El emperador Trump

Pedro Francke

"En el propio Estados Unidos, la democracia está claramente en cuestión"

Escribo nuevamente sobre Estados Unidos y Donald Trump, cuyas políticas son altamente disruptivas a nivel internacional. Estamos tan agobiados por lo que pasa en nuestra patria que a veces no alcanzamos a levantar la vista y mirar un horizonte amplio, pero ninguna propuesta seria para nuestro presente y futuro puede pasar por alto esta nueva realidad mundial.

Desde hace setenta años Estados Unidos ha tenido la hegemonía internacional y América Latina ha sido su zona de mayor influencia. Su política económica para el mundo, la hiperglobalización neoliberal impuesta desde 1990 tras la caída del muro de Berlín, ha sido reemplazada por aranceles y sanciones por doquier. La proclama estadounidense en favor de la democracia y los derechos humanos ha sido abandonada sin ninguna propuesta de orden alternativo para la humanidad, más allá de que nos sometamos a los designios que cualquier día se le puedan ocurrir al emperador Trump. Estamos en medio de la gran redefinición de la década, aunque los arrebatos e inconsistencias trumpistas hagan muy difícil prever el rumbo definitivo.

Esto ha significado grandes cambios en la política gringa hacia Latinoamérica. Los Tratados de Libre Comercio firmados han sido rotos por los Estados Unidos sin ninguna negociación, coordinación o siquiera comunicación formal. El Perú tiene un TLC firmado que en un pacto recíproco establece que la enorme mayoría de nuestros productos puede ingresar sin pagar aranceles a EE.UU., pero ahora nos cobran 10 por ciento. Trump ha roto el tratado que él mismo firmó con México y quiere dominar el canal de Panamá. En este escenario, el puerto de Chancay bajo control chino les preocupa. Lo han dicho varias veces ya, la última fue la semana pasada y se hizo a través de un profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, quien de paso criticó el tren de Brasil a Chancay como un riesgo a su seguridad. Hay nubes en el horizonte. Además, los peruanos que luchando por su sobrevivencia migraron a Estados Unidos sin documentos pueden verse separados de sus hijos y familiares sufriendo una deportación inmediata y brutal. Frente a estos primeros abusos imperialistas el cogobierno Keiko-Dina mantiene un silencio estruendoso, revelador de su total subordinación. El Estado peruano ha sido puesto de rodillas por estos usurpadores.

En décadas anteriores los Estados Unidos pretendieron ser los paladines de la democracia y los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, tuvo a Eleanor Roosevelt como su gran impulsora. Su práctica nunca fue consecuente con esos principios, como lo atestigua el apoyo norteamericano a numerosos golpes de Estado y dictaduras asesinas en la región. A pesar de todo, cuando no afectaba sus intereses, podía tomar algunas iniciativas derecho-humanistas y abrir espacios de diálogo por la democracia. Hoy eso se acabó. En el propio Estados Unidos, la democracia está claramente en cuestión. Trump ha emitido numerosas “órdenes ejecutivas” arrogándose poderes especiales en temas que constitucionalmente le corresponden a su Congreso, como por ejemplo en el aumento de aranceles que ya ha sido cuestionado hasta en segunda instancia judicial (aunque esta controversia la resolverá finalmente la Corte Suprema bajo mayoría trumpista). Han detenido a centenas y los han mandado a cárceles en El Salvador sin permitirles una mínima defensa. Ha ido contra sus leyes de presupuesto cortando fondos a universidades que permiten la crítica y mediante su pacto con oligarcas como Jeff Bezos ha sometido a periódicos importantes como el “Washington Post”.

En la región, Trump ha tenido la desfachatez de castigar a Brasil con aranceles del 50 por ciento porque el golpista Bolsonaro está siendo enjuiciado por su Poder Judicial que, como corresponde al principio democrático de separación de poderes, es constitucionalmente independiente. Trump incluso ha sancionado a un juez de la corte suprema brasileña porque no le gustan sus fallos. Por otro lado, apoya y es cercano a Bukele, quien ya es claramente un dictador que persigue a cualquiera que se le oponga y se va por la reelección inconstitucional al estilo Fujimori. A nivel internacional, Trump ha emitido sanciones contra los jueces de la Corte Penal Internacional por haber sentenciado algo que está a la vista de todo el mundo: hay un genocidio en Gaza y Netanyahu es responsable. Está clarísimo que al actual gobierno de los Estados Unidos la democracia y los derechos humanos le importan un pepino.

