El congreso que gobierna tampoco ha movido un dedo para lograr que los trabajadores tengan un salario más justo. A los congresistas de Keiko, Porky, Acuña, Cerrón y compañía eso les importa un bledo. Que los trabajadores podamos acceder a una partecita de lo que es de nuestra propiedad –los fondos en las AFP y en la CTS– no es una solución. Tal medida reconoce que los salarios son demasiado bajos, pero no hace nada por mejorarlos. Vistos en la coyuntura política, la entrega de fondos de la CTS en el cien por ciento evidencia que se equivoca Arista cuando dice que el gobierno es débil. Lo que le falta entender es que quien gobierna con fuerza es el congreso derechista y no el ejecutivo genuflexo.
Revisemos las condiciones de los salarios en el Perú. Nos referiremos a lo que pagan a sus trabajadores las empresas formales, las grandes corporaciones a las cuales utilidades no les faltan. El ingreso real promedio del sector privado en los primeros meses de este año era 3 por ciento menos que en el 2022 y 6 por ciento menos que el 2019, cinco años atrás. La inflación se ha carcomido la capacidad de compra de unos salarios que se quedan atrás. El escaso dinamismo de los salarios en el Perú es tan notorio que mientras una discusión central en la macroeconomía de Estados Unidos y Europa es si los salarios suben más que los precios o no, para así analizar si pueden significar una presión inflacionaria, en el Perú ningún macroeconomista discute eso porque es obvio que los salarios están estancados.
Entre el 2018 y el 2023 México mejoró su salario mínimo real en 83 por ciento, Chile en 16 por ciento y Colombia en 10 por ciento. Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que ha ido como el cangrejo: el 2023 nuestro salario mínimo fue en términos reales, es decir en cuanto a su capacidad de compra, 9 por ciento menos que cinco años antes. Comparado con el salario promedio formal privado, el salario mínimo es sólo una tercera parte. En cuanto al argumento ideologizado de que lo mejor es el ‘libre mercado’, en el caso del trabajo esta teoría ya hace muchos años está totalmente desacreditada en la ciencia económica. Los trabajadores no somos cosas, el esclavismo ya acabó. Tenemos derechos y somos personas con sentimientos y voluntad. Prácticamente no hay país del mundo sin salario mínimo. Quienes dicen que es una tontería tenerlo deben pensar que estadounidenses, canadienses, franceses y alemanes tienen todos gobiernos estúpidos sin interrupción por muchas décadas.
Estadísticas internacionales (presentadas amigablemente en “OurWorldInData”) indican que en Perú los trabajadores reciben el 45 por ciento del producto bruto interno. En Chile ese porcentaje es el 65 por ciento, en Brasil es 63 por ciento, en Colombia 59 por ciento. Si los trabajadores peruanos recibiéramos el porcentaje del PBI que logran en Colombia, ganaríamos unos 150 mil millones de soles más cada año. Y si ese dinero no lo obtienen los trabajadores, ¿quién lo hace? Pues los grandes empresarios, claro. La principal razón de esta enorme diferencia contra los trabajadores en Perú respecto a otros países vecinos es la facilidad con que en el Perú se despiden trabajadores y de esa manera se impide el funcionamiento de sindicatos. Más de tres de cada cuatro trabajadores formales tiene contrato a plazo fijo, de tal manera que si se organizan y reclaman, simplemente se vence su contrato y chau. Incluso la empresa puede cortarles antes el contrato si le da la gana. Cero derechos a reclamar. El porcentaje de trabajadores formales con “contrato indeterminado”, no a plazo fijo, se ha reducido los últimos veinte años de 38 a 23 por ciento. Son cada vez menos. Esta realidad rige también en sectores donde predominan empresas enormes de miles de millones de dólares de capital y exportaciones. Por ejemplo, la gran minería opera mediante las llamadas “contratas”, con lo cual incluso cuando hay un accidente laboral la empresa principal se desentiende de su responsabilidad. La OIT ha señalado que la ley peruana viola los principios de la libertad sindical desde hace treinta años, cuando la impuso la dictadura fujimorista. El neoliberalismo y su congreso mantienen el agravio. Por eso la tasa de sindicalización en el sector privado en el Perú es de apenas 5 por ciento, bajísima, muy por debajo de países vecinos –en Chile es el triple, en Canadá 6 veces más–. El 2021 reinstauramos el derecho de los trabajadores públicos a la negociación colectiva que había sido negada por varios años violando convenios internacionales y la propia Constitución, pero con Boluarte cada año se recorta más el espacio fiscal para que pueda realmente darse este derecho.
Los salarios bajos, además de ser injustos, agravan la pobreza y la desigualdad. Afectan nuestro desarrollo de largo plazo, porque bajo esas condiciones les es más difícil a los trabajadores poder capacitarse e incrementar su capital humano. Sin ninguna estabilidad, además, pierden su inversión en conocimientos especializados, cuando los dejan en la calle cualquier día que luchen por mejores condiciones de trabajo. Con menos dinero a fin de mes se les hace más difícil a las familias populares dar una buena educación a sus hijos y asegurar su salud. Los trabajadores con bolsillos vacíos llevan a que el mercado sea chico, generando que los peruanos que salen a hacer su microempresa se enfrenten a una ‘calle’ muy dura.
Salarios misérrimos no son buenos para el progreso de un país. Los únicos que ganan con estos salarios de miseria son los dueños de grandes agroexportadoras y mineras llenos de avaricia. Son esos bolsillos los que Cillóniz defiende, sin ningún proyecto nacional. Solo quieren que el ‘cholo barato’ siga siendo barato, y cuando los trabajadores reclaman, piden que les metan bala, como cuando en Ica y La Libertad salieron a protestar. Por eso han aplaudido los asesinatos de Dina. Derecha Bruta y Asesina. Así estamos
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 685 año 14, del 10/05/2024
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