece un déficit máximo de 2 por ciento del PBI. Hay un problema serio en una democracia cuando un ministro dice en público que piensa violar la ley y ninguno de los llamados a defenderla mueve un pelo. Queda claro que Arista es parte del pacto de cogobierno entre Boluarte y el congreso y está blindado por la ultraderecha, con quien tiene una relación desde que fue ministro en el gobierno golpista de Manuel Merino y ha colaborado cercanamente con el vocero económico de Keiko Fujimori en las elecciones pasadas, Luis Carranza.

SALIDAS AL DÉFICIT

El aumento del déficit fiscal es parte del fracaso de una política económica de extrema derecha, que carga además con la responsabilidad de la recesión y empobrecimiento actuales. Cuando desde la izquierda asumimos la gestión de economía y finanzas con otro enfoque, los resultados fueron muy distintos.

Los datos están a la vista. El 2023, primer año del gobierno de Boluarte, el déficit fiscal subió de 1.7 por ciento a 2.8 por ciento del PBI, sobrepasando el tope legal establecido que era de 2.4 del PBI. Frente a esta situación a inicios de año se anunció una política de austeridad y mediante Decreto de Urgencia se cortó el presupuesto a diversos sectores, incluyendo las universidades públicas, por lo que San Marcos se ha declarado en emergencia. Pero al mismo tiempo el gobierno Boluarte aumentó el presupuesto del congreso en 50 millones de soles (permitiendo que los congresistas se suban 3,300 soles mensuales con efecto retroactivo), entregó 100 millones de soles a Oscorima y facilitó 1,400 millones de soles (adicionales a los 1,200 millones que ya había sacado) al alcalde López Aliaga para que los use sin restricciones cuando quiera. Se trata de decisiones tan insostenibles que el ministro de economía ha buscado justificarse diciendo que “el gobierno es débil”. El resultado a marzo de 2024 es un déficit que ya subió hasta el 3.3 por ciento, casi el doble del que recibió Boluarte a fines del 2022.

Para comparar con una política de izquierda democrática, podemos contrastar esos resultados con los que obtuvimos en nuestra gestión de economía y finanzas entre julio y diciembre del 2021. Revisemos las cifras oficiales del BCR. El año 2020, debido a la pandemia, el déficit fiscal fue 8.9 por ciento del PBI. Logramos reducir el déficit del 2021 en más de 6 puntos. Dejemos claro que eso se logró en la segunda mitad de ese año; a fines del gobierno Sagasti la proyección del déficit auditada por el Consejo Fiscal era de 5.4 por ciento del PBI, pero en solo cinco meses rebajamos a menos de la mitad de esa cifra. Gracias a eso en noviembre del 2021 pudimos vender 1,000 millones de bonos en euros a una tasa de menos de 2 por ciento anual a quince años de pago; López Aliaga nos hará pagar a los limeños 10 por ciento anual a diez años.

¿Cuál fue la fórmula para lograr este resultado? No fue quitarle presupuesto a la educación, la salud ni nada por el estilo; por el contrario, logramos que la vacunación contra el Covid tuviera amplia cobertura, que la inversión pública ese año aumentara en 36 por ciento y que la inversión privada batiera récords, que se pagara 1,200 millones de soles a los maestros y que se empezara a pagar pensiones a quienes habían aportado 10 años a la ONP. Lo que se hizo fue cobrar las deudas tributarias a las grandes empresas por 7 mil millones de soles y junto a ello reactivar la economía, con lo que en total recaudamos ese año 48 mil millones más que el 2020 y 30 mil millones más que el 2019. La política fue más justicia fiscal, más recursos para la salud y la educación y más inversión, en vez de seguir permitiendo los abusos de los grandes evasores y acogotando a la educación pública.