En dos asuntos de coyuntura hay que tener esto muy en cuenta. Uno: las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no tienen nada que ver con la democracia, sólo con afirmar su poder imperial y quedarse con el petróleo. Dos: esta es una razón de fondo por la cual la alianza Dina-Fujimorismo se atreve a insistir en el retiro de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Porque si los Estados Unidos salieran en defensa de este tratado, como algunas veces han hecho en el pasado, Keiko no se atrevería a enfrentarlos. Los derechos humanos y la democracia siguen siendo valores de enorme fuerza moral, pero lamentablemente en la actualidad la correlación de fuerzas está en su contra. Hasta la mayoría de países europeos los ha abandonado frente al genocidio de Gaza, con una estrechez de miras muy reveladora. No debemos amilanarnos por eso pero sí defenderlos de acuerdo a la coyuntura.

Con los Estados Unidos convertido en una fuerza hiperreaccionaria, vivimos tiempos recios. Como sucede con todos los momentos críticos de cambio, no sabemos qué crisis vendrán y cómo terminará de definirse el porvenir. El trumpismo podría caer antes de lo que pensamos, miren nomás cómo en menos de dos años Milei ya está siendo rechazado por la ciudadanía en Argentina. Nada está escrito y la humanidad traza su propio destino. Nunca hay que olvidarlo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 749 año 16, del 12/09/2025

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Perú: Al basurero de la historia

Pedro Francke

"Todo por su pacto con el fujimorismo y APP buscando salvar a Cerrón de la cárcel"

El Congreso ha terminado de aprobar el regalo de 20 mil millones de soles en exoneraciones tributarias a las agroexportadoras. Esa suma es 20 veces más de lo que se invierte anualmente en universidades públicas, 40 veces más que los proyectos en institutos superiores y 85 veces lo que se presupuesta para la investigación aplicada. Es 65 veces más de lo que gasta el Ministerio de Agricultura en proyectos de irrigación al año, siendo el agua el elemento crítico para la ampliación de la agroexportación, y es 20 veces más que el total de lo que invierte anualmente Midagri en todos sus proyectos, incluyendo de ciencia y tecnología, eficiencia de mercados, gestión de riesgos y emergencias y demás rubros. Todo eso se podría hacer pero ahora se ha regalado a estas grandes agroexportadoras. Es un escándalo.

El regalo agrava el déficit fiscal en un año en que por tercera vez consecutiva se incumplirá el tope legalmente aprobado por este mismo gobierno. Este 2025 el déficit, cubierto principalmente por más endeudamiento, será de unos 30 mil millones de soles.

Una decena de latifundistas millonarios concentrarán beneficios por más de 4 mil millones de soles. No los necesitan para seguir creciendo: el primer semestre de este año, sin esa ley, exportaron 35 por ciento más que el año pasado, aun con Trump desconociendo el TLC y aplicando aranceles del 10 por ciento. Tienen además un subsidio estatal llamado drawback, por lo cual (según Ojo Público) ya han recibido 4,400 millones de soles en una década.

Las agroexportadoras pagan apenas 1,300 soles mensuales promedio y no pagan gratificaciones en julio y diciembre ni aportan a una cuenta CTS para sus trabajadores. Aunque la mayoría de ellos realizan labores de naturaleza permanente, sólo el 6% tiene un contrato estable, haciendo imposibles la sindicalización y negociación colectiva, ya que despiden a cualquiera que intente promoverlas. Gracias a ello, entre 2018 y 2023 estas empresas redujeron los salarios reales en casi un tercio, pero en vez de defender derechos laborales básicos, esta nueva ley limita aún más la fiscalización laboral al reducir las posibilidades de acción de la Superintendencia de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. Y no son sólo los trabajadores agrícolas los afectados. Esas empresas agroexportadoras contribuyen a EsSalud con una tasa menor que todas las demás empresas del país, generándole pérdidas por S/ 400 millones anuales y reduciendo su número de médicos, medicinas y equipos.

La medida es tan absurda que, como ha tuiteado recién el exministro Waldo Mendoza, “todos los economistas dicen que la ley es mala e innecesaria”. En efecto, desde quienes criticamos el neoliberalismo y la desmesurada concentración del ingreso hasta el Consejo Fiscal y el FMI se han opuesto a esta medida. Pero igual se aprobó. ¿Por qué?

La ley viene además con una dosis extra de veneno: la privatización del agua, permitiendo ahora que estas grandes empresas compren el derecho al agua de comunidades y pequeños productores, lo que en un pasado oprobioso ha servido para quitarles sus tierras.

