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9 de diciembre de 2025

Perú: Más exoneraciones sinvergüenza

Pedro Francke

"Jerí me respondió un tuit diciendo que el debate es tecnico (así lo escribió él, sin tilde)"

El gobierno pretende darles un nuevo subsidio a los agroexportadores. La propuesta es que el llamado bono Beta que deben pagar a sus trabajadores el Estado se los reembolse luego. ¿Cómo? Dejando de cobrarles por las tierras estatales puestas en venta, tierras que han adquirido valor gracias a irrigaciones públicas que cuestan cientos de millones. Esas tierras hoy son vendidas en subasta a cambio de dinero contante y sonante, aunque hasta la fecha los precios han sido menores al costo y los agroexportadores han recibido millones de subsidios por esa vía.

Con esta nueva medida, lo poco que antes se recuperaba de esa inversión pública ahora se regalará a los agroexportadores. No hay que ser demasiado listo para darse cuenta de que ese regalo afectará negativamente las cuentas fiscales mientras favorece a los grandes terratenientes, chilenos incluidos.

Esta propuesta viene poco después de que mediante una ley de exoneraciones tributarias ya regalaron 20 mil millones de soles del Estado, una suma enorme, a los grandes agroexportadores. Eso lo aprobó el Congreso hace pocos meses, siendo José Jerí su presidente, por insistencia de las bancadas de Keiko y Acuña, con el apoyo de López Aliaga y Cerrón. El lobby agroexportador se había paseado meses por los medios hablando de la “crisis” del sector, argumentando problemas del clima el 2024 y las medidas de Trump, pero lo cierto es que están mejor que nunca: este año el volumen de las exportaciones agropecuarias no tradicionales aumentó en 33 por ciento. El negocio va viento en popa y no necesita más subsidios. Cuando se discutía esa medida, el Consejo Fiscal resaltó que agravaba un déficit fiscal que ya estaba muy por encima del tope legal. Un año antes, la opinión formal del Ministerio de Economía y Finanzas había sido en contra de esta exoneración. Pero el Congreso la aprobó sin importarle nada.

Una parte del regalo es que esas grandes agroexportadoras, algunas de ellas chilenas, van a reducir sus contribuciones a la seguridad social, de tal manera que el déficit de EsSalud se agrava y con eso la falta de médicos, equipos y medicinas que agobian a todos los asegurados. Así, parte de la factura en favor de los grandes agroexportadores la pagamos los asalariados y jubilados.

La mayor parte de ese regalo, sin embargo, es menos dinero para que el Estado pueda construir colegios y hospitales, fortalecer la seguridad ciudadana y atender las decenas de otras necesidades nacionales. La aprobación reciente del presupuesto 2026 muestra cómo es que estos regalazos llevan, como fórmula para mantener algún equilibrio, a que se recorte fondos a actividades esenciales.

Veamos algunos ejemplos. Negaron fondos para Beca 18 y a última hora sólo han prometido 50 millones menos de los 760 necesarios, de tal manera que 20 mil jóvenes no tendrán beca. Para medicamentos contra el cáncer, hay 100 millones de soles menos, como si hubiéramos tenido de sobra y no el déficit continuo que conocemos. El presupuesto para el sector cultura ha sido recortado a la mitad, con lo que la protección de nuestro patrimonio arqueológico y la promoción de nuestra riqueza cultural quedan desfinanciados, afectando el futuro de nuestro turismo. A las ollas comunes se les niega los recursos necesarios para atender a la gente que pasa hambre. Algunos recortes presupuestales no han esperado al 2026 y han empezado ya. Estudiantes de zonas rurales que iban a colegios de internado ya no pueden quedarse porque no hay plata. Por falta de presupuesto, en octubre la inversión del gobierno central cayó 33 por ciento, 760 millones menos que en octubre 2024. Todo eso es consecuencia de los regalazos de este Congreso #PorEstosNo.

En esas condiciones, un gobierno de transición que realmente piense en la ciudadanía debería derogar de inmediato esas exoneraciones sinvergüenzas, en particular tras la nueva alerta del Consejo Fiscal respecto de los serios riesgos fiscales que implican. En vez de eso, como hemos visto, el gobierno de Jerí quiere darles más regalos a las grandes agroexportadoras. La sustentación es absurda. Dicen que es porque una ley estableció ese bono beta a sus trabajadores. Pero resulta que entre 2020 y 2024 el salario real promedio en el sector agroexportador cayó 28%, porcentaje mayor al que representa el bono beta que es de 26% en promedio. ¿Cómo así? Los agroexportadores reemplazaron trabajadores bajo contratos temporales por jóvenes y mujeres a quienes ofrecieron salarios más bajos, de esa manera licuaron todo el bono beta y ahora pagan incluso menos que antes. Por otro lado, siempre queda esa pregunta: ¿Por qué sólo a ellos? ¿Por qué el privilegio?

