La libertad de creencia y el cardenal Cipriani

​Alberto Adrianzén

Imagínese, estimado lector, que un día cualquiera un representante de nuestro Congreso propone una nueva ley que consiste en exhortar a todos los ciudadanos a obedecer y propagar los Diez Mandamientos en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en las iglesias, participen o no de la tradición judeocristiana; es decir, que ateos, budistas, musulmanes o de otras religiones o posturas filosóficas no puedan escapar de esta ley y tengan que cumplir con los famosos mandamientos que recibió Moisés.

Este ejemplo extremo, que bien puede sonar a broma y que implica una suerte de “legislatura divina y que da miedo”, existe. En 1996, el senado del Estado de Tennesseeen EE.UU. aprobó dicha ley, además de rechazar una enmienda que “eximía de tal obligación a los templos hindúes, musulmanes y budistas” (Wendy Kaminer: Durmiendo con los extraterrestres, p. 97).

Dicho en otras palabras, todos los ciudadanos, sin excepción, creyentes de diversas religiones y no creyentes, estaban obligados a ser objeto de esta forma de nueva evangelización.

Es verdad que la palabra “exhortar” es distinta a “obligar”. La primera no es una orden que debe ser cumplida pero crea una atmósfera que, tarde o temprano, puede terminar en la imposición. Como dice Kaminer, “Las cruzadas que persiguen destruir las fronteras entre iglesias y Estado constituyen una amenaza mucho mayor para la tolerancia religiosa que cualquier puñado de ateos evangélicos. Las teocracias habidas a lo largo de la historia así lo han puesto de manifiesto” (p. 26).

Esta reflexión viene al caso porque a raíz de la aprobación del Protocolo para el Aborto Terapéutico (PAT), así como de la demanda para el reconocimiento de la Unión Civil (UC) entre personas del mismo sexo, hemos visto desfilar a personajes que buscan —algunos por puro oportunismo político y otros por sus creencias fundamentalistas— destruir, justamente, las aún frágiles o débiles fronteras entre el Estado peruano y la religión.

Es decir, persiguen el regreso a un Estado teocrático en el cual “las tendencias sociales que criticaban los conservadores no eran pecados de humanismo secular, sino la consecuencia de una negativa de abrazar ciertas interpretaciones sectarias de las Escrituras” (p.82).

El conflicto, por lo tanto, con aquellos que se oponen al PAT o a la UC no es solo porque tengan ideas del siglo antepasado o, simplemente, porque sean conservadores, sino porque expresan un nuevo proyecto teocrático y reaccionario que trata de imponer sus propias ideas religiosas y liquidar cualquier atisbo de pluralismo democrático.

En este caso, la diversidad está prohibida como todo aquello que en este país vaya contra las Sagradas Escrituras y el credo neoliberal.

Que hoy los abanderados de esta posición sean el cardenal Juan Luis Cipriani, editorialistas de El Comercio como Martha Meier, sectores conservadores del PPC y del fujimorismo, medios de comunicación claramente alineados con el proyecto neoliberal, agencias encuestadoras ligadas, según observadores, a la dictadura fujimorista, es la mejor demostración de que todo este debate pasa por coordenadas políticas.

Estos sectores buscan imponer una agenda conservadora que incluye, no solo ideas contrarias a una real secularización del Estado, sino también al neoliberalismo como proyecto económico.

No es, por tanto, un asunto solo de “mujeres” o de las comunidades gay (GLBT), sino también de los sectores auténticamente liberales, democráticos y progresistas del país. Por eso llama poderosamente la atención la actitud —inaceptable, por cierto— del decano del Colegio Médico, César Palomino, quien, por atacar a la ministra de Salud y defender sus demandas gremiales, haya terminado de la mano del cardenal Juan Luis Cipriani y del peor conservadurismo.

En el fondo, lo que se juega hoy en el país no es solo el futuro del PAT o de la UC, sino las relaciones entre el Estado y las iglesias y sus autoridades, así como la posibilidad de una sociedad pluralista y moderna, lejos de toda imposición religiosa.