INTERESES Y PACTOS

El mayor impulsor de esta ley ha sido el fujimorismo. Como parte de su pacto con Boluarte, los fujimoristas tienen al ministro de Agricultura y para defenderlo y empujar esta ley han mantenido la presidencia de las comisiones Agraria y de Economía del Congreso. Su pacto con las grandes agroexportadoras es antiguo. En campañas anteriores Keiko ya recibió 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, dueño de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar, y varios cientos de miles de dólares de los hermanos Rodríguez Banda, dueños de Gloria y de grandes plantaciones. A esta ley se la conoce como la Ley Chlimper 2.0 por el agroexportador que fue ministro de Agricultura tras la fraudulenta rerreelección de Fujimori el 2000 y que sacó la ley que beneficia a este sector. Luego José Chlimper fue secretario general de Fuerza Popular y candidato a vicepresidente con Keiko, siendo un operador que llevaba maletines llenos de dólares a radios como RPP. ¿Es irrazonable plantearse la hipótesis que este regalo de 20 mil millones esté relacionado a una promesa de un jugoso financiamiento de campaña, ahora facilitado gracias a las leyes aprobadas por este mismo Congreso?

La ley ha contado con el apoyo de Alianza para el Progreso, partido de Acuña, de congresistas militares como Montoya, Williams y Cueto, que así regalan presupuesto público tan necesario para la seguridad nacional que suelen usar de pretexto en sus discursos, y de Alejandro Cavero, cuyo falso liberalismo se revela en esta entrega de favores a grandes empresas en el más puro estilo mercantilista.

Pero la votación del cerronismo ha sido la más reveladora. ¿Qué lógica puede tener que un grupo que dice ser de izquierda socialista apoye regalar 20 mil millones de soles a grandes empresarios impidiendo que cientos de colegios puedan refaccionarse? ¿Qué argumento podrían dar los seguidores del médico “socialista” Cerrón para desfinanciar a la seguridad social en favor de capitalistas multimillonarios? ¿Cómo sustentarían estos “marxistas-leninistas” el hecho de que el agua de riego deje de ser un bien público y sea controlada por grandes grupos económicos? Es tan contradictorio que en la votación del Congreso el cerronismo se abstuvo y sobre el tema no han dicho “esta boca es mía”, como si con esa acción cobarde pudieran ocultar la total traición a sus supuestos principios. Tradición sindical ha sido llamar “amarillos” a quienes rompen huelgas y actúan contra los trabajadores. Ese fue el color del voto de Perú Libre, así se han definido: como amarillos. Todo por su pacto con el fujimorismo y APP buscando salvar a Cerrón de la cárcel. El basurero de la historia les espera. Y eso será pronto: en las próximas elecciones no sacarán ni para el té.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 746 año 16, del 22/08/2025

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Perú: Respaldar a los pequeños agricultores

Pedro Francke

"Sólo al 20% de ellos el Estado les ha otorgado un título de propiedad"

A la agroexportación peruana le va cada vez mejor. El año pasado aumentó en más de dos mil millones de dólares, un fuerte crecimiento del 22 por ciento que la llevó hasta los USD 12,400 millones. Es un negocio donde predominan grandes empresas terratenientes que tienen un lobby bien aceitado en busca de que les rebajen impuestos de manera especial y les den aún más facilidades para explotar a sus trabajadores. Pero no confundirse: el 95% de las unidades agropecuarias son de pequeño tamaño sumando 2 millones 200 mil familias. En ochocientos distritos de sierra y selva más de la mitad de trabajadores se dedica a la agricultura, muchos de ellos en pobreza.

Es este sector el que nos alimenta. Los pequeños agricultores, con menos de diez hectáreas, producen el 64% del choclo, el 56% de la quinua, el 55% de las frutas, el 59% de las hortalizas, y la lista sigue y sigue. Ellos mantienen una gran variedad de papas y productos que dan sustento y calidad a nuestra gastronomía. Resisten de esa manera a una creciente dependencia de importaciones en rubros como los cereales, de los que importamos el 54% de lo que consumimos (especialmente maíz, trigo y avena), productos que en varios cientos de millones de dólares vienen subsidiados de Estados Unidos, en una competencia desleal, y que en otra proporción importante proceden de países como Argentina y Brasil.