El gobierno hoy propone cobrar el IGV a los servicios digitales del exterior, lo que se ha llamado popularmente ‘impuesto Netflix’. Pero es una medida aislada que no cubriría ni para la décima parte del exceso de déficit que tenemos. Lo que hace falta es una reforma tributaria consistente. Hoy con el cobre a 4 dólares con 60 centavos la libra y el oro encima de 2 mil dólares la onza, subir la contribución en 3 puntos para captar las sobreganancias de las grandes mineras permitiría contar con 4 mil millones de soles anuales adicionales para la educación, la salud y las obras públicas. Chile, Colombia y otros países ya subieron las tasas impositivas al sector minero y en comparación el estudio del FMI nos permite estar seguros de que no perderíamos competitividad. Otra reforma indispensable es subir el impuesto a las rentas de capital. Hasta un organismo favorable al capital trasnacional como el FMI considera injusto un sistema tributario que exige a una mediana empresa o a un trabajador hasta 30 por ciento de sus ingresos, pero le pide apenas 5 por ciento de impuesto a quien heredó edificios o acciones y recibe por ello millones, como sucede en el Perú.

La derecha que nos gobierna es fiscalmente irresponsable y ahoga la educación pública mientras otorga generosas dádivas a los amigotes. Este camino solo agrava la crisis económica en que nos encontramos. Hay que abrir paso a una alternativa de justicia fiscal y reactivación de la economía de las mayorías populares.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 684 año 14, del 03/05/2024

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Perú: El cuento del “tú sí puedes”

Pedro Francke

Casi todos hemos sido microempresarios, pequeños emprendedores o autoempleados en algún momento. Aunque en mis primeros quince años de vida laboral fui funcionario público en el Banco Central de Reserva, en los duros años de Alan García, a fines de los 80, complementaba ingresos haciendo taxi a la salida de la oficina. Desde esos años y en varias etapas pasé a buscar dinero extra haciendo estudios e investigaciones, persiguiendo concursos y fondos por aquí y por allá. Cuando opté por dejar el BCR y ser docente universitario, también complementaba ingresos haciendo trabajos para diversas instituciones, nacionales e internacionales, muchas veces haciendo dos o tres chambitas a la vez. Lo cierto es que estar cachueleando y buscando nuevas formas de ganar dinero no es nada raro para un peruano. Yo también he sido, y de alguna manera sigo siendo, microempresario del autoempleo.

El asunto es que para sobrevivir y buscar caminos de progreso, los peruanos y peruanas somos ingeniosos y trabajadores, nos la vamos buscando por aquí y por allá. No nos queda otra. Hay negocios que tienen un espíritu propio y no es fácil conciliar lo económico con los principios. Que este semanario se haya mantenido vivo por 683 ediciones durante más de catorce años no es poca cosa. Su director, además, se ha dado tiempo para escribir varios libros y ahora complementa el semanario con un podcast. Vaya faena.

Este camino no es fácil y para la mayoría de peruanos y peruanas, no ha sido muy exitoso. Algunos micronegocios se mantienen a lo largo del tiempo, como los puestos del mercado, los taxis y el taller de mecánica automotriz de barrio: a menudo permiten a sus dueños mantener a sus familias, mejorar lentamente sus viviendas y pagar la educación de sus hijos. Difícilmente logran acumular mucho más. En esa historia seguramente han pasado momentos duros. La pandemia se trajo abajo muchos negocios, algunos ya nunca más abrieron, otros se reacomodaron como pudieron aunque las condiciones fueran más difíciles porque, al final de cuentas, alternativas casi no hay.

Siempre es posible, contra viento y marea, apostar por algo nuevo. Se sabe, sin embargo, que la mayor parte de microempresas sobreviven de uno a tres años (el 70% para ser precisos). Casi cualquier cosa que se piense, ya la están haciendo muchos, y si es algo nuevo, no es tan fácil llegar a un número de clientes suficientemente amplio para tener sostenibilidad. Además, ahora la situación parece particularmente complicada: a la recesión se suma la tremenda inseguridad ciudadana y un transporte urbano que nos consume la vida, todo agravado por un gobierno dictatorial, corrupto e inepto, donde Congreso, Dina y Porky van de la mano muy felices. Por eso el fracaso no es, en este mundo de microempresarios, algo raro, y lamentablemente cuando sobreviene a menudo arrasa con los escasos ahorros apostados, afecta la autoestima y golpea las relaciones mejor consolidadas. Distinto es, claro, para quien es hijo de millonario y sabe que igual podrá mantener una vida llena de lujos, en especial si las grandes fortunas y herencias siguen sin pagar ningún impuesto.