Por eso es inadmisible en un Estado que se dice laico, el trato que el cardenal Cipriani ha dado a los ministros de Justicia y de la Mujer cuando se refiere a ellos como “un tal Figallo” o una “tal Omonte” o al desear, entre líneas, que el “fuego del infierno” castigue a la ministra de Salud.

Ese es un trato que el Gobierno debería rechazar de plano, además de llamarle la atención no solamente por ser una autoridad religiosa que representa al Estado del Vaticano, por algo existe el Concordato, sino porque además es una institución que se beneficia con una subvención que el Estado peruano le entrega cada año a la Iglesia católica y que administra el Ministerio de Justicia.

No hay que olvidarse que la condición para que todos puedan tener o no un credo o una religión, no importa cuál fuera, es el respeto a todas ellas y su ubicación en el ámbito privado.

El otro camino es la teocracia y una sociedad organizada en función a una religión única, en la cual, como manifiesta el fundamentalista Charles Colson: “Solo la Iglesia puede decidir de manera colectiva en qué punto un gobierno se vuelve lo suficiente corrupto para que un creyente deba seguir tolerándolo” (p.91). De ahí al “alzamiento religioso” cuando un gobierno es calificado de “impío” hay un solo paso y eso lo sabe bien Cipriani.

http://diariouno.pe/columna/la-libertad-de-creencia-y-el-cardenal-cipriani/

La selva y Venezuela

Alberto Adrianzén


Una de las grandes virtudes de la rebelión de los pueblos amazónicos es que han dejado, finalmente, de ser “invisibles” para el resto del país. En el imaginario centralista (y oligárquico) la selva era un territorio vacío y poblado por gentes que no alcanzaban la estatura de civilizados. La idea de que estaba habitada por gentes con “plumas, arcos y flechas”, lo más parecido a un “piel roja” norteamericano, a lo que se sumaba una supuesta “lujuria” por el calor y la exuberancia, fue, acaso, el imaginario que la mayoría de peruanos construyeron sobre esta región. Por eso, el grito durante años fue “colonizar la selva”, tratando de repetir la famosa “conquista del oeste” de los EEUU.

Sin embargo, este imaginario colonialista no produjo, como sí sucedió en el país del norte, un mito fundacional. Fue todo lo contrario. “Colonizar la selva” se convirtió en el grito de guerra de supuestos conquistadores. Su símbolo, en el pasado, fue el cauchero, esta suerte de capitalista que recordaba al amo y señor de esclavos; como lo son hoy el petrolero, el maderero y también el narco, el senderista o el traficante de madera. El resultado fue la depredación, el saqueo y, porqué no decirlo, el genocidio étnico y cultural, además de la desconexión del resto del país que la propia geografía imponía.

Ese imaginario ha concluido. Hoy lo que se tiene es un pueblo aguerrido, como lo fue siempre, que no solo defiende sus derechos y sus tierras sino también el interés nacional frente a la voracidad de las transnacionales. Estos “nativos” que son, en realidad, “pueblos originarios”, ya que son preexistentes al Estado nacional, han decidido integrarse al país pero no como simples adornos turísticos ubicados en unas cuantas reservas, como quisieran las elites, sino más bien como una parte de lo que podemos llamar pueblo peruano. Es, acaso, el último componente que faltaba en este proceso de inclusión social y político que se vive en el país y de formación de un nuevo sujeto para el cambio.
Por eso las movilizaciones de los pueblos amazónicos no son una simple protesta sino más bien una “insurgencia” que enuncia un proceso inédito y, por lo tanto, un hecho político de gran relevancia. No es, como algunos han dicho, un movimiento tradicional o conservador (o ‘perros del hortelano’ como diría Alan García) sino todo lo contrario; es decir, un movimiento moderno, cuyo accionar va directamente contra el proceso de desnacionalización y transnacionalización que inició Fujimori, continuó Toledo con su consigna “TLC: Sí o Sí” y que hoy el alanismo pretende concluir. Son una suerte de guardianes de la patria. Por eso, me temo, que su derrota, si sucede, será la de la mayoría de los peruanos. Lograr que venzan, porque así es el juego, es un deber político pero sobre todo nacional.

