Perú: Al basurero de la historia

Pedro Francke

"Todo por su pacto con el fujimorismo y APP buscando salvar a Cerrón de la cárcel"

El Congreso ha terminado de aprobar el regalo de 20 mil millones de soles en exoneraciones tributarias a las agroexportadoras. Esa suma es 20 veces más de lo que se invierte anualmente en universidades públicas, 40 veces más que los proyectos en institutos superiores y 85 veces lo que se presupuesta para la investigación aplicada. Es 65 veces más de lo que gasta el Ministerio de Agricultura en proyectos de irrigación al año, siendo el agua el elemento crítico para la ampliación de la agroexportación, y es 20 veces más que el total de lo que invierte anualmente Midagri en todos sus proyectos, incluyendo de ciencia y tecnología, eficiencia de mercados, gestión de riesgos y emergencias y demás rubros. Todo eso se podría hacer pero ahora se ha regalado a estas grandes agroexportadoras. Es un escándalo.

El regalo agrava el déficit fiscal en un año en que por tercera vez consecutiva se incumplirá el tope legalmente aprobado por este mismo gobierno. Este 2025 el déficit, cubierto principalmente por más endeudamiento, será de unos 30 mil millones de soles.

Una decena de latifundistas millonarios concentrarán beneficios por más de 4 mil millones de soles. No los necesitan para seguir creciendo: el primer semestre de este año, sin esa ley, exportaron 35 por ciento más que el año pasado, aun con Trump desconociendo el TLC y aplicando aranceles del 10 por ciento. Tienen además un subsidio estatal llamado drawback, por lo cual (según Ojo Público) ya han recibido 4,400 millones de soles en una década.

Las agroexportadoras pagan apenas 1,300 soles mensuales promedio y no pagan gratificaciones en julio y diciembre ni aportan a una cuenta CTS para sus trabajadores. Aunque la mayoría de ellos realizan labores de naturaleza permanente, sólo el 6% tiene un contrato estable, haciendo imposibles la sindicalización y negociación colectiva, ya que despiden a cualquiera que intente promoverlas. Gracias a ello, entre 2018 y 2023 estas empresas redujeron los salarios reales en casi un tercio, pero en vez de defender derechos laborales básicos, esta nueva ley limita aún más la fiscalización laboral al reducir las posibilidades de acción de la Superintendencia de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. Y no son sólo los trabajadores agrícolas los afectados. Esas empresas agroexportadoras contribuyen a EsSalud con una tasa menor que todas las demás empresas del país, generándole pérdidas por S/ 400 millones anuales y reduciendo su número de médicos, medicinas y equipos.

La medida es tan absurda que, como ha tuiteado recién el exministro Waldo Mendoza, “todos los economistas dicen que la ley es mala e innecesaria”. En efecto, desde quienes criticamos el neoliberalismo y la desmesurada concentración del ingreso hasta el Consejo Fiscal y el FMI se han opuesto a esta medida. Pero igual se aprobó. ¿Por qué?

La ley viene además con una dosis extra de veneno: la privatización del agua, permitiendo ahora que estas grandes empresas compren el derecho al agua de comunidades y pequeños productores, lo que en un pasado oprobioso ha servido para quitarles sus tierras.

INTERESES Y PACTOS

El mayor impulsor de esta ley ha sido el fujimorismo. Como parte de su pacto con Boluarte, los fujimoristas tienen al ministro de Agricultura y para defenderlo y empujar esta ley han mantenido la presidencia de las comisiones Agraria y de Economía del Congreso. Su pacto con las grandes agroexportadoras es antiguo. En campañas anteriores Keiko ya recibió 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar, y varios cientos de miles de dólares de los hermanos Rodríguez Banda, dueños de Gloria y de grandes plantaciones. A esta ley se la conoce como la Ley Chlimper 2.0 por el agroexportador que fue ministro de Agricultura tras la fraudulenta rerreelección de Fujimori el 2000 y que sacó la ley que beneficia a este sector. Luego José Chlimper fue secretario general de Fuerza Popular y candidato a vicepresidente con Keiko, siendo un operador que llevaba maletines llenos de dólares a radios como RPP. ¿Es irrazonable plantearse la hipótesis que este regalo de 20 mil millones esté relacionado a una promesa de un jugoso financiamiento de campaña, ahora facilitado gracias a las leyes aprobadas por este mismo Congreso?