EL MERCADO

Desde una mirada económica, la principal razón por la que hoy es tan difícil tener una empresa progresando es el mercado interno: la clave para cualquier negocio, mínimo o mediano, de sobrevivencia o con esperanza de progreso, es vender. Y la calle está recontradura porque la gente está misia. Hay miles de trabajadores de la industria y la construcción que no tienen chamba o que ya no hacen horas extras como antes. El gobierno aplica un ajuste fiscal mientras regala millones a las grandes empresas en exoneraciones tributarias (y a Oscorima). El salario se ha reducido fuertemente gracias a que la inflación se ha comido su valor real y las empresas no han ajustado los sueldos de la misma manera. Como recordaba Oscar Dancourt recientemente, “cuando hay inflación los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera”, sobre todo en Perú, donde los sindicatos tienen poca fuerza porque a cualquiera que reclama lo despiden sin más. Todo eso ha deprimido el mercado interno. Increíblemente, los grandes defensores de la “economía de libre mercado”, los que levantan el dedo acusador contra la izquierda, no se inmutan cuando el mercado está recesado y solo proponen que aguantemos hasta que los inversionistas privados se animen, cuando lo que hace falta es una política macroeconómica que levante la demanda, como está funcionando muy bien hoy en Estados Unidos.

Nos cuentan el cuento de que todos podemos ser muy exitosos. El “tú si puedes” nos lo repiten a cada rato. A millones de peruanos no les queda otra que intentarlo, porque ¿de qué vivirían si no? Pero es como si nos dijeran que en una carrera todos podemos llegar primeros. Algunos pueden llegar adelante, pero lo que no puede suceder es que todos lleguen primeros. Lo mismo sucede hoy en el reducido mercado limeño. No todos pueden tener gran éxito en sus ventas ya sea que se trate de restaurantes, de taxistas o de peluquerías, por el simple hecho de que no hay suficientes compradores con dinero en sus billeteras. La situación actual para los microempresarios en el Perú es algo parecido al “juego del calamar”: todos corren, pocos sobreviven, uno de cientos gana. Ese uno, claro, siempre es muy propagandizado. Son los billonarios, que cuentan con una gran empresa usualmente con una posición de monopolio y muy buenas conexiones con el poder político, adecuadamente engrasadas para que los favorezcan.

Estamos mal. Lo que necesitamos es una salida colectiva, nacional, con otra economía, que ponga el empleo y bienestar de los peruanos por delante. Pero Dina Asesina mató a una cincuentena de peruanos en las calles y hoy, apoyada por el congreso fujimorista, persigue hitlerianamente a quien se le oponga –esta semana tenemos los ejemplos de Harvey Colchado y Rudecindo Vega–. Entre la represión y el asco que dan quienes hoy dominan el congreso, acogotados por la necesidad de trabajar muchas horas para poner comida en la mesa familiar, muchos dejan de lado la necesidad de protestar y de salir en defensa de la democracia. Es entendible. No hay nada que reclamar ahí, que quede claro.

Algunos recuerdan esa frase del dictador Odría: “la democracia no se come”. Para quienes tenemos pensamiento social, una verdadera democracia es aquella que respeta determinados derechos de sus ciudadanos. Entre ellos, el derecho a la alimentación. Décadas atrás un famoso libro del premio Nobel de economía Amartya Sen demostró que las hambrunas generalizadas, en las que murieron millones de personas, sólo habían sucedido en ausencia de democracia. Así que, de alguna manera, la democracia sí da de comer. El problema en el Perú no es que seamos una excepción a esta regla: es que ya no somos una democracia.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 683 año 14, del 26/04/2024

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Perú: El FMI corrige al ministro de Economía

Pedro Francke

La economía peruana está en muy mal estado, por más que haya ministros, autoridades y bancos soltando “pastillitas para elevar la moral”. Pero eso no es novedad. Tampoco es noticia que los medios concentrados estén haciendo todas las morisquetas posibles para sostener el gobierno, dar más poder a los conglomerados financieros, privatizar el agua potable y hacer una reforma de pensiones favorable a las AFP. La sorpresa económica de la semana es, en realidad, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se distancie claramente de varias de las letanías que recitan repetidamente esos amigos de la Confiep.