La cuestión venezolana

No soy partidario de la reelección presidencial, menos de la reelección indefinida y mucho menos de nombrar alcaldes sustitutos cuando se pierde una elección, como hoy sucede en Caracas. Eso convierte a la democracia en una charada. Protestaré, como otros, si Mario Vargas Llosa es expulsado de Venezuela. Sin embargo, todo ello no me lleva a firmar el comunicado “Por una Venezuela Democrática”.

Por eso me pregunto en qué pueden estar de acuerdo personas como Enrique Bernales, Víctor Delfín, Aldo Panfichi, Harold Forsyth o Juan de la Puente con Luis Agois Banchero, dueño de Correo, que hace cera y pabilo con la misma libertad de prensa que hoy le exigen a Hugo Chávez, y que ha convertido a ese diario en vocero del odio, del racismo y del autoritarismo. Y qué los une con Javier Valle Riestra, primer ministro de un régimen autoritario que ellos mismos condenan en el comunicado o con Walter Menchola, suspendido en el Congreso por hechos de corrupción. Sería bueno que aclaren cuáles son los países donde hay “el riesgo de (que) procesos de este tipo (se refieren al chavismo) se esparzan”. Seguramente no se refieren a Colombia, pese a que este país, según el Partido Liberal y el Polo Democrático, luego que el Senado aprobara el referéndum para la segunda reelección de Álvaro Uribe, camina a convertirse en una “dictadura civil” tal como fue el fujimorismo. Decir eso, seguramente, no sería políticamente correcto para estos defensores de Venezuela.

Por último, me pregunto si saben que la reunión en Caracas del 24 al 29 de mayo a la que asistirá MVLL, está organizada por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), por el Instituto Cato, por la Red Liberal de A. Latina que tiene como uno de sus principios “desarrollar un contrapeso a las redes socialistas y demócratas existentes”; por el Atlas Economic Research Foundation, por la Fundación Iberoamericana Europea y por otras, todas ligadas a lo más rancio del neoliberalismo internacional. Y si bien no critico que algunos opten por la derecha, sí lamento que lo hagan junto a personas que no creen en la democracia.

FUENTE:
http://www.larepublica.pe/disidencias/23/05/2009/la-selva-y-venezuela

La derrota del fujimorismo

Alberto Adrianzén M.


El fin del juicio a Alberto Fujimori y su posterior condena puede ser aquella segunda oportunidad –que muchos reclaman y esperan, pero que pocos tienen en la vida– para producir lo que podemos llamar un “ajuste de cuentas” con el fujimorismo e infligirle una derrota histórica.

Porque el dato sobre el fujimorismo ha sido no solo su capacidad de sobrevivir sino, incluso, de progresar políticamente. Ello ha sido posible gracias a la ayuda permanente con la que ha contado en estos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Llevar como vicepresidentes a dos fujimoristas, como ha hecho Alan García, es un dato, sin duda, a tomar en cuenta. También las alianzas que el aprismo y la derecha han establecido con este sector en el parlamento, así como la ayuda de algunos medios de comunicación que pasaron a convertirse en verdaderas cajas de resonancia de las huestes fujimoristas y del propio Fujimori. La transmisión en varios medios de comunicación (ello incluye al Canal 7), prácticamente toda una cadena nacional, de la supuesta defensa de Alberto Fujimori en estos días finales del juicio –cuando no transmitieron, salvo honrosas excepciones como el Canal N, la acusación del fiscal y de los abogados de la parte civil– es una muestra clara de favoritismo político.

Ello demuestra a estas alturas que los sectores que fueron el soporte del fujimorismo permanecen intactos. Estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los militares, de dueños de medios de comunicación, de curas reaccionarios y de un grupo de tecnócratas e intermediarios mediáticos que operan como propagandistas y defensores de estos intereses. La expresión de ello no es solo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también el creciente poder que las FFAA (incluyo a los aparatos de inteligencia) han ido recuperando, la impunidad y al que se suma un poder mediático que permanece intocado hasta estos días. Y si bien este continuismo comenzó en el gobierno anterior, con el actual alcanza niveles francamente fanatizados convirtiéndolo en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que hoy existe entre corrupción y negocios con el Estado.