La ley ha contado con el apoyo de Alianza para el Progreso, partido de Acuña, de congresistas militares como Montoya, Williams y Cueto, que así regalan presupuesto público tan necesario para la seguridad nacional que suelen usar de pretexto en sus discursos, y de Alejandro Cavero, cuyo falso liberalismo se revela en esta entrega de favores a grandes empresas en el más puro estilo mercantilista.

Pero la votación del cerronismo ha sido la más reveladora. ¿Qué lógica puede tener que un grupo que dice ser de izquierda socialista apoye regalar 20 mil millones de soles a grandes empresarios impidiendo que cientos de colegios puedan refaccionarse? ¿Qué argumento podrían dar los seguidores del médico “socialista” Cerrón para desfinanciar a la seguridad social en favor de capitalistas multimillonarios? ¿Cómo sustentarían estos “marxistas-leninistas” el hecho de que el agua de riego deje de ser un bien público y sea controlada por grandes grupos económicos? Es tan contradictorio que en la votación del Congreso el cerronismo se abstuvo y sobre el tema no han dicho “esta boca es mía”, como si con esa acción cobarde pudieran ocultar la total traición a sus supuestos principios. Tradición sindical ha sido llamar “amarillos” a quienes rompen huelgas y actúan contra los trabajadores. Ese fue el color del voto de Perú Libre, así se han definido: como amarillos. Todo por su pacto con el fujimorismo y APP buscando salvar a Cerrón de la cárcel. El basurero de la historia les espera. Y eso será pronto: en las próximas elecciones no sacarán ni para el té.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 746 año 16, del 22/08/2025

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Perú: Derecha bruta y asesina

 

Pedro Francke

Fernando Cillóniz defiende públicamente eliminar el salario mínimo en el agro peruano. No les ha sido suficiente a los grandes agroexportadores que todos los trabajadores del Perú les estemos pagando sus contribuciones a la seguridad social. Luego de cincuenta muertos, los hacendados quieren sus pongos de regreso. Cillóniz, quien fuera gobernador de Ica por el fujimorismo y es ahora candidato presidencial de ultraderecha, es su vocero. Pero el gobierno de Boluarte está en la misma línea con sus ministros de economía y de trabajo, que argumentan nuevamente que “no es el momento” para subir el salario mínimo. ¿Cuándo lo sería? No lo dicen. Para el neoliberalismo defensor de grandes fortunas, nunca lo es. Dina Boluarte dijo el 28 de julio pasado en su mensaje presidencial que “pronto podamos anunciar al país el incremento del Sueldo Mínimo Vital, que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores”. Pero, como ya sabemos, traicionar compromisos es característica de su gobierno.

El congreso que gobierna tampoco ha movido un dedo para lograr que los trabajadores tengan un salario más justo. A los congresistas de Keiko, Porky, Acuña, Cerrón y compañía eso les importa un bledo. Que los trabajadores podamos acceder a una partecita de lo que es de nuestra propiedad –los fondos en las AFP y en la CTS– no es una solución. Tal medida reconoce que los salarios son demasiado bajos, pero no hace nada por mejorarlos. Vistos en la coyuntura política, la entrega de fondos de la CTS en el cien por ciento evidencia que se equivoca Arista cuando dice que el gobierno es débil. Lo que le falta entender es que quien gobierna con fuerza es el congreso derechista y no el ejecutivo genuflexo.