Mientras Estados Unidos aplica subsidios enormes a su agricultura, en el Perú el presupuesto que se dedica a apoyar a los pequeños agricultores peruanos es ínfimo. Sólo al 20% de ellos el Estado les ha otorgado un título de propiedad, menos de uno de cada tres tiene semillas mejoradas, ni siquiera la mitad usa alguna maquinaria o aplica fertilizantes y nueve de cada diez no recibe asistencia técnica alguna. Ese mismo porcentaje ni siquiera intenta sacar un crédito porque los intereses son muy altos o “sabe que no se lo darán”. La banca privada, altamente concentrada, no considera rentable apoyar el agro. Llevamos treinta años de una política neoliberal que maltrata a los pequeños agricultores. No es casualidad que se trate principalmente de familias con raíces indígenas, despreciadas por un Estado oligárquico y centralista. El resultado es baja productividad y pobreza.

Quienes sí han recibido enormes subsidios del Estado han sido los grandes agroexportadores. Hoy tienen grandes extensiones no porque hayan invertido en irrigaciones sino porque el Estado las ha construido y les ha entregado las tierras. El grupo Gloria, beneficiado además por los remates que hizo Fujimori de las antiguas cooperativas azucareras, se ha apropiado de más de 52 mil hectáreas y el grupo Romero de otras 19 mil. Tampoco es casualidad que las cabezas de estos grupos en los años noventa eran visitantes asiduos de Vladimiro Montesinos en la salita del SIN y luego hayan contribuido con varios millones a las campañas de Keiko Fujimori. Mientras, en la sierra, más de dos terceras partes de los campesinos tienen que cultivar sin un canal de riego que les asegure el agua, dependiendo de que la lluvia llegue a tiempo y bien, condiciones en las cuales es mucho más difícil avanzar con nuevas tecnologías.

Bajo estas circunstancias de enorme desigualdad es que los gobiernos de Toledo y García firmaron un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que favorecía a la agroexportación pero golpeaba a los pequeños y medianos agricultores nacionales que venden en el mercado interno. A sabiendas de que la agricultura norteamericana es altamente tecnificada, tiene grandes planicies de buena tierra y goza de fuertes subsidios de su gobierno que establecen una competencia desleal, se permitió que entraran al Perú sin una protección justa de nuestro mercado. Así, el sector algodonero apreciado que existió alguna vez en el Perú terminó quebrando tras el TLC.  Hoy en día, la importación de miles de toneladas de trigo estadounidense subsidiado empuja a la baja el precio de la papa, camote y demás tubérculos, agravando la pobreza rural. Todo ese trigo se convierte en alimentos industrializados –galletas, fideos, etc.– producidos por el monopolio que tiene el grupo Romero mediante su empresa Alicorp y contribuyen a agravar el creciente problema de obesidad que tenemos en nuestro país.

Un cambio indispensable en el Perú es la necesidad de una política de apoyo a la agricultura familiar y de mediana producción. Esto debe incluir productos dedicados a la exportación como café, cacao, mango y paltas, entre otros, a los que se debe respaldar con créditos accesibles, promoción de nuevas tecnologías y mucha iniciativa comercial para colocar variedades ecológicas y orgánicas en diversos mercados del mundo. Algunos como los productores de cacao se han beneficiado de buenos programas, han logrado avances importantes y lentamente se va desarrollando la industria del chocolate nacional. Pero hay otros sectores como los alpaqueros, que son decenas de miles de familias campesinas, a quienes se les ha dado la espalda, no se ha invertido en mejorar sus pastos y ganado y se les ha dejado en manos de grandes monopolios comercializadores.

Ahora que los Estados Unidos ha roto unilateralmente un tratado firmado con el Perú imponiéndonos aranceles sin respetar el TLC, debemos por nuestra parte defender mejor el mercado interno y nuestra soberanía alimentaria. Debemos darle prioridad y respaldo a quienes ponen los alimentos peruanos en nuestra mesa, con un gran programa de mejora de la productividad de la agricultura familiar que multiplique los rendimientos por hectárea. Eso permitiría al mismo tiempo sacar de la pobreza a millones de peruanos en la sierra y selva y poner alimentos más baratos en la mesa popular. Es ahí adonde debe orientarse el presupuesto público y no a regalarles otros veinte mil millones de soles en exoneraciones tributarias a los grandes agroexportadores.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 729 año 15, del 18/04/2025

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Una respuesta posible a Trump

Pedro Francke

"Hay formas de responder que pueden beneficiar al pueblo peruano sin salirnos de los acuerdos que hemos firmado como país"