Y así como se mantienen los sectores que fueron el soporte del fujimorismo, también podemos decir lo mismo de las condiciones políticas. Con ello hacemos referencia a esta combinación (que es al mismo tiempo una relación).

entre un sistema político débil (incluyo a los partidos) y un Estado privatizado por los grandes intereses y los poderes fácticos, que reemplaza las mediaciones políticas con los sectores sociales por las relaciones con los lobbies y privilegia el hiperpresidencialismo como principal vínculo político con la sociedad. A ello se suma un discurso que busca liquidar al otro. Por eso, lo que sobresale, primero, son los insultos y, luego, los intentos abiertos, por destruir a los opositores. En este contexto, las elecciones se convierten no en un proceso reglado para dirimir los desacuerdos entre diversas opciones políticas sino más bien, como fue en el fujimorismo, en un rito y al mismo tiempo en el campo de batalla ya que se busca destruir al adversario antes que ocurra el acto electoral. Las recientes declaraciones del presidente García respecto a la necesidad de controlar las futuras elecciones configuran, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta que nada tiene que ver con la democracia.

Pero, finalmente, lo que exacerba este continuismo fujimorista no es tanto el futuro penal de Alberto Fujimori –lo más probable es que lo condenen– sino más bien la presencia de liderazgos alternativos que proponen terminar con el modelo económico neoliberal, con la política autoritaria y luchar contra la impunidad. En realidad, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad (también los corruptos) parecen convencerse crecientemente que para detener este cambio, solo les queda replicar o copiar el modelo fujimorista o, simplemente, apoyar abiertamente a Keiko Fujimori como opción política, declarada, recientemente por su padre, como su sucesora.

Por eso las próximas elecciones adquieren un valor estratégico que consiste, como bien dijo Valentín Paniagua, en su discurso de asunción a la presidencia en el 2000, en clausurar una etapa autoritaria en el país y abrir un nuevo ciclo democrático. Dicho en otros términos, en provocar una ruptura con el pasado para construir las bases de una refundación de la nación y de una nueva mayoría política capaz de iniciar la transformación del país.

En ese sentido lo que está en juego en las próximas elecciones no es solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia. Y una condición fundamental para ello radica, justamente, en derrotar al fujimorismo, a sus aliados y a sus imitadores.

FUENTE:
http://www.larepublica.pe/disidencias/04/04/2009/la-derrota-del-fujimorismo

Piratas del siglo XXI

Alberto Adrianzén Merino

La ideología neoliberal se sustenta en tres ideas básicas: por un lado, en la reducción del Estado ya que es el causante de las crisis económicas o, dicho en términos de Ronald Reagan “el gobierno no es la solución sino el problema”; por el otro, en el empresario como innovador y motor del desarrollo, es decir en esta suerte de capitán de empresa que rompe con el burocratismo del Estado; y, finalmente, en la minimización de los sindicatos para que los salarios se determinen por el mercado y no por la llamada “justicia distributiva”. La idea es que hay que atar de manos al Estado, dejar libre al empresario y derrotar a los trabajadores para que el mercado haga su trabajo.

De estas tres ideas, fue la última la que primero se llevó a la práctica. Como señala Paul Krugman, el ataque a los sindicatos por los flamantes neoconservadores, a mediados de los años 60, fue el primer paso para soldar una alianza con los capitalistas y echar a andar el proyecto neoliberal. En los años siguientes empresarios e intelectuales neoconservadores se dedicaron a crear institutos de investigación y grupos de vigilancia ciudadana para promover tanto los intereses de las empresas (bajar impuestos, desregular, etc.), atacar a los sindicalistas y condenar al Estado al ostracismo.

Sin embargo, esta crisis mundial ha mostrado todo lo contrario al consenso neoliberal. Primero, que el Estado es la solución y no el problema. Los rescates financieros a las empresas y las colas que hacen hoy los capitalistas para recibir esta ayuda son la mejor demostración de que el Estado existe y es útil. Segundo, que los capitalistas y sus representantes, directores y gerentes, no son capitanes de empresas sino más bien simples piratas. Así el mercado ha pasado a convertirse en botín. Lo que importa es el reparto de las ganancias y no la asignación de recursos escasos, como se dice.