Revisemos las condiciones de los salarios en el Perú. Nos referiremos a lo que pagan a sus trabajadores las empresas formales, las grandes corporaciones a las cuales utilidades no les faltan. El ingreso real promedio del sector privado en los primeros meses de este año era 3 por ciento menos que en el 2022 y 6 por ciento menos que el 2019, cinco años atrás. La inflación se ha carcomido la capacidad de compra de unos salarios que se quedan atrás. El escaso dinamismo de los salarios en el Perú es tan notorio que mientras una discusión central en la macroeconomía de Estados Unidos y Europa es si los salarios suben más que los precios o no, para así analizar si pueden significar una presión inflacionaria, en el Perú ningún macroeconomista discute eso porque es obvio que los salarios están estancados.

Entre el 2018 y el 2023 México mejoró su salario mínimo real en 83 por ciento, Chile en 16 por ciento y Colombia en 10 por ciento. Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que ha ido como el cangrejo: el 2023 nuestro salario mínimo fue en términos reales, es decir en cuanto a su capacidad de compra, 9 por ciento menos que cinco años antes. Comparado con el salario promedio formal privado, el salario mínimo es sólo una tercera parte. En cuanto al argumento ideologizado de que lo mejor es el ‘libre mercado’, en el caso del trabajo esta teoría ya hace muchos años está totalmente desacreditada en la ciencia económica. Los trabajadores no somos cosas, el esclavismo ya acabó. Tenemos derechos y somos personas con sentimientos y voluntad. Prácticamente no hay país del mundo sin salario mínimo. Quienes dicen que es una tontería tenerlo deben pensar que estadounidenses, canadienses, franceses y alemanes tienen todos gobiernos estúpidos sin interrupción por muchas décadas.

Estadísticas internacionales (presentadas amigablemente en “OurWorldInData”) indican que en Perú los trabajadores reciben el 45 por ciento del producto bruto interno. En Chile ese porcentaje es el 65 por ciento, en Brasil es 63 por ciento, en Colombia 59 por ciento. Si los trabajadores peruanos recibiéramos el porcentaje del PBI que logran en Colombia, ganaríamos unos 150 mil millones de soles más cada año. Y si ese dinero no lo obtienen los trabajadores, ¿quién lo hace? Pues los grandes empresarios, claro. La principal razón de esta enorme diferencia contra los trabajadores en Perú respecto a otros países vecinos es la facilidad con que en el Perú se despiden trabajadores y de esa manera se impide el funcionamiento de sindicatos. Más de tres de cada cuatro trabajadores formales tiene contrato a plazo fijo, de tal manera que si se organizan y reclaman, simplemente se vence su contrato y chau. Incluso la empresa puede cortarles antes el contrato si le da la gana. Cero derechos a reclamar. El porcentaje de trabajadores formales con “contrato indeterminado”, no a plazo fijo, se ha reducido los últimos veinte años de 38 a 23 por ciento. Son cada vez menos. Esta realidad rige también en sectores donde predominan empresas enormes de miles de millones de dólares de capital y exportaciones. Por ejemplo, la gran minería opera mediante las llamadas “contratas”, con lo cual incluso cuando hay un accidente laboral la empresa principal se desentiende de su responsabilidad. La OIT ha señalado que la ley peruana viola los principios de la libertad sindical desde hace treinta años, cuando la impuso la dictadura fujimorista. El neoliberalismo y su congreso mantienen el agravio. Por eso la tasa de sindicalización en el sector privado en el Perú es de apenas 5 por ciento, bajísima, muy por debajo de países vecinos –en Chile es el triple, en Canadá 6 veces más–. El 2021 reinstauramos el derecho de los trabajadores públicos a la negociación colectiva que había sido negada por varios años violando convenios internacionales y la propia Constitución, pero con Boluarte cada año se recorta más el espacio fiscal para que pueda realmente darse este derecho.

Los salarios bajos, además de ser injustos, agravan la pobreza y la desigualdad. Afectan nuestro desarrollo de largo plazo, porque bajo esas condiciones les es más difícil a los trabajadores poder capacitarse e incrementar su capital humano. Sin ninguna estabilidad, además, pierden su inversión en conocimientos especializados, cuando los dejan en la calle cualquier día que luchen por mejores condiciones de trabajo. Con menos dinero a fin de mes se les hace más difícil a las familias populares dar una buena educación a sus hijos y asegurar su salud. Los trabajadores con bolsillos vacíos llevan a que el mercado sea chico, generando que los peruanos que salen a hacer su microempresa se enfrenten a una ‘calle’ muy dura.