Critiqué la medida en un tuit la semana pasada, resaltando la inconsistencia del presidente Jerí, quien primero dijo que los ingresos fiscales deben aumentar e inmediatamente después propone estos regalos a grandes corporaciones. Jerí me respondió un tuit diciendo que el debate es tecnico (así lo escribió él, sin tilde). Pero si se trata de una medida propuesta al Congreso, ¿cómo podría no ser un debate político? ¿Acaso cree que el Congreso es una entidad técnica? ¿No es congresista y no fue presidente del Congreso como para ignorar su carácter eminentemente político? Es obvio que usó el pretexto de lo técnico para zafarse de un tema que ignora, tras haber firmado una propuesta sin tener conocimiento de lo que implica. Es lo que sucede cuando se prefiere la peliculina a la gestión.

Estamos frente a una propuesta que aumenta los subsidios a los grandes agroexportadores y les da ventajas para que concentren aún más la propiedad de la tierra, sean peruanos o chilenos. Sería bueno que los candidatos se pronuncien sobre este tema, ya que todo ese dinero afectará las cuentas fiscales durante los próximos años.

04-12-2025


Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 761 año 16, del 05/12/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

27 de agosto de 2025

Perú: Al basurero de la historia

Pedro Francke

"Todo por su pacto con el fujimorismo y APP buscando salvar a Cerrón de la cárcel"

El Congreso ha terminado de aprobar el regalo de 20 mil millones de soles en exoneraciones tributarias a las agroexportadoras. Esa suma es 20 veces más de lo que se invierte anualmente en universidades públicas, 40 veces más que los proyectos en institutos superiores y 85 veces lo que se presupuesta para la investigación aplicada. Es 65 veces más de lo que gasta el Ministerio de Agricultura en proyectos de irrigación al año, siendo el agua el elemento crítico para la ampliación de la agroexportación, y es 20 veces más que el total de lo que invierte anualmente Midagri en todos sus proyectos, incluyendo de ciencia y tecnología, eficiencia de mercados, gestión de riesgos y emergencias y demás rubros. Todo eso se podría hacer pero ahora se ha regalado a estas grandes agroexportadoras. Es un escándalo.

El regalo agrava el déficit fiscal en un año en que por tercera vez consecutiva se incumplirá el tope legalmente aprobado por este mismo gobierno. Este 2025 el déficit, cubierto principalmente por más endeudamiento, será de unos 30 mil millones de soles.

Una decena de latifundistas millonarios concentrarán beneficios por más de 4 mil millones de soles. No los necesitan para seguir creciendo: el primer semestre de este año, sin esa ley, exportaron 35 por ciento más que el año pasado, aun con Trump desconociendo el TLC y aplicando aranceles del 10 por ciento. Tienen además un subsidio estatal llamado drawback, por lo cual (según Ojo Público) ya han recibido 4,400 millones de soles en una década.

Las agroexportadoras pagan apenas 1,300 soles mensuales promedio y no pagan gratificaciones en julio y diciembre ni aportan a una cuenta CTS para sus trabajadores. Aunque la mayoría de ellos realizan labores de naturaleza permanente, sólo el 6% tiene un contrato estable, haciendo imposibles la sindicalización y negociación colectiva, ya que despiden a cualquiera que intente promoverlas. Gracias a ello, entre 2018 y 2023 estas empresas redujeron los salarios reales en casi un tercio, pero en vez de defender derechos laborales básicos, esta nueva ley limita aún más la fiscalización laboral al reducir las posibilidades de acción de la Superintendencia de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. Y no son sólo los trabajadores agrícolas los afectados. Esas empresas agroexportadoras contribuyen a EsSalud con una tasa menor que todas las demás empresas del país, generándole pérdidas por S/ 400 millones anuales y reduciendo su número de médicos, medicinas y equipos.

La medida es tan absurda que, como ha tuiteado recién el exministro Waldo Mendoza, “todos los economistas dicen que la ley es mala e innecesaria”. En efecto, desde quienes criticamos el neoliberalismo y la desmesurada concentración del ingreso hasta el Consejo Fiscal y el FMI se han opuesto a esta medida. Pero igual se aprobó. ¿Por qué?