Hace unas semanas los diarios de EEUU informaron que el año pasado las compañías de Wall Street pagaron más de 18 mil millones de dólares en primas. Según la senadora Claire McCaskill, de Missouri, los primeros 116 bancos que obtuvieron dinero de los contribuyentes pagaron un promedio de 2.6 millones de dólares a cada ejecutivo (Democracy Now, 2/2/09). El asunto es tan grosero que esta misma senadora ha dicho: “Tenemos un montón de idiotas en Wall Street que están arrojando arena a la cara del contribuyente estadounidense…”. Por su parte, el presidente Obama, que ha calificado esta situación de “irresponsable y vergonzosa”, acaba de plantear un tope de US$ 500 mil anuales (cifra que supera en cien mil dólares al propio sueldo del Presidente) a las remuneraciones de ejecutivos de empresas que en el futuro reciban ayuda del Estado.

Un ejemplo notable de esta “pachanga” neoliberal es el caso del exdirector ejecutivo de Merryl Linch, John Thain, quien está siendo investigado por otorgar premios a los ejecutivos en las firmas que recibieron dinero del rescate financiero. Thain, informa Democracy Now (28/1/09), “renunció esta semana luego de que se revelara que entregó US$ 4,000 millones en premios un mes antes de lo habitual. Estos premios fueron aprobados tan solo tres días después de que los accionistas decidieran fusionar Merrill Lynch con Bank of America. Este último recibió miles de millones de dólares en dinero extra del rescate financiero por la adquisición”. Otro caso también escandaloso es el Richard Fuld, ex presidente ejecutivo de Lehman Brothers, quien recibió una compensación por US$ 500 millones luego de que esta firma, valorada en US$ 600 mil millones, quebrara. Fuld tiene un penthouse en Park Avenue (New York) de US$ 21 millones, una casa en Connecticut de US $ 25 millones y una colección de arte de US$ 200 millones (Newsweek, 8/12/08).

Sin embargo, el asunto no queda ahí. Se sabe también que el 17 de octubre siete grandes corporaciones, entre ellas el Bank of America (que recibió dos días antes un rescate financiero del gobierno por US$ 25 mil millones), se reunieron para derrotar un proyecto de ley para fortalecer los sindicatos (Democracy Now, 28/1/09). La razón es que los sindicatos ayudan a que se aumenten los ingresos de los trabajadores y controlan los sueldos de los altos ejecutivos.

Con estos hechos –en realidad hay muchos más– uno podría afirmar que ya no es solo el imperialismo, como decía Lenin, la última etapa del capitalismo, sino también, sospecho, el rentismo y la piratería. Por eso sería bueno que las empresas privadas, tanto extranjeras como peruanas, transparenten sus planillas. A lo mejor descubrimos que el mundo de la piratería no está en Polvos Azules y que el mercado (neoliberal) no es otra cosa que una simple coartada para unos pocos se enriquezcan.


FUENTE
http://www.larepublica.pe/disidencias/07/02/2009/piratas-del-siglo-xxi

Disidencias. Una fractura irreversible

Alberto Adrianzén Merino

Este domingo 4 de mayo Bolivia enfrentará uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su historia reciente. Santa Cruz, región gobernada por la derecha, llevará a cabo un referéndum autonómico que pone a ese país al borde de una guerra civil. Por eso es importante mirarse en lo que podríamos llamar el espejo boliviano. Lo que hoy sucede en Bolivia es fruto, junto con los errores del gobierno y de la oposición, de fracturas que tienen décadas, por no decir siglos, y que hoy chocan como si fueran verdaderas placas tectónicas.

Y es que los comicios del 2006 en el Perú fueron, al igual que en Bolivia el 2002, unas elecciones en las cuales la fractura (política, social, económica, cultural, étnica y regional) se expresó en toda su magnitud. En Bolivia esa fractura llevó a la caída primero del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2003, luego a la renuncia del también presidente Carlos Mesa en junio del 2005 y, finalmente, al triunfo indiscutible de Evo Morales en las elecciones presidenciales de diciembre de ese mismo año y sigue alimentando los enfrentamientos en ese país.