Salarios misérrimos no son buenos para el progreso de un país. Los únicos que ganan con estos salarios de miseria son los dueños de grandes agroexportadoras y mineras llenos de avaricia. Son esos bolsillos los que Cillóniz defiende, sin ningún proyecto nacional. Solo quieren que el ‘cholo barato’ siga siendo barato, y cuando los trabajadores reclaman, piden que les metan bala, como cuando en Ica y La Libertad salieron a protestar. Por eso han aplaudido los asesinatos de Dina. Derecha Bruta y Asesina. Así estamos

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 685 año 14, del 10/05/2024

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Perú: Financiando a las agroexportadoras

Pedro Francke

Una de las propuestas del “Plan Unidos” recientemente presentado por el gobierno Boluarte-Otárola es regalarles a las agroexportadoras entre 2024 y 2025 unos 400 millones de soles de EsSalud, institución que nos da atención de salud a los trabajadores. Sería un subsidio de los trabajadores peruanos a las grandes agroexportadoras. Porque si EsSalud pierde 400 millones de soles, eso significa que habrá 400 millones de soles en medicinas, ecografías, exámenes de laboratorio y atenciones de salud que los trabajadores no tendremos, obligándonos a comprarlos (si podemos) al sector privado de salud dominado por grandes monopolios.

Revisemos la ley actual y los cambios que este gobierno quiere hacer, según lo presentado por este gobierno y que el Congreso debe aprobar o rechazar. La ley 31110 vigente establece que las agroexportadoras con ventas superiores a 8 millones y medio de soles –así que no estamos hablando de ningún pequeño o mediano agricultor– deben contribuir a la seguridad social (EsSalud) con 8 por ciento del salario durante los años 2023 y 2024, y recién en el 2025 debieran igualarse a la tasa de 9 por ciento que paga cualquier otra empresa, incluso pequeñas y microempresas, así se dediquen a rubros prioritarios como la educación, la salud o la innovación. La propuesta del gobierno es rebajarles a los grandes agroexportadores esa tasa de contribución a 6 por ciento durante los años 2024 y 2025, es decir que paguen 2 por ciento menos el 2024 y 3 por ciento menos el 2025 de lo que está establecido en la ley. No habría ningún beneficio para los pequeños y medianos productores agropecuarios, a quienes no se propone reducirles la tasa de contribución a la seguridad social en salud. Eso es sólo para los grandazos.

Es un subsidio de esos que los neoliberales suelen odiar, salvo cuando beneficia a las grandes empresas a las que defienden. Lo peor de este subsidio es que no lo da el gobierno sino que nos obliga a que se lo demos todos los trabajadores del país. Porque la rebaja de esa tasa hará que los grandes agroexportadores se guarden unos 400 millones de soles, por lo que los trabajadores vamos a recibir menos atención, medicinas y exámenes de laboratorio por ese valor. Cuando necesitemos una pastilla o jarabe para recuperar nuestra salud, con mayor probabilidad nos dirán que no hay y que tenemos que comprarlo en la farmacia privada de afuera –muy probablemente propiedad del monopolio del mayor billonario peruano: Carlos Rodríguez Pastor. Cuando necesitemos un examen de laboratorio, unos rayos X o una ecografía, será más común que nos digan que los insumos se acabaron o que el equipo se malogró, y que vayamos a hacérnoslo afuera –quizás a una de las grandes cínicas del grupo Romero o del grupo Brescia–. Las empresas agroexportadoras se llevan 400 millones de soles, los monopolios privados de la salud ganan porque venderán más a precios elevados y los trabajadores que perciben un salario mínimo y se llevan a su casa menos de mil soles mensuales quedándose algunos días sin comida en la mesa tendrán mayores dificultades en atender su salud.