Trump impuso aranceles del 10 por ciento a casi todos los productos peruanos. Tenemos un acuerdo firmado que dice que no puede hacerlo, pero se zurró en el Tratado de Libre Comercio - TLC.  Preguntado, el primer ministro Gustavo Adrianzén dijo: “No vemos posibilidades para que lo previsto en el TLC se vea afectado”. ¿No le da vergüenza decir semejante idiotez? Alfredo Ferrero, el embajador de Dina en Estados Unidos, ha dicho que “el TLC nos protegió y nos colocó en la base más baja”, pero es fácil comprobar la falsedad de su afirmación ya que la misma tasa de 10 por ciento han recibido Argentina, Brasil y varios otros países que no tienen TLC. Y eso que mientras Perú no cobra nada por la gran mayoría de importaciones de Estados Unidos, Brasil les pone aranceles a productos como etanol, películas, bebidas alcohólicas, productos de telecomunicaciones, maquinaria y equipos y carne de chancho. El gobierno de Boluarte, para variar, no tiene ni idea de cómo enfrentar esta muerte anunciada del TLC y sus ministros sólo rezan porque algún día Trump se digne escucharlos, lo que muy difícilmente sucederá en los meses que les quedan.

En estos momentos es necesario revisar cuál era la situación de nuestro acuerdo comercial con los Estados Unidos. Recordemos que en el TLC con los Estados Unidos, aunque obtuvimos mejor acceso a su mercado, el Perú aceptó varias cláusulas negativas para nuestra economía. El TLC ha tenido tres grandes costos para el Perú. Uno ha sido permitir que sus inversionistas puedan enjuiciar al Estado peruano en tribunales internacionales cuando piensan que les puede afectar un ajuste o cambio legal. El segundo ha sido aceptar que los productos agrícolas norteamericanos, que este año recibirán un subsidio de 42 mil millones de dólares, puedan ser importados sin aranceles. Más de 150 millones de dólares de maíz, trigo y soya entran al Perú anualmente en esas condiciones de competencia desleal, perjudicando a los campesinos y pequeños productores peruanos de alimentos como papas y otros tubérculos que no tienen ningún apoyo, carecen de crédito y deben atravesar caminos rurales en pésimo estado. Un tercer impacto del TLC fue ampliar el monopolio de las grandes transnacionales farmacéuticas, reforzando su capacidad legal de mantener patentes que les permiten cobrar precios totalmente abusivos.

Ahora bien, imaginemos que usted firma un contrato con varias cláusulas negociadas con dificultad, contrato por el cual usted cede en uso un local comercial y se obliga a prestar determinados servicios –digamos darle limpieza y mantenimiento– y recibe a cambio un pago mensual. Luego, de repente y sin ninguna razón, la persona con quien hizo ese trato le dice que le pagará menos y no cancelará los arbitrios que le corresponden.  ¿Aceptaría usted eso sin chistar? Un tratado es un compromiso mutuo que no puede cambiarse unilateralmente. No hacer nada es avalar los abusos y agachar la cabeza de manera servil. El gobierno de Dina lo que hace es ponerse de rodillas, olvidando nuestro himno nacional que nos habla de cómo nuestro pueblo “la humillada cerviz levantó”, por lo que somos libres y debemos serlo siempre.

El Perú puede tomar medidas que nos sean favorables y compatibles con el TLC, como para no darle ningún pretexto a los Estados Unidos. Por ejemplo, el propio TLC y las normas comerciales mundiales de la OMC permiten, si hay necesidad pública, que los países rompan el monopolio de las transnacionales farmacéuticas levantando las patentes mediante lo que se llama una “licencia obligatoria”. Colombia, que tiene un TLC firmado con Estados Unidos idéntico al del Perú, tomó esa medida el año pasado: ahora el medicamento llamado Dolutegravir, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para las personas con VIH, ellos lo pueden comprar y fabricar sin pagar por la patente. El propio Estados Unidos varias veces ha dado licencias obligatorias para romper las patentes en defensa de su salud pública. También lo han hecho Italia, Alemania y Taiwán. Entre países en desarrollo, Zimbabwe, Malasia, Mozambique, Zambia, Indonesia, Ghana, India, Brasil y Ecuador también han aplicado esta medida. El Perú nunca lo ha hecho. La diferencia de precio de una medicina con y sin patente es brutal. Es la experiencia de Ecuador con un medicamento llamado Etoricoxib: el 2014 el precio de compra cayó a la centésima parte. La mayoría de licencias obligatorias aprobadas en el mundo en este milenio han sido para medicamentos destinados a enfrentar el VIH/SIDA, pero Tailandia lo aplicó al Clopidogrel, un antiagregante plaquetario que reduce el riesgo de ataques cardiacos y derrames cerebrales y logró reducir el precio en 98%: pasó de 3 dólares a 6 centavos. ¿Cómo es posible tanta rebaja? Porque cuando una empresa tiene el monopolio gracias a una patente y se trata de productos indispensables para la vida, puede cobrar muchísimo más que lo que cuesta producir y de lo que valdría en competencia. Al quitarles el monopolio, el precio se va al piso.