Sorprende porque, como es sabido, si de algo no puede acusarse al FMI es de ser izquierdista, centrista o “caviar”. Es un organismo dominado por los Estados Unidos y Europa occidental que fue clave en la imposición del neoliberalismo en muchos países subdesarrollados en los años 90 y siguió en esa línea en las siguientes décadas. Pero, al menos a veces, sus técnicos tienen pensamiento propio y miran la realidad sin conflictos de interés tan directos como los asesores de grandes empresas que salen a los medios fungiendo de analistas independientes.

Empecemos por las perspectivas para el año: el MEF y el BCR insisten en que este año podríamos crecer 3 por ciento. El FMI proyecta un crecimiento de la economía peruana de apenas 2.5%. La diferencia no es poca; son 5 mil millones de soles menos de producción en el Perú. Sustenta esta proyección el FMI en que “solo se prevé una recuperación moderada del consumo y la inversión privada, puesto que la incertidumbre política continúa minando la confianza de los consumidores y las empresas”. Y eso que la misión del FMI visitó al Perú antes del escándalo de los Rolex y las penosas y evasivas respuestas de Boluarte y sus escuderos ministros.

El FMI también tiene una postura crítica frente a la política del nuevo ministro de economía, que es la austeridad fiscal. “Mejorar la orientación de la política fiscal también podría afianzar su credibilidad”, dice el documento del organismo internacional. El asunto es que mientras la ley dice que el tope de déficit fiscal este año es 2.0 por ciento del PBI, el déficit hoy está en 3.0 por ciento. Esta diferencia significa la friolera de 10 mil millones de soles. La razón principal del déficit es la baja y reducida recaudación tributaria en el Perú, que hoy es apenas 15,2% del PBI, mientras el promedio de los seis países grandes de Latinoamérica (entre los que nos encontramos) es de 28,5% del PBI y el de la OCDE es 34,1%. Lo más grave es que ya estábamos casi a la cola en cuanto a ingresos fiscales a nivel internacional y ahora estamos con dos puntos del PBI menos que hace un año, con la recaudación perforada por un tribunal constitucional que regaló 12 mil millones de soles a las grandes empresas y dio el mensaje a estas corporaciones que más les conviene no pagar y estafar al fisco que cumplir con el país.

A ello, este congreso le ha sumado otro “regalito” a los grandes exportadores de unos 2 mil millones de soles anuales por cinco años, que se recarga sobre los asegurados a EsSalud que tendrá todo este dinero de menos para comprar medicinas y equipos y contratar médicos que faltan a gritos. Ojo, el problema de este gran déficit no es el gasto público, que el año pasado se redujo en 1,1 por ciento del PBI: son los bajos ingresos.

Es evidente entonces que si nuestro presupuesto en salud, educación y carreteras es bajísimo, y el gasto público va cayendo porque el pago de impuestos de las grandes corporaciones y mineras se ha reducido, la solución debe ir por recuperar esos ingresos tributarios. Pero no. El gobierno va en dirección contraria y lo que quiere es cortar el gasto y la inversión pública. Por si acaso, aunque el gobierno habla de un posible “impuesto Netflix”, eso solo daría unos 150 a 200 millones de soles anuales frente a un hueco de 10,000 millones. Y no han dicho ni una palabra frente a las granjerías y beneficios regalados el año pasado, y por muchos años más, a los grandes empresarios. La prioridad del MEF está puesta en una política de “austeridad fiscal” que se promulgó hace poco mediante un Decreto de Urgencia.