Hoy esa fractura en el Perú tiene como una de sus expresiones, además de las protestas, este permanente divorcio, como reflejan las encuestas, entre el presidente García y la opinión pública. Basta leer los últimos sondeos de las universidades Católica y de Lima sobre la situación laboral, como también el de Apoyo, para constatar el malestar profundo que existe ya no sólo en provincias sino también en Lima, bastión conservador y plaza electoral que le permitió triunfar a García en la segunda vuelta hace casi dos años.

Ninguna fractura en política es de por sí irreversible. Es la fuerza de los opositores y los "errores", por no decir la miopía, de los gobernantes y de las élites los que la vuelven irreversible. En el Perú, luego del susto e histeria que provocó Ollanta Humala el 2006, las élites atisbaron esta fractura. Las Conferencias Anuales de Empresarios (CADE) comenzaron a hablar en un nuevo lenguaje. Palabras como inclusión y construir un "nosotros" se pusieron de moda.

Sin embargo, ese talante reformista fue fugaz. La rápida e irreversible derechización de Alan García terminó con los ánimos reformistas de las élites. Los empresarios optaron más por preservar sus privilegios que por construir, como ellos mismos decían, un "nosotros"; es decir, más por defender sus ganancias que por distribuir la riqueza que el trabajo de todos crea (la negativa al impuesto a la sobreganancia minera es el más claro ejemplo). Y, conforme pasó el tiempo, aquellos que votaron con la nariz tapada se convirtieron en los verdaderos seguidores de este nuevo caudillo de la derecha: Alan García. Por eso la fractura que mostró el 2006, en lugar de soldarse, se mantiene. Está ahí, se profundiza y se agranda. Más allá de que el crecimiento económico sea del 8% al año o, justamente, por ese motivo.

Hoy el gobierno ha optado por aumentar los privilegios empresariales; apoyar a los fujimoristas; perseguir a las ONG como lo demuestra el caso de Aprodeh y la exclusión de la Coordinadora de DDHH del Consejo Nacional de DDHH con argumentos absurdos como los que acaba de expresar la ministra de Justicia, controlar algunos medios y reprimir a la oposición.

Por eso no es extraño que el presidente establezca como vínculo principal con la oposición el insulto (holgazanes, comechados, perros del hortelano, traidores a la patria, imbéciles, incluyo las patadas) y los psicosociales, como hoy sucede con la campaña contra los organismos de DDHH. El congresista fujimorista Rolando Sousa ha dicho que el MRTA logró recolectar 500 millones de dólares producto de los secuestros y que esos millones estarían ingresando a las ONG. Una gran mentira, por no decir una gran tontería.

Se trata primero de descalificar, para luego derrotar, por no decir aplastar, al adversario. En este caso a los opositores y, en especial, a Ollanta Humala. No es ningún secreto que el gobierno viene mostrando en diversas reuniones privadas su preocupación por un posible triunfo humalista el 2011.

Por eso es también un error creer que quien encabeza esta última ofensiva reaccionaria y macartista es el fujimorismo y la llamada derecha. Son el propio García, este gobierno y los militares los auténticos jefes de esta ofensiva y quienes permiten que el fujimorismo, la derecha y los diarios Correo, Expreso y La Razón se conviertan en sus principales voceros. Son ellos los que han decidido levantar el fantasma del MRTA para reprimir la protesta, liquidar a los opositores e impedir, en forma autoritaria, que se manifiesten las fracturas que se viven en el país. Pero, al igual que en Bolivia, las fracturas están ahí, se mueven y crecen, siempre listas para expresarse, como sucederá el 2011 pero, seguramente, con más fuerza. A eso nos encaminamos.

http://www.larepublica.com.pe/content/view/218323/481/

Disidencias. Educación del perro hortelano

Alberto Adrianzén M.