Trump merece una respuesta, razonada y sensata. El mundo entero lo está haciendo. No debemos simplemente agachar la cerviz y ponernos de rodillas. Pero hay formas de responder que pueden beneficiar al pueblo peruano sin salirnos de los acuerdos que hemos firmado como país. Sería mucho mejor si esto pudiéramos hacerlo en coordinación con países vecinos, mediante organismos ya existentes como la Comunidad Andina, UNASUR o CELAC.  

La política trumpista también nos obliga, como país, a repensar nuestra estrategia de desarrollo. Todo el mundo piensa que hay un gran cambio en curso y que hay que readecuarse. En el Perú, con crecimiento estancado y mucha desigualdad, la multiplicación de bandas criminales sin control nos está, literalmente, matando. Tener un nuevo norte es indispensable y sobre eso seguiremos reflexionando las próximas semanas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 728 año 15, del 11/04/2025

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Perú: Los TLC han muerto

Pedro Francke

"Ese mundo venía agonizando y Trump lo ha terminado de matar"

La economía peruana enfrenta un nuevo problema llamado Trump. La política de Trump ha generado caos en el comercio mundial, porque ya nadie sabe qué nuevas medidas aplicará mañana, cuáles quedarán en su lugar y en cuáles retrocederá. Ha anunciado aranceles al cobre y a todos los productos alimenticios, que son las principales exportaciones peruanas. El asunto es grave y no es sólo un tema de coyuntura. Nuestro modelo económico ha tenido en los Tratados de Libre Comercio-TLC una columna importante y ahora ese puntal ha sido demolido.

La decisión de fondo que tomaron quienes dirigieron la economía peruana en este milenio fue continuar con el modelo neoliberal que impuso Fujimori. Su idea básica fue engancharnos como furgón de cola a la economía mundial dejando que el comercio internacional decidiera nuestro destino y los capitales extranjeros aprovecharan nuestras riquezas y oportunidades. Para ello aceptaron las reglas planteadas por los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, que luego firmamos bajo el mismo molde con la Unión Europa, China y otros países. La integración regional quedó relegada; no quisieron buscar mejores condiciones de negociación buscando coincidencias en Latinoamérica.

Los Tratados de Libre Comercio incluyen una serie de cláusulas sumamente perjudiciales. Por ejemplo, debemos pagar precios altos por las medicinas para que las transnacionales farmacéuticas cobren fuertes royalties bajo el concepto de “propiedad intelectual”. Igual sucede con otros monopolios tecnológicos. Además, el Perú se comprometió a que inclusive las empresas transnacionales tramposas con contratos corruptos podían reclamar ante tribunales comerciales internacionales que tienden a darles la razón (y se las han dado muchas veces a costos millonarios para el Estado peruano). Imagínense que Odebrecht está incluso protegida por un tratado con Luxemburgo, un paraíso fiscal con el cual hemos suscrito un tratado para proteger sus inversiones, aunque todo lo que viene de allá es pura pantalla de transnacionales sinvergüenzas. También entran al Perú textiles y manufacturas subvaluadas de China y otros países, destrozando la industria nacional y eliminando miles de empleos, y el algodón peruano ha desaparecido, desplazado totalmente.