Ya hoy, aun sin la propuesta del gobierno Boluarte-Otárola, la situación es injusta, con los agroexportadores pagando menos a la seguridad social y obteniendo un subsidio de los trabajadores. Sólo que según la ley 31110 ese subsidio debe ser 1 por ciento el 2024 y terminarse el 2025, y ahora quieren que vuelva a ser 3 por ciento esos años. Vale la pena recordar el origen de esa injusticia. En el año 2000 José Chlimper era ministro de agricultura del régimen de Alberto Fujimori cuando este fue re-re-reelecto por tercera vez de manera fraudulenta. Chlimper tenía una agroexportadora llamada Agrokasa y sacó una ley a favor de sí mismo, dando exoneraciones de impuestos y esta específica exoneración de contribuciones a EsSalud que representa un subsidio de los trabajadores a las agroexportadoras. Chlimper luego fue candidato a vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular en las elecciones de 2016 y la bancada de FP (con el respaldo de PPK) bloqueó todo intento de retirar ese subsidio de los trabajadores a los grandes agroexportadores todos esos años. Vizcarra incluso les prorrogó ese abuso antilaboral. Tras enormes protestas, recién el 30 de diciembre del 2020 el congreso presidido por Mirtha Vásquez modificó la ley y aprobó el retiro (gradual) de esos subsidios. Cuando fueron las elecciones del 2021, el apoyo de los Chlimper a la señora Fujimori continuó, en este caso aportando varios miles de dólares a la bolsa que juntaron para buscar anular las elecciones cuyo resultado no les gustó.

La medida propuesta por Boluarte-Otárola para obligarnos a los trabajadores a subsidiar más a los grandes agroexportadores es injusta y recesiva. ¿Cómo puede considerarse justa una medida para transferir 400 millones de soles de los trabajadores, la mayoría de los cuales gana apenas mil o dos mil soles mensuales, a los bolsillos de los agroexportadores? ¿Cómo puede considerarse adecuado empeorar la atención de salud a quien gana un salario mínimo que en neto apenas llega a 900 soles mensuales? Además, de esa manera, los trabajadores, obligados a comprarse medicinas (importadas) que EsSalud ya no les dará, van a comprar aún menos ropa, zapatos y alimentos que ahora, agravando la recesión. Lo que se necesita para enfrentar la recesión es exactamente lo contrario: promover que los trabajadores puedan comprar más productos en el mercado, no menos.

Tras la pandemia, una de las cosas que evidentemente debían hacerse era fortalecer el sistema de salud. Hemos perdido a 300 mil peruanos debido al Covid-19, la mortalidad en el Perú por esa causa fue la mayor del mundo, nos fue muchísimo peor que a los demás países latinoamericanos cuya mortalidad fue en promedio la sexta parte que la de nuestro país. Causa principal de este desastre fue que nuestro sistema de salud pública es sumamente débil. Tenemos la tercera parte de médicos por diez mil habitantes (8.2) que Ecuador (21.1), Colombia (22.2) o México (25.5), la quinta parte que Argentina (39.9) y la sexta parte que Uruguay (49.4). Tenemos 16 camas hospitalarias por cada diez mil personas, Argentina tiene 50. En esos otros países durante la pandemia no hubo durante meses gente sentada en sillas de ruedas en la calle en medio del frío y la llovizna conectadas a un balón de oxígeno que sus familias compraron en forma privada a precios exorbitantes. Allá tenían a sus pacientes dentro del hospital en una UCI si lo necesitaban. ¿Y apenas dos años después se propone acogotar más a un sistema de salud paupérrimo, que tiene solo 3,5% del PBI de apoyo presupuestal mientras la recomendación aprobada por todos los ministros de salud de las Américas es que sea 6%?

Nos quieren quitar atención de salud para que ese dinero se lo queden las grandes agroexportadoras. Justo cuando hay más pobreza, recesión y enfermedades. Es inaceptable.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 662 año 14, del 17/11/2023

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