¿Y qué opina el FMI de la política del MEF de reducir el déficit sólo mediante el recorte del gasto? Cita textual: “Sería preferible que la consolidación prevista tuviera una composición más equilibrada, habida cuenta de la relativa baja recaudación fiscal en Perú. Para incrementar los ingresos, las autoridades podrían considerar ampliar la tributación de la economía digital; armonizar las tasas de impuesto sobre la renta del capital y el trabajo; y reducir los beneficios tributarios sectoriales, los regímenes especiales y otros gastos tributarios”. Desmenucemos y traduzcamos del ‘economés’ al español. Por “reducir los beneficios tributarios sectoriales” se refiere precisamente a medidas tales como el regalo recién aprobado a los agroexportadores, entre los que se cuenta notoriamente, como se sabe, el exsecretario general de Fuerza Popular y exministro de agricultura de Fujimori, el señor José Chlimper.

Clave es, en las propuestas del FMI, “armonizar las tasas de impuesto sobre la renta del capital y el trabajo”. Bajo esta terminología el FMI resalta esta gran inequidad: mientras de nuestros ingresos por trabajo estamos obligados a pagarle al fisco hasta 30 por ciento, para los privilegiados que pueden ganar millones alquilando oficinas, locales comerciales o departamentos, o que obtienen ganancias de cientos de millones por vender acciones, solo se les exige pagar 5 por ciento. Empezar a corregir esta inequidad fue una de las medidas claves incluida en la propuesta de reforma tributaria que hicimos el 2021 y que el congreso rechazó, junto a la de elevar las contribuciones de la gran minería que sigue teniendo ganancias extraordinarias y puede pagar sin que perdamos competitividad frente a otros países en esa actividad (como lo estableció en su momento un informe del propio FMI).

Por el lado del gasto, el FMI resalta algo que está fuera del radar de este gobierno y sus autoridades económicas: “el gasto en cuestiones relacionadas con el clima continúa siendo escaso, en los planes presupuestarios no se tienen debidamente en cuenta los costos de medidas fundamentales para la adaptación, y se debe mejorar la planificación territorial. Ampliar las inversiones en adaptación y resiliencia ante el cambio climático permitiría generar importantes aumentos del producto potencial y ahorros fiscales a largo plazo”. En cuanto a los topes de déficit, “postergar un año la consolidación fiscal (con una meta para 2024 de 2,5% en lugar de 2,0%) podría ayudar a la recuperación del crecimiento y a reducir el riesgo de un nuevo incumplimiento de la meta”. En esencia, el FMI propone no poner el énfasis en la austeridad fiscal y poner más balas en apoyar el crecimiento.

Termino analizando el plan de austeridad del gobierno. Las medidas anunciadas no llegan ni cerca a los 10,000 millones necesarios para acortar el déficit. Más allá de las medidas demagógicas de siempre, lo principal es su zarpazo para desfinanciar a las empresas públicas quitándoles 1,400 millones de soles de utilidades que ellas lograron generar y que debieran servir a su capitalización. Repiten lo hecho el año pasado de quitarle 1,000 millones al Banco de la Nación, cortándole cualquier posibilidad de que le meta competencia a los bancos privados.

Por otro lado, el mismo gobierno que les jala la alfombra a aquellas empresas públicas que sí han tenido buenos resultados le abre la chequera por 1,400 millones de soles a Rafael López-Aliaga. Así, las cifras de la austeridad no cuadran. Para forzar el ajuste, en nuestra historia siempre se ha recurrido a la inversión pública descentralizada. Los gobernadores regionales que han salido a apoyar a Dina Boluarte estos días pensando que así “se ganan alguito” se darán cuenta muy pronto de que, como no tienen los votos de Renovación Popular en el parlamento, para ellos no habrá chequera abierta sino cierre del caño presupuestal. Solo han sido tontos útiles de la actuación de Boluarte y López-Aliaga.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 679 año 14, del 29/03/2024

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