Por otro lado, llegaron grandes transnacionales al Perú a llevarse nuestro cobre y recursos naturales con grandes ganancias y asegurando abastecimiento para su industria. Las exportaciones de metales y otras materias primas aumentaron, y aun sin pagar impuestos justos han dejado una partecita al fisco: uno de cada diez soles de la recaudación de Sunat de tributos internos viene de la minería. Hoy, en medio de esta tormenta desatada por Trump, a las grandes mineras les va muy bien; el oro está batiendo récords de precio, acercándose a los 3 mil dólares la onza troy. ¿Por qué? La incertidumbre mundial hace que más gente piense que el oro es un refugio para sus ahorros y ante el temor de guerras, cada vez menos países quieren usar dólares como reservas internacionales porque EE.UU. se los puede quitar (como ya lo ha hecho). El cobre también tiene precios muy altos, encima de los 4,30 dólares la libra. El asunto es que esas noticias, que debieran ser muy buenas para el Perú, no lo son tanto. Lo que se ha ido al cielo son las ganancias de las transnacionales mineras, pero siguen sin pagar impuestos mínimamente justos mientras el déficit fiscal se ha disparado. Lo que ha aumentado también es la minería ilegal, que cada vez le da más dinero a quienes extraen y comercian ese oro, multiplicándose bandas asesinas, corrupción y contaminación.

Con los TLC también hubo mayores oportunidades para exportar mangos, paltas y demás frutas a Estados Unidos y Europa, negocios que nuestro Estado apoyó con grandes irrigaciones pagadas por el tesoro público, es decir con impuestos de todos los peruanos. Las agroexportaciones han florecido y han generado millones de ganancias y muchos empleos, aunque sin respetar los derechos básicos de sus trabajadores ni aportar en impuestos lo que corresponde.

Mientras, el Perú no atendió otros viejos problemas de la economía peruana: alta desigualdad con falta de empleo y pobreza, déficits en educación y salud pública que frenan la acumulación de capital humano, escasa innovación y avance tecnológico provocando un crecimiento bajo desde hace más de una década. Sin política industrial y sin estrategia para promover la productividad de ancha base, incluyendo a las pymes y la pequeña agricultura, nuestra economía quedó desequilibrada y vulnerable. No, no bastaba firmar tratados y ser el vagón de cola de la economía mundial.

Sin embargo, discutir los TLC ya es un tema de historia, no de actualidad. Ese mundo venía agonizando y Trump lo ha terminado de matar. El TLC con los Estados Unidos ya no sirve ni como papel higiénico, miren nada más lo que ha hecho Trump con México y Canadá (con quienes él mismo firmó tratados comerciales). Ahora que ha anunciado aranceles a todos los productos alimenticios, nuestras agroexportaciones están en la picota. ¿Sólo queda rezar y esperar que por suerte no nos caiga una bala de ese mono con ametralladora?

Que este gobierno persista en hacer las genuflexiones más profundas frente a Trump no nos salvará. Milei fue a posar como el mejor amigo de Elon Musk e igual les cayeron los aranceles al acero y aluminio afectando 1,200 millones de dólares de sus exportaciones industriales. Otra política es necesaria. Para empezar, Trump ha dejado claro que ahora estas negociaciones de comercio exterior dependen críticamente de otros factores como la geopolítica y la lucha contra las drogas, por lo que ya no tiene sentido que se hagan sin que nuestra cancillería tenga un rol preponderante en ellas. Es indispensable hacer frente a las amenazas y desarrollar una nueva estrategia ante este otro mundo que está naciendo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 724 año 15, del 14/03/2025

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Perú: Mi experiencia con USAID

Pedro Francke

El ataque frontal contra USAID por Elon Musk y Donald Trump genera debate. Me llama la atención que esta arremetida de un gobierno de ultraderecha cuyas pretensiones imperialistas son las más desenfrenadas que hemos visto en décadas sea compartida en nuestro país por sectores que aparentan ser radicales de izquierda y de orientación antiimperialista. Vladimir Cerrón coincide con Rafael López-Aliaga y con Trump y Musk. Es evidente que hay acá algo que merece mayor análisis.