La ley viene además con una dosis extra de veneno: la privatización del agua, permitiendo ahora que estas grandes empresas compren el derecho al agua de comunidades y pequeños productores, lo que en un pasado oprobioso ha servido para quitarles sus tierras.

INTERESES Y PACTOS

El mayor impulsor de esta ley ha sido el fujimorismo. Como parte de su pacto con Boluarte, los fujimoristas tienen al ministro de Agricultura y para defenderlo y empujar esta ley han mantenido la presidencia de las comisiones Agraria y de Economía del Congreso. Su pacto con las grandes agroexportadoras es antiguo. En campañas anteriores Keiko ya recibió 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar, y varios cientos de miles de dólares de los hermanos Rodríguez Banda, dueños de Gloria y de grandes plantaciones. A esta ley se la conoce como la Ley Chlimper 2.0 por el agroexportador que fue ministro de Agricultura tras la fraudulenta rerreelección de Fujimori el 2000 y que sacó la ley que beneficia a este sector. Luego José Chlimper fue secretario general de Fuerza Popular y candidato a vicepresidente con Keiko, siendo un operador que llevaba maletines llenos de dólares a radios como RPP. ¿Es irrazonable plantearse la hipótesis que este regalo de 20 mil millones esté relacionado a una promesa de un jugoso financiamiento de campaña, ahora facilitado gracias a las leyes aprobadas por este mismo Congreso?

La ley ha contado con el apoyo de Alianza para el Progreso, partido de Acuña, de congresistas militares como Montoya, Williams y Cueto, que así regalan presupuesto público tan necesario para la seguridad nacional que suelen usar de pretexto en sus discursos, y de Alejandro Cavero, cuyo falso liberalismo se revela en esta entrega de favores a grandes empresas en el más puro estilo mercantilista.

Pero la votación del cerronismo ha sido la más reveladora. ¿Qué lógica puede tener que un grupo que dice ser de izquierda socialista apoye regalar 20 mil millones de soles a grandes empresarios impidiendo que cientos de colegios puedan refaccionarse? ¿Qué argumento podrían dar los seguidores del médico “socialista” Cerrón para desfinanciar a la seguridad social en favor de capitalistas multimillonarios? ¿Cómo sustentarían estos “marxistas-leninistas” el hecho de que el agua de riego deje de ser un bien público y sea controlada por grandes grupos económicos? Es tan contradictorio que en la votación del Congreso el cerronismo se abstuvo y sobre el tema no han dicho “esta boca es mía”, como si con esa acción cobarde pudieran ocultar la total traición a sus supuestos principios. Tradición sindical ha sido llamar “amarillos” a quienes rompen huelgas y actúan contra los trabajadores. Ese fue el color del voto de Perú Libre, así se han definido: como amarillos. Todo por su pacto con el fujimorismo y APP buscando salvar a Cerrón de la cárcel. El basurero de la historia les espera. Y eso será pronto: en las próximas elecciones no sacarán ni para el té.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 746 año 16, del 22/08/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

24 de junio de 2025

Perú: Déficit mental

Pedro Francke

"Nos están endeudando al ritmo de lo que cada lobby logre pactar con las mafias congresales"

El gobierno mantiene un déficit fiscal que excede reiteradamente el tope máximo establecido por ley y que este año superaría los 28 mil millones de soles, que deberán ser cubiertos por nuevos préstamos que se sumarán a la deuda pública. A pesar de eso, junto al Congreso, insiste en regalarle 20 mil millones de soles a las grandes agroexportadoras. Sería desastroso. Repasemos la situación.

Este Congreso aprobó el 2022 una ley para que el tope del déficit fiscal fuera del 2,4 por ciento del PBI el 2023 y 2,0 por ciento el 2024. El gobierno de Dina Boluarte incumplió la meta del 2023, cuando su déficit estuvo 3 mil millones de soles por encima del tope legal. La razón: los ingresos tributarios se desplomaron gracias a exoneraciones tributarias y a que este Tribunal Constitucional, amigazo del Congreso, fue recontrarregalón con quienes tienen miles de millones de deudas con la Sunat. El año pasado 2024 fue peor. El Congreso, sabiendo que iban a volver a incumplir el tope del déficit, delegó en Dina Boluarte la facultad de que ella misma se diera una ley permitiéndose uno mayor. En julio el gobierno se puso el nuevo tope en 2,8% del PBI para 2024 y 2,2% del PBI para 2025. Es decir, se aumentó el déficit fiscal en unos 9 mil millones de soles, en un año en el cual los precios del oro y el cobre ya eran récord y con eso el fisco lograría mayores ingresos. Pero a pesar de que el nuevo tope se lo puso cuando ya había pasado más de la mitad del año, lo incumplió por 8 mil millones de soles por encima de los 9 mil millones que se habían otorgado como déficit adicional permitido. Ella y su ministro Arista lo hicieron rompiendo la ley que lleva su propia firma, pero el Congreso no movió una ceja. Siendo cogobierno, no es de extrañar. En este caso, además de Acuña y Keiko, López Aliaga también está en el negocio porque parte de ese déficit es de la Municipalidad de Lima, a la que se le dio el permiso especialísimo, del que solo goza esta provincia y nadie más, de endeudarse sin límite.