Sería bueno preguntarle al ministro de Educación, José Antonio Chang, si sus únicos objetivos son humillar permanentemente a los maestros para bajarles la autoestima y crear este nuevo mito, como lo acaba de decir la congresista Martha Hildebrandt, que el casi único responsable de la pésima calidad de la educación es el SUTEP.

Porque desde que el presidente García lanzó su famosa idea del "Perro del Hortelano", muchos se están acostumbrando a echarles la culpa de nuestro atraso a los sectores populares y/o a los sectores sociales organizados, incluso, en el colmo de la desfachatez, a los más pobres, como si la crisis y al mismo tiempo la farsa educativa en las que hoy vivimos no fuesen responsabilidad principal de las elites y del propio Estado. Una manera de conocer el aprecio, interés y respeto de las elites (políticas, económicas, sociales y culturales) por su país es el nivel educativo del pueblo. Y en eso, el desdén es realmente clamoroso.

El ministro de Educación luego de esta evaluación –que es la tercera que se hace– ha dicho una verdad obvia: "que muchos maestros no están preparados para enseñar". Además, insistiendo en el error, sostiene que su política será ir evaluando a los docentes y –si aprueban– entonces se mejorarán sus condiciones económicas. En verdad, es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No hay ni siquiera un miligramo de autocrítica. Es una fuga hacia adelante.

Cualquier persona que haya enseñado seriamente alguna vez, sabe que si en su curso hay más del 90% de desaprobados, el problema es mucho más complejo y que echarle la culpa a los alumnos es, simplemente, una manera de evadir responsabilidades. Lo mismo podemos decir de estas evaluaciones a los maestros.

Y si bien los datos de esta última evaluación ya se conocen, vale la pena volverlos a recordar: de los 183,118 docentes que rindieron la prueba, solo 151 obtuvieron la nota aprobatoria de 14, es decir el 0.08%, por otra parte, 8,593 fueron calificados para ser contratados, es decir obtuvieron más de 11, lo que equivale al 4.69%. En 6 regiones (Amazonas, Huancavelica, Madre de Dios, San Martín, Tacna y Ucayali), ningún profesor obtuvo la nota de 14; en 15 regiones el número fue inferior a diez profesores; y solo en 4 el número de profesores aprobados con la nota 14 es mayor de diez. Por eso vale la pena hacer algunas preguntas:

1) Por qué tiene que aplicarse un único examen en un país tan diverso como es el Perú. A un país diverso le corresponde un examen diverso para así recoger las obvias heterogeneidades regionales y culturales.

2) Por qué el examen lo preparó ESAN, que no es una institución especializada en educación, en lugar, por ejemplo, del Consejo Nacional de Educación que es una institución realmente plural y especializada en el tema.

3) Cuántos profesores que han sido capacitados por el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) han aprobado el famoso examen. En Ucayali, según el ciudadano Eduardo León, ninguno. Hay que mencionar que el PRONAFCAP (Decreto Supremo Nº 007-2007-ED), cuenta con el apoyo prioritario de las Universidades públicas y/o privadas, así como de otras instituciones de educación superior de "prestigio para que participen en el proceso de formación y capacitación permanente de los docentes".

4) Por qué el ministro Chang no habla nada de evaluar su propio trabajo e insiste, prácticamente, en culpar únicamente a los maestros.

5) Por qué, no se dejó de lado esta evaluación cuando fracasó la famosa propuesta del tercio superior. Así no tendríamos esta paradoja: se hace un concurso de nombramientos el 9 de marzo cuando el año escolar comienza el 3 del mismo mes.

En realidad, el concurso ha mostrado algo obvio: el problema educativo es de muy largo plazo. Por lo tanto, se requiere de un gran consenso nacional que vaya más allá de los gobiernos y de las veleidades presidenciales. Y si bien el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional de la Educación son buenos espacios para ello, lo primero que hay que hacer es terminar con una política educativa que depende de la inspiración presidencial (eso sucedió con el famoso tercio superior), que carece de planes de largo aliento, y de un ministro que, además de incompetente, le dice "sí, señor" a todas estas "genialidades". A lo mejor los auténticos "Perro del Hortelano" no están en la oposición sino en el gobierno.