Empiezo por mi experiencia con USAID. El 2004 fui elegido por más de ochocientos participantes en la II Conferencia Nacional de Salud como coordinador nacional de Forosalud. El lema de esta organización era luchar por los derechos en salud. Forosalud juntaba activistas, intelectuales y ONG, algunas de ellas financiadas por USAID. Casi al poco de iniciar funciones, activistas de la ONG Acción Internacional por la Salud nos alertaron de que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) los Estados Unidos empujaban varias cláusulas que bajo varias argucias reforzarían el monopolio de las transnacionales farmacéuticas y elevarían el precio de las medicinas. En el comité directivo de Forosalud de entonces había directivos de varias ONG financiadas por USAID, incluyendo Manuela Ramos. Decidimos en forma unánime que, consecuentes con la defensa del derecho a la salud, debíamos oponernos a esas cláusulas del TLC. Sacamos un pronunciamiento público en ese sentido. Pocos días después los representantes de USAID dieron la orden de que ninguna actividad de Forosalud podría ser apoyada con sus fondos. Era un golpe económico para nosotros, pero seguimos en la lucha sin retroceder un centímetro. Un proyecto con financiamiento inglés de una ONG nos apoyó para sacar un folleto explicativo en un diario nacional, resaltando que se ponía en riesgo el derecho a la salud al encarecer las medicinas. Otra ONG financiada por USAID buscó un subterfugio para apoyar nuestro trabajo, replanteándolo como apoyo a los foros regionales de salud, los que operaban coordinadamente dentro de nuestro plan nacional. Promovimos movilizaciones por las calles. Entramos al debate público y aunque los gobiernos de Toledo y Alan García no tomaron en cuenta el derecho a la salud de los peruanos, logramos que se retiraran algunas de las cláusulas del TLC más nocivas.

En resumen: no necesito que me cuenten que USAID puede actuar como un brazo del gobierno norteamericano defendiendo grandes transnacionales e intereses imperiales. Lo he enfrentado directamente. Sé también que proyectos financiados por USAID han promovido salud pública, equidad de género y democracia. Es además falso que su dinero doblegue todas las voluntades. Aunque los intereses económicos tienen mano larga, las organizaciones ciudadanas pueden mantenerse firmes. Aunque hoy sea poco común, hay peruanos y peruanas que defienden con convicción sus valores fundamentales y resisten las presiones.

​ESTADOS UNIDOS: UN ANIMAL COMPLEJO

Circula la narrativa de que USAID no es más que un brazo de la CIA y que la política norteamericana ha sido y siempre será la de un imperialismo desembozado. Pero en esta historia hay una pregunta clave: si el gobierno actual de los Estados Unidos es tan imperialista como siempre lo ha sido, ¿por qué antes mantenían USAID y ahora Trump quiere desactivarla? Una mirada de un antiimperialismo simplón no alcanza una respuesta.

Combatir el imperialismo exige esforzarse en entender a los Estados Unidos, que es una sociedad compleja y contradictoria. El gobierno de Trump no es igual al de Obama. Eso es distinto a creerse el cuento de que Obama era pura bondad: firmó el Acuerdo de París contra el cambio climático, pero invadió Libia. Mirando un poco más de historia, Jimmy Carter entregó el canal de Panamá como no lo hubiera hecho su sucesor Ronald Reagan. Estados Unidos mantiene bases propias en un centenar de lugares en el mundo y derrocó a Salvador Allende, pero antes dio independencia a las Filipinas. Con Eleanor Roosevelt como su representante, los Estados Unidos impulsaron la Convención Universal de los Derechos Humanos. Durante siete décadas, los Estados Unidos buscaron dos objetivos contradictorios: promover derechos humanos y algunos bienes comunes mundiales, y dominar a otros países usando la violencia de manera abierta y encubierta. Ahora Trump da un giro marcado hacia una política más agresiva y desembozadamente imperialista, reniega de los derechos humanos, el cambio climático y la salud pública y no le interesa la democracia. Eso es muy malo. La desactivación de USAID es parte de ese cambio y por eso la izquierda norteamericana de Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez se oponen. El que en vez de “cooperación” (resaltando el entrecomillado) nos amenacen con sanciones económicas y agresiones militares, no hace más nítidas las contradicciones y sí nos lleva a un mundo más violento. La desactivación de USAID, el respaldo al genocidio de Gaza con la propuesta de sacar a todos los palestinos de ahí y la amenaza de tomar el canal de Panamá son parte de una misma política más brutalmente imperialista.

En el Perú la ultraderecha apoya la desactivación de USAID porque todo lo relacionado a derechos humanos y equidad de género les apesta. Quieren regresarnos al siglo 19. Ellos venden el humo de que USAID es parte de una gran conspiración mundial “woke” mientras Cerrón dice que se trata sólo de un brazo imperialista. Pero una ONG recibiendo financiamiento de USAID no es esclava de nadie, como un trabajador que recibe su salario mensual no es siervo de la empresa. Aunque el dinero ejerce mucho poder, hay mujeres y hombres que se mantienen firmes en su dignidad. Debemos ser duros críticos de quienes venden sus almas al diablo por unos dólares, sin dejar de respaldar a quienes defienden el desarrollo sostenible, la salud pública y los derechos humanos. Para ellos mi aplauso ciudadano.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 720 año 15, del 14/02/2025

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