Para este año el déficit fiscal, según la meta reajustada por el gobierno de Boluarte el año pasado, no debía sobrepasar los 25 mil millones de soles. Como dijimos, cada sol de déficit es más deuda pública que deberemos pagar los peruanos a futuro. Ya en marzo pasado una misión del FMI les dijo que así como iban se iban a pasar la meta por unos 4 mil 500 millones de soles y fue muy nítido señalando que “Iniciativas legislativas han introducido costos fiscales importantes que dificultan el cumplimiento de las metas fiscales y que reducen la transparencia fiscal. Propuestas de exoneraciones de zonas económicas con cero de impuestos y para las agroexportaciones erosionarían aún más la base tributaria”. A pesar de eso, ahora, junto al fujimorismo, las grandes agroexportadoras presionan para que se les entregue 20 mil millones mediante nuevas exoneraciones tributarias. Ya lograron aprobarlo en primera votación en el Congreso. De ese monto, sólo una decena de grandes empresas se llevarían 4 mil millones. Esto es más del doble de lo que invierte anualmente el gobierno central en centros de salud y hospitales y el triple de lo que gasta en obras de saneamiento. 

Ante lo evidente, el ministro de Economía dijo que el déficit será mayor de lo que dice la ley que este mismo gobierno dictó. Ha pedido subir el tope del déficit hasta 28 mil millones, pero nada indica que cumplirían ese nuevo límite. Ya el Congreso aprobó una ley entregándole 10 mil millones de soles a los municipios para favorecer a los acuñistas, y Pérez-Reyes les dio su respaldo con argumentos absurdos, terminando de destruir la credibilidad fiscal de este gobierno. Nos están endeudando al ritmo de lo que cada lobby logre pactar con las mafias congresales.

Mientras tanto, debido a un elevadísimo endeudamiento la Municipalidad de Lima ha visto rebajada su clasificación crediticia a “bonos basura”. La indicación es clara de adónde nos llevan esas políticas. ¿Esto es inevitable? Que se puede hacer distinto lo demostramos en nuestra gestión en el MEF el 2021. A junio de ese año se proyectaba que el déficit fuera 5,4 por ciento del PBI y logramos reducirlo en casi 3 puntos cobrando deudas tributarias. Es cuestión de poner al Perú por delante.

Los defensores de estas mayores exoneraciones tributarias para los grandes agroexportadores dicen que son indispensables para que el sector siga creciendo. Pero lo sucedido estos años demuestra que eso es falso. El 2024 no tuvieron esas altísimas exoneraciones y las agroexportaciones aumentaron 2 mil 200 millones de dólares, un 24 por ciento, ritmo muy acelerado de crecimiento. En lo que va de este año 2025 se han incrementado en otro 25 por ciento adicional, siempre sin esa ley por la que están haciendo un lobby feroz, y eso que nuestros productos que van a Estados Unidos han debido enfrentar los aranceles que nos clavó Trump del 10 por ciento (a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio firmado). ¿Cómo entonces puede ser cierto que los agroexportadores necesiten esas exoneraciones especiales para seguir creciendo, cuando sin tenerlas han hecho grandes negocios e invertido incluso en condiciones internacionales desfavorables? No tiene lógica.

La realidad no respalda los argumentos de sus lobistas. Las grandes agroexportadoras están haciendo muy buen negocio, tienen ingresos de cientos de millones de dólares y abundantes fondos para invertir. Lo que el país necesita es que traten con justicia a sus trabajadores, resguardando su salud y sus derechos, y una buena política de irrigaciones y apoyo a la agricultura familiar con crédito, asistencia técnica y promoción de su asociatividad.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 738 año 16, del 20/06/